Capítulo X: 1977, año
de la reconstrucción: reforma política y alianza para la producción en el agro
mexicano
Un
elemento del libro: El Estado en el agro mexicano en el contexto de crisis: 1977, del Dr. Xavier Gamboa
Villafranca. Tesis Doctoral en Sociología.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, 1979.
I) La aceptación de alianza para la producción y reforma política:
un asunto intraestatal
II) La “respuesta completa” del Estado en el campo
A)
Alianza para la Producción y Medio Rural
B)
Reforma política en el campo
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Villafranca
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I) La aceptación de alianza para la producción y reforma política: un asunto intraestatal.
A partir de mediados de la década de los sesenta, en
buena medida alimentada por los mismos factores que hasta entonces determinaron
su crecimiento, entra en creciente crisis estructural el modelo de desarrollo
capitalista, dependiente y derivado, que había propiciado el crecimiento de la
economía del país desde principios de los cincuenta. Con la atonía de finales
de 1970, aparecen los primeros signos inequívocos de crisis global de la
economía del país. De 1970 a 1972, el avance acelerado de ésta se manifiesta
fundamentalmente en la agudización de la inflación; a partir de 1972 –llegando
hasta la actualidad- la crisis ya no es sólo inflación, sino también recesión.
Ello significa que las diferentes instancias del Estado mexicano se muestran
incapaces, no únicamente para combatir eficientemente los efectos de los
factores estructurales internos que crean distorsiones en el proceso de
acumulación de capital, sino también
para atenuar los efectos –fundamentalmente en los intereses de la
burguesía con empresas ubicadas en la formación social mexicana- de la
situación de crisis del capitalismo mundial, apuntalado por el deterioro de la
economía norteamericana.
A fines de 1976, y en el contexto de inicio del
reacomodo sexenal, que tiene lugar en su interior, el aparato burocrático del
Estado mexicano aparece como el autor de una propuesta, consistente en una
terna de objetivos, también propone un mecanismo: la alianza para la
producción. Mediante la alianza se intenta lograr el concierto de los factores
de la producción en una única acción destinada a lograr los tres objetivos
señalados.
Sin embargo, los dirigentes de la fracción hegemónica
del aparato burocrático reconocen que, para el logro efectivo de los tres
objetivos generales, esgrimidos como la receta del proceso de salida a la
crisis, no basta con la alianza para la producción; no es suficiente que,
conforme a este mecanismo, el gobierno se auto asigne un papel económico y que
defina roles económicos fundamentales a
las otras instancias fundamentales (maquinaria corporativa y capital privado)
del Estado mexicano. Es decir, reconoce el aparato gubernamental que es insuficiente la pretensión de hacer que
el gobierno se organice internamente (mediante la reforma administrativa) para
manejar más racionalmente mayores recursos económicos (posibilitados, entre
otros determinantes, por la reforma fiscal) y se convierta, así, en el rector ó
conductor efectivo del proceso global
de salida a la crisis. Desde su perspectiva, tampoco basta el intento de hacer
que la burguesía invierta productivamente en las áreas prioritarias de cada
sector de la economía. Y sobre todo, reconoce que por sí sola es, asimismo,
insuficiente la pretensión –y el hecho- de que los trabajadores sufran una muy
considerable reducción en el poder
adquisitivo de sus salarios.
Por el contrario, el esquema gubernamental reconoce explícitamente la
necesidad de adecuar las circunstancias superestructurales a los pretendidos
cambios de forma al nivel estructural; en él se advierte que es indispensable
actualizar el funcionamiento de sus aparatos de dominación política y de
manipulación ideológica, con objeto de hacer posible el que las clases
trabajadoras –corporativizadas ó no-, las organizaciones de lucha de la burguesía,
los dirigentes de la maquinaria corporativa, diversos grupos ubicados en el
propio seno del aparato burocrático, y los grupos y partidos de izquierda,
adopten una posición superestructural, que haga posible la implantación de la alianza para la producción y que suavice los efectos que ello traería
sobre las masas populares. Es en esta dirección que surge la reforma política. Con ella pretende el
aparato burocrático poner al día el
funcionamiento de los principales aparatos políticos e ideológicos de
dominación del Estado mexicano.
De esta manera, alianza para la producción (y, como dos de los medios para llegar a
ella, la reforma administrativa y la reforma fiscal) y reforma política, son
los dos aspectos fundamentales, inseparables, del esquema estatal, conforme al
cual se plantea que el país podría sortear la crisis para 1980. No son, pues
los únicos aspectos que contiene el esquema global de la burocracia central,
pero sí son los básicos.
La alianza para la producción representa el intento
de conjugar el funcionamiento económico que, desde el punto de vista
gubernamental, deberá tener el propio aparato burocrático, el sector estatal de
la economía y el capital privado. A su vez, la reforma política constituye
aquella parte de la respuesta global a la crisis, que pretende hacer posible el
que las clases trabajadoras del campo y las ciudades, acepten con relativa
tranquilidad el incremento de la explotación de que ya son objeto; esta
aceptación sería la base fundamental de la implementación, legitimada ante las masas populares, del esquema global
de salida a la crisis, marcado por la burocracia central del Estado mexicano.
No sería exacto pensar que sólo con el advenimiento
del régimen capitaneado por JLP, es que los dos componentes fundamentales de la
respuesta global mencionada, se empiezan a esgrimir como mecanismos para
sortear la crisis. Un planteamiento así no sería del todo acertado, en virtud
de que, en esencia, estos mismos dos componentes fundamentales –aunque con cada
sector específico de la sociedad- fueron utilizados durante la administración
presidencial encabezada por LEA. Tanto durante el período presidencial de Luis
Echeverría, como durante el de José López Portillo, persiste la crisis
estructural del capitalismo en el país, que se empieza a manifestar a partir de
1966. consecuentemente, el Estado –en cuanto que es, a la vez, resultante de, e
instrumento incisivo sobre, las condiciones materiales de la formación social
mexicana-, y en particular el aparato burocrático de este Estado, mantiene un
común denominado en cuanto a la satisfacción de las necesidades estructurales y
superestructurales, requeridas para
afrontar esta crisis. De esta manera,
especialmente a partir de 1970, la burocracia central plantea objetivos, metas
y medios relativamente similares y continuos, para salir de la
inflación-recesión. En el transcurso del régimen de Echeverría, y durante el de
López Portillo, el aparato
gubernamental del Estado mexicano plantea la necesidad de realizar
modificaciones superestructurales a
ellas. Objetivamente, esta similitud global tiene poco que ver con la amistad
JLP-LEA; tampoco se vincula causalmente con las posibilidades –altas y
bajas- que, en un momento dado, tenga
la fracción Echeverrista, de constituirse en hegemónica de 1976 en adelante. En esta continuidad
diferenciada que se observa de 1970 a 1982, en cuanto a la respuesta que
propone la burocracia pública, el
desplazamiento sexenal del poder formal es fundamentalmente contingencial. El cambio en el poder ejecutivo,
ocurrido en 1976, no es capaz de romper
la continuidad fundamental del proceso. Sin embargo, en la medida en que, a
partir de 1970, se va agudizando la
crisis de la economía del país, los cambios estructurales y superestructurales
propuestos por el aparato burocrático, tienen que ir denotando cambios de grado
en su contenido. De esta manera, la reforma política surgida en el régimen
López Portillista, representa la
continuación y profundización de la
apertura democrática de LEA; la reforma administrativa que se maneja durante JLP, representa la permanencia de
las ideas que, al respecto, se tenían durante el régimen de Echeverría; la
reforma fiscal que propone JLP es la profundización de su homónimo, que se
intentó establecer cuando el mismo López Portillo era secretario de hacienda de
Luis Echeverría; la alianza para la producción es la continuación, extendiéndolas y acoplándolas a las ahora más agudas
situaciones de la crisis, de medidas que durante el régimen presidencial
precedente se habían tomado en sectores específicos de la economía (tales como
la alianza campesina para la producción, vinculada específicamente con el sector agropecuario).
Los antecedentes de los contenidos fundamentales de la respuesta global a la crisis, que propone el régimen de JLP, se encuentran
ya incluidos en los mecanismos enfilados en la misma dirección durante 1977; a
partir de 1978 –y por lo menos hasta 1980, año en que los cálculos oficiales
señalan como el límite mínimo del proceso de salida a la crisis, si se siguen
sus lineamientos- se intentará ponerlos en práctica. Lo anterior significa que,
durante 1977, diversas fuerzas sociales van a aceptar, a pretender rechazar ó a
intentar modificar el esquema global, propuesto por la burocracia central del Estado mexicano.
La lucha que al respecto se entabla, no es producto
indirecto de la contradicción fundamental entre burguesía y proletariado. El
asunto de la aceptación ó rechazo por las pretensiones gubernamentales depende,
fundamentalmente, no de su aceptación ó rechazo por parte de las organizaciones
revolucionarias de lucha del proletariado, sino de la resultante vectorial de los conflictos y pugnas que
ocurren en el propio ámbito interno del Estado. Es, por tanto, el contenido de
la respuesta estatal-global de salida a la crisis, producto de la dirección en
que se resuelven las contradicciones secundarias que: i) ocurren al interior de la burguesía, como clase; ii) se dan
en el propio seno del aparato burocrático, como categoría social; iii)
acontecen en el ámbito interno de la maquinaria corporativa como unidad
iv)tiene lugar entre aparato burocrático, maquinaria corporativa y las
organizaciones de lucha de burguesía. Se habla aquí de una “solución
vectorial”, porque la magnitud de la presión para delimitar, aceptar y/ ó
rechazar –en su totalidad ó en partes- los lineamientos del aparato
burocrático, para “salir a flote”, no es
igual para todos y cada uno de los elementos intra estatales involucrados en la
lucha : la fuerza ejercida –y, por lo tanto, las posibilidades de éxito para
cada instancia, sector, fracción, capa ó grupo social, ubicado al interior del
Estado- es altamente igual.
Veamos primero el caso de Alianza para la Producción. El implícito acuerdo, en cuanto a contenido general y objetivos globales de Alianza para la Producción, como el principal instrumento, potencialmente posibilitador de la salida de la crisis, es producto de la estrecha relación existente entre aparato burocrático (como conjunto) y burguesía (como clase). Este acuerdo en lo general, es lo que lo actual fracción hegemónica de la burocracia pública investiga y recoge durante la campaña presidencial de 1975-1976; es lo que se sintetiza en lo que el Presidente de la República interpreta y difunde en su discurso de toma de posesión y en su primer informe a la nación.
Pero
el contenido y objetivos específicos de l aparte propiamente económica de la
“respuesta completa”, que brindan las diferentes dependencias gubernamentales
–básicamente, el contenido concreto que es propuesto por las Secretarías de
Estado-, no son automáticamente aceptadas en su totalidad por los diversos
actores sociales que componen a la
burguesía. A diferencia de ello, la aceptación de los lineamientos de actuación económica , propuestos por una
determinante Secretaría de Estado a una fracción, sector, ó capa específica de
la burguesía, dependerá del grado en que estas categorías del capital identifiquen a las propuestas
con su propia perspectiva de lo que se
necesita para lograr la producción de su capital. Es particular lógica
capitalista, lo que determina el que una categoría social cualquiera de la
burguesía con intereses ubicados en un
sector específico de la economía, efectivamente intente desempeñar el papel
delineado por los componentes del aparato burocrático que estén íntimamente
vinculados con ese mismo sector de la economía.
