Capítulo V: obstáculos para el cumplimiento de la
función superestructural del aparato burocrático, en la perspectiva de generar
altos niveles de confianza en la burguesía rural
Un
elemento del libro: El Estado en
el agro mexicano en el contexto de crisis:
1977, del Dr. Xavier
Gamboa Villafranca
3)
La continuación de las invasiones agrarias
aumenta la desconfianza de la burguesía rural
4)
Aun la mínima afectación de tierras para
fines agrarios, genera desaliento de la burguesía
5)
La transmisión de la nueva imagen
ideológica de la reforma agraria
7)
La actualización de los cuerpos represivos
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1) Los proyectos de adecuación jurídica
no elevan la confianza del capitalismo rural, y de sus organizaciones directas
de lucha.
Para
que tenga lugar la descampesinización total y definitiva del agro, el aparato
burocrático del estado tiene que llevar a cabo la promoción de una serie de
medidas destinadas a actualizar el aspecto concreto de la superestructura que
se refiere al derecho agrario. Se ve forzado a intentar realizar una adecuación
jurídica que brinda la suficiente seguridad de permanencia y expansión de la
burguesía rural. Pero, a su vez, las modificaciones en torno al derecho agrario
tienen que partir de la modificación de algunos aspectos del funcionamiento
general del derecho en el estado mexicano en su conjunto.
Como
ya se ha visto, durante 1977 la problemática fundamental del estado estriba
esencialmente en cómo salir de la crisis inmediata, de manera que el desarrollo
capitalista sea asegurado para el futuro inmediato. Desde la perspectiva
presidencial, el derecho es uno de los principales medios para efectuar las
transformaciones decretadas por el pueblo, a la vez que un mecanismo que
permite el control estatal de estos cambios, evitando que se conviertan en
realmente revolucionarios: el derecho ha sido el medio por el que se han
instituido, a su culminación, las explosiones sociales y es el único medio para
evitarlas, si sus técnicas se aplican para atender las necesidades generales y
la promoción de la justicia conmutativa, distributiva y la social...(X/11).
La
lucha revolucionaria (de la revolución mexicana, obviamente) aparece, así como
posible dentro de los marcos jurídicos existentes; sólo para transformarlos, no
para transgredirlos (IX/1): nuestro sistema constitucional abierto, facilita
cambiar las leyes cuando las realidades lo demanden ó incluso para construir
mejores realidades; pero en tanto la ley esté en vigor, debe ser acatada por
gobierno y gobernados. Se admite lucha para cambiar la ley, pero no para
transgredirla. De ahí que, en el proceso de salida a la crisis, se conceda
durante el año una alta prioridad al derecho. Una preocupación fundamental de
la fracción hegemónica de la burocracia es, precisamente el sentar las bases
jurídicas para posibilitar la legitimidad –ante las diferentes fracciones de la
burguesía- del proceso de salida a la crisis.
Sin
embargo, los propios mecanismos conforme a los cuales se da esta actualización
del derecho, en aras de la generación de suficientes dosis de confianza en la
clase del capital, van a tender a revertir en sentido contrario; en la
producción de fuertes dosis de desconfianza. Por ejemplo, el poder ejecutivo
llegó a pretender que se legitimara la lucha de los contrarios, como un
requisito sine qua non para la realización de su esquema salvador. En este
contexto, surge su programa de reforma política controlada –no hegemónica- de
los grupos y partidos políticos minoritarios. Se maneja éste como una
respuesta-concesión estatal a una necesidad presente en la sociedad mexicana
del momento; existe un constante reclamo de las minorías porque se garanticen
procesos electorales legales, y el estado no puede negarse a analizar esta
petición que parece estar fundada (IX/8). A la vez que posibilita formalmente
la apertura de canales de expresión institucional a las disidencias (IV/27), la
reforma política hace posible que el aparato burocrático pueda recurrir a una
mayor presión del movimiento proletario
a fin de lograr mayores inversiones productivas por parte del capital privado
(V/2). Esta posibilidad de acrecentamiento del poder político real del gobierno
–y, consecuentemente, del aumento de la autonomía relativa del estado mexicano-
es precisamente lo que genera la desconfianza de algunos grupos de la
burguesía. El temor parece consistir en que el aparato burocrático pueda llegar
a estar en posición de hacer efectivas algunas de las medidas que anuncia con
respecto a hacer obligatorio el que el capital privado baile al son de la
música tocada por el aparato gubernamental.
Podría
aquí introducirse como ejemplo el hecho de que la falta de inversión del sector
privado obliga al gobierno a introducir una leve amenaza; no se permitiría que
los empresarios volvieran a sacar capitales del país. Ello significa que se
contemplaba la posibilidad de imponer algún tipo de control de cambios. Y la
visión del capital no era del todo errónea. Las posibilidades de que se llevara
a cabo en la realidad, se incrementaban en la medida en que la burocracia se
pudiera apoyar simultáneamente en la desgastada maquinaria corporativa del
estado, y en las minorías políticas. Además, se preveía la generación de una
nueva crisis de confianza, si la propuesta gubernamental de legislar para
efectuar una distribución más
equitativa de las cargas fiscales (IV/27), se hacia efectiva durante las
sesiones ordinarias del congreso de la unión, a partir del 1° de septiembre.
Pero
a la natural desconfianza generada en la burguesía por el intento de llevar a
cabo la reforma política, se agregan otros factores. El congreso de la unión es
el principal cocinero de las adecuaciones jurídicas. Parecía ser un hecho
–aunque no era del todo imposible que se tratara de una mascarada ideológica
más- que el poder legislativo estaba cobrando una creciente independencia
frente al poder ejecutivo. Algunos grupos ubicados al interior del congreso de
la unión, principalmente en la cámara de diputados, presionaban hacia una
posición más a la izquierda que en la que se ubicaba la fracción López
Portillista de la burocracia. Al respecto, destacan algunos grupos de técnicos,
a la sazón localizados en el interior del recinto parlamentario. Por ejemplo,
el diputado Armando Labra, candidato a presidente del colegio nacional de
economistas, decía el 24 de septiembre:
“Es
necesario construir el análisis objetivo de la crisis nacionales y proponer
opciones concretas, realistas y rigurosamente identificadas con las clases
populares...El colegio nacional de economistas expuso oportunamente los riesgos
y cercanía de la crisis y hoy tiene la responsabilidad histórica de apuntar los
márgenes más progresistas y revolucionarios de la acción pública y privada, para
oponer al liberalismo anacrónico y al neoclasiguismo entreguista una
interpretación calificada de la economía y la política económica para servir a
los intereses del pueblo.
Pero
al interior de la cámara, incluso las representaciones de la maquinaria corporativa
a veces exceden a la propia posición gubernamental, lo cual de nuevo genera la
incertidumbre de una burguesía tradicionalmente beneficiaria de amplios
privilegios. La asesoría jurídica de la CTM anunció que la diputación cetemista
pediría el acceso de los sindicatos a la contabilidad de las empresas, y
exigiría que la SHCP enviase a los sindicatos notificaciones de cuando los
empresarios presentaran manifestaciones
complementarias, con el fin formal de evitar fraudes en el reparto de
utilidades. Si a ello se agrega la posición –al menos verbal- de los diputados
de algunos de los partidos de oposición registrados en esos momentos, se
comprende mejor este temor de la burguesía. En la cámara de diputados se llegó
a pedir, por ejemplo la investigación y acción legal contra prestanombres
perfectamente identificados. El 20 de septiembre, un diputado del PPS afirmó
tener en su poder una lista de nombres de los principales monopolios
internacionales y nacionales que operaban en la industria alimentaria. Pidió
que la lista pasara a manos de la comisión de defensa de la economía popular
para que si hay delitos que perseguir, proceda en consecuencia, a la vez que
solicitó la nacionalización de esta industria (IX/21).
Además,
durante 1977 está en pleno apogeo la etapa de reacomodo de fuerzas, al interior
del estado, producida por el desplazamiento sexenal del poder ejecutivo
federal. Esta lucha impactó la forma como se dio la efectiva implantación de
las medidas López Portillistas tendientes a la modificación superestructural
–específicamente jurídica-, para lograr aumentar la seguridad de los
inversionistas y empresarios. A fines de julio, por ejemplo, la corriente de
poder inserta en la cámara de diputados –con vínculos políticos más ó menos
claros respecto a la administración presidencial pasada- hizo una denuncia en
la reunión de parlamentarios mexicanos y europeos, señalando implícitamente que
el tipo de candado impuesto por el FMI hacía muy difícil conciliar la libertad,
confrontando una sociedad de consumo y de dominio (VII/26). Puesto que esta
aseveración provenía de una todavía poderosa corriente política, no podía menos
que coadyuvar a erosionar las bases de legitimidad del modelo de desarrollo
puesto en operación por el gobierno
federal y, más específicamente, del conjunto de modificaciones jurídicas que se
proponían para posibilitarlo. En concreto, contribuyó a generar desconfianza de
la clase del capital en cuanto al contenido esencial de las reformas jurídicas
que este tipo de diputados podría llevar a cabo.
