Capítulo VII: la no realización de las funciones superestructurales demandadas de la burguesía rural; desde su óptica, al gobierno y a la maquinaria corporativa hay que mantenerlos vigilados
Un
elemento del libro: El Estado en
el agro mexicano en el contexto de
crisis: 1977, del Dr.
Xavier Gamboa Villafranca
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En el
capítulo anterior se ha visto que el comportamiento económico real de la
burguesía, durante 1977, se aleja considerablemente de -e incluso contradice a-
el que debiera tener de acuerdo a los designios estatales para establecer el
esquema de descampesinización del agro mexicano. Las fracciones rurales de la
burguesía, en efecto, no invierten, no substituyen al ejido y al minifundio
privado. no produce más bienes agrícolas y ganaderos, no generan más empleos
tienen problemas para mantener sus tasas de utilidad, se muestran incapaces para
hacer desaparecer al intermediario comercial -atrasado- y tampoco logran que se
transfiera recursos de otros sectores al agro.
Pero
la proletarización definitiva a la que el Estado como conjunto emplaza
claramente, a la población rural durante este año, requerirá otra cosa de la
burguesía. Además de un cierto comportamiento económico requerirá una
determinada postura política. Esta última, básicamente, debería circunscribirse
en torno al hecho de que el aparato burocrático y la maquinaria corporativa no
son enemigos reales del capital privado sino, a fin de cuentas instancias
-amigas- del propio Estado, con las cuales ocasionalmente se puede llegar a
tener conflictos no esenciales.
Sin
embargo, parece ser que tampoco cumple la burguesía rural con este otro
requerimiento. Se tienen a la mano elementos suficientes como para afirmar con
relativo fundamento que ésta tiene un comportamiento con respecto al
Gobierno que más bien parecería desprenderse de una concepción del-aparato
burocrático, si bien no como enemigo antagónico, si como blanco constante de
sus hostilidades más ó menos abiertas. Debido a que no interpreta
"correctamente” los determinantes -y el contenido- de la actuación de los
aparatos económicos, políticos e ideológicos de poder en el agro, no solo no
acepta el más leve daño a sus intereses inmediatos, sino que a menudo se opone
a ellos, obligando al aparato burocrático a actuar a niveles muy cercanos a los
de total pérdida de legitimidad popular. Se han elaborado al respecto tres
tesis, mismas que en este capítulo se fundamentan.
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Primera
Tesis:
La
burguesía no acepta que en el medio rural se dañen sus intereses inmediatos, ni
aun cuando esto suceda como una respuesta política a la radicalidad alcanzada
en la lucha de clases.
a)
La lucha de la burguesía como clase:
A
nivel formal, la burguesía como conjunto acepta la conducción gubernamental de
la macroeconomía. Inclina formalmente la cabeza y acepta en cierto sentido un
relativo daño a sus intereses inmediatos. Esta aparente docilidad quedaría
ejemplificada por el hecho mismo de que las fracciones más poderosas del
capital participan en la Alianza para la Producción. Esta, como se sabe, surgió
a principios de diciembre de 1976, cuando 140 empresarios anuncian a JLP su
disposición de invertir 100 mil millones de pesos (crear 300 mil empleos)
durante 1977, y se firman al respecto 10 convenios con el Gobierno Federal. Los
representantes de los empresarios y los dirigentes del Congreso del Trabajo
conciertan acciones en las 10 ramas industriales más importantes. Entre estas
acciones, -orquestadas- por el aparato burocrático, resalta el compromiso
conforme al cual los empresarios fabricarían productos básicos a bajo precio.
A
nivel real, sin embargo, la burguesía no está dispuesta a aceptar que esta
conducción gubernamental dañe sus intereses inmediatos. Su actuación durante
1977 maestra claramente que no permitirá que se repita lo que sucedió en los
inicios del régimen de Luis Echeverría. Ciertamente, existen algunas semejanzas
-aunque en contextos may diferentes- entre la situación de crisis de 1971 y la
de 1977(III/15). Pero, en el año que aquí se estudia, el capital denota una y
otra vez que no está dispuesto a debilitar -aún en mínimo grado- su posición
económica; no va a admitir trabas para su expansión, así sea en aras de la
legitimidad global del estado mexicano.
La
burguesía, como clase, presiona realmente para evitar todo lo que pueda
debilitarla. Es decir, evita toda medida destinada a hacer posible que los
trabajadores se deshagan de una parte del peso que el Estado, en el afán de
salir de la crisis sin molestar significativamente a los capitalistas, ha
echado sólo sobre sus hombros y para
evitar estas medidas, entra en contradicción con la instancia que sea: aún con
el propio aparato burocrático -con la autoridad-, cuando por necesidades
político-ideológicas éste da muestras de coadyuvar a liberar parcialmente de su
carga a los trabajadores. Esto entre otras cosas, permite arrojarlas sobre el
carácter fundamental que abarcan los conflictos de poder durante el proceso de
administración estatal de la crisis durante 1977.
En
primer lugar, no se trata de una “crisis de autoridad”: en todo caso, son
conflictos de autoridad. Hay indicios de que los conflictos más graves en torno
al ejercicio de la autoridad no son del gobierno respecto al pueblo. No
consisten en la pérdida de la capacidad gubernamental para hacerse obedecer por
parte de los sectores explotados de la población; su relativa aceptación -por
acción u omisión- de la forma en que se plantea la salida de la crisis, así lo
demuestra. Parecería por el contrario que los conflictos fundamentales se
manifiestan, sobre todo, en la disminución -real y potencial- de la posibilidad
de
que
los designios gubernamentales encuentren una pronta obediencia por parte de los
diferentes grupos, sectores y fracciones de la burguesía.
Correlativamente,
la burguesía aumenta su capacidad para actuar a todo nivel -económico, político
e ideológico- contra aquellas medidas tomadas por el Gobierno ó propuestas por
la maquinaria corporativa que puedan en alguna medida, minar en funcionamiento.
El 30 de octubre, el Presidente del Comité de Uniones de Crédito, de la
Asociación de Banqueros de México, afirmaba que movimientos empresariales como
el de Nuevo León no sólo alteraban el orden político, sino también el
económico, en perjuicio de todos los “sectores”. Esta afirmación es muy
significativa, porque deja entrever que la burguesía actúa por lo menos en tres
diferentes frentes, cuando se trata de luchar por la defensa de sus intereses.
A nivel económico: a)lucha contra medidas redistributivas: b)utiliza, para su fortalecimiento, incluso las medidas gubernamentales tendientes a controlar en expansión; c)ejerce presión para obtener alimentos de precios; d)mantiene bajos los salarios; e)desradicaliza las demandas del movimiento -organizado- de los trabajadores, mediadas ó no por la intervención del aparato burocrático; f)toma medidas diversas para continuar beneficiándose con la inflación, lo que implica que el gran capital sale victorioso del enfrentamiento global con el pequeño y mediano capital. Las medidas políticas tomadas, para evitar el daño a sus intereses son, entre otras, las siguientes: a)aumenta en general, en capacidad de negociación política; b)efectúa campañas a favor ó en contra de determinadas posiciones al interior del aparato burocrático; c)incorpora, subordinándolas, a otras fuerzas sociales, utilizándolas como apoyo a su posición; d)se alía con otras fuerzas sociales, para apoyar aún más su postura. Sin pretender ser exhaustivo, la lucha ideológica emprendida por la burguesía para evitar daños en sus intereses, incluye; a)las presiones para que, mediante diversos medios, se presente un panorama optimista no coincidente con la realidad; b)la inclusión, en la ideología, de la aclaración de que el empresario sólo invierte si tiene utilidades, de lo contrario cerrará las fuentes de trabajo que maneja; c)la difusión de la imagen de que el capitalista no es culpable de la crisis, sino que es sólo una víctima más de ella. Veamos cada uno de estos puntos con mayor detalle.
a)La lucha económica:
Los requerimientos que implica la administración de la crisis durante 1977, obligan al aparato burocrático del estado mexicano a formular algunas medidas que tienen un cierto carácter redistributivo. Esto se ve de alguna manera en la forma en que –el 9 de noviembre, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados- el Secretario de Comercio afirma que se buscaba manejar el conjunto de instrumentos destinados a la protección del consumidor:
“La solución para el manejo de todo este conjunto de instrumentos, a veces contradictorios, está en buscar primer la protección de los más débiles, y luego, el concilio de las fuerzas en conflicto que pretendería ó desearían ventajas parciales. En la protección de los más débiles y en equilibrio, habrá que encontrar la respuesta. Sin admitir presiones de grandes grupos de interés, ni ceder a expresiones populistas, ya que en el fondo ambas van contra el verdadero interés popular”.
La secretaría de comercio, afirmaba su titular en esa ocasión, tenía entre sus objetivos fundamentales el proteger al consumidor, asegurando a toda la población el abasto de los bienes y servicios socialmente necesarios a precios accesibles. Sin embargo, en el anterior capítulo se ha visto ya cómo en la realidad el aparato burocrático se muestra incapaz de abatir significativamente la inflación y para asegurar el suministro de bienes socialmente necesarios, en el transcurso del año que aquí se estudia.
El 11 de noviembre el presidente de la república daba por supuesto que existía afinidad de tesis entre iniciativa privada y el gobierno; no obstante, remarcaba que aún faltaba ponerse a trabajar en la solución conjunta de los problemas. Y es por ello que el año 77 es rico en ilustraciones de cómo la burguesía, a la hora de iniciarse la implantación de algunos de los planes y proyectos conjuntos, que la lucha de la burguesía contra el más mínimo daño a sus intereses se manifiesta más claramente.
Por ejemplo, la lucha contra la reforma fiscal progresiva –contra el pago de impuestos por parte del capital- tiene su máxima expresión en la posibilidad de que la parte afectable decrete paros, como el ocurrido en Cuautla; 20,000 comerciantes de la localidad protestaban así, a mediados de julio, contra la presencia de 300 auditores (VII/20). También la lucha económica de la burguesía en su conjunto para evitar pagar impuestos adopta una forma para la derogación de múltiples impuestos. Por ejemplo, con respecto a la petición de derogar el impuesto sobre utilidades excedentes, uno de los principales asesores de la Concanaco informaba, el 29 de noviembre:
“La Concanaco pidió ya al gobierno federal la derogación del citado impuesto, y si bien es cierto que no ha habido una respuesta afirmativa, creemos que se tomará en cuenta nuestra opinión...(ya) que el comerciante espera que en este año el paquete fiscal de reformas presentado al Congreso sea sustancial y no contenga el establecimiento del impuesto al valor agregado”.
Si ocurría la amenaza de paro y la presión de todo tipo durante 1977, resultaba fácil imaginarse lo que ocurriría durante 1978, cuando –según anuncios de la SHCP- se harían 40,000 auditorías, se revisarían declaraciones y se procedería a realizar efectivos exámenes de los libros de los causantes (X/31).
De igual manera, es ilustrativo el ya mencionado intento redistributivo del aparato burocrático, -con lo que, simultáneamente pretende abatir costos y generar empleos- consistente en la eliminación del sistema de contratistas para la construcción de las obras gubernamentales, y en sustitución por el sistema de administración directa. Si esta idea hubiera proseguido, ello no podría haber significado otra que el retiro del apoyo que hasta entonces la burocracia había tenido, de la fracción de la burguesía que crecía a la sombra del Estado. En este mismo sentido de lucha contra las iniciativas redistributivas de la burocracia central, es que debe considerarse la posición del vicepresidente de la Concanaco, cuando afirma –el 10 de noviembre- que se debía impedir el aumento en los precios, pero sin lesionar a la libre empresa, que era lo fundamental.
Pero la lucha económica de ninguna manera se agota con la lucha contra las medidas redistributivas formuladas por el aparato burocrático. En ocasiones, la burguesía acepta estas medidas redistributivas, se nutre de ellas y las convierte en mecanismos que conducen a objetivos totalmente contradictorios a los que formalmente sirvieron de fundamento para su formulación. Esto es claro en el caso de la burguesía comercial. Durante el año que aquí se analiza, fue insistentemente señalada la necesidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor ampliara sus atribuciones legales, para tener funciones ejecutivas plenas. El 22 de septiembre, el procurador de defensa del consumidor, afirmaba:
“Hace tiempo que insistimos en ampliar nuestras facultades; la procuraduría ha funcionado bien, pero no es suficiente; necesitamos funciones ejecutivas plenas, de poco sirve a los quejosos que establezcamos la responsabilidad de tal ó cual comerciante abusivo, si no tenemos los instrumentos legales para ejecutar nuestros dictámenes...Hay miles de asuntos resueltos a favor de los consumidores, pero hace falta reforzar nuestras atribuciones para que los dictámenes tengan algo más que carácter declaratorio, lo que se logrará con el establecimiento de tribunales. Así estaremos verdaderamente en condiciones de servir con éxito a los consumidores, ó sea, los ciudadanos en general”.
El hecho es que la ampliación de sus atribuciones legales –a lo que sí se hubieran opuesto los comerciantes- no se efectúa durante 1977. A lo más radical que se llega en esta materia, es al establecimiento del mecanismo de transparencia de precios que consiste en la difusión –en prensa y otros medios de comunicación masiva- de los precios, en diferentes grandes comercios y mercados, para un mismo artículo. Oficialmente esta campaña, emprendida concretamente por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, estaba destinada a lograr concretamente por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, estaba destinada a lograr una mayor competencia en el comercio. Sin embargo, realmente propició –al organizarse los grandes consorcios comerciales- el fortalecimiento de la estructura monopólica del comercio y, consecuentemente, el reforzamiento de los altores precios (X/11).
De esta manera, oponiéndose a las medidas redistributivas, ó aprovechándolas para beneficiarse aún más, la burguesía entabla una lucha contra el gobierno y contra la maquinaria corporativa, para evitar el más mínimo daño a sus intereses. Y todo parece indicar que constituye el término que sale favorecido, a todo nivel, de esta lucha. Presiona eficazmente contra el sistema de control gubernamental que de alguna manera dificultaba el alza de precios; para mediados de septiembre, la secretaría de comercio mantenía precios oficiales de sólo 800 artículos (IX/14) y a través del sistema costos-precios, mantenía un muy relativo control sobre cerca de 20,000 artículos. A la vez, existían 200 solicitudes presentadas en la secretaría de comercio para aumento de precios lo que indicaba que, más temprano que tarde, esta dependencia los autorizaría (IX/13). También resulta la burguesía vencedora en materia de salarios; logra mantenerlos bajos, no sólo durante el año, sino con posibles extrapolaciones también para 1978, ya que establece que los aumentos tendrían que ser entre 10 y 15% para ese año. El 8 de noviembre, el nuevo presidente de la confederación mexicana de ejecutivos de ventas y mercadotecnia afirmaba:
“El gobierno ha aguantado un año de presiones sociales para controlar la inflación y deberá hacer lo mismo durante 1978, en que se iniciará el despegue económico. Los salarios deberán aumentar como máximo 10% y en casos extraordinarios 15%”.
Esto explica el hecho de que el 25 de octubre se tomaba como excusa que en Jalisco, en Tlaxcala, Puebla, Baja California y Nuevo León, las comisiones regionales que presentaron los estudios necesarios para la fijación de salarios mínimos para el año siguiente, no habían llegado a un acuerdo, por lo que no se podrían fijar los aumentos respectivos. En ocasiones, se explicaba, los trabajadores ahí representados exigían más del 100% de aumento, por lo que tendría que decidir al respecto la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
De esta manera, logra la burguesía neutralizar las medidas provenientes directamente de la burocracia central que no le benefician. Sin embargo, encuentra más dificultades para desradicalizar algunas de las demandas que provienen de los dirigentes de la maquinaria corporativa, particularmente del movimiento obrero, cuando no se presentan formalmente con la intermediación del aparato burocrático. Bien poco pudo hacer, por ejemplo, para evitar que la diputación de la CTM presentara un voluminoso paquete de demandas reivindicativas en la Cámara de diputados. Aún cuando éstas no fueron, ni discutidas ni aprobadas en el período ordinario de sesiones, es de vital importancia ver su contenido general.
Estas demandas giran básicamente en torno a la reforma del artículo 123 constitucional, a la ley federal del trabajo y a otros ordenamientos legales, a fin de: crear el Seguro Nacional del Desempleo; otorgar rango constitucional al Derecho al Trabajo; institucionalizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas; establecer 5 días de trabajo por dos de descansos (con salario íntegro) y semana de 40 horas; lograr administración bipartita en el INFONAVIT; realizar 30 reformas a la ley del seguro social; obtener la federalización de los tribunales laborales (X/25). Tal y como afirmara el presidente de la Gran Comisión, en el Congreso de la Unión (X/25), las peticiones presentadas por los diputados de la CTM, siempre habían existido, pero –en su opinión- entonces se tenía una buena oportunidad para institucionalizarlas.
Ello es así, porque la burguesía no se opuso realmente –no pudo ó no se interesó en hacerlo- a que se presentaran. Sin embargo, la experiencia de la actuación de la clase del capital indicaba que habría que esperar, a la hora de intentar aprobarlas legalmente y sobre todo de poner en práctica las modificaciones propuestas por la CTM, para ver si no serían letra muerta en el transcurso del acontecer real. Por lo que se sabe de la actuación de los representantes directos de la burguesía durante 1977, es dudoso que estos ordenamientos –si es que algún día entraran en vigor legal- serían verdaderamente eficaces ante el criterio de los empresarios de obtener la máxima ganancia posible. La evidencia a la mano permite establecer la hipótesis de que mediante sus planteamientos, por ejemplo de productividad compartida ó de la gestión obrera en las empresas, el movimiento organizado de los trabajadores estaría tocando inútilmente a las puertas de la fortaleza que mantiene al 70% del ingreso nacional en manos de unos cuantos (IV/20).
Sin embargo, la eficacia con que la burguesía en su conjunto conduce la lucha por el logro de sus objetivos económicos, no debe conducir a subestimar la importancia que tiene el hecho de que existían fuertes contradicciones en su interior. Se podría pensar que en el hecho de que existían fuertes contradicciones en su interior. Se podría pensar que en momentos de crisis económica, el capital hace a un lado sus diferencias y conflictos internos y presenta un bloque común de sus actores sociales. Esta afirmación estaría –a nuestro parecer- bastante distanciada de la realidad, ó menos no reflejaría adecuadamente los acontecimientos en el contexto de crisis de 1977 (VII/14).
Para mediados de año es posible que ya hubiera pasado la llamada crisis de confianza de la burguesía (en el gobierno), pero lo que de ninguna manera estaba cerca era un período de fin del enfrentamiento entre sus componentes. Las circunstancias de crisis constituyeron un poderoso dique al cumplimiento de deseos al respecto, sostenidos tanto por el aparato burocrático como por las organizaciones de lucha del capital (V/2). La crisis, en efecto, exacerba las contradicciones secundarias al interior de la burguesía, de acuerdo a los distingos existentes en cuanto a sus intereses inmediatos, y determina diferencias en sus posiciones. Son estas posturas, así determinadas, las que condicionan el tipo de lucha que emprenden las diferentes fracciones de la burguesía; i)entre sí; ii)con respecto al aparato burocrático; iii)en lo referente a las clases trabajadoras del campo y las ciudades. Estas posiciones, pues, se manifiestan en que determinada fracción acepte ó no –y la medida en que lo hace- daños a sus intereses en situaciones explosivas de lucha de clases.
En el seno de la burguesía, la diferencia de intereses, de posiciones y de forma de dar la lucha durante 1977 se manifiestan en que determinada fracción acepte ó no –y la medida en que lo hace- daños a sus intereses en situaciones explosivas de lucha de clases.
En el seno de la burguesía, la diferencia de intereses, de posiciones y de forma de dar la lucha durante 1977 se manifiesta principalmente en torno a algunos puntos. Aquí, de nuevo, no se pretenderá ser exhaustivo. Por principio de cuentas, existen divisiones al interior de la clase del capital, respecto a la posición a adoptar frente al cumplimiento de los compromisos contraídos en la Alianza para la Producción. Oficialmente se reconoce, incluso, que existen grupos a los que les interesa cumplir con sus compromisos, en tanto que otros están decididos a especular cuanto sea posible (V/6). De igual manera, se presentan diferentes posiciones respecto a la inflación; aquellas fracciones de la burguesía que resultan especialmente beneficiadas con ella, particularmente el capital transnacional monopolista, no muestran estar dispuestas a ceder su amplio margen de ganancias sin dar la lucha contra las fracciones interesadas en mantener la inflación a un mínimo (IV/9).
