Capítulo II: Necesidad de una
política explícita de ciencia y tecnología para el sector social
Un
elemento del libro: Fortalecimiento
Tecnológico del Sector Social Mexicano: hacia una nueva metodología del Dr.
Xavier Gamboa Villafranca
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En el primer capítulo de este
trabajo, se han presentado 17 lineamientos estratégicos que aparece como
necesario aplicar, si la ciencia y la tecnología de este país han de responder
con éxito al resto que la situación de mediados de los años, '80 les plantea,
en el sentido de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades básicas de la
población mexicana. Dentro de este conjunto de grandes líneas de estrategia, se
ubica la de orientar prioritariamente la investigación científica y tecnológica
hacia la resolución de los problemas de cooperativas, empresas sindicales y
formas campesinas de producción; hacia el fortalecimiento del sector social de
la economía mixta del país.
En
este segundo capítulo se intentará demostrar que es necesario que la
administración pública federal formule y opere una política explícita de
ciencia y tecnología para el sector social, inscrita en la vertiente
estratégica de cambio estructural del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,
para dar cumplimiento al lineamiento general mencionado y para lograr que
realmente las unidades productivas controladas por trabajadores se conviertan
en una vía de la transformación cualitativa de la sociedad. Se enunciarán los
cuatro objetivos generales que a nuestro juicio deberá perseguir esta política
científica y tecnológica, así como cinco condiciones tácticas de que depende su
consecución.
1) La política estatal de ciencia y tecnología debe inscribirse, primordialmente,
en la vertiente estratégica de cambio estructural. El Plan Nacional de
Desarrollo 1983-1988 (PND), como
es bien sabido, contempla dos líneas de estrategia a seguir para que el país
pueda, desde la perspectiva del aparato de gobierno y de sus aliados internos,
continuar desarrollándose. Una, lo es la línea estratégica denominada
"Programa Inmediato de Reordenación Económica" (PIRE), que -según
diversos analistas- fue abandonada paulatinamente, ante el surgimiento de
contingencias no totalmente previstas por los funcionarios y corrientes
encargados de elaborar y poner en práctica el PND. La otra, estriba en la
estrategia de "cambio estructural" que, al decir también de
especialistas en la materia, avanzó a paso muy lento, durante los primeros tres
años y medio de la administración presidencial de MMH.
En esencia, la vertiente estratégica del PIRE persigue -al decir del Presidente de la República y de aquellos de sus colaboradores que la expusieron en múltiples ocasiones- actuar para aminorar o desterrar (cuando ello se reconozca como posible) los factores obstaculizantes del proceso de salida a la crisis, que resulten más fácilmente abordables. A su vez, la vertiente estratégica del cambio estructural plantea atacar los aspectos que son considerados "de fondo" por la burocracia central, para iniciar el tránsito hacia una sociedad con sostenido crecimiento económico, progresivo bienestar social y una cada vez más amplia y sólida democratización política.
Hasta
1986, la política de ciencia y tecnología ha puesto mucho más énfasis en tratar
de apoyar la feliz operación de impactos contemplados en el PIRE, en
comparación con aquellos planteados en la vertiente de estrategia de cambio
estructural del PND. Estos sin embargo, es un error. Los términos de prioridad,
en este sentido, requieren cambiar en el futuro.
No
se propone, de manera alguna, que la ciencia y la tecnología debieran volver la
espalda al Programa Inmediato de Reordenación Económica, o a cualquier otra
acción concreta, operativa e inmediata, tendiente a ayudar al país a salir del
“bache” (como se denominaba a la crisis en los tiempos en que se iniciaba el
sexenio presidencial de José López Portillo). Por
el
contrario, deben continuar -y no sólo eso, sino profundizarse- los escasos apoyos
científicos y tecnológicos para sortear los obstáculos que se manifiestan de
manera más inmediata, en la dinámica de la planta productiva del campo y las
ciudades.