La
burguesía, pues, da muestras de no confiar totalmente en la eficacia de los
mecanismos de control sobre los diputados. No estaban ciertos sus organismos
directos de lucha de que todavía funcionaban cabalmente, por ejemplo, los
mecanismos que permitían otorgar compensaciones económicas –como vía de
incremento de sus salarios nominales- a los diputados que se disciplinaran y
acataran la línea política (siempre progubernamental ) del líder de la cámara
(IX/29).
Esta
falta de confianza se manifiesta de múltiples maneras. Una de las mas claras
señales de ésta, estriba en la posición adoptada por representantes de los
congresos locales –al nivel de la entidad federativa-. Una posición que, en sus
momentos cumbre, llegó a adoptar la forma de conflictos entre estos congresos
locales y el congreso de la unión. Por ejemplo, el 27 de marzo, diputados de
los congresos locales de 31 estados del país pidieron a JLP la supresión de la
facultad del congreso de la unión para intervenir en los problemas de los estados,
y de decretar la desaparición de poderes en una entidad federativa cualquiera
(III/27).
Es
dentro de este contexto de cambio, adecuación y actualización jurídica general,
por un lado, y de desconfianza no eliminada –y, hasta cierto grado, incrementada-
de la burguesía, por el otro, que se revisa la legislación respecto al agro.
Recuérdese que la posición gubernamental es que, si no se hace producir al
campo, se minimizan las posibilidades de salir exitosamente de la crisis
(IX/10). Pero, los círculos oficiales tenían la certeza de que la legislación
agraria, en general, estaba perdiendo
progresivamente su carácter mítico, conforme al cual aparecía como un
elemento indispensable en la producción
agropecuaria (III/28). De ahí la necesidad de su revisión; JLP afirma, en su
informe presidencial: estamos revisando la legislación...Tenemos proyectos para
la creación de los tribunales agrarios
y para la reconstrucción y organización
colectiva de las unidades de producción por reagrupación de la tierra mediante
múltiples formas de asociación entre los diferentes tipos de productores y el
estado (IX/1). El secretario de la reforma agraria se encarga de poner en claro
que de lo que se trata es de adecuar la norma legal para que se adapte a la
realidad, y no al revés (como hasta entonces venía sucediendo), en donde es la
norma legal la que encauza las actividades del sector (IX/29). Claramente, de
la realidad de que se trata es de la que requería la expansión del capital en
el campo; pero la burguesía rural no tenía la seguridad absoluta de que ello
era así.
Las
modalidades que adopta el proceso de modificación del conjunto de normas
legales referentes al agro, están determinadas por el objetivo gubernamental de
lograr dar coherencia integral a la problemática rural. Es decir, se trata de
incluir en un todo a los aspectos jurídicos, sociales, económicos, culturales y
políticos vinculados al campo (X/2). Es precisamente con esta perspectiva que
se intenta dirimir la contradicción respecto a la política estatal a seguir en
el agro. Se piensa que si se emprenden acciones para reducir cada vez más la
propiedad particular en el campo para entregarla a los campesinos, se atenúa
efectivamente la posibilidad de conflictos en el campo, pero se agudiza la
crisis económica –principalmente en lo que se refiere a la producción de
alimentos- en el resto de la sociedad y en el propio campo (VI/10). ¿Cómo se
resuelve esta contradicción? La respuesta oficial-gubernamental es clara:
modificando la legislación para dar
plena seguridad al empresario rural: la política al sector rural tiende a dar
seguridad definitiva en la tenencia de la tierra, ocupar a la mano de obra
excedente y a impulsar la productividad y la producción en todas las formas de
tenencia de la tierra: comunal, ejidal y pequeña propiedad (X/?). Es en este
contexto que –se afirma- se revisarían 18 leyes agrarias, para tener una
legislación coherente –sin contradicciones internas, como hasta entonces-.
Todavía durante el período de sesiones del congreso, era amplia la posibilidad
de que fueran derogadas buena parte de las leyes promulgadas de 1970 a 1976, a
fin de formar una sola ley general de producción. Por lo menos esa era la
suerte que parecía esperarle a: la ley federal de reforma agraria, la ley
federal de aguas, la ley general de crédito rural y la ley de sociedades de
solidaridad social (X/2). Estas modificaciones, sin embargo, -para no dejar una
papa caliente para el período de sesiones del congreso de 1978- no se
efectuaron en 1977.
Pero,
de nuevo por la incertidumbre general mencionada, el empresario rural (y sus representantes directos políticos) no
estaba seguro de que la posición formal del gobierno correspondía a la
realidad. Su desconfianza se acrecenta cuando, dentro de la reforma
administrativa y en función de la acción de las demás instancias encargadas del
proceso de salida a la crisis, se anuncia que la secretaría de la reforma
agraria sería totalmente reestructurada, tendiendo a convertirla en una organización ágil, ya que hasta ese momento
mantiene una estructura social injusta (X/10). Aumenta todavía más, cuando se
anuncia (IX/23) que el consejo consultivo de la SRA se desconcentraría, por
regiones a partir del año siguiente, asegurando que con ello se resolvería
objetivamente la problemática y se evitaría el constante ir y venir de los
campesinos a la ciudad de México.
Un
elemento adicional. Toda esta desconfianza de la burguesía rural respecto a la
actuación de un aparato burocrático que había declarado casi explícitamente
colocarse a su servicio, es constantemente alimentada por el hecho de que la
difusión del avance de las ciencias sociales que toman como hecho de que la
difusión del avance de las ciencias sociales que toman como objeto de estudio
al agro, en el marco de agudización de la lucha de clases, aportaban
progresivamente elementos que clarificaban socialmente el verdadero carácter de
los diversos niveles jurídico-legales relacionados con el medio rural. Por
ejemplo, cada vez se generaliza más el fondo esencial del amparo agrario; su
carácter defensor de los intereses particulares-privilegiados, contra los
intereses colectivos de los productores directos y trabajadores del agro
mexicano (III/27).
En
síntesis, el derecho aparece, para la fracción hegemónica al interior del
gobierno, como un aspecto que había que actualizar con el fin legitimador de
dar las mayores facilidades de fortalecimiento al capital en el contexto de
salida a la crisis. Esta adecuación tiene que darse al interior del congreso de
la unión en momentos en que el poder legislativo da visos de iniciar una
existencia relativamente independiente. Su puesta al día ocurre en un contexto
de reforma política que aumenta potencialmente la presencia de las minorías de
izquierda en la cámara de diputados; en un marco en el cual las diputaciones
obreras organizadas y las de oposición toman una posición verbalmente radical;
y, donde el grupo echeverrista –más a la izquierda al menos formalmente, que la
fracción López Portillista- da sus últimas patadas de ahogado. Por ello, el capital
no tiene las suficientes pruebas para determinar si efectivamente continuarían
totalmente controladas las acciones de los diputados: si su acción legislativa
no redundaría en cuerpos legales que dañasen en algún grado los intereses de la
burguesía. Es esto lo que condiciona el que presionen para que se reduzcan
considerablemente las facultades del congreso de la unión. Y esto es lo que
hace que la clase del capital vea con recelo el anuncio de modificación de las
18 leyes; es lo que determina que mantenga una actitud vigilante respecto a la
formulación de la nueva ley general de producción. Teme que las declaraciones
verbales del gobierno no coincidan con lo que realmente tenía pensado hacer;
teme que la solución de la contradicción campesinización-descampesinización no
se resuelva jurídicamente a su favor, sino en aras del interés parcial de las
mayorías del agro mexicano. En fin, sus dirigentes directos se sienten más
inseguros en la medida en que se van dando públicamente a conocer los
privilegios, de todo tipo, de que tradicionalmente ha sido beneficiaria la
burguesía.
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2)
El proyecto de creación de los tribunales agrarios no
expresa la forma en que la burguesía concibe debe darse la institucionalización
de los conflictos sociales en el agro.
Para obtener altos grados de certeza de que la estrategia gubernamental
de salida a la crisis conduciría necesariamente a la eliminación de los
obstáculos existentes para su expansión en el agro, la burguesía rural requería
estar segura de que los conflictos sociales que en ello generaría, serían
efectivamente –y permanentemente- arbitrados por el estado mexicano. Sus
líderes reclamaban tener la garantía de que la solución a su favor en la lucha
de clases no sería esporádica, sino institucionalmente conducida por el aparato
burocrático, y secundada por la maquinaria corporativa del estado mexicano. En
suma, en el lenguaje oficial, se requería que la legitimación de la lucha de
los contrarios en el agro no fuera aniquilante, sino integrante (VI/1). Y es
precisamente en este marco que surgen los tribunales agrarios.
Durante
el año 1977, se aseguraba públicamente que en el período ordinario de sesiones
del congreso de la unión, se reformaría el artículo 27 constitucional. Con
ello, se pretendía dar vigencia legal a lo que entonces parecía la inminente
instalación de los tribunales agrarios, a la vez que a la clara tipificación de
la extensión, derecho de agua y modalidades de cada una de las formas legales
de tenencia de la tierra (X/2). Es tanta la urgencia que se tiene de esta
institucionalización de los conflictos y luchas sociales en el campo mexicano,
que el coordinador de la comisión encargada de los proyectos de creación de los
tribunales agrarios llegó a asegurar que para fines de 1978, éstos estarían
funcionando en todo el país (X/10).