En
esta lógica lo que determina el que efectivamente : la burguesía industrial
creé más empresas, mayor producción y generación de fuentes de empleo, conforme
a los lineamientos de la Secretaria de
Patrimonio y Fomento Industrial; la burguesía comercial no suba artificialmente
los precios de productos “socialmente necesarios”, conforme a los propósitos formalmente antiinflacionarios de la Secretaría de Comercio; la burguesía
financiera y bancaria destine los recursos crediticios captados, a la actividad productiva (no
especulativa), en concordancia con los rumbos marcados por el Banco de México; la burguesía rural
produzca más alimentos, bienes de exportación, materias primas industriales y
fuentes de empleo, conforme al contenido del Plan nacional Agropecuario y
Forestal.
¿Qué
sucede durante 1977 si, a juicio de los dirigentes de la lucha política de una
categoría social cualquiera del capital, los lineamientos gubernamentales
concretos –desprendidos de los propósitos generales de la alianza para la
Producción- no benefician totalmente sus intereses?.
En
el caso de que la información provenga del gran capital ubicado en los sectores
industrial, financiero y agropecuario-, su palabra es ley. Sí es necesario,
existan altas posibilidades de que las propuestas gubernamentales se
transformen en lo fundamental, de acuerdo a los señalamientos y presiones
respectivas. Las modificaciones sustanciales en los lineamientos concretos del
gobierno, así determinadas, pueden llegar incluso a manifestarse en movimientos
rotatorios y de expulsión, y en cambios
en la correlación de fuerzas en el propio interior de la fracción hegemónica de
la burocracia pública.
Por
el contrario, si la no total aceptación de las directrices gubernamentales
proviene de fracciones específicas del pequeño y mediano capital, generalmente
es mucho más restringido el ámbito en que podrán ejercer eficazmente su presión
para modificarlas. En la medida en que el capital representado sea de
mayor envergadura, y en función de lo
prioritario que resulte el desempeño de sus actividades de influir en los
rumbos señalados por el aparato burocrático. De cualquier manera, al mediano y
pequeño capital parece estarle casi vedado el camino del rechazo total a las
propuestas gubernamentales; en el caso de lograr modificaciones, rara vez son
fundamentales.
De
esta manera, la propuesta original – en su versión de diciembre de 1976, por
ejemplo-, presentada por la fracción Lopezportillista de la burocracia pública,
en cuanto al funcionamiento estructural requerido de las diversas instancias
del Estado para salir de la crisis, va a desempeñar el papel de la tela del
sastre. El contenido fundamental de la política económica global –de la Alianza
para la Producción, reforma administrativa y reforma fiscal- va a ser
proporcionado por las organizaciones de lucha de la fracción hegemónica de la
burguesía: el capital trasnacional-monopolista. Los objetivos y contenidos no
básicos, a su vez, podrán corresponder a los intereses de los pequeños y
medianos capitalistas. Sin embargo, dadas las desigualdades y contradicciones
al interior de la propia burguesía, la burocracia central se demora un año
–1977- en realizar la difícil tarea de
conjugar los intereses concretos de cada fracción de la clase de capital, de
acuerdo al sector específico de la economía en que se ubican sus actividades
“empresariales”, con el contenido específico de los lineamientos propuestos por
las diferentes Secretarías de Estado.
De
lo dicho hasta aquí, la Alianza para la Producción y sus corolarios (reforma
administrativa y reforma fiscal), es decir, la parte propiamente estructural de
la “respuesta completa” de “salida” a la crisis, es una cuestión que se define
básicamente, tanto en lo general como en lo particular, por burguesía y aparto
burocrático. A diferencia de ello, la reforma política –la parte
superestructural de la respuesta- es impuesta, en lo general por el aparto
burocrático; en lo particular, su contenido es fundamental definido por la
maquinaria corporativa del Estado.
Veamos,
pues, lo concerniente a la Reforma Política. A mediados de 1977, la fracción
hegemónica de la burocracia pública difunde un proyecto de conducción de lo
político y de lo ideológico en la formación social mexicana, que estaría
fundamentalmente destinado a permitir el mantenimiento bajo control de los
efectos de una Alianza para la Producción que cargaba sobre las espaldas de la clase trabajadora el peso principal
del proceso de salida a la crisis. Este proyecto no es nuevo; como se ha dicho
antes, es realmente la profundización –la actualización, conforme al mayor
grado de desarrollo de la crisis estructural- de la “apertura democrática”
manejada en el régimen presidencial precedente. No obstante con el fin de
evitar la perspicacias de fracciones de la burguesía especialmente susceptibles
a cualquier cosa que tienda a indicar la continuidad del nuevo régimen con los
“socializantes2 días de Luis Echeverría Álvarez, la burocracia central del
Estado mexicano bautiza al proyecto con el nombre de “Reforma Política”; da,
así, a apariencia de que el esquema en cuestión es sólo producto de la
“lucidez” de las personalidades que asesoran directamente a José López
Portillo.
La
Reforma política constituye una acción –a implantarse parte de inmediato, y
parte a mediano plazo-, cuyo contenido general y fundamental, no esta sujeto a
negociación. Haciendo gala de la autonomía relativa que aún mantiene en lo que
se refiere a la definición de los aspectos superestructurales, la fracción
hegemónica del aparato burocrático establece –e impone- la necesidad de
auspiciar el incremento, controlado
institucionalizado, de la presencia política de la izquierda militante.
Simultáneamente, se encamina a lograr reales incrementos en los niveles de
eficacia de la maquinaria estatal que
corporativiza amplias capas de las masas populares del país. Durante 1977, la
definición de aceptación del contenido específico presenta un doble aspecto. En
lo que se refiere a la acción que el Estado le delimita a la izquierda
revolucionaria, esta última no tiene posibilidades de incidir en los
lineamientos gubernamentales, para modificar la forma en que se ha concebido su
“mayor participación”: la reforma política, se aprovecha ó se desaprovecha. A
pesar de “auscultaciones” y “comparecencias”, que tiene lugar durante el año,
el aparato burocrático mantiene su posición: la izquierda debe convertirse , de
hecho, en una “válvula de escape”. Los intentos en otro sentido no son incorporados
realmente al planteamiento original. Sin embargo, en lo que respecta a la
delimitación y aceptación del contenido específico del papel que le toca jugar
al Estado, la situación es diferente : la maquinaria corporativa si esta en
posibilidades de influir en el proceso. Los dirigentes nacionales de la
maquinaria corporativa, específicamente el CEN del PRI y los jerarcas de los
principales sectores que lo componen, van a intentar incidir sobre la manera
concreta en que se propone su robustecimiento, como medida para neutralizar la
acción expansiva de la izquierda. Pero esta posible incidencia real no es tan
monolítica como podía pensarse. La percepción
al respecto, de los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa,
tienen que enfrentarse a posiciones diferentes, sostenidas por dirigentes de
mediana y pequeña envergadura que se ubican en su propio seno. Estas
posiciones diferentes de los cuadros
intermedios son, a su vez, reflejo del incremento relativo en la militancia de
las bases sociales de la propia maquinaria corporativa, espoleado por el
constante y progresivo deterioro de sus condiciones materiales de vida.
Asimismo, tienen que enfrentarse los dirigentes nacionales de la maquinaria
corporativa, a una corriente de izquierda cada vez mayor, localizada en su
propio medio interno.
Por
todas estas razones, y con objeto de presentar un cuadro que permitiera
delimitar -en lo concreto- el sentido,
la magnitud y el ritmo que debería regir el proceso de recomposición interna y
fortalecimiento de la maquinaria corporativa
del Estado, los líderes nacionales
siguen una clara estrategia. Con prolegómenos a partir del último tercio
de 1977, e iniciado formalmente en enero de 1978, ponen en marcha un proceso de
“auscultación interna”, destinado a permitir presentar, para agosto de 1978, un
aposición uniforme –coherente- que dirimiera las contradicciones
secundarias entorno a la manera
conforme a la cual la maquinaria corporativa debía cumplir con su papel neutralizador
de la izquierda y de efectivo apoyo a la posición del aparato burocrático. Esto
es, se desencadena un proceso destinado a “clarificar” como debería darse la
recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, delimitada –en
términos generales- como necesidad en la reforma política, implantada por la
fracción López portillista de la burocracia pública.
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La
“receta” propuesta por el aparato burocrático para salir de la crisis, esta
concebida para extender su acción hasta abarcar los más importantes ámbitos de
la sociedad mexicana. Entre los rubros principales, contenidos en el “esquema
salvavidas” del gobierno –Alianza para la Producción y Reforma política-,
resaltan los siguientes: grado de vinculación con el exterior
(“mexicanización”, inversión extranjera, negociación de la dependencia, deuda
pública y privada,); niveles de desarrollo de la producción(artesanal,
competitiva, monopolista); destino de producción(mercado interno, externo,
intensivo, extensivo); diferenciación social pretendida (burguesía, proletariado,
clases medias, marginados y capas, fracciones y grupos ubicados en el interior
en cada una de las clases principales); organización interna de las unidades
productivas (empresas capitalistas, formas de producción precapitalista,
cooperativas y asociaciones); efectos esperados en distintos ámbitos físico-geográficos(campo, medio-urbano,
regiones, desigualdades en cada uno de estos ámbitos); lucha política
(maquinaria corporativa, organizaciones de lucha de la burguesía, izquierda
militante); difusión de ideología(educación, bienestar socia, educación
jurídico-legal, renovación del parlamento); actuación de diversas instancias de
la división político-administrativo(gobierno federal, paraestatal, entidades
federativas, municipios, localidades); monto y destino de inversión y gasto
público (presupuesto austero-contraccionista, presupuesto expansivo-monetario);
beneficiarios principales y canales de estímulo-desestímulo(política de precios
al productor, política de precios al consumidor, subsidios, en monetario y
especie). Es decir, el esquema global de lo que los dirigentes de la burocracia
central consideran que es necesario para sortear las agudas condiciones de
crisis estructural, brinda el contenido, tanto de cada uno de estos aspectos,
como del “cruce” entre ellos.
Sin
embargo, la respuesta completa, así constituida, no es tan completa como
pudiera parecer a simple vista. La propia fracción Lopezportillista reconocía,
a principios de febrero de 1978, que aún faltaba integrar todos los elementos
anteriores en un Plan Nacional de Desarrollo (en un “Plan Global de
Congruencia”); lo que hasta entonces se tenía, eran sólo planes sectoriales.
Ello significa que, durante 1977, se adelanto sólo en cuanto a la delimitación
de cómo los rubros mencionados posibilitarían la salida a la crisis, en cuanto
a cada sector de la economía: agropecuario, financiero-bancario, comercial y de
servicios, industrial.
Aquí
se pretenden resumir los resultados de la investigación dirigida a delimitar
las posibilidades de implantación del esquema global de salida a la crisis, en
el caso específico del sector agropecuario. La Alianza para la Producción y la
Reforma Política adquieren, en este sector, una especificidad concreta –y se
enfrentan a obstáculos históricos- relativamente diferente a la que cobran en
otros. Interesa, por tanto, ver más en detalle ambas cuestione: dilucidar cómo
“cobran vida” en el campo.