Pero
no por ver el árbol, debemos dejar de ver el bosque. La investigación
científica y la innovación tecnológica son, ambas -aunque en última instancia
la primera y en primera instancia la segunda-, instrumentos de transformación
de los aspectos, profundos y esenciales, de las condiciones objetivas y
subjetivas del país, de las regiones, de la economía, de la política y de
nuestro pensamiento social.
Esto
no parece haberse tenido siempre en mente, por los dirigentes de las instancias
estatales de enlace, gestión y fomento científico y tecnológico, ni por los
cuadros de mando de centros y núcleos de investigación ciar tífica y desarrollo
tecnológico, ni por los propios científicos y tecnólogos.
Es
necesario contar con resultados científicos y tecnológicos que ataquen los
problemas manifiestos, pero es todavía más importante el ir a los aspectos de
esencia. En este sentido, un buen marco -aunque no el único- lo constituye la
vertiente estratégica de cambio estructural del PND, y el conjunto de planes y
programas sectoriales, intersectoriales, regionales, estatales, subregionales y
municipales, que la incluyen (discursivamente, al menos), en sus
planteamientos. Se pueden criticar -con razón- los alcances y objetivos de la
perspectiva que el gobierno de De la Madrid tiene del cambio estructural, pero
ésta constituye un buen comienzo. Al menos para nosotros, no hay duda: la
política de la ciencia y la tecnología en México, en 1986, debe urgentemente
orientar la parte medular de sus esfuerzos hacia el apoyo a las acciones que
las fuerzas básicas de la sociedad mexicana dirigen a enfatizar en los aspectos
sociales y redistributivos del crecimiento económico, a modernizar y robustecer
el aparato productivo y redistributivo, a descentralizar el desarrollo, a
mantener la rectoría del Estado sobre el desarrollo global y adecuar las
modalidades de financiamiento a las necesidades de nuestro crecimiento
económico.
Hemos
encontrado, para nuestra sorpresa, que los principales actores que aparecen en
el escenario político del momento, coinciden en que esto es lo básico: el
sector social, el sector privado y el sector público, coinciden en ello;
organizaciones políticas de izquierda, de derecha y de apoyo proestatal,
guardan acuerdo en este sentido; concuerdan en lo fundamental, los tres niveles
de gobierno y los dos del poder legislativo. "Ciertamente, no son los
aspectos más profundos, que han venido desencadenando" problemas y crisis
progresivas; pero sí son los aspectos más profundos, que han venido
desencadenando problemas y crisis progresivas; pero sí son los aspectos más
profundos, en torno a los cuales hay un amenísimo consenso social.
La
política científica y tecnológica, entonces, no puede quedarse fuera del
conjunto de apoyos a la vertiente de cambio estructural: ello implicaría
desaprovechar una oportunidad histórica que tal vez no vuelva a repetirse. Debe
hacer posible (lo cual constituye un enorme reto) que la producción de
resultados de investigación básica y aplicada, así como de desarrollo
tecnológico, estén directamente orientados a apoyar a las instancias
específicas que orientan explícitamente su acción en aras del cambio
estructural, entendido éste en términos del PND. Los resultados -digámoslo de
una vez- no serán los óptimos, pero sí los posibles. Ya después podremos
modificar este concepto, por otro mucho más profundo, que, contemple la supresión
de las relaciones de explotación, de manipulación ideológica y de dominación
política, de una clase social por otra, que sirva de guía a la ciencia y la
tecnología que se ejerce en la práctica. Por ahora aprovechemos el momento.
2)
La política científica y tecnológica de apoyo al cambio estructural,
concertar realizar acciones que efectivamente movilicen al potencial que
tenemos como Nación, representado por el sector social de la economía. Tradicionalmente, la política estatal de desarrollo
nacional ha privilegiado al capital privado. Con la modificación al artículo 25
constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero
de 1983, se eleva al más alto rango jurídico-legal, la presencia y acción del
sector social de la economía mixta del país. Con ello, al menos formalmente,
las unidades de producción, distribución y comercialización, manejadas o
controladas mayoritaria o exclusivamente por los trabajadores y productores
directos -y por las organizaciones que representan sus intereses- adquieren el
mismo nivel de prioridad que hasta entonces le había estado reservado a las
empresas privadas ya las empresas públicas, en el modelo de desarrollo del
país, y en nuestro modelo de Nación.