¿Las
noticias en torno a la constitución de los tribunales agrarios, fueron capaces
de generar la suficiente confianza al capital? Hay algunos elementos que
permiten establecer que ésta no llegó a los niveles demandados por los
empresarios rurales. Ello quizá constituye la razón principal del hecho de que
estos proyectos no fueron discutidos en el congreso.
En
primer lugar, a los ojos de la burguesía se tenía el antecedente real de que
–bajo otras formas, y en una relativamente pequeña escala- éstos habían existido
desde 1915, con pésimo funcionamiento en cuanto al logro de los objetivos de
control de la solución de conflictos. De esta manera, si el estado no era capaz
de inyectarle verdaderos elementos rejuvenecedores, su existencia estaría
condenada, de hecho, a generar en la burguesía más desconfianza que confianza
(V/16).
Históricamente,
la burguesía rural había tenido dificultades para controlar totalmente a las
instancias estatales intervinientes en la solución de los conflictos rurales.
En muchos casos no le había sido posible supeditar permanentemente –lo que
prácticamente significaría tener a su disposición a las comisiones agrarias
mixtas- al delegado regional de la SRA (ó de las dependencias gubernamentales
que a ésta antecedían). Hasta 1977, en efecto, el presidente de una comisión
agraria mixta era el delegado de la SRA quien –por mantener su legitimidad
personal y por cumplir con los grandes objetivos de arbitraje estatal de la
lucha de clases- generalmente luchaba por no echarse totalmente en brazos de
los grupos de la burguesía con intereses ubicados físicamente en el área bajo
su jurisdicción. Por tanto, el poder del delegado de la SRA en el arbitraje de la lucha social por la tierra –por
ejemplo- era muy fuerte. Una de las pocas instancias estatales que podría
declarar la nulidad de los actos del delegado de la SRA era la propia comisión
agraria mixta. Esto casi nunca ocurría, porque al desconocer los actos del
delegado, la comisión estaría declarando la nulidad de los actos de su propio
presidente (VIII/22).
Mediante
los proyectos de creación de los tribunales agrarios, prácticamente en
sustitución de las comisiones agrarias mixtas, la posición de la burguesía
rural resultaría favorecida a expensas del debilitamiento de la posición
gubernamental regional y local; es decir, se favorecía al reducirse el poder
del delegado de la SRA. Todo parecía indicar
que la presencia directa de los empresarios rurales en los tribunales
agrarios sería más fuerte que en las hasta entonces existentes comisiones agrarias
mixtas. Por ello, prácticamente
desaparecería la relativa concentración del poder en manos de la SRA –en
comparación con el resto de las partes que las integran- en materia de resolución
de conflictos en el ámbito regional y local.
Así,
la existencia de los tribunales agrarios podría conducir al surgimiento de
fuertes luchas entre las instancias regionales y las instancias nacionales del
estado mexicano, encargadas del
arbitraje de la lucha de clases en el campo. Las instancias regionales tenderían
a favorecer cada vez más a la posición
de la burguesía regional, en tanto que las de mayor alcance –en aras de
legitimidad- se verían forzadas a hacer el contrajuego. La resolución de la
contradicción, presumiblemente sería a
favor de estas últimas, con lo que la inconformidad de la burguesía
regional-rural iría en aumento.
Para
que efectivamente los proyectos de creación de los tribunales agrarios se
hubiesen convertido en un aliciente más en la producción de confianza de la
burguesía, el estado habría tenido que contemplar con máximo cuidado su
funcionamiento, dentro de las instancias estatales, para asegurar la efectiva
no intervención de éstos en la esfera de acción exclusiva del propio ejecutivo
federal (IV/10). El problema consistía en que de alguna manera se percibía que
los tribunales agrarios se verían sometidos, a nivel regional y local, a
presiones políticas difíciles de vencer, con lo que en ocasiones éstos
propiciarían el enfrentamiento con las instancias nacionales (en cuanto
alcance) del estado. Ello parecía peligroso, particularmente en momento en que
algunos de los aparatos nacionales de poder –incluyendo algunas posiciones
minoritarias del propio poder ejecutivo federal- desideologizante, acentuado
después de 1968, que coadyuvaba a que quedara fuera del control del estado una
parte no despreciable del ámbito de su propia actuación.
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3)
La constitución de las invasiones agrarias aumenta la
desconfianza de la burguesía rural.
Tendiendo
a contaminar sus objetivos de descampesinización, persiste sobre el gobierno
una creciente presión, ejercida por grupos disidentes, para el reparto de
tierras. Presión que, por múltiples factores ya mencionados, no encuentra una
pronta respuesta gubernamental. La CCI, por ejemplo, asegura que más de 3
millones de hectáreas siguen en manos de latifundistas (V/20), en tanto que la
SRA se empeña en negar que, legalmente ésta sea la situación. La insatisfacción
de los requerimientos agrarios de tierra desemboca en más invasiones de tierra.
El problema se solucionaría, a los ojos de los capitalistas rurales, cuando el
aparato burocrático neutralizara estas presiones, bien sea indirectamente –a
través del cambio de relación hombre / tierra por el de hombre / empleo-, ó
bien sea indirectamente –mediante la utilización del aparato represivo-.
Para
que la burguesía rural y sus dirigentes directos percibieran la suficiente
seguridad como para expandir sus empresas, se habría requerido del gobierno la
adopción de la adopción de una posición que se tradujera en un freno constante
a las invasiones agrarias. Sin embargo, existieron algunas dificultades para el
cabal logro de esto.
El
hecho es que las invasiones continúan durante el año, en un contexto en que
oficialmente se anuncia que no se admitirían más. Ciertamente, el nivel de su
incidencia no es alto, peri aún esta mínima existencia es considerada por la
burguesía rural como signo desalentador del posible rumbo de la política
agraria gubernamental. A los ojos de los representantes políticos directos de
la burguesía, se demarca una probable vuelta atrás a los negros días del
Echeverrismo. Y es que no sólo son grupos y partidos disidentes de izquierda
los que hacen ó propician la toma de tierras. Incluso la actividad política de
los dirigentes de las diversas organizaciones miembros de la maquinaria
corporativa en el agro, es señalada como principal factor en la realización de
invasiones agrarias. Por ejemplo, el 24 de agosto 300 miembros de la UGDCM
invadieron predios de miembros de la CNC y pequeños propietarios en Sinaloa
(VIII/24). Tal acontece también en el caso del señalamiento, hecho por el
gobernador de Hidalgo, de que el secretario general del consejo agrarista
mexicano (CAM) –además diputado federal- es el principal auspiciador de 260
invasiones, ocurrida de enero a octubre, en la Huasteca Hidalguense (VIII/29).
Además, a mediados de julio, la CCI amenazaba con invadir 300,000 hectáreas del
estado de San Luis Potosí, que –desde el punto de vista de sus dirigentes en la
región- constituyen latifundios disfrazados (VII/13).
Hasta
septiembre, la respuesta gubernamental había consistido en relacionar las
invasiones con el régimen precedente. La versión oficial estriba en que, en la
administración de López Portillo, no se habían dado nuevas invasiones. Se
sostiene que las existentes son invasiones que ya estaban realizadas al inicio
del período presidencial de JLP, pero que aún así se las combate precisamente
para evitar la generalización de nuevas acciones similarmente ilegales. La SRA
fue muy clara al respecto: la SRA no cederá ante presiones de grupos que se posesionen ilegalmente de
predios agrícolas...Las invasiones campesinas que aún subsisten en el país se
están reprimiendo para evitar que se generen más...Es en los estados de
Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz e Hidalgo donde se están desalojando los predios
invadidos, y estas ocupaciones son herencias del pasado...(IX/14).
Pero
diferentes agrupaciones de lucha de la burguesía rural no comparten esta
perspectiva oficial. Los representantes de los empresarios agrícolas y
ganaderos sostienen que las invasiones continúan, por lo que no pueden tener
total confianza en el régimen. Afirman
que por inercia, y en mal entonados (VII/13) por el apoyo que tuvieron durante
el sexenio pasado, los líderes de agrupaciones formalmente miembros del pacto
de Ocampo, continúan invadiendo tierras. La confederación Nacional Ganadera,
por ejemplo, establece:
“en
lo que va del año, han ocurrido ocupaciones ilegales en los estados de Hidalgo,
Oaxaca, Durango y Veracruz, pero invasiones viejas existen prácticamente en
todo el país. Es necesaria la intervención de las autoridades competentes para
que frenen la actitud irresponsable de Serrano (CAM) y Martínez Uriarte
(UGDCM), quienes quedaron encarrerados
y continúan fomentando invasiones de tierras, (IX/27).
