Capítulo
VIII: las dificultades para el fortalecimiento de la maquinaria
corporativa del estado en el medio rural
Un
elemento del libro: El Estado en
el agro mexicano en el contexto de
crisis: 1977, del Dr.
Xavier Gamboa Villafranca
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La implantación del esquema de
descampesinización del agro desataría el empeoramiento absoluto y relativo de
las condiciones de vida de las masas populares que habitaban la mayor parte del
tiempo en el campo mexicano. Es por ello que, para éste efectivamente se
implantara, los mecanismos de control de la maquinaria corporativa sobre ellas
–aparte de los constituidos por la acción directa del gobierno, ya analizados
anteriormente en este trabajo- necesitaban volverse más eficientes. En el
contexto de crisis de 1977, eficiencia de la maquinaria corporativa significa
su fortalecimiento político. A su vez, el fortalecimiento de la maquinaria
corporativa sólo se daría si: a) se formara una sola central en el campo; b) se
fortalecieran sus cuadros dirigentes; c) los estratos intermedios y de base de
sus organizaciones tuvieran una participación mayor, pero controlada; d) ésta
fuera capaz de neutralizar la acción de las organizaciones independientes; e)
mostrara capacidad para extender y profundizar su control sobre los
asalariados, subocupados, desocupados y productores directos del agro. A
continuación se presentan algunos de los resultados del estudio de los
obstáculos a que se enfrenta el estado en este perspectiva.
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1)
Dificultades para que la reforma política se traduzca, en el
agro; en la formación de una sola organización de apoyo pro-estatal.
La reforma política es una parte muy importante de la
estrategia seguida por los dirigentes
gubernamentales para conducir el proceso de salida a la crisis. Apoyándose en
la posibilidad de aprovechar la estabilidad política –desde su perspectiva, la
única forma de estabilidad restante-, se realiza una adecuación organizativa
intragubernamental -reforma
administrativa-, se obtienen mayores recursos públicos –reforma fiscal- y se
estimula la participación de todos los sectores a fin de tener una
mayor productividad y una mayor producción –alianza para la producción-.
La actualización de la estabilidad política en función de las condiciones de
crisis del año 77 tiene, objetivamente, múltiples consecuencias. Igual que en
otros países latinoamericanos –Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, por
ejemplo- donde simultáneamente se llevan a cabo homólogos, la reforma
política significa, para el movimiento
obrero y campesino; i) el establecimiento de nuevas formas de arbitraje
estatal; ii) el fortalecimiento –auspiciado y controlado por el estado- de los
sectores de izquierda que escapaban a los márgenes del control estatal; iii) la
reforma interna (y la posibilidad de su fortalecimiento) de la propia
maquinaria corporativa; iv) el robustecimiento y legitimación de la acción
política no encubierta de la derecha.
Propicia la reforma política nuevas formas de
arbitraje porque, en la crisis, el aparato burocrático y el estado mexicano en
general tienden a no aparecer como una tercera parte unitaria, sino como un
conjunto arbitral compuesto por “n” partes. Es una nueva modalidad en tanto que
el estado no ocurre a realizar su función de arbitraje en tanto unidad, sino en
tanto conjunto compuesto por múltiples unidades, mostrando sus propias
contradicciones internas. Es nueva, pues, en la medida en que ahora el
arbitraje no es realizado por una sola dependencia del gobierno que equilibra
los dos factores principales de la producción, sino que éste es el resultado de
la resolución, abierta y formalmente
negociada, de la enorme batería de contradicciones de lucha de la
burguesía-, tanto al interior de cada una de ellas, como entre sí. Si –desde la
posición estatal- la RP auspicia estas nuevas modalidades de arbitraje, es
precisamente con la finalidad de que permita echar sobre los hombros de los trabajadores el peso fundamental del
proceso de salida a la crisis. Esta nueva
forma de arbitraje estatal está presente, de manera muy clara en la constitución y funcionamiento de la Comisión Nacional de
Precios, cuyo funcionamiento fue explicado por el secretario de comercio, en la
Cámara de Diputados, el 9 de noviembre. En primer lugar, la Conapre es un
mecanismo político-ideológico al servicio directo de la política de precios
ampliamente favorecedora de la burguesía. Ello queda claramente establecido en
el siguiente extracto de las palabras del citado funcionario:
“Suele querer el productor del campo un mayor precio
para sus productos...pero también tenemos que ver el interés de los
consumidores urbanos, y también de los rurales, y pensamos que en los análisis
que realicemos de estos problemas en el seno de la Comisión, podremos encontrar
mayor claridad, mayor capacidad de profundidad en el análisis no solamente
económico, sino social y político, para poder tomar las mejores resoluciones”.
En segundo lugar, la Conapre es un mecanismo de
arbitraje estatal, que surge especialmente para hacer frente a la crisis de
1977. La creación real de la Comisión Nacional de Precios –que formalmente
funcionaba desde 1951- constituye el intento de legitimas la respuesta
gubernamental a la demanda política de permitir la participación nominal de las
mayorías populares en las decisiones oficiales sobre precios:
“La Comisión Nacional de Precios...establecida en
decreto desde 1951, y sin operación real, nunca llegó a operar, ha sido
reconstituida, ha sido, diría yo, establecida de hecho, por decreto del
presidente en días pasados. Esta decisión responde a una demanda de
participación en las decisiones sobre precios” (XI/9).
En tercer lugar, en
la Conapre está presente –para su resolución negociada, explícita y abierta-
toda la amplia gama de contradicciones secundarias que permean las relaciones
de las diferentes instancias estatales entre sí, y que se encuentran también
presentes en la vinculación de los elementos constitutivos de cada una de
ellas. Veamos lo que dice al respecto el secretario de comercio, en la misma
fecha:
“El desarrollo político es la medida en la cual
participamos en las decisiones que nos
afectan. Si queremos un país que esté cada vez más desarrollado políticamente,
necesitamos decidirnos a encontrar y diseñar los mecanismos que le permitan a
un mayor número de mexicanos participar en las decisiones que los afectan,
participar directamente...La Comisión (Nacional de Precios) está integrada por
los trabajadores organizados del país, que insistentemente y oportunamente
demandaron su creación...Está integrada por: los campesinos; por los
cooperativistas; por los representantes de los señores industriales y
comerciantes; por las diferentes dependencias del ejecutivo federal que tienen
algo que decir respecto de la política económica, y consecuentemente de la
política de precios...No se trata de que la secretaria de comercio se quite la
responsabilidad de las decisiones sobre los precios. La tiene, la ley orgánica
se la da; la asume y la acepta, pero se trata de que tome estas resoluciones
después de análisis y de discusiones, que se realicen no sólo parcialmente,
como se han realizado hasta ahora, con los diferentes grupos uno por uno, sino
discusiones y análisis que realicemos todos juntos, tratando de escuchar la
opinión de todos para ver las
consecuencias de las decisiones que
podamos tomar”.
Además de auspiciar nuevas formas de arbitraje estatal, la RP también podría
estimular el fortalecimiento de la
izquierda. La necesidad de legitimar la actuación de los aparatos estatales, ante las clases explotadas y
sectores medios, y de mantener la autonomía relativa del estado y la
independencia residual de aparato
burocrático respecto al gran de transnacional y monopólico, determina el que
una de las consecuencias de la reforma política estribe en el potencial
robustecimiento de los grupos y partidos políticos que no habían venido
actuando claramente dentro del ámbito de encuadramiento estatal.
Aún cuando se trataba de una acrecentamiento
coyuntural de la fuerza política de las organizaciones independientes,
permitido, auspiciado, concedido, controlado e institucionalizado por el estado
en el contexto de crisis de 1977, la RP podía ser propiciatoria del incremento
real de la fuerza de la izquierda. La integración de diversos partidos
políticos independientes en una sola organización podría abrir más amplias
posibilidades de que éstos llegaran paulatinamente a obtener mayor fuerza real
y representasen mejor sus intereses, agudizando en el futuro próximo los
conflictos con el capital y con el estado (V/3).
El fondo de esta situación es que la reforma interna
de la maquinaria corporativa, a fin de adecuarse a su vez a los cambios introducidos
–en el ámbito externo a ella- por la RP, origina las discrepancias de los
líderes del movimiento obrero, campesino y popular organizado. En este
contexto, los dirigentes de
agrupaciones menores llegan a desconocer a los otros patriarcas todo poderosos.
El 5 de noviembre, el secretario general de la CROC se muestra inconforme con
el hecho de que sólo la CTM tenga
cabida en la Conapre, argumentando que la Confederación de Trabajadores de
México acapara los puestos en los organismos estatales de nueva creación,
nulificando así la posibilidad de participación de las demás agrupaciones
sindicales; incluso llega a afirmar que el representante de la CTM ante la
Conapre –por ser millonario- no puede representar los genuinos intereses de la
clase obrera. Textualmente, nuestro informante afirma:
“La CTM aprovecha su fuerza para acaparar posiciones
de carácter administrativo en el Seguro Social, el Infonavit, el Departamento
del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Precios y otros organismos
oficiales. Si la CTM quiere la unidad obrera debería ser más consciente y dar
mayor participación a las demás agrupaciones sindicales”.
En otras ocasiones, surgen conflictos entre los
líderes de la maquinaria corporativa en lo que respecta a lo mediato ó
inmediato de la necesidad de solicitar reivindicaciones a la necesidad de
solicitar aumentos salariales: los dirigentes de la COM llegan a amenazar con
desatar la huelga si no bajan los precios. En el fondo, pues, los líderes
intermedios de la burocracia sindical ven, en la crisis de 1977, que la
ampliación de sus posibilidades de
movilidad vertical son obstaculizadas por los grandes líderes: la lucha que
consecuentemente se desata por aprovechar estas posibilidades deblita el funcionamiento
de la maquinaria corporativa como globalidad. Estas discrepancias en las
alturas de la burocracia sindical con respecto
a la posición a adoptar en torno a la reforma política y a la Alianza
para la Producción, llegan a ser tan fuertes que en ocasiones determinan el que
sus organizaciones se dividan. La COM, por ejemplo, finalmente se escindió en
junio de 1977; a partir de entonces, un grupo permanecería en la antigua COM,
en tanto que otro daría lugar al nacimiento de organizaciones obreras,
agrupación que incluiría en su seno a todos los sindicatos independientes
–excepto a los de ideas exóticas, al decir de sus dirigentes- que quisieran
hacerlo.
Desde nuestro punto de vista, los requerimientos
superestructurales de la realización de la Alianza para la Producción en el
Campo, y para la implantación efectiva del esquema estatal de
descampesinización, son cubiertos en buena medida por la ejecución de la RP en
el medio rural. Y es, en este sentido, que no compartimos la posición de los que conciben que la reforma política,
auspiciada por la fracción López Portillista de la burocracia central,
estuviera dirigida fundamentalmente para el consumo de los sectores medios
–específicamente urbanos- radicalizados. Existen indicadores inequívocos que
señalan que las tres características fundamentales de las consecuencias
desprendidas de la RP –surgimiento de nuevas formas de arbitraje, de una mayor
fuerza de la izquierda, y de la recomposición interna de la propia maquinaria
corporativa- se dan también específicamente respecto al agro. Veamos aquí sólo
el tercer punto, ya que en otros apartados de este mismo capítulo se analizarán
con mas detalle los dos primeros.
La efectiva realización, a partir de 1977, del esquema
estatal de la descampesinización y proletarización definitiva del agro mexicano, requiere que se fortalezcan los
componentes de la maquinaria corporativa del estado que tienen ingerencia
directa en el campo. Desde la perspectiva estatal, este fortalecimiento debería
apoyarse en el proceso global de RP emprendida, y sólo podía lograrse mediante la formación de una única
organización que incorporara en su seno a las diversas clases, sectores y
fracciones que –encuadradas en el ámbito del estado- actuaban en el ámbito
rural. La unificación de las diversas centrales existentes se daría sobre la
base de la producción, para que los campesinos se convirtieran en socios de los
industriales, banqueros, comerciantes y pequeños propietarios, así como en
colaboradores de los obreros (X/7). En síntesis, se trataría de crear una nueva central que garantizara el control
político necesario para el cumplimiento de la legislación hasta entonces
existente –e incluyendo las modificaciones que se introdujeran en la misma- con
objeto de evitar que para hacerla respetar
se tuviera que echar mano continuamente de la represión en su forma más brutal.
Conforme a esta posición, ya desde agosto el
secretario general de la CNC anuncia la realización de intensos trabajos en
todo e país, para establecer una sola organización nacional que agrupara a la
población rural del país (VIII/2). Era menester crear una nueva organización
unitaria, pese a que formalmente existía una; el pacto de Ocampo. El pacto de
Ocampo fue suscrito, a mediados del régimen de Echeverría, por las principales
organizaciones políticas, de apoyo
pro-estatal, que actuaban en el agro. A nivel formal, surgió en torno al
compromiso de no auspiciar invasiones,
de respetar la vida interna de cada central, y de participar en la Alianza para
la Producción Campesina. Sin embargo, el pacto no llegó a actuar como la
resultante de una alianza política; nunca logró dar una posición orgánica a los
diferentes enfoques, de sus organizaciones individuales constitutivas, en
cuanto a la participación política en el campo. Es por ello que, durante 1977,
se tiene prácticamente que partir de cero, en lo concerniente a la tarea de
crear una sola organización de control político en el agro.
El 24 de septiembre, el secretario general de la CNC
declaraba que el Pacto de Ocampo sería reformulado en torno a consignar como la
de no dar tierras a los pequeños propietarios menores de 16 años. Dos meses
después, el mismo dirigente anuncia que el pacto de Ocampo se enfrentaba a su
inminente desintegración, y que sería sustituido por las organizaciones
campesinas que, al margen de éste, habían venido formando una alianza para
cooperar al mayor desarrollo agrícola del país, respetándose mutuamente
(XI/24). Finalmente, el 10 de diciembre, se da a conocer al sustituto operativo
–conforme a las nuevas circunstancias- del pacto de Ocampo: la Alianza para la
Producción, Industrialización y Comercialización de los Productos Agropecuarios
y Forestales, concertada por la Confederación Nacional Ganadera la
Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente, la Unión
General de Obreros y Campesinos de México, el Consejo Agrarista Mexicano y la
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.
Como su nombre lo indica, se trata aún de una alianza
política. Según declaraciones del secretario general de la CNC, sus objetivos
son: a) planear y programar las actividades, a nivel de distritos de riego y de
temporal y de zonas ganaderas forestales; b) fomentar la participación conjunta
en la organización general de los productores, ejidatarios, comuneros, pequeños
propietarios y ganaderos, de manera que se logre la autosuficiencia de las unidades productivas; c) entablar
coordinación estrecha con el gobierno federal y la iniciativa privada, para
capitalizar al agro a través del establecimiento de las agroindustrias; d)
organizar un sistema nacional de comercialización de productos agropecuarios, a
fin de evitar la excesiva intermediación; e) obtener asesoría de un cuerpo de
técnicos especialistas en las diversas ramas de producción, comercialización e
industrialización.