Bajo
circunstancias de abatimiento de la tasa media de ganancia empresarial, la
empresa privada -se ha demostrado ya hasta la saciedad- no ofrece solución real
para el desempleo, para el progresivo empobrecimiento generalizado, para el
abatimiento en las condiciones de salud, para el deterioro de vivienda y
asentamientos humanos y para la creciente desnutrición. La empresa privada, por
tanto, salvo a costa de un altísimo precio pagado en pérdidas de importantes
dosis de soberanía e independencia nacional, no crecerá significativamente
mientras persista la crisis, que en buena parte se ha desencadenado por papel
que ha jugado en nuestro país el capital privado.
Solo
un sólido conjunto de unidades productivas y distributivas, controla- das por
los propios trabajadores, que no persigan lucro en el sentido de la empresa
privada, sino una tasa de ganancia mínima que permita la reinversión,
garantizará la generación de volúmenes significativos de empleo. En gran
medida, el logro de buena parte de los otros objetivos de la vertiente de
cambio estructural, depende de. que se logre este objetivo en particular.
Tendremos más y mejores alimentos, medicamentos, acceso a vivienda digna,
adecuados transportes, buen vestido y apropiados enseres domésticos, solo en la
medida en que su producción, almacenamiento, transporte y comercialización,
salga de la esfera del capital privado, para pasar a la del sector social,
fuerte y robusto -en una palabra- no habrá el tipo de cambio estructural -con
todo y lo limitado del concepto- que plantea el régimen de Miguel de la Madrid;
la sociedad del futuro será la misma que hasta 1986, solo que agravadas sus
características más degradantes, como efecto de la existencia y persistencia de
la crisis que hoy día nos agobia.
La
empresa privada ha agotado sus posibilidades en nuestro país, con todo y lo que
las organizaciones de lucha directa del capital privado digan en contra (y
hagan) para intentar cambiar las tendencias. La empresa pública está maniatada
por ahora, capturada entre una asfixiante deuda interna y externa y la necesidad
social de subsidiar. El sector social, entonces es el principal potencial con
que contamos. Movilicémoslo. Pero la verdad es que este potencial no se podrá
movilizar, sin la ayuda -de entre los múltiples aportes requeridos- de la
ciencia y la tecnología. No es condición suficiente, pero sí necesaria. Sin
resultados de investigación básica, de investigación científica aplicada y de
innovaciones tecnológicas de equipo, proceso y producto, claramente concebidos
y ejecutados f en aras de la resolución de problemas específicos -de diferente
cobertura, nivel y alcance- que afrontan las unidades productivas y las
organizaciones que se han dado a sí mismas, del sector social, éste no se
fortalecerá, el enorme potencial que representa no se movilizará y, consecuentemente,
en el mejor de los casos, tendremos una mera caricatura de cambio estructural.
3)
La política científica y tecnológica dirigida a apoyar la movilización del
potencial para el cambio estructural de la sociedad, que representa el sector
social, tiene que ser explícita y clara, a pesar de las fuerzas que se oponen a
ello, existentes dentro y fuera del país. El fortalecimiento de este sector social, constituido por
cooperativas, empresas sindicales y for- campesinas de producción, no ha avanzado
sustancialmente, en los tres años transcurridos. En particular, no obstante que
constituye la reserva y la fuerza potencial más importante -si no es que la
única- que se puede movilizar actualmente para salvar al país y para eliminar
las distorsiones estructurales de su economía, la ciencia y la tecnología no se
han orientado lo suficientemente hacia la resolución de los problemas
específicos que afrontan.
La
política de ciencia y tecnología, dirigida a ayudar a que el sector social
resuelva los problemas que afectan la producción, comercialización,
distribución y abasto de bienes y servicios de consumo socialmente
generalizado, no puede ser más como lo ha sido, de 1983 a 1986- implícita.
