Un
elemento del libro: El estado en
el agro mexicano en el contexto de crisis: 1977, del Dr.
Xavier Gamboa Villafranca
1) Los problemas generales del Estado
Mexicano.
2) La problemática del estado mexicano, específicamente referida
al agro.
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Presentación
Para fines de 1976, era tal la profundización alcanzada por la crisis
económica, que permitía poner al descubierto los resultados del exacerbamiento
de las luchas y conflictos intra estatales, así como de las contradicciones
entre las clases sociales. Por ello, durante 1977, cuantitativa y
cualitativamente, el Estado mexicano se enfrenta a un conjunto problemático de
gama y matices nunca antes vistos. Por ello, es importante percibir la
situación que encuentran los dirigentes gubernamentales a su llegada, a finales
de 1976.
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1) Los problemas generales del
Estado Mexicano.
Cuando ocurre, a fines de 1976, el desplazamiento
sexenal del poder formal, la flamante administración se encuentra ante un
panorama poco alentador. De ahí que formalmente programe tres etapas a ser
realizadas durante su gestión: los primeros dos años estarían destinados a
“salvar al bote que hacía agua”; le seguiría un período bianual de
afianzamiento (de “preservación de los logros obtenidos durante la etapa
anterior”); y los dos últimos años corresponderían a una etapa de crecimiento
económico acelerado.
Mirando a través del lente utilizado por los
dirigentes estatales para visualizar a la sociedad mexicana, es comprensible el
por qué la situación no se consideraba optimista. En términos generales, para
1976 la coyuntura era; muy fuerte crisis económica internacional; puntos
cercanos al clímax de la crisis estructural interna; altos grados de
ineficiencia de los tradicionales
mecanismos de control político y manipulación ideológica; grave
disfuncionalidad del aparato gubernamental, como administrador de los intereses
globales de la burguesía marcada por deficiencias en su organización interna y
por insuficiencia de recursos para afrontar la problemática. Y, desde esta
perspectiva, también es explicable la “receta” que propone el Estado –en su
conjunto- para lograr la “reconstrucción”; alianza para la producción, reforma
política, reforma administrativa y reforma fiscal.
En buena medida, el hecho de haber determinado el
Estado una primera etapa para la “reconstrucción”, está determinado por el
intento de establecer un período de dilación, en el transcurso del cual sería
posible el mejoramiento de las condiciones del capitalismo mundial.
De hecho, ya desde principio de los ’70 era claro que
estaban dadas las condiciones para el advenimiento de una seria crisis del
sistema económico mundial-capitalista, cuyos signos mas claros consistían en el
debilitamiento del ritmo de crecimiento de la producción capitalista
internacional en la pérdida de competitividad de los Estados Unidos frente a
Japón y Europa, en el deterioro progresivo del sistema monetario internacional
y en el establecimiento de barreras proteccionistas –de creciente rigidización-
en los países metrópoli del sistema.
Para el momento en que López Portillo se convierte el
presidente, la problemática que para el país significaba la crisis mundial
había sido ya incorporada en los planes gubernamentales. En el “Plan Básico de
Gobierno, 1976-1982”, por ejemplo, se afirma lo siguiente:
“No podemos aludir el mundo internacional en crisis a
que el régimen se enfrenta. En plena creación de un nuevo modelo de desarrollo,
para superar la disparidad entre desarrollo económico y desarrollo social,
tuvimos que enfrentarnos a un agudo período de inflación, acompañado de
estancamiento y desempleo... De 1970 a 1975, México encara precios cada vez
mayores en sus importaciones habituales, y casi, al mismo tiempo, la
disminución en la demanda de sus exportaciones... En una situación de origen
internacional extraordinariamente difícil, se ha podido avanzar en un proyecto
nacional de desarrollo que da preferencia a la justicia social...” (páginas II
y III).
Pero, a partir de mediados de los años ’60 a la crisis mundial del capitalismo se le
aúna la progresiva crisis interna de la
economía del país. Para 1976, la situación había llegado a extremos
peligrosos. Estaba ya prácticamente
culminado el proceso de concentración que permitía al capital
transnacional-monopolista ubicarse en los sectores más dinámicos: servicios
turísticos, agricultura capitalista, industria, comercio “moderno”.
Consecuentemente, la extracción de divisas era de enormes magnitudes. Factor
interviniente en la devaluación –y a la vez efecto de ella- en el transcurso
del último año se habían “fugado” miles de millones de pesos.
La crisis mundial había traído como consecuencia la
erección de fuertes barreras proteccionistas en los países industrializados. El
gobierno norteamericano no fue la excepción. Para fines de 1976, era un hecho
que la famosa relación especial de México con respecto al mercado
norteamericano era ya cosa del pasado. El extremo déficit de la balanza comercial
–en buena medida consecuencia de lo anterior- aunado a la escasa competitividad
de los sectores productivos del país, había dado al traste con los programas de
fomento de las exportaciones emprendidas por la administración Echeverrista.