El 2 de julio, el presidente de la república decía a
la Asociación Nacional de Productores de Café, Minifundistas y Asalariados
Rurales, organizada por la CNC:
“En la medida en que (los campesinos) estén divididos,
seguirán siendo explotados; en la medida en que se unan y se organice podrá el
estado apoyarse en ustedes y sacar adelante a la agricultura”.
Sin embargo, el surgimiento y funcionamiento efectivo
de una nueva y operativa organización política de la maquinaria corporativa se
enfrenta a serias dificultades. La unión política de los campesinos, proclamada
por JLP como un requisito indispensable para que el aparato burocrático se
apoyara en ellos, se torna difícil de lograr (VII/2). La existencia de escollos
queda de alguna manera indicada por el hecho de que, pese a que de Ocampo se
verían sometidas a un proceso de unificación, formando una sola gran central,
su fusión efectiva fue pospuesta en
varias ocasiones; se auguraba que con
la unificación se manifestaría
también diversas formas de inconformidad y agitación. El 16 de mayo, el
secretario general de la CCI afirmaba, en este sentido:
“Las cinco agrupaciones que integran al Pacto de
Ocampo (CNC, CCI, UGOCM, CAM y CNPP) no se unificarán en una sola central
campesina...Por el momento es más importante la organización para la
producción, que crear agitación
diciéndole a los campesinos que se pasen de una a otra central”.
Al decir esto, de una u otra forma el dirigente se
está refiriendo a que el obstáculo más grande al que debe enfrentarse el
intento por formar una sola central en el agro, estriba en el hecho de que ello
agudizaría y generalizaría los cismas y escisiones que ya venían denotando las
organizaciones, tanto entre sí, como en lo que respecta al ámbito interno de
cada una de ellas.
¿Cuáles son , pues, las principales dificultades
existentes para la formación de una sola
organización política rural, controlada por –y base de- la actuación
estatal en el agro? Sin que sean exhaustivas, se pueden mencionar las
siguientes posibilidades:
En primer lugar, la formación de una sola central
corporativa se enfrenta al hecho indiscutible de que los dirigentes de
cada una de las organizaciones que actúan en el medio rural
basan su fuerza personal precisamente en la existencia de ellas. Al permitir la
incorporación de su organización a una sola central, un dirigente estaría
aceptando el debilitamiento de su
fuerza personal; estaría dando su aprobación a la reducción muy significativa
de su capacidad de negociación política
y –consecuentemente. Se abatirían las posibilidades de su recepción de
recompensas de todo tipo. Es por ello que cada líder campesino proestatal
lucha porque, en todo caso, la
organización que maneja directamente llegue
a detentar la hegemonía en la potencial central única. Para un dirigente
político del campo, el camino hacia el predominio político absoluto al interior
de la futura central aparece despejado porque, a pesar de que la CNC se niega a
abandonar formalmente su posición de hegemonía al interior del movimiento
campesino, es claro que para 1977 ha disminuido notablemente la fuerza real que
ésta necesitaba para mantenerla. Es en este sentido que hay que interpretar las
palabras del secretario general del CAM, cuando afirma el 4 de julio que la
unidad político en el campo no había cristalizado, sencillamente porque la CNC
no permitía que se repartieran los puestos políticos que sus dirigentes
habían logrado concentrar.
Abarcan una amplia gama las manifestaciones del
desinterés en la formación de una sola central única; igual sucede con las
luchas de los líderes, porque ello se da sólo si logran conquistar para sí la
hegemonía al interior del movimiento campesino corporativizado: a) pueden las
contradicciones manifestarse simplemente con la no asistencia de un
dirigente determinado a reuniones concertadas para el sector campesino
en su totalidad. Por ejemplo, el 13 de octubre, al reunirse en Ciudad Obregón
para discutir algunas cuestiones en torno al reparto de noviembre de 1976 en
Sonora, los líderes de la CNC, CNPP, CCI y UGOCM se reunieron. En la versión
periodística del acontecimiento, el reportero explicita que se evitó mencionar
al pacto de Ocampo y que no asistió a ella el secretario general del CAM.
b) También puede reflejarse la cuestión de la
obtención de la hegemonía en el movimiento campesino corporativizado, en el
hecho de que los dirigentes se muestran profundamente enemistados entre sí. Para el 8 de septiembre, los dirigentes del
Pacto de Ocampo habían venido dedicando buena parte de sus energías a atacarse
mutuamente. Alfonso Garzón Santibáñez (CCI) se enemistó con Oscar Ramírez Mijares (CNC) porque la actuación del
segundo determinó en alto grado el que los campesinos de la CCI en Baja
California Norte se afiliaran a la CNC. A su vez, el líder de la CNC censuró acre
y públicamente, durante todo el año, a
Humberto Serrano (CAM). Por otro lado, los dirigentes de la UGOCM contradicen
abiertamente –en palabras y en hechos- las consignas y línea política marcada
por la CNC.
c) También en aras de una futura hegemonía es que
surgen las discrepancias de los dirigentes en los casos de repartos agrarios, en cuanto a quiénes serían los
campesinos beneficiados. Todavía para el 22 de noviembre –un año después de
haberse efectuado- los dirigentes de
las centrales campesinas de disputaban el reparto de dos a cuatro
mil vacantes en las tierras expropiadas por Echeverría en el Valle del
Yaqui.
d) Detrás de las acusaciones de deshonestidad de los
líderes máximos de cada organización, está asimismo presente la pretensión, de
cada una de las partes intervinientes, de convertirse en el elemento hegemónico
del movimiento campesino. En este sentido, los conflictos entre los líderes de
la maquinaria corporativa en el campo
sirven incluso para traer a la discusión pública secretos a voces en cuanto a
la corrupción imperante al interior de la burocracia de este tipo. El
presidente de la Federación Nacional de Cañeros (CTM) arremetió a fines
de agosto (VIII/25) contra los siete principales líderes de la Unión
Nacional de Productores de Caña de la República Mexicana (CNC) y contra otros
28 líderes de menor jerarquía, acusándolos de recibir entre $5,000 y $20,000
por mes, por concepto de subsidio.
e) La lucha por la hegemonía se manifiesta también en
el proceso de constante reafiliación de las agrupaciones campesinas, en organizaciones diferentes,
todas de la propia maquinaria corporativa del estado.
f) Por último, la lucha por la hegemonía al interior
de la maquinaria corporativa puede llegar a manifestarse incluso en la
violencia desplegada por cada una de las partes en lucha. El ámbito interna de
la propia CNC fue terreno de violencia en este sentido, en múltiples ocasiones
durante 1977. Por ejemplo, el 9 de mayo, en Martínez de la Torre, Veracruz, mil
campesinos encabezados por un diputado federal bloquearon e impidieron que se
realizara la asamblea del Comité Regional Campesino. Ambos grupos pertenecían a
la CNC.
Pero, lo que obstaculiza la formación de una central
única, no es sólo la perspectiva de pérdida ó incremento de la fuerza de los
dirigentes de cada una de las organizaciones de la maquinaria corporativa en el
campo. También está el hecho indiscutible, de que cada organización defiende, a
menudo, intereses contrarios a los que
manejan otras, aún cuando todas sirvan de apoyo estatal. Estas diferencias
surgen en algunos casos por la ubicación, en la división social del trabajo, de
las bases de cada organización. Por ejemplo, con el nuevo tipo de asociación
económica en el campo, surgen problemas entre los diversos elementos de la
propia maquinaria corporativa del estado mexicano en el campo. En cuanto a
esto, el secretario de organización del
sindicato de trabajadores asalariados del campo se quejaba, el 14 de diciembre,
de que la CNC a menudo tenía roces y
conflictos con el SÑTAC (CTM), pues defendía siempre a las sociedades ejidales,
cuando sus asalariados intentaban organizarse y formar un sindicato afiliado a la CTM. En otras ocasiones, las
diferencias y contraposiciones de intereses surge del grado de avance del
proceso de proletarización. Por ejemplo, en algunas agrupaciones políticas de
apoyo estatal, podía no tener relevancia la lucha por impedir la suspensión de
derechos de los ejidatarios usufructuarios de las parcelas vacantes –por ausentismo u otras causas-, en
tanto que en otras, en cambio, la
oposición a la realización de depuraciones censales, especialmente en las zonas
más deprimidas, constituía una auténtica bandera de lucha (VII/22).
Las perspectivas en cuanto al nivel de fuerza política
que sus dirigentes aspiran a alcanzar, y los intereses sociales-globales
defendidos por cada una de ellas, se
conjugan para hacer que las diferentes organizaciones campesinas, constitutivas
de la maquinaria corporativa del estado en el agro mexicano, tengan posiciones
divergentes ante algunas de las más importantes cuestiones que se ventilan
durante 1977. Esto, pues, se traduce inequívocamente en un obstáculo más a la
formación de una central estatal única. En asuntos importantes cuestiones que
se ventilan durante 1977. Esto, pues, se traduce inequívocamente en un
obstáculo más a la formación de una central estatal única. En asuntos
importantes respecto al agro, la posición del sector campesino no es uniforme;
las posturas de las organizaciones formalmente miembros de la maquinaria
corporativa tienen puntos de vista a menudo contradictorios. En un aspecto de
tanta relevancia como es el de la inversión extranjera directa en el campo, el
secretario general de la CCI se pronuncia, el 28 de noviembre, contra la
inversión extranjera en la agroindustria, en tanto que su igual en la CNC se
coloca a favor de ella, únicamente bajo la limitante de que su presencia ahí
sea, no sólo de lucro, sino también (!!!) social. De igual manera, en el sector
campesino se manifiesta, a finales de diciembre, la existencia de profundas
diferencias con respecto a la modificación del artículo 27 constitucional a fin
de dar prioridad maquinaria corporativa en el campo algunos casos, incluso
algunos elementos de la propia
maquinaria corporativa en el campo van más allá de los planteamientos
gubernamentales y de la generalidad del resto de las organizaciones campesinas
domesticadas. Ya desde finales de julio, por ejemplo, la Asociación Nacional de
Productores de Tabaco (CNC) pedía la completa nacionalización de la industria
tabacalera (VII/30).
A todo lo anterior hay que agregar otro elemento más:
la constitución de una sola central de la maquinaria corporativa del estado en
el medio rural se ve obstaculizada por el hecho de que las organizaciones
estatales de la burguesía rural no
están dispuestas a quedar incluidas –con el mismo tipo de sujeción y dominio
político- al mismo elemento de la maquinaria estatal que encuadra también a los
trabajadores rurales. Téngase en mente que, el 5 de mayo, la Unión Nacional de
Pequeños Propietarios Cañeros, afiliada a la CNPP, declinó el formar parte en
la Central Única de Cañeros, aduciendo que, para ello, sería necesario
establecer bases políticas adecuadas, ya que la UNPPC agrupaba a 20 mil
pequeños propietarios cañeros, que
producían la mitad del tonelaje nacional de caña de azúcar.
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2) Los problemas del corporativismo rural no son los únicos: durante 1977 se da un fortalecimiento individual de la posición de los máximos dirigentes de la maquinaria corporativa del estado en general, que no repercute en la unidad de la misma.
La presencia del estado en el agro mexicano durante
1977 requiere, entre otras cosas, de la transformación de los componentes de la
maquinaria corporativa que tienen ingerencia
en él. Para cubrir efectivamente las funciones de control político que a ésta
le han sido encomendadas, se necesita que se reduzcan significativamente las
diferencias, tensiones y conflictos abiertos existentes entre cada una de las
organizaciones que forman parte de ella, de manera que se forme una sola
central. A su vez, la meta de lograr la
unidad funcional de los mecanismos de control depende de la medida en que se
desarrolle un proceso que permita que simultáneamente: a) se de el fortalecimiento del poder político de los
líderes de cada una de las organizaciones políticas domesticadas en el campo;
b) se logre la consolidación de un cuadro dirigente global, cuyas decisiones y
acciones alcance a la totalidad del ámbito reservado a ella, de manera que
brinden una unidad coherente al comportamiento político e ideológico de cada
una de sus partes. En el anterior apartado Ya
se ha visto que, en gran medida, lo contrario es lo que sucede; durante
1977, más bien parece recrudecerse los conflictos entre líderes y la formación
de una sola central parece estar más alejada que nunca de las posibilidades
reales. ¿Por qué sucede esto?
Al intentar responder a esta interrogante, es
importante no perder de vista un aspecto de primordial importancia: el que no
se alcance la unidad del control sobre el movimiento político de los
ejidatarios, comuneros, minifundistas privados, jornaleros, desempleados y
subempleados del agro, está también determinado por factores relativamente
externos al movimiento campesino de apoyo pro-estatal. La maquinaria
corporativa que actúa en el medio rural tiene su razón de ser, tanto en sí
misma, como en cuanto a que constituye
una de las partes –y, por cierto, una parte que durante 1977 no se manifiesta
como la más importante- de la instancia destinada a brindar bases sociales de
apoyo al estado mexicano en su conjunto. En la medida en que esto último es
así, lo que sucede al interior del sector campesino viene a ser una suerte de
reflejo de lo que acontece en el resto de los componentes de la maquinaria
corporativa –especialmente lo que tiene lugar en el movimiento obrero, que en
más de un sentido es una de las partes de mayor importancia de la misma-.
Durante el año que aquí se estudia, se da efectivamente el fortalecimiento de algunos
de los líderes, pero ello no parece redundar en un mayor acercamiento al
cacareado logro de la unidad del movimiento obrero en su conjunto.
Efectivamente, durante 1977 no resultan fortalecidos,
ni todos y cada uno de los dirigentes, ni el aparato de control sobre los
trabajadores en su conjunto. Los que ven incrementada su fuerza política son,
particularmente, los líderes de las grandes centrales que, en tanto esto, son
capaces de racionalizar exclusivamente los mecanismos de dominación ideológico-política
que caen bajo su mando directo. Así, son específicamente los máximos dirigentes
de la CTM, en detrimento del resto de los miembros del congreso del trabajo,
quienes fortalecen su posición. Estaríamos así en el caso en que la mayor
centralización económica que surge como una de las consecuencias fundamentales
de la crisis, tiene su contrapartida en la agudización del proceso de
monopolización de los controles
políticos en el sector que detenta las posiciones de mayor importancia
al interior de la maquinaria corporativa: el movimiento obrero. Y, dentro de
esto último, el poder se concentra
espectacularmente en el sector que es hegemónico: la confederación de
trabajadores de México. Pero, justamente, al concentrarse en mayor medida el
poder, y al acrecentar su capacidad de negociación política los jerarcas de la
CTM, se obstaculiza la unidad del movimiento obrero en su conjunto. El
fortalecimiento de la dirección de la CTM, en el proceso de administración
estatal de la crisis durante 1977, está –entre otros- determinado por los
siguientes factores:
a) En la medida en que para los dirigentes de las
pequeñas y medianas centrales es más difícil continuar eficientemente con su
función de control en el contexto de crisis, los de la CTM –por la fuerza que
detentaban con anterioridad- se convierten en prácticamente los únicos que se
pueden enfrentar saludablemente al capital privado e influenciar adecuadamente
al aparato burocrático, con cierto grado de éxito, en lo que toca a la
obtención de algunas nuevas reivindicaciones y a la permanencia de aquellas que
previamente habían sido logradas. Efectivamente, los dirigentes principales de
las centrales medianas y pequeñas tienen cada día más dificultades, durante
1977, para cumplir con su papel de representante del estado en el movimiento
obrero. El 27 de noviembre, el secretario general de la confederación obrera
revolucionaria afirmaba: los trabajadores ya no soportan y cada vez están más
inconformes...Cada día es más difícil
el cargo de líder sindical.