Tiene
que orientarse explícitamente hacia ello. No es justificable ni válido, hoy por
hoy, mantener inercias que la perciben como vergonzante o, peor aún, como
políticamente peligrosa.
No
basta tener voluntad política, manifestada en las alturas de la burocracia,
expresada en documentos básicos de planeación.
La
actual administración presidencial tiene el deber de retomar, adaptándola al
actual contexto interno e internacional, la misma actitud de apoyo frontal al
sector social de la economía mixta del país vigente durante el Cardenismo y, en
menor medida durante la administración de Luis Echeverría Álvarez. Es nuestra
única carta; tenemos que jugarla. Indudablemente, existen tendencias opuestas a
que desde el Estado mexicano opere una política económica explícita y
claramente orientada a fortalecer el sector social.
En
el ámbito externo del país, el Plan Baker, que contempla la reprivatización de
las empresas públicas como condición para que las economías de países
endeudados -como el nuestro- puedan recibir sus supuestos beneficios, es un
escollo para ello. De igual manera, en las cartas de intención del Gobierno
Mexicano, sometidas a las consideraciones del FMI, se ha suprimido toda alusión
explícita al Sector Social mexicano, bajo el correcto Convencimiento de que
este asunto no sería "bien visto" , por los jerarcas de la banca
mundial. El tipo de relaciones bilaterales, supuesta- mente
"especiales", entre EUA y México, incluye aspectos económicos en los
que no tienen cabida apoyos ni alusiones claras al sector social. La propia
entrada al GATT -según el protocolo de adhesión firmada en julio de 1986- es un
factor que dificultará el fortalecimiento del sector social de nuestro país. No
es permisible -y sería una irresponsabilidad histórica y traición a nuestro
proyecto de nación- que estos cuatro asuntos se resuelvan
"favorablemente" por nuestro gobierno, a costa de impedir que una
gran área de la economía del país -la que produce bienes y servicios básicos
para satisfacer las necesidades de las grandes mayo- rías- opere bajo el mando
de los trabajadores y productores directos.
Hay
signos que anuncian que, dejadas las cosas tal y como están, esto es
precisamente lo que ocurrirá. Es nuestro deber hacer lo posible por evitarlo;
aún hay tiempo y condiciones, aunque poco y escasas.
En
el ámbito interno, y al nivel de política económica global, las dificultades
son también muchas. Las principales organizaciones de lucha directa del capital
privado, ejemplarmente representadas en este sentido por la COPARMEX y el
Consejo Coordinador Empresarial, se oponen a que se fortalezca efectivamente el
sector social de la economía. Sostienen que, el conjunto de unidades económicas
que lo conforman, son en realidad componentes del sector privado: son empresas
-dicen-, y si no lo son, deben serlo; por tanto, caen en la esfera del capital
privado. No solo se oponen a toda acción sustancial de política económica
desprendida de una concepción de apoyo real al sector social, sino que han
desarrollado -y prueba de ello es el convenio CONALEP-COPARMEX, firmado en
1985, para incluir asignaturas relacionadas con la creación de empresas
privadas- una bien planeada y racionalmente efectuada campaña ideológica que
gira sobre la difusión de la imagen de que el país se salvará sí, y solo sí, se
difunde y arraiga el sentido empresarial-privado en nuestras juventudes.
Ya
en el área específica de la política científica y tecnológica, los obstáculos a
vencer son nada despreciables. Para empezar, es un hecho que existen corrientes
progresistas al interior de las instancias estatales de enlace, fomento y
gestión científica y tecnológica, que perciben atinadamente como necesario el
que se asignen recursos considerables al fortalecimiento del sector social. Sin
embargo todavía a mediados de 1986, tres años después de que en la Constitución
General de la República se incluyera al sector social como uno de los tres
sujetos básicos de la economía mista del país y de que la ciencia y la
tecnología adquirieran en nuestro máximo precepto legal la connotación de
altamente prioritarias y necesarias para el desarrollo independiente del país,
la concepción de estas corrientes progresistas, al interior de las de-
pendencias en que existen y se mueven, dista mucho de ser hegemónica.