Y es que, en general, los pequeños y medianos capitalistas –de todos los sectores de la economía, incluyendo al agropecuario (III/23)- constantemente intentan poner cortapisas a la acción de los grandes consorcios. Los comerciantes, ya en oposición a la postura del gran capital financiero e industrial, señalaban desde principios de julio la necesidad de iniciar la reactivación de la economía, mediante la liberalización del gasto público (VII/7). Pero el gobierno, como instancia del Estado mexicano particularmente receptiva de las presiones provenientes de las diferentes fracciones del capital, no adopta la postura del pequeño y mediano capital. Si el gobierno hubiera cedido a las presiones de los diferentes grupos de técnicos –economistas, administradores públicos, sociólogos, etc- ubicados en su interior, así como a las presiones de las fracciones no hegemónicas del capital privado, y efectivamente hubiera liberado el gasto público, establecido un control selectivo de cambio, adoptado una política de generación de empleos y descongelado los salarios, seguramente que la fracción hegemónica del capital hubiera esgrimido de nuevo el argumento de pérdida de confianza en el aparato burocrático (X/13).
Pero habría un ejemplo particularmente claro de contradicciones al interior de la burguesía, en cuanto a la aceptación –para fines de mantenimiento de legitimidad- de daños marginales en sus intereses inmediatos. El 22 de agosto, la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la Asociación de Banqueros de México, la Canacintra, el CCE, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, presentaron al presidente López Portillo una propuesta de 10 puntos; otorgamiento de un regalo de 15 días de salario mínimo por trabajador; creación de un número, igual al 2% de los trabajadores en nómina de cada empresa, de becas de capacitación de seis meses de duración, por un período de un año, para desempleados, que podrían consistir en cursos ó en prácticas; sostener hasta fin de año la estructura de precios entonces vigente en el mercado; acelerar en lo posible los proyectos de inversión ya en marcha y apresurar la planeación de nuevos proyectos; hacer campaña permanente para sustituir importaciones y estimular exportaciones, para aprovechar la competitividad de los productos mexicanos que –como consecuencia de la devaluación y flotación del peso, y devaluación del dólar- se tenía en el mercado internacional; dar un 10% de descuento en la tasa del seguro de crédito para la exportación; seguir impulsando el programa de producción y distribución de productos básicos de consumo popular; dar 10% de descuento en la que participan en el programa de productos básicos tienen contratado, en radio y televisión, para la difusión de ofertas específicas (VIII/23).
Resultan
particularmente claras, en este ofrecimiento, tres cosas:, a)que por el hecho
de que en sentido real el contexto de crisis los coloca al borde de la quiebra,
el ofrecimiento no podría ser cumplido por las pequeñas y medianas empresas;
b)que en este -ofrecimiento- es bien poco lo que se resarcen los trabajadores,
en cuanto a la pérdida de en poder adquisitivo (VIII/23); c)que,
consecuentemente, el ofrecimiento proviene del gran Capital, que en esta
ocasión muestra estar dispuesto a aceptar un leve daño a sus intereses, para
fines de obtención de legitimidad y de reforzamiento de la centralización
económica en sus manos. Es decir, la propuesta empresarial presentada a JLP
-con todo y lo limitada que es- no representa la posición de la burguesía como
totalidad, sino exclusivamente la de la fracción hegemónica de la burguesía, y
ello sucede porque (y aquí si tiene razón el Jefe del ejecutivo) los
-empresarios tienen que manejar la enorme Variedad de posiciones y problemas
que dificultan la decisión unificada-(VIII/23).
Pero
la -posición de clase- como diría JLP, no es tal; es solo la posición de la
fracción hegemónica de la burguesía, por más que el aparato burocrático se
ilusione con que es la posición de toda la clase del capital. Tan ello es así
-tan la admisión de pequeños daños en sus intereses no representa la verdadera
posición de clase de la burguesía como conjunto- que el ofrecimiento hecho por
los organismos cúpula del sector privado empieza a requebrejarse muy poco
tiempo después de que le fuera formulado al Presidente de la República. En
efecto, a los dos días de efectuarse. el Presidente de la Asociación de
Industriales de Vallejo dió a entender
que el compromiso no tenía el consenso de los empresarios (VIII/25). Un día
después, de manera mucho más clara, representantes de 115 cámaras de Comercio
del interior del país rechazaban el ofrecimiento de congelar precios y dar 1.5
días de salario, amenazando con reunirse en la ciudad de México para enjuiciar,
al Presidente de la Concanaco y para pedir un cambio en las estructuras de esa
organización, -para que se impida que siga al frente de ella gente que no
representa los intereses de los comerciantes (VIII/26). La respuesta real de los
empresarios a la propuesta de los diez puntos fue tan baja que, para el 30 de
agosto, sólo la habían aceptado 11,322 empresas. Obviamente, se trataba de las
firmas de mayor envergadura (VIII/31).
Cabe
preguntar, ¿Porqué esta posición del gran capital? ¿Porqué algunas veces en
situaciones consideradas de peligro para la estabilidad política, está
dispuesto a ceder una parte –mínima, pero la cede- de sus ganancias?
Básicamente, porque tiene muchas más posibilidades –tanto desde el punto de
vista económico, como político e ideológico- de poder sostener e incluso
mejorar su posición, que el resto de las fracciones de la burguesía.
Un ejemplo muy claro es el de la posición de lucha del gran capital transnacional. Su importancia económica queda más que demostrada por el hecho de que las inversiones directas de EU en América Latina, y en particular en México, se daban a un ritmo mucho mayor que el cualquier otra parte del mundo; habían aumentado 50% las inversiones directas a EU en América Latina en los tres últimos años, ascendiendo a 29 mil millones de dólares (IX/25).
Su
alta eficacia de la lucha política emprendida podría quedar ejemplificada por dos hechos. El primero, su
capacidad de presión sobre el aparato burocrático. Recuérdese (X/28) que las
empresas farmacéuticas transnacionales amenazaron con huir del país si no se
resolvían favorablemente sus demandas de aumentos de precios; cosa que se
resolvió realmente así. El segundo, por el logro de institucionalización de la
dependencia de México respecto a EU, en buena parte aprovechando las
contingencias de las devaluaciones del dólar en el mercado mundial (lo que
hacía que las importaciones provenientes de EU no subieran mucho de precio,
pero sí las provenientes de otros países), representado por la firma –el 2 de diciembre- del primer
convenio comercial entre ambos países. Conforme a este convenio, EU reduciría
sus aranceles para la importación de frutas, verduras y otros productos
mexicanos, entre ellos artesanías; a su
vez, México, le hacía concesiones a los EU para que éste exportara a territorio
mexicano productos de los cuales en 1976 le vendió 36 millones de dólares,
entre ellos motores eléctricos, leches evaporadas, manteca de cerdo y frutas
enlatadas (XII/13). A nivel ideológico, la eficacia del gran capital
transnacional estaría ilustrada por la eficacia con que puede conjugar la
formalidad implícita en las leyes mexicanas en materia de inversión extranjera,
con la realidad perseguida de incremento en sus tasas de ganancia. La
mexicanización, pues, no representaba un escollo insalvable, sino simplemente
una formalidad de legitimidad ideológica que había que satisfacer para
expandirse plenamente. Esta facilidad para jugar con el contenido de los
ordenamientos legales se ve muy clara cuando, el 16 de septiembre un alto
ejecutivo de la empresa Sears Roebuck –en un foro acerca de cómo hacer negocios
en México, auspiciado por el Club de Comercio Internacional de Chicago- al
referirse al esfuerzo de su firma por despojarse del 51% de sus operaciones
norteamericanas, a fin de acatar la ley mexicana, decía:
“Teníamos
la opción, bajo la ley, de permanecer con el ciento por ciento de propiedad
extranjera si podíamos operar dentro del requerimiento de que no realizáramos
nuevos negocios, nuevas funciones ó nuevas actividades...Esto hubiera sido una
situación insostenible y se tomó la decisión de mexicanizar la compañía”.
b)
La lucha política.
Para
evitar daños en sus intereses económicos, la burguesía como clase dio para
elevar los niveles generales de eficiencia de su lucha política. Esto
implicaba, en primer lugar, luchar por que no se viera reducida la posición de
negociación que ya había alcanzado. Que persigue esto durante 1977 queda
claramente ejemplificado por el hecho de que, con motivo de la decisión mayoritaria
de los Centros Patronales, de federalizar los tribunales laborales locales, en
la segunda reunión nacional de juntas de conciliación y arbitraje, los centros
de Chihuahua, Monterrey, Ciudad victoria y Hermosillo manifestaron su
inconformidad (IV/23 y 24). Obviamente, lo hicieron porque ello implicaría el
debilitar su control directo sobre los más típicos organismos de arbitraje del
estado mexicano.
Pero,
en segundo lugar, de lo que se trataba era de acrecentar su capacidad de
organización para la lucha política. En este sentido, debe interpretarse el
intento de creación del partido liberal mexicano, identificado por sus parteros
con principios juaristas, en que tendrían cabida obreros, campesinos,
profesionistas y empresarios. A reserva de obtener más información sobre el
mismo, parecería que se trataba de la conformación de un partido de corte
fascista, que parte del desconocimiento de la lucha de clases (VII/11).
1977
no es sólo un año de preparación para la lucha, efectuada por la burguesía; también
es un año en que su capacidad organizativa es puesta a prueba en múltiples
ocasiones. Para efectos de mantener y aumentar sus niveles de eficacia
política, se vale la burguesía de todo tipo de elementos y aprovecha diversas
contingencias. Por ejemplo, las acusaciones de fraude contra aquellos
funcionarios gubernamentales del sexenio procedente, que continuaban detentando
puestos de importancia en la administración de López Portillo, dejaron ver
claramente su trasfondo, consistente en eliminarlos de la escena política
(VI/13 y 15).
No
obstante, los golpes directos contra el echeverrismo aun incrustado en el
gobierno no eran sino una parte de la estrategia claramente echada a andar,
consistente en influir para que los representantes directos del capital
llegaran a detentar los principales cargos de la maquinaria gubernamental. Esto
fue insistentemente negado por las organizaciones de lucha de la burguesía. El
presidente de la Concanaco, por ejemplo afirma el 19 de septiembre que, a pesar de que sí existían contradicciones la
iniciativa privada no estaba tratando de que en el gabinete presidencial se
hicieran cambios para que su influencia fuera mayor:
“Puede haber enemigos de la iniciativa privada en el sector gobierno, ¿Por qué no? A una gente que no le caiga bien otra gente, pues ya es su enemigo. También puede haber enemigos del sector público dentro de la iniciativa privada. Todo puede ser”. Independientemente de los cambios efectivamente acaecidos en el gabinete presidencial durante noviembre y diciembre –de lo que se discutirá en el siguiente apartado de este capítulo-, es muy claro que, por ejemplo, el grupo Monterrey intentó debilitar el poder del gobernador en turno sobre la sucesión en el estado de Nuevo león, que tendría lugar dos años después.
Y es en este momento en que se puede afirmar que, en situaciones de crisis, es cuando especialmente la burguesía no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus intereses; es cuando el intento de ampliar su capacidad organizativa le impide hacer concesiones. Los indicadores son innumerables. Téngase en cuenta, por ejemplo, la formación y actuación de la Fusión Cívica de Organizaciones Productivas de Oaxaca, en los momentos de la destitución del gobernador Zárate Aquino; la actuación de la CAADES, en Sinaloa, con motivo de la expropiación potencial de tierras en la entidad; la oficina de quejas, organizada por la oligarquía regiomontana para propiciar la destitución del gobernador de Nuevo León. Y las organizaciones de lucha directa de la burguesía se fortalecen, porque sus dirigentes ya han aprendido que la lucha política la tienen que hacer incorporando a su posición a terceras posiciones y partes; que la eficacia requiere de aliarse con otras fuerzas y sectores de clases sociales. En el caso de Nuevo león, la contradicción secundaria entre gobernador y capital oligárquico se da: por el lado del capital, incorporando activamente a su postura a sectores medios importantes y a sindicatos de trabajadores directamente controlados por él; por el lado del gobernador, se recurre al apoyo de la maquinaria corporativa estatal y del gobierno federal (III/4).
c) La lucha ideológica
pero la lucha por no recibir daños en sus intereses económicos, aún en situaciones de radicalidad de la lucha de clases, no se da sólo al nivel de la lucha política frontal y abierta. Se da también tras bambalinas, en el ámbito ideológico.
La lucha ideológica, durante 1977, puede incluir –dependiendo de las circunstancias específicas- la fabricación de panoramas optimistas del éxito obtenido en cuanto al proceso de salida a la crisis. Por ejemplo, diversos elementos del juego político nacional, en reiteradas ocasiones, denuncian la existencia de presiones para que el gobierno presentara una imagen de bonanza económica, cuando las circunstancias objetivas hacían imposible que tal aseveración fuera real (IV/9). De acuerdo a estas denuncias, el aparato burocrático se oponía a tal utilización de la ideología, a petición de la burguesía. La no aceptación gubernamental parece haber sido un hecho, pero ello más bien se debió a que el aceptar estas presiones hubiera conducido a un debilitamiento de sus mecanismos ideológicos más necesarios.
En otras ocasiones, la ideología adopta una connotación mucho más radical. La burguesía tiene éxito en dejar claramente sentado –y socialmente aceptado- que sólo invierte si obtiene ganancias. Y es el caso que, según la ideología en cuestión, la rentabilidad de los negocios había bajado; de 7% en 1974, a 2% a finales de 1977 (IX/9). Es por la difusión eficaz de esta imagen, que no hay mayor consecuencia cuando se desatienden los llamados de JLP, del 8 de diciembre, señalando la necesidad de que el capitalista invierta:
“En un sistema cerrado como el nuestro, la riqueza tiene que asumir la responsabilidad fundamental de convertirse en capital, y frecuentemente en capital de riesgo, porque si no lo hace ese sistema se convierte en una trampa de injusticia que tarde ó temprano se quiebra ó se frustra. Si por una serie de circunstancias vivimos en este sistema, tenemos que acreditar que es eficiente para resolver los problemas que la sociedad demanda de quienes tienen la responsabilidad de cumplirla”.
Es también por ello que la burguesía se puede dar el lujo de simplemente ignorar las amenazas de estatificación provenientes de algunos sectores de tecnócratas. Desde su posición, no eran –por lo pronto- verdaderamente preocupantes declaraciones como las del Colegio Nacional de Economistas, cuando el 24 de octubre demanda una ley que reglamente el papel que la iniciativa privada debe tener en el desarrollo del país, el cual es invertir. Asimismo, el éxito de esta imagen empresarial permite, en buena medida, el que los objetivos de inversión para 1978 sean muy cortos, y que no haya más que represalias verbales al respecto. Se afirma que la inversión privada de 200 mil millones de pesos programada para 1978, sería como darle un mejoral a un moribundo, ya que apenas se crearían con esa cifra alrededor de 200 mil empleos, frente a los 6.5 millones de desocupados.
Naturalmente, se ideológicamente logra legitimar el que la inversión empresarial esté condicionada a la certeza de obtención de ganancias, también recurriendo a la ideología se explica que saque dinero del país si éste no tiene redituabilidad. Por tanto, la burguesía no es culpable de la crisis.
B) Los intereses de las fracciones rurales de la burguesía.
La burguesía está dividida internamente, por factores políticos, económicos e ideológicos. Ello hace que no presente una respuesta homogénea respecto a las recomendaciones en torno a la manera de sortear la crisis. Ante una misma propuesta proveniente de la maquinaria corporativa y/ó del gobierno, habrá fracciones concretas que la apoyen firmemente, otras que utilicen su poder de veto, y otras más que propondrán contenidos alternativos de propuestas y lucharán por su implantación. La posición específica de una fracción, determina el que pueda ó no aceptar –en aras de un mayor poder político futuro ó una mayor ventaja económica en el mediano ó largo plazo- que sus intereses inmediatos sufran algún daño.
Aquí se parte de la hipótesis de que las fracciones de la burguesía con intereses vinculados al agro no comparten esta posición; no aceptan que se dañen sus intereses, ni aún cuando ello sea un requerimiento para mantener temporalmente, a nivel político-ideológico, niveles mínimos de legitimidad y de control del esquema estatal de total descampesinización del agro, efectivamente representa la entrega de la política económica a los intereses del capital. Sin embargo, precisamente en aras del mantenimiento de las condiciones superestructurales de la reproducción del capital, el aparato burocrático –en circunstancias excepcionales, particularmente explosivas de lucha de clases- se ve forzado a aparentar todavía la defensa de los intereses del campesino parcelario, de los jornaleros y del semiproletariado rural. Pues bien, ni aún en estas circunstancias la lógica de los capitalistas rurales permite el atentado contra sus intereses.
Aún más, esta lógica requiere precisamente que surjan presiones políticas concretas. Para los grupos y fracciones de la burguesía que tienen empresas agrícolas ó ganaderas, sus intereses inmediatos están representados por el lema seguridad y garantías. Todo lo que no se inscriba en el contenido de éste es atentatorio, y por tanto, combatible en cualquier circunstancia, independientemente de las exigencias superestructurales de un momento específico. ¿Cómo se da el combate de estas fracciones de la burguesía rural, durante 1977, contra las medidas que de alguna manera dañan –ó pueden dañar- sus intereses inmediatos?
a) La lucha económica
Veamos primero la lucha que se emprende a nivel económico. Tentativamente, es posible partir del supuesto de que el núcleo alrededor del cual giran todas las medidas para evitar el daño en sus intereses, consiste en la eliminación de las fracciones rurales de la burguesía denominan economía ficción. Apuntan, pues, sus baterías especialmente hacia la elevación de los precios de la producción agrícola y ganadera. Sostienen que la mejor forma de acabar con la economía ficción estriba en que el gobierno brinde adecuados precios de garantía:
“Nos explicamos el error alucinante de haberse enredado los economistas y los gobernantes en el establecimiento de precios de garantía al público consumidor, pero ya es tiempo de identificar el problema y ponerle remedio. El presidente López Portillo anunció que debíamos acabar con la economía de ficción. Cuando haya precio justo al producto del campo, todo vendrá, inclusive la tecnología” (XII/8).
Conforme a su concepción, si se han de abatir los precios al consumidor de algunos productos agropecuarios, la única manera de hacerlo consiste en la eliminación real del fenómeno de su intermediación comercial ó –por lo menos- en su reducción a límites tolerables, pero de ninguna manera –sostienen- se deben pagar bajos precios al productor agropecuario (VII/22). Si ello es así –dicen-, si las empresas capitalistas del campo obtienen tasas de utilidad superior a la tasa media de ganancia, ¡podrían hasta dar salarios adecuados a sus trabajadores!
“Debe tomarse en cuenta que ni el ejidatario, ni el comunero y menos el propietario son entes solitarios y exclusivos trabajadores manuales de su parcela. Independientemente que le dediquen todo ó parte de su trabajo personal, sea intelectual ó mecánico, todos ellos son empresarios agrícolas que utilizan trabajadores asalariados, unos fijos, los menos, y muchos otros eventuales que constituyen la gran masa laborante agrícola en México. Estos trabajadores estacionales ó eventuales, es decir la gran masa laborante del campo que proporcionalmente son diez a uno respecto a los tenedores de tierra, son los que benefician ó perjudican si hay ó no precio de garantía al producto agrícola. Por más que se quiere, independientemente del sistema de tenencia de tierra, ó de la amplitud con que ésta haya sido repartida, esas masas dependen para su salario, es decir, para su sustento, del precio a los productos del campo. Sin precio (de garantía) no hay derrama adecuada de salarios. O sea, si no hay precio no hay pago satisfactorio y justo” (XII/8).
Proponen, en síntesis, que el abatimiento de los precios de productos del agro sea consecuencia de la reducción en el proceso de su intermediación; lucha contra las medidas que harían que ello fuera consecuencia del abatimiento de sus ganancias.
Al momento de librar la lucha económica para impedir que sean afectados sus intereses –esto es, con objeto de mantener altos precios de venta de su producción- pueden, desde recurrir al ocultamiento de los bienes producidos (como sucedió –X/28)- cuando los avicultores de Tehuacan, Puebla, como una medida más para presionar la autorización del alza del huevo, ocultaron 1.6 millones de cajas de ese producto). Hasta tomar una posición capaz de neutralizar las acciones de los asesores gubernamentales que no manejen la necesidad de aumentar los precios de garantía.