Y tiene razón, indudablemente; cada día era más arduo, para los dirigentes del movimiento obrero, el cumplir con su
doble papel de encargados de la paz pública y de representantes de los
intereses empresariales. El deterioro de las condiciones de vida así lo determina. No hay que olvidar
que se llegó al punto en que, a principios
de octubre, el propio presidente del congreso del trabajo declaraba que,
de no romperse el top de 10% de aumento salarial, estallarían muchas huelgas en
el país (X/6). Y, ya desde agosto, sindicatos dentro de la propia FSTSE se
apartaban grandemente de la postura de tregua declarada por el congreso del
trabajo, solicitando –como en el caso del sindicato nacional de trabajadores de
caminos y puentes federales de ingresos- hasta 39% de incremento salarial
(VIII/8).
Al no poder manejar la situación conforme a la manera
que más interesa al estado, los dirigentes menores y medios ubicados en el
interior de la burocracia sindical, tienen serios problemas para continuar
perpetuándose en el poder (IX/5). Por otra parte, en tanto que esto sucede, los
dirigentes de la CTM se muestran plenamente conscientes de la ampliación de su
poder político y de negociación en la coyuntura de crisis, y de la manera de
proceder para incrementarla aún más (III/27). Cuando la situación así lo
amerita, su postura puede incluso llevar formalmente al enfrentamiento con el
gran capital transnacional.
En el caso de una empresa textil en Morelos, cuyos
trabajadores estaban en huelga desde hacía cuatro meses, Fidel Velásquez
anuncia (el 28 de noviembre) que la CTM de toda la entidad iría a la huelga:
“La intransigencia patronal hizo que surgieran
acuerdos, como declarar públicamente la solidaridad con el movimiento de huelga
de la Sección 51 de textiles: dar cinco pesos para cada trabajador cetemista de
Morelos para el sostenimiento de la huelga, a partir del sábado próximo y fijar fecha y hora de la huelga estatal”.
Que esta actitud de la CTM no era contraria a los
intereses de la fracción hegemónica del aparato burocrático es clara cuando, al
día siguiente, el secretario del trabajo afirma:
“El paro anunciado ayer en Morelos por Fidel Velásquez no es una amenaza, sino una
estrategia a la que tienen derecho los líderes obreros y los abogados
sindicalistas para defender a los trabajadores...La secretaría del trabajo
seguirá actuando como conciliadora entre factores de la producción donde haya
conflictos laborales y en esa función de la dependencia no apoyará ni a empresarios, ni a
trabajadores”.
De igual manera, los jerarcas de la CTM, conforme a
una actitud política pragmática que les
era altamente eficaz –como tradicionalmente también lo había sido-, siguen la
táctica de solicitar y de no solicitar aumentos de salarios; anuncian aumentos
de salarios, después se retractan, para volver a tomar una posición más
moderada después (IV/10). Esta posición ideológica, que crea confusión en la
lucha de los trabajadores, no es otra cosa
que la consecuencia del reconocimiento de los líderes de la CTM
–reconocimiento compartido también por la burocracia pública y por el capital
privado- de que la carrera de precios-salarios, podía conducir al agotamiento
de la paciencia de los asalariados de este país (III/23). Pero su posición respecto a salarios es importante
porque ilustra, no solamente la manera
condicionada con que se enfrentan los líderes de la CTM al capital privado,
sino también los incrementos de fuerza política que obtienen en detrimento de
la de otros dirigentes.
Para fines de julio (VII/27), existían indicios de que,
al interior del congreso del trabajo, se gestaban rupturas respecto al grado y
ritmo con que debían efectuarse las
solicitudes de aumentos de salario en la medida de su combatividad y de la productividad de la empresa con la que estuviera vinculado. Es la posición de la CTM la que triunfa. Al
ser esto así, dejan sus dirigentes la puerta abierta para la mayor acumulación
de poderío político, pues básicamente
eran los sindicatos de la CTM los que
contarían, en principio, con la fuerza necesaria para obtener aumentos salariales
más allá del tope establecido; los sindicatos afiliados a las otras
centrales del estado difícilmente podrían hacerlo.
El poderío de los dirigentes de la CTM se incrementa, no solamente porque son capaces de menguar el poder del de
otros líderes (también del movimiento
obrero corporativizado), sino también
porque aumentan la eficiencia de los mecanismos ideológicos que les brinda mayor legitimidad ante los ojos de
dirigentes intermedios y miembros de
base de los organismos que controlan directamente. En este sentido, les resulta
particularmente valiosa su posición nominal
de relativo enfrentamiento con
el capital privado. Entre múltiples
ejemplos, resaltarían los
siguientes; la idea de democratizar el capital de las empresas, dando
posibilidad a los trabajadores de ser
socios de los capitalistas
(VII/17); la postura consistente en que los obreros se sacrificarían en 1978, sólo
si los empresarios también lo hacían
(XII/2); las manifestaciones de incredulidad a los ofrecimientos continuos de los empresarios, afirmando, el
9 de diciembre, que el compromiso de la burguesía de invertir 200 mil millones de pesos durante 1978 era por lo
menos el séptimo en lo que llevaba de transcurrido el año (XII/9): la
negativa formal a manejar cifras –con
objeto de que los incrementos fueran realmente justos- en torno al aumento que
deberían tener los salarios mínimos para 1978, sino hasta después de navidad, cuando los precios alcanzaran su máximo
nivel (XII/6).
Aunado a la
capacidad de centralizar más el poder político en detrimento de los dirigentes
de otras organizaciones del movimiento
obrero, y de manejar ideológicamente una imagen de enfrentamiento con
los empresarios que fortalece su poder personal al interior de propias
organizaciones, los dirigentes de la CTM también desarrollan una posición de
presión constante al aparato burocrático, casi en su sólo beneficio. De esta
manera, logran la participación exclusiva en representación del movimiento
obrero corporativizado en su totalidad, en la Comisión Nacional de Precios.
Esto despierta la inconformidad de otros dirigentes, pues para éstos queda
claro que ello redunda en su debilitamiento.
En efecto, el 26 de octubre, el secretario general de
la CROC expresa su desacuerdo porque en la CONAPRE no estaban representadas las
32 organizaciones que conformaban el congreso del trabajo, sino sólo la CTM. De
igual manera, el secretario general de la CROC afirma, al día siguiente:
“En la CROC nos extraña que el secretario de comercio,
Fernando Solana, sólo haya mencionado a la CTM como participante de esa
comisión. Debió haberse consultado al congreso del trabajo, que representa a la totalidad del movimiento obrero
organizado”.
Pero la
presión de los jerarcas de la CTM sobre
el aparato burocrático se manifiesta también en otros sentidos. Matando
tres pájaros de un tiro –mayor eficiencia
de la imagen ideológica de la CTM como organización de defensa de los trabajadores y del pueblo en general, aumento en su capacidad de negociación frente a la
burocracia pública y debilitamiento de la posición de dirigentes de otras organizaciones obreras de apoyo
proestatal- logra del gobierno reivindicaciones no sustanciales que son
ampliamente difundidas. Recuérdese que en septiembre se expidió, por parte de
la SHCP, un reglamento que establecía gravámenes fiscales para algunas de las
prestaciones sociales que los empresarios otorgaban a los asalariados. El 24 de
octubre, Fidel Velásquez afirmaba que, si no se obtenía la anulación del reglamento
al impuesto sobre la renta expedido el mes anterior, donde se ponían
impuestos a los fondos sindicales
destinados a programas de protección social, quedaría sin efecto el compromiso
del movimiento obrero con el gobierno federal, en torno a la alianza para
producción. Ello se debía –según declaraba entonces el secretario general de la
CTM- a que nueve artículos del reglamento mencionado permitían a los
empleadores ofrecer resistencia en la concesión de prestaciones, sobre todo en
el campo de la jubilación. Tres días después, el titular de la SHCP precisaba
que el nuevo reglamento de la Ley
federal del impuesto sobre la renta no fijaba cargas fiscales a los fondos
recibidos por los trabajadores:
“Simplemente el nuevo reglamento, que entró en vigor
el 19 de este mes, precisa el alcance de las disposiciones contenidas en la ley que regula, incorporando en un
solo ordenamiento los diversos
criterios, circulares y acuerdos que han conformado las experiencias
administrativas. Por otra parte, establece procedimientos para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes, sin que en ningún
caso se fijen nuevos impuestos, ya que no se modifican los elementos
constitutivos del gravamen. En tal virtud, los trabajadores deben estar
seguros de que sus ingresos no serán disminuidos bajo ninguna circunstancia por
el nuevo reglamento, pues como se indica, no ha sido modificaciones de pago de
impuestos.
Por último,
los alcances del grado de ampliación del poder de los dirigentes de la CTM
frente al aparato burocrático quedan ejemplificados por el hecho de que, desde
el 22 de septiembre, éstos demandan la redistribución del poder administrativo
del gobierno:
“En algunos cargos administrativos estratégicos de
área económica del gobierno se encuentran funcionarios ligados, más allá de lo
que conviene al país, con intereses de grupos
minoritarios...Esta situación deberá cambiar en un futuro inmediato,
redistribuyéndose en forma equitativa el poder
administrativo”.
b) Con la forma política y la reforma interna del PRI,
los dirigentes de las organizaciones menores del movimiento obrero proestatal
difícilmente podrían resistir los embates de la izquierda militante y
verían mortalmente mermadas sus bases
de apoyo, centralizándose más la fuerza del corporativismo en la CTM,
prácticamente como la única organización capaz de enfrentarse a los intentos
–aún sólo formales- de democratización. Al igual que los técnicos e ingenieros
gubernamentales descubrieron hace años que lo mejor en México era construir
presas que tuvieran diversos usos simultáneos (riego, control de inundaciones,
generación de energía eléctrica, criaderos de peces, afluencia turística,
etc.), la reforma política es una medida de uso múltiple para el Estado. Entre
estos usos múltiples, está el de brindar legitimidad al aparato burocrático. El
22 de diciembre, el secretario de gobernación implícitamente afirmaba que el
estado –especialmente en México, donde es producto formal de una revolución.
Requería de firmes bases populares:
“En México, la administración no es neutra, ni el
estado carece de contenido, es un estado dotado de profundo sentido social y
por ello exige una administración que no olvide las causas populares”.
Como coadyuvante a establecer la firmeza de las bases
sociales del estado mexicano, surge la RP –generosamente concedida por el
presidente de la república, como diría el 23 de noviembre e embajador
norteamericano-. Representa la aceptación gubernamental del hecho de que los
partidos formalmente de oposición habían disminuido su eficacia como sus apoyos
(XII/18), hasta el punto en que las leves innovaciones introducidas tal vez
acarrearían la pérdida del registro de
algunos de ellos (XII/21). Constituye también, la RP, una medida
superestructural destinada a auspiciar la participación, abierta y controlada,
de los partidos reales de oposición –hasta entonces con alto grado de independencia frente al
estado en el juego político nacional (XII/3).
Por este motivo, diversos dirigentes de la maquinaria
corporativa sienten que sus intereses podrían ser afectados por la FP. La
burocracia dirigente de la CTM, sin embargo, no está dispuesta a permitir que la reforma política mine su
poder. Tan no lo está, que despliego fuerza y presiona incluso
respecto al contenido que debía tener la reforma, aprovechando así la
coyuntura para lograr mayor
capacidad de negociación frente al
estado. Esto queda muy claro por los
acontecimientos desatados por la declaratoria de Fidel Velásquez, del 10 de
octubre, en el sentido de que estaba de acuerdo con la reforma política, como
la concebía López Portillo, pero que si e PRI se desviaba, y el PAN ó el PC
llegaban al poder –lo que a sus ojos
indicaría que el PRI dejaba de ser el rector de la política nacional- la
CTM y demás organizaciones del sector obrero
harían su propio partido: se
formaría así, un verdadero partido del proletariado. La amenaza de Fidel Velásquez, de formar un partido con
la CTM, es secundada al día siguiente por el secretario general de la CROC:
“Si el día de mañana el PRI, tuviera que aceptar grupos que no están
identificados con nuestra política, tendríamos que dejarlo...Por ejemplo, si la
tendencia democrática determinara afiliarse al PRI, nuestra actitud sería tajante; ellos ó nosotros...Los trabajadores
no estarían de acuerdo en vivir en una dictadura, aunque fuera del
proletariado...Nuestra meta es que el obrero llegue a tener el control político
del país, pero sin coartar las libertades fundamentales” (X/11).
La respuesta del CEN del PRI no se hizo esperar.
Aunque a título personal, el secretario general del PRI afirmaba, al día
siguiente de la amenaza del jerarca de la CTM:
“Tiene razón el compañero Fidel Velásquez cuando
plantea que, si llegara a darse el caso de que el PRI se desviara de la
trayectoria revolucionaria que ha seguido ó fuese incapaz de mantenerse en el
poder, habría razones suficientes para que las organizaciones obreras
decidieran integrar otro partido
político...No existe ninguna
posibilidad de que el PRI desvirtúe el
camino ni de que la revolución cambie
de rumbo; por lo cuál, tampoco podría ocurrir que la CTM y demás agrupaciones
del movimiento obrero formen un partido
ajeno al que siempre ha apoyado y
fortalecido con su fuerza militante”.
Con esto, se aclara el asunto del conflicto aparente
entre Fidel Velásquez y el CEN del PRI, pero queda abierta otra gran dimensión de análisis; el de la reforma interna
del PRI.
¿Qué es lo que causó tal declaración de Velásquez, en
primer lugar?, ¿Es ello producto de que Fidel Velásquez ambicionara la
presidencia del CEN del PRI?. Este no parece haber sido el caso: declaraciones
y actuaciones del líder de la CTM permiten entrever que éste tiene, como tal,
la fuerza que requiere y que para la
función que desempeña no le es necesario
el acceso formal a la residencia del CEN del Partido Revolucionario
Institucional. El 26 de noviembre, la versión periodística de una entrevista a
Velásquez, es la siguiente:
“Se le preguntó a Fidel Velásquez que si aceptaría la presidencia del PRI a lo
que contestó: yo no me hago ilusiones, no vivo de ellas; vivo de realidades,
además yo no soy político, soy sindicalista”.
Su juego, pues, parece más bien haber ido por otro
lado. En la superficie, las amenazas a que aquí se alude aparecen como producto
de la opinión de Velásquez de que el
PRI venía eliminando a los sectores en la toma de decisiones, con lo que la
fuerza de la CTM disminuiría:
“Se sostenía que los sectores, como tales, no podrían
participar en las decisiones, sino sólo los individuos, pero la cuestión está
aclarada satisfactoriamente” (F.V., X/11). Esta es sólo la superficie de la
causa, porque en realidad, dentro del proceso de democratización interna del
PRI, el haber creado un procedimiento de selección interna que desplazara el centro
de decisiones en cuanto a la selección de candidatos de elección popular, de
los círculos dirigentes del PRI a la asamblea, es sólo formal, ya que los
delegados a las asambleas llevarían la
consigna de los máximos líderes.