El manejo de la deuda pública efectuado por el
régimen de Luis Echeverría, funcional en sus inicios, había terminado por ser
un remedio, que excedía en malestar a la propia enfermedad. Específicamente la
deuda pública externa, utilizando extensiva e intensivamente –junto con un
extremo crecimiento del circulante- como generadora de recursos destinados a
surtir un gasto público progresivamente deficitario que se dirigía a aliviar
los efectos de una cada vez menos creciente tasa de inversión privada, ya había
hecho explosión. La comunidad financiera internacional se mostraba entonces
recelosa con respecto al otorgamiento de préstamos públicos: había impuesto sus
condiciones determinando, entre otras muchas cosas, la flotación del peso
mexicano a partir del último cuatrimestre del año ’76.
El nivel de las inversiones del capital privado era
muy bajo. La atonía (recesión) de principios del régimen de Echeverría se había
convertido, para 1976, en estanflación: estancamiento con inflación, ambos muy
fuertes.
La composición altamente diferenciada de la industria
(un gran número de empresas de nivel artesanal y competitivo, y un muy reducido
sector monopólico), en un contexto de progresiva reducción del mercado interno,
marcaba el total agotamiento de la época fácil de sustitución de importaciones.
La toma de posesión de José López Portillo como
presidente de la república coincide con síntomas del práctico estrangulamiento
del mercado interno. No habían sido muy eficaces las medidas contra restantes
tomadas por la administración anterior. En este sentido, había escasos
resultados de la política expansionista del gasto público. Las medidas
compensatorias –de emergencia- de la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores asalariados apenas si constituían
un paliativo. Estos dos factores, aunados al insuficiente nivel
alcanzado por el proceso de monetarización en el agro –determinado por la
existencia de una gran masa de
campesinos que dependían parcial o totalmente del auto consumo marcaban los
reducidos límites de crecimiento del mercado.
Además, López Portillo se convertía en el dirigente
de un gobierno sin dinero. Los recursos gubernamentales estaban por los suelos.
El proceso inflacionario había altamente indeseable el financiamiento del gasto
público vía emisión de circulante. Las empresas estatales y paraestatales
constituían un enorme dren: actuaban con números rojos de enormes magnitudes.
Se podía hablar del fracaso de la reforma fiscal emprendida por los
funcionarios del gobierno pasado, en lo que respecta a lograr aumentar
significativamente los impuestos provenientes del capital. El proceso de
deterioro de sus condiciones de vida, hacia imposible recurrir al mayor
gravamen fiscal de la fuerza de trabajo.
Proporciones nunca antes vistas eran alcanzadas por
el desempleo y subempleo rural y urbano: el déficit de fuentes de empleo había
crecido año con año, en el transcurso del sexenio de LEA. La industria había
aumentado relativamente su casi perenne incapacidad para absorber el
crecimiento absoluto y relativo de la fuerza de trabajo. Por otra parte, era
claro que la agricultura y la ganadería tenían más problemas para utilizar
claro que la agricultura y la ganadería tenían más problemas para utilizar
productivamente a la fuerza de trabajo del sector; el proceso de reducción
numérica del sector campesino de la economía del campo estaba ya muy avanzado,
en tanto que el paso a la proletarización total no acertaba a darse en toda su
amplitud. Las medidas, tomadas directamente por el gobierno anterior, para
mitigar el desempleo rural y urbano, estaban limitadas por su escasez real de
recursos. Por esta razón, los caminos de mano de obra no se pudieron
generalizar lo suficiente en el agro; la utilización temporal de fuerza de
trabajo en la construcción de obras gubernamentales en las ciudades, apenas si
constituían una gota en el mar. Y para colmo, en el nivel de desempleo del país
se percibía la posible incidencia directa de la recesión norteamericana. Apenas
cuatro meses antes de la toma de posesión presidencial de JLP, el departamento
de Inmigración y Naturalización estadounidense, había afirmado que contaba con
los recursos suficientes para deportar a 8 millones de ilegales de los cuales
6.4 millones eran mexicanos.
Los anteriores factores condicionarían el que, para
fines del año ’76, la polarización de la estructura de clases era casi total,
lo que se manifestaba en una disminución relativa de la importancia numérica de
la pequeña burguesía y en un aumento del proletariado, subproletariado,
lumpenproletariado y semiproletariado (rural y urbano).
Emprendamos ahora el intento de resumir la
problemática general, encarada por el Estado, a nivel político.
En el plano internacional, ya habían fracasado buena
parte de los intentos de los gobiernos de algunos países latinoamericanos por
aprovechar el debilitamiento –que se dejaba sentir a principios de la década-
del control político ejercido por los organismos de vigilancia norteamericanos
para tomar una posición relativamente mas independiente con respecto al
imperialismo. Los sindicatos multinacionales, en la lucha contra el capital
imperialista, ya habían pasado a ser controlados por las transnacionales. El
gran auge de los ’60 y principios de los ’70 en materia de lucha de liberación
nacional había disminuido. Incluso organismos político-económicos como la OPEP
habían ya perdido la tibia combatividad que caracterizó su surgimiento.