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A) Alianza
para la Producción y Medio Rural:
La
alianza para la Producción tiene objetivos concretos por cada uno de los
diferentes sectores de la economía. En el caso del agro, la concepción
gubernamental de la Alianza para la Producción, la coloca como posibilitadora
de: incrementos en la producción de alimentos; la obtención de mayores
volúmenes de productos agropecuarios de exportación; mayor producción de materias
primas industriales; generación de fuentes de empleo en número más adecuado.
Para llegar a estos objetivos , el aparato burocrático elaboro una serie de
Planes de Desarrollo Agropecuario y Forestal. El Plan mencionado contempla:
a)el papel que le toca jugar al sector agropecuario en la economía global del
país; b)la delimitación de lo que debería suceder al interior del sector , para
que este papel tenga cumplimento.
Se
pretende que la puesta en marcha del PNAF posibilite, en la economía global del
país: elevar el ritmo de crecimiento del producto agrícola por encima del
crecimiento demográfico; impedir que se agudice la tendencia a la reducción del
área de cultivo, dedicada a la producción de alimentos de consumo interno, con
los que presumiblemente se tendría un menos acelerado proceso de aumento de los
precios al consumidor de estos productos; abatir el déficit de materias primas
industriales de origen agropecuario; evitar que se contraiga más el crecimiento
de las regiones geográficas y de los renglones económicos del sector que
denotaba el mayor índice de crecimiento; evitar la mayor contracción de la
demanda de productos provenientes de las empresas capitalistas del agro;
colocar protecciones contra el incremento de los costos de insumos, utilizados en el proceso de
producción; impedir la agudización del empleo rural y, consecuentemente, el
urbano, arraigando a las clases trabajadoras del campo en sus lugares de
origen.
En
lo que se refiere a lo que debe acontecer al interior del sector agropecuario,
existe -en los planteamientos gubernamentales, respecto al contenido concreto
que debe tener la Alianza para la producción en el agro- la clara convicción de
que los objetivos mencionados son básicamente aceptables sólo a través de la significativa reducción
de la presencia económica del “improductivo”
sector ejidal y minifundista privado. El cumplimiento del papel que el
toca jugar el medio rural, dentro de la Alianza para la Producción –y dentro
del esquema gubernamental global del proceso de salida a la crisis -, sólo
podría lograrse, así, en la medida en que el capitalismo se implantara “en
serio” en el agro. Resulta indudable que el modo de producción capitalista es
el predominante, no solo en el sector agropecuario, sino en el conjunto de la formación
social mexicana. Sin embargo, también es incuestionable que, coexistiendo con
el, persisten formas de producción no típicamente capitalistas, que algunos
catalogan como “mercantilistas-simples”, y otros como formas de “organización
campesina”.
Lo
que persiguen los planteamientos gubernamentales es precisamente la reducción
–al máximo posible- de estas formas de producción no capitalistas. Es por ello
que en este documento se sostiene que el esquema estatal de desarrollo en el
agro gira realmente, a partir de 1977, en torno al objetivo de la
“descampesinización”, de la proletarización definitiva y sin embajes, de la
mayoría de los productores directos del campo mexicano.
De
esta manera, la implantación en serio del capitalismo en el medio rural –implícito
en los planteamientos gubernamentales, respecto al papel que debe jugar el
sector en la Alianza para la Producción, implicaría máxima generalización de
las empresas capitalistas, sea en su forma “pura2(donde se admiten abiertamente
las relaciones saláriales) ó en su forma “mixta”(donde formalmente el capital
privado ó público no emplea trabajadores ejidales y jornaleros agrícolas, sino
que se asocia con ellos); obtener la descampesinización y proletarización
definitiva de una gran parte de los productores directos existentes; minimizar
la situación social conforme a la cual un trabajador directo en el campo es, a
la vez, dueño ó poseedor formal de tierra.
Más
concretamente, estas cuatro implicaciones significarían que el aparato
burocrático busca: el fortalecimiento de las empresas capitalista ya existente,
continuando la canalización de recursos, tecnificación y mecanización
gubernamental que se le había venido otorgando tradicionalmente; suprimir o
reducir el apoyo gubernamental –representado por volúmenes adecuados y
oportunos de crédito, tecnología e infraestructura, así como por todo tipo de
subsidios y condonaciones- a las unidades productivas, existentes de nueva
creación, que no satisfagan los requerimientos organizativos –de empresas “capitalista-
planteados por los esquemas del aparato burocrático; auspiciar la mayor
concentración de la producción, y de utilidades, en las empresas capitalistas
agropecuarias, agrocomerciales y agroindustriales; lograr formas asociativas
entre pequeños propietarios , ejidatarios, minifundistas privados,
inversionistas nacionales y extranjeros y gobierno, con el fin de que las
unidades productivas no fueran de tamaño pequeño; convertir a los ejidos y
zonas comunales en unidades de producción autofinanciables, es decir, en
empresas con organización, dirección y tasas de explotación, ganancias,
acumulación y reproducción típicamente capitalistas; impulsar a la pequeña y
mediana industria en el campo, para
utilizar el subempleo estacional y mejorar el uso de la tierra; regularizar la
tenencia de la tierra para que no ofrezca inseguridad al capitalista interesado
en invertir en el agro; hacer productivas las tierras ociosas, haciendo
depuraciones censales en los ejidos y aplicando la Ley de Tierras Ociosas en la
pequeña propiedad ; no afectar superficies para fines de reparto de tierra y,
por el contrario, evitar invasiones ilegales ; elevar los precios de
garantía de productos agropecuario,
mejorando el proceso de comercialización hasta llegar a niveles cercanos a la
desaparición de los intermediarios del campo; aprovechar más racionalmente, en
aras del mejor funcionamiento de las unidades productivas autofinanciables ,
las tierras y aguas en los distritos de temporal y de riego; proporcionar, a
las nuevas unidades productivas, los resultados de la investigación
agropecuaria realizada por el gobierno.
El
esquema estatal de desarrollo del campo, como coadyuvante en el proceso de
salida a la crisis, contempla así la coordinación –y constante evaluación- de
las diferentes instancias (federales,
estatales, municipales) de la burocracia pública y representantes del capital
privado rural, financiero, industrial y comercial, a fin de que la acción de
los Comités estatales de producción, los distritos de riego, los de temporal y
los Comités Locales de Producción redunde, en
última instancia, en la diferenciación social, básicamente constituida
de burguesía y proletariado rural, minimizando la presencia del campesinado.
Por
el lado de la expansión de la burguesía, los mecanismos mencionados deberán
intentar, según el esquema gubernamental, estimular la inversión privada en el
campo, fundamentalmente de capital monopolista –incluso externa directa,
proveniente de gran capital trasnacional monopolista- y competitivo, de manera de
organización interna, de las unidades productivas en las áreas regadas y en las
de buen temporal, redunde en la consolidación y/ ó creación de empresas
agropecuarias y agroindustriales, de corte típicamente capitalista.
Por
el lado de la descampesinización y
proletarización, se trata de: convertir a una minoría de ejidatario y
minifundistas privados, en “socios” empresarios capitalistas; transformar a la
mayoría de los actuales campesinos, en asalariados –reales o formales- de los
empresarios actuales o nuevos-; dar ocupación más o menos permanente, a los
aproximadamente 3 millones de jornaleros agrícolas que existían; convertir al
grueso de los solicitantes de tierra en proletariados permanentes y a una
minoría -vinculada con situaciones
explosivas de lucha de clases- en ejidatarios, vía su colocación en las
“vacantes” de tierra, abiertas por la compra gubernamental de superficies a
pequeños propietarios, por la regularización de tierras, por la puesta en
marcha de las grandes obras hidráulicas de riego iniciadas el sexenio pasado, ó
por el establecimiento de nuevos centros de población –ejidal en el sureste del
país.
Todo
lo anterior significa que, así como la Alianza para la Producción tiene
objetivos concretos, diversos, para cada uno de los diferentes sectores de la
economía, también el contenido de los planteamientos gubernamentales para un
sector específico –en este caso, el agropecuario- incluye una clara
delimitación de los roles económicos que las instancias intra estatales deben
jugar. Con el objeto de lograr la implantación efectiva del esquema tripartita,
compuesto por la cadena descampesinización-proletarización-empresarialización
definitiva, conforme al cual el agro deberá convertirse en coadyuvante al
sorteo de la crisis para 1980, en estas instancias tienen definido el papel que
deberán desempeñar.
El
aparato burocrático, además de regir el proceso de implantación global del
esquema, debe proporcionar infraestructura, financiamiento, mecanismos
adecuados de comercialización y
tecnología. El trabajador agrícola y ganadero debe tener una mayor
productividad (mayor explotación). El empresario agrícola debe invertir más,
ganar más y proporcionar mayores volúmenes de materias primas, bienes de
exportación y alimentos populares; ala vez, debe abrir constantemente nuevas
fuentes de empleo. El empresario, nacional extranjero, con intereses ubicados
en otros sectores de la economía, debe canalizar fondos hacia la producción
agropecuaria y agro industrial.
Ya
se había visto, en el primer título de este documento, que la aceptación de las
propuestas de fracción hegemónica de la burocracia pública, en cuanto a la
implantación de la Alianza para la Producción como mecanismo para salir de la
crisis económica del país, no compete
básicamente a la izquierda revolucionaria; es asunto que se determina, en lo
fundamental, en el ámbito interno del Estado de mexicano. También se ha pasado
de vista al hecho de que las diferentes categorías sociales del capital
privado, no acepten automáticamente las propuesta al respecto de la reacción
Lopezportillista del aparato burocrático, sino que ello depende
fundamentalmente de la medida en que estas presenten concordancia con sus
propias perspectivas en cuanto a tasas de explotación, ganancia, acumulación y
reproducción. Por último, hay que recordar la mención en el sentido de que el
mismo aparato burocrático, frente a las respuestas globales y concretas en
cuanto a la forma que a través de la Alianza para la Producción puede sortearse
la crisis, no esta exento de contradicciones en su seno.
En el caso concreto del sector agropecuario,
todas estas circunstancias están presentes. El efectivo cumplimiento del rol
económico que la fracción hegemónica de la burocracia central se delimita a sí
misma (y delinea a las otras instancias intra estatales vinculadas directamente
al medio rural), en concordancia con la Alianza para la Producción, el PNAF y
el esquema de descampesinización, va a estar obstaculizado, tanto por factores
ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como circunstancias
localizadas en el “medio ambiente” social en que éste se encuentre inmerso.
Veamos lo anterior con mayor detalle.
a)El aparato burocrático y la conducción de la proletarización-descampesinización definitiva del agro, el aparato burocrático se auto asigna un papel: el de “rector” ó efectivo conductor de este proceso. Sin embargo, surgen en realidad algunas circunstancias que dejan ver claramente que el Gobierno Federal no tiene la fuerza real que ello requeriría. Estas circunstancias son, básicamente, las siguientes: a)al interior de la burocracia pública hay grupos que no están de acuerdo con la descampesinización; b)existe un feudalismo y tortuguismo administrativo, que impide la coordinación intra burocrática que se requeriría para que el gobierno, como conjunto, realmente condujera el proceso de descampesinización; c)el aparato burocrático no tiene los recursos monetarios requeridos, para cumplir con el papel que se ha asignado a sí mismo; d)el aparato burocrático no puede obligar a la burguesía rural a cumplir el papel que le ha asignado en sus planes.
a.1)”campesinistas”
y “descampesinistas” en el gobierno: Para empezar, el que el aparato
gubernamental el real conductor del
proceso de descampesinización, se enfrenta al hecho de que la búsqueda no tiene
el total consenso interno; en su propio seno coexistían corrientes que
sostienen puntos contrario, respecto a como debe el campo contribuir al proceso
de salida a la crisis. Al interior de la burocracia central del Estado mexicano
se da una sorda lucha entre grupos “campesinistas” y grupos “descampesinistas”.