Parece ser que, en el fondo, de lo que se trataba era
de la defensa de las formas de militancia al interior del movimiento obrero
proestatal, emprendida por los dirigentes de la CTM como medio para tener un
factor más que coadyuvara a su fortalecimiento. Se auspició el enfrentamiento
verbal con el CEN del PRI, como medio para que, en tanto principal referente de
la reforma política global al interior de la maquinaria corporativa, la reforma
interna del PRI no debilitara su posición de hegemonía dentro del movimiento
obrero corporativizado sino que, al contrario, la acrecentara.
La reforma política estaba efectivamente destinada a
servir para traer legitimidad al aparato burocrático y para hacer posible una
participación controlada de la izquierda. Sin embargo, también sirve para adecuar
las características de funcionamiento de la maquinaria corporativa a las
necesidades de la administración de la crisis durante 1977. Tal y como ha
afirmado por el presidente del CEN del PRI, el 24 de noviembre, las
modificaciones a la maquinaria corporativa del estado mexicano siempre han
estado en función de las necesidades de dominación impuestas por el desarrollo
del capitalismo en el país:
“Cada vez que nuestro partido se ha transformado, en
realidad se ha dado una respuesta política a los problemas esenciales
de la crisis por la que, en cada caso, transitaba el país. De este modo,
el partido robusteció, una y otra vez, la capacidad para cumplir con su papel
histórico dentro del sistema
revolucionario mexicano”.
Al afirmar lo anterior, el presidente del CEN está
diciendo que la reforma interna del PRI no es otra cosa que la recomposición
interna del partido ante los desajustes, manifestados agudamente de 1968 en
adelante, en el sistema de dominación que se crea de 1914 a 1934, que culmina
de 1935 a 1940, y que es utilizado prácticamente sin cambios hasta finales de
los años setenta.
La maquinaria corporativa tiene, según reconocimiento
casi expreso realizado por sus máximos dirigentes, la función de coadyuvar a
los objetivos de la alianza para la producción, a través de: mantener la
legitimidad popular; hacer posible la
continuidad gubernamental; mantener la estabilidad política. Dicho por el
presidente del CEN del PRI:
“Nuestro partido
tiene no solamente la función de obtener la supremacía electoral que
permita la continuidad pacífica de los
gobiernos revolucionario. Hemos de actuar como un organismo de acción política
permanentemente capaz de mantener a las instituciones del país firmemente
asentadas sobre la base del más amplio consenso popular posible. Cuando
afirmamos que el partido ha cumplido y seguirá cumpliendo la función histórica
de mantener la estabilidad política del
país, estamos muy lejos de asumir como
objetivo el inmovilismo ó el estancamiento. Al contrario, sostenemos que esa
estabilidad es sólo un medio para hacer posible el avance revolucionario e
independiente del país”
y, precisamente para cumplir su función de
estabilizador político, el PRI tiene que robustecerse, mediante la realización
de una reforma interna que tiende a fortalecer a cada uno de los sectores que
lo integran. El 25 de noviembre, el presidente
del CEN-PRI afirma:
“El PRI tiene no solamente la función de obtener la
supremacía electoral que permita la
continuidad institucional de los gobiernos revolucionarios, sino también la de
permitir que la ideología que impulsa sus acciones y que es el espíritu del
dinamismo político de todo el sistema, conlleva a la transformación profunda e
integral de la sociedad. Para ello, el partido se convierte en el protagonista,
dentro del campo político, de la lucha a favor de los intereses de las clases
sociales que lo integran, las cuales se
agrupan en sus tres sectores . Por eso nuestra capacidad futura para responder
a los retos del cambio político, dependerá del fortalecimiento de los sectores
obrero, agrario y popular, cuyos derechos y aspiraciones son la fuente y el
destino de nuestra lucha revolucionaria”.
Así, si algo queda claro con el conflicto Fidel
Velásquez-Sansores Pérez, es que los líderes de la CTM, en tanto fracción
hegemónica en el interior del movimiento obrero, no están dispuestos a permitir
que la reforma política, en general, y la reforma interna del PRI, en
particular, minen su fortaleza política; no se muestran complacientes con esta posibilidad, aún cuando ello se
intente en nombre de la legitimidad popular, de la estabilidad política y de la
continuidad gubernamental. Aceptarán ambas cosas –reforma política y reforma
interna-, pero sólo en la forma en que efectivamente fueron concebidas por la fracción
hegemónica de la burocracia pública: para su fortalecimiento y mayor
centralización del poder corporativo. Anotando un punto más a su favor, logran
que en la elaboración de los documentos que normarían la transformación interna
del PRI, participen sus representantes
directos, junto con los de la
CNC, CNOP y los sectores juvenil y femenil.
El conflicto, pues, resulta funcional para el Estado
en su conjunto. Sirve para hacer que
los altos dirigentes del PRI cobren conciencia de los riesgos que implica la
reforma interna del PRI: ni más ni menos, el debilitamiento de sus bases
internas de apoyo, altamente identificadas con elementos de dirección-personas
en los sindicatos y centrales
incrustados en él, especialmente en el caso de la CTM. Por esta razón,
pone el CEN tanto esmero en la preparación de la Asamblea del PRI en la que discutirían las
modificaciones en la estructura del partido (que tomaría lugar en 1978). El
presidente del CEN del PRI afirma, el 3 de diciembre:
“Primero se especuló que la Asamblea del PRI podría
ser en agosto (de 1977), luego en diciembre: hay quienes dicen que en marzo,
hay otros dentro del partido que en junio, julio ó agosto (de 1978). Nosotros
debemos obrar con plena responsabilidad; tenemos que hacer un trabajo bien hecho
y vamos a convocar a la asamblea cuando estemos preparados con todos los
elementos suficientes, para que la asamblea resuelva libremente cuáles son los
cambios fundamentales que tenemos que hacer en nuestros documentos básicos y en la estructura del partido”.
c) El contexto de crisis, la reforma política y la
reforma interna del PRI son casi exclusivamente aprovechados por los dirigentes
de la CTM para robustecerse, porque tienen acceso a los mecanismos adecuados
para ello. En primer lugar, la posibilidad de que los líderes de la CTM, en
detrimento del resto de los miembros directivos del congreso del trabajo,
fortalezcan durante 1977 su posición, se debe al hecho de que éstos son prácticamente los únicos que –a través
de sus representantes directos- puede obtener la aprobación del congreso de la
unión a sus decisiones. Aquí hay que
tener en mente que la diputación cetemista
fue rica en iniciativas de ley,
en el período ordinario de sesiones del congreso. Algunos, son los
siguientes: i) la propuesta de modificación al artículo 5° constitucional, en
donde la generación de riqueza tendría carácter social y el estado garantizaría
el derecho de los mexicanos al trabajo (XI/3); ii) la iniciativa para
introducir en la legislación laboral un sistema que vinculara los precios, los
salarios y las utilidades de las empresas, a fin de que los salarios tengan la
misma movilidad que los precios, y las utilidades de los empresarios no rebasen
los límites de la costeabilidad (X/10); iii) la introducción de los contratos-ley,
por rama de la industria, como medio
para igualar situaciones contractuales y eliminar competencia
entre empresarios de una misma rama (IX/10). Aún cuando estas
iniciativas fueron congeladas (no se presentaron para su aprobación)
durante el período ordinario de sesiones del congreso, la posibilidad de presentar iniciativas de ley en la cámara
de diputados, que cuenten con probabilidades de ser aprobadas, está
virtualmente fuera del alcance para el resto de los dirigentes del
movimiento obrero corporativizado.
En segundo lugar, la CTM es la organización que
más conexión tiene con el movimiento
obrero internacional, no revolucionario. A mediados de diciembre (XII/17) se
hablaba de la inminente constitución de la organización americana del trabajo, auspiciada por la norteamericana AFL-CIO. Al igual que
la AFL-CIO, la CTM es miembro de la CRIT; con la formación de la OAT, se
acrecentaría su poder interno y, hasta cierto punto, se internacionalizaría la
forma domesticada e inofensiva conforme
a la cual ha luchado contra las transnacionales en el país. Esta
posibilidad es difícilmente igualada por la que se le presenta a los dirigentes
del resto de los componentes del movimiento obrero corporativizado del país.
En tercer lugar, son los dirigentes de la CTM los
únicos con la fortaleza necesaria para enfrentarse a los excesos de una
burguesía cuya acción política no solamente es creciente, sino engreída. Es
engreída porque, para los grupos más importantes de la burguesía, es pirata
todo sindicato que no está totalmente
controlado por sus
empresas; todo aquél que no es blanco; el que hace abuso de la
huelga. El 4 de diciembre, el director del centro patronal de Nuevo León,
expresaba su preocupación por el incremento que –a su parecer- estaba tomando
este tipo de sindicalismo:
“Todo indica que empieza a prevalecer el abuso (de
la huelga), por parte de la CTM, en apoyo de intereses transitorios y mezquinos
que a largo plazo ocasionarán un desastre mayúsculo”.
Su acción política es creciente, entre otras razones
porque las tradicionales organizaciones
de lucha de la burguesía
intentan deshacerse de la influencia que hasta la fecha habían tenido por parte del gobierno. Por ejemplo, los
comerciantes acusan al dirigente de los pequeños comerciantes de ser representante del gobierno, y de
pretender seguir las consignas marcadas
por el aparato burocrático en las elecciones de la nueva mesa directiva de la CONCANACO, que tendrían lugar durante 1978. El presidente
de la Canaco de Ciudad Obregón, Sonora, afirma:
“El vicepresidente de la Concanaco desde hace varios
años trabaja en la secretaría de comunicaciones y transportes y es en esta
dependencia, ó en las oficinas del PRI, donde
recibe las consignas...Ante la proximidad de las elecciones de nuevos
dirigentes para la Concanaco –se efectuarán en febrero (de 1978)- Rodríguez
Salazar está haciendo escándalo para llamar la atención. Pretende con ello darle valor a su voto y al de las cámaras que manipula para así poder vender
esos votos al mejor precio posible
y al mejor postor”.
El que la acción de los líderes de la CTM se levanta
relativamente contra esta actitud política de la burguesía, en el contexto de
crisis de 1977, y que por lo tanto constituyen la fracción al interior del movimiento
obrero que más pueden brindar apoyo al aparato burocrático, se manifiesta por
el hecho de que su máximo jerarca declara, a mediados de mayo, que los obreros
sólo apoyan las efectivas medidas del sector público y no las inefaces medidas que los empresarios anuncian que tomarán (V/14). Pese a que
formalmente los líderes domesticados de la CTM indiquen lo contrario, lo cierto
es que su forma real de actuación permite percibir que no conciben en la
realidad que las relaciones entre burguesía
y maquinaria corporativa del
estado sean las mismas en tiempo de
crisis aguda, que cuando ésta no se encuentra presente (V/7 y 8). Al reconocer de hecho
esta diferencia, éstos tienen la capacidad
de aprovechar las múltiples
medidas planteadas para sortear la crisis, para su propio fortalecimiento. Por
ejemplo, en el caso del petróleo, los máximos dirigentes de la CTM encuentran
ahí un campo fértil para la expansión y
concentración de su fuerza política,
previo el desarrollo de la lucha en pos de ello. Tómese, en este sentido, la
siguiente declaración, del 26 de septiembre:
“Joaquín Hernández Galicia ‘La Quina’, el líder
petrolero sindical todo poderoso en el norte del país, desplaza paulatinamente
al dirigente Sergio Martínez Mendoza, en la zona sureste, la más
importante por sus yacimientos de hidrocarburos. Grupos selectos de obreros
incondicionales a Hernández Galicia llegan a esta región desde los mermados
campos petroleros del norte. Su misión consiste en hacer proselitismo para que
en las asambleas se adopten resoluciones que beneficien indirectamente a su
jefe. Entre tanto, una pugna interna divide
a las secciones bajo control
formal de Martínez Mendoza porque sus líderes pretenden desplazarlo del mando
regional...El país está dividido en tres zonas administrativas (por PEMEX)...En
cada una...hay un líder obrero máximo, que se convierte en el cacique mayor. En
el norte es Hernández Galicia, en el centro Oscar Torres Pancaro (sustituto del
asesinado Heriberto Kehoe Vincent) y en el sur, Sergio Martínez Mendoza”.
Un enlistado tentativo de los determinantes del hecho
de que los dirigentes de la CTM se fortalecen, en detrimento del poder de otros
líderes del movimiento obrero estatal, estaría incompleto si no se mencionara
el hecho de que los primeros establecen durante el año un mecanismo destinado a
brindar la fuerza económica de la que hasta entonces carecían: el Banco Obrero
(XI/14).
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3) Los intentos de reformar la maquinaria corporativa en el agro no conducen al incremento de la militancia controlada del liderazgo intermedio y de los miembros de base de ella.
Se ha visto, en los apartados que preceden al que aquí
de desglosa, que la presencia del estado en el agro mexicano durante la crisis
no se caracteriza en 1977, ni por significativos avances en la unificación –en
una sola central- de aquella parte de la maquinaria corporativa que actúa en el
medio rural, ni por un fortalecimiento
de los cuadros dirigentes que pueda conducir a ello. La falta de unidad
coherente del aparato de control político-ideológicos de las masas populares
rurales, básicamente consecuencia del hecho de que sus cuadros dirigentes no
se fortalecen en la medida y con los
rasgos requeridos para ello, se
convierte en un obstáculo más para la efectiva implantación del esquema estatal
de descampesinización. Pero estos dos no constituyen los únicos escollos para
que la maquinaria corporativa en el agro se desempeñe de manera que su existencia sea real coadyuvante a la
implantación del esquema estatal de proletarización total y definitiva del
medio rural.
Para que se cumpla el esquema de descampesinización,
ya se ha visto que se requiere que se fortalezca la maquinaria corporativa del estado que actúa en el campo. Pero, a su
vez, ello depende, entre otros factores, de que sus bases sociales de apoyo incrementen realmente –y sólo hasta cierta medida- su militancia. Durante
1977, la militancia de sus miembros se incrementa, efectivamente, pero al hacerlo escapa en buena medida a los
límites de control establecidos para
ello; los líderes intermedios –regionales y locales, principalmente- tienden a
brincarse las trancas. Con ello, el incremento en la participación política
efectiva de sus miembros tiende a convertirse, no en una medida funcional, sino
en una medida disfuncional para los planes del estado en su conjunto: el estado
tiende a perder altas dosis del control que debe ejercer sobre el incremento en
la militancia que se da en su seno.
La necesidad estatal de incrementar la militancia de
los miembros base de la maquinaria corporativa –y de aumentar la participación
política de sus líderes intermedios-,
es indicada por los hechos en múltiples
ocasiones. Conforme a la concepción del estado, para que se cumplieran los objetivos
político-ideológicos globales de la reforma política, la izquierda debía
tener representación mayor y el PRI, en
concreto, debía reformarse. Y uno de
los aspectos en que debía transformarse, es precisamente el que se refiere al comportamiento específico de
sus bases sociales de apoyo y de los dirigentes inmediatos de éstas. Se
requería que el PRI y sus anexos cambiara, en el sentido de permitir a sus
miembros modificar la forma en que se había dado su presencia hasta entonces;
debía transformarse su participación,
de pasiva y dirigida, a una postura relativamente activa, pero, también
dirigida.