El resurgimiento de un fuerte control político de las
metrópolis internacionales sobre los países periféricos, se sentía en México.
Setenta y seis miembros del congreso norteamericano demandaban al presidente
Ford, a mediados de agosto de 1976, que se ejerciere una mas estrecha
vigilancia sobre la situación política mexicana, la cual –según su particular
percepción de las cosas- daba grandes pasos hacia el comunismo.
Sin embargo, para el 1° de diciembre, el Estado
mexicano tenía, aparte de las presiones internacionales –principalmente
norteamericanas- nada despreciables problemas políticos internos. Buena parte
de ellos se desprenden de la reducción de su base social de apoyo efectivo,
tanto en el campo como en las ciudades. En su último informe presidencial, el
Lic. Echeverría hablaba ya de reforma política; es bien conocido el mecanismo,
puesto en práctica durante su administración, denominado apertura democrática.
También parece ser poco incierto lo que sucedió con la apertura: fue
principalmente dirigida a – y utilizada por- sectores de la pequeña burguesía.
La apertura democrática no parece haber sentado sus reales en números
significativos de organizaciones miembros
del movimiento obrero “organizado “, en el sector “campesino” del PRI y
en sindicatos y partidos relativamente independientes del Estado. En este
sentido JLP, se encuentra ante un muy avanzado proceso de deterioro de la
política estatal de conciliación de los factores de la producción, y de
arbitraje de las luchas y conflictos Inter. e intra clases sociales.
Aun cuando es posible afirmar que, en términos
generales, el control sobre los sectores y capas medias de la población resultó
favorecido por la apertura democrática, no sucedía lo mismo con los obreros y
trabajadores, incluso con los que formalmente militaban en organizaciones
miembros del Estado. Los dirigentes nacionales del movimiento obrero y
campesino organizado ya no controlaban fácilmente las demandas y las luchas de
sus propias organizaciones. En todo caso, era claro que las agrupaciones del
PRI ya no recibían afiliaciones significativas; por el contrario, la deserción
masiva era común. Se había llegado al punto en que la falta de autocrítica y de
democracia sindical, aunada a una creciente actuación disfuncional de la
burocracia sindical, determinaban que incluso la CTM –desde muchos puntos de
vista, una de las partes más
importantes del PRI- no realizara adecuadamente sus funciones de control
político.
Para el nuevo régimen López Portillista, resultaba
claro que la debilidad del Partido Revolucionario alcanzaba límites incómodos.
Incluso en las elecciones –eventos en los que otro habíase mostrado eficaz- el
PRI se mostraba lánguido. Los intentos estatales por revivir el proceso
electoral (reducción de edades para diputados ó senadores, incremento del
número máximo de diputados de partido, disminución del número de miembros
autorizados para registrar un partido, otorgamiento del acceso a los medios de
comunicación masiva para fines electorales) no habían sido tan eficientes como
originalmente se pensó. Incluso en las votaciones de 1976, que legitimaron el
acceso de JLP a la presidencia de la República, el PRI estuvo muy lejos de
alcanzar los niveles de votos de 1964, con todo y que la principal oposición
oficial –el PAN- estaba en abierta crisis interna y ni siquiera había
presentado candidato a las elecciones presidenciales.
Además, en el transcurso del sexenio de Echeverría se
había manifestado la presencia de un movimiento sindical y partidario
relativamente independiente del Estado, cuya fortaleza política podría
acrecentarse en el fértil terreno de las consecuencias sociales de la crisis.
Grupos y organizaciones que se mostraban cada vez menos incorporados al juego
político delineado por el Estado, habían desatado un proceso de insurgencia en
términos que dificultaban la negociación. En efecto, el problema encarado por
la nueva administración estribaba fundamentalmente en que, con estas
organizaciones desincorporadas, no existían mecanismos de mediación política.
Los conflictos Estado-organizaciones políticas independientes tenían que
resolverse frecuentemente, en primera instancia, vía el uso de la represión.
Unos meses antes de que JLP pronunciara su discurso de toma de posesión, el
movimiento de huelga del SUTERM había sido roto mediante la acción física
gubernamental.
Por otra parte, la simiente de la violencia política
–tanto espontánea como organizada- tenía fuertes brotes. Diversos movimientos
guerrilleros habían surgido y desarrollado en las ciudades y en el campo, desde
mediados de la década de los sesenta. Aunque por lo pronto controlada y
localizada, a los dirigentes a los
dirigentes de la nueva administración les resultaba clara la posibilidad de la
generalización de la violencia popular. En parte ocasionadas –al menos
formalmente- por estos movimientos de violencia, habían surgido diferentes
tácticas desestabilizadoras provenientes de fracciones de la burguesía cuyos
intereses habían sido dañados, de alguna manera, por las acciones
gubernamentales de fines del sexenio.