No
han logrado que en los documentos básicos de planeación, que norman la acción
de la ciencia y tecnología en nuestro país, se incluya explícitamente al sector
social. Ni siquiera se sienten libres para informar, permanentemente y
sistemáticamente, de los modestos avances que -yendo contra corriente- han
logrado en este sentido porque serían optados por las reacciones que se
despertarían, provenientes de las fuerzas opuestas a un sector social fuerte,
que se alimente de los avances de la ciencia y de las innovaciones en
tecnología. y es que estas corrientes opositoras son, precisamente y sin lugar
a dudas, las hegemónicas, en instituciones como el CONACYT, el FONEP, la UNAM,
el IPN y la propia SEP, consideradas cada una de ellas como conjuntos
individuales, a pesar de que "simpatizantes" del sector social
pudieran conservar en su interior, bastiones de mayor o menor grado de
importancia. Ni que decir de la mayoría de las universidades e instituciones de
educación superior y de investigación científica, del interior del país.
En
el caso particular de los Centros e Institutos de Investigación Cien- tífica,
de las firmas de ingeniería, de los grupos y núcleos de investigación superior
y de postgrado involucrados en el quehacer científico y tecnológico, aparte de
las dificultades representadas por la concepción ideológica y posición política
hegemónica en sus cuadros de mando, el asunto de apoyo al sector social
enfrenta un problema adicional básico. A nuestro modo de ver las cosas, este
está representado por el hecho de que en este tipo de instancias no se ha
desarrollado una metodología capaz de resolver efectivamente los problemas
científicos y tecnológicos que impiden que las unidades productivas del sector
social operen con el mejor equipo y los mejores procesos, para generar los
mejores productos, de acuerdo a sus circunstancias particulares, aún cuando
existiera el propósito de hacerlo así. En el mejor de los casos, en estos
lugares se aplica un método científico" originalmente concebido para la
ciencia básica, adaptado para satisfacer necesidades del sector privado
industrial, pero no para el sector social. Esta laguna requiere ser
urgentemente lle- nada. Sin ella no avanzaremos.
Y,
por último, en esta aproximación global a los problemas intranacionales que
deben ser superados para que la ciencia y la tecnología efectivamente apoyen al
sector social de la economía del país, aparecen los propios científicos y
tecnólogos. El desenvolver un cuerpo de científicos y tecnólogos, le ha
constado en dinero y en esfuerzo de otro tipo, al país, enormidades:
elevadísimas sumas monetarias que han permitido que brillantes estudiosos
reciban una formación complementaria en el extranjero o en nuestro propio país;
canalización de considerables recursos para despertar una "actitud
científica" en los educandos de los diversos niveles de nuestra pirámide
educacional; viajes de estudio; subsidios al trabajo de los
investigadores;
entre otros. ¿Ya cambio, que tenemos? Sin pretender caer ni en pesimismos ni en
exageraciones, lo cierto es que la "masa crítica" que tenemos, no ha
sabido, no ha podido o no ha querido responder a las expectativas socialmente
generadas, respecto a su actividad, con la celeridad y con la intensidad
necesarias. Fuertemente divididos por una visión fragmentaria de la ciencia,
que dificulta la interconexión entre ciencias sociales y naturales; más
preocupados por producir resultados en papel -desde luego publicables en
revistas especializadas, preferentemente del extranjero y en idioma inglés- que
satisfagan curiosidades personales y necesidades de prestigio y reconocimiento,
que por producir resultados que resuelvan problemas específicos de actores
sociales ubicados fuera de ese nebuloso y complicado, con atisbos de
feudalismo, mudo denominado "comunidad científica"... la verdad es
que nuestros científicos y tecnólogos guardan con honrosas pero raras
excepciones- una amplia gama de actitudes, con respecto al que hacer con el
conocimiento y las habilidades de que están dotados. En un extremo del continuum,
tenemos a aquel científico, alta- mente calificado, que no quiere saber nada de
la aplicación del producto de sus investigaciones. Por el otro extremo está el
tecnólogo-técnico interesado solamente en que el resultado de su acción como
tal redunde en mejoras, productos y procesos, orientados a obtener una mayor
competitividad en el mercado interno y externo, de la empresa privada,
especialmente del sector industrial. Lo grave -y he ahí la dificultad principal
para que, a este nivel tenga éxito una política científica y tecnológica
orientada a satisfacer las necesidades del sector social mexicano- es que la
vasta mayoría de nuestros investigadores, se sitúan en uno u otro puntos
extremos, de esta gama de actitudes. Una minoría se ubica en los puntos
intermedios. Pocos son, en consecuencia, los que reconocer la necesaria
interrelación de ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología y técnica -que
rebase las estrechas barreras de la especialización y de la
unidisciplinariedad- para la resolución de problemas de la planta productiva.