Esto no es más que la respuesta al hecho, detectado
por las alturas de la burocracia, de que la falta de militancia real de los
miembros de base formalmente adscritos a la maquinaria corporativa del estado,
traía como consecuencia un débil apoyo efectivo de ésta a la posición y
actuación política, del aparato gubernamental (VII/20). La inconformidad
social, producto de la crisis, orilla a los altos dirigentes del partido a
reconocer que la estabilidad política existente no significaba inmovilismo ó estancamiento político. Ya desde el
24 de noviembre, el presidente del CEN del PRI sostenía:
“Cuando afirmamos que el partido ha cumplido y seguirá
cumpliendo la función histórica de mantener
la estabilidad política en el país, estamos muy lejos de asumir como
objetivo el inmovilismo ó el estancamiento. Al contrario, sostenemos que esa
estabilidad es sólo un medio para hacer posible el avance revolucionario e independiente del país” (XI/24).
Las palabras del presidente del CEN-PRI implican el
reconocimiento de que la crisis genera una movilización política que el estado
mexicano tenía que controlar. Detrás de esta concepción puede estar sino el
reconocimiento de que la crisis del ’77 genera mayor movilización política; en
tanto esto, ó se genera una movilización al interior del partido, auspiciada
por el partido mismo, ó surgen movilizaciones dentro y fuera de la maquinaria
corporativa que, una vez iniciadas, serían difícilmente controlables sin
recurrir –en cantidades muy peligrosas para la legitimidad estatal- a la fuerza
bruta policiaco-militar.
Desde la perspectiva estatal, el incremento de la
militancia de los miembros del PRI
debía darse en torno a la consecución de objetivos de justicia social, pues de
otra forma su legitimidad se vería reducida. Si no se daban acciones
reformistas –cuya obtención dependería de la mayor movilización política intra
partido, auspiciada y controlada por sus círculos dirigentes-, la
condiciones de crisis determinarían el que la maquinaria corporativa no pudiera
seguir manteniendo la estabilidad del país. Es en este sentido que deben interpretarse las
palabras, del 24 de noviembre, del presidente del CEN del PRI:
“Hemos sostenido que, para poder ser revolucionario,
un gobierno depende del apoyo popular, de que la voluntad de la nación sea cada
vez más solidaria con las acciones de su gobierno; pero ese apoyo, a su vez,
depende de que la justicia social aparezca como una realidad tangible y no sólo
como una permanente aspiración. La estabilidad política sería imposible si nos
dedicáramos a proclamar el reposo de las masas”.
¿Cuáles son algunos de los mecanismos que formalmente
se esgrimen como coadyuvantes a la
consecución de objetivos, normados en
torno a la justicia social para evitar la imagen de que se sostiene el reposo
de las masas y dar genuino apoyo popular
al aparato burocrático, que
generan la movilización política al interior de la maquinaria corporativa?
Para estimular el incremento en la militancia de sus
bases, y la mayor participación del liderazgo intermedio, un mecanismo
utilizado durante 1977 consistió en la democracia transparente para la
detección de los candidatos del partido a puestos de elección popular. Con la
democracia transparente (al desplazar formalmente el peso de las decisiones de
los círculos de dirigentes nacionales del PRI, a las asambleas), se estaría
dando cabida a una mayor participación formal de los líderes
regionales y locales y de los miembros base de la maquinaria corporativa. Sin
embargo, los dirigentes nacionales del PRI, en concreto, reconocen que este
sistema es un mecanismo que requiere aprendizaje:
“Quiero decirles a ustedes una cosa, este proceso se
ha aplicado en todos los ayuntamientos del país; es un proceso que se ha venido
aplicando en forma gradual. Porque es una escuela en la que se van enseñando
nuevos procedimientos democráticos; como no se ha aplicado en todas las partes
del país, malo sería culpar al procedimiento interno del abstencionismo que
haya llegado a presentarse; no es lógico eso (presidente CEN-PRI XII/3). En
este sentido, la aplicación de la democracia transparente se daría, más en el
futuro, que lo que fue durante 1977; primero se aplicaría la democracia transparente al nivel de los
ayuntamientos; luego, a la elección de diputados locales; después, a la de
diputados y senadores federales; más adelante, en torno a la selección de los
candidatos a gobernadores. El 3 de
diciembre, al hablar de esta secuencia, el presidente del CEN-PRI se cuidó
mucho de incluir la democracia transparente como mecanismo para seleccionar al
candidato a presidente de la república.
Pero el mecanismo del que constantemente se echó mano
para generar movilizaciones controlables al interior del partido (y anexos),
fue el consistente en manejar la obtención de reivindicaciones económicas. La
reivindicación a la que los dirigentes
nacionales de la maquinaria
corporativa recurrieron con más frecuencia durante el año consistió en el
aumento de salarios, en general, y de los salarios mínimos, en particular. En efecto,
desde principios de año, los dirigentes del movimiento obrero organizado
señalaban la imposibilidad de seguir manteniendo su política de bajos aumentos
de salarios ante la persistencia de la inflación. El 18 de marzo, por ejemplo,
Fidel Velásquez sostenía que los trabajadores no podrían continuar su política
de moderación indefinidamente, si el sector privado no respondía eficazmente al
llamado del presidente de la república. Tres días después –el 21 de marzo- el
presidente del congreso del trabajo,
ante la previsión de alzas esperadas de
hasta 70% para fin del año ’77, llegaba inclusive a plantear la posibilidad de
que el sector campesino, obrero y popular, en su conjunto, entablaran acciones
tendientes a evitarlo.
A mediados de julio, los secretarios generales de la
CROC y la COR afirmaban que la poca correspondencia del sector privado en la
tregua pactada por los factores de la
producción con el aparato burocrático, estaba determinando la posibilidad de que
se relevara el acuerdo de no solicitar
aumento de salarios, para pedir salarios más elevados en función de las
posibilidades reales de cada empresa, y de acuerdo a la combatividad de
cada sindicato. De esta manera, se
estaba dando cabida, al menos a nivel formal, a que la posibilidad de obtención efectiva de sueldos menos
pauperizantes dependiera del grado de éxito político que cada sindicato
individual, tuviera con cada empresa
individual (VII/13).
El 22 de agosto, el congreso del trabajo expresa su
inconformidad ante el ofrecimiento de diez puntos hecho como manifestación de
la clase del capital –diría el presidente de la república-, porque entre otras
cosas éste no incluía la posibilidad de
dignos incrementos salariales
(VIII/23). Y, acercándose ya la fecha de fijación –último día del año- de los salarios mínimos que regirán
durante 1978, los máximos dirigentes de
la maquinaria corporativa empezaron a
manejar el monto del aumento
respectivo. Diferentes agrupaciones del país –dentro del congreso del trabajo-
efectúan estudios directamente, arrojando el resultado de que se hacia
necesario que los nuevos salarios
mínimos se incrementaran en 100% (IX/24).
El 21 de septiembre, el presidente del congreso del
trabajo anunciaba públicamente la necesidad de que el incremento a los salarios
mínimos fuera del 48%, por ser éste el
deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores en lo que llevaba de
transcurrido el año. Incluso algunos dirigentes llegaron a impugnar las
estadísticas gubernamentales como base para fijar los nuevos aumentos. El 16 de
octubre, el secretario del trabajo de la CTM afirmaba que, por no ser precisas
las estadísticas de inflación del Banco de México, de NAFINSA y de la Dirección
General de Estadística, se dificultaba el establecimiento de un adecuado
incremento salarial:
“Los índices de aumentos de precios que se elaboran
incluyen lo mismo los incrementos que registran los automóviles, que los de los
artículos de consumo necesario, y en esa forma se obtienen porcentajes de
encarecimiento muy bajos que no son los que en realidad afectan a los
trabajadores.”
Doce días después (X/28), el máximo jerarca de la CTM
afirmaba que el deterioro de los salarios había sido del 48%; daba así,
hábilmente, indicios de que el salario mínimo sería en esta misma porción.
Aseguraba que se había establecido un compromiso con el gobierno para salir de
la crisis, pero que eso no significaba que el movimiento obrero dejaría de
seguir adelante en materia de sus reivindicaciones. A fines de noviembre
(XI/27), el secretario general de la COR, vertía incluso una amenaza; si los
aumentos de salarios mínimos para 1978 no restituían el poder de compra, la
confederación obrera revolucionaria desencadenaría la acción sindical con huelgas y paros. El 29 de noviembre,
presionado por las circunstancias, finalmente Fidel Velásquez
es contundente; no se aceptarían topes en lo concerniente al aumento del salario mínimo, que debería ser –tomando
en cuenta el deterioro de los salarios y el aumento del salario mínimo, que
debería ser –tomando en cuenta el deterioro de los salarios y el aumento en el
costo de la vida-, no ya del 48% (como lo había establecido dos meses antes),
sino del 24%.
De esta manera, el aumento de salarios es manejado
constantemente por los dirigentes máximos de la maquinaria corporativa como una
medida reivindicativa, que da la imagen de que efectivamente los líderes no
propugnan por el reposos de las masas; que el partido y su séquito es
genuinamente revolucionario y que, por ende, todavía sirve para prestar apoyo a
la posición de la fracción hegemónica del aparato burocrático del estado
mexicano, en el contexto de crisis. Pero también surgen, durante todo el año,
algunos indicadores de que las movilizaciones políticas que genera esta
reivindicación concreta –el mantenimiento del poder adquisitivo de los
salarios- no fueron siempre, y lo serían aún menos durante 1978, controlables.
La movilización de sus bases, auspiciada por los
dirigentes nacionales, se revierten, en este sentido, contra la propia
maquinaria corporativa. Al sostener formalmente una posición de defensa del
salario, y al estimular a sus líderes intermedios para que auspicien
movilizaciones de las organizaciones que controlan, dan pie a que los obreros y trabajadores formalmente adscritos
al PRI en cualquiera de sus sectores, tomen una posición real
de lucha. En primer lugar, ante
las condiciones objetivas, para los trabajadores encuadrados en los aparatos de
control del estado mexicano, es cada vez más endeble el argumento
frecuentemente esgrimido, tanto por el presidente de la república como por
grupos empresariales, en el sentido de que el aumento de salarios en los dos
últimos años era superior al ritmo inflacionario, por lo que no se hacían
necesarios nuevos aumentos significativos (VIII/6).
En segundo lugar, después de estar anunciando durante
todo el año aumentos a los salarios mínimos de entre 100% y 24% -después de
estar alimentando estas expectativas a los miembros de sus organizaciones-,
cuando se anuncia a fines de diciembre que los incrementos serían en promedio
nacional, de entre 12 y 15%, la militancia estimulada por los dirigentes de la
maquinaria corporativa del estado tiende a generar altos niveles de
inconformidad social que bien podía traducirse en inconformidad política contra
los mecanismos que mantenían controlados a los movimientos de los trabajadores.
Ante este hecho, parecería que ni siquiera mecanismos
de control alternativos pueden nulificar totalmente las serias desavenencias
que surgen en la propia casa del estado, la instalación de la comisión nacional
de precios- en la que la CTM tenía asegurada su representación (X/23), que
según declaraciones presidenciales
permitiría que la sociedad viera quién es qué dentro de ella, es
ineficiente ó abusivo, ó significa la instancia deformante- se revela, en este sentido, como un mecanismo
insuficiente para contener la insurgencia de las bases sociales del movimiento
obrero corporativizado.
Una clara manifestación de esta tendencia al
desbordamiento, estriba en el creciente número de huelgas que van más allá de
los marcos de seguridad del estado,
contando con la venia y con la dirección de líderes, de envergadura pequeña y
mediana, de la propia maquinaria
corporativa del estado. El 21 de
noviembre, el presidente del congreso del trabajo daba la concepción estatal del derecho a la huelga. De acuerdo
a ésta, la huelga debía ser
un recurso condicionado, localizado, y nunca general . en la medida en que ello no fuera así, iría contra los intereses del estado. Ni aún en aras de la legitimidad, es que la reforma
interna debía conducir a formas de militancia que incluyeran la posibilidad
real de huelga general:
“En México se ejercita el derecho de huelga, pero en
contra de las empresas que se niegan a satisfacer las demandas obreras; imitar el
sistema de huelgas generales (tipo europeo) sería retroceder”.
En ambos casos –N. L. Y Morelos-, precisamente por
esgrimir la amenaza de la huelga
general, se manifiesta ya la
existencia de las semillas de una no
concordancia total, entre la postura de las bases y sus líderes inmediatos, por
una parte, y los líderes nacionales y la política presidencial, por la otra.
En otros casos, la movilización no controlada empieza
a manifestarse en los más caros bastiones de la maquinaria corporativa. Es muy
claro que ello expresa las disfunciones de la reforma interna introducida en la
crisis, especialmente cuando se gestan movilizaciones que manifiestan
directamente el descontento de los trabajadores del gobierno. Las consecuencias de la crisis son tales que elementos de la
propia FSTSE, tradicionalmente pilar de la política gubernamental, empiezan a
formular demandas que denotan
cierta salida de los marcos delimitados por sus dirigentes nacionales. A finales de agosto (VIII/25),
el CONACYT es emplazado a huelga por sus trabajadores, en demanda de un 20% de
aumento salarial. El 27 de noviembre, 12 secciones disidentes del SNTSSA, con
representación de 20 mil miembros, rechazan el 10% de aumento y piden 30% de
incremento salarial. A principios de
noviembre, los empleados adscritos a la
suprema corte de justicia expresan
públicamente que no han recibido el aumento del 10% del primero de
septiembre pasado y que, sin embargo,
los ministros de la SCJ, los magistrados de los tribunales colegiados y
unitarios, los jueces de distrito en las diversas materias y los secretarios de estudio y cuenta se auto aumentaron sus salarios hasta en 100%; por todo ello, anuncian que
solicitarían 40% de aumento en sus remuneraciones.
Todavía para fines de septiembre, los dirigentes de la
maquinaria corporativa y del aparato burocrático no parecían estar siempre
conscientes de que la movilización auspiciada –para fines de legitimidad- al
interior de los propios órganos estatales de control, estaba yendo más allá de
lo conveniente. Por ejemplo, el 27 de septiembre, el presidente del congreso
del trabajo da muestras de sobre preciar la capacidad de aguante de los
trabajadores, al afirmar implícitamente que era posible que éstos llevaran
sobre sus espaldas, por tiempo indefinido, la mayor parte del peso de la salida
a la crisis:
“Vamos a seguir conservando el ritmo impuesto hasta
ahora; quizá este año y no sabemos cuantos más. Tenemos que ser conscientes y
responsables de la actitud que asumamos los trabajadores y sus representantes.
Además, la situación que atravesamos no es exagerada ni nos vamos a morir por
ella. Vamos a esperar mejores tiempos. Esta situación no durará toda la vida,
pero no sabemos cuantos años se prolongará. Tampoco podemos precipitar ninguna
decisión que dispare los precios y vuelva la inflación a agobiarnos”.
Sin embargo, recuérdese que a principios de noviembre,
estalla la huelga de varios sindicatos de aviación (XI/6).