En el seno de la burguesía, la correlación de fuerzas
había colocado a la gran burguesía transnacional-monopolista en una posición de
indiscutible hegemonía. El gobierno de Echeverría había perdido prácticamente
toda posibilidad de mantener su autonomía relativa en cuanto al manejo de la
política económica; únicamente le restaban algunos visos de independencia en
materia de manejo político-ideológico. Cuando JLP llega a la presidencia,
existían algunos indicadores concretos recientes, que señalaban que incluso
este muy pequeño margen de acción relativamente independiente estaba en vías de extinguirse: los sangrientos
acontecimientos del 10 de junio de 1971; los aspavientos levantados, a mediados
de 1976, contra la ley de asentamientos humanos: la pugna verbal gobierno
federal-empresarios de medios de comunicación masiva, abierta desde principios
del régimen; las fuertes presiones recibidas con motivo de las afectaciones
agrarias de fines de sexenio en Sonora y Sinaloa.
De esta manera, el estado –al momento de iniciarse el
régimen López Portillista- se encontraba con problemas de presiones políticas
internacionales, abatimiento de la función de control de la maquinaria
corporativa sobre las masas populares, disminución de su fuerza social de apoyo
efectiva, real y potencial aumento de una acción política incontrolada de la
izquierda, decremento en el grado de autonomía relativa para el manejo de asuntos
estructurales y superestructurales, y fuertes contradicciones secundarias con
fracciones y grupos de la burguesía. Pero la problemática política del estado
no paraba ahí. A fines del período
Echeverrista, parecía tener problemas ubicados en el interior del propio
aparato burocrático; seguramente ésta era la visión del nuevo equipo.
Efectivamente, la apertura democrática se había
planteado con la finalidad –entre otros objetivos- de incorporar a la clase
media disidente al carro del gobierno. En este sentido, había demostrado ser
muy eficiente. Sin embargo, había despertado simultáneamente un proceso
deficiente. Sin embargo, había despertado simultáneamente un proceso de
clarificación política del pensamiento social, que alcanzaba niveles nunca
antes vistos. Aún cuando de ninguna manera había alcanzado a ser el pensamiento
social predominaba, si influencia había llegado, incluso, a los funcionarios
públicos. La conjunción de ambos factores, cooptación de sectores medios e
izquierdización del pensamiento social, había desbordado los límites planteados
originalmente. El resultado: para cuando JLP toma el poder, los propios cuadros
administrativos gubernamentales habían sido objeto de un intenso proceso de
infiltración de enemigos emboscados de la revolución mexicana. Las bases del
aparato burocrático estaban influenciadas por la acción de activistas y
simpatizantes de izquierda, convertidos en servidores públicos, que habían
logrado colarse por los filtros de la selección de personal, y que veían en el
trabajo gubernamental-formal una base segura desde la cual era posible realizar
labores políticos altamente efectivas. Además, buena parte de importantes
puestos de mando al interior del gobierno, estaban ocupados por prestigiados
intelectuales que no eran precisamente reaccionarios.
En estas circunstancias a ciertos grupos vinculados a
los nuevos directivos gubernamentales –desde un principio comprometidos con el
reestablecimiento de la armonía entre las clases sociales- les era
especialmente preocupante al hecho de que la administración predecesora hubiera
tomado medidas para garantizar cierta continuidad de personajes, funciones y
posiciones. De manera más o menos clara, el régimen Echevirrista había tomado
medidas para que sus proyecciones perduraran hasta la administración de JLP: se
había elaborado un plan básico de gobierno, 1976-1982; se contaba con un
acuerdo presidencial que otorgaba la base a los trabajadores supernumerarios
del servicio gubernamental federal lo que los hacía inamovibles; en el congreso
de la unión se atrincheró un importante grupo echeverrista, lo mismo que en los
gobiernos de algunas de las entidades mas importantes del país.
Pero, de acuerdo a la percepción estatal de la
situación a fines de 1976, a los problemas económicos y estrictamente políticos
se le aunaban algunos problemas ideológicos.
En efecto, la política exterior manejada por el
régimen echeverrista había servido como elemento legitimador a los ojos de
influyentes grupos de la pequeña burguesía, principalmente intelectuales. A
diferencia de ellos, importantes
sectores sociales extranjeros –entre ellos fuerzas diversas del Estado
norteamericano- se fueron con la finta: vieron en la política exterior
echeverrista, y en el manejo de la dimensión política interna emprendido durante su administración, la posibilidad de
un vuelco al socialismo. Por este motivo, la política exterior manejada por la
administración de Echeverría había permitido que en el interior se ganaran
capas medias como fuerza de apoyo gubernamental, pero había perdido legitimidad
ante los dirigentes de poderosas organizaciones de lucha de la gran burguesía
internacional.