Consideramos
aquí que la versión de las diferentes fracciones de la burguesía rural es más
apegada a la realidad –en el sentido de que
continuaban existiendo invasiones de tierras- que la
oficial-gubernamental. Por una parte, inquietud, desempleo y deterioro de las
condiciones de vida de los trabajadores rurales se unen y condicionan el que
los líderes locales y regionales de las organizaciones políticas domesticadas
salten las trancas que a su acción le han impuesto los dirigentes nacionales de
las mismas. Las bases sociales de las organizaciones campesinas entran en un
proceso, de creciente intensidad, de rebasamiento de sus dirigentes. Actúan de
manera diferente a la que les está permitida por los controles estatales
establecidos.
Por
otra parte, los grupos campesinos radicalizados –no miembros del pacto de
Ocampo-, que pueden llegar a amenazar con invasiones en caso de no dar
satisfacción a sus necesidades agrarias, se muestran cada vez menos
manipulables. No son un blanco tan fácil, como antes, para el arma
(frecuentemente utilizada por los latifundistas de viejo y nuevo tipo)
consistente en, a la par de cederles los terrenos más improductivos que formen
parte de sus propiedades, lograr aumentos en el índice de agotadero de la
porción restante que permanece bajo su control. La frecuente práctica de este
mecanismo concreto, conforme al cual era común que el empresario rural se
deshiciera de sus tierras de más mala calidad, pero a la vez se aseguraba de la
legalización del incremento en la productividad pecuaria de las tierras restantes
(V/18), había puesto en sobre aviso a estas organizaciones radicales del
campesinado.
Desde
la perspectiva del capital, durante 1977 las inversiones de tierra continuarían
en tanto que el gobierno del estado mexicano no actualizara la utilización de
la represión para frenarlas directamente. Por esta razón, dado que esto no
sucedió, la burguesía rural siguió dando muestras de no confiar totalmente en
la política agraria del régimen presidencial de José López Portillo.
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4)
Aun la mínima afectación de tierras para fines agrarios,
genera desaliento de la burguesía.
Los
dirigentes del aparato burocrático ponen especial énfasis en dejar ver que no
están interesados en la afectación de la pequeña propiedad. Ello es así, en
virtud de que su política de afectaciones de tierra durante 1977 no está
normada en función de las necesidades agrarias globales, sino en función del
mantenimiento de niveles de legitimidad juzgados como adecuados.
Fue
grande el esfuerzo gubernamental para demostrar esto. Multitud de hechos
indican su presencia, pero aquí sólo se mencionarán algunos. Por principio de
cuentas, para ir eliminando expectativas sociales incontroladas, se difunde
masivamente lo que no es posible afectar. Concretamente, se informa que las
resoluciones agrarias negativas serían publicadas, para no seguir engañando a
los campesinos (IX/9). Además, el propio
presidente de la república
notifica (IX/1) que, con objeto de eliminar incertidumbres respecto a la
tenencia de la tierra, se afectará cuanto antes todo lo que sea afectable.
Asegura que, hasta el primero de septiembre, su administración había ejecutado
resoluciones por más de un millón de hectáreas, para beneficio de 7,800
familias. En este cuadro, hay que incluir la información proporcionada por el
secretario de la reforma agraria, en el sentido de que durante 1978 se
regularizarían 28 millones de hectáreas (IX/17).
Además,
aquí convendría no perder de vista el hecho de que el carácter mismo de las
afectaciones de fines del sexenio precedentes, tendrían a perder la relativa
radicalidad que tuvieron en sus momentos cumbre. Para mediados de octubre, los
dirigentes de la CCI, UGDCM, CNC, y CNPP, acordaron devolver a sus antiguos
dueños los bienes muebles en poder de los ejidatarios que ocupaban las tierras
expropiadas en Sonora en Noviembre de 1976. Además, en ocasión se anunció que
se trataría de detectar errores en el procedimiento de afectación, y
enmendarlos; ello se iniciaría mediante la realización de una depuración censar
para llenar las vacantes de los dos mil campesinos que no acudieron al reparto
de tierras y que habían entregado sus solicitudes. La selección de los
aspirantes a sustitutos se realizaría basada en criterios de capacidad agraria;
antigüedad de la solicitud; necesidad real de tener una parcela, etc.
Por
otro lado, las posibilidades de afectación legítima –a los ojos del capital- no
se habían agotado totalmente. En los proyectos de riego (de grandes proyectos
de riego), iniciados durante el sexenio de Echeverría, es que podrían también
repartirse tierras a ejidatarios. Por ejemplo, en el sistema de irrigación
Pujal-Coy, se entregaron 5,500 hectáreas, que beneficiaron a 560 ejidatarios de 10 centros de
población. En su primera fase, el proyecto contempla la irrigación de 72,000
hectáreas. Cuando esté totalmente terminado, el distrito de riego del Río
Pánuco – en que se incluirán, entre otros, el distrito de riego Pujal-Coy
(primera y segunda fases), chicayán y las Animas, aunado a numerosas unidades
de riego para el desarrollo rural- abarcará 600 mil hectáreas, todas ellas susceptibles
de satisfacer necesidades de reparto de tierra.
Por
otro lado, se generan altos niveles de seguridad en la burguesía agraria,
desprendida de la penuria económica gubernamental en materia de afectaciones
agrarias. Sus dirigentes perciben que mientras no tenga el gobierno los
recursos suficientes –en los casos extremos en que se vea políticamente
comprometido a dotar de tierra a determinados grupos sociales, cuando sus
posibilidades de dotación se hubiesen agotado
y solo le quedara como recurso la compra de terrenos a particulares
(V/16)-, la burocracia no podrá pagar
el precio comercial de la tierra. En concreto; en tanto que el gobierno
careciera de recursos para comprar tierras destinadas a satisfacer necesidades
agrarias, los empresarios rurales suponen que las posibilidades de que sus
propiedades resulten afectadas, son lejanas. Saben que difícilmente se
repartirán extensiones considerables de ellas, sin pago comercial de por medio.
Esto,
y mucho más esfuerzos gubernamentales, debieron bastar para generar altas dosis
de confianza de la burguesía en el régimen en turno. Sin embargo, ello no
parece haber sido así. Diferentes agrupaciones de empresarios rurales señalan
constantemente la posibilidad de que sus superficies sean afectadas –sin recibir
pago justo en cambio- por lo que demandan seguridad en la tenencia de la
tierra.
¿Por
qué esta desconfianza, de la burguesía en el gobierno? Básicamente, por la
presión de la izquierda, tanto de la que tímidamente existe al interior del
propio gobierno, como de la que claramente se siente en su ámbito externo. Se
encuentran presentes aquellas posiciones en cuya concepción lo afectable
realmente es mucho más de lo que sostiene el gobierno; presionan al estado para
efectuar una reforma agraria más radical. Estas pugnan por la afectación de las
aproximadamente 70 millones de hectáreas boscosas, agrícolas y ganaderas que
están en manos de unos 4,000 propietarios. Este tipo de posición intenta, en su
versión más radical, orillar al estado a afectar las tierras –en general- de
quien no las trabaja personalmente (III/13).
Por
esta potencial radicalización de la reforma agraria, la burguesía rural guarda
un permanente estado de recelo. Debido a ella, cuando las dependencias
gubernamentales involucradas tienen que realizar investigaciones agrarias en el
campo –más por presiones político-coyunturales, que por estar de acuerdo con
una efectiva planeación a mediano ó largo plazo- el capital recurre
invariablemente a argumentos en torno a la posible disminución de su confianza
(V/10). Expresión de esta actitud es la amenaza concreta de que, si seguían los
intentos de socialización en el campo, las inversiones se retractarían. A
mediados de octubre, por ejemplo, el vicepresidente de la COPARMEX decía:
“recientemente fueron afectadas ilegalmente 350 hectáreas en Ciudad Obregón,
Sonora, contra la política trazada por el presidente López Portillo...El
intento de socialización del campo –puesto en marcha durante el sexenio pasado-
a base de despojos y acciones ilegales, provocó la fuga de capitales...De
persistir esta situación, la economía nacional no se recuperará...Las
afectaciones ilegales provocarán desconfianza, inhibición del espíritu
empresarial, retracción de inversiones y en lo futuro, grave escasez de
alimentos (X/14).
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5)
La transmisión de la nueva imagen de la reforma agraria.
En
el pensamiento oficial, es a partir de la estabilidad política –que permitía
establecer una reforma administrativa, una reforma fiscal y una alianza para la
producción- que se recobraría la estabilidad de la economía del país. Tal y
como lo dijo JLP (X/11), éste es uno de los principales trasfondos de lo que se
quiso transmitir en el informe presidencial de 1977.
Durante
el año, el gobierno del presidente López Portillo lleva a cabo cambios
políticos, sin menoscabo de las leyes, para despertar un clima de confianza
entre los capitalistas, en general, y entre la burguesía rural, en particular.
Estos cambios implican, forzosamente el que con respecto al campo se dé la
difusión de una imagen diferente de la reforma agraria.