Estas huelgas ya son vistas incluso como medidas que tienden a conspirar contra la vida económica del país. Para
estas fechas, si alguna duda había en la mente de los máximos dirigentes del
gobierno y maquinaria corporativa, es
borrada totalmente ante la posibilidad de que al aparato burocrático, y a los
representantes del estado al interior
del movimiento obrero, les saliera el tiro por la culata. La reforma política,
las modificaciones internas del PRI, el estímulo a la mayor militancia de sus
miembros, se convierten en medidas que amenazan con volverse contra
ellos mismos. Por ello es que es explicable que, refiriéndose a la huelga de Aeroméxico, Eastern Airlines,
Varig y Panamerican, el director de relaciones públicas de la secretaría de
turismo declara lo siguiente:
“Esa huelga, más que a aspiraciones laborales, huele
más a otro tipo de presión. La posición de los trabajadores es intransigente.
Deberían de tener una conciencia más clara de la situación por la que atraviesa
no sólo la empresa para la que
trabajan, sino el país en general...La ocupación en hoteles se ha
reducido ya a menos del 50%...18 convenciones que se efectuarán en esta
metrópoli durante este mes están en peligro de ser canceladas...Tales eventos
producirían una afluencia de 20,000 visitantes...y el turista extranjero gasta
diariamente el país, más el importe de su hospedaje”.
Estamos así presenciando el caso en que una de las
medidas de la administración estatal de la crisis empieza a alimentar las
situaciones que está destinada a combatir. Recuérdese que, en opinión de JLP, el proceso de salida a la
crisis consta de cuatro grandes apartados: una Alianza para la producción
–generar empleos, producir más y combatir la inflación- una reforma fiscal
–hacer posible que el gobierno tenga
más recursos propios-, una reforma
administrativa –organizarse el gobierno en su interior, para organizar a
la sociedad global de manera eficiente-, y una reforma política –mantenimiento
de la estabilidad política. Ya previamente se han mencionado las graves
deficiencia que ha tenido en todos y
cada uno de los grandes apartados de salida a la crisis. Sin embargo, sí
interesa destacar que la reforma política, que entre otras cosas significa el fortalecimiento de la maquinaria
corporativa, amenaza al estado con no cumplir su cometido; en unos casos, por
no llegar a los objetivos, en otros casos, porque va más allá de ellos. La
implantación de los márgenes de movilización política, que implica el
fortalecimiento de la maquinaria corporativa del estado, empieza a llegar a
extremos que le son muy incómodos al estado. Esta es una de las razones por las
que no se pueden calificar sino de ideológicamente optimistas las declaraciones
del 31 de diciembre de JLP:
“Es muy satisfactorio que hayamos llegado a este
momento y que podamos empezar a hablar de los problemas en pretérito. Las cuestiones
graves que alteraron nuestra economía están empezando a ser
controladas...Ahora más que nunca
debemos mantener todo nuestro esfuerzo
y responsabilidad en la tarea, no volver a los causes de la disolución;
mantener el rumbo, la convicción de servicio con toda fuerza”.
Uno se pregunta, ante este hecho de inminente y graves
dificultades para la implantación efectiva de la reforma política, si no habría
que prestar seria atención al ejército como un mecanismo al que el estado
mexicano tendrá que recurrir más frecuentemente. Uno se pregunta si no habrá
que tomar, sólo como una declaración más, la de las fuerzas armadas cuando le
manifiestan su lealtad institucional al jefe del ejecutivo. ¿Qué tan importante
es, realmente, para la implantación del modelo estatal de salida a la crisis,
la declaración del titular de la SDN, del 31 de diciembre?:
“Para el logro de los supremos objetivos nacionales,
contará usted (señor presidente), en todo momento, con el más acentuado y
optimista esfuerzo de los soldados de México, quienes por mandato de ley,
convicción, vocación y fé, continuaremos transitando por el único camino que
debe transitar todo soldado; el de la lealtad institucional”.
Todo lo que hasta aquí se ha dicho se refiere a la
maquinaria corporativa como conjunto: su reforma interna, una de las formas que
adopta la reforma política global, tiende a generar movilizaciones de las bases
que escapan cada vez más al control de los dirigentes nacionales de ella. Esto
mismo sucede en el caso de la mayor militancia de las bases y de los líderes
intermedios de aquellas partes de la maquinaria corporativa que tienen su
ámbito de acción fundamental en el agro. Aquí la acción de las organizaciones
regionales y locales, dirigida por
líderes que dan el visto bueno al salto de las trancas impuestas a los
movimientos de los diversos sectores, categorías y clases sociales del medio
rural, también se va fincando de manera lenta y dispersa – pero
inexorablemente- durante el año. En algunos casos, estas movilizaciones de las organizaciones
rurales de la maquinaria corporativa son efectuadas por desocupados rurales en
busca de tierra; adoptan, por el lado tibio, la forma de denuncias de tierras
afectables para fines de reparto y, por el lado más radical, se manifiestan en
invasiones ilegales. Los representantes del aparato burocrático, tratándose de
líderes de la maquinaria corporativa que adoptan la línea suave, generalmente ceden a las presiones de los
miembros de la CNC y anexos. Por ejemplo, el 4 de noviembre, el titular de la
secretaría de la reforma agraria se compromete a resolver los problemas de 36
ejidos de Sonora, y a que continuaría la reforma agraria legal en el estado;
anuncia, incluso, que suspendería las intervenciones del delegado de la SRA en
la entidad, ante acusaciones diversas formuladas por los ejidatarios. De igual
manera, cuando las organizaciones políticas rurales por-estatales no ponen en
peligro los márgenes de seguridad del estado, no es raro que incluso participen
otras instancias. Por ejemplo, en el conflicto entre pequeños propietarios
tlaxcaltecas y el gobernador de la entidad, interviene la CNPP, afirmando que
el gobernador había dado garantías a la pequeña propiedad y trataba de
conciliar los factores de la producción
en el campo (X/31). Sin embargo, tratándose de líderes de la maquinaria
corporativa que se comportan adoptando la línea radical, no es
infrecuente que se recurra a la represión. El 16 de octubre, el gobernador de
Zacatecas se jacta de que en la entidad se encarcela a los que instigan invasiones.
En otros casos, las movilizaciones tienen por
protagonistas a asalariados ó semiasalariados rurales, corporativizados por el
estado. Los trabajadores asalariados empiezan a hacer un uso cada vez mayor del
recurso de huelga. Esto sucede de manera
acentuada en Sinaloa, donde el presidente del CAADES señala, el 2 de
diciembre, que la amenaza de huelga de los 200,000 trabajadores agrícolas de la
entidad pondría en peligro las siembras
de primavera-verano. En la misma dirección van los empleados de nivel técnico y
operativo que laboran en diversas organizaciones del estado. El 15 de
diciembre, por ejemplo, en torno a la petición del 35% de aumento salarial y
mejores tratos por parte del personal norteamericano comisionado, de 800 a 1000
trabajadores de la comisión
México-Norteamericana para la erradicación del gusano barrenador del ganado,
emplazan a huelga a la empresa.
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4) La maquinaria corporativa del estado en el medio rural no es capaz de neutralizar eficazmente la acción de las organizaciones políticas independientes del estado.
La efectiva implantación del esquema estatal de
descampesinización traería, como consecuencia inmediata, el empeoramiento de
las condiciones de vida de las masas populares
del agro. Es por ello que la RP promovida desde la fracción
hegemónica de la burocracia pública –en
su versión específica de transformación interna de la maquinaria corporativa
que actúan en el medio rural, precisamente para evitar que el empeoramiento de
las condiciones de vida de las clases trabajadoras rurales se
traduzca en el tipo de inconformidad social que pudiera desembocar en
violencia política, su fortalecimiento
es prácticamente una cuestión de vida ó muerte.
Sin embargo, ya se ha visto que su supervivencia como
fundamental mecanismo de control en el agro se ve amenazada porque durante 1977
–año en que se establecen los mecanismos concretos que serán empleados para
descampesinizar al agro- no muestra la
suficiente eficiencia para cambiarse a
sí misma: no se fortalece porque es incapaz de formar una sola unidad coherente para ejercer el tipo de
dominación que le es encomendada por el estado. A su vez, no se unifica
coherentemente, básicamente debido a que los máximos dirigentes de cada
organización miembro de la maquinaria corporativa adoptan una posición de competencia
desenfrenada para obtener los puestos de dirección hegemónica. Además, la
función de la maquinaria corporativa en el agro, como mecanismo básico de
dominación se ve menguada por el hecho de que sus propias bases sociales, y los
líderes intermedios –no de alcance nacional- que respectivamente las dirigen,
tienen una militancia que cada vez más se aproxima al punto de no control sobre
ellos.
Pero éstas no son las únicas amenazas serias a que se
enfrenta. Aunado a las dificultades para modificarse internamente, también se
ve obstaculizada por el ámbito externo a sí misma, básicamente debido a lo que
sucede en el terreno que se sitúa a su izquierda. Se ha visto, en este mismo
documento, que la RP es, tanto el intento de fortalecer la maquinaria corporativa mediante su reforma
interna, como el incremento de la
participación política controlada, en el juego orquestado por el estado, de las
organizaciones revolucionarias. El primer punto ha sido trabajado en los tres
aparatados anteriores; del segundo se
hará referencia aquí.
En la medida en que esta mayor participación de la
izquierda se dé sin perder un grado significativo de control real sobre ella,
su ingerencia será sumamente funcional
para el estado en su conjunto. Si ello no fuera así –si el incremento de la
presencia real de la izquierda se diera
en proporción inversa al incremento de la eficacia de las diferentes
mediaciones estatales destinadas a mantenerla agazapada-, su ingerencia se
convertiría en abiertamente disfuncional para el estado. Y esto último es lo
que parece pasar en el medio rural, durante 1977. paradójicamente
debilitada en su interior por una
reforma política que tiende formalmente a que ocurra lo contrario –que está
concebida para que se fortalezca mediante la constitución de una sola central y
de un cuadro dirigente único y sólido, que domine a líderes intermedios y a
miembros base más militantes, pero más controlados-, la maquinaria corporativa
es así también golpeada por una izquierda que cada vez gana más apoyos sociales
en el campo.
De esta manera, durante 1977 la maquinaria corporativa
muestra progresivamente, en buena parte por sus propias debilidades internas,
su incapacidad para neutralizar la acción de la izquierda en el campo y en las
ciudades: la inexistencia de una única
central, la ausencia de un cuadro dirigente hegemónico y la militancia de sus
bases hasta puntos mas allá de su cabal
control por el estado, no pueden
menos que favorecer directamente a las agrupaciones
políticas que se sitúan fuera del marco del encuadramiento estatal. Sin
embargo, la incapacidad de la maquinaria corporativa para hacer frente a la expansión de las organizaciones de
izquierda, es alimentada por algunos factores adicionales. Veamos con más
detalle algunos de ellos.
Por principio de cuentas, el mismo contenido de la
política económica global esgrimida durante 1977 implica la posibilidad de
debilitamiento del PRI (VIII/27) y, consecuentemente, la disminución de la
eficiencia con que pueda someter –con su sola acción- a la izquierda no
controlada. El rumbo marcado por la fracción hegemónica de la burocracia públicamente ocasiona que no esté asegurado el control de los
dirigentes máximos de la maquinaria corporativa, sobre sus líderes subalternos
y sobre las masas corporativizadas. Como diría el líder de los telefonistas, el
4 de mayo:
“El problema actual
no es de tregua ó no. Simplemente, los trabajadores no
pueden soportar mucho tiempo esta situación, y si no cambia
pronto, no será posible que los líderes traten de contener sus demandas”.
Indirectamente, pero de manera muy clara, el
sacrificio impuesto por la maquinaria corporativa a sus militantes determina el
surgimiento de una tendencia caracterizada porque éstos se incorporen a las filas de la izquierda
activa. Es quizá por ello –por temor a que el sindicato de la empresa textiles
de Morelos abandonara la CTM por falta de apoyo, sentando un precedente que
probablemente apresuraría una deserción a niveles más generales- que Fidel
Velásquez anuncia, primero, un paro estatal de apoyo al sindicato y después, el
30 de noviembre, un paro nacional que se programaría por estados.
Ciertamente, durante el año también se dan casos en
que las filas de la izquierda son abandonas por algunas de sus organizaciones.
Sin embargo, estos casos son, no solamente muy esporádicos sino que, cuando
llegan a ocurrir, los dirigentes de la izquierda militante dan amplia difusión
a los mecanismos empleados por el estado precisamente para lograr las escisiones, con lo que, en cierto
sentido, las rupturas internas la fortalecen. El 24 de diciembre, por ejemplo,
un vocero de tendencia democrática, del SUTERM, señala que la CFE sobornó a los
dirigentes de la tendencia en Jalisco y Puebla, a fin de que éstos abandonaran
a la tendencia democrática y se neutralizara así la acción de sus
representados.
Por otra parte, la crisis agudiza el enfrentamiento
abierto Inter e intra clases y sectores sociales. Esto debilita a la maquinaria
corporativa –la desgasta-; en tanto esto, la crisis tiende a favorecer
ampliamente a la izquierda. El desgaste de la maquinaria corporativa es muy
claro tratándose de las pugnas electorales y postelectorales. Los dirigentes
estatales consideran que es un mal menor el reconocer los triunfos electorales
de la oposición; el mal mayor sería la pérdida
total de legitimidad. Tal y como ha declarado Alfonso Martínez
Domínguez, quien durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordáz encabezara el CEN del
PRI (IX/9):
“La violación de la ley electoral en perjuicio de las
minorías ha ocasionado notable deterioro en la confianza de los mexicanos, en
sí mismos y en sus instituciones...Esto crea al gobierno mayores problemas que
los que pudiera significar reconocer,
sin escamoteos, los triunfos legítimos de la oposición...De los 30 millones de
electorales que existen en el país, 50% integran el ejército
abstencionista...(lo) que puede llevarnos a un vacío político y poner en duda
la legitimidad del poder público y en consecuencia la estabilidad de las
instituciones”.
La violencia de fin de año en Oaxaca y Tamaulipas, por
ejemplo, ilustra que el no respetar los triunfos de los partidos de oposición
registrados conduce a una guerra de desgaste de éstos con el PRI. Los partidos
de oposición (los formalmente registrados) ponen así, en todo el país, cada vez
más escollos reales a los triunfos del PRI a nivel electoral. Tanto el PAN como
el PPS denuncian, el 3 de diciembre, que el partido revolucionario
institucional quiso comprar a sus respectivos candidatos a la presidencia
municipal en Nuevo Laredo. Pero lo esencial es que la exacerbación de las
diferencias entre el PRI y sus anexos, a todo nivel, es realmente el reflejo
del hecho de que la crisis agudiza, no sólo las contradicciones fundamentales,
sino las contradicciones secundarias de la sociedad mexicana (VII/23). En estas
condiciones, la estrategia de la izquierda –bien planteada, racionalmente confeccionada y escrupulosamente
seguida- podía llegar a convertir este mal menor para el estado, en el bien mayor
para su propia actuación; estaba en más ó menos adecuadas condiciones, para
aprovechar la guerra interna entre las diferentes instancias del estado, para
robustecerse.