En el plano interno, en el contexto de una relativa
ampliación de libertades del Echeverrismo, las ciencias sociales habían logrado
impresionantes avances. En este proceso, fue de especial significación la
llegada de importantes contingentes de exiliados políticos que –al menos en un
principio- fueron incorporados a las principales universidades e institutos de
educación superior del país. El grado de madurez alcanzado por las ciencias
sociales en México –si bien con muy amplias lagunas, aún- determinaban en buena
parte el hecho de que, para fines de 1976, se diera amplia divulgación a un
pensamiento social, no oficial, referido al conocimiento que tornaba cada vez
mas difícil que la ideología oficial siguiera postulando la existencia de un
Estado, independiente de organizaciones de izquierda y de derecha, surgido de
la revolución mexicana, que simplemente servía de arbitro entre ellas. Por lo demás, la misma campaña
presidencial de López Portillo había dejado claramente establecido que el uso
de la demagogia –como principal técnica política- ya no era tan funcional como
antes.
La dimensión
ideológica que preocupaba a los colaboradores del nuevo presidente. Tal y como
estaban las cosas, al proceso de desideologización –determinando por las
condiciones objetivas y por la acción
explícita de organizaciones políticas- no era posible oponerle los elementos tradicionales.
Pero el uso de nuevos mecanismos ideológicos, como los representados por la
eficiente transmisión de mensajes vía los medios masivos de comunicación,
estaba bastante limitado. La secretaría de gobernación –y otras dependencias
gubernamentales- se había mostrado incapaz, durante todo el régimen anterior,
de producir los volúmenes requeridos
del contenido del mensaje a transmitir por el aparato burocrático.
Además, los industriales de la radio y la televisión no se habían mostrado dispuestos a aceptar una
creciente influencia gubernamental. A las presiones gubernamentales, se habían
presentado contra respuestas, ora de carácter reaccionario (como la negativa de
los empresarios de medios de comunicación, a modificar la ley federal de radio
y televisión, que amparaba el régimen de concesiones), ora de carácter
relativamente progresista (como la presentada por el grupo Scherrrer que generó
un conflicto que condujo a su expulsión del periódico Excelsior).
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2) La problemática del estado
mexicano, específicamente referida al agro.
La nueva administración gubernamental de López Portillo llega en
momentos en que el sistema capitalista mundial tenía serios problemas. Una
cruenta competencia se desataba entre los países metrópolis, con objeto de
colocar sus productos en un mercado mundial ya sobresaturado. El capital transnacional
monopolista con sede en Norteamérica desataba una fuerte lucha por ganar la
carrera con respecto a su homónimo japonés y europeo. Estaba ya muy avanzado el
proceso de aplicación de medidas tomadas por el gobierno y los grupos
económicos de la principal potencia capitalista mundial (aunque igual hacían
los demás), destinada a alcanzar mayor competitividad posible frente a sus
rivales. Estas medidas se habían venido centrando en torno al objetivo de
elevar la tasa de explotación –obtención de mayor productividad- de los
trabajadores empleados en el proceso productivo.
En principio, el incremento de la productividad de
las potencias rivales se podía lograr: bien aumentado el volumen total de
bienes producidos, dejando como constante, el valor de la fuerza de trabajo; ó
bien, de la fuerza de trabajo. En una situación del mercado mundial, en que el
problema era precisamente de saturación, resultaba menos riesgoso –a los ojos
de los manejadores de la política económica gubernamental y privada de los EUA-
el recurrir a la segunda posibilidad.
Este era el camino que, para el momento en que el
nuevo período presidencial inicia actividades, seguía Norteamérica: tenían que
reducirse los salarios de los trabajadores empleados en sus empresas. Para
lograrlo, se había echado mano de diversos mecanismos: a) producir alimentos a
bajos precios, mediante la industrialización del sector agrícola y ganadero del
propio campo estadounidense; b) el abatimiento de los precios de las materias
primas importadas, especialmente productos alimenticios.
El primer mecanismo había resultado tan eficaz que ya
para 1975, los Estados Unidos se habían convertido en el principal exportador
de granos: la industrialización del medio rural norteamericano era tal que, no
únicamente se producía lo suficiente para satisfacer las necesidades
alimenticias en la medida necesaria para abatir el nivel general de salarios,
sino que incluso se tenían enormes excedentes.
La presencia del segundo mecanismo se manifestaba en
una mayor rigidez (mayor selectividad) de lo que se importaba los EU, de
acuerdo a su grado de satisfactor de la función general de abatir el valor de
la fuerza de trabajo empleada, en el abatimiento de los salarios de los países
productores de materias primas (decretada por el FMI), y en una inflación
mundial –que partía ya desde 1965- estimulada por una política monetaria
claramente dirigida a ese fin.