Durante el año, aparece resolverse globalmente la contradicción –al hacer suya
la fracción López portillista, la búsqueda de la “descampesinización”- a favor
de los segundos, pero los sectores gubernamentales que sostienen la necesidad
de la permanencia, durante la crisis, de las formas campesinas de producción en
el agro continúan ubicadas en importantes posiciones. Existen algunos puestos
secundarios de mando al interior del gobierno –principalmente en la SRA, pero
también en la SARH y el Banrural-, con claros vínculos con el Congreso de la
Unión y con sectores de intelectuales y organizaciones campesinas ubicadas en
el medio exterior al aparato burocrático, de los cuales no han sido expulsados.
La simple persistencia política de esta corriente , aunque por lo pronto
debilitada, implica que no es imposible su potencial fortalecimiento, en grado
determinado por la mera específica en que sus sostenedores sean capaces de
nutrirse de las contingencias que se presenten. Su persistencia como corriente
política representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos
proyectos, planes, esquemas y programas puedan en cualquier momento
influenciar, en grado más ó menos significativo, a los lineamientos económicos
López portillistas de proletarización definitiva del agro. Estas corrientes
“campesisnistas”, al intentar moldear (conforme a sus propias perspectivas) los
planes de proletarización definitiva sostenidos por la fracción López
portillista, ó los “contaminan” con su posición de lo que debe suceder en el
medio rural, ó se oponen a su puesta en marcha. Ello obviamente, reduce las
posibilidades globales del aparato burocrático –como conjunto social- en tanto
único rector de la implantación del esquema de “descampesinización”.
a.2)Feudalismo
administrativo y planes gubernamentales: Para el aparato burocrático se
constituya en el auténtico rector del aplicación del esquema de la
“descampesinización”, es requisito indispensable que sus canales internos de
acción sean fluidos y eficientes. Sin embargo, durante 1977 esta posibilidad se
enfrenta a serios problemas. En primer lugar, la puesta en marcha de una
“reforma administrativa” –que en el caso del sector agropecuario está singularmente
ejemplificada por la unión de la SRH y la SAG, dando lugar al nacimiento de la
SARH- cubre, durante este año, la imprescindible primera etapa de ajuste en
que, más de agilizar procedimientos, los obstaculiza aún más.
Independientemente de ello, parecería que –en lo general- la reforma
administrativa se muestra incapaz para acabar con la acción de las camillas
intra burocráticas, de diversa magnitud de fuerza política, con mayor ó
menor grado de vinculación con fuerzas
externas a la burocracia, que obstaculizan la fluidez de las decisiones
“jerárquicas” y conducen al “tortuguismo burocrático”, a la falta de
coordinación entre dependencias gubernamentales, a la corrupción, al no
adecuado embonamiento” de las oficinas agregadas al conjunto preexistente, a la
lucha por mantener la organización interna tal como está, y al traslape de las
funciones.
a.3)Insuficiencia
de recurso gubernamentales: La falta de fluidez y e total consenso interno no
constituye, ni de lejos, los únicos obstáculos al que se enfrenta el aparato
burocrático para ser el efectivo rector del proceso de implantación del esquema de proletarización del campo
mexicano, como medio para cumplir con las metas específicas del PNAF y con los
objetivos globales de la Alianza para la Producción. Se les agrega, de
inmediato, el problema representado por la relativa y absoluta penuria
económica de la burocracia central. El monto del presupuesto federal autorizado
(677, 000 millones de pesos) para el año, ligeramente superior -en términos reales- al de 1976, incluye
170,00 millones de pesos destinados a inversiones. Del total del presupuesto
público destinado a inversiones, la parte correspondiente al fomento de
actividades agropecuarias representa un incremento del 50% con respecto a lo
del año anterior. Con todo y ello, el incremento en la parte de la inversión
pública destinada al agro no basta para que el aparato burocrático cumpla con
el papel que se ha autoasignado, conforme a sus propios planes, de rector del
proceso de “descampesinización”: las Secretarias de Estado, y dependencias
vinculadas a ellas, relacionadas con el agro tiene a hora que realizar mayores
programas, generalmente con menos recursos reales que antes. Esta situación de
inmediato conduce a que la generalidad de las dependencias gubernamentales no
cubran la demanda de iniciación y construcción de nuevas obras, destinando lo
fundamental de sus recurso presupuestarios al mantenimiento de servicios ya
existentes.
Son
múltiples los determinantes de esta penuria económica gubernamental. El aparato
burocrático se ve imposibilitado para abatir los elevadísimos niveles de
defraudación fiscal por la oposición del capital –como clase- a la implantación
de una reforma fiscal significativa. Por otra parte, se enfrenta al hecho e que
no es posible obtener más ingresos fiscales mediante al recurso del expediente
de la elevación de impuestos pagados directamente por las clases trabajadoras.
Asimismo, los tibios intentos de dar “mejores” usos a la parte de los recursos
públicos que se canalizan como
subsidios a la burguesía rural, se enfrentan a muy eficaces presiones por parte
de ésta. Se encuentra también con el hecho de que, por la imposibilidad de
eliminar súbitamente su función subvencionadora de capital, las empresas
estatales siguen produciendo “números rojos”. También, es un hecho que el
incremento en la captación indirecta de divisas extranjeras, vía turismo, no es
realmente alto; que le corresponde a la explotación del petróleo y gas no se
plantea para 1977, y que la posibilidad de incrementar los impuestos a las
exportaciones no se cumple en la realidad, porque estas no aumentan
significativamente y porque los grupos de capital vinculados a la actividad
exportadora se oponen al pago de mayores gravámenes fiscales. A su vez, el
recurso gubernamental al crédito externo se encuentra limitado porque: i)la
crisis mundial obliga a los países periféricos; ii)de los 21 mil millones de
dólares de deuda pública, 5 mil millones vencían en 1977; iii)en “candado” del
Fondo Monetario Internacional establece un máximo de deuda gubernamental de 3
mil millones de dólares; iv)en las circunstancias prevalecientes en cuanto a
deuda pública externa, la contratación de nuevos préstamos tendría que
realizarse en condiciones más desventajosas que de costumbre. Y, por si todo
ello fuera poco, no cuenta el aparato burocrático con mecanismos verdaderamente
eficientes para asegurar que los recursos que destina formalmente al campo,
cumplan realmente su cometido; en este sentido, es importante la falta de
verdadera vigilancia, por parte del poder legislativo, sobre el gasto público,
dando lugar al surgimiento del “contratismo” y la “corrupción”.
Lo
limitado de sus recursos, pues, es uno de los determinantes de mayor peso en el
hecho de que el aparato burocrático no se constituya en el efectivo conductor
del proceso de implantación del esquema de proletarización definitiva. El
alejamiento real del desempeño de su función formal de rector se manifiesta, de
inmediato, en lo limitado de las metas del propio PNAF para 1977, en cuanto a
superficie total cultivada, cosechada, fertilizada, asegurada, irrigada,
rehabilitada y cubierta con programas de extensionismo agrícola. La penuria
económica obstaculiza también la importantísima función de “prestamista social”
que el aparato burocrático del Estado se ha autodelimitado para lo que se
refiere al medio rural; función en la cual la banca privada no lo suple en la
medida que podría, a pesar de los impresionantes inonementos en sus niveles de
captación de recursos y de todo tipo de estímulos otorgados a las fracciones
bancario-financieras de la burguesía. En fin, por esta falta general de
recursos, el aparato burocrático se ve maniatado en lo que respecta a la
adecuación (cantidad) oportunidad(tiempo) de: la producción y distribución de
energía eléctrica requerida para la formación de agroempresas; el
funcionamiento del aparato estatal de comercialización y distribución de
productos agropecuario, en los niveles
necesarios para eliminar la “innecesaria” intermediación; la composición y
desempeño de los distritos de temporal y de riego; la política de subsidios,
monetarios y/ ó en espacie, a renglones específicos del sector agropecuario; la
contratación de personal calificado en técnicas agrícolas y ganaderas;
vinculación y enseñanza superior e investigación agrícola, con los programas
gubernamentales dirigidos al campo.
a.4)Inexistencia de compulsividad en la planeación del gobierno. Un cuarto factor, que dificulta el que el aparato burocrático sea el real conductor del proceso de implantación del esquema de proletarización del agro, estriba en que el gobierno del Estado mexicano carece de mecanismos realmente compulsivos, que puedan obligar a determinada fracción ó grupo del capital –con intereses ubicados en el agro, ó no- a orientar su producción en la dirección con el volumen y en la calidad por él determinada a nivel de la planeación concreta desprendida de los grandes objetivos de la Alianza para la Producción. A esta incapacidad gubernamental para hacer cristalizar en la realidad sus planes en materia económica en el medio rural –y además de lo esencial, que consiste en que la plane4ación verdadera en una sociedad capitalista es prácticamente imposible -, contribuyen: lo heterogéneo de la burguesía rural, el que determina el que un mismo planteamiento gubernamental pueda ser aceptado por una fracción específica, n tanto que es posible que sea rechazado por otra; el fortalecimiento político del gran capital rural, lo que hace que en caso de “inconformidad” se entablen negociaciones entre una fracción especialmente poderosa de la burguesía y un gobierno que denota un a progresivo debilitamiento de la autonomía necesaria para delimitar como deben darse las modificaciones no sustanciales en la estructura del agro de la sociedad mexicana; el carácter trasnacional de la fracción hegemónica de la burguesía con intereses ubicados en el campo, lo que hace que ésta, especialmente en casos serios de no concordancia con el papel delineado para ella dentro de los planes gubernamentales , puedan reducir el ritmo de inversión directa ó indirecta, cortar definitivamente el flujo de inversiones, ó simplemente abandonar el sector agropecuario y/ó al país; las barrearas proteccionistas de los países metrópolis del sistema capitalista mundial, lo que impide que el gobierno efectivamente logre que los capitalistas rurales acepten la implantación de los planes gubernamentales en aspectos tales como el de producir bienes agropecuarios de exportación; la reducción del mercado interno, lo que obstaculiza significativamente el que los empresarios en el campo que orientan su producción fundamental hacia el consumo nacional, incrementen el volumen de los alimentos y materias primas industriales.
b)La Inversión y las Fracciones Rurales de la Burguesía: Para el efectivo cumplimiento del esquema estatal de proletarización total y definitiva del agro, se requiere no solamente que el aparato burocrático tome efectivamente las riendas del proceso de su implantación, sino que las fracciones de la burguesía, que tienen intereses ubicados en el medio rural, cumplan con su papel en cuanto a la “empresarialización” del agro. A su vez, la máxima expansión de la empresa capitalista en el campo, requiere de la burguesía rural: a)substituya, mediante nuevas inversiones, a la organización campesina de la economía, que abarca buena parte del sector agropecuario: ejido, comunidad y minifundio privado; b)invierta en el campo de acuerdo a alimentos que contemplen su asociación con ejidatarios, minifundistas privados, jornaleros agrícolas, otras fracciones de la burguesía y/ó con dependencias gubernamentales; c)mantenga el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de las regiones más desarrolladas del sector agropecuario; d)siente las bases para atraer inversionistas de otros sectores de la economía al agro; e)genere incrementos considerables en los volúmenes de producción de bienes de exportación, materias primas industriales y alimentos; f)proporciones nuevas fuentes de empleo, al ritmo requerido por el proceso de proletarización; g)reduzca la intermediación “innecesaria” de productos agropecuarios.