Los dirigentes de las organizaciones de lucha de los empresarios rurales lanzan una señal de alarma; en el interior del gobierno hay tendencias que pueden, como en el caso de los precios de garantía, no estar totalmente de acuerdo con la obtención de altas tasas de ganancias del capitalista rural. Estas tendencias –afirman- hasta ahora han triunfado; hay que acabar con esta situación. Es necesario terminar principalmente con la influencia de los economistas-asesores, que con su conocimiento y posiciones alimentan estas tendencias contrarias a sus intereses:
“Durante todo este largo período gubernamental revolucionario, 55 años, más que el que ha gobernado en muchas naciones contemporáneas...hemos estado influidos ó conducidos por grupos de economistas en materia de implementación, ó conducción de producción agrícola, es decir en cuanto al impulso de la agricultura nacional, se han dividido en dos bandos ó corrientes de economía semidirigida. Unos han propugnado por la fijación, por parte del gobierno, de precios de garantía respecto al público consumidor. Y ellos han caído en la trampa impelidos por el deseo de quedar bien con los sectores que tienen más a la vista. Otros economistas han pugnado, y hasta hoy han fracasado, en proponer la fijación de precios de garantía al productor agrícola y pecuario, es decir, de garantía para el que produce. El precio de garantía debe ser para el precio de producción al mayoreo, y nunca para el precio de venta del especulador ó revendedor” (XII/8).
Ante su pretensión de obtener altos precios de garantía para la producción, incluso el otorgamiento de nuevos subsidios gubernamentales que podría permitir que éstos permanecieran bajos, no es bienvenido. El rechazo inicial –y posterior aceptación a regañadientes, condicionados a que si existencia fuera temporal- del subsidio de Conasupo a los avicultores a fin de que el precio al consumidor del huevo se fijara en $15.40/Kg., da una clara idea de ello. Recuérdese cuáles fueron las circunstancias específicas. Según datos de la Secretaría de Comercio (IX/24), la industria avícola del país representaba una inversión de 17 mil millones de pesos. Existían 42 millones de aves en producción y 3,500 granjas, que daban ocupación a 104 mil trabajadores. La producción anual tenía un valor de 6,750 millones de pesos.
Con el respaldo de su poderío, esgrimiendo argumentos de incosteabilidad, los avicultores presionan, intentando liberalizar el precio del huevo. El presidente de la Unión de Expendedores de Huevo del D.F. afirmó:
“Actualmente, este producto básico se encuentra uno ó dos pesos por encima del precio oficial; (es necesario) que sea la oferta y la demanda la que regule el precio del huevo...Resulta incosteable la producción de blanquillo y los avicultores resienten pérdidas...En el mercado se está surtiendo el huevo a $16.20 y $16.30 el kilo, pero desde la semana pasada el precio de los blanquillos se ha reducido a un peso, porque se estaba expendiendo a $17.20 y $17.30 el kilo”.
La petición de liberalización del huevo al consumidor, lo basan los avicultores en una buena razón, desprendida de su lógica capitalista:
“Las autoridades no han entendido cabalmente la situación (de los avicultores)...No se debe perder de vista que congelar los precios en épocas inflacionarias carece de sentido, ya que irremisiblemente acaban por violarse” (IX/24).
Efectivamente, la secretaría de comercio se muestra incapaz de mantener el precio oficial del huevo –cotizándose éste, por ejemplo, el 11 de septiembre en 10 y 12% más que el precio oficial, en los mercados de la Merced y Jamaica, en la Ciudad de México-. Ante esta situación, se anunció que Conasupo otorgaría un subsidio a los avicultores, consistente en la venta, a muy bajos precios, de alimentos balanceados. Sin embargo, una vez anunciado el subsidio gubernamental, diversas organizaciones piden que este subsidio sea temporal. En efecto, el 25 de septiembre, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño decía:
“El subsidio otorgado por la Conasupo a los avicultores para que mantengan el precio del huevo debe ser transitorio, porque forma parte de la política de económica ficción que el gobierno anunció que se eliminaría”.
Tan eficaces resultaron estas presiones que, a partir del 1° de enero de 1978, el nuevo precio oficial del kilogramo de huevo sería de $18.40.
Sin embargo, en las ramas en que ya existían subsidios –abiertos ó disfrazados-, la posición de la burguesía rural estriba en que éstos no sean suprimidos. El caso de la leche y del azúcar son ilustrativos. El 23 de septiembre, el presidente de la Canacintra ejercía diversas presiones sobre la Conasupo para que se bajara el precio de la leche en polvo que surtía a los industriales, amenazando con que de no hacerlo se provocaría el alza del precio e incremento del contrabando de ese producto. Afirmaba que el precio internacional fluctuaba entre 6.90 y 9.00 pesos/Kg., que de septiembre de 1976 hasta esa fecha, la Conasupo lo había subido 87.5% (poniéndolo a $36.00/Kg. En septiembre); y que intentaba además que el nuevo precio fuera aplicado a las compras que ya se habían realizado. Por otro lado, aseguraba que Conasupo diera marcha atrás para evitar las consecuencias mencionadas:
“Existe desconcierto y alarma entre los industriales, porque podríamos vernos obligados a elevar los precios y ver reducidas nuestras ventas. Esto pondría en una posición difícil a muchas empresas, que correrían el riesgo de quebrar”.
A pesar de que en esta ocasión las presiones no dieron resultado, ya que a las presiones Conasupo responde que las medidas tomadas se basan en que anteriormente la leche en polvo se vendía muy barata a empresas privadas y éstas la revendían a la Conasupo, el caso es importante porque ilustra la postura de la burguesía ante un subsidio abierto, existente con anterioridad. En otros casos, los subsidios previamente existentes son disfrazados; pero la postura de la burguesía es la misma; que éstos continúen. Considérese el caso del azúcar, por ejemplo, en donde los ingenios de los capitalistas privados estaban endeudados con FINASA. El 12 de noviembre, el presidente de la CONCAMIN, daba a entender que los cobros del gobierno a los ingenios privados deberían postergarse, dejándolos para un futuro nebuloso, en que esto deberían efectuarse por mutuo acuerdo.
Pero la lucha emprendida por la defensa de sus intereses económicos inmediatos no se agota con la lucha por la eliminación de la economía ficción, el establecimiento de precios de garantía, el rechazo de nuevos subsidios no deseados y la presión para que continúen subsidios previamente otorgados. Esta abarca otros ámbitos. Así, las fracciones rurales de la burguesía tienen mucho cuidado en procurar que cualquier aumento en la participación gubernamental en el campo, sea controlado por ellas, impidiendo así que esto pueda traducirse en la estatización del sector. Es así que deben interpretarse las afirmaciones del 22 de noviembre del presidente de la Coparmex, en que asegura que en la industria azucarera –debido a la compra gubernamental de ingenios privados- se daba una nacionalización disfrazada, y que el mismo destino aguardaba a otras ramas de la economía, si continuaba la descapitalización. Para lograr este control, la burguesía rural lucha a dos niveles; al nivel local-regional y al nivel nacional. Lucha por obtener la representación y el control directo de las diferentes formas locales de unidades productivas estimuladas por el Estado. De esta manera, ya había logrado que sus intereses estuvieran adecuada y hegemónicamente representados en los Comités Directivos de los Distritos de Riego (III/19). A nivel nacional, es cada vez más eficaz en cuanto a lograr tomar la parte decisoria en el proceso de conformación específica de los planes estatales respecto al agro, y en la implementación concreta de los mismos.
b) La lucha superestructural.
Veamos ahora cómo se da el combate a nivel superestructural, emprendido por la burguesía rural, en su afán por impedir el más pequeño daño a sus intereses.
En primer lugar, la lucha político-ideológica se manifiesta en sus intentos por suprimir a las personalidades que –desde su perspectiva- sustenten tendencias agrarias nefastas, que aún subsistieran en el interior del aparato gubernamental. Los medios utilizables para lograrlo pueden ir, desde el nivel de denuncia (por ejemplo, en cuanto a que funcionarios traman una embestida contra la paz y la tranquilidad en el campo, II/28), hasta acusaciones concretas de fraude.
Con la única finalidad de ilustrar esta manifestación de la batalla dada por la burguesía rural, considérese un caso. Consiste en el hecho de que, desde el 26 de octubre, el presidente de la CAADES afirmaba que el Gobernador de Sinaloa apoyaba invasiones de tierras, asegurando que cedía a las presiones de la UGOCM cuyos dirigentes alentados por la política Echeverrista, provocaron un gran número de despojos en la entidad. Al cambiar esta política –decía- se vieron presionados por los campesinos, a quienes habían prometido tierras y como no podían entregárselas, continuaban alentándolos, con la venia del gobernador, para que invadieran más predios. En diciembre, la burguesía pide la destitución del gobernador. No logran, porque ello implicaba al enfrentarse directamente a la CTM, por ser el gobernador de la entidad el único en el país cuyo origen se desprendía de su militancia en la confederación.
El segundo caso, a nivel del gobierno federal, consiste en la actuación de un subsecretario de la SARH. El 12 de agosto, este funcionario afirmaba:
“La incomprensión de las acciones que emprende el gobierno federal y su avidez (de los empresarios rurales) de ganancias inmediatas, no hace más que enconar y prolongar la crisis que inquieta y sacude al país. Su actitud negativa repercutirá como bumerang contra la mayoría de ellos”.
A mediados de diciembre, en un contexto en que el
gabinete presidencial estaba en la fase terminal del proceso de convertirse en
homogéneamente conservador. circulan rumores falsos de que el citado
Subsecretario (quien también había sido titular del área de planeación de la
SRH durante el sexenio precedente), había presentado su renuncia.
Pero la Iucha superestructural de la burguesía rural
contra las tendencias agraristas trasnochadas implica además de la búsqueda de
la eliminación de las personalidades más radicales. del aparato burocrático.
otras cosas. Significa también, utilizando el argumento de que los latifundios
son ya inexistentes, el enfrentarse a las denuncias de que aun existían grandes
concentraciones de tierra. El 25 de noviembre, hay una denuncia en el sentido-
de que los verdaderos latifundios en el sur de Sonora aun persistían. Se
menciona, incluso. que 15 mil hectáreas pertenecen a un primo del entonces
gobernador de la entidad. El Presidente de la Confederación Nacional Ganadera
responde que estudios recientes de la SRA en Sonora y Sinaloa demuestran que no
existen latifundios en estas partes y que, en caso de que hubiera latifundistas
en el interior de la CNG -por haber entregado documentación falsa- esa
organización los combatiría y expulsaría de su seno(XI/4). En la misma
dirección van las afirmaciones del Presidente de la CNPP, el 29 de octubre
cuando asegura que la Confederación no defenderá a los latifundistas y
acaparadores de tierra que se valen del sistema de prestanombres y que, para
combatir el fenómeno, sería útil el primer Censo Nacional de la Pequeña Propiedad, que entonces
confeccionaba la CNPP (que se calculaba estaría terminado para finales de 1978
) .
La lucha de la burguesía rural contra el agrarismo
radical también se manifiesta en su interés por dejar claramente asentado que
la expropiación de tierras por parte del Gobierno -aún cuando no haya
Políticamente. otra salida- es inversamente proporcional a su seguridad. en el
régimen: De lo que sucede durante 1977, ello se desprende de por lo menos dos acontecimientos. El primero de
ellos consistiría en la Posición de la Coparmex y del CCE en Ciudad Obregón cuando, el 2 de octubre.
aseguran que las expropiaciones de septiembre y agosto de 1977 -efectuadas en Sonora y
Coahuila- implica una contradicción con los postulados gubernamentales y por lo tanto, genera
desconfianza:
“Es de vital importancia para los mexicanos
productivos, que se aclaren las instrucciones en relación al respeto ó no de la
propiedad privada y se defina la política agraria del Gobierno que preside el
licenciado José López Portillo. Es importante ya que al mismo tiempo que está
demandando confianza, ha venido efectuando nuevas expropiaciones en Sonora y
Coahuila. Se tiene confianza en que sólo se trata de un error de la SRA, porque
se está afectando nuevamente el ánimo de los productores y la confianza de los
mexicanos en sus instituciones”.
El segundo acontecimiento -que ilustra la oposición a
nuevas expropiaciones de tierras- ocurre en Tabasco cuando los ganaderos se
oponen abiertamente a la ejecución del Plan de la Sierra del Gobernador que
afectaría a los pequeños propietarios en Tacotalpa, Jalapa y Macuspana para
fraccionar la tierra en lotes de 25 hectáreas y repartirlas a los campesinos -
derechosos (XI/8) .
Entonces, la lucha por evitar el daño en sus intereses
inmediatos efectivamente significa, a nivel político-ideológico el suprimir a
funcionarios gubernamentales peligrosos el negar que existen latifundios y el
oponerse a nuevas expropiaciones de tierras. Pero además, como corolario de
todo lo anterior, se manifiesta en las exigencias de la burguesía rural por
regularizar definitivamente la situación de las tierras detentadas en propiedad
privada. Las medidas tomadas al respecto tienen éxito: el 14 de octubre, en
efecto, el Secretario de la SRA afirma que se concluiría próximamente un
catastro rural, en todo el país, para regularizar de una vez por todas las
tierras ya que esta es la única vía de solución que conduce adicionalmente a la
creación de infraestructura agraria, la seguridad jurídica y la confianza
indispensable.
Hay, sin embargo, otras formas de manifestación de la
lucha superestructural emprendida por la burguesía rural para evitar daños en sus intereses. Se oponía
a las medidas que - plantean la organización política de 105 asalariados
rurales, incluso cuando éstas son propuestas por la propia maquinaria
corporativa del estado. Ante una oferta sumamente elástica de mano de obra en
el agro, los empresarios capitalistas del campo se levantan contra la
intromisión potencial de la Secretaría del Trabajo con objeto de que -en
cumplimiento de la solicitud del Sindicato Nacional De Trabajadores
Asalariados del Campo, de la CTM- éstos cumplan efectivamente su papel y sus
obligaciones como patrones (VIII/10).
¿Cuáles son algunos de los mecanismos concretos de
lucha empleados por la burguesía rural? Constituyen una amplia gama, que van
desde las inofensivas opiniones hasta el amago -ó Utilización efectiva- de la
violencia. Durante 1977 se dan estos dos extremos, pero entre ellos se dan
(aunque de ninguna manera son los Únicos) los siguientes mecanismos de lucha
superestructural: i)la oposición y consecuente retraso de las grandes obras de
infraestructura que afectan Sus intereses. En este sentido, para principios de
octubre, funcionarios gubernamentales achacan a problemas técnicos -el piso de
la cortina tenía cavernas subterráneas que, a pesar de 40 mil toneladas de cemento
inyectadas, no había podido tener la firmeza necesaria para construirla, cosa
que estaba programada por iniciarse en 1975- las causas de que la Presa Cerro
de Oro tuviera dos años de atraso en su construcción. Aun cuando ello fuera
parcialmente cierto, recuérdese que siempre la burguesía regional se opuso a su
construcción y operación. ii) la obtención -en caso de afectaciones
inevitables- de altos precios pagados por tierra e instalaciones, incluso
con la pretensión de que éstos estén por arriba de los comerciales. Los
grupos empresariales afectados no se muestran dispuestos a asentar cantidades
más Cajas a las terminadas por los precios comerciales de sus predios, conforme
había sido una posición casi tradicional del Gobierno Federal, así lo indica el
, entonces reciente caso de las expropiaciones de Sonora, ocurridas en
noviembre de I976. En agosto
de l977, casi un año después, los pequeños propietarios todavía seguían sin
aceptar el avalúo federal, que en promedio arrojaba una indemnización de 38,000
pesos por hectárea mientras que ellos pedían 50 mil pesos (VIII/21). iii)la
amenaza del paro de labores y realización de marchas de protesta. Siempre
estuvo pendiente la amenaza de paro de los grupos empresariales rurales
(VII/20), en los casos en que el aparato burocrático no cediera totalmente a
sus Pretensiones. los pequeños propietarios de Tlaxcala organizaron una marcha
a la Ciudad de México, porque se violan las garantías. La nota periodística,
del 14 de octubre, es la siguiente:
“400 agricultores a bordo de tractores y autobuses,
iniciaron una marcha hacia el D.F. para exigir respecto a la pequeña propiedad,
la salida de invasores y castigo a quienes han saqueado las cosechas de trigo y
maíz. Afirman que se encuentran invadidas los predios del Valle de Soltepec ,
Quintanilla y otras fracciones de San Miguel el Grande, en cuyos lugares han
sido arrasadas las cosechas que han llevado los invasores al Centro de
población (ejidal) Domingo Arenas”.
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Segunda Tesis:
Durante 1977, la presión del capital sobre el aparato
burocrático lo orilla a tener una presencia global cercana al punto de total
pérdida de legitimidad popular.
Es posible afirmar que durante 1977 la derecha en
México abandona su tradicional postura activa –por acción u omisión- para
adoptar una posición de ofensiva (V/9). El crecimiento de la fuerza política de
los grandes grupos económicos le brindan altas posibilidades de ejercer presión
eficaz sobre el gobierno (VII/24), y sobre el resto de las instancias del
estado nacional mexicano. Incluso el frenar el crecimiento económico del país,
es buscado por los empresarios capitalistas, si ello aparece como necesario
para obtener más canonjías y privilegios. El capital, en síntesis, presta apoyo
absoluto a la política del régimen en turno, siempre y cuando ésta vaya por
donde ha sido tradicionalmente; a favor total de sus intereses. En palabras del
director general del poderoso grupo Bancomer:
“Sentimos en usted (señor presidente) a un gran líder
digno de toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo. Los empresarios, así como
los banqueros, tenemos absoluta confianza en las directrices que usted señale”
(XII/9).
En su afán por evitar cualquier posible daño en sus
intereses inmediatos, los diversos componentes de la burguesía inducen al
aparato burocrático a colocarse en una posición de peligrosidad en cuanto al
mínimo apoyo social requerido para su existencia y actuación. Las fuerzas
ejercidas sobre la fracción hegemónica de la burocracia central la empujan más
allá de los límites mínimos de legitimidad; la llevan incluso a que tome
medidas impopulares”, si ello es requisito para continuar teniendo aceptables
tasas de ganancias (VII/).
Las presiones ejercidas por la burguesía sobre el
aparato burocrático son, en general, eficaces. En este sentido, la era
tecnocrática implantada por JLP, de controles salariales, restricciones
presupuestales y reformas administrativas, genera momentos políticos que no
siempre son controlables por los altos funcionarios públicos (VII/14). Tienden
a extralimitarse las condiciones impuestas por la gran burguesía, para
participar en la producción de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
burguesía central. Con su participación condicionada, la burguesía en ocasiones
va más allá de los límites permitidos por la reproducción de las condiciones
políticas e ideológicas requeridas para la persistencia de las características
del capitalismo en el país.
Pero, en otro sector, la eficacia de las presiones
provenientes del gran capital posiblemente representa también el tiro de gracia
a la autonomía relativa del estado mexicano (VII/14). Una insaciable sed de
canonjías; ésta es la principal característica manifestada por la actuación de
los diferentes organismos directos de lucha de la burguesía durante el año 77.
En algunos momentos, su actividad denota que muy próximamente llegaría al punto
en que se enfrentaría abiertamente a la pretensión del Estado de ampliar sus
bases sociales de apoyo. La burocracia central había advertido claramente esta
posibilidad. En noticias dadas a conocer en la prensa nacional el 2 de marzo,
el New York Times notificaba que José López Portillo le había advertido a
Carter que, si no mejoraban las condiciones de México antes de concluir su
sexenio, él sería el último presidente
constitucional, y que los que tomarían el poder serían grupos de
derecha, no la desorganizada izquierda. En este sentido, se justifica el que
meses después –el 6 de octubre- JLP expresara su preocupación –indudablemente
en previsión de sentirlo en carne propia- porque la mancha negra del fascismo
se estaba extendiendo en América Latina.