De esta manera, cuando JLP llega el poder formal, se
encuentra con un contexto internacional sumamente desfavorable hacia la colocación
de productos agrícolas y ganaderos del país (los pocos excedentes que
existían). Conforme a lo que parecería consistir en un reacondicionamiento de
la división internacional del trabajo –en el que ahora los países altamente
industrializados eran, simultáneamente, principales productores agrícolas y
ganaderos- el gobierno de estados unidos, tradicionalmente el principal mercado
de bienes agropecuarios mexicanos, había alzado fuertes barreras
proteccionistas: ahora se producían en el medio rural norteamericano muchos más
alimentos y materias primas agrícolas y ganaderas que antes. Pero, aún los
bienes agropecuarios que se podían exportar estaban en uno de los puntos mas
bajos de la tendencia de decrecimiento que denotaba a partir de 1965, la curva
de sus precios internacionales.
Sin embargo, los problemas económicos que
visualizaban los dirigentes, al encargarse JLP del poder ejecutivo federal, no
se referían exclusivamente al plano internacional. Y es que, de la misma manera
que existía un fortísimo proceso de crisis general de la economía mexicana, en
el contexto de la crisis capitalista mundial, así también existía una crisis
agrícola interna en el contexto de una crisis agrícola generalizada en los
países pobres.
En efecto, no eran desdeñables los aspectos internos
de la problemática rural, percibidos por las nuevas alturas de la burocracia.
Sus manifestaciones eran múltiples.
En primer lugar, estaba la cuestión del decaimiento
de la producción y de los precios agrícolas y ganaderos. A partir de 1965, el
producto agrícola del país había denotado un crecimiento cada vez menor hasta
que por fín, en 1976, se desploma estrepitosamente, después de varios años de
tener un crecimiento menor al del crecimiento de la población.
Para ese año, la superficie destinada a la producción
de alimentos había disminuido con respecto a la cultivada en la década de los
sesentas; la marcha campesina para la producción y los programas de
colectivización ejidal –para formar empresas autofinanciables- emprendidos
durante la administración de LEA, no habían logrado detener la tendencia al
decrecimiento de la producción de alimentos. Era de esperar, además, que con
las afectaciones de finales de sexenio, durante el siguiente año disminuiría
aún más la producción de trigo, principal producto de Sonora. El país, en
síntesis había perdido su
autosuficiencia alimentaria.
A su vez, los bienes agropecuarios utilizados como
materia prima industrial no encontraban precios adecuados, ni en el mercado
interno, ni en el externo, ello era consecuencia de la ya descrita política económica mundial seguida en materia
de precios de productos agropecuarios.
En segundo lugar, el nuevo equipo gubernamental se enfrentaba al problema del desempleo
rural. El agro mexicano daba nítidas muestras de no poder absorber a la fuerza
de trabajo ubicada en él. La sobrevivencia de una gran masa de campesinos
minifundistas pobres, determinaba la existencia de un alto nivel de desempleo y
subempleo temporal. El agotamiento física y legal de tierras repartibles había
conducido a la situación en que buena parte de los 5 millones de solicitantes
de tierra en realidad eran desocupadas permanentes. La gran burguesía agro
política y terrateniente –que concentraba el agua, las tierras, el crédito, el
capital técnico y la producción para el mercado- no utilizaban intensivamente
fuerza de trabajo; por ello, no aliviaban el desempleo del campesinado y de los
jornaleros agrícolas. La acción del capital agro industrial y agro comercial
transnacional-monopolista en el campo, había producido la ruina de
significativas proporciones del campesinado medio y acomodado, así como de la
mediana burguesía agraria, de manera que tampoco podían ayudar mucho.
En tercer lugar, estaba el problema del mercado en el
campo. Sus agudas manifestaciones no podían menos que hacerse notar a los ojos
del entonces en formación equipo de López Portillo. El campesinado pauperizado
y en proceso de proletarización, que en 1970 representaba alrededor del 40% de
la PEA agrícola y ganadera, se encontraba marginado del mercado, enfrascado en
una producción de auto subsistencia. Además, el proceso de inadecuada intermediación de los bienes
agrícolas y ganaderos alimenticios destinados al mercado interno, estaba fuera
de control: la burguesía agraria comercial, atrasada y parasitaria, se quedaba
hasta con el 70% del precio al consumidor. No le habían hecho mella las medidas
contrarrestantes emprendidas por la administración de Echeverría, que incluían
desde mercados sobre ruedas, hasta todo tipo de organizaciones de productores.
Como contrapartida, la actividad de la gran burguesía agro comercial,
“moderna”, se circunscribía a algunos productos, básicamente de exportación y
de consumo industrial.
El cuarto problema, encontrado por la nueva
presidencia, se refería al propio gobierno. Era claro que el aparato
burocrático nunca había tenido los fondos necesarios, ni la organización
interna requerida, para afrontar directamente la problemática económica del
agro. Estaba demostrado que los solos recursos gubernamentales no bastarían
para capitalizar adecuadamente al agro; las sumas requeridas se calculan en
cientos de miles de millones de pesos. Los recursos crediticios –oficiales y
privados- resultaban del todo insuficientes para las necesidades de inversión.