La
necesidad de efectuar esta
actualización de la imagen ideológica en torno al contenido y
orientación de la reforma agraria –al igual que respecto a los aspectos
jurídicos vinculados con ella- es muy clara para la maquinaria corporativa del
estado mexicano. El 28 de agosto, al tomar la protesta del nuevo comité
ejecutivo nacional de la CNC, su secretario
general pronunció un discurso en que se hizo perfectamente claro que la
imagen de la reforma agraria requería de cambios. El discurso señalaba los principales objetivos a lograr, muy
similares a los objetivos que hasta entonces habían sido manejados por
funcionarios gubernamentales: i) fin de la etapa de distribución de tierra; ii)
reestructurar ejidos, comunidades y nuevos centros de población ejidal, para constituir
en ellos empresas; iii) cambiar la
relación hombre/ tierra, por la de hombre/ empleo; iv) proteger la propiedad
privada en el campo; v) no aceptar invasiones; vi) posibilitar la asociación de
los campesinos con los demás sectores (capital); vii) manejar de manera
adecuada los mecanismos de persuasión requeridos para lograr todo lo anterior;
viii) incluir los derechos del campesinado en el texto constitucional, igual
que lo han hecho los obreros y los pequeños propietarios (VIII/29).
En
esta imagen de lo deseable, se parte del postulado de que la revolución no se
ha rezagado; son los hombres los que en
casos excepcionalmente graves han llegado a fallar (IX/19). Y, precisamente
para evitar que los hombres lleguen a fallar en la actualidad, se tiene que
lograr que la revolución cumpla su cometido de posibilitar que el campo tenga
una presencia que se preste a fundamentar ficciones económicas. Este argumento,
obviamente, hace a un lado el hecho de que la economía ficción es, en sí misma
una ficción.
Con
el anterior argumento de cualquier manera, se está en el centro de una nueva
modalidad en el manejo ideológico-estatal de la situación global de la economía
nacional. Conforme a ella, por ejemplo, si se autorizan aumentos en los precios
de productos populares, es con el
propósito de salir de la economía ficción (VIII/24). La realidad entonces
consiste en que los empresarios agropecuarios, los agro industriales y los
comerciantes modernos deben obtener las mismas ó más altas utilidades. Todo lo
que no sea esto, es ficción. Con este argumento, incluso, se llegó a afirmar
que el alza en los precios al consumidor de los artículos socialmente
necesarios son insuficientes. Tal aconteció en el caso del pan de trigo
(VIII/24): desde abril de este año se aumentó el precio de garantía del trigo,
pero el incremento no repercutió en el precio del pan. Significa que, durante
todos estos meses, se mantuvo un precio ficticio...
Para
evitar llegar en última instancia a las ficciones, en esta nueva imagen de la
reforma agraria se contemple el que las acciones que no se puedan ejecutar,
porque estén duplicadas ó porque no exista más tierra que repartir, se
canalicen hacia los nuevos centros de población, para redistribuir el mapa
demográfico del país (VII/27).
Además,
se tiende a definir la posición oficial de la SRA en el sentido de que no se
tiene conocimiento de la existencia de
latifundios (VII/19). Cuando más, se llega a la admisión de la
existencia de acaparamientos, pero niega la existencia legal de latifundios, pero
reconoce –aunque ello lo presenta, más como materia de investigación que como
hecho dado- que hay acaparamiento de tierras (VII/1).
Por
último, se pretende que esta ideología se nutra, en general, de lo más florido de la intelectualidad al
servicio del Estado. Por ejemplo, en un intento más por tratar de encontrar
nuevas salidas a la problemática rural, la SRA inauguró, el 9 de junio, una
serie de reuniones a las que asistieron investigadores de esta área, con el fin
de confrontar tesis diversas al respecto. El problema es que, aún aquí, no
estaban adecuadamente representadas las
corrientes más progresistas; la diversidad de opiniones se limitaba –en sus
extremos más progresistas- a los sectores tecnocráticos del propio estado
(VI/9).
Sin
embargo, no es cosa sencilla la construcción –ó modificación sustancial- de un
sistema ideológico de sólido raigambre en la población del campo mexicano. Al
inicio de su constitución se tuvieron
grandes lagunas. Hasta finales de septiembre, las acciones en materia de
política agraria emprendidas durante el período presidencial de LEA eran una
especie de válvula de escape a las carencias del nuevo sistema ideológico que
al respecto se construía. En nuestra opinión, es en este contexto que debe verse el encarcelamiento de Félix
Barra García (IX/27). Por tratarse precisamente de que el inculpado es un
exsecretario del régimen pasado, de la reforma agraria en particular, no se
puede menos que pensar que efectivamente se trata de un hecho jurídico, pero de
trasfondo político; jurídico en la forma, político-ideológico en el fondo. El
affaire Barra es la encarnación de una suerte de lucha selectiva contra la
corrupción; se selecciona a los inculpados, de acuerdo a su posición política,
del vasto universo de personalidades corruptas existente en el juego político
mexicano.
El
encarcelamiento de Barra García es una de las manifestaciones concretas del
nuevo rumbo impreso a la reforma agraria; no más ocupación, invasión ó
afectación de la tierra perteneciente a pequeños propietarios. A esta hipótesis
presta solidez el hecho de que la CNG, con motivo del asunto que aquí se
analiza, intentó presionar más, afirmando que en el sexenio pasado, el
secretario de la reforma agraria inculpado –acusado ahora de responsabilidad
oficial y ejecución de amenaza- propició desde su despacho invasiones agrarias,
apoyado por el secretario general de la CNC, del CAM y de la UGDCM. Se
sobreentiende que con esta posición, la CNG pretendía extender las acciones
judiciales a estos dos personajes, pues habían secundado la acción atentatoria
contra la sagrada pequeña propiedad en el medio rural (IX/27).
Pero
–desde el punto de vista gubernamental- todo régimen presidencial representa la
puesta en práctica de los postulados de la revolución a una coyuntura
específica. Por esta razón, el régimen de JLP no podía seguir estimulando
indefinidamente las críticas a la administración presidencial que le precedía.
A juzgar por algunos acontecimientos –publicación del hecho de que en el
sexenio anterior fueron más afectados los ejidatarios y comuneros que los
latifundistas, por ejemplo, así como las declaraciones de JLP en el sentido de
que era amigo personal de LEA, entre otros (X/2) –parecería que en octubre se
llega a un punto en que el régimen presidencial empieza a rectificar su
posición de solapar ó difundir directamente ataques a la política agraria del
régimen Echeverrista, sustituyéndola por una perspectiva más orientada a su
defensa. Presumiblemente, por debajo de esta modificación en la ideología
gubernamental, está el hecho –aunque no es el único factor condicionante- de
que el nuevo sistema ideológico había alcanzado, para entonces, un mayor grado
de refinamiento; ya podía responder por sí mismo a los cambios económicos y políticos, sin tener que recurrir
emergentemente al pasado como excusa. Se empieza a decir, por ejemplo, que
durante el régimen Echeverrista las afectaciones beneficiaron más a la pequeña propiedad que al ejido y
que, incluso, numerosos campesinos fueron privados de sus derechos agrarios.
En efecto –se afirma- durante el régimen anterior los comuneros y ejidatarios
fueron más afectados que los latifundistas. Se repartieron 4.2 millones de
hectáreas que favorecieron a pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, en
tanto que a los comuneros y ejidatarios
se les expropiaron alrededor de 600 mil hectáreas; de estas, 108 mil fueron a
favor de la secretaría de comunicaciones, recursos hidráulicos, PEMEX y
comisión reguladora de la tenencia de la tierra. Además –se dice- quedaron sin
ejecutarse resoluciones presidenciales, a favor de campesinos, sobre 17
millones de hectáreas, cantidad similar a la que entonces se encontraba abierta
al cultivo. Había en total 30 millones de hectáreas que ya estaban dotadas por
resolución presidencial, pero que no se
habían entregado; de éstas, sólo 13 millones fueron efectivamente cumplidas.
Pero, lo que es más, ahora se admite abiertamente que se privaron de derechos
agrarios a 238,552 campesinos, basándose en la excusa de que el 95% de los
mismos habían abandonado sus parcelas por más de dos años, rentaban la tierra
ejidal ó se negaban a participar en los trabajos colectivos del ejido durante
ese lapso (X/2).
Dicho
todo lo anterior, es necesario aclarar ahora que la difusión de la nueva imagen
ideológica de la reforma agraria tiene algunas dificultades. En primer lugar,
se le presentan obstáculos (que pudieran considerarse, tentativamente, como
técnicos) que se desprenden de la estructuración y composición de los medios de
comunicación masiva. Su monopolización por los grupos empresariales (60% de la
prensa está controlada por cuatro grupos: Televisa controla prácticamente todo
el sistema de televisión, exceptuando dos canales oficiales; 70% del sistema de
radio está controlado por 9 cadenas) hace posible que, en cualquier momento,
los mecanismos ideológicos que pretende emplear el gobierno puedan alejarse
bastante de los objetivos propuestos. Por tanto, al plegarse mucho más a la
posición de la gran burguesía rural, el resultado final de lo transmitido llega
a constituir una imagen bastante distorsionada de lo que debiera ser desde la
perspectiva gubernamental-actual.