¿Cómo es que la burguesía –incluídas las fracciones
rurales- empuja al aparato burocrático hasta más allá de los límites marcados
por la necesidad de tener una presencia socialmente legítima? Básicamente,
porque tiene una intromisión
progresivamente eficaz en la delimitación del contenido de la política
económica gubernamental. Los voceros de la burguesía reconocen que el gobierno
de JLP en gran medida logra hacer retornar su seguridad sicológica y su certeza
política. Sin embargo, advierten la persistencia de pertubaciones de otro tipo
(IX/24). Durante 1977, tratan constantemente de acabar con ellas. Y es
precisamente así –como medio para introducirse totalmente en la definición del
quehacer económico del aparato
burocrático y de la sociedad- que debe considerarse la principal proposición de
los representantes de las 420 grandes empresas, reunidas en diciembre en Los
Pinos con objeto de evaluar un año de existencia de la Alianza para la
Producción. En efecto, el gran capital, con objeto de tener una más permanente
y eficiente presencia en la marcha de una política económica que acabara para
siempre con los motivos de los desvelos de sus dirigentes, ofrece a JLP la
formación de un comité empresarial de
escala nacional para superar la falta de planificación que ha existido en el
aspecto económico (XII/8). Este comité empresarial debería asegurarse, en
esencia, de que durante 1978 prosiguiera la política económica seguida durante
1977. Las casi inmediatamente posteriores declaraciones del presidente de la Coparmex, que muestran el afán de la
burguesía por seguir obteniendo indefinidamente los beneficios extraordinarios
que tuvo durante el año que aquí se estudia, así permiten establecerlo (XII/11):
“Los lineamientos de política económica establecida
durante 1977, han dado buenos resultados porque se consiguió disminuir la
inflación, reducir el déficit comercial y tener un mejor control en las
finanzas públicas...Si los resultados como se ven han sido positivos, no tiene por qué modificarse el rumbo en el
próximo año, porque esto garantiza aún mejores resultados”.
Así, es el contenido de esta política económica
gubernamental, directamente diseñada por la burguesía, la que por principio de
cuentas empuja al gobierno hacia la pérdida de sus apoyos sociales. Ello se
debe a que, durante 1977, ésta continuamente presiona para profundizar del
Estado en la economía; liberalizar los precios de productos de primera
necesidad; abatir los salarios; nulificar las medidas reivindicativas propuestas
incluso por la maquinaria corporativa del Estado; y, eliminar las trabas
nacionalistas a la expansión del gran capital monopolista transnacional. La
burguesía es capaz de imprimirle sus intereses al contenido de la política
económica global, entre otras razones porque –a diferencia de lo que sucedía
con anterioridad- durante 1977
desarrolla como nunca antes la capacidad de colocar a sus representantes
directos en posiciones clave de la burocracia central –y de los gobiernos de
las entidades federativas de mayor relevancia- del estado mexicano. Esto no es
más que un aspecto del hecho general consistente en que el capital financiero
fortalece su militancia política a través de diversos medios.
Veamos cada uno de los puntos mencionados, con mayor
detalle.
A) La influencia en el contenido de la política
económica gubernamental:
a) austeridad del gasto público:
Sus fracciones más importantes imprimen a la
burguesía, como conjunto, la búsqueda del mantenimiento y la acentuación de la
austeridad del gasto público. Aquí su perspectiva no es solamente inmediata;
incluye también el futuro mediato. Presionan para que durante 1978 se sostenga
esta situación, que beneficia principalmente al gran capital. Los ataques
directos contra la política deficitaria del gasto público durante 1976, en
clara previsión de que ocurriera lo mismo durante 1978, ocasiona que durante
1977 la burguesía no quite el dedo del renglón. Estas presiones se manifiestan
de diverso modo.
Incluso los representantes directos del capital, ubicados
al interior del congreso de la unión, muestran su preocupación respecto al
manejo del gasto público. En el debate de fines de noviembre (XI/24), en la
cámara de diputados, en torno a la aprobación de la cuenta pública, los
diputados del PAN aluden implícitamente a que el no tener esta austeridad
nacional ocasionó el que el año anterior fueran factibles fraudes con –y robos
de- fondos públicos.
Básicamente por su determinación de los niveles de
empleo, un insuficiente ejercicio de presupuesto gubernamental golpeaba
terriblemente a los sectores más explotados de la población mexicana durante
1977. Sí, cediendo a estas fuerzas, la situación se extendiera hasta 1978, la
inconformidad social generada –organizada ó no públicamente- llegaría a niveles
peligrosos.
b) debilitamiento de la presencia del estado en la
economía:
pero además de las presiones sobre el monto del gasto
presupuestal, está también la cuestión de su destino. Monto y destino del
presupuesto federal se unen para que los sectores más duros de la burguesía
sostengan la necesidad de debilitar la presencia global del estado en la
economía. Dejan claramente establecido, a través de diversos mecanismos, que el
gobierno interviene excesivamente en la economía, en tanto que deja que la
izquierda abuse de libertad (II/28).
Desde su percepción, el gobierno debe ser socio del
capital privado, jamás debe convertirse en su competidor. La lucha la encaminan
hacia la consecución de esta meta. El presidente de la Asociación Nacional de
Abogados de Empresas fue particularmente claro al respecto (XI/9):
“El estado...debe participar en los negocios que son
de utilidad pública, como socio del sector privado, pero nunca como ocurre
ahora, en competencia con la iniciativa privada, porque esto daña a la economía
del país...El estado, a través de nacional financiera y de la sociedad mexicana
de crédito industrial, se ha convertido en un buen socio del sector privado,
pero esto ha ocurrido cuando su participación es minoritaria y son
los particulares quienes administran las empresas”.
A menudo, los grupos más hostiles a la ampliación –ó
mantenimiento al mismo nivel vigente- de la esfera gubernamental en la
economía, recurren a la utilización de argumentos encaminados interviene con un máximo de sólo 26% en las actividades
productivas en tanto que en México lo hace en 52% (II/28).
La izquierda no incorporada al estado, los dirigentes
del movimiento organizado de los trabajadores, algunos grupos de asesores e
incluso diversos sectores con representantes colocados al interior de la propia
fracción hegemónica de la burocracia central, sostienen en cambio que el camino
inmediato para salir de la crisis estriba en la participación abierta –si es
necesario, precisamente en competencia con la iniciativa privada- del Estado en
la economía (XI/3). La destitución de dos secretarios de estado y el
desplazamiento horizontal de otro, ocurridos en noviembre y diciembre, muestran
cuál de estas dos concepciones triunfa y –simultáneamente- señalan cómo, en
materia de intervensionismo estatal, las presiones de la burguesía pueden
crillar al gobierno a tener una posición cercana a la pérdida de altas dosis de
legitimidad popular.
c) liberalización de los precios de productos de
primera necesidad.
Otro aspecto en el que el capital empuja al gobierno a
una situación políticamente inestable, estriba en el asunto de la inflación. La
inflación, es bien sabido, es fuente de ganancias extraordinarias para la
burguesía. Sin embargo, cuando ésta se refleja de manera muy importante en el
alza de precios de productos alimenticios, es determinante de un progresivo
deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras, tanto del campo
como de las ciudades. De ahí que, en
aras de un adecuado funcionamiento de las diversas instancias superestructurales,
el estado procure mantener la inflación bajo un cierto control, sin
verdaderamente intentar hacerla desaparecer.
Pues bien, durante todo 1977, diversas fracciones de
la burguesía presionaran para hacer desaparecer el exiguo control gubernamental
sobre la inflación; éstas han sido eficaces. Todo parecía indicar, en la
tercera semana de agosto, que aumentos como el de la leche y el pan se
seguirían dando con respecto a otros artículos de primera necesidad (VIII/22).
Ante la certeza de que el progresivo deterioro de las condiciones de vida
necesita –en aras de la legitimidad- ser relativamente controlada por el
gobierno, se alzaron protestas
provenientes de la maquinaria corporativa, del propio aparato burocrático y de
otras instancias del estado. Incluso de la propia Cámara de Senadores
provinieron declaraciones que recordaban a los empresarios su obligación de
invertir, pues si bien es verdad que ha sido importante su iniciativa
empresarial (para acumular capital), no se debe soslayar que en la generación
de su riqueza ha sido determinante el esfuerzo productivo de los trabajadores,
con niveles de salarios generalmente inferiores a los justos y equitativos (VIII/22).
Simultáneamente, las presiones de la burguesía
continuaban. Desde mediados de junio (VI/21 y 22), la iniciativa privada no
ocultaba sus pretensiones de extender la liberalización de precios, hasta
llegar a la desaparición total del control oficial. En este sentido, aumentaba
la frecuencia de presentación de solicitudes de autorización gubernamental para
aumentar los precios de diversos productos (VIII/25).
Sin embargo, todavía para mediados de septiembre éstas
no seran totalmente eficaces. El 13 de septiembre, en efecto, la secretaría de
comercio anunciaba que existían 200 solicitudes de aumento a precios de
productos y servicios que estaban siendo
detenidas por la dependencia,
porque muchas se referían a renglones que encarecerían más el costo de la vida.
Se afirmaba que, como parte del esfuerzo que realizaba la Secom por mantener
una política antiinflacionaria, se había negado oficialmente la autorización de
aumento al precio del huevo, solicitada por los productores y distribuidores
mayoristas de este producto. Pero bien pronto resultó claro que el aparato y
distribuidores mayoristas de este producto. Pero bajo control oficial, 400
sufrirían reducciones de precio y los 7,100 restantes mantendrían el precio que
habían tenido desde principios de año. Pero si aún existían dudas respecto a la
eficacia de las presiones de la burguesía, estas desaparecerían cuando, en
acuerdo presidencial publicado el 27 de octubre en el diario oficial de la
federación, se relegaba de ejercer inspección, en cuanto control de precios, a
la secretaría de comercio (en productos no alimenticios). Únicamente se
ejercería vigilancia, en los términos del acuerdo, para evitar que surja la
especulación (XII/13).
d) abatir los salarios
pero, si en sí mismo es políticamente peligroso para
las condiciones demandadas por la reproducción del capital el auspiciar un incontrolado
proceso inflacionario, lo es más aún cuando simultáneamente se da un
abatimiento absoluto y relativo del poder adquisitivo de las remuneraciones de
los trabajadores. Por ello es las pretensiones del capital en cuanto a deprimir
cada vez más los salarios, no podían conducir a otra cosa que a erosionar las
propias bases de apoyo social del estado nacional mexicano. Que las
pretensiones en este sentido fueron eficaces, es casi indudable. De las
diversas instancias estatales, sólo los líderes de la maquinaria corporativa
opusieron resistencia; ésta fue, por
otra parte, enormemente insuficiente e ineficaz. Básicamente giraba en torno a
demandas verbales presentadas por el congreso del trabajo, en cuanto a aumentos
de los salarios mínimos más allá del tope del 10%, y en lo concerniente a
introducir legislaciones que establecieran escalas móviles de remuneraciones
(X/12).
En comparación con la tibia y emotiva posición de la
maquinaria corporativa, la del capital es agresiva, racional y –por tanto- eficaz.
Cada vez piden sus dirigentes mayores decrementos reales de salarios, pero
estas peticiones se adaptan a las circunstancias del momento, fortaleciéndose
así de las contingencias. A principios de junio (VI/8), el argumento
empresarial contra la elevación de los salarios está claramente representado
por las siguientes ideas del presidente del Consejo Coordinador Empresarial:
“Mientras más elevados sean los salarios requeridos
legalmente, menor será la proporción de la gente activa que pueda recibirlos...lo
que implica un ineludible deterioro en la participación de la riqueza del 30%
más pobre de la sociedad”.
En última instancia, si los niveles de explotación no son lo suficientemente elevados, el
capital amenaza simplemente con cerrar las fuentes de trabajo. El 5 de agosto,
el presidente del CCE declara:
“El sector obrero entiende que no hay salario más bajo
que el que no se tiene, y cerrar fuentes de trabajo ó ahogarlas económicamente
no es la solución...Desde tomarse en cuenta que no es lo mismo pedir que dar”.
Pero ya para el 13 de septiembre, después del Informe
Presidencial, se agregan nuevos elementos a las presiones de abatimiento de
salarios. Se justifica ideológicamente el que ello suceda; se dice que, en
última instancia, estas reducciones en las remuneraciones no son tan gran ayuda
como podría pensarse. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), va sin esquivos
al asunto: “Los costos de las manufacturas subieron tras la devaluación por el
alza en pesos que experimentaron las materias primas importadas. Los salarios,
que no han subido en gran porcentaje desde entonces, por este motivo pueden
considerarse una ayuda pequeña a los precios con que nuestros productos concurren
al exterior”.
A finales de octubre (X/28), ya seguros los diversos
grupos de la burguesía de la eficiencia de sus presiones, y en momentos en que
se empezaba a definir la política económica gubernamental del año entrante,
ahora postulan la necesidad de mantener la política salarial tenida durante
1977, para todo el año siguiente. En la primera semana de noviembre se llega a
pedir, no la elevación de los salarios , sino el mejoramiento de los mecanismos ideológicos que harían
posible para los trabajadores el seguir soportando el hecho de que cada vez
sería más difícil subsistir con su remuneración. El director de Banamex propone
no recobrar el poder adquisitivo de los
salarios, sino reorientar los patrones de consumo (siguiendo cauces de
austeridad y sobriedad) y generalizar una filosofía del trabajo productivo en
todos los sectores de la sociedad
(XI/7). Este mismo punto de vista es retomado pocos días después (XI/9) por el
presidente de la Canaco de la Ciudad de México, quien lo aclara por su cuenta,
afirmando que es necesario liberar los precios y, simultáneamente, que se
controlen más las demandas de aumentos de salarios. En concreto, de lo que se
trataría es de que el gobierno controlara los aumentos de los salarios, no los
incrementos de los precios:
“El control de precios cumplió su función en
momentos de crisis; ahora ya no es
necesario y es preciso liberar los preciso. El mayor estímulo que pueden tener
los empresarios es la ganancia...Sin embargo, no apoyo las demandas laborales
que pudieran ir arriba del 10%. Esta actitud del sector obrero sí sería
inflacionaria...El problema es el de los que no tienen ocupación; los que la tienen son privilegiados...El
problema se generará cuando haya más desempleados...”
E incluso se llega a perseguir la eliminación de la
revisión anual de salarios, pidiendo la vuelta a las revisiones bianuales,
argumentando que las situaciones vigentes a finales de 1977 y las previsibles
para 1978, así lo requerían. Un consejero de la Coparmex, en efecto, afirmaba
el 26 de noviembre, que:
“Debe volverse a las revisiones bianuales, por haber
desaparecido la situación eventual y emergente a la que se refiere la
exposición de motivos de la reforma legislativa, (ya que en 1974, la reforma
legislativa) se refería al concepto de resarcir al salario de su poder
adquisitivo frente a lo que se llama costo de la vida”.
Y, todo indicaba, a finales de diciembre, que este
proceso conforme al cual diferentes grupos de la burguesía piden cada vez
mayores reducciones al salario real, aún no terminaba. Los acontecimientos del
año de 1978 estaban destinados a arrojar mucha más luz al respecto.
e) nulificar las reivindicaciones de la maquinaria
corporativa.
Se ha afirmado aquí que la maquinaria corporativa del
estado es básicamente –del conjunto de instancias estatales- la que mantiene
una postura formal de relativa oposición al capital, en materia de incremento
de salarios. Esta misma posición es sostenida en lo referente a otras medidas
reivindicativas. Desde el 10 de octubre
se sabía que los diputados Cetemistas propondrían modificaciones al artículo
123, que en algunas partes se
consideraba obsoleto por parte de los cuadros dirigentes de la CTM. Al menos
esto se sostenía en lo concerniente a: salarios, contratación colectiva y de
carácter obligatorio, asociación profesional, derecho de huelga, etc (X/10).
Pero las diversas fracciones de la burguesía
tenían, también claramente, la meta de nulificar a su debido tiempo
estas medidas reivindicativas; si bien no necesariamente a nivel legal, sí a
nivel real. Por ejemplo, el 12 de octubre, el presidente del CCE, ni tardo ni
perezoso, manifiesta no estar de acuerdo con las demandas de la CTM,
precisamente en uno de los puntos más sensible del capitalista: el aumento de
salarios. La oposición a la petición
legislativa de establecer demandas móviles de salarios de fundamentaba,
según este personaje, en que:
“Sería dar patente de corso a la espiral inflacionaria
y estar de acuerdo con la política de algunos países que han decidido vivir con
este fenómeno” (X/12).
De esta manera, la burguesía incide decididamente en
el contenido y la dirección de la política económica en materia de aumento
salarial, de control oficial de productos alimenticios, de austeridad del gasto
público y de presencia del estado en la economía. Si además de todo ello,
nulifica eficazmente la acción política de la maquinaria corporativa –en cuanto
a ser prácticamente la única instancia intraestatal que le opone cierta
resistencia-, la posibilidad de caer por el desbarrancadero” (palabras de JLP)
de la falta de legitimidad, es muy cercana a la actuación del aparato
burocrático durante 1977. Esta posibilidad parecía que también se acrecentaría
durante 1978.
f) resistencia a la reforma fiscal.
Ya se han analizado en otras partes de este trabajo
las razones por las que el asunto de allegarse de recursos es un requisito
imprescindible para la existencia de un aparato burocrático apoyado en sólidas
bases superestructurales. Entre menos fondos tenga a su disposición, menos
podrá el gobierno intervenir en la economía (ello, claro está, dentro de
ciertos límites), tener un mayor gasto público y constituirse en un relativo
valladar a las extralimitaciones y excesos del capital. De ahí que todas las
medidas que provengan de la clase del capital para disminuir las
disponibilidades presupuestales, siempre presentes durante el año que aquí se
estudia, coadyuven significativamente a la colocación del gobierno en una
situación de próximo enfrentamiento a estallidos sociales de inconformidad.
Estas presiones del capital se manifiestan claramente en la continua
resistencia a la implantación de una reforma fiscal impositiva antes de 1979
(presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos), (XII/13), lo que
significaba que todo el proceso de salida a la crisis –si se cumplían las
respectivas predicciones oficiales- se daría bajo condiciones de extrema
penuria económica gubernamental, en buena medida a la oposición de la burguesía
a ser sujeta de mayor extracción fiscal.
g) Suprimir el nacionalismo económico.
Pero hay un asunto más, de gran importancia en cuanto
a las maneras conforme a las cuáles las presiones de la burguesía orillan al
gobierno a denotar una actuación cercana a la de la carencia absoluta de bases
de legitimidad a los ojos de los sectores medios y de las clases explotadas del
campo y de la ciudad.
Desde 1917, uno de los más sólidos pilares ideológicos
del estado mexicano había consistido en el manejo de una imagen nacionalista
inherente al aparato burocrático. La súbita eliminación de este elemento
superestructural podría traer disfuncionalidades para el estado, que no serían
fácilmente controlables. Sin embargo, las fracciones de la burguesía que se
identifican con el capital transnacional monopólico tienden precisamente a
ello; su postura es la de la abierta eliminación de las trabas nacionalistas a
la expansión del gran capital extranjero.
De un total de 187 empresas transnacionales, 179
tenían subsidiarias en México. En este sentido, el país ocupaba el dudosamente
honroso primer lugar en América Latina en cuanto a penetración extranjera, y el
quinto en el mundo (XII/14). Las transnacionales continúan ubicándose durante
el año –aunque a ritmo diferente que en el pasado- en los sectores más
dinámicos de la economía del país. El 14 de diciembre fue público que la
general electric invertía en una planta de energía nuclear que debió haberse
inaugurado en 1972, pero que fue pospuesta para 1983.
Es sabido que en la experiencia del caso mexicano se
invalida dramáticamente la tesis imperialista conforme a la cual el desarrollo
de las naciones periféricas, con respaldo de inversionistas de las metrópolis
internacionales, representa el camino idóneo para salir de sus crisis
estructurales internas (VII/1). Sin embargo, los requisitos necesarios de
satisfacer (ya mencionados antes) para llevar adelante el proceso de salida a
la crisis del ’77 –conforme éste había sido planteado por el estado- hacen que
el aparato burocrático tienda a dar cada vez más facilidades al capital
extranjero para su ubicación en el país. Estas facilidades son aprovechadas por
las respectivas fracciones de la burguesía, a la vez que son acrecentadas por
mutuo propio.