La penuria económica del aparato burocrático determinaba la imposibilidad de
construir nuevas grandes obras de infraestructura. Las obras de riego ya en
operación resultaban ineficientes, por causas técnicas y estructurales. El 80%
de la superficie laborable, constituida por tierras de temporal, estaba
prácticamente desatendida por la acción gubernamental. Resultaba difícil de
lograr incrementos significativos en los rendimientos de las zonas más
desarrolladas, debido a su ya alto nivel de productividad. En los minifundios,
la formación de capital técnico resultaba también difícil de lograr, tanto
porque ello significaría la sobrecapitalización de los predios, como porque
durante todo el sexenio pasado hubo una generalizada oposición del campesinado
hacia la formación de ejidos colectivos. Se antojaba, pues, como indispensable,
una mayor participación del capital privado.
Por si fuera poco, los escasos recursos
gubernamentales destinados al medio rural eran “mal administrados”. Las
dependencias vinculadas directamente al campo trabajaban con escasa –ó nula-
interrelación racional: no existía “coordinación” entre la SRH, la SAG, la SRA,
la SIC, el Banco rural, la Conasupo, etc. La parte del aparato burocrático cuya
competencia su circunscribía fundamentalmente al medio rural estaba permeada,
de arriba abajo, con problemas de corrupción. Disfrazado bajo múltiples mantos,
la corrupción hacia que sólo una pequeña parte, del total de fondos destinados
al agro, efectivamente llegara a su destino formal.
Todos los factores anteriores desembocaban en un
quinto problema: las migraciones. Contingentes rurales cada vez más numerosos
habían venido surtiendo, desde la década de los años cuarenta, una demanda
temporal de fuerza de trabajo proveniente de la economía norteamericana. Para
1976, los límites de funcionalidad de satisfacción de esta demanda, ya estaba
sobrepasada; había muchos más indocumentados de los necesarios en EUA. Por otra
parte, las principales ciudades mexicanas se hallaban pletóricas de
desempleados y subempleados de origen rural; presionaban, mucho más allá de las
posibilidades de satisfacción, para la creación de fuentes de empleo
permanentes.
Pero al nuevo régimen, además de los señalados
problemas económicos en el agro, se le presentaba una amplia gama de problemas
superestructurales.
En el plano internacional, la señalada
sobreeficiencia alcanzada por los países metrópolis –principalmente de los EU-
en materia de producción agropecuaria, determinaba que éstos no tuvieran
interés en que los países capitalistas pobres pudieran salir de la
generalizada, entre ellos, crisis agrícola. El hecho de que permanecieran
dentro de la crisis agrícola representaba una segura posibilidad de exportar
los excedentes de alimentos producidos en la propia metrópoli. Para cuando JLP
toma el poder formal, este hecho ya había conducido a un extensivo uso de la
compra-venta de alimentos como arma de dominio político, utilizada por las
potencias mundiales, sobre los países pobres cuyo sector agrícola y ganadero
estaba en crisis. Íntimamente vinculado a ellos los organismos internacionales
y los gobiernos y empresarios privados de las metrópolis, determinaban ya la
manera conforme a la cual países periféricos podrían hacer más tolerable (y
adecuado a sus intereses), la existencia de la crisis agrícola. En la medida en
que un país subdesarrollado se alineaba a estas pautas, de las potencias
provenían: niveles adecuados de ayudas internacionales y financiamientos para
el desarrollo rural; una oferta de productos alimenticios (aunque a precios
altos); y, un mercado para la compra de materias primas (a precios bajos). En
caso de no plegarse un determinado país a estos lineamientos, nada de lo
mencionado habría. Era claro, cuando JLP se hace cargo del ejecutivo, que el
país no escapaba a este tipo de presiones.
En el plano político interno, resultaba indudable
que, en lo que concernía a las masas populares, la presencia del estado en el
agro estaba muy debilitada. No había cristalizado el intento de formar un
cuadro dirigente hegemónico al interior del sector campesino que coordinara e
hiciera más eficientes las labores de control político que en el campo
efectuaba principalmente la CTM-SNTAC, la CNC, la UGDCM, la CCI y el CAM. El
pacto de Ocampo no pasaba de ser un membrete. Las organizaciones campesinas
deserbaban al PRI. Alrededor de 4 millones de jornaleros agrícolas no estaban
sujetos a ningún tipo de control político, ni de orden sindical-partidario, ni
de orden político-asistencial, ni de orden político agrario. Dadas las muy
deterioradas condiciones objetivas de las masas del campo, es indudable que a
los encargados de ejercer la función de control político, les resultaba claro
que estaban dadas las bases para lo que podría ser la expansión de la izquierda
en el medio rural.
Para los flamantes dirigentes gubernamentales, la
ideología de la reforma agraria había sido tan eficaz, que ya se mostraba
disfuncional. El campesinado pobre y los jornaleros agrícolas, actuando de
acuerdo a su contenido ideológico, presionaban para obtener tierra que física,
económica, política y legalmente era imposible otorgar. Cuarenta años de eficaz
divulgación de la imagen reforma agraria es igual a tierra, no habían
transcurrido en balde. Se había conseguido implantar socialmente la esperanza
de conseguirla.