Igualmente,
poco contribuye a fortalecer la efectividad de la nueva imagen ideológica, el
hecho de que, ante la petición de afectar latifundios reales, las autoridades
agrarias respondan con argumentos que se basan en que éstos, legalmente, son
inexistentes (V/6). El responder a hechos reales con argucias legaloides minan
considerablemente la eficacia del nuevo sistema con base en cual se intente
efectuar una mayor manipulación ideológica de las clases dominadas del campo.
También
hay otro aspecto a considerar, tomando en consideración que se intenta que la
nueva imagen de la reforma agraria se dirija fundamentalmente a facilitar el
que las masas rurales continúen política e ideológicamente sometidas a la
dirección gubernamental-burguesa. En tanto que con respecto al sector
agropecuario se habla de organizar la producción de ejidatarios, minifundistas
privados, comuneros y colonos mediante su asociación con el capital privado y
estatal –e incluso se empiezan a llevar a la práctica algunos programas y
planes- en el sector de la pesca (en donde el cooperativismo representa desde
hace mucho tiempo un símil de las empresas que ahora se pretende crear en el
campo) precisamente el equivalente a
esta forma de organización es económica y políticamente golpeada. Es golpeada
económicamente en lo que se refiere a financiamiento destinado al sector, ya
que se piensa y actúa en coinversiones
sector público-sector privado, reduciéndose significativamente la presencia del
sector cooperativo; políticamente, es golpeada en cuanto a que se reduce su
participación en la toma de decisiones concernientes al futuro de la pesca
(VII/26). Ello quita mucho del impacto real que pudiera tener la transmisión de
esta parte específica de la nueva imagen de la reforma agraria.
En
fin, a la nueva imagen ideológica de la reforma agraria le es enfrentado el
conocimiento científico –meramente académico y/ó producto de la praxis política
directa- de las organizaciones campesinas independientes de la maquinaria
corporativa del Estado, jugando un permanente papel de erosionador de su
efectividad. A este papel, se suma lo que parece ser una nueva toma de posición
–colocándose en un lugar menos conservador- de importantes sectores de la
iglesia católica (X/1); posición que llega a tomar la forma de denuncia
permanente en vez de disfraz continuo. Considérese como un ejemplo de esto, la
denuncia (X/6) proveniente de la iglesia, en el sentido de que 100 mil
indígenas de la Sierra Norte de Puebla son sometidos a una inocua explotación.
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6)
Obstáculos para el mantenimiento, dentro de límites soportables; de los niveles de vida
de la población rural.
Como
se indica en los capítulos II y IX, la crisis tiene como corolario un muy acentuado
proceso de deterioro de las condiciones de vida de las masas populares del
país. Algunos indicadores de este proceso son los siguientes; 20 millones de
personas en el medio rural no cuentan con programas de salud ni atención
médica; aumento de precios al consumidor, a nivel nacional, en 12.2% de enero a
junio; 200 a 1000% de aumento en los costos de alquiler de vivienda; 25% mínimo
de incremento en el costo de medicina; etc. (VII/6). Los observadores de los
acontecimientos nacional del momento tenían la certeza de que, con la crisis,
las condiciones de vida de los trabajadores se deteriorarían aún más. Por
ejemplo, las tarifas de carga de los
ferrocarriles aumentarían a fin de año en un 20% (IX/3); ello significaba que
automáticamente los precios de productos alimenticios se elevarían en todo el
país, prácticamente en esta misma proporción, a partir de la fecha mencionada.
Por otro lado, se auguraba un fuerte empeoramiento en las principales ciudades
del país. Aumentaba la presión para subir las tarifas de autobuses de pasajeros
en la ciudad de México; la Alianza de Camioneros del D.F. argumenta que si
otros sectores no colaboran en la reducción
de la inflación como lo hace ésta, exigirá un nuevo aumento en el costo
de los pasajes (X/4). Y, sobre todo a nivel nacional, está la perpetua negativa
real (aunque no verbal) de los comerciantes a bajar de precio los artículos
socialmente necesarios.
Ante
la situación del momento, y teniendo en frente claras perspectivas, el aparato
burocrático se ve forzado a tomar
medidas que pudieran mantener este deterioro dentro de límites
tolerables. Se ve compelido a hacerlo, entre otras causas, por la presión de la
propia maquinaria corporativa del estado. Recuérdese, por ejemplo, que
ante el anuncio de la secretaría de
comercio de que no podría comprometerse a congelar precios en una situación de
inflación, el movimiento obrero organizado forza a los dirigentes del aparato
burocrático, a asumir el compromiso formal de, antes de autorizar nuevas alzas,
consultar a los líderes del congreso del trabajo (X/6).
Los
dirigentes de la burocracia central están realmente preocupados por los efectos
incontrolados de la crisis en las condiciones de vida de las masas populares
del país. No lo están por magnanimidad, sino por las implicaciones políticas
que ello pudiera llegar a representar. Por ejemplo, esta preocupación se denota
claramente en lo que respecta al desempleo; con el afán de mantenerse informado
sobre la situación en este aspecto, incluso se organizó un seminario latinoamericano
sobre administración de programas de estadísticas del trabajo (X/4).
Pero
las medidas que se entablan, definitivamente no tienden a parar el proceso de
deterioro, sino simplemente a mantenerlo bajo control en la perspectiva de
hacerlo mínimamente tolerable. Pero aún esto resulta difícil. En primer lugar, por la multimencionada penuria
económica gubernamental. Por ejemplo, en torno a la demanda de aumento de
tarifas de pasajeros, de la Alianza de Camioneros del D.F., el departamento del
Distrito Federal estableció claramente que no municipalizaría el transporte
colectivo en la ciudad de México, puesto que resultaría muy oneroso el manejar
las 7,500 unidades en circulación, y que en esos momentos estaban controladas
por 24 sociedades anónimas, (X/13). En segundo lugar, por la ya explicada
imposibilidad para imponerse coercitivamente sobre las diferentes fracciones
del capital. Ante la actitud de los comerciantes, por ejemplo, de no bajar
precios en productos alimenticios básicos, el gobierno tiene que responder con la tibia arma de
transparencia de precios. Se suponía que –con base en la extrapolación de 50
artículos escolares-, ello estimularía la competencia y, por lo tanto. Se
obtendría una baja general en los precios. En tercer lugar, las medidas para
impedir el deterioro de las condiciones de vida de las masas populares se ven
obstaculizadas por la posición de las fracciones más poderosas de la burguesía,
que en ocasiones se oponen abiertamente a que el gobierno desperdicie sus
escasos recursos en menesteres considerados por ellas como de beneficencia
pública. Las fuerzas del capital reclaman acabar con la excesiva orientación de
beneficio social de la acción gubernamental (II/25). Algunos grupos
especialmente fuertes del capital se oponen a la existencia de medidas
tendientes incluso a paliar el
mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. En el caso del IMSS,
por ejemplo, la COPARMEX indica la necesidad de detener el proceso de afiliación
masivo-indiscriminada de trabajadores fundamentalmente del campo, a la
institución (VII/29). Y, al menos por lo indicado por laguna evidencia,
estas presiones resultan eficaces. JLP
afirma, el primero de septiembre, que no había crecido la población total
derecho habiente del régimen de seguridad social, en lo que iba del año (IX/1).
Entre
otras razones, por la existencia de estas tres grandes categorías de
limitaciones, las medidas que el aparato burocrático del estado mexicano toma
para controlar el deterioro de las condiciones de vida de las masas –rurales y
urbanas-, no podían ser menos que insuficientes. Cediendo a la presión del
extranjero con objeto de adoptar las medias convenientes para mantener el
deterioro de las condiciones de vida dentro de límites tolerables, y ante su
incapacidad de hacer que todos los sectores participaran equitativamente en el
proceso de salida a la crisis, el gobierno anuncia la posibilidad de conseguir
un préstamo del Banco Mundial, a fin de desalentar el índice de crecimiento
demográfico (X/29). De hecho, ante lo apremiante de la situación, el gobierno
federal había iniciado ya un proyecto de auténtico control natal, iniciando el
primer programa masivo en las 2.5 millones (??) de familias de miembros de la
CTM (VIII/12).
Esto
último es una buena ilustración de las reales dimensiones de las medidas
tomadas por el aparato burocrático para mejorar los niveles de vida de la
población –rural y urbana-, en la medida requerida para mantener vivas las
expectativas globales de mejoría. Estudios realizados por el propio gobierno
señalan claramente que, en general, el mayor aumento de los precios de
productos básicos se da precisamente en los lugares y regiones del país donde
los salarios son los más bajos (VIII/6). Esto significa que la inflación
golpeaba con mas fuerza a los minifundistas, asalariados, desocupados y
subempleados rurales. Comparado con este hecho, el seguro de vida del campesino
–por ejemplo- era irrisorio. Ello, con todo y que JLP autorizó del seguro de
vida del campesino, que abarcaba a un millón de trabajadores y productores
rurales; tenía un costo de 22 pesos anuales para el campesino, y operaba con un
subsidio federal de 100 pesos anuales, elevándose la cantidad total del seguro
de 7,500 a 10,000 pesos (X/11).
