Asunto
eminentemente político. Estrategia de cambio estructural
Un artículo del Dr. Xavier Gamboa Villafranca
Referencia Bibliográfica:
Gamboa Villafranca, Xavier. “Asunto eminentemente político. Estrategia
de cambio estructural”, Excelsior, Sección Metropolitana. México,
DF. México. 23 de septiembre de 1987.
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El
gobierno encabezado por Miguel de la Madrid cumplió un semestre en funciones,
el 31 de mayo de 1983. En esa fecha, el régimen publicó el Plan Nacional de
Desarrollo 1983-1988. El documento se presenta como el resultado de un serio
intento por mantener congruencia con las modificaciones constitucionales y con
la ley que sanciona la existencia del sistema nacional de planeación
democrática aprobadas, a iniciativa del Ejecutivo Federal, por el Congreso de
la Unión, en el mes de diciembre de 1982.
En
el texto del PND, los funcionarios de la nueva administración asumen el
compromiso de luchar, simultáneamente contra las manifestaciones de la crisis y
contra los factores que a su juicio la determinan. La lid, en el primer caso,
se haría conforme a lo establecido en el Programa Inmediato de Reordenamiento
Económico (PIRE). El enfrentamiento con los determinantes de fondo, se efectuaría
de acuerdo a una amplia estrategia de cambio estructural. Esta última,
sustentada en la concepción de que era posible subvertir la crisis:
aprovecharla para que al salir de ella en el mediano plazo, se arribara a una
sociedad cualitativamente diferente a la de esos momentos.
Estos
propósitos convirtieron a la estrategia de cambio estructural, esencialmente,
en una de combate. No podía ser de otra forma ya que, a mediados de 1983, había
indicios del posible agravamiento de la problemática conyuntural del país. A
pesar de ser considerados tecnócratas, en apariencia los funcionarios públicos
tuvieron la sensibilidad suficiente para captar esta situación previsible y
para prepararse en consecuencia. Era para ellos un asunto de lucha...y cuesta
arriba.
A
nivel político, había una condición básica para desterrar los factores que
obstaculizan el tránsito hacia lo que la nueva generación en el poder
consideraba una sana economía: el que el país pudiera seguir contando con un
Estado democráticamente fuerte. Condición que, era fácil de configurar porque
implicaba lidiar con grupos de derecha incrustados dentro del aparato de
Gobierno con las fuerzas dentro del PRI que se movían básicamente conforme a
una dinámica tradicional, con la izquierda y sus voceros y, especialmente, con
fuerzas reaccionarias ya aliadas con centros de poder del exterior al país, que
tenía claras intenciones de iniciar una gran ofensiva electoral.
De
acuerdo a esta lógica de lucha, si el régimen era capaz de maniobrar lo
suficiente, como para apuntalar su propia fortaleza bajo condiciones
previsibles de extrema presión, pensaban los timoneles del gobierno que la
unidad esencial y la soberanía de la nación no estarían en peligro, incluso en
el período más severo del proceso de reajuste económico, que era inevitable.
En
consecuencia el aparato de gobierno de este Estado cada vez más democrático y
fuerte, podrían seguir enfatizando en los aspectos sociales del crecimiento y
continuar estimulando la descentralización de las actividades económicas y del
bienestar social, a pesar de que habría fuerzas internas y externas que se
opondrían a ello.
Estaría,
por tanto, la burocracia en posibilidad de auspiciar la modernización del
aparato de generación y distribución de bienes y servicios, no obstante que
ello forzosamente conduciría a la
afectación de intereses, algunos sólidamente arraigados en sistema político y
planta productiva.
Tendría
el estado la autonomía relativa querida para resistir los embates de grupos
afectados por la entonces muy reciente nacionalización de la banca, con objeto
de adecuar en definitiva las modalidades del financiamiento a los
requerimientos de un integral desarrollo nacional.
Y,
de manera especialmente importante, podría el sector público darse a la tarea
de movilizar al potencial para el desarrollo. Es decir, poner en movimiento
factores y fuerzas que no habían sido lo suficientemente atendidos, con una
clara prioridad en el fortalecimiento de las unidades económicas controladas
por trabajadores y productores directos y del avance tecnológico-científico del
país. Ello no podría significar sino sacudir inercias y golpear trincheras,
protectoras de fuerzas que por acción u omisión venían relegando a un segundo
término a ambos factores como palancas del desarrollo.
No
había pues la menor duda. La estrategia de cambio estructural era un asunto
profundamente político. El éxito en su aplicación, en consecuencia, dependería
de los apoyos que se lograran aglutinar en torno a ella y de la eficacia con
que se llevara a cabo la lucha que implicaba.
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