Dada la escasez de inversiones en el país, en el marco
de la ley de inversiones extranjeras, el capital internacional privado muestra
cierta reticencia formal a colocarse en México, porque solamente podría
asociarse con capital mexicano que cubriera el 51% del total, en empresas de
pequeña y mediana envergadura, no en grandes empresas. Y estas últimas son
precisamente las que le eran particularmente
interesantes (VI/12). Este mismo argumento sería esgrimido por Henry
Ford II, presidente de la compañía
automotriz respectiva. Con similar tónice, algunos grupos de
inversionistas extranjeros aducen, a principios de julio (VII/5), que las
medidas que establecen su participación minoritaria en las empresas nacionales
desembocan en su sentimiento de que sus intereses no están debidamente
garantizados. Por lo tanto, para aumentar sus inversiones, demandan la
supresión de esta restricción. Ello significa que la crisis empuja al estado
hacia la aceptación de la inversión extranjera en condiciones aún más
privilegiadas que las que habían estado vigentes hasta 1977. ¡El capital
internacional pide, ni más ni menos, la desaparición de uno de los escasos
controles –con todo y que éste es fundamentalmente sólo formal, no real- del
imperialismo, sostén fundamental de la ideología nacionalista de la revolución
mexicana!
En igual sentido, la ideología nacionalista como base
de apoyo del gobierno mexicano, es debilitada por las presiones provenientes
del aparato burocrático del estado norteamericano en materia de petróleo y
derivados. Hay que tomar en cuenta que las reservas petroleras probadas para
diciembre de 1977 eran de 14 mil millones (XII/13). En caso de ser así, equivaldrían a 6 veces las existencias
de Alaska. Esto colocaba al recurso mencionado en el ámbito de la
seguridad de EU. Consecuentemente,
aumentan las presiones del gobierno norteamericano e torno a su manejo. El 29 e
noviembre, en un claro intento por continuar las presiones políticas sobre el
aparato burocrático del estado mexicano, el EXIMBANK da a conocer que el
crédito de 590 millones de dólares para financiar el gasoducto Cactus-Reynosa
estaba técnicamente aprobado, pero
seguiría siendo ponderado políticamente hasta fin de año, básicamente
para recabar la decisión final del presidente del gobierno norteamericano al
respecto (XI/29). Para fines de diciembre, la ponderación política conduciría a
un aparente fracaso temporal (que proseguiría al menos durante 1978 y 1979) de
las negociaciones respectivas.
B) La reforma política y el fortalecimiento del
capital
Ya en el capítulo IV y V de este documento se ha visto
que el aumento en la fuerza política del capital es un factor principal en el
hecho de que el gobierno mexicano no pueda dirigir efectivamente el proceso de
salida a la crisis. Aquí se volverá sobre el mismo asunto de la fortaleza
política de la burguesía, pero ahora se considerará bajo una óptica diferente:
no ya como posibilitadora de que el capital salga fuera del ámbito de acción
señalado por el gobierno, sino ahora como factor determinante de que éste sea
capaz de definir el contenido, normar las directrices y establecer planes, programas
y proyectos de la política global de la burocracia central.
La reforma política significa, aunado al relativo
reforzamiento de la izquierda, la legitimación de la participación política
abierta –no por debajo del agua (VII/29)- de las organizaciones directas de
lucha de las diferentes fracciones de la clase del capital. Este hecho, claro
está, fue negado en múltiples ocasiones
por estas mismas organizaciones. El presidente de la Concamin afirmaba el 20 de
octubre que, como empresarios, no se puede participar en política; un
empresario sólo lo puede hacer como ciudadano. Pero, los acontecimientos
demuestran sin lugar a dudas que, aprovechando el contexto de modificaciones
superestructurales, la burguesía como conjunto –y en su interior la fracción
hegemónica- desarrolla durante 1977 mecanismos que conducen a una mayor
capacidad organizativa y de presión política, y ensaya nuevos métodos de
actuación.
El grupo Monterrey y sus apéndices, en particular,
desarrolla esta capacidad política de manera muy clara; sus dirigentes intentan convertir a los
intereses que representan en los intereses efectivos de la burguesía en su
totalidad. Para ello tratan de obtener el liderazgo de las principales
organizaciones que permiten la lucha política de la burguesía. El 8 de
diciembre, el líder de los pequeños comerciantes organizados denuncia: a) que
el grupo Monterrey se ha apoderado de la Coparmex; b) que los comerciantes y
empresarios del norte del país pretenden adueñarse de la dirección de la
Concanaco; c) que estos dos puntos son parte de una estrategia del consejo
coordinador empresarial para convertir a los organismos privados que lo
integran en instrumentos de presión política sobre el aparato burocrático; d)
que el entonces dirigente del CCE había engañado al presidente de la república,
al proporcionarle datos falsos acerca de la participación del sector privado en
la alianza para la producción. El 9 de diciembre, los representantes del grupo
Monterrey admitían que, efectivamente,
hacían campaña para que uno de sus miembros llegara a la presidencia de la
Concanaco.
La denuncia del líder de los pequeños comerciantes es
importante porque, además de la información concreta que brinda, los términos
en que ésta se hace arrojan luz sobre el hecho de que una determinada fracción
de la burguesía, si intenta imponer su hegemonía política durante 1977, tiene
que liberar la lucha por lo menos a tres niveles principales: a) contra la
fracción hegemónica de la burocracia pública; b) contra el resto de las
fracciones del capital; c) contra los dirigentes de la maquinaria corporativa
del Estado. La lucha contra la posición de las organizaciones, grupos y
partidos políticos que no lamen la conyunta que el gobierno ha impuesto al movimiento obrero y campesino
corporativizado, es, en esta perspectiva, marginal. Los puntos b) y c) surgen
cuando el denunciante afirma que
divulga públicamente la información porque los pequeños comerciantes son víctimas de los grandes industriales y
comerciantes, y (él) sí respeta a las instituciones y al régimen. El punto a)
se establece cuando se sabe que los grupos empresariales utilizan, no solamente
mecanismos para influir en los partidos y organizaciones políticas principales,
sino que utiliza multitud de otros medios de presión para obligar al aparato
burocrático a ir más allá de los límites políticamente tolerables (VII/22).
Entre estos otros mecanismos, se encuentra la
utilización racional –en cuanto a servidumbre a sus intereses- de los medios de
comunicación masiva. Según el gobernador de Nuevo León, en Monterrey –quizás el
lugar donde la acción política directa de las organizaciones de lucha de la
burguesía con respecto al gobierno, es más clara durante el año- las
agrupaciones patronales presionan sobre los medios de comunicación masiva, cancelando
el derecho a la información (XII/2). También, los paros de actividades se
incluirían como otro medio para presionar al aparato burocrático. Aún siendo
ilegales (III/3), el aparato burocrático del estado no toma acciones
directamente represivas contra los paros de comercio, por ejemplo. Y, en
general, en el momento en que algunas fracciones del capital perciben la
posibilidad de que sean dañadas en sus intereses, pueden reaccionar simplemente
señalando las negativas consecuencias que ello tiene en el proceso de salida a
la crisis. Tratándose del caso en que el gobierno anunció la posibilidad de
sustituir los permisos previos de importación por un mayor arancel, la
Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana afirmaba que ello traería como
consecuencia el cierre de empresas y fuentes de trabajo.
En realidad, estos mecanismos de presión sobre el
aparato burocrático habían estado presentes desde hacía tiempo en el arsenal de
la burguesía que tiene intereses en el país. El aprendizaje de su utilización
efectiva no toma lugar durante 1977. En sentido estricto, la nueva habilidad
que realmente adquieren sus dirigentes directos durante este año estriba en la
de colocar a sus representante directos en posiciones clave de la burocracia
central del estado mexicano. Hasta el año ’77, sus representantes directos
estaban ubicados solamente; en los referentes locales, municipales y –como
máximo, y sólo por excepción- de
entidad federativa, de la maquinaria corporativa del estado; en las propias
organizaciones de lucha del capital.
Hay por lo menos dos claros indicadores de que esto sucede; i) la agudización de los
conflictos entre la oligarquía
regiomontana y la fracción zorrilista de la burocracia de la entidad; ii) los
cambios en el gabinete económico del presidente de la república.
A pesar de que pública e ideológicamente los
representantes de las organizaciones de lucha de la burguesía se empeñan en
demostrar desinterés, lo cierto es que en algunos casos se cuelan declaraciones
que permiten entrever, tanto que manejan la percepción de que el acceso a posiciones clave del aparato gubernamental
garantizan en cierta medida un contenido de la política económica gubernamental
ampliamente favorable a sus intereses, como que efectivamente tienen ingerencia
en el asunto de las personas que ocupan los más importantes cargos públicos. El
18 de noviembre, el presidente de la Canacintra afirmaba:
“Deseamos que estos cambios (en el gabinete
presidencial) no entorpezcan la buena marcha de los asuntos públicos y
signifique un cambio radical en la política que hasta ahora se venía
siguiendo”.
Ya para el 6 de octubre, acontecimientos ocurridos
anteriormente permiten que se empiecen a perfilar claramente posibles cambios
en el gabinete presidencial. Incluso, algunos gobernadores mencionan, de
pasada, esta posibilidad. Estos cambios habrían de ocurrir posteriormente, el
16 de noviembre (con la renuncia, simultánea, del secretario del programación y presupuesto, y el de la
secretaría de hacienda y crédito público) y el 9 de diciembre (cuando el
secretario de educación pública renuncia y es sustituido por el hasta entonces
secretario de comercio). Sin embargo, antes de éstos habrían de ocurrir una serie de hechos en Nuevo León, que de
alguna manera condicionan los
posteriores cambios.
A mediados de octubre se abre, en Monterrey, una
oficina –creada por 60 grupos privados (El consejo de Instituciones), que reúne
a 100 organizaciones que agrupan a 2,700 empresarios, seis mil comerciantes
organizados y cinco mil mujeres- que,
se anuncia, recibiría quejas contra excesos del gobierno de la entidad, tales como violaciones
efectuadas por la policía preventiva y judicial, secuestro de vehículos,
persecución de obreros, agresiones a ciudadanos, etc. Ante estas
circunstancias, era inminente que el congreso
local –de Nuevo león, iniciara una investigación de la gestión del
gobernador, Pero Zorrilla Martínez (X/20).
Es claro que lo que se pretende en esta ocasión es
demostrar que la actuación del gobernador Zorrilla no tenía el consenso
popular; que las bases sociales de apoyo de su gobierno eran prácticamente
inexistentes. El objetivo inmediato; hacerlo renunciar; nombrar a su sucesor;
acrecentar el poder de la burguesía a nivel nacional, generalizando su
experiencia; imponer a sus representantes directos en las posiciones de la
burocracia central que determinan la política económica gubernamental. El
motivo de fondo; la existencia de un nada despreciable margen de independencia
relativa del gobierno de la localidad, con respecto a la oligarquía
regiomontana. Las contingencias; la significativa interrupción de la influencia
de las diferentes organizaciones del capital, en el interior del gobierno de
Nuevo León.
En cuanto al objetivo, parecen válidas las interpretaciones
de los referentes de la maquinaria
corporativa a nivel de la entidad, y las del secretario general del PPS.
En efecto, en un desplegado firmado el 19 de octubre por la CTM, CROC, y CGT de
N. L. Se afirmaba:
“De esta suerte, para ciertos círculos de acción
probada, subsisten como objetivos fundamentales los mencionados en otras
ocasiones: a) sentar como elemento sustancial la neutralización de la actual
administración del Estado, por independiente; b) apuntar firmemente los
términos en los cuáles, conforme a aquellos intereses, deban resolverse las
sucesiones futuras en el mando político del estado (de Nuevo León); c) la
pretensión de imponer al gobierno federal –y al estatal- condiciones para la
conciliación que reclama la política del régimen actual”.
Por su parte, en interpretación –realizada el 20 de
octubre- del secretario general del Partido Popular Socialista, el grupo
Monterrey intentaba partir de la experiencia de la destitución del gobernador
de Nuevo León, para generalizar este tipo de actuación por todo el país:
“La actitud agresiva de la burguesía contra el
gobierno anterior renace ahora para obligar al actual a virar hacia la derecha
para servir a sus propios intereses. Si derrotan a Zorrilla Martínez
derrotarían también una actitud hostil
hacia ellos, contraria a sus desmedidos afanes de lucro...Zorrilla
Martínez nunca ha estado con los intereses de la clase dominante y por eso se
le han ido encima. Pese a lo que digan, los empresarios son los más políticos y
luchan por obtener posiciones de
poder...Si el gobernador fuera destituido la burguesía neoleonesa se
constituiría en gran triunfadora y la lucha nacional de tipo político y
económico se inclinaría hacia ellos por la enorme influencia financiera del
grupo Monterrey...Monterrey es un punto estratégico en donde se asienta la gran
burguesía nacional que trata de influir
en todos los niveles para que las formas de gobierno sean favorables a sus
intereses facciosos...”
A su vez, en lo que respecta a los determinantes de
fondo de la acción contra el gobernador, éstos se desprenden de la relativa
independencia con que actúa el aparato burocrático de la entidad. Basta con
sopesar las palabras del propio gobernador (X/19):
“Están a la vista acciones de violencia que se han
dado en otros lugares y que en Nuevo León no ha sucedido gracias a una política
de respeto al ejercicio de los derechos laborales...¿Porqué no se dice la
verdad? ¿Porqué no se habla de esa ausencia de justicia de parte de algunos
grupos económicos y de controles sociales en Monterrey que impiden que las
familias sientan que tienen abiertos los caminos por la educación, por la salud
y por el trabajo, situación que se ha logrado, pero que se trata de
ocultar?...Yo apuesto a que si este gobernador hubiera accedido a ciertas
presiones no tendría problemas. Ciertos órganos se desvivirían en alabanzas,
pero no tendría la frente alta para hablar como lo hago”.
Por lo que se refiere a las contingencias –a la gota
que derrama el vaso-, parece existir poca duda respecto a que éstas se
identifican con las acciones del gobernador tendientes a disminuir la presencia
directa del capital al interior del gobierno. En efecto, según el ya mencionado
desplegado suscrito por las Secretarías Generales en Nuevo León de la CROC, la
CGT y la CTM (X/19):
“En tiempos superados, algunos grupos privados
forzaban su acceso de modo diverso a centros de decisión (del gobierno de N.
L.), como la Tesorería General del Estado, la Comisión de Planificación
–urbanización y fraccionamientos-, Procuraduría General de Justicia, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y
Junta Catastral, de tal manera que participaban de un modo irregular, por
irresponsable socialmente, en el ejercicio del poder público...Así, al
necesario y saludable margen de la independencia del poder público, con
respecto a los legítimos intereses privados, era de esperarse, y siempre ha
estado presente, la reacción ultra conservadora de quienes consideran
disminuida su hegemonía económica...y en pocas ocasiones política: influencia en
sucesiones políticas. No les basta la audiencia, porque quieren poder. Estas
reacciones han estado apoyadas por una parte de la prensa de Monterrey”.
Independientemente de lo acertado ó no de estas
apreciaciones, el hecho es que el conflicto entre el gobernador de N. L. Y la
oligarquía regiomontana se agudiza durante las últimas semanas de octubre.
Desde la capital de la entidad, pequeños núcleos identificados como
pertenecientes a la Unión Nacional de Padres de Familia atacan a los libros de
texto gratuitos (X/19). Se da un distanciamiento entre el Presidente Municipal de Monterrey y el Gobernador de
Nuevo León (X/25). La oficina de quejas, recién instalada, empieza a arrojar
información, demostrando los excesos del gobernador.
Sin embargo, a la par que sucede esto, los personajes
de la burocracia central más identificados con posiciones progresistas se
definen a favor del gobernador. El secretario de gobernación establece la premisa de que los empresarios no pueden quitar a un gobernador: sólo el pueblo
que lo eligió (X/20). Además, otras importantes fracciones de la burguesía se
pronuncian contra los métodos frontales y abiertos de lucha, asumidos contra el
gobierno local por la oligarquía regiomontana. En este sentido, fue crucial la
declaración del presidente de la Asociación de Industriales del estado de
México, en el sentido de que, en el caso de Monterrey, los empresarios
utilizaban el poder del gremio para presionar al gobernador, cosa que no era
aceptada por la Asociación (X/21). Asimismo, el gobernador obtiene el apoyo
–además del de los dirigentes
nacionales del PRI- de los líderes de los partidos de oposición
registrados. El 21 de octubre, el congreso de Nuevo León acusa a las
agrupaciones privadas que establecieron la mesa de quejas contra el gobernador,
de usurpar funciones. El resultado: el gobernador de Nuevo León no renunció.
De esta manera, de los objetivos perseguidos por el
grupo Monterrey con el affaire Zorrilla, no se consigue la renuncia del gobernador ni –al menos durante 1977-
generalizar su experiencia a nivel nacional. Sin embargo, ello no implica el
que tampoco hayan logrado alcanzar el objetivo de colocar a sus representantes
directos en las posiciones clave del gobierno. El ámbito clave, el espacio
burocrático-administrativo donde se generan los contenidos originales de la
política económica, donde se retroalimentan los contenidos originales con
presiones de todo tipo y se modifican éstos conforme a la correlación de
fuerzas, y donde se formulan las versiones mas ó menos definitivas de ello, es
el llamado Gabinete Económico: el conjunto operativo formado por la SPFI, SPP,
SC, SHCP.
Había dos elementos disfuncionales, dos personalidades
incómodas, para el capital: los titulares de Educación Pública y de
Programación y Presupuesto. El 16 de noviembre renuncia dos secretarios: de
programación y presupuesto, y de hacienda y crédito público. Con la eliminación
de Tello Macías, la incomodidad de la burguesía disminuye. Las declaraciones
del 21 de noviembre del nuevo secretario de hacienda y crédito público,
tranquiliza a sus dirigentes directos: el mercado interno no crecería; las
reformas fiscales de fondo se postergarían; se respetarían los convenios y las
cartas de intención suscritas con el FMI. El 9 de diciembre, renuncia el secretario
de educación pública (otro personaje non grato a los ojos del capital, por ser
miembro del gabinete presidencial de Luis Echeverría y por su filiación
pretendidamente marxista) y es sustituido por el secretario de comercio. La
secretaría de comercio, a su vez, es ocupada por el hasta entonces gobernador
de Chiapas. No es posible afirmar que los acontecimientos de Monterrey fueron
un factor causal de los cambios en el gabinete presidencial. Sin embargo, los
hechos parecerían señalar que éstos si
fueron determinantes significativos. De alguna manera como reflejo de las
presiones ejercidas contra el gobernador Zorrilla, la fracción hegemónica de la
burocracia central del estado mexicano se transforma, se recompone a sí misma,
se vuelve homogéneamente conservadora, aún más amalgamada con los intereses del
gran capital. Se auto eliminan los obstáculos que, por la presencia de
objetivos no del todo coincidentes entre sus miembros, surgen en su propio
seno. Pero al hacerlo, pierde el aparato burocrático valiosos elementos que
pudieran dificultar la eficacia de las presiones cada vez más fuertes del
capital en lo que respecta a orillar al gobierno hacia toma de posiciones
ilegítimas que podrían llevarlo lejos de la obtención de apoyos consensuales.
C) Las fracciones rurales de la burguesía del país
tienen un lugar especial en el proceso de pérdida popular del gobierno.
En tanto componentes de la burguesía del país, los
capitalistas rurales –y sus representantes directos- participan claramente de
todo lo que se ha descrito en este apartado. Sin embargo, su actuación tiene
una especificidad propia. Es necesario, entre otros factores, distinguir entre
los sectores de la burguesía que ya tenían intereses en el agro, y aquellos
cuya presencia en el campo el aparato burocrático se empeña en estimular
durante 1977. Ello, en virtud de que con frecuencia la posición de los primeros
no es totalmente coincidente con la de la burocracia central. La no
coincidencia puede referirse a un
programa concreto propuesto por el gobierno, como en el caso de las
agroindustrias, donde levantan su voz contra la postura gubernamental que la
considera como la solución óptima. La Asociación General de Agricultores del
Estado de Colima se encarga de establecerlo así, el 8 de diciembre:
“Es verdad que la industrialización de los productos
agrícolas es una ayuda y grande para la producción agropecuaria en sí, en
cuanto favorece el uso de alimentos perecederos que mediante la
industrialización se conservan y además transforman su utilización,
mejorándola. Es cierto que además la industria
de transformación de materias primas agropecuarias favorece el uso de
mano de obra creando empleos de todo tipo en las áreas rurales, donde se hace
sentir más fieramente el desempleo y la desocupación. Pero es utópico que ahí,
en la transformación industrial, esté la panacea para el problema del
campo...Lo que queremos decir y aclarar es que los consumos básicos y masivos
se produzcan en el propio país y no se importen. Después se sigue la capacidad
de exportar que potencialmente tiene México y ya probada en un pasado no muy
lejano...Entonces, el agro es primero y la urbe después. Sin el agro,
solidifican la ciudad ó ésta prospera falsamente ó es foco detonante de
desajuste social”.