Por
otro lado, -si se toma en consideración la cantidad de recursos destinados a
este respecto, y la forma de organización de las medidas gubernamentales
tomadas al efecto- es claro que ni siquiera el mantenimiento del deterioro de
las condiciones de vida del campesinado en condiciones relativamente
soportables era posible. Por ejemplo, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y
Grupos Marginales (COPLAMAR), no tenía ni recursos propios ni organización
autónoma. Estaba prácticamente sujeta a las dádivas presupuestarias y a
personal comisionado a él, provenientes de las 13 secretarías y departamentos
de estado que hacían posible que, para
el quinquenio 1977-1982, el gobierno salvara (como parecía pretenderlo
formalmente), del muy acelerado deterioro, a los 18 millones de marginados de
las áreas rurales. Era imposible, sobre todo si se considera que estos
marginados representaban en esos momentos alrededor del 50% de la población
rural total, y se sabía que para el año 2000, llegarían a 24 millones; que
tenían salarios menores al mínimo, aún cuando sólo realizaban actividad
remunerada tres meses del año; que carecían de servicios médicos; que el 25%
era analfabeta; que sólo el 55% de los niños de 6 a 14 años tenían acceso a la
enseñanza primaria; que el promedio de consumo alimentario era inferior a 2,000
calorías y 54 gramos de proteína diaria. Por esto se entiende, precisamente,
que dos años consecutivos de cosechas perdidas, habían llevado a una situación
de práctica hambruna a 100 mil habitantes de 93 poblados de la región Chontal y
Zapoteca de Oaxaca (X/6), y que las medidas gubernamentales contrarrestantes,
en este caso específico, eran punto menos que ineficaces.
Claro
que esta tibieza de las medidas gubernamentales para mantener controlado al
deterioro de las condiciones de vida en el agro, repercutía a fin de cuentas
contra sus propios planes globales. En concreto, mientras esta situación
persistiera, las grandes masas rurales no se arraigarían a sus lugares de origen y, cada vez más, invadirían las
grandes urbes del país, haciéndolas cada vez más inhabitables para las
sofisticadas clases y sectores medios
(X/13). En la medida en que todo lo anterior ocurriese, la burguesía no estaría
totalmente satisfecha con el manejo gubernamental de las medidas de control del
agravamiento de los niveles de vida rurales.
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7)
La actualización
de los cuerpos represivos.
Dentro
de la compleja interpretación gubernamental de la vigente situación del país,
se incluye la convicción de que se desataría la violencia si no eran
satisfechas mínimamente las demandas de las mayorías nacionales (II/26). De una
u otra forma, se esperaba una fuerte agudización de las contradicciones
sociales que inclusive podrían conducir, en el mediano plazo, al surgimiento de
violencia armada revolucionaria. Por ello, el estado se prepara para
enfrentarse cruda y abiertamente a esta posibilidad; se prepara para el empleo
generalizado de la fuerza físico-militar.
Este
recurso a la violencia encaja perfectamente dentro de los planes
gubernamentales de salida a la crisis, de la fracción hegemónica de la
burocracia. Como ya se ha mencionado antes, éstos parten explícitamente de la
discutible suposición de que aún queda la estabilidad política y de que sobre
ella seguimos actuando y construyendo el país conforme a los valores y
principios que nos unen (IX/1). En la perspectiva del responsable del ejecutivo
federal, la estabilidad política permite durante 1977 la continuación del
arbitraje estatal de la lucha de clases, aún en la imperante época de crisis:
“Una
de las características de la perdida estabilidad (monetaria y de precios), fue
el oportuno arreglo de las huelgas antes de que estallaran. Ahora muchas se
plantearon y estallaron. Las condiciones actuales del país lo explican. Todas
han sido atendidas y resueltas. Hemos desahogado asimismo las situaciones de
hecho que, por disidencias gremiales ó políticas, frecuentemente asociadas a
insuficiencias legales, se han presentado casi siempre contra entidades
estatales y sus servicios. Iniciaremos las adecuaciones a las leyes
pertinentes; pero seremos firmes ante los hechos antijurídicos (IX/1).
Sin
embargo, como se desprende de la anterior cita, se reconoce simultáneamente que
en caso de que la crisis económica condicionara la existencia de luchas y
conflictos que pudiesen diluir el límite, preestablecido por el propio estado
(III/17), entre la acción política y la subversión violenta, el estado se vería
obligado a recurrir a la represión. El presidente tiene una muy personal
interpretación de la violencia y sus orígenes:
“Se
que aquí (en España) también se sufre por lo que yo llamo la pasión por la
impotencia, la estéril pasión que se expresa en la violencia sin destino que
ejercen los apóstoles de la nada y contra todo. Allá (en México), como aquí, se
apasionan por la importancia, explotan por nada y para nada. Mantenernos firmes
en el rumbo, claros en los propósitos, es y debe ser nuestra obligación, la
expresión de nuestra superior vocación política (X/9).
Según
él, la violencia es una impotente forma de lucha que puede, sin embargo, llegar
a hacer tambalear único fundamento que existe para salir de la crisis; la
estabilidad política. Es con base en este argumento, por tanto, que se explica
el por qué se afirma que, llegado el caso, habría que estar preparados para
combatir la violencia social, con la violencia represiva del Estado.
Este
preparación del estado se dirige hacia la modernización de los cuerpos
militares y paramilitares. Es bajo esta perspectiva que hay que tomar –por
ejemplo- el hecho de que, contando con el apoyo del pentágono estadounidense,
82 militares mexicanos inician durante el año un curso de 200 mil dólares en
materia de contrainsurgencia, guerra sicológica e inteligencia (V/19). También
aquí deben ubicarse acontecimientos tales como la creación del Colegio de
Policía del D.F., físicamente ubicado en lo que fueron las instalaciones de la
Universidad Latinoamericana (IX/10). Pero la actitud previsora del Estado
también incluye la creación de cuerpos especiales y secretos antiguerrilleros,
que despliegan su acción contra el conjunto de fuerzas de izquierda –independientemente
de que fundamentalmente actúen en la clandestinidad ó en la legalidad-, bajo el
pretexto de que todo grupo ó partido político no oficial ó no
institucionalizable, es potencialmente subversivo (III/15).
Sin
embargo, por razones de legitimidad, esta preparación y robustecimiento del
aparato represivo no puede entrar –en la perspectiva gubernamental- en
contradicción con la reforma política. Por esta razón, a la vez que se
fortalece el ejército y las diferentes corporaciones policíacas –secretas ó
no-, se da una hábil maniobra dirigida hacia el desistimiento de ejercer acción
penal contra detenidos políticos. Se da, pues, un doble juego: una cada vez más
fuerte y eficiente represión, combinándola con un intento del Estado, que
presenta su acción como contemplativa ante los hechos políticos subversivos
efectuados con anterioridad al régimen en turno.
La
perspectiva gubernamental respecto a este asunto de la represión es
suficientemente conocida y apoyada por la burguesía en su conjunto. Independientemente
de que fuera ó no manejado como un explícito ó implícito objetivo
gubernamental, el hecho es que la potencialidad del surgimiento de violencia
social fungió como aglutinador importante de la clase del capital.
El
deseo de estar preparados ante esta eventualidad se convierte en un común
denominador de los diferentes grupos, sectores y fracciones de la burguesía que
componen el bloque en el poder. Hacen a un lado sus contradicciones internas en
el punto referido al fortalecimiento de la capacidad represiva del estado para
enfrentarse eficazmente, en su momento, a la violencia espontánea ó
revolucionaria.
Por
esta razón, entre las acciones que más contribuyen a generar altos niveles de
confianza burguesa, se encuentra la organización estatal de un poderoso cuerpo
represivo. Al igual que las demás fracciones, la burguesía rural confía más en
el gobierno del estado mexicano, en la medida en que éste se allegue un fuerte
aparato represivo, presto para dirimir a su favor los conflictos cuya solución
–sin la presencia de la fuerza estatal armada- no se inclinaría abiertamente
hacia los intereses del capital. De las diferentes funciones superestructurales
–políticas, jurídicas e ideológicas- del estado, encaminados a evitar el
desaliento de la burguesía rural (en particular), quizá la que más llena su
cometido es la de modernizar y hacer más expedita la utilización de las
diferentes corporaciones represivas que actúan en el agro mexicano.