Poquísimos, los que están convencidos de que, dentro de estos últimos, debe
darse la más alta prioridad a los que enfrenta la planta productiva actual y
futura, del sector social.
El
asunto parece estar claro. Una política científica y tecnológica orientada al
sector social mexicana, explícita y claramente, será un detonador que ponga en
marcha reacciones adversas -también explícitas y claras- de estas fuerzas y
condiciones opuestas a ello. Desde el exterior, nos pondrán una mala nota
aduciendo que esta política dificulta la reprivatización de la economía, punto
en que coincide el FMI, el GATT y Baker. Desde nuestra propia casa, los
dirigentes empresariales argumentarán que no es permisible que nuestros mejores
talentos se pongan al servicio de la causa social demócrata apoyando a los
trabajadores que son dueños de (o que controlan) sus propias empresas y
unidades productivas. Los cuadros de mando de los institutos de investigación y
desarrollo tecnológico dirán que no están preparados para poner en práctica una
política de este tipo, por carecer de metodología científica requerida. Los
científicos y tecnólogos protestarán, blandiendo el arma de la tranquilidad,
independencia y libertad requerida para el desarrollo de sus trabajos, y
discurriendo mil y una formas para evadir abordar problemas que, finalmente,
representan poco o ningún prestigio, conforme a los criterios de evaluación que
tradicionalmente se han aplicado. Y, desde luego, los grupos más conservadores
o francamente reaccionarios, infiltrados en el aparato de gobierno y en el
poder legislativo, se yerguerán en contra de la formulación y aplicación de una
política científica y tecnológica de esta índole, cobijados bajo el disfraz de
que hoy, más que nunca, las premisas de la llamada
"austeridad" aconsejan apoyar la ciencia "de punta " y la
tecnología "de vanguardia " exclusivamente .
Con
todo ello, consideramos que ha llegado el momento de que se tome el toro por
los cuernos. Finalmente, todavía ahora, lo único que está en juego es la fuente
de empleo, de los servidores públicos, funcionarios de instituciones de
educación superior y autoridades de centros y núcleos de investigación, que
podrían explicitar la política de apoyo al sector social que hasta estos
momentos han estado aplicando subrepticiamente.
4)
Una política de ciencia y tecnología, claramente orientada a apoyar la
movilización del potencial del sector social, para convertirse en pivorte del
cambio estructural de la sociedad mexicana, tiene que reflejar la existencia de
una sólida alianza movimiento obrero-movimiento campesino-régimen. Cuatro son, entonces,
los objetivos básicos de la política científica y tecnológica que se propone:
a)
Neutralizar a las corrientes intraburocráticas ya sus aliados de dentro y fuera
del país, que se oponen a que la ciencia y tecnología se constituya en un medio
fundamental de apoyo al sector social de la economía mixta del país.