Pero al inicio de un proceso generalizado de deserción
de sus organismos base, y al desgaste por pugnas internas y con otras
organizaciones del estado, viene a sumarse el afloramiento de una fuerte
corriente izquierdizante al interior del mismo PRI. Esta izquierda,
atrincherada en sus propias filas es, pues, un factor más que coadyuvara a las
dificultades de la maquinaria corporativa para neutralizar la acción de la
izquierda ubicada en las líneas enemigas. El presidente del CEN del PRI habló
de esto en más de una ocasión. El 24 de noviembre, por ejemplo, afirma:
“No debe sorprendernos que se ataque al partido, no
debe atemorizarnos que se empleen en
contra nuestra las agresiones más innobles. Todo es parte de esa embestida contra revolucionaria que pretende, primero, la desmoralización de nuestros propios militantes para lograr, después, la
infiltración de elementos adversos a la
gran corriente histórica que nuestro
partido representa. Frente a tales embates, este es el momento de vigorizar
nuestra cohesión interna”.
Por estas tres razones –abandono de las filas del PRI
por sus organizaciones, desgaste por pugnas intra estatales y surgimiento de
una fuerte corriente de izquierda en su propio interior-, la maquinaria
corporativa se ve debilitada en su
papel de apoyo fundamental al proceso de dirección gubernamental de salida a la
crisis. En la medida en que ello sucede, se ve obstaculizada para que su acción
se oponga realmente –y someta- a las organizaciones de izquierda situados en su
ámbito externo.
Sin embargo, no debe pensarse que la creciente
incapacidad de la maquinaria corporativa para neutralizar la acción de la izquierda
está determinada sólo por factores relacionados con su propia existencia. A
diferencia de esta concepción, aquí se establece que, el que la izquierda se
vuelva cada vez más difícil de controlar, se debe fundamentalmente a la acción
de la propia izquierda. Ello se debe básicamente a que los dirigentes de las
organizaciones políticas que escapan al control estatal se plantean aprovechar
las contingencias en torno a la reforma política para fortalecerse mientras se
pueda. Tratan de llegar al punto en que, una vez que su presencia no sea
imprescindible para el estado, puedan resistir con algún grado de éxito las
tendencias de su disolución (vía represión, u otros medios).
El aprovechar la izquierda el contexto de la reforma
política para realmente robustecerse significa, durante 1977: a) que cada vez
menos se preste a que se utilice su mediación para resolver las contradicciones
intra estatales; b) que aproveche el hecho de que el fortalecimiento de la
izquierda a nivel nacional es una necesidad –en el contexto de crisis- para el
aparato burocrático, para actuar en posiciones ubicadas más allá de los
márgenes estatales de seguridad, con relativamente menos posibilidades de
represión abierta; c) que tiendan a unificarse, las diferentes agrupaciones de izquierda;
d) que la izquierda incorpore verdaderamente a aquellas fuerzas sociales que se
mantenían fuera del control estatal; e) que las reivindicaciones por las que
lucha, muestren una mucho mayor adecuación con las necesidades reales de los
trabajadores; f) que su acción desmistificadora sea cada vez más eficaz. A
continuación, se profundiza en cada uno de estos puntos.
Los sindicatos, organizaciones y partidos
independientes tienen ante sí un gran desafío. Tienen que robustecerse, a
sabiendas de que el estado se ve forzado a aceptar, incluso a auspiciar este
hecho, porque la crisis económica hace que tenga que recurrir a ello para contrarrestar las embestidas de la
derecha a través del incremento en su legitimidad y, consecuentemente, del
apoyo popular. Sin embargo, la dirección de estos movimientos de izquierda
tiene que asegurar que, al hacerlo, -al apoyar a la fracción hegemónica al
interior del aparato burocrático-, no se sacrifiquen las futuras posibilidades
de actuación genuinamente independiente. En otras palabras, tiene que
fortalecerse lo suficiente, en la coyuntura de crisis que parecía se extendería
por lo menos hasta 1979, para que llegado el momento en que ya no representara
un factor de indispensabilidad para el aparato burocrático, éste no tratara de
institucionalizarlo ó reprimirlo (VII/14).
Y hay indicios
de que, aprovechando la reforma política, estos movimientos de izquierda
efectivamente se fortalecen; de que al aprovechar la reforma política, la clase
trabajadora organizada para la revolución gana suficiencia organizativa y
claridad respecto a la coyuntura de crisis (III/17). Dependiendo del contenido
concreto de su acción, es que la reforma política –aunque limitada en cuanto
alcances, por provenir del propio gobierno- puede efectivamente
convertirse en condicionante de cambios en la situación y correlación de
fuerzas, dirigidos a favorecer al desarrollo democrático del país. En este
sentido, parecía que las minorías de izquierda bien podían llegar a tener la
fuerza de las mayorías; podían llegar a invertir el planteamiento presidencial
respecto a la forma en que debía darse la unión entre mayorías y minorías, y
dejar de serle funcional al estado:
“Ahora que ustedes inician sus labores constitutivas,
tengan en cuenta que esta asamblea está acreditando que van a unirse los que
pueden ser minorías con mayorías, para integrar un solo organismo que hará más
poderoso a los anteriores (sindicatos, de la SRH y de la SAG). Se unen (como
sindicato de la SARH) para ser más fuertes y no para ser más débiles. En la
unión no habrá vencedores ni vencidos. Habrá mayorías y minorías. Mayorías que
tendrá que acreditar con su razón el derecho a decidir en beneficios propio y
también de las minorías. No se unen para sacrificarlas, sino para mejorarlas y
engrandecerlas” (JLP, IX/10).
A la maquinaria corporativa, pues, se le dificulta la
neutralización de la acción de la izquierda, ante todo porque ésta da muestras
de estar en posibilidad de aprovechar la situación de la reforma política, para
su efectivo fortalecimiento. Con las modificaciones superestructurales
–principalmente jurídicas, durante octubre y diciembre del año 1977- la
izquierda está en posibilidad de iniciar el camino que le permita dejar de ser
simple válvula de escape, como aparentemente fue concebido por el estado, para
convertirse en verdadero detonador de la acción revolucionaria de las masas. El
que, conforme a los planteamientos de sus auspiciadores, la reforma política
está destinada a que la izquierda sirva de válvula de escape, es muy claro. En
la información dada por la secretaría de gobernación respecto al envío de la
iniciativa presidencial del 5 de octubre al congreso, se afirma:
“El presidente López Portillo dice que las mayorías
son las que deben gobernar pero deben evitarse los abusos de éstas, que surgen
cuando se impide para todo la participación política de las minorías”.
Luego, de lo que se trata es de estimular, en ámbitos
restringidos (cuidando que ello, a su vez, no se convierta en todo), la
participación política, controlada, de las minorías de izquierda. Se pretende:
ampliar, mediante la aceptación de una más intensa participación política
institucional de la oposición, la base de apoyo del estado; impedir el
estallido de manifestaciones de descontento que estén totalmente incontroladas
(VII/24); permitir la expresión de la oposición política; posibilitar el
negociar con ésta sin tener que llegar forzosamente a la represión física;
hacer posible que se conviertan, de grupos no incorporados disidentes, en
grupos incorporados disidentes. Las intenciones en cuanto a la reforma política
son por demás claras en las afirmaciones incluidas en la iniciativa enviada a
la Cámara de diputados el 6 de diciembre:
“En la iniciativa de ley se mantienen los grandes
postulados de nuestra tradición democrática, fortalecida y enriquecida con
nuevas normas que coadyuvarán al propósito medular de mejorar nuestra
organización política, ofreciendo más amplias posibilidades para la expresión
de las diferentes corrientes y fuerzas políticas existentes en el país.
Promovemos mejores condiciones para el
desarrollo del pluripartidismo, por la idea de que la democracia significa la
igualdad política de los ciudadanos. A través del principio de las mayorías se
ha visto, sin embargo, que éstas, las mayorías, excluyen la gravitación, el
peso e inclusive la voz de las minorías. Las mayorías de los representantes
deben tener una adecuada minorías de representantes. De esta manera, se evita
que la mayoría actúe como el todo...El proceso de rápida transformación que
caracteriza a nuestro país ha determinado, particularmente en la última década,
el surgimiento de agrupaciones de ciudadanos que aspiran a constituirse
legalmente como partidos políticos registrados; el mecanismo vigente para esto
no ha operado, como lo demuestra el hecho de que en los últimos veinte años no
haya sido registrado un solo partido político...Consecuentes con los objetivos
de la reforma política, en la iniciativa se introducen mecanismos flexibles que
harán posible que las organizaciones interesadas puedan obtener su registro
condicionado al resultado de las elecciones...”
pero, si alguna duda quedara en cuanto al alcance que
el estado pretende tenga la reforma
política, queda borrada cuando JLP afirma que el dar posibilidades de acción a
los grupos de izquierda –dentro de la RP- es la menos mala de las
posibilidades:
“Yo no veo más riesgos que los de la democracia, y
todo es riesgoso en este mundo. Es el riesgo de la libertad; riesgo, ¿Pero la
alternativa cuál es, cancelarla? ¿Cancelar la democracia, cancelar la libertad?
Ese sería ya un peligro cierto, frente a un riesgo posible. No veo, pues,
ninguna posibilidad de que se desordene nuestra sociedad, sino al revés; que se
garantice el flujo de opinión mediante el sistema de acceso de los grupos
minoritarios al poder legislativo” (IX/27).
¿Por qué se afirma aquí que la izquierda sacaba buen
provecho de la RP, erosionando con ello las posibilidades de que su acción
fuera posteriormente neutralizada por la maquinaria corporativa del estado? En
primer lugar, porque durante el año 1977 surge una tendencia a que cada vez se
preste menos a que su presencia sirva para resolver las contradicciones intra
burguesas. Cierto es que, en algunos
casos, la izquierda se deja llevar por los acontecimientos y plantea
salidas demasiado optimistas. Por ejemplo, con motivo de la renuncia de los
titulares de SHCP y SPP, el PST planteaba (XI/18) que ello era adecuado y que
de una u otra forma, correspondía a las recomendaciones que le había hecho a
JLP:
“Hace unos días el comité central del PST planteó al
presidente la necesidad de una reorientación de la economía del país, basada en
mayor intervención del estado, sobre todo en las áreas de bienes de producción,
acompañada de una reforma fiscal que, además de detener la salida de divisas,
grave las ganancias del capital...Y subrayamos que algunos de sus colaboradores
de la actual administración no merecían
confianza por sus antecedentes, y que en la práctica anulan algunas medidas
emprendidas por otros funcionarios, por lo que los cambios recientes del
gabinete son sanos y pueden conducir a la reorientación de la política
económica del país”.
Durante todo el año, en la solución de las
contradicciones intra clases dominantes, concretamente la que se da al interior
del aparato burocrático, se recurre todavía con eficiencia al manejo de las
masas trabajadoras. Ello es bastante claro en el caso de la destitución del
gobernador de Oaxaca, Zárate Aquino. Las masas rurales, particularmente
ejidales, se enfrentaron al gobernador, siendo un factor de no despreciable
peso en su destitución. En esa ocasión, el estado demostró una amplia capacidad
de negociación política, efectuando una simple rotación en las alturas de la
burocracia pública de la entidad.
Fue destituido un personaje que aparecía como non
grato, y fue sustituido por no menos popular personaje (militar, excomandante
de la zona militar de Guerrero, captor del guerrillero Lucio Cabañas) (II/26).
El movimiento de izquierda, pues, todavía era utilizado para resolver a favor
de determinadas fracciones la lucha burocrática. La pregunta es: ¿Ante el
fortalecimiento de la izquierda, auspiciada –vía reforma política- por el
estado, seguiría siendo manipulada en el futuro?
Algunos indicadores señalan que la respuesta es, no.
En primer lugar, ello está determinado, entre otros factores, por el hecho de
que, para evitar la represión física más brutal, la izquierda revolucionaria se
escuda –en su acción- precisamente en la debilidad de la maquinaria corporativa
–entre otras cosas, por la huída de su seno de diversas organizaciones base- el
gobierno tiene que reducir el apoyo que presta a ésta, a la vez que evita
utilizar, con tanta frecuencia como antes, la represión abierta de la
izquierda. Ello no quiere decir de su uso denota una cierta disminución.
En segundo lugar, la izquierda aprovecha la RP porque,
asegurada la disminución del recurso estatal –como primera instancia- a la
represión totalmente disolutiva para resolver sus contradicciones fundamentales
con el aparato burocrático y con las organizaciones de lucha directa de la
burguesía, está en posibilidad de iniciar la unificación de sus diversas
partes. La unificación de la izquierda, en estas circunstancias de aprovechamiento de la reforma política,
se yergue así como un mecanismo más que tiende a que la acción de la maquinaria
corporativa se aleja cada vez más de la posibilidad de neutralizar sus
acciones.
Cierto es que, durante el año, los logros en este
sentido no son abrumadores. Continúan –y en algunos casos se acentúan- las
fisuras en la izquierda. Fisuras que, por otra parte, son alimentadas por las
tendencias del movimiento revolucionario internacional. A pesar de estas
tendencias debilitadoras, la solución vectorial es a favor del robustecimiento
de la izquierda. Como medida para
enfrentar la solución estatal a la crisis económica, política y social del
país, se llega a hablar de la posibilidad de formar un solo partido de la
izquierda revolucionaria (II/28).
Esta potencial unificación es la que brinda alguna
posibilidad, por ejemplo, de resistir los golpes al sindicalismo independiente
que provienen de la maquinaria corporativa. La unificación de la izquierda del
país aumenta las posibilidades de enfrentarse a golpes como el representado por
la formación de una nueva central obrera internacional (OAT) que, patrocinada
por la norteamericana AFL-CIO,
concentraría a líderes sindicales de varios países latinoamericanos, para
entrenarlos en negociaciones colectivas
para contratos de trabajo, periodismo y propaganda obrera, ideología del
movimiento obrero, etc (XII/16). Durante el año ’77, los progresos logrados en
el proceso de unificación de la izquierda empiezan ya a brindar algunos frutos
tangibles; si un sector de la izquierda es golpeado, la militancia real de las
otras partes tiende a neutralizar ó a reducir el impacto directo y las
repercusiones indirectas del golpe recibido. Por ejemplo, a fines de diciembre,
diversos sectores políticos reaccionan contra la división del Instituto
Nacional de Energía Nuclear, planteada por el estado y, consecuentemente, se
oponen al debilitamiento de uno de los más fuertes bastiones de la Tendencia
Democrática del SUTERM. Conforme al proyecto estatal, el INEN sería sustituido
por otras nuevas organizaciones; Uranio
de México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (XII/14). Debido a la presión de
la izquierda, en cuanto a impedir la disolución del INEN, llega a demostrar que
su acción puede llegar a influir en importantes instancias estatales. Hasta los
senadores del PRI se manifiestan, el 22 de diciembre, contra la aprobación de
la nueva ley de Energía Nuclear, manifestando que únicamente el estado debe
promover el desarrollo de la industria de energía nuclear.