Pero
el recurso a la represión, potencial y real, tiene otro lado. La legitimidad
que ello propicia en la burguesía, se traduce en ilegitimidad a los ojos de las
clases explotadas del país. El fortalecimiento del aparato represivo es un
hecho que contribuya a desenmascarar la ideología estatal en torno a este
asunto. En este sentido es que a mediano plazo desembocarían las acciones
encaminadas a dotar de armamento moderno a las diferentes corporaciones
policíacas, el aumento de personal en activo, la apertura de universidades
militares y de ciencias policiales, el
aumento de los salarios de sus
miembros, etc (V/19). La amenaza –ó el efectivo uso- de una más eficiente
represión, hace que día a día sean más débiles los argumentos que establecen
que en México no existen corporaciones secretas ni policía represiva y que
establecen que todos los cuerpos
armados del estado son apolíticos, constitucionales y respetuosos de la
ley y de la sociedad (III/27). Esto es especialmente cierto, sobre todo cuando
se conoce la existencia de 94 corporaciones policíacas atípicas y anticonstitucionales, y cuando un
director general del CEPES del PRI (en el D.F.) llegó a afirmar que es
necesaria la persistencia de una policía política, pues se necesita conocer lo
lícito ó ilícito de partidos y grupos (IV/4). La existencia, modernizada y
fortalecida, de las corporaciones represivas, es el más serio dique contra la
generalización de la imagen de benefactor que diversos medios de comunicación
colectiva, propagan respecto a las
fuerzas militares y paramilitares (III/29). Y ello es, precisamente, lo que
hace que cada vez sean socialmente menos creíbles las afirmaciones de las
autoridades represivas en el sentido de que casi todo acto de violencia es
auspiciado por cuerpos armados de la izquierda políticamente organizada
(IV/21). En este sentido, puede afirmarse que se da la progresiva pérdida de la
eficiencia ideológica de las partes oficiales, en el sentido de que dirigentes
obreros y campesinos son muertos debido a pugnas entre fuerzas de izquierda
(IV/16).
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8)
A manera
de síntesis:
El
aparato burocrático se enfrenta a algunos hechos que dificultan la realización
eficaz de la función superestructural, demandada para la implantación de su
esquema de desarrollo del agro. Aún cuando realmente intenta adecuar
abiertamente el derecho agrario a las necesidades de la burguesía rural, los
dirigentes de ésta no se encuentran
totalmente satisfechos. La adecuación jurídica se da en un proceso global de
reforma política, donde la oposición no domesticada tiende a convertirse en un
sostén institucional del estado, estableciéndose potencialmente un traspaso del
umbral de acción jurídica moderada del aparato burocrático.
A
los ojos de la burguesía rural, esta posibilidad de radicalización es
alimentada, además, por los cambios que ocurren al interior del poder
legislativo, que podrían minar las bases de la actuación controlada de los
diputados. Por lo tanto, la posibilidad de que se hagan presentes elementos
desfavorables en el proceso de revisión de las 18 leyes relacionadas con el agro,
hace que la confianza burguesa no alcance los niveles pretendidos por el
gobierno.
A
diferencia de la inseguridad en cuanto a que las modificaciones jurídicas
generales no sean del contenido proclamado por el gobierno, la burguesía rural
tiene, por lo pronto, la certeza de que con los mecanismos concretos propuestos
por el aparato burocrático –los tribunales agrarios- para resolver los
conflictos en el agro, éstos se inclinarán a su favor. Sin embargo, aún cuando
puedan llegar a controlar los tribunales agrarios a nivel regional, sus
dirigentes directos preveen la generación de contradicciones –que difícilmente
se resolverán a su favor- con las instancias nacionales del Estado. Por ello,
el proyecto de poner en marcha los tribunales agrarios empieza a aumentar el
desaliento burgués, ante la perspectiva de que éstos empezaran a funcionar al
año siguiente.
Por
otra parte, y contrario a los objetivos gubernamentales, las invasiones
agrarias –aunque a ritmo menor que en el sexenio precedente- continuaban realizándose.
Como el gobierno no toma represalias efectivas contra los dirigentes de las
organizaciones del pacto de Ocampo –e independientes de él- que persisten en la
toma directa de tierra, como las bases sociales continúan rebasando a sus
líderes, como el campesinado ya no acepta ser engañado con las argucias otrora
eficaces que impedían las invasiones, y como la represión física es utilizada
en dosis juzgadas como insuficientes, la burguesía rural no muestra –pese a los
esfuerzos del gobierno- la confianza esperada.
La
burocracia se empeña en asegurar que eliminará la inseguridad en la tenencia de
la tierra, en esclarecer el que las afectaciones a pequeñas propiedades serán
mínimas, en hacer perder la radicalidad de las afectaciones efectuadas a
finales del sexenio anterior, y en hacer uso sólo de afectaciones consideradas
como legítimas por la burguesía. Pero esto no basta para los fines de
generación de confianza, pues desde la perspectiva burguesa siempre existe la
posibilidad de radicalizar la reforma agraria, básicamente debido a la
presencia de la izquierda, que contempla que lo que se puede afectar es mucho
más de lo que sostiene formalmente el gobierno.
La
puesta al día del contenido de la imagen de la reforma agraria, así como su
difusión ideológica, es una tarea empeñosamente emprendida por el aparato
burocrático. Sus dirigentes tienen relativo éxito en ello. Un indicador de ello
estriba en que, al menos en cuanto a los que dictan las apariencias, la nueva
imagen ya no necesita recurrir a los errores cometidos durante el régimen
Echeverrista en materia rural, sino que su propia coherencia interna permite
satisfacer este requerimiento ideológico. Pero los argumentos legaloides, el
monopolio de los medios masivos de comunicación por parte del capital privado,
los golpes atestados al cooperativismo pesquero (a pesar de ser una forma de
organización similar a la formalmente perseguida, en la nueva imagen de la
reforma agraria), el progresivo conocimiento científico-social del agro, y el
traslado a una ubicación progresista de fuerzas sociales tradicionalmente
reaccionarias en el campo...son factores que restan grandes porciones de
eficiencia ideológica a la nueva imagen de la reforma agraria. Crean
desconfianza en la burguesía rural, y juegan un papel desmitificador a la luz
de las masas rurales del agro.
Aunado
a lo anterior, el gobierno tiene cada vez más dificultades para mantener el
proceso de deterioro de las condiciones de vida de la población rural
–agudizado por la crisis-, incluso en niveles mínimamente soportables. Esto se
da en el conjunto de la sociedad nacional, pero es especialmente fuerte en el
campo. Mientras se ve presionado para tomar medidas en este sentido por la
propia maquinaria corporativa del estado y por algunas corrientes insertas en
el propio aparato burocrático, se enfrenta a algunos obstáculos; la penuria
económica gubernamental, la ausencia de mecanismos coercitivos que pudieran
efectivamente normar la actuación del capital, y las presiones que consideran
al gasto social como un inútil dispendio gubernamental. Ello se traduce en la
insuficiencia de las medidas gubernamentales tomadas para evitar la aceleración
del proceso de agravamiento de los niveles de vida y malestar de los
trabajadores, productores minifundistas, desempleados y subempleados del agro.
Pero esta insuficiencia, aunque parcialmente auspiciada por la propia base
dominante, genera a la vez desconfianza de la burguesía rural en la capacidad
gubernamental para mantener mínimos niveles de legitimidad popular.
De
esta manera, el aparato burocrático del estado mexicano tiene crecientes
problemas para generar altos niveles de confianza en la burguesía rural: no lo
parece lograr, ni con la adecuación jurídica, ni con sus intentos de sentar las
bases para la institucionalización de conflictos sociales en el campo, ni con
la política de minimizar afectaciones e invasiones agrarias, ni con la
transmisión de la nueva imagen ideológica de la reforma agraria. Por tanto,
tiene que recurrir a la actualización de los cuerpos represivos. La intensiva
utilización de la organización físico-militar del Estado mexicano se perfila,
así como, el aspecto que más confianza burguesa contribuye a lograr.
Tercera parte: perspectivas en cuanto al cumplimiento de las funciones, demandas de la burguesía, para la efectiva realización del esquema estatal de descampesinización del agro.
En
la segunda parte de este documento, se han visto los problemas que el aparato
burocrático tiene en cuanto a desarrollar eficazmente las actividades
económicas y superestructurales que requiere el cumplimiento del esquema de
descampesinización y proletarización definitiva que el Estado en su totalidad
confecciona con respecto al agro. Se vio ahí que la fracción hegemónica de la
burocracia pública tiene serias dificultades para constituirse en el real
director del proceso de salida a la crisis en general –y de la agricultura y
ganadería, en particular- y que se enfrenta a problemas nada despreciables en
lo que se refiere a la consecución de la meta
de hacer volver la seguridad a las fracciones de la clase del capital
que tienen intereses concretos ubicados en el sector agropecuario del país.
Sin
embargo, existen múltiples instancias involucradas en el intento de responder a
la interrogante relacionada con la factibilidad de que la descampesinización en
el agro sea un hecho consumado durante 1977; el aparato burocrático es sólo una
de las varias instancias relevantes. Es necesario, además, percibir si la
burguesía en su conjunto está en posición de cumplir con su porción de los
requerimientos. Por ello, en esta tercera parte se analiza el verdadero papel
desempeñado por la burguesía. Es decir, se pretende sopesar el distanciamiento
ó la cercanía de su actuación efectiva, en comparación con la que el estado le
ha delineado.
Concretamente;
en el capítulo sexto se pretende percibir si la burguesía cumple con el papel
fundamental de inversora en actividades
agrícolas, ganaderas ó de procesamiento industrial de productos agropecuarios; en el capítulo séptimo, a su
vez se han querido presentar algunos hechos que parecen señalar que para los
capitalistas –rurales ó no- resultaba cada vez más difícil el no perder de
vista que el gobierno y la maquinaria corporativa del estado no son sus
enemigos, sino sus aliados.
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