Pero las fracciones de la burguesía que tienen
intereses en el agro y el aparato de gobierno también pueden no coincidir en lo
que se refiere a aspectos de mayor
generalidad; a las bases mismas de los
planes de descampesinización del agro.
De hecho, no es raro que empujen y presionen
a la burocracia central hasta cerca de los límites de debilitamiento de sus
bases superestructurales de apoyo en el campo.
Ya antes se ha mencionado que el aparato burocrático
tiene que mantener, para los fines de legitimidad que requiere la descampesinización,
la apariencia de que aún quedan tierras –pocas, pero quedan- por repartir para
fines agrarios. Pues bien, la posición de la fracción de la burguesía del país
que ya tiene intereses ubicados en el campo consiste en no repartir ni un metro
cuadrado más, ya que esto sólo sería posible, desde su percepción, afectando a
la pequeña propiedad. Sus organismos de lucha política parten de la idea de que
la etapa útil del reparto agrario en México ha terminado; cualquier reparto durante y después de 1977
sería disfuncional:
“Las reformas rurales han sido numerosas y constantes
y el anhelo por una distribución adecuada de la tierra es connatural al género
humano. Estas reformas rurales ó agrarias han tenido diversas realizaciones
teóricas y prácticas en los diferentes estados ó países en que se han
realizado. Tal parece que una repartición de tierra es útil y progresista hasta
un punto, adelante del cuál se crea el mini-minifundio que llega a ser
improductivo y por ende indeseable” (XII/9).
Toman un nuevo lema, seguridad y garantías; detrás de
él se esconden sus intereses reales. A la vez, se perfila el camino de la total
pérdida de legitimidad de la presencia y la actuación del aparato burocrático
en el agro:
“No podemos producir en medio de invasiones agrarias
que si bien han disminuido no han cesado, agravándose el cuadro con
indicaciones de estatificación de la agricultura, si hemos de creerle al SR.
Rojo Lugo (titular de la SRA). Preferimos creerle a las afirmaciones
proteccionistas del señor presidente en su intervención en la gran reunión
(México Agroindustrial, del 24 y 25 de noviembre), así como la del gobernador
de Jalisco, y confiados esperamos sean creadas de verdad las condiciones
previas a la reorganización nacional de la agricultura mexicana que son
seguridad y garantías, en aras de una auténtica autosuficiencia nacional
(XII/8).
Presionan al aparato burocrático para que este lema
sea tomado y operacionalizado por sobre cualquier otra circunstancia:
“Los enfoques de la iniciativa privada para ayudar por
vía de la industrialización de productos del campo, tanto agrícolas como
pecuarios, son no obstante, reducidos en su alcance. Quedan de lado los dos
requisitos que cual verdades de Perogrullo, deben ser enfatizados so pena de
arar en el desierto: seguridad en el agro y en la tenencia de la tierra, y
fijación de precios de garantía al mayoreo para los productos del
campo...Resolviéndose esas tres cuestiones las otras usos de semillas
mejoradas, uso de la mejor y más adecuada maquinaria agrícola, uso de
insecticidas y fugicidas adecuados, uso de técnicas superiores de cultivo,
planeación nacional y regional de cultivos, etc...llegarían con mayor seguridad
al campo y complementarían la solución integral...La agroindustria es una ayuda
grande, pero totalmente insuficiente, sin previas resoluciones a los factores
señalados” (XII/8).
Y, desde su perspectiva, el gobierno debe pronunciarse
formalmente a favor de la conclusión de la etapa de reparto agrario, porque
mientras no lo haga, la sola posibilidad de reparto sería bandera de las
organizaciones de los trabajadores del campo sin tierra –estén ó no incluidos
dentro de la maquinaria corporativa-:
“La mayoría de las tierras laborables en México han
sido afectadas para ejidos de acuerdo con las leyes y puede asegurarse con
razón, que prácticamente lo afectable ha sido repartido, y si algo queda por
repartirse legalmente, ello es mínimo y sólo bajo el imperio de la ley y bajo
su acatamiento debiera complementarse
el reparto en base en acciones finales administrativas que procedan
legalmente para concluir el ciclo de repartimiento que está prácticamente ya
realizado, y procederse con todo el rigor de la administración pública y el
empuje de los mexicanos, a la realización de la reforma agraria integral que
contempla ahora la etapa de alta
productividad en todas las formas de tenencia legal de tierra, sea ejidal, propiedad comunal de
antiguos poblados, ó pequeñas
propiedades agrícolas ó ganaderas. Mas, desgraciadamente, a menor posibilidad
legal de reparto, corresponde una mayor agitación y demagogia que sin duda es
parte de la estrategia del Partido Comunista manipulado desde el extranjero y
sus muchos afines aliados para la toma del poder y la subversión del orden
legal constitucional establecido “ (XII/8).
De ahí el principal dilema superestructural del
estado, en el proceso de implantación de su esquema de descampesinización total
del agro, bajo las condiciones de crisis de 1977; para los fines de legitimidad
que requiere la implantación de su esquema de descampesinización, que beneficia
abiertamente a la burguesía rural, tiene que permitir un mínimo grado de
afectación de tierras; pero, precisamente la fracción de la burguesía que
saldría enormemente favorecida de la situación, presiona especialmente al
aparato burocrático con el fin de que asuma formal y realmente la obligación de
no permitir ninguna acción agraria y, por el contrario, tome en serio la
responsabilidad de brindar cabalmente seguridad y garantías, con lo que el
nivel de legitimidad sufre una disminución impresionante.
A esto, que ya de por sí es grave en lo concerniente a
las bases sociales de apoyo del gobierno y del estado mexicano, en el agro, se
le añaden algunos otros elementos. La aproximación al punto más allá del cual
no es factible la actuación gubernamental legítima, es propiciada también por
el hecho de que algunas fracciones de la burguesía sostienen la necesidad de
que el ejido desaparezca, para ser sustituido por la pequeña propiedad. Un
indicio en este sentido estriba en el reclamo del Consejo Coordinador
Empresarial (X/14), en cuanto a que los ejidatarios y minifundistas privados
debían pagar impuestos, en caso de que se llevara a efecto una redistribución
tributaria. Para el 29 de noviembre, los indicios se convierten en pruebas; el
presidente de la Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia declara:
“La mejor solución al problema del ejido es que éste
desaparezca, ya que ni siquiera el trabajo colectivo que se pretende implantar
hará que se eleve la producción...El ejido debe desaparecer y suplirlo por la
pequeña propiedad, ya que en la medida en que el campesino tenga seguridad
jurídica, en esa misma medida tendrá capacidad para elevar su productividad”.
Pero eso no es todo. La Secretaría de la Reforma Agraria
es, para la burguesía rural, la viva imagen de una posible reforma agraria
radical. De ahí que los dirigentes de esta dependencia del gobierno federal,
sean considerados como enemigos potenciales. Mientras persistiera como
secretaría de estado, no habría la tranquilidad absoluta necesaria, ¿Porqué no
suprimirla, de una vez por todas? Precisamente en esta dirección, para eliminar
cualquier obstáculo a sus intereses, para asegurarse que la política agraria se
someta clara, indiscutiblemente a la política agrícola del año ’77, la
burguesía llega a presionar para que desaparezca la SRA y se incluya como
subsecretaría de la SARH. El presidente de la Confederación Nacional de
Aprovechamientos Hidráulicos afirmaba, el 25 de noviembre:
“La Secretaría de la Reforma Agraria es el enfermo
crónico de la administración pública. Como dependencia administrativa debe
desaparecer, porque corrompe en el agro y alienta en los campesinos marginados
y en las nuevas generaciones una esperanza que por las características del territorio
nacional está liquidada: el reparto de tierras...La SRA debe pasar a ser una
subsecretaría de la SARH, pues el agua y toda la tierra, sin importar su
régimen de tenencia, debe ser manejada por una sola autoridad, que hermane a
los productores y dirija y planifique la producción debe estar vigente, no sólo
durante el sexenio de JLP, sino en el futuro, el 25 de noviembre, el presidente
del Consejo Industrial Agropecuario afirma:
“La alianza para la producción, que deberá estar
vigente en el futuro y no sólo en el actual sexenio, debe lograrse mediante la
acción de todos los sectores sociales y para ello se requiere de la
participación del estado, los agricultores, ganaderos, inversionistas, del
capital del trabajo y de la tierra”.
Pero, a nivel superestructural, los sectores más poderosos de esta burguesía rural no se muestran suficientemente satisfechos con la confianza reinante en el agro, cuyo nivel está determinado por el Estado como globalidad, en función de las necesidades de reproducción de las condiciones políticas mínimas de legitimidad (V/2).
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Tercera Tesis:
Las fracciones de la burguesía vinculadas al agro no
interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas
por la burocracia central del estado mexicano.
Durante 1977, la implantación del esquema de
descampesinización del agro mexicano requiere que la burguesía rural tenga la
certeza de que sus intereses están siendo adecuadamente representados en –y
eficientemente manejados y administrados por- las diversas instancias del
Estado, especialmente en lo que se refiere al desenvolvimiento económico,
político e ideológico de la fracción que detenta la hegemonía al interior de la
maquinaria gubernamental. En los dos apartados anteriores se ha visto que, sin
embargo, no sólo no admite la clase capitalista del campo el más mínimo daño a
sus intereses, sino que incluso presiona al aparato burocrático hasta puntos
muy cercanos al nivel de pérdida absoluta de legitimidad. Existen algunos datos
que permiten afirmar que ello está determinado en algún grado por el hecho de
que sus organizaciones de lucha, al no tener la visión de conjunto de la
sociedad que sí tiene el gobierno, en ocasiones no se explican correctamente el
rumbo que se anuncia toma el proceso de salida a la crisis. Al basar, en
efecto, su conocimiento y su actuación en el contenido explícito de las
declaraciones de los políticos, tiende
la burguesía que actúa en el medio rural a ver moros con tranchete.
Muestra, casi permanentemente, su
incapacidad para distinguir entre objetivos formales y objetivos realmente
perseguidos por la burocracia central del estado mexicano. De esta manera, sus
acciones y comisiones coadyuvan a que la perseguida política de entendimiento (V/12) del sector público,
privado y social, se base en un equilibrio sumamente endeble. Sus cimientos,
por las condiciones que emanan de la crisis, están sometidos a una constante
erosión.
Pero, en este sentido, la miopía de la burguesía rural
es –hasta cierto punto- compartida por el resto de los sectores de la
burguesía. Se manifiesta esta misma desinterpretación en la actuación política
del resto de las fracciones del capital. El discurso político es
inadecuadamente interpretado por la burguesía, como clase, en numerosas
ocasiones durante 1977. Sin embargo, es posible afirmar que no se explica
correctamente los planteamientos del gobierno y/ó de la maquinaria corporativa,
cuando éstos se refieren por lo menos a dos grandes categorías de hechos:
cuando se menciona de alguna manera la necesidad de rectificar el contenido de
la política económica seguida; cuando se presentan argumentos en torno a la
necesidad de aplicar la reforma política.
A) La inadecuada interpretación, de la burguesía como
clase, de la actuación del aparato burocrático.
En efecto, los dirigentes políticos de la burguesía se
desconciertan cuando diversas instancias del estado señalan el potencial
requerimiento de modificar en algunos de sus puntos el manejo de la
macroeconomía que, favoreciendo ampliamente la posición del capital, el aparato
burocrático efectúa durante todo 1977.
En estos casos, sus organizaciones de lucha no son capaces de discernir lo que
realmente determina el contenido de las afirmaciones de cambio, de descifrar en
qué consisten éstos verdaderamente, y en saber en qué consistirían los efectos
que podrían traer consigo. Concretamente se van con la finta cuando se habla
de: liberalización del gasto público; que no se puede permitir que el capital
sea juez y parte en el intento de sopesar la adecuación de la política
económica seguida; la burguesía como culpable de la crisis, que no cumple con
su parte en la alianza para la producción; no autorizar aumentos de precios; no
aceptar la ingerencia directa de la burguesía en el contenido de la política y
reforma fiscal; que el capital alimenta
los conflictos entre políticos y técnicos; la incapacidad de la
burguesía para obtener éxito económico
real, sino cuenta con la protección del gobierno; que, pese a las presiones de
la clase del capital, los economistas en el gobierno no son creadores de
problemas, sino simplemente sus detectadores y solucionadores; la negativa
gubernamental a ceder a la iniciativa privada sus empresas, argumentando
que el hacerlo implicaría su debilitamiento; incrementar los salarios; la
posibilidad de que el capitalismo monopolista de estado se oriente hacia el
fortalecimiento, no del gran capital, sino del movimiento obrero y campesino;
eliminar los subsidios que tradicionalmente le han sido otorgados.
Por otro lado, su falta de visión de conjunto de la
sociedad determina el que no interprete en su real dimensión el contenido y los
alcances de la reforma política promovida por la fracción López Portillista de
la burocracia pública. Se desconcierta cuando se asegura que la Reforma
Política; rompería el monopolio de la oposición que había estado
tradicionalmente en manos del PAN; brindaría amplias posibilidades para que
algunos grupos fuera del control estatal provocaran una crisis política,
aprovechando la coyuntura de crisis económica de 1977; podría incluso
significar la presencia de senadores de partidos de izquierda; no cambiaría la
situación de monopolio del poder, sino que solamente traería una mejor imagen
pública de éste; podría llegar a tocar los puntos más sensibles de la gestión
empresarial, tales como la participación obrera en las decisiones de las
empresas; no incluía realmente la posibilidad de eliminar la corrupción; era la
respuesta a la necesidad de hacer corresponder el nivel político a los cambios
ocurrían y ocurrirían en el nivel económico; en dos años más, posibilitaría el
que en el congreso de la unión verdaderamente estuviera presente la oposición;
ya había sido aprobada; creaba soberbia de la maquinaria corporativa, que
acusaba a la burguesía de demandar definir jurídicamente las reglas del juego
que favorecían a sus intereses; propiciaría un sorpresivo giro a la izquierda
del aparato burocrático; estaba ya coadyuvado a que algunos gobiernos locales
se opusieran eficazmente al gran capital; respondía a la necesidad de obtener
el apoyo político-popular que requería la administración de la crisis;
implicaba en algunos momentos, la necesidad de defender a funcionarios del
régimen de Luis Echeverría, a quienes pretendía la burguesía borrar del mapa de efectivos actores
políticos durante 1977; daría más posibilidades de actuación independiente a
los personajes al interior del gabinete presidencial que le resultaran
potencialmente peligrosos.
Veamos cada uno de estos puntos con mayor detalle.
a) la burguesía no interpreta correctamente los
señalamientos de la política económica seguida.
Desde el punto de
vista del capital, bastaba con tener un mínimo conocimiento de las necesidades
del momento, para alcanzar éxito económico. Tal y como fue afirmado por uno de
los principales acciones de la ICA (IX/29):
“Todo grupo de
hombres que hoy en día se proponga trabajar en equipo, reuniendo sus
capacidades en forma positiva, en un campo en el que el país esté especialmente
urgido de trabajo y de realizaciones, creo que podría alcanzar los mismos
resultados (que ICA) si actúan con tenacidad, amor a su oficio y entrega
absoluta. Todo es cuestión de la época, de cumplir un papel adecuado a las
necesidades del momento. A fines de siglo pasado se necesitaba construir
ferrocarriles y los hombres que pusieron esfuerzo y buena capacidad en ello,
actuando con tenacidad, tuvieron éxito. Durante la colonia, la urgencia del
momento era explotar las minas ó hacer prosperar las haciendas, por ello los
mineros y hacendados destacaron en aquel momento. En otras épocas, los frailes
ó militares fueron factores decisivos en la vida de México. Cada actividad
tiene su momento. A nosotros nos tocó ser ingenieros en una época en que el
país estaba desarrollando a marchas forzadas su infraestructura y por ello
hemos tenido el privilegio de jugar un papel destacado en el proceso de
desarrollo. Con visión suficiente para actuar en los campos más urgentes y con
el esfuerzo y la capacidad necesarios, yo sí creo que eventualmente los jóvenes
de nuestra época van a alcanzar los mismos y mejores resultados que los que
hemos tenido nosotros”.
Desde su propia lógica, la actividad del capital sí
está en concordancia con los requerimientos de la crisis de 1977. La burguesía
está tan convencida de que desempeña adecuadamente su papel económico, que su
fracción hegemónica no acaba de entender, por ejemplo, el por qué no se permite
que se auto postule como el máximo juez del grado de adecuación de la marcha y
contenido de la política económica gubernamental (V/16). De ahí que sus
diferentes fracciones se desconcierten ante las acusaciones –provenientes de
los más disímbolos recodos de la formación social mexicana, incluso de la
propia burocracia central- de que son las culpables de la crisis, por no
cumplir con su parte en la Alianza para la Producción. Sus dirigentes políticos estaban tan seguros de que hacían
todo lo posible –todo lo que estaba a su alcance-, considerando las condiciones
desfavorables para la obtención de máximas tasas de ganancias durante el año,
que llegan a afirmar –como lo hizo el presidente de la canaco de la ciudad de
México, el 23 de septiembre- que acusar al sector privado de ser el culpable de
la crisis, es como acusar al termómetro de la baja ó alza de la temperatura.
¿Quiénes son, entonces, desde la perspectiva de la
burguesía, los culpables de la crisis? Lo son los técnicos y asesores del
gobierno –la tecnocracia en general, y los economistas en particular-, cuya
influencia había sido determinante en la conducción equivocada de la política
económica del país durante décadas, de acuerdo a actitudes demagógicas. A los
ojos de los dirigentes de la burguesía, estos profesionales incrustados en el
gobierno son peligrosos, no sólo porque se convierten –para obtener movilidad
vertical (X/14)- ex enemigos gratuitos de la burguesía.
Al capital le es muy difícil el concebir el que los
economistas no son los creadores de los problemas, sino que constituyen un
cuero al interior de la maquinaria gubernamental que, precisamente por dominar
el área específica del conocimiento para la que están profesionalmente
formados, detectan las disfunciones del sistema económico vigente y proponen
alternativas para suprimirlas ó modificarlas. Soslayan también el hecho de que
su existencia, en este sentido, no es nada fácil; de que al intentar poner en práctica sus recomendaciones, entran
frecuentemente en conflictos con los políticos de mas pura cepa, encargados de
tomar las decisiones finales. Esto último, puesto en palabras de un miembro del
Colegio Nacional de Economistas, el 2 de octubre:
“Los políticos mexicanos oscilan entre Nerón y el
Indio Fernández...Se oponen, sólo por oponerse, a las recomendaciones ó
proyectos que presentan los técnicos, pero cuando hay fallas somos precisamente
los técnicos lo que cargamos con el paquete...Los que deciden son los
políticos; un técnico se limita a presentar y defender sus proyectos, pero
difícilmente podemos imponer nuestro criterio cuando se trata de un político a
la mexicana. Así como Nerón abrió el cuero de su madre para ver en donde había sido engendrado, un político
mexicano puede decidir experimentos caros y a la postre infructuosos, pero como
él decide...y (el político mexicano se parece al actor, indio Fernández) porque
a cualquier contradicción a sus planes ó metas, está dispuesto a sacar la
pistola”.
Así, normada su percepción, tanto por el
convencimiento de que no eran los culpables de la crisis y de que –por el
contrario- hacían lo más que podían en el contexto de administración de la
crisis de 1977, como por su criterio de máxima obtención de ganancias, los
capitalistas de desconciertan por el sólo anuncio formal de que no se
autorizarían aumentos a los precios. En efecto, el 24 de agosto, ante el clamor
popular despertado por el anuncio en el alza del precio de leche y harina de
trigo, la secretaría de comercio tuvo que anunciar que en los próximos tres
meses no se daría ningún otro aumento en los artículos de primera necesidad. En
esta ocasión, la burguesía perdió de vista que el anuncio gubernamental era
solo formal porque, de hecho, los precios subieron durante todo el año a grado
tal que la inflación para fines de diciembre rebasaba realmente el 30%.
De igual manera, el capital se opone incluso a que los
dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado soliciten verbal y
formalmente aumentos de salarios más allá del 10%. En efecto, el 10 de
noviembre, el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento de
Exportaciones, decía:
“Es necesario acabar con las exigencias desorbitadas y
demagógicas imposibles de atender en cuanto a las peticiones de salarios,
porque esto conduciría al paro ó incluso al cierre de empresas, además de
desalentar a los nuevos inversionistas, lo que en estos momentos sería casi un
suicidio”.