Sin
embargo, así como el aparato burocrático se le presentan obstáculos para el
verdadero desempeño de su papel de rector, así también la burguesía rural se le
presentan obstáculos para que el capitalismo en la agricultura y la ganadería
tenga, en el contexto de crisis, una acción expansiva. Todos los determinantes
del inadecuado comportamiento de la burguesía rural se desprenden de la
aplicación, durante 1977, de un análisis –más ó menos explícito- realizado por
el empresario del campo, que se dirige a detectar si sus inversiones arrojan o
no utilidades iguales ó superiores a las que obtendría si especulara ó si
invirtiera en otros sectores de la economía. A continuación se profundiza en
algunos de estos determinantes.
b.1)Incapacidad
burguesa para sustituir a la organización campesina. El agro requirió, durante
1977, una inversión de 100 mil millones de pesos para “capitalizarse”. De
estos, 55 mil millones fueron proporcionados por el sector público y entre 5 y
10 mil millones de pesos por el sector privado; el déficit de entre 35 y 40 mil
millones de pesos, en cuanto a inversión requerida, mostró que la burguesía fue
incapaz de hacerlo y los recursos los aporto la organización campesina de la
economía agrícola y ganadera.
Aduciendo
factores –al igual que el resto de los actores sociales del capital- que
dificultan un mayor ritmo de inversiones en el campo, la burguesía rural
aparece así como el sujeto de una acción económica muy distanciada de la que la
burocracia central le ha delineado para: i)poder implantar, vía la máxima
expansión de la empresa capitalista en el agro, el esquema de proletarización
total y definitiva; ii)alcanzar los objetivos específicos del PNAF; iii)que la
agricultura y la ganadería coadyuven al logro
del los objetivos globales de la Alianza para la Producción. Determinado
básicamente por el hecho de que los lineamientos gubernamentales en cuanto
actuación económica en el agro no corresponden estrictamente a su criterio de
producir sólo sí se obtienen las máximas ganancias, las diferentes fracciones
del capital rural no cumplen con los requerimientos de inversión que les han
sido asignados por el aparato burocrático del Estado mexicano. Esta no adopción
del funcionamiento económico delineado por el esquema estatal de
proletarización se manifiesta, entre otras cosas, en que la burguesía rural no
aprovecha los estímulos crediticios –como los del Fondo de Equipamiento
Industrial y del “seguro” contra la devolución, del Banco de México- para crear
nuevas empresas agroindustriales ó agropecuarias, ó en que no amplia ó aumenta
la proporción de la capacidad instalada de las empresas que ya existen. En fin,
debido básicamente a la incertidumbre en cuanto a obtención de “aceptables”
tasas de ganancias, la insuficiencia de la inversión de la burguesía rural es
lo que conduce al hecho de que, de los 32 millones de hectáreas susceptibles de
cultivo que existen en el país, durante 1977 sólo se sembraron entre 16 y 18 millones
y se levantaron cosechas en alrededor de 14 millones de has.
b.2)Empresas
“asociativas” y bajas tasas de ganancias. A pesar de todo tipo de estímulos
fiscales, las diversas categorías sociales incluidas en la burguesía rural, no
invierten en el sector si no tienen la absoluta certeza de que con ello
obtendrán tasas de ganancias iguales ó superiores a la media. En principio, al
capital rural se le presentan posibilidades de incrementar los bajos volúmenes
de producción de alimentos y bienes de exportación, de lograr aumentos en el
ritmo de crecimiento correspondiente al producto agrícola y ganadero en
relación con el producto interno bruto
nacional, y de elevar la productividad por trabajador empleado en el sector. Sin embargo, estas posibilidades son
neutralizadas por el hecho de que, desde la perspectiva capitalista, invertir
significa, en las condiciones de 1977: i)transformar el carácter expansivo
(determinante principal de algunos de los bajos niveles de rendimientos de
producción) de las condiciones de producción agropecuaria temporalera, mediante
una mayor intensividad en la aplicación del capital, lo que implicaría –en el
caso del pequeño y mediano capitalista, especialmente- necesariamente el acceso
a recurso (crediticios y de otra índole) de que no dispone; ii)utilizar mayores
volúmenes de insumos que, por el alto control monopólico que existe en el
proceso de su distribución y producción, tienen un alto costo; iii)producir, en
condiciones en que las “trampas” de la legislación agrícola y ganadera puedan
llevar a impedir que fructifiquen intentos, realizados por los empresarios,
dirigidos a reducir el precio de los insumos (forrajes, por ejemplo, en el caso
de los empresarios capitalistas ganaderos); iv)generar bienes que no es
totalmente seguro (por presiones –provenientes de fuerzas políticas ubicadas en
otros sectores de la economía- incidencias sobre la política respectiva
manejada por el aparato burocrático) queden sujetos a precios de garantía
juzgados como “adecuados”; v)arriesgarse a quedar involucrado en un proceso de
real puesto en marcha de los planteamientos gubernamentales en cuanto a
eliminar subsidios de infraestructura (cobro de uso de agua de riego y por
obras de irrigación construidas, por ejemplo), de resultados de investigación
agropecuaria-gubernamental y de energéticos (aumento en precios de diesel y
gasolina, como potencialidad) que hasta 1976 había venido otorgando la
burocracia a la burguesía rural; vi) echar a andar las instalaciones (de
empresas “mejoradas”, ó de nueva creación), producto de las inversiones
realizadas, en medio de una crisis global de liquidez que dificulta el acceso
oportuno y adecuado al crédito institucional-oficial y privado; vii)encontrar
mayores dificultades para vender aquella parte de la producción, de una empresa
capitalista rural, que e destina a la exportación, dada las crecientes barreras
proteccionistas de Estados Unidos; viii)el posible abatimiento de las tasas de
explotación de los trabajadores empleados, dado que el contexto sociopolítico del
país obliga a la maquinaria corporativa a intentar extender sus mecanismos de
dominación a los asalariados rurales, lo que implica su posible sindicalización
y, potencialmente, la “igualación” de los salarios del campo y las ciudades.
Con
base en estas implicaciones posibles, la lógica de acumulación y reproducción
de su capital le impide a la burguesía rural emprender seriamente los proyectos
de su “asociación”con los diversos componentes sociales del campesinado y del
gobierno, para la formación de empresas agropecuarias y agroindustriales . el
empresario con intereses vinculados con el campo mexicano no invierte
seriamente, durante 1977, en este tipo de empresas, básicamente debido a los
factores en contra que detecta su perspectiva económica. Ello a pesar de que
los planteamientos gubernamentales indican que las empresas “asociativas” serán
objeto de una canalización adecuada de crédito a través del Banrural,
especialmente tratándose de empresas agroindustriales; recibirán inyecciones de
capital-dinero proveniente de otros sectores de la burguesía; tendrían enormes
ventajas, entre las que destaca la posibilidad de aprovechar la gran oferta de
mano de obra barata existente en las
“zonas deprimidas2 del país.
b.3)Inversión privada en renglones económicos y regiones geográficas desarrolladas. Además de la posibilidad de lograr que la burguesía rural invierta en empresas “asociativas”, en los niveles requeridos para iniciar el proceso de sustitución de las”formas campesinas” de producción, el cumplimiento del esquema de proletarización demanda que ésta sea capaz de mantener el ritmo de crecimiento de las áreas geográficas y renglones económicos, del sector agropecuario, que detenten el mayor grado de desarrollo relativo. Sí ello no es así, podría ocurrir que el agro se campesinizara aún más.
Sin
embargo, durante 1977 la burguesía se muestra incapaz, no sólo para
mejorar la producción agrícola y ganadera en general, sino incluso para
hacerlo en los lugares y renglones de la economía agropecuaria que tradicionalmente
han sido sus bastiones. Ello es consecuencia de que: a) el volumen de recursos
públicos subsidiados –en el contexto de penuria económica gubernamental
general- a los empresarios capitalista de las áreas más desarrolladas, no
solamente no aumenta, sino que incluso se reduce, traduciéndose ello en un
tibio proceso de “rehabilitación” de las obras de riego en operación, y en un
lento ritmo de apertura de nuevas superficies al regadío, así como el
surgimiento de una tendencia hacía la eliminación del subsidio por el uso del
agua de riego; b)se de un general abatimiento de los mantos acuíferos
disponibles, como fuentes de irrigación, producto que durante décadas los
distritos de riego han sido sometidos a una sobreutilización vinculada a los
procesos de acumulación de capital en
el agro; c)la burguesía rural no se muestra dispuesta a emprender, por su
cuenta y riesgo, la investigación agropecuaria-gubernamental y contratación
directa de personal calificado, que tradicionalmente le ha sido proporcionada
en forma gratuita por el aparato burocrático y que ahora, en las condiciones de
escasez gubernamental de recursos, el empresario como tendiente a disminuir;
d)los mercados internacionales –especialmente el de Norteamérica-, principales
receptores de los productos obtenidos en las áreas más desarrolladas del sector
agropecuario, se han cerrado significativamente, como una medida de defensa de
sus economías internas en el contexto de crisis económica mundial; e)el precio
de los insumos de producción e industrialización agropecuaria tiende
alcanzar niveles más allá de los
“costeables”; f)al interior del con junto de unidades productivas capitalistas
de estas regiones geográficas y renglones más desarrollados, la crisis global
de la economía agudiza el proceso de concentración y monopolización
–principalmente en manos del gran capital trasnacional- del sector,
disminuyendo la presencia de las unidades productivas de pequeña y mediana
envergadura y siendo sustituidas por empresas monopólicas que no necesariamente
llegan a los niveles de producción anteriormente obtenidos; g)la “floja”
relación intersectorial de la economía mexicana determina que la producción de
materias primas agrícolas y ganaderas no sea adecuadamente absorbida por la
industria; h)=la producción ilegal de drogas, actividad singularmente
redituable para la burguesía rural, era eficientemente combatida por la acción
policíaca interna y externa del país.
b.4)Fracciones
“no rurales” de la burguesía, y su inversión en el campo. Ya se ha dicho que la
asociación gobierno-capital privado-campesino aparece, dentro de los
planteamientos de la burocracia central, como el camino optimo para lograr: la
expansión del capitalismo en el campo mexicano; las metas específicas del PNAF;
y, los objetivos generales de la Alianza para la Producción. En el anterior
apartado se ha visto que los capitalista rurales no emprenden, durante 1977,
significativos niveles de “asociación”, aún en las regiones físico-geográficas
y los renglones económicas más desarrolladas del agro.