b)
Lograr que los cuerpos directivos de los lugares en que se lleva a cabo
actividad científica y tecnológica, efectivamente se responsabilicen del
proceso de formulación, prueba, validación y aplicación, de adaptaciones al
método relativamente tradicional de la investigación científica y del
desarrollo tecnológico, para que los proyectos -dirigidos a resolver problemas
del sector social- echen mano de este, lleguen a resultados aceptables en
términos de confiabilidad y fideidignidad.
c)
Conseguir que cambie esencialmente la actitud de los científicos y tecnólogos
del país, de manera que la detección y el propósito de resolución, de problemas
que afectan la marcha de empresas sindicales, cooperativas y formas campesinas
de producción, se considere realmente como importante y significativo.
d)
Impedir que los grupos de servidores públicos que se han comprometido con la
línea de apoyo científico y tecnológico al sector social, sean diluí- dos,
fragmentados o expelidos de las posiciones que actualmente ocupan dentro del
aparato de gobierno y dentro de instancias relacionadas con el fomento, enlace
y/o financiamiento de la ciencia y la tecnología. Estos cuatro objetivos no
podrán lograrse sin embargo, si el asunto del apoyo tecnológico y científico al
sector social no constituye uno de los puntos básicos de la renegociación de
una alianza global entre movimiento obrero, movimiento campesino y aparato de
gobierno. El que ello sea así, a su vez, dependen de que se den las siguientes
cinco condiciones tácticas:
i)
Que la CTM se sacuda de su aislamiento, en la lucha desatada por ya cerca de
una década, para lograr el pleno reconocimiento formal y la recepción de
genuinos apoyos gubernamentales, por parte del sector social, lo que implica
lograr el apoyo del movimiento campesino, de las organizaciones del sector
popular y del resto del movimiento obrero, que tradicionalmente han sido
sostenes del Gobierno.
ii)
Que el movimiento campesino, obrero y popular independiente del Estado,
convierta el asunto del sector social en una demanda compartida con sus
homólogos situados en el conjunto de organizaciones políticas de apoyo
proestatal, lo que solamente surgiría como resultado de un amplio e in- tenso proceso
de discusión y análisis en torno a su límites y alcances, ventajas y
vulnerabilidades, y costos-beneficios (en términos económicos, políticos e
ideológicos).
iii)
Que los responsabilizados de la marcha de unidades económicas concretas del
sector social, que ya existen en la actualidad, o bien responsabilizados de la
creación de nuevas empresas sindicales, cooperativas o formas campesinas de
producción, reconozcan nuevos problemas científicos y tecnológicos que tienen o
tendrán, aún cuando no aparezcan en la superficie de los hechos, son de
primordial importancia, lo que emergerá como resultado de un eficiente
funcionamiento de los mecanismos de en- lace y fomento empleados por las
instancias oficiales y no oficiales que tienen directamente que ver con
aspectos normativos y operativos en materia científica y tecnológica.
iv)
Que operen eficientemente mecanismos de coordinación, entre las múltiples
dependencias de los gobiernos federal, estatal y aún municipal, con facultades
jurisdiccionales para normar y apoyar dimensiones sectoriales, intersectoriales
y regionales de la ciencia y la tecnología, lo que será una suerte de producto
"natural" del establecimiento de una red formal-informal de
comunicación entre los funcionarios y servidores públicos que permean la
estructura gubernamental y que coinciden en que es fundamental el apoyo al
sector social.
v)
Que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión -y comisiones similares que operen en la actualidad o lleguen a
funcionar en el futuro, el nivel de Congresos Locales- lleven a cabo las
acciones legislativas y de gestoría necesarias, a fin de que en las normas
legales que emerjan de su seno, orientadas al sector social, se incluya
explícitamente el asunto de apoyo tecnológico y cien- tífico al sector social
de la economía mista del país.
vi) Que se formen
especialistas en formulación, implantación, evaluación y retroalimentación de
políticas científicas y tecnológicas para el sector social mexicano, lo que emanará
del establecimiento y operación de una Maestría en Política Científica y
Tecnológica para el Sector Social, cuyo contenido curricular
(teórico-práctico-de servicio) cuente con el consenso y la participación de los
principales actores sociales involucrados.
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