Al obrar de esta manera, la burguesía da muestras de
no conocer las necesidades de dominación política que hace que los dirigentes del movimiento obrero
organizado procedan así. Ello no quiere decir que no existieran algunas organizaciones
de lucha del capital que sí estaban conscientes de que un aumento de salarios
repercutiría en su propio beneficio. Tal es el caso de la Asociación Mexicana
de Ejecutivos de Mercadotecnia y Ventas, y de la Asociación Mexicana de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Para estos últimos, al aumentar la
burguesía los salarios de sus trabajadores, en un plazo máximo de 6 meses, al
traducirse en mayores consumos de sus productos, se revertirían en su propio
beneficio (XII/9).
Pero el hablar
de incremento de salarios conduce a otra cuestión. Una de las cosas que
más preocupación causa, en este sentido, a la burguesía, son las críticas a las
cartas de intención suscritas por el gobierno mexicano ante el FMI. Ello en
virtud de que su posición estriba en que los préstamos y medidas recomendadas por el FMI son benéficas para
el país, por lo que no se deben suprimir. Al respecto, el 22 de noviembre, el
presidente de Bancomer afirma:
“Las medidas correctivas que el Fondo recomienda,
tiene por objeto que los países que no manejaron bien su economía vuelvan a generar fuerzas productivas sanas que
alientan el progreso interno de éstos y la ocupación plena de sus recursos
humanos, físicos y de capital...Consiguientemente...los préstamos otorgados por
el Fondo Monetario Internacional a nuestro país no son dañinos para
México...Sólo por ignorancia ó mala Fé puede decirse que sean perjudiciales
para la nación...”
Efectivamente, la modificación de la política
económica seguida tiene una amplia gama de implicaciones, que podrían afectar
los intereses inmediatos de la burguesía. Debido a estas implicaciones, es que
no es del agrado de sus dirigentes el que el aparato burocrático considere la
supresión de algunos subsidios al capital. Recuérdese que el secretario de
comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados del 9 de noviembre, a
la par que reconocía que no era posible hacer productivas todas las empresas
públicas –porque la propia burguesía sería dañada-, establecía que se tomaban
medidas para ver cuáles deberían desaparecer:
“En algunas de las empresas del Estado habremos de
lograr ese realismo económico, no en un mes, ó en una semana ó en seis meses,
sino lo habremos de lograr en un lapso corto, quizá en un año, en un año y
medio. Intentar poner algunas empresas públicas de la noche a la mañana en
cifras de realidad económica no sería lo mejor para la economía total del
país...”
“Tiene muy buena razón la diputada de Acción Nacional
cuando hace referencia a que en algún
momento algunos subsidios no han servido para el objetivo que fueron concebidos;
pero la mayor parte de ellos sí han servido para este objetivo de una manera
directa ó indirecta, y una vez que se termine este difícil trabajo de
precisión, de transparentar todos los subsidios que se manejan, en la
administración pública, estamos seguros de que sabremos que todos y cada uno de
ellos, no sólo parcial, sino totalmente, a donde están dirigidos y con qué
objeto se han establecido...”
y una forma de
subsidio había sido tradicionalmente la política fiscal. Temen los líderes de la lucha directa burguesa que esta forma particular de subsidios les
sea suprimida. Por ello es que causa preocupación, ante el señalamiento de la
Coparmex de que era necesaria la participación de la burguesía en el contenido
e implantación de la política fiscal, la respuesta tajante del gobierno
(subsecretario de Ingresos, SAHOP, IX/23): “Las decisiones en materia
impositiva son el Estado, y no están sujetas a negociación”.
Otro asunto que no es interpretado en su real
dimensión, son las declaraciones en cuanto a aumento del gasto público. El 23
de noviembre, el presidente del CCE señalaba que a los empresarios no les
preocupaba la ampliación del gasto público, sino que el gobierno quisiera
gastar más recursos que los que tenía en su haber. Ya desde el 15 de julio,
algunos grupos de economistas llamaban al gobierno para que iniciara
inversiones públicas de envergadura. Sostenían que, de no hacerlo, la inversión
privada no resultaría estimulada. Una
semana después, altos funcionarios gubernamentales afirmaban que si la iniciativa privada no invertía lo suficiente,
el gobierno tendría que liberar el gasto público (VII/23). Para el 29 de
octubre, ante la tibia respuesta del capital privado, el presidente del Colegio
de Economistas afirmaba que el Estado y los trabajadores no estaban en
posibilidad de seguir accediendo a nuevas presiones de la burguesía, y que la
reanimación económica sólo podría lograrse mediante la liberalización del gasto
público (X/29):
“El capital
nativo exige mayores sacrificios del Estado y de la clase trabajadora para
mantener sus beneficios. Empero, ni el Estado ni los trabajadores pueden
soportar una sobrecarga, no sólo por consideraciones éticas ó sociales, sino
porque nada garantiza que con ello el ahorro se convierta en inversiones, como
evidentemente no ha sucedido en lustros...Las deficiencias históricas del
capitalismo siempre las ha solventado el Estado...Hoy por hoy la reanimación
económica sólo puede descansar en el robustecimiento de la inversión pública
social y económicamente razonada en aquellas áreas de mayor urgencia como la
gestación de empleo permanente, la producción de alimentos y bienes-salario, y
finalmente, la generación de divisas”.
El asunto de la liberalización del gasto público es un
asunto que causa especial preocupación a la burguesía, porque es un caso en que
las declaraciones se convierten parcialmente en realidad. El día 20 de
diciembre, se supo que el presupuesto de egresos para 1978 sería de 912,000
millones de pesos, en comparación con los 660 mil millones de pesos ejercidos
durante 1977. El descontento de la fracción hegemónica de la burguesía crece,
especialmente porque –desde su percepción- las rotaciones en –y expulsiones de-
el seno del gabinete presidencial estuvieron de alguna manera determinados por
el hecho de que el secretario de programación y presupuesto sostenía la
necesidad de robustecer el gasto público. No hay que olvidar que, desde el 22
de noviembre, el director general del grupo financiero continental afirmaba:
“La salida de Carlos Tello Macías del gabinete
presidencial se debió a que buscaba incrementar el gasto público hasta 900 mil
millones de pesos para 1978, que representaban 200 mil millones más que la
postura de Julio Rodolfo Moctezuma. Quería regalar dinero que no teníamos y mantener la política de subsidios a la ineficiencia”.
¡Finalmente, no serían 900 mil, sino 912 mil millones
de pesos los que gastaría el sector público durante 1978! Mostrando no tener
una adecuada visión política de previsión a mediano plazo, la iniciativa
privada sigue atacando a las empresas paraestatales, calificándolas incluso de
cuellos de botella que constreñían el gasto público y privado (XI/30).
Reflejando una visión microscópica de la realidad nacional, se desalienta
cuando, el 27 de octubre, el director general de estudios administrativos de la
presidencia de la república declara que las empresas del estado no serían
vendidas a la iniciativa privada y que
las que no fueran indispensables sólo serían liquidadas ó fusionadas con otras,
para evitar dispendios. Esto le causa alarma a los dirigentes políticos de la
lucha burguesa porque –desde su punto de vista- refleja una postura de
pretensión de fortalecimiento del aparato burocrático. Para ellos, se trata de
una clara manifestación del hecho de que la maquinaria gubernamental opone
fuertes resistencias a las presiones que le son ejercidas por el capital
privado para su debilitamiento. Es por ello que sus fracciones más poderosas,
aunque reconocen que las afirmaciones gubernamentales en este sentido pueden
tener un trasfondo político, se apresuran a demostrar su insatisfacción con
ellas, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de aumentar el
intervensionismo estatal. El 11 de noviembre, por ejemplo, el presidente de la
Coparmex afirma:
“Aunque son explicables las razones políticas que
indujeron al secretario de comercio...a jactarse del intervensionismo estatal,
no puede aceptarse ni mucho menos compartirse. Es preciso subrayar que fue la
política socializante del sexenio anterior la que, en gran medida, condujo al
país a la crisis que actualmente
afrontamos y la jactancia del intervensionismo no contribuye a estimular
el esfuerzo del sector privado tendiente a reactivar la vida económica del país, conforme a los principios y al
espíritu de la Alianza para la Producción”.
La preocupación de la burguesía, efectivamente, no es
por el incremento en sí del intervensionismo estatal. No está en contra del
capitalismo de Estado. Tal y como se desprende de las declaraciones del
presidente de la Coparmex del primero de diciembre, siempre que la burguesía
argumenta que existe una andanada verbal contra los empresarios (para que el
Estado invierta en un proceso que
debilite el capital privado. Ello se ve también claramente en el contenido de
la declaración del presidente de la Asociación Nacional de Consultores en
Mercadotecnia, del 29 de noviembre:
“El futuro del país está en el capitalismo monopolista
del Estado. Se ha hablado mucho de la economía mixta, pero el gobierno a veces
trata de tomar mayor ingerencia en renglones plenamente cubiertos por la iniciativa privada”.
En lo que están en desacuerdo, pues, es en lo
concerniente a la posibilidad de que el capitalismo monopolista de Estado tome una posición de apoyo al
movimiento proletario y popular. Así, es como debe interpretarse la posición
del presidente de la Canacintra cuando
afirma, el 24 de noviembre, que la burguesía industrial estaba segura de que el
fortalecimiento del Estado, como consecuencia de los nuevos ingresos al aparato
burocrático derivados del petróleo, no cambiaría su posición de apoyo al gran
capital privado:
“El estado será el nuevo rico en unos años más, pero ello no es motivo de preocupación
ni de temor porque no habrán de modificarse las reglas del juego para el
sector privado, comprendidas dentro del sistema de economía mixta vigente”.
Es por ello que incluso encuentran motivos de
preocupación en declaraciones -como la
del nuevo director general de Nafinsa, el 24 de noviembre-, que debían acallar
cualquier síntoma de desconfianza de la burguesía, en cuanto a las normas de no substitución –sino de
complementación y coexistencia- del sector privado y del sector público:
“El sector privado en México ha tenido, tiene y tendrá
particular importancia en el desarrollo del país. Vivimos dentro de un régimen
de economía mixta, en el cual los esfuerzos de los sectores privados y público
son complementarios. El papel del sector privado en el desarrollo económico de
México tiene importancia semejante al que desempeña el sector público...La
acción del gobierno y de la iniciativa privada no es sustitutiva, es
complementaria. Y todos debemos contribuir en verdadera armonía, en sensata
coordinación a lograr los objetivos superiores del desarrollo económico y del
bienestar de la población, particularmente de quiénes han quedado rezagados en
el progreso social del país y que aún no tienen los frutos y beneficios del desenvolvimiento de la
economía nacional”.
b) La incomprensión de la reforma política, por parte
del capital:
la inadecuada interpretación de las diferentes
fracciones del capital no se desprende únicamente de su suposición de lo que es
el contenido real de las declaraciones en cuanto al funcionamiento de los
aparatos económicos del Estado. Su preocupación también se manifiesta muy
principalmente en cuanto al rumbo que, a nivel político-ideológico, había sido
apuntado por el aparato burocrático (IV/12). La Cámara de Diputados aprobó, el
25 de octubre, las modificaciones a los 17 artículos constitucionales que darían
cause a la reforma política propuesta
por JLP. Posteriormente, a mediados de diciembre, también aprueba la ley
sobre organizaciones políticas. Para la burguesía, con estos dos
acontecimientos, es un hecho el inicio de proceso hacia una mayor apertura democrática.
Desde su perspectiva, da comienzo así un proceso que podría culminar con la
eliminación de sus privilegios (X/15). La defensa de sus intereses inmediatos y
directos condiciona el que el capital pierda la perspectiva de que la reforma
política, tal y como fue planteada por el Estado, permitiría la continuación
del monopolio del poder, pero ahora con una buena dosis agregada de legitimidad
–de imagen pública-.
La reforma política, en general desconcierta a la
burguesía. Después de la etapa en que prácticamente no existe (1914-1920) en el
país, el Estado nacional mexicano –en particular la burocracia pública de él-
se empeña en organizar a la sociedad a través de un tortuoso camino de ensayo y
error. Después de 60 años, la experiencia estatal obtenida era ya notable. Para
1977, el Estado estaba tan organizado, que era capaz de emprender la
administración de los intereses globales de la burguesía en un contexto de
crisis generalizada, tanto interna como externa.
Pero la administración de los intereses de la
burguesía, en las condiciones de 1977, requería forzosamente que el Estado
mexicano contara con un fuerte apoyo político-popular, pues de otro modo el
deterioro en las condiciones de vida de las masas paupérrimas del país sería
percibido como altamente ilegítimo. Es
en este sentido que hay que interpretar al presidente de la república cuando
sostiene, el 15 de octubre, la necesidad de que los cambios políticos y los
cambios económicos se dan simultáneamente:
“Creemos que no es posible dar saltos en la estructura
política y mantener rezago en la infraestructura económica, social ó cultural. De ahí que sostengamos la necesidad
de un desarrollo integral, de evitar
por igual avances desproporcionados que nos expongan a
peligrosos retrocesos...El desarrollo de una nación es compensado e integral,
articulado en todas sus partes, ó resulta riesgoso y con frecuencia contraproducente”.
Aparentemente, sin embargo, para la burguesía esto no
está claro. Sus dirigentes consideran que la reforma política es campo
fértil para que germine la semilla de
la subversión. La alarma de sus líderes es alimentada por las
declaraciones de altos funcionarios
públicos, que se dan en el contexto de situaciones explosivas de lucha de
clases. Por ejemplo, en clara alusión al movimiento huelguístico del STUNAM, a
mediados de año, el propio secretario
de gobernación reconocía la existencia
de grupos que intentaban provocar una crisis producida en subversión,
por tanto, determina el que la burguesía esté dispuesta a quebrar la reforma
política. Muestra de ello, es la prestancia que demostró para apoyar la
posición de rectoría en el movimiento del STUNAM, a través de los medios de
comunicación masiva, en un intento por indirectamente evitar la participación
de la oposición –en particular del Partido Comunista- en la reforma auspiciada
por el gobierno.
Sin embargo, no fueron del todo eficaces sus intentos.
En el conflicto de la UNAM, el aparato burocrático –como conjunto- no mantuvo
una posición totalmente favorable al rector y a sus temporales apoyos de la
burguesía, como tampoco intentó realmente destruir de raíz el movimiento
sindical. La represión dosificada y
relativo con que se solucionó el conflicto –la entrada pacífica de la policía a Ciudad Universitaria- le demostraría a la
burguesía que la fracción hegemónica de
la burocracia pública continuaría adelante con la reforma política (VII/11).
Las organizaciones de lucha del capital estaban
preocupadas por lo que, en su perspectiva, podría posibilitar la reforma política:
les preocupaba el que, con presiones adecuadas, el gobierno pudiera dar un
sorpresivo giro a la izquierda ó, cuando menos, cerrarle el paso al acentuado
proceso de acumulación de capital de las diferentes fracciones de la burguesía.
Es por ello que a fines de diciembre, todavía se hablaba de la encrucijada en
la que el país se encontraba:
“El país está en la cruz de los caminos y del que se
siga dependerá la bonanza ó la tragedia del pueblo mexicano...Tenemos que
evitar seguir caminos que nos podrían llevar a encrucijadas inevitables
cargadas de injusticia y tensiones sociales” (XII/2).
Según la óptica burguesa, el giro hacia la izquierda
no era sólo una posibilidad; ya se estaba dando. De acuerdo con ésta, la
reforma política de alguna manera estaba coadyuvando a que, incluso en los
bastiones del gran capital, los representantes regionales del aparato
burocrático estuvieran coartando la libertad empresarial. A nuestro entender,
éste es el trasfondo de la solicitud de desaparición de poderes al Congreso
Local, presentada por un grupo de abogados el 8 de octubre, argumentando la
existencia de terrorismo impuesto por el gobernador de Nuevo León. Aquí de
nuevo, sin embargo, la burocracia central acrecienta la preocupación de los
hombres de negocios. Recuérdese que el Congreso Local de Nuevo León no dio
trámite a la solicitud de la oligarquía por decretar la desaparición de poderes
en la entidad, por lo que sus representantes legales tramitaron y obtuvieron
–en instancias judiciales del D.F.- amparo contra las acciones del gobernador,
y elevaron su solicitud de desaparición de poderes directamente al congreso de
la unión. Pero el caso es que esta instancia tampoco llegó a decretar la
desaparición de poderes.
Tampoco estuvieron de acuerdo los empresarios en que
la puesta en marcha de la reforma política implicara el que, en algunos
momentos, la burocracia tuviera que
defender al régimen precedente. El gran
capital había declarado que una de las causas por las que originalmente
se tenía desconfianza en JLP, consistía en que en su gabinete tenía
Echeverristas. La declaración del presidente de la Junta de presidentes de
Cámaras Industriales de Jalisco, el 17 de noviembre, así lo deja ver:
“Al principio del actual régimen los industriales de Jalisco desconfiábamos de su
administración porque heredó muchos funcionarios del sexenio pasado que obraron
en forma unilateral durante ese período, pero con López Portillo han
rectificado su conducta y se han disciplinado”.
Las pretensiones de los empresarios en lo que toca al
intento de borrar de la escena política a los residuos del sexenio
echeverrista, nunca había sido oculta. Una de las posiciones más claras al
respecto ya había sido expresada por el propio presidente de la Junta de
Presidentes de Cámaras de Jalisco, quien el 21 de agosto afirmaba (refiriéndose
a la licencia, de Augusto Gómez Villanueva) que en la medida en que renuncien
funcionarios que también estuvieron en la administración anterior, el sector
privado del país incrementará sus inversiones (VIII/21)
Sin embargo, ante lo que para ellas eran intentos
–fundamentalmente de fines de noviembre y principios de diciembre- de redimir
la política efectuada durante la administración presidencial pasada, después de
un proceso casi ininterrumpido de ataques verbales permitido desde las alturas
burocráticas, diversas organizaciones de lucha de la burguesía se muestran
desconcertadas (XI/24). Recuérdese que, en efecto, por necesidades de
legitimidad –básicamente, del manejo funcional de la imagen de continuidad de los regímenes revolucionarios- el 1° de
diciembre José López Portillo hace una elocuente defensa del régimen pasado, y
de LEA especialmente:
“En México es de justicia elemental reivindicar la
imagen del expresidente Echeverría, y hacer un estudio sereno de su actuación
ya que es una figura histórica respetable
y admirable que efectuó el más honesto y limpio de los esfuerzos para
resolver muchos problemas acumulados que tenía México en su tiempo...El juicio
de la historia está por escribirse...Yo expreso mi respeto por la figura del
presidente Echeverría, mi amigo, a quien sigo admirando y sigo queriendo como
lo admiré y quise desde que éramos niños”.
En el mismo sentido, la aprobación del dictamen de la
Cuenta Pública de 1976, efectuada por los diputados economistas -es preguntaba
la burguesía- ¿No significará el fortalecimiento temporal del grupo
echeverrista, de la izquierda agazapada? Al capital le causa alarma este dictamen,
no sólo porque se tiende a reivindicar al Echeverrismo, sino porque en él el
culpable de la crisis es, precisamente, la burguesía. Recuérdese que en el
texto del dictamen rezaba lo siguiente:
“(1976 se caracterizó) por la insuficiencia del
esfuerzo productivo conjunto; la gran desigualdad e inequidad en la
distribución de la riqueza e ingreso; reducción de la inversión privada;
insuficiente ingreso fiscal y...términos...desfavorables –significativos de una
agobiante dependencia- de nuestra relación económica, comercial y financiera
con el exterior...A pesar de que la tasa de utilidades se mantuvo en México
desusadamente alta y de que nuestro régimen fiscal siguió siendo muy favorable
a empresarios y hombres de negocios nacionales y extranjeros, la inflación y el
retiro del país de enormes sumas de dinero fueron empleados como armas de
agresión económica y de violenta presión política” (XI/22).