Pero la acción de la izquierda es cada vez más difícil
de neutralizar por la maquinaria corporativa, en el contexto de crisis de ’77,
debido a la presencia de otros factores. Entre éstos, está el hecho de que cada
vez más la izquierda deja de ser un factor de mera presión política, para pasar
a vincularse íntimamente a los trabajadores en los lugares mismos de sus
labores. Es decir, las afirmaciones de Fidel Velásquez, del 10 de septiembre,
se alejan cada vez más de la realidad:
“cuando mucho (los sindicatos independientes) agrupan
a unos 40,000 trabajadores... lo que hay son grupos de presión, que no manejan
sindicatos, sino otro tipo de grupos con fines políticos”.
La posibilidad y el peligro del incremento en la
vinculación de la izquierda con el proceso productivo y, consiguientemente, su
mayor eficacia en cuanto a la captación de las fuerzas sociales nuevas y
emergentes, es reconocida por el propio presidente del CEN del PRI cuando, el
26 de noviembre, afirma:
“La responsabilidad de organizar al pueblo
corresponde, primordialmente, a los partidos políticos. El nuestro es
incontrastablemente mayoritario pero no por ello debemos dejar en manos de
otras corrientes ideológicas la tarea de reagrupar a las nuevas fuerzas
sociales que han irrumpido en la realidad nacional. La revisión de nuestro
partido, que conduzca a su reforma
interna, aparece así como una necesidad no solamente de coyuntura política; es
un requerimiento ideológico e histórico-estratégico”.
La preocupación de los dirigentes de la maquinaria
corporativa no es gratuita. La izquierda incorpora cada vez con mayor eficacia
a las nuevas fuerzas sociales que escapan al marco de encuadramiento estatal.
Por un lado, se dan visos de que sectores explotados de la población del país,
antes sin ningún tipo de organización, empiezan a plantear organizadamente (y
desde fuera de la maquinaria corporativa) reivindicaciones que, por su
contenido estratégico y táctico, se ubican en el marco de acción de la
izquierda revolucionaria. Independientemente de las posibilidades existentes
para su logro, el hecho de organizarse políticamente representa, en sí mismo,
un adelanto. Por otro lado, se dan casos en que sectores de trabajadores, ya
previamente organizados, adoptan una cada vez más fuerte posición de izquierda.
Tal es el caso del surgimiento de un fuerte sindicalismo universitario, que
lucha por reivindicaciones económicas y
por el mejoramiento de su posición política. Este sindicalismo alcanza, durante
el año, niveles sin precedentes. En marzo, por ejemplo, existía emplazamiento a
huelga ó inminencia de paro; del sindicato de trabajadores académicos y
administrativos de la universidad autónoma de Guerrero; del sindicato
independiente de trabajadores universitarios de Guanajuato (III/3,10,11,12,13).
En el mismo sentido de incorporación de nuevas fuerzas a la izquierda con más
frecuencia que a la maquinaria
corporativa, no se pudo saber en 1977 si –en caso de que tuvieran éxito
las presiones de la diputación de la CTM, que pedía la sindicalización de los
empleados bancarios (XII/10)- los sindicatos potenciales de la Banca Privada se
incorporarían a la maquinaria corporativa, ó a alguna organización política de
izquierda.
¿Porqué es más eficaz la izquierda que la maquinaria
corporativa, durante el contexto de crisis de 1977, para incorporar a nuevas
fuerzas sociales y para estimular realmente una mayor militancia efectiva en
sus miembros? Básicamente, por dos factores. En primer lugar, porque las
reivindicaciones por las que lucha muestran una mucho mayor adecuación con las
necesidades reales de los trabajadores. Por ejemplo, el 4 de agosto, el PCM
propone la unión de los trabajadores asalariados en torno a la demanda de 20%
de aumento salarial. Esto, frente a la ambivalente posición adoptada por el
congreso del trabajo, no podía sino erosionar las bases reales de apoyo de este
último. Frente a la posición concreta de la izquierda, se levanta la posición
general –hasta demagógica-, ya señalada antes, de la maquinaria corporativa.
Considérese, a manera de ilustración, el que el presidente del congreso del
trabajo afirma, el 3 de agosto:
“Las demandas de aumentos salariales y prestaciones se harán de acuerdo con la realidad económica de las empresas, no afectará a la economía del pueblo y se alejará la posibilidad de una nueva alza generalizada de salarios y su consecuencia en la escalada de precios, permitirá la planeación de instrumentos antiinflacionarios en la contratación colectiva y dará lugar a nuevas prestaciones sociales de defensa del salario”.
La posición es demagógica, porque dejar de hecho el aumento de salarios a la combatividad y fuerza de cada sindicato miembro de la maquinaria corporativa, sin el apoyo orgánico y real del conjunto de ésta, hace que sean muy pocos los que puedan obtener aumentos salariales significativos.
En segundo lugar, la izquierda acrecienta sus posibilidades de captación de fuerzas externas, a pesar de la acción desplegada por la maquinaria corporativa para impedirlo, porque su acción desmistificadora –desideologizante- es cada vez más eficaz, en tanto que los mecanismos ideológicos de la maquinaria corporativa denotan progresivas fallas. En este sentido, la izquierda en México se encarga de quitar el disfraz a la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales. El PMT, por ejemplo, en desplegado aparecido en la prensa nacional el 29 de diciembre, señala:
“El gobierno, en vez de tomar en cuenta la opinión de los partidos registrados y no registrados (en torno a la auscultación sobre la RP), envió precipitadamente una iniciativa de ley denominada ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, que la Cámara de Diputados aprobó con algunas insustanciales modificaciones...Se ve que la nueva ley es peor que su predecesora, más anticonstitucional, más antidemocrática y más antipopular. El comité nacional del PMT considera injurioso para el pueblo que después de 76 años de revolución, se expida una ley de tipo totalitario por miedo al pueblo, cosa que no hicieron siquiera los gobiernos de Portugal y España después de más de 40 años de dictadura fascista”.
La acción desmistificadora de la izquierda no sólo llega hasta las bases sociales de la maquinaria corporativa; incluso contagia su posición a la postura esgrimida por los dirigentes nacionales de diversas organizaciones de la maquinaria corporativa, y se convierte así en un elemento más que alimenta la lucha en las alturas de la dirección general de ésta. El 26 de octubre, el secretario general de la COR hacía resaltar el contenido ideológico de la recién creada comisión nacional de precios como organismo destinado por el estado a mantener controlada la inflación; establecía que, como la CONAPRE no tendría facultades ejecutorias, sino sólo deliberativas, no era más que uno más de tantos foros que se establecían en esos momentos y que, mientras no haya mecanismos que controlen a los oligopolios que manejan al comercio, no habrá una auténtica política de precios”.
Incluso, la acción desmistificadora de la izquierda determina en algún grado la necesidad estatal de recurrir a mascaradas cada vez más sofisticadas. Las comparecencias de diversos secretarios de estado ante la Cámara de Diputados, no constituyen más que ejemplos de esto. Así, el 26 de octubre (después de un mes), los legisladores miembros de la Comisión de Defensa de la Economía popular citan, para comparecer el 7 de noviembre ante la Cámara de Diputados, al secretario de comercio. Antes, ya habían citado al subsecretario de comercio interior de la misma dependencia, con quien discutieron los incrementos a los precios del pan, la leche, el huevo y las medicinas.
Por todo lo anterior, no se puede menos que calificar de ideológicamente optimista la aseveración, a nivel predictivo, en el sentido de que la reforma política no debilitaría el monopolio del poder en el medio rural. El 27 de diciembre, por ejemplo, un exsecretario de la CNC, refiriéndose a la RP, afirmaba:
“Para el sector campesino no se va a tener ningún problema; el resquebrajamiento podría surgir cuando un campesino que recurre a sus líderes no es tomado en cuenta y tiene que optar por nuevos caminos....(ante la fuerza que están tomando otros partidos y grupos políticos), al PRI no le queda otra que organizarse mejor, orientar bien a sus miembros y hacer, mínimo cada dos meses, reuniones a nivel nacional porque se sabe que a través de la CNC, que ha sido su vehículo de lucha, podrá lograr sus propósitos”.
Cuando afirma que son nulos los efectos de la izquierda sobre las clases y sectores explotados del agro, en el contexto de la reforma política y en el marco de crisis económica del ’77, surgen serias dudas para el analista interesado en conocer la situación de la maquinaria corporativa en el medio rural. En este sentido, no se puede menos que concluir que se menosprecia la capacidad de la izquierda, cuando se observa el contenido de las aseveraciones de Arturo Luna Lugo (XII/27), exsecretario de la CNC:
“La participación del PAN (en el agro) es nula; el PPS tiene influencia en estados como Veracruz, Oaxaca, Nayarit, la cual es muy relativa; el PDM tiene adeptos en el Bajío y Jalisco, con un sector...importante; mientras que el PST hace proselitismo y falta saber cuál es la respuesta de la masa rural”.
Estas dudas surgen especialmente cuando se sabe que existen sectores de la izquierda militante que, sin pretender llegar a constituir un partido de izquierda que obtenga el registro electoral, realizan una labor callada, lenta y segura con jornaleros y agrícolas, cooperativistas pesqueros, minifundistas ejidales y privados, desempleados y subempleados rurales. Surgen estas dudas cuando la acción de la izquierda de todo tipo –dentro y fuera de la maquinaria corporativa del estado- desenmascara la presencia de la CIA en el campo (XI/30); cuando se difunde el contubernio existente entre la burguesía rural y SRA (IX/23); cuando aumenta su presencia aprovechando el surgimiento de conflictos entre autoridades agrarias y dirigentes de la maquinaria corporativa versus las organizaciones independientes del medio rural (V/31); y, cuando las organizaciones independientes del proletariado rural atraen, con intensidad progresiva, a las bases de la maquinaria corporativa en el agro.
Sin lugar a dudas, en el campo, igual que en las ciudades y en las diversas zonas deprimidas del país, la acción de la izquierda en México estaba siendo –y lo sería cada vez más- difícilmente neutralizada por la acción de la maquinaria corporativa del estado.
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5) La maquinaria corporativa en el campo revela su incapacidad para
extender y profundizar su control sobre asalariados, subocupados y desocupados
rurales.
Para que la descampesinización del agro sea un hecho, se requiere que la maquinaria corporativa se fortalezca de tal manera que sea capaz, especialmente, de incorporar a sus filas a los asalariados y masas desocupadas del agro sobre los cuales no tiene ningún control significativo y, simultáneamente, pueda profundizar la dominación política sobre los sectores de ellos que ya militan en sus cuadros.
En efecto, el 24 de noviembre el presidente del CEN del PRI implícitamente afirmaba que era necesaria una afiliación mayor, en todos los sectores del partido, para que la maquinaria corporativa se fortaleciera:
“Contra lo que quisieran los adversarios del PRI, nuestro partido gana cada día mayor número de adeptos. Además de su larga tradición como organismo político que resume, en su doctrina y en sus programas, las aspiraciones del pueblo y los postulados de nuestro desarrollo independiente, a partir del momento en que emprendimos la revisión de nuestros procedimientos internos para lograr más y mejor democracia, nuevas corrientes de simpatizantes han venido a engrosar nuestras filas. Ese flujo constante de nuevas corrientes de afiliados que se incorporan a las organizaciones de nuestro partido como su fuerza militante, es parte de un proceso de consolidación y crecimiento de nuestro organismo político que, en los momentos actuales, reviste la mayor importancia”.
¿Y de dónde tienen que venir los nuevos afiliados del PRI? ¿A qué grupos de la población se refiere implícitamente Sansores Pérez como importantes de incorporar? Básicamente, se refiere a los entre 8 y 10 millones de desocupados y subocupados del país. Y decir, subocupados y desocupados en general es, al referir sus declaraciones al agro en concreto, incluir principalmente a los asalariados y jornaleros rurales dentro del partido. Y aquí la tarea que se le presentaba a la maquinaria corporativa del estado mexicano, en el contexto de crisis, era enorme. En todo el país, había cuando menos 3 millones de asalariados agrícolas; en encuadramiento estatal sobre los asalariados era mínimo. Según diversas declaraciones –especialmente la del 27 de octubre, del secretario general del sindicato de trabajadores asalariados del campo (CTM)- el SNTAC agremiaba solamente a 100 mil trabajadores asalariados rurales. De ahí el énfasis en extender su ámbito de corporativización. Sin embargo, a los intentos de la maquinaria corporativa se le presentan fuertes obstáculos. Veamos someramente algunos de ellos.
En primer lugar, los intentos de encuadrar a cada vez más asalariados rurales se ven obstaculizados por el hecho de que la maquinaria política tiene cada vez más dificultades para controlar las tensiones sociales en aumento –provenientes, precisamente, en su mayor parte, de los jornaleros agrícolas-, que son producidas por la mayor concentración de riqueza que ocasiona el proyecto generalizado de liberalización de precios (III/27).
En segundo lugar, se ve obstaculizado el estado en sus pretensiones al respecto, porque las fracciones de la burguesía que tienen intereses concretos ubicados en el campo, ejercen presiones de todo tipo para evitar que los dirigentes de la maquinaria corporativa en el agro manejen banderas de lucha que justamente podrían ser atractivas para los trabajadores asalariados. Se oponen a la posición de Fidel Velásquez, anunciada el 8 de noviembre, de demandar la fijación de salarios mínimos iguales para los trabajadores agrícolas y urbanos. Con igual ímpetu, se manifiestan contra las pretensiones del secretario general del SNTAC (CTM), quien el 27 de octubre anuncia que su organización demandaría en el congreso: a) que la agricultura fuera federalizada, porque los principales enemigos del campesino asalariados eran las autoridades locales y las juntas locales de conciliación; b) que se reformará el artículo 527 de la ley federal del trabajo, incluyendo en él a la agricultura; c) que la agricultura fuera considerada como una rama de la industria; d) que el IMSS no discriminara a los asalariados del campo.
Y, si la burguesía rural se opone a las posturas y objetivos formales en el intento de incrementar sus bases sociales con dosis significativas de asalariados, con mucha mayor razón endereza sus baterías contra las pretensiones de actuación real por parte de sus dirigentes. En este sentido, los empresarios explotan a los trabajadores empleados en cerca de 45 mil predios distribuidos por todo el país; se oponen abiertamente a los intentos de sindicalizar a sus asalariados en el SNTAC. Para lograrlo, incluso la burguesía rural se fortifica. Por ejemplo, la CNPP, a partir del 6 de marzo, toma a su cargo la organización económica y verdaderamente política de sus 2.5 millones de agremiados (III/6). Los pequeños propietarios cafeticultores, por ejemplo, forman su propia agrupación política: la federación nacional de pequeños propietarios cafeticultores (V/5).
Al levantar tan tenaz resistencia, los dirigentes de las organizaciones de lucha de la burguesía rural denotan graves fallas en la conducción de la batallas a favor de sus intereses mediatos. Dejándose llevar sólo por su percepción de ganancias inmediatas, amplían las perspectivas de la izquierda revolucionaria que actúa en el campo mexicano. Y la izquierda aprovecha esta oportunidad. El 6 de junio, por ejemplo, el partido socialista de los trabajadores anuncia la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, así como de los sindicatos nacionales de productores de tabaco Benito Juárez y de productores de café, Lázaro Cárdenas.
Quinta Parte: Resumen.
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Gamboa Villafranca
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