Como
el aparato burocrático esta en situación de progresiva penuria económica, sus planteamientos incluyen la aclaración de
que solo la inversión privada en el agro, proveniente de todos los sectores de
la economía, salvará la situación encontrada. Sin embargo, al industrial,
comerciante ó financiero se le presentan, para invertir en el agro, más ó menos
los mismos obstáculos a que se enfrenta el empresario eminentemente rural:
escasez de crédito oficial (por crecientes dificultades para obtener financiamiento
público adicional, tanto externo como interno) y privado(por insuficiencia de
recursos captados, lo que determina que este sea caro, a corto plazo y con
fuertes requerimientos de solvencia); inadecuado desarrollo del mercado
bursátil, lo que hace que sea muy difícil la venta de acciones de posibles empresas agropecuarias;
posibilidades de caer en las garras de los agiotistas que plagan el campo;
probabilidad de que los intentos oficiales por estimular la presencia
–reglamentada ó no por el Estado mexicano y/ó por el Norteamericano- de las
trasnacionales en el agro brinden resultado, lo que implicaría (especialmente
para el pequeño y mediano inversionista) el peligro de perder su inversión al
agudizarse el proceso de concentración monopólica y de cierre de empresas.
Estos
obstáculos, anulados al hecho de que las esperadas divisas generadas por el
petróleo se orientarían en el futuro inmediato hacia la implantación de un
modelo de crecimiento basado en el paso a la “tercera etapa de sustitución de
importaciones” –de bienes de capital-, con el agro se destinarían básicamente
los residuos, determinan el que el empresario e inversionista “no rural”
–nacional y extranjero- prefiere especular con sus ganancias y esperar a que el
modelo de desarrollo esté bien cimentado para invertirlas en otros sectores de
la economía. Por todo lo anterior, el proceso más bien tiende a invertirse con
respecto a los planteamientos gubernamentales : la transferencia de recursos no
es de la banca, la industria y el comercio al agro, sino al revés (tanto
empresarios del país, como de la inversión extranjera directa).
b.5)Producción
agropecuaria. Para que el esquema de la descampesinización tenga real
cumplimiento, las fracciones de la burguesía con intereses ubicados en el agro
tienen que demostrar que son capaces de producir en los niveles previstos por
el PNAF. Sin embargo, ya se ha visto que la burguesía rural no invierte en la
medida suficiente como para sustituir al ejido y al minifundio ejidal y
privado; que no se “asocia” con otras fuerzas económico-sociales para
constituir un número significativo de empresas agropecuarias y
agroindustriales. También se ha mencionado que durante 1977 los inversionistas
“extrarurales” –del país y de fuera de él- no canalizan volúmenes adecuados de
recursos al agro y que igual sucede con las inversiones gubernamentales, que
destinarían proporciones crecientes de las divisas y recursos hacia el
desarrollo de una industria de bienes de capital. Todo ello determina el que,
al igual que lo acontecido con los bajos niveles de producción del resto de las
fracciones de la burguesía, el capital rural no produjo durante 1977 volúmenes
suficientes de alimentos, materias primas y bienes de exportación. En este
sentido, parecería que la burguesía rural responde, durante este año, de manera
casi opuesta a como le ha sido señalado –y que diversas fracciones y grupos de
ella han formalmente aceptado- por el Gobierno. En vez de invertir mas y tener
mayores volúmenes de estos productos, a menor precio de venta, se tiende a
invertir menos, con menor producción y a mayor precio de venta. El que la
burguesía rural no cumpla con la función requerida para expandir las empresas
capitalistas en el agro a costa de la reducción de la función económica de las
formas campesinas de producción, esta determinado, como ya se ha visto, por
tres grandes categorías de obstáculos: a)obstáculos que se desprenden de la
inadecuada canalización de recursos gubernamentales a las empresas
capitalistas; b)dificultades que surgen como consecuencia de la
“descapitalización” de la burguesía rural en el contexto de crisis; c)escollos
físicos y geográficos que se vuelven más difíciles de combatir por la mayor
escasez de fondos y recursos surgida con motivo de la inflación-recesión.
Estas
tres grandes categorías de obstáculos determinan el que la producción de
alimentos no crezca. Ante una inadecuada respuesta –principalmente del sector
empresarial de la agricultura y de la ganadería -, los incrementos en el
volumen de importaciones de productos agropecuarios alimenticios son muy altos.
La burguesía rural disminuye sustancialmente la superficie destinada a la
producción de alimentos en virtud de que para ella –por no existir precios de
garantía juzgados como “aceptables”- es más redituable cultivar otros productos
. guiados por su lógica de máxima acumulación y reproducción de capital,
algunas fracciones de la burguesía llegan incluso a presionar al aparato
burocrático, a fin de establecer mecanismos que permitirían cultivar en el país
sólo productos “rentables”, y el resto tendría que importarse.
Los
obstáculos mencionados también repercuten en que la s exportaciones de
productos agropecuarios disminuyan aún más: durante el primer trimestre de
1975, la agricultura participaba con el 42% del valor total de las
exportaciones; en el mismo periodo de 1977, su participación se reduce al 36%
(no obstante que compite con un sector industrial en retracción). La producción
de bienes de exportación denota bajas; sin
embargo, en este caso la reducción no se puede atribuir significativamente a la
falta de crédito, ya que los estímulos gubernamentales a la exportación hace
que éste no sea escaso con respecto a la exportación. Aquí, los factores que a
los ojos de la burguesía se convierten en obstáculos básicos para aumentar las
exportaciones, son: a)muy amplias fluctuaciones en los precios internacionales
de productos agropecuarios; b) tendencia al abatimiento de la demanda
norteamericana de estos productos; c)e3sfuerzos gubernamentales destinados a
que la producción estatal e estos productos, primero satisfaga la demanda
nacional.
Tampoco
se incrementa la producción de materias
primas agropecuarias requeridas por la industria. De hecho, el decremento en la
superficie cultivada en algunos de estos productos (fibra y semilla de algodón,
por ejemplo) determinó en algunos casos el cierre de buena parte de la
capacidad productiva de las industrias que los utilizaban.
b.6)Burguesía
rural y generación de empleos. La aplicación del esquema estatal de
proletarización definitiva contempla el que la burguesía rural, al sustituir la
función económica de la organización campesina de la producción, cree empleos
en la medida requerida para dar ocupación permanente, tanto a los tres millones
de asalariados agrícolas que ya existían, como a los nuevos contingentes de
proletarios que implicaría la puesta en marcha del esquema. Sin embargo, al
igual que al resto de las fracciones de la burguesía rural, por el contrario,
al agudizamiento del fenómeno, debido a que: a)tienen un bajo ritmo de
inversiones; b)tienen una muy baja utilización de la capacidad instalada en sus
empresas; c)tienden a utilizar tecnología ahorradora de mano de obra. Por otra
parte, el Gobierno –a pesar de las presiones de los trabajadores organizados de
este y otros sectores de la economía- no pueden sustituir directamente esta
función del capital privado rural, básicamente por dos razones: i)porque la
estrategia de vinculación más estrecha al gran capital, representado entre
otros por el acuerdo con el FMI, establece precisamente lo contrario; ii)porque
al hacerlo, dañaría los intereses inmediatos de importantes sectores de la
burguesía rural.
De manera que, de acuerdo al esquema gubernamental de la proletarización, la solución al problema del desempleo en el campo esta en manos de la burguesía rural. Sin embargo, su incapacidad al respecto –denota durante todo el año, es notable. Esto es especialmente claro en el caso del pequeño y mediano capital rural; resulta tan afectado (por la reducción del mercado interno y externo, por los altos costos de producción, por la inadecuada administración y por la falta de crédito) por la crisis estructural interna y por la recesión de la economía capitalista mundial, que se generaliza la quiebra y el consecuente cierre de sus empresas. A diferencia de ello, el gran capital rural puede fortalecerse con la crisis; esta en posibilidad de sacar ventaja del mercado, vendiendo a precios más altos productos dirigidos a un mercado más compacto, pero con la alta capacidad de compra; se apropia de los renglones del mercado de productos agropecuarios que estaban en manos de los pequeños y medianos capitalistas, al darse el cierre generalizado de las empresas de estos; puede traducir las alzas de los costos de producción en la elevación del precio de sus productos; esta en posibilidad de contar con altos volúmenes de créditos y otras formas de financiamiento, como la emisión de acciones. Pero este robustecimiento no significa que el gran capital rural genera mayores volúmenes de empleos. El gran capital rural es fundamentalmente trasnacional(norteamericano, básicamente); por ello, muy probablemente su afluencia (en mayores volúmenes) al país se vería obstaculizada, no por el aparato burocrático del Estado mexicano(que en el mejor de los caso los “regulara”), sino por diversas instancias del propio Estado norteamericano (en la recesión de la economía de ese país). Así, incidiendo en el monto y destino de la inversión extranjera norteamericana directa en el país (y también en el problema del creacerismo), las diversas fuerzas sociales de la sociedad norteamericana determinan indirectamente –en algún grado- el abatimiento de los niveles de desempleo rural en la formación social mexicana.
b.7)La
“innecesaria” intermediación en el agro. El control y regulación de la
actividad comercial en el agro especialmente importante para el Estado. El
esquema estatal de descampesinización del agro, solo es posible mediante
inversiones privadas suficientes como para desplazar la función económica del
ejido y del minifundio, requiere que las utilidades reviertan a los
capitalistas que las efectúan. Esto implica debilitar al sector de comerciantes
que, sin tomar parte directamente en la producción agropecuaria, sí se
quedan con buena parte del producto agropecuario.
Sin
embargo, a pesar de modificaciones legales tendientes a hacer posible que las
diversas dependencias del aparato burocrático tengan una presencia mucho más
activa en la esfera de la distribución de productos agropecuarios, y no
obstante que la burocracia central cuanta con el apoyo de fracciones de la
burguesía rural y que están verdaderamente interesadas en hacer desaparecer
esta intermediación innecesarias y sustituirla por un aparato de
comercialización moderna, la desaparición de comerciantes “atrasados” no se da
durante 1977.
Ello
está determinado por: a)la impotencia gubernamental para crear un sistema de
comercialización alternativo al ya existente, debido a que ello implicaría
altos costos que no pueden sufragar; b)el hecho de que los comerciantes en
general, incluyendo a los “atrasados”, robustecen durante el año su capacidad
de negociación en materia de política económica, llegando incluso a influir en
la determinación de la política oficial de precios; c)el sólido raigambre que
tienen que tienen –vía financiamiento, y en sustitución del crédito oficial y
de la banca privada- los intermediarios en la producción agropecuaria; d)el
hecho de que los empresarios de la industria y el campo, ante la puesta en
marcha de una política oficial de precios que juzgan como no del todo adecuada,
no responden, en la acción, a los llamados gubernamentales para la creación de
modernas empresas comerciales; e)el casi total dominio de renglones específicos
del mercado de productos agropecuarios (carne, por ejemplo) por parte de los
intermediarios “atrasados”; f)la posibilidad de que las nuevas técnicas de
conservación de productos agropecuarios, durante el proceso de distribución,
sean aprovechados precisamente por los intermediarios que se intenta suprimir; g)la
versatilidad de la presencia del intermediario en la producción agropecuaria ,
lo que hace que si una rama específica del sector no le es lucrativa, ubica su
actividad fundamental en otras; h)el eficaz manejo de la imagen ideológica
conforme a la cual los comerciante aparecen, no como determinantes del proceso
de inflación, sino como una víctima más de éste; i)la gran cantidad de leyes y
ordenamientos que generan confusión, impunidad y corrupción en el proceso de
intermediación de productos agropecuario; j)el hecho mismo de qué, en la
práctica, es muy difícil distinguir entre la intermediación atrasada e
innecesaria, y la intermediación moderna y necesaria.