Reflejando su estrecha visión, ante las realmente
inofensivas acusaciones de que la burguesía era la culpable de la crisis, se
desatan presiones por parte del capital. Estas llegan a incluir implícitamente
la amenaza de la salida de capitales. El 24 de noviembre, el presidente del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas declaraba:
“No aceptamos las acusaciones que nos hicieron
(provenientes de la Comisión de Cuenta pública de la Cámara de Diputados)
porque incluso hemos sido afectados por la devaluación, y la fuga de capitales...Todo los sectores tuvieron
que ver en la fuga de capitales y por lo tanto no se debe culpar a uno
sólo...Lo más constructivo en estos momentos es mirar hacia delante y evitar
situaciones que puedan provocar una nueva salida de capitales”.
Para las más suspicaces organizaciones de la
burguesía, el suprimir el papel de chivo expiatorio que venía desempeñando el
régimen precedente, representaba la posibilidad del resurgimiento de los
socializantes días de Luis Echeverría. El socialismo estaría ahora alimentado,
según su visión de las cosas, incluso por hechos tales como el que buena parte
de las personalidades allegadas directamente
al presidente de la república (Reyes Heroles, Rosell, Arsenio Farell,
Rafael Izquierdo, José Andrés de
Oteyza) eran hijos de españoles –algunos hijos de republicanos españoles-
aislados en México, por lo que –sostenían- no era de pensarse que éstos fueran
totalmente apolíticos y maleables. El
11 de octubre, durante su viaje a España, el propio JLP había reconocido ya la
importante presencia de estas personas, entre sus más cercanos colaboradores:
“Estamos acreditando hasta qué punto estamos
emulsionados México y España. La siguiente generación de la de quienes
encontraron en México casa, está actuando en la vida nacional con toda
amplitud, con toda eficiencia y, lo que es más importante para nosotros, con
plena, general y aceptada utilidad”.
La reforma política, desde el ángulo de preocupaciones
del capital, no abre sólo la posibilidad de que al interior de la burocracia
central del Estado mexicano afloren y se robustezcan las posiciones más
nefastas y demagógicas. También posibilita –según su visión- el fortalecimiento
indeseable de la maquinaria corporativa del Estado. Ya durante 1977, cuando la
efectiva puesta en marcha de la reforma política está en veremos, la maquinaria
corporativa da muestras de soberbia. Hay muchos ejemplos de que esto es
considerado de esta manera, pero un caso que parece particularmente importante
es cuando –el 10 de noviembre-, espoleado por sus preocupaciones en torno al
rumbo que tomaría el gobierno, el presidente de la Concamin demanda definir
jurídicamente las reglas del juego, para que éstas se institucionalicen:
“Al definirse las reglas del juego se da seguridad
jurídica al inversionista y a la empresa, porque sabemos que no se modificarán
de acuerdo a la manera muy especial de pensar de quienes ejercen autoridad”.
Al día siguiente, Fidel Velásquez responden que las
reglas del juego respecto a las inversiones sí son claras. Sostiene que lo que
sucede es que la burguesía pretendía que se definieran las reglas que no le fueran totalmente favorables:
“México requiere empresarios inteligentes y estos señores
no lo son...No es que no estén claras
las reglas del juego, lo que
ocurre es que ellos quieren reglas que los favorezcan del todo, y según veo,
definitivamente no invertirán, lo que ocasionará más dificultad para salir de
la crisis económica en que nos encontramos, que ya no es solamente de
inflación, sino de recesión”.
En el mismo sentido, los dirigentes políticos de la
burguesía se hacían el siguiente planteamiento: si en la actualidad, cuando la
reforma política apenas se inicia, y cuando la oposición de izquierda no es
verdadera, la propia maquinaria corporativa del estado está proponiendo su
ingerencia en asuntos de la exclusiva competencia de los patrones, ¿Qué será en
el futuro inmediato, cuando la reforma política posibilite la participación activa
de la auténtica oposición? Este es, muy
probablemente, el argumento que está detrás del señalamiento, efectuado el 31 de octubre, del presidente de la
Canacintra, cuando afirma que en estos momentos no había intentos serios de
implantar la cogestión en las empresas, y que en el futuro esta idea debería
ser totalmente desechada.
De todo lo que implica, lo que no acaba de comprender
la burguesía es por qué efectúa –en aras de la legitimidad y del apoyo popular-
una reforma política que por el momento fortalece sólo al aparato burocrático y
a la maquinaria corporativa del estado mexicano, pero que en el futuro
inmediato fortalecería a la verdadera oposición de izquierda. Y, desde su punto
de vista, era claro que se iba a fortalecer la militancia revolucionaria,
porque con la reforma política –en particular con la aprobación de la ley de
organizaciones políticas y procesos electorales- se golpea duramente al
monopolio de la oposición que hasta ese año era virtualmente ejercido por el
PAN. Este partido había venido aglutinando en torno suyo –especialmente en los
casos de elecciones- a buena parte de las fuerzas que escapaban al PRI. Su
preocupación más importante con respecto
a las consecuencias de la reforma política era, pues, que una alianza de
grupos y organizaciones de izquierda, especialmente pensando en el caso de que
se tratara de partidos que tuvieran interés en obtener su registro electoral,
redundaría en la disminución de la fuerza de la única oposición política hasta
entonces existente, que no era precisamente de izquierda; el PAN (V/5). Lo que
es más, los dirigentes directos de la
burguesía no necesitan esforzarse mucho por hacer este tipo de conjeturas; los
propios diputados del PRI se encargarían de formulárselos claramente. En
efecto, el 20 de diciembre, el diputado
prisita, Enrique Ramírez y Ramírez, decía:
“El señor diputado Garabito (del PAN) dice que la ley
es odiosa, porque tiene dedicatoria. Está dedicada, dice, a Acción Nacional; de
una manera formal yo le voy a dar la
razón al diputado Garabito. Sí tiene dedicatoria la ley; está dedicada a Acción
Nacional en buena parte. Porque viene a
acabar con ese dilema de hierro, al que se enfrentaban cientos de miles, tal
vez, de votantes hasta la fecha. ¿Por quién votar, sino están de acuerdo con el
PRI? ¿Por quién votar? Pues por quien dice que es el único partido de
oposición: por el PAN...En ese sentido, como la ley viene a acabar con la
soledad del Partido Acción Nacional, según él, de única y auténtica oposición,
en ese sentido la ley viene a disipar un modus vivendi que ya resultaba muy
cómodo para el Partido Acción Nacional”.
Con el reforzamiento de los partidos de oposición, le
preocupan a los representantes directos de la burguesía dos cosas: en primer
lugar, la posibilidad de que en el futuro la acción de éstos quedara totalmente
fuera del control estatal; en segundo lugar, la posibilidad de que pudieran
llegar a constituirse en una corriente hegemónica al interior del congreso.
Estas dos posibilidades eran, objetivamente, sumamente bajas, ya que la reforma
política estaba concebida precisamente para mantener a la oposición de
izquierda controlada, dándole –entre otras cosas- una participación
institucional y controlada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la visión
concreta inmediata del capital, hace que seguramente sus dirigentes se
pregunten: si en la actualidad, en el Congreso se llegan a ventilar
ordenamientos y medidas que afectan nuestros intereses –en donde, por ejemplo,
se llega a afirmar que el PRI y el PPS
coinciden en cuanto a la acción a tomar
(X/25)-, ¿Qué no sucederá cuando, dentro de dos años más, la izquierda
llegue verdaderamente ahí, quizá no solamente a la Cámara de Diputados, sino
incluso al Senado (X/19)?
B) Las fracciones rurales de la burguesía no interpretan
correctamente al aparato burocrático.
Ver para creer: tal parece ser la tónica de los
dirigentes de la lucha política burguesa en lo que respecta a que el gobierno
persigue la ilimitada expansión del capital en el agro. En efecto, el 25 de
noviembre, el presidente de la Coparmex afirma:
“El problema principal del país es el desempleo y éste
no se resolverá mientras no se incremente la producción agrícola; debe haber
organización en el campo...El actual gobierno, cuando menos en palabra, busca
caminos de solución, aunque todavía no podemos hablar de hechos.
La no comprensión del trasfondo de las declaraciones y
medidas efectivamente tomadas, genera altos niveles de desconfianza en la
burguesía rural. Es el caso en que la ideología estatal tiene tanta eficacia
que engaña, en cierto modo, a determinadas fracciones de la propia burguesía.
Tal y como afirma el presidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui, el 24
de noviembre:
“Cuando algunos empresarios se deciden a invertir y
empiezan a programas sus inversiones, surgen declaraciones oficiales y
oficiosas que los intimidan y les hacen detener sus planes”.
Estas inseguridades surgen, especialmente, ante lo que
fueron concebidas como amenazas de estatización del agro, provenientes de
algunos altos funcionarios gubernamentales. El secretario de comercio, por
ejemplo, el 9 de noviembre afirmaba que, cuando el sector privado titubeara, el
gobierno invertiría directamente en la producción de alimentos ó productos
básicos:
“El gobierno ha decidido invertir con prioridad en la
producción de alimentos ó artículos básicos cuando el sector privado titubee ó
posponga su decisión de producirlos, a pesar de los estímulos que se le dan y
se le seguirán brindando”.
Ni tardo ni perezoso, el 24 de noviembre, refiriéndose
a estas declaraciones, el presidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui
afirmaba que los inversionistas del campo se sentían presionados por la amenaza
del aparato burocrático de actuar directamente si el capital no fluía al campo:
“Hay una serie de incongruencias que desalientan a los
inversionistas. Por un lado, se les pide que inviertan sin que se les dé
seguridad y por el otro, se les amenaza con la inversión del Estado si no
actúan”.
Desde su perspectiva, este era un proceso ya iniciado
durante 1977. Es el caso –dicen- del azúcar. Con el traslado a manos del
gobierno de los ingenios particulares Primavera, en Navolato, Sinaloa; Puga, en
Tepic, Nayarit, y Santo Domingo en Tehuantepec, Oaxaca, el aparato burocrático
controlaría las tres cuartas partes de la producción nacional de azúcar.
Significaba que produciría alrededor de 1,800,000 toneladas anuales. Con este
traslado, 40 de los 67 ingenios existentes, pertenecerían ya a las empresas de
la maquinaria gubernamental (X/29).
¿Por qué esta preocupación por lo que la burguesía
rural denomina estatización del campo? La preocupación del capital privado por
la estatización potencial del campo es consecuencia de por lo menos dos
factores: a) que perciben que la estatización significaría el expulsar al
empresario de la producción agrícola y ganadera; b) porque, la estatización
redundaría en el agravamiento de la crisis. En lo que se refiere a este último
punto, recuérdese que amplios sectores de la burguesía veían en la acción del
aparato burocrático un determinante fundamental de los problemas acaecidos en
casi todas las áreas de la economía. Es en este sentido que deben
interpretarse, por ejemplo, las acusaciones de falta de organización y
administración de los ingenios manejados por el gobierno que ocasionaría –junto
con el desplome de precios y la falta
de estímulos reales a los productores (privados) de caña- que se tuvieran que
importar, durante 1977, entre 50 mil y 100 mil toneladas de azúcar. Consecuentemente,
a mayor estatización –según la postura del capital-, mayores y más profundos
problemas en la economía global. El espectro de la estatización se levanta ante
sus ojos, especialmente cuando el gobierno toma cualquier medida que directa ó
indirectamente –a los ojos de la burguesía rural- afecte la tenencia de la
tierra. La iniciativa presidencial, enviada al senado el 24 de noviembre, que
incluye la posibilidad de que PEMEX efectuara exploraciones en terrenos
particulares, levanta las coléricas voces del capital rural, considerando esto
como una violación a la propiedad privada y un aumento de la capacidad política
estatizante del aparato burocrático del estado mexicano. El texto de parte de
los considerados de la Iniciativa mencionada, explica parcialmente la alarma de
la burguesía:
“PEMEX enfrenta
la exigencia de un desarrollo acelerado a plazo breve...Por ello hay necesidad
de eliminar los graves problemas a los que pudiera enfrentarse, sobre todo en
lo que respecta a la ocupación de los terrenos que le sean necesarios, en forma
provisional ó permanente, cuya afectación deberá efectuarse con la
oportunidad adecuada. Esto, a pesar de
que dichos terrenos sean federales, comunales, ejidales ó de propiedad
particular y evitar en lo posible que se obstaculicen y detengan las obras que
desarrolla la institución, lo que ocasionaría serios problemas de orden técnico
y económico por producción diferida. Se evitará asimismo la necesidad de pagar
por indemnizaciones cantidades mucho más elevadas de las realmente justas, ó la modificación del curso de
algunas líneas de conducción, como a veces ha sucedido, con el siguiente
incremento de los costos y el retraso en los programas (XI/25).
Aunado a sus intereses inmediatos, la en apariencia no
muy lejana posibilidad de estatización determinó en algún grado el que los
productores capitalistas agropecuarios, especialmente en el caso de productos
de exportación, recurrieran a la amenaza de paros, como medida para contener la
ofensiva fiscal del aparato burocrático. A manera de ilustración, los
directivos de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas amenazaron con
terminar la temporada de cosecha de legumbres en junio (con lo que vendría el
inmediato desempleo de 50 mil trabajadores agrícolas y empleados en 25
empacadoras del norte de Sinaloa), si no se bajaban las tasas fiscales de
exportación, que en su opinión habían sido aumentadas entre un 500 y 1000%
(VI/6). El gobierno, en estos casos, tuvo irremediablemente que ceder (VI/10),
ante la magnitud de los problemas que una cuestión semejante acarrearía.
Aparte de la falsa percepción de que el gobierno
intentaba estatizar al agro, ¿de qué otras maneras se manifiesta la
incomprensión, por la burguesía rural en particular, de las medidas y del
lenguaje de la burocracia y de la maquinaria corporativa?
La incorrecta interpretación del lenguaje de los
políticos se manifiesta también en las presiones para que sean suprimidos
miembros del área agraria que estuvieron en el sexenio pasado. En este sentido,
hay que considerar las afirmaciones, del 25 de septiembre, del vicepresidente
de la Coparmex:
“Para la moral pública, la detención de Barra García
es saludable, porque ello demuestra que, quienes al amparo de su puesto se
hayan enriquecido, serán castigados por la ley”.
Esta misma incomprensión se refleja cuando, con base
en los repartos agrarios de Coahuila y Chihuahua durante 1977, amenaza la
burguesía con promover una amplia acción política fines del sexenio
echeverrista. Recuérdese que en aquél caso hubo dos expropiaciones más ó menos
simultáneas a las del Yaqui; una, en la costa de Hermosillo, y la otra en
Caborca. Sin embargo, hubo escándalo en el caso de la del Yaqui, porque ésta
fue coyunturalmente aprovechada e incluida dentro de los planes globales del
CCE –centralizada su acción en Monterrey- de ataques al gobierno (IX/23).
Asimismo, la burguesía rural denota desconocer en alto
grado el funcionamiento de los mecanismos jurídico-legales en el agro, cuando
se enfrenta a cualquier ordenamiento –promulgado, ó en vías de serlo- que
atente contra sus intereses. Objetivamente, se sabía que las modificaciones de
las diversas leyes agrarias habían sido meros refritos. Tal y como afirma Ramón
Fernández, decano de la Universidad Autónoma de Chapingo (X/31):
“López Mateos mandó hacer un nuevo código (agrario),
pero le llevaron el mismo, aunque expurgado de algunos defectos y pequeñas
contradicciones. Luego con la ley federal de la reforma agraria, la de
Echeverría, resultó ser la misma historia, pero con adicciones a las formas de
organización...A la cuestión agraria no se le introducen innovaciones, porque
se le teme a eso y se le da la vuelta con otras soluciones, como la
colectivización”.
Pues bien, con todo y que los cambios en el cuerpo
legal respecto al agro habían sido históricamente inofensivos para la burguesía,
ésta presiona tanto al gobierno que ni siquiera permite que se hable de
modificaciones en la legislación agraria entonces vigente. El 8 de diciembre,
la Asociación General de Agricultores del Estado de Colima, incluía en sus
declaraciones:
“Téngase en cuenta que el sólo planteamiento de las
modificaciones constitucionales ó leyes reglamentarias en materia de propiedad
ó tenencia de la tierra han de resultar destructivas. Con mayor razón si el
izquierdismo agazapado y encumbrado consiguiera las modificaciones legales que
implicarían el caso agropecuario. Recordemos que el propio presidente López
Portillo, siendo candidato al alto cargo que hoy ocupa acuñó la frase de que
acceder legalmente ó de hecho al
constante pedir la división y subdivisión de la tierra ni la daría a todos los
campesinos sin tierra cada uno, lógicamente improductivo”.
Claro está que no admite ni la necesidad, ni el hecho
mismo de hacerlo, de modificar la legislación, excepto cuando éstas tiendan a
beneficiar aún más sus intereses. El 25 de noviembre, el presidente del Consejo
Industrial Agropecuario afirma que el aparato burocrático había detectado
cuáles eran las causas por las que el sector privado no invertía en agro
industrias. Estas eran básicamente jurídicas e ideológicas, vinculadas a la
Revolución Mexicana. En palabras del personaje mencionado:
“El sector privado no invierte en agro industrias, ni
por falta de decisión, ni por una actitud antipatriótica ó por cautela excesiva, sino porque hasta ahora existió una cadena de fenómenos
negativos que el estado detectó y que ahora corrige, y porque el sector
rural ofrece escasas perspectivas de
rentabilidad al capital”.
Tampoco denotan claridad integral los capitalistas
cuyos intereses se ubican en el agro, cuando afirman que el gobierno no hace
nada por impedir que las organizaciones independientes se adueñen del campo
mexicano. ¿Qué es lo que impediría que, una vez iniciado el proceso
posibilitado por la más importante, reforma en el ámbito político desde 1929,
las minorías no se conviertan en mayorías?, se preguntan los dirigentes de las
diversas organizaciones de lucha política de la burguesía rural. Para las
fracciones rurales del capital, en particular, no estaba del todo claro que la
reforma política era una cuestión necesaria para el Estado, tendiente a evitar
las disfunciones políticas que también acaecían en el medio rural. No perciben,
pues, que la posición gubernamental que se encamina hacia la continuación de
acciones que subrayen la política militante de los miembros de la maquinaria
corporativa en el campo, era en realidad una medida tendiente precisamente a
impedir el fortalecimiento político de las organizaciones independientes en el
campo (IX/6).
Por último, la incapacidad para entender la
problemática política e ideológica del aparato burocrático, lleva a la
burguesía a solicitar al gobierno que ya no reciba solicitudes de dotación de
tierra. Al hacerlo, parten del supuesto –totalmente alejado de la realidad- de
que la recepción de una solicitud de tierra es garantía de que los solicitantes
efectivamente recibirán tierra. Ello se percibe claramente en la posición del
presidente de la federación de pequeños propietarios de Sonora, quién –el 24 de
noviembre- afirma:
“La secretaría de la reforma agraria continúa aceptando
solicitudes de dotación de tierra, lo que significa que la amenaza de
expropiaciones aún existe...Esto aumenta la desconfianza en el campo”.
Cuarta Parte: perspectivas en cuanto al cumplimiento
de las funciones, demandas de la maquinaria corporativa, para la efectiva
realización del esquema estatal de descampesinización del agro.
En la segunda y tercera partes de este documento, se
ha visto que, tanto el aparato burocrático como el capital privado, tienen
serias dificultades para dar cumplimiento a las funciones económicas y
superestructurales (que el primero se ha auto atribuido y que al segundo le han
sido asignadas por las diversas instancias del estado) requeridas para que el
esquema de la descampesinización del agro mexicano pueda efectivamente ser
llevado a la práctica. Sin embargo, un examen de la presencia del estado
mexicano en el campo, en el contexto de crisis de 1977, no estaría completo si
–aunado al análisis del comportamiento de gobierno y burguesía- no se incluye
como objeto de estudio el papel de la maquinaria corporativa del estado frente
a la actuación económica y política de los asalariados y semiasalariados del
campo. Ello, básicamente debido a que también se le ha delimitado una función a
esta instancia: la de mantener controladas a las masas trabajadoras rurales,
bajo contingencias en que la crisis determina el progresivo deterioro de sus
condiciones materiales de vida.
El control de las masas populares del agro demanda, a
este nivel, dos cosas. Por el lado de la maquinaria corporativa del estado, se
necesita su fortalecimiento político. Por el lado de las clases explotadas del
campo, se requiere su sometimiento a las condiciones desprendidas de la
conducción –económica, política e ideológica- gubernamental-burgués del proceso
de descampesinización, en particular, y de salida a la crisis, en general.
Sobre estos dos grandes temas versa el capítulo VIII.
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Gamboa Villafranca
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