La lucha emprendida por los 5 millones de
solicitantes de tierra tenía crudas manifestaciones. Durante la anterior
administración presidencial, se habían generalizado invasiones y conflictos
armados por esos motivos. Incluso los líderes de organizaciones formalmente
incorporadas al Estado se encontraban envalentonados: sujetos a la inercia de
una acción gubernamental a la que le quedaba más remedio que reprimir las
invasiones, ó guardar una posición contemplativa. Lo primero, cuando se
afectaban intereses especialmente poderosos.
El problema de la lucha por la tierra le resultaba
especialmente importante a la nueva administración. Resultaba muy difícil
continuar la satisfacción agraria de las demandas en este sentido. La reforma
agraria, por lo tanto, había llegado a su fin como mecanismo atenuante de la
violencia innata al desarrollo del capitalismo en la agricultura. El propio
ejido, la criatura más cara de los regímenes revolucionarios en el campo
denotaba una casi total pérdida de efectividad como mecanismos de dominación.
La cadena comisariado ejidal-comités regionales campesinos-ligas de comunidades
agrarias-confederación nacional campesina, por ejemplo, presentaba múltiples
fisuras.
Por otra parte, se presentaban contradicciones en el
seno de la burguesía con intereses vinculados al agro. Estas divergencias se
sustentaban en la existencia de intereses económicos concretos diferentes. Para
la gran burguesía terrateniente, cuya función económica se basaba en la
concentración –descarada ó disfrazada- de grandes extensiones de tierra, así
como para la mediana burguesía agraria (cuya riqueza se desprendía de control
sobre tierras, aguas, créditos y capital técnico), su futuro estaba garantizado
en la medida en que lograran obtener seguridad en la tenencia de la tierra y
precios adecuados de garantía. La burguesía agro industrial, agropecuaria e
incluyendo a algunos sectores de la burguesía agro política, estaban
interesados en la seguridad de obtener aprovisionamiento continuo de bienes
agrícolas y ganaderos, a los precios más bajos posibles. Por su parte, la
burguesía agraria, comercial-tradicional, estaba interesada simplemente en
sobrevivir a la tormenta que veía acercarse. Las fracciones no agrarias de la
burguesía del país estaban interesadas en que se garantizaran las inversiones
ya efectuadas en el campo.
Estas diferencias y contradicciones intra-burgueses
encarnaban al interior del mejor administrador de sus intereses globales: el
aparato burocrático del estado mexicano. Pero el problema para el nuevo equipo,
consistía en que las manifestaciones de los intereses concretos de las diversas
fracciones de la burguesía agraria y no agraria, no era el único sistema de
posiciones al interior del gobierno. Coexistencia con ellas, en el gobierno
también había corrientes que propugnaban por la radicalización de la reforma
agraria. Aun cuando el proceso de proletarización (59% de la PEA) de la fuerza
de trabajo rural estaba muy avanzado, no obstante que el proyecto de desarrollo
rural de la gran burguesía agro industrial y agro comercial estaba claramente
en vías de convertirse en hegemónico, y aún cuando el campesinado (38% de la
PEA) se hallaba sumamente pauperizado y camino a la proletarización definitiva,
existían importantes posiciones gubernamentales de mando en poder de
campesinistas que sostenían una tenaz lucha por llevar adelante los caros
principios de la revolución mexicana en materia agraria. Con este sector,
herencia, del régimen anterior, el nuevo grupo dirigente se las tendría que ver
durante el primer año de gobierno; mediante acciones tales como la lucha contra
la corrupción, la fracción López Portillista del aparato burocrático se
encargaría de ajustarle cuentas.
De esta manera, para cuando JLP toma formalmente el
poder presidencial, la suerte aún no estaba echada de manera terminante; ello
sucedería durante los primeros dos años de su gobierno. No se había logrado
sacrificar a la atrasada burguesía agrario-comercial, en aras del
robustecimiento de la moderna burguesía agro comercial, -nacional y extranjera-. Diversos sectores del campesinado acomodado,
de la burguesía agro política y de la mediana burguesía agraria resistían con
eficacia los intentos que se habían dirigido hacia el logro de su subordinación a los intereses de la gran burguesía agro
industrial. La burguesía financiera se mostraba reticente a invertir en el
campo. Apoyándose en prácticas legaloides y en el uso abierto del poder, la
tradicional gran burguesía terrateniente se empeñaba en no caer víctima de las
presiones que ya habían marcado su tumba. Lastimosamente, el campesinado medio
y pobre se resistía a transitar la escasa distancia que los separaba del
estadio de definitiva proletarización. Los jornaleros todavía tenían la
esperanza de obtener un pedazo de tierra.
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Gamboa Villafranca
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