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B) Reforma Política en el campo
Ya
se ha dicho aquí que Alianza para la Producción y Reforma Política son los dos componentes inseparables dela
manera conforme a la cual el aparato burocrático del Estado mexicano plantea
poder salir de la crisis para 1980. en anteriores apartados, se ha desarrollado
la tesis que señala que la efectiva puesta en marcha de ambos componentes –la
“respuesta completa” que la burocracia central da a la crisis- es un asunto que
compete básicamente a la resolución de
las contradicciones secundarias al interior del Estado mexicano. La efectiva
implantación de la Alianza para la Producción está fundamentalmente determinada
por la dirección en que se resuelven los conflictos surgidos entre burguesía y
aparato burocrático, así como por la
“resultante vectorial” de las contradicciones intraburguesas e
intragubernamentales. A su vez, la verdadera modificación superestructural que
implica la Reforma Política depende de
cómo se resuelvan las contradicciones entre –y en el interior de- el aparato
burocrático, la maquinaria corporativa del Estado y las organizaciones de lucha
política directa de la burguesía.
También
se ha mencionado que los determinantes, en el contenido y los efectos de la
Reforma Política y de la Alianza para la Producción adquieren especificidad
diversa, de acuerdo al sector concreto de la economía del país en que se
intenta aplicar. En el anterior apartado se ha establecido que, en el caso
concreto del sector agropecuario, la pretensión de aplicar la Alianza para la
Producción –esto es, la implantación de un proceso de total y definitiva
proletarización del agro- se encuentra dificultada durante 1977, tanto por
factores ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como por el
alejamiento de la función de inversión que los planteamientos gubernamentales
le asignan a las fracciones de la burguesía rural. Toca ahora hacer lo mismo
con la reforma política: delimitar que escollos se le presentan para
convertirse en el efectivo condicionante superestructural de la implantación
del esquema de “descampesinización” que, conforme a los planteamiento
gubernamentales, deberá ponerse en aplicación de 1977 a 1980.
En
lo que sigue se pretende detectar los obstáculos que -provenientes del
funcionamiento superestructural real del aparato burocrático, organizaciones de
lucha de la burguesía rural y maquinaria corporativa del Estado en el campo-
dificultan, durante 1977, la efectiva puesta en marcha de la reforma política
que la fracción hegemónica de la burocracia pública ha impuesto en lo general.
Las tesis básicas al respecto, que se intentará fundamentar en lo que resta del
presente resumen, son:
a)al
funcionamiento superestructural real del aparato burocrático no cumple con su
auto asignada tarea de generar altos niveles de confianza en la burguesía
rural. Las acciones que emprende, encaminadas a promover una adecuación
jurídica que legitime el proceso de proletarización, no necesariamente eleva la
confianza del capitalista del agro, básicamente porque, paralelamente a ellas,
el gobierno –debido, a su vez, a que tiene dificultades para mantener, dentro
de los límites “soportables” el deterioro de los niveles de vida de las clases
trabajadoras rurales, a que tiene problemas para institucionalizar la solución
de los conflictos sociales en el campo, y a que no se muestra eficaz en la
transmisión de la nueva imagen ideológica de la Reforma Agraria- tiene que ser mínimamente
permisivo (en aras de la permanencia de cierto grado de legitimidad) en cuanto
afectación de tierras para fines de reparto y en lo concerniente a invasiones
agrarias, y se niega hacer un uso verdaderamente profundo de la represión
físico-militar.
b)el funcionamiento superestructural real de las fracciones, grupos, sectores y capas de la burguesía con intereses ubicados en el agro, tiende más bien a corresponder a una visión del ámbito político-ideológico conforme a la cual gobierno y maquinaria corporativa aparecen como entes sociales que requieren ser constantemente vigilado por las organizaciones de lucha política del capital. Debido fundamentalmente a su inadecuada interpretación de las acciones tomadas –y del discurso político empleado- por la burocracia central del Estado mexicano, con respecto al campo, la burguesía rural no acepta que se dañen sus intereses inmediatos, ni aún cuando esto suceda como una respuesta superestructural a la radicalidad alcanzada en la lucha de clases. Tiende, por el contrario, a presionar al aparato burocrático hasta colocar en una posición cercana al punto de pérdida total de legitimidad popular en el agro.
c)A su vez, el funcionamiento superestructural real de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, tiende alejarse significativamente del que le ha sido asignado en los planes gubernamentales respectivos. Debido básicamente a que los dirigentes nacionales de las diferentes organizaciones que componen al sector campesino del PRI compiten por obtener para sí la hegemonía del proceso desatado por la reforma interna de la maquinaria corporativa, durante el año no se avanza significativamente en la formación, en el agro, de una única organización política del Estado. Sí a ello se le aúna el hecho de que, determinado por el agudizamiento del proceso de deterioro de sus condiciones materiales de vida, sus propias bases sociales y cuadros intermediarios de dirigentes denotan un incremento de su militancia efectiva que se acerca a los límites de seguridad del Estado, y si además se le agregan las crecientes dificultades para extender y profundizar su control sobre los asalariados, subocupados y desocupados rurales, se entiende porque la maquinaria corporativa muestra tendencialmente que sería incapaz de neutralizar eficazmente una acción expansiva seriamente emprendida, por las organizaciones políticas independientes en el campo mexicano, de 1977 a 1980.
Veamos
cada una de estas tesis con mayor detalle.
a)Aparato burocrático y “confianza” de la burguesía rural:
a.1)Intentos de Adecuación Jurídica. Desde la perspectiva de la fracción hegemónica de la burocracia pública, el Derecho “legitima la lucha de los contrario”. Conforme a su concepción, la lucha por transformar la sociedad aparece como posible, únicamente sí se da dentro de los marco jurídicos existentes: sólo para transformarlos, no para transgredirlos. Entre otras razones, es por ello que el proceso global de Reforma Política abarca, en la primera etapa, su aprobación formal por el Congreso de la Unión. Con fundamento en esta perspectiva, la posición gubernamental respecto a la necesidad de efectuar adecuaciones superestructurales de la sociedad mexicana (que sería necesario satisfacer para salir de la crisis) debe iniciarse precisamente con la actualización del ámbito jurídico-legal.
Con
relación al campo concretamente se trata de modificar la legislación para dar
plena seguridad al empresario rural. En el caso del medio rural, sin embargo,
esta preocupación de la burocracia central para sentar las bases jurídicas, que
posibilitarán la legitimidad de la implantación del esquema de
descampesinización y proletarización definitiva, va a contribuir a la
producción de fuertes dosis de desconfianza en la burguesía rural. Esta
desconfianza va estar determinada por el hecho de que, desde el ángulo de
visión del capital agrícola y ganadero, aparece como posible: a)que la reforma
política, al hacer factible que el aparato burocrático se apoye simultáneamente
en la desgastada maquinaria corporativa y en las minorías políticas de
izquierda, redunde en el fortalecimiento de la autonomía relativa del gobierno
y, por lo tanto, en el incremento de la compulsividad para hacer que el capital
privado del agro se comporte de acuerdo a sus lineamiento; b)que la reforma
administrativa implique el fortalecimiento de la SRA, en la que el capital ve
la continuación del reparto agrario de tierras que
se oponen terminantemente; c)que el poder legislativo cobre una creciente
independencia frente al poder ejecutivo –ente otras cosas porque en el Congreso
de la Unión están ubicados residuos del Echeverrismo, porque los mecanismos de
control sobre diputados y senadores no funciona tan bien como antes, y porque
las representaciones de los sectores de la maquinaria corporativa hacen planteamientos
cada vez más audaces-, lo que podría llegar a manifestarse en la generación de
ordenamientos legales que no favorezcan directamente a los intereses de los
empresarios rurales; d)que los nuevos enfoques utilizados para el estudio del
agro mexicano –alimentados por el auge cobrado por las ciencias sociales en el
país-, al desenmascarar el verdadero carácter de los diversos niveles
jurídicos-legales relacionados con el medio rural, “contaminen” las directrices
marcadas por la burocracia central.
Pero,
además de todo ello, existe un caso en que la actualización jurídico-legal es
especialmente importante. Para que haya
cumplimiento con el papel de inversión que le ha sido asignado por el aparato
burocrático, (a la burguesía rural), sus dirigentes afirman que requieren tener
la certeza de que la inconformidad y los conflictos sociales, que generaría la
implantación del esquema de proletarización definitiva, serán controlados,
institucionalizados, 2arbitrados”, por el Estado. De ahí la relevancia que la
burocracia central otorgue a la modificación de leyes y reglamentos, necesaria
para la formación de los Tribunales Agrarios. Sin embargo, al igual que lo que
sucede con la generalidad de las modificaciones antes mencionadas, las
perspectivas del surgimiento de los Tribunales Agrarios, como mecanismo
fundamental de arbitraje estatal en el agro, no parecen despertar en la
burguesía del campo altos niveles de confianza. Ello esta determinado por:
a)los antecedentes de la disfuncional existencia de organismos equivalentes a
estos Tribunales, desde 1915; b)el hecho de que, al formarse los tribunales, se
diluiría en ellos el poder de arbitraje que hasta entonces se concentraba en la
SRA, con lo que, en ocasiones, estos organismos -al verse sometidos a nivel
regional y local, a las presiones, difíciles de vencer, que proviene de la
burguesía rural- tenderían al enfrentamiento con las instancias nacionales del
Estado; c)la posibilidad de que el nuevo engrane del aparato estatal, de
mediación política en el agro, este constituido por funcionarios
gubernamentales que hayan sido “víctimas” del proceso de marxistización”
ideológica, que hace que quede fuera de control del Estado nacional una no
despreciable parte del ámbito de su propia actuación.
a.2)Persistencia
de invasiones agraria y afectaciones de tierra. Diferentes grupos de presión
–dentro y fuera del engranaje estatal- intentan conducir al aparato burocrático
hacía la realización de nuevos reparto agrario. Como el aparato burocrático no
satisface estos requerimientos de tierra, persisten –a nivel mínimo- las
invasiones legales. Inquietud, desempleo y violento deterioro de las
condiciones materiales de vida de los trabajadores rurales, se unen y
condicionan el que los líderes, locales y regionales, de las organizaciones
políticas de apoyo proestatal actúen, en este sentido, de manera diferente a la
que le esta señalada por los controles estatales establecidos. A pesar de que
la perspectiva oficial estriba en sostener que las invasiones que existen son
“herencia” del régimen pasado, las diferentes organizaciones de lucha, de la
burguesía rural, sostienen que las invasiones continúan, por lo que no puede
tener total confianza en el régimen.
Los
dirigentes del aparato burocrático han normado su política de afectación de tierra
en función del mantenimiento de un mínimo indispensable de niveles de
legitimidad –juzgados, por ellos como “adecuados”-. Por esta razón, para ir
eliminando expectativas incontroladas, se difunde masivamente el hecho de que
el gobierno afectará sólo –cuanto antes- los que es posible afecta 8dejando,
así, claramente establecido que la pequeña propiedad no será tocada), a la vez
“desradicaliza” las acciones agrarias de finales del sexenio de Luis
Echeverría.
Pero
si la desconfianza de la burguesía rural se genera por la persistencia –a
niveles muy bajos- de invasiones “ilegales” de tierra, ésta se incrementa
considerablemente cuando el Gobierno, en aras del sostenimiento de un mínimo de
legitimidad de la imagen que lo presenta como heredero directo de las
reivindicaciones campesinas del movimiento armado 1910-1917, plantea como
todavía vigente, la abstracta posibilidad de afectación de tierras para fines
agrarios. Diferentes agrupaciones de empresarios rurales señalan constantemente
la probabilidad de que sus superficies sean afectadas –sin recibir pago “justo”
en cambio-, por lo que demanda seguridad en la tenencia de la tierra. Su
inseguridad se genera porque, en su concepción: a)siempre está presente la
posibilidad de que, alimentada por la izquierda intra y extraestatal, que
sostiene que lo afectable es mucho más de lo que asegura el Gobierno, la
reforma agraria se radicalice; b)las investigaciones que continua realizando la
SRA, para detectar latifundios de viejo tipo, representan un claro indicador de
que la política de afectación, de hecho continua.
a.3)La
nueva imagen de la reforma agraria: la fracción hegemónica de la burocracia
pública no sólo efectúa cambios en materia de adecuación jurídica, con objeto
de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural. Tampoco se agotan
las modificaciones superestructurales que promueve, con la actualización de los
procesos de institucionalización de conflictos agrarios y con los cambios en la
actitud oficial frente a invasiones agrarias y afectaciones de tierra. Además
de todo ello, promueve la difusión de una nueva imagen de la Reforma Agraria.
En la nueva imagen ideológica: a)la reforma agraria aparece como posibilitadora
de que el campo mexicano deje de ser determinante de la “economía ficción” del
país; b)los repartos agrarios sólo pueden continuar haciéndose, en pequeña
escala, en la modalidad de “Nuevos Centros de Población Ejidal”; c)se parte de
la inexistencia de latifundios, aceptando sólo la presencia de acaparamientos
de tierra; d)aparece la mano de los tecnócratas legitimadores del Estado,
brindando como “solución” la ocupación en el medio rural vía asalarización, no
vía reparto agrario de tierras; e)durante un primer periodo, en el proceso de
su constitución, se hacían ataques oficiales a la política agraria del régimen
echeverrista, para después, en un segundo momento, rectificar la posición y
aclarar que el echeverrismo en el campo realmente benefició a la burguesía
rural.
Sin
embargo, una cosa es la construcción de una nueva imagen de la reforma agraria,
y otra es que ésta se convierta en verdadero elemento ideológico: que sea
eficazmente difundida por el Estado, para su aceptación e interiorización por
parte de las masa populares del agro. En cuanto a la eficiencia ideológica de
la nueva imagen, se le presenta al aparato burocrático algunas dificultades:
a)la monopolización privada de los medios de comunicación masiva hace posible
que la imagen transmitida puede llegar a tener un contenido bastante diferente
al que la perspectiva gubernamental le ha dotado originalmente; b)la eficacia
en la transmisión de la nueva imagen ideológica se ve obstaculizada porque a
las peticiones institucionales de afectación de latifundios reales, las
autoridades agrarias responden con argucias legaloides, señalando su
inexistencia legal; c)simultáneamente, al inicio de acciones concretas,
contenidas en esta nueva imagen ideológica –tales como las emprendidas para
armar las empresas “asociativas” en el campo-, estas mismas medidas dejan de
tomarse en otros sectores de la economía ; d)la nueva imagen es desideologizada
por el conocimiento científico social y por la acción de las organizaciones
campesinas independientes, juzgando permanentemente esto como erosionador de su
efectividad ; e)sectores que tradicionalmente hubieran apoyado la difusión e
interiorización de esta nueva imagen de la reforma agraria –como la Iglesia
Católica-, en esos momento, por divisiones en su interior, son un dudoso medio
auxiliar.
a.4)Deterioro
de las condiciones de vida de la población rural. La crisis del modelo de
desarrollo capitalista, dependiente y derivado, iniciado desde mediados de los
´60, para 1977 tiene como corolario un muy acentuado deterioro en las
condiciones de vida de las masas populares del país. El aparato burocrático
–entre otras razones, por presiones de la maquinaria corporativa del Estado-
toma medidas que permitirían mantener ese deterioro dentro de los límites
tolerables, intentando evitar así los efectos político-ideológicos
incontrolados, que el no hacer inevitablemente implicaría. Sin embargo, las
medidas que toma en este sentido la burocracia, con todo y que no están
encaminadas a detener y superar el proceso, sino simplemente a mantenerlo
dentro de los márgenes de permanencia de legitimidad, se ven obstaculizados
por: a)la propia penuria económica gubernamental hace que sean escasos los
recursos que pueda dirigir a este renglón (COPLAMA, por ejemplo); b)la
imposibilidad de implantar coercitivamente, a las diferentes fracciones del
capital, sus lineamientos en cuanto a lograr que éstas colabores (en cuanto a
mantenimiento de bajos precios, por ejemplo) en el proceso de control del
deterioro mencionado; c)la posición, en contra de estas medidas, de las
fracciones más poderosas de la burguesía, que consideran que el gasto público
destinado al “beneficio social” es un desperdicio.
Debido
a estos obstáculos, las medidas que toma la burocracia pública para mantener
“tolerable” el deterioro de la situación de las clases trabajadoras del agro,
especularmente golpeadas por la crisis, son a todas luces insuficientes. Esta
insuficiencia se manifiesta, tanto en el inicio de programas de abatimiento del índice de crecimiento
demográfico en el medio rural, como en la puesta en marcha del “seguro de vida”
campesino, cuanto en el establecimiento de centros de distribución de productos
básicos de consumos en el agro. Pero lo paradójico es que, determinado en algún
grado por esta insuficiencia –que en buen medida es producto de la posición de
la burguesía-, las masas rurales no se arraigan a sus lugares de origen ni son
meros participantes pasivos en el proceso que conducirá a su proletarización
definitiva y, por lo tanto, la burguesía rural no estará totalmente satisfecha
con la forma en que el gobierno maneja las medidas de control del agravamiento
de los niveles de vida del campo durante el proceso de salida a la crisis.
a.5)Cuerpos
represivos. Dentro de los planteamientos gubernamentales, parece clara la
convicción de que una fuerte agudización de las contradicciones sociales surgirá
como producto de la implantación del
esquema de proletarización definitiva del agro. Por ello, además de intentar
una adecuación ideológica y pretender fortalecer la maquinaria corporativa, el
recurso a la violencia estatal para enfrentarse cruda y abiertamente a los
diferentes manifestaciones potenciales de inconformidad social es una carta que
no esta desterrada; permanece como el medio que, en última instancia,
permitiría que en el campo se mantuviera la “estabilidad política”, tan
jactanciosa difundida por la fracción hegemónica del aparato burocrático. El
Estado se preparaba, durante 1977, para usar la represión, tanto a través de la
modernización de los existente cuerpos militares y paramilitares, como mediante
la creación de organismos especiales y secretos antigerrilleros. Sin embargo,
para fines de obtención de legitimidad, en el contexto de la Reforma Política,
dosifica su utilización efectiva. Este uso dosificado de la represión se
enfrente –provocando “desconfianza”- a la posición de una burguesía rural
interesada en que el Estado haga un uso extensivo e intensivo de ella,
especialmente en casos de invasiones “ilegales” de tierra.
b)La burguesía rural y su vigilante perspectiva política:
b.1)Afectación de los intereses de los empresarios rurales. A nivel formal, la burguesía con intereses ubicados en el campo, acepta conducción gubernamental del proceso de implantación del esquema de descampesinización del agro. A nivel real, sin embargo, no esta dispuesta a permitir que esta conducción dañe sus intereses inmediatos, ni siquiera cuando ello sea parte de lo que globalmente se requiere para mantener, temporalmente, a niveles mínimos de legitimidad y de control sobre las diversas manifestaciones de inconformidad que la proletarización del medio rural pone a la orden del día. Mantiene una constante perspectiva de vigilancia y presiona para evitar que se lleve acabo todo lo que, incluido en el esquema gubernamental respecto al campo, pueda debilitarla; ejerce fuerza, no obstante que ello implica que entrar en contradicción con la fracción hegemónica de la burocracia central del Estado mexicano.
Las
presiones que ejerce el capital rural sobre el aparato burocrático no son, en
este sentido, diferentes de las que emanan de otras fracciones. Al igual que el
resto de los componentes de la burguesía, la lucha de los capitales del agro
para que, incidiendo sobre los lineamientos gubernamentales, se evite el más
ligero daño a sus intereses, tiene un contenido tripartita: económico, político
e ideológico.
¿Cómo
se da esta lucha de burguesía como clase? Durante 1977, la lucha orientada
directamente por su perspectiva económica, incluye: a)la posición, más o menos
abierta, a la implantación de medidas redistributivas; b)la utilización, para
su fortalecimiento, incluso de las medidas gubernamentales tendientes a
controlar su expansión; c)el mantenimiento de bajos salarios; d)el ejercicio de
presión par obtener altos precios de sus productos; e)la desradicalización de
las demandas del movimiento “organizado” de los trabajadores, f)el recurso a
diversas medidas orientadas a permitir
continuar beneficiándose con la inflación. La lucha política, a su vez,
incluye: a)el aumento, en general, en su capacidad de negociación política con
aparato burocrático y maquinaria corporativa; b)la realización de campañas, a
favor ó en contra, de determinadas posiciones ubicadas al interior del aparato
burocrático; c)la incorporación y subordinación de otras fuerzas sociales,
utilizándolas como apoyo a su perspectiva de lucha; d)negociación de alianzas
con otras fuerzas sociales –corporativizadas ó no- para lograr la máxima
efectividad de su postura. Por último, la lucha ideológica, emprendida durante
1977 por la clase social del capital, para evitar daños en sus intereses, incluye,
entre otros: a)las presiones para que, mediante diversos medios, se presente un
panorama optimista, no totalmente coincidente con la realidad, de las
consecuencias emanadas de la forma en que se planteaba el proceso de salida a
la crisis; b)la inclusión, en la ideología difundida, de la aclaración de que
el empresario sólo invierte si tiene utilidades, de lo contrario cerrará su
“fuentes de trabajo”; c) la difusión de la imagen de el capitalista no es
culpable de la crisis, sin o sólo una víctima más de ella.
Con
comportamiento similar al denotado por las otras categorías sociales que
componen al capital, el embate presentado durante 1977 por los capitalistas
rurales, para evitar el más mínimo daño a sus intereses, se da a nivel
económico, político e ideológico. Sin embargo, la lucha aquí cobra un contenido
específico: todo lo que no se inscriba en su lema de “seguridad y garantías”,
es atentatorio y, por lo tanto, combatible en cualquier circunstancia,
independientemente de las exigencias superestructurales de un momento
específico.
La
lucha económica de la burguesía rural, por evitar que sus intereses inmediatos
sean afectados, va a perseguir, entre otros objetivos: a)la eliminación de la
“economía ficción” en el agro, esto es, obtener de aparato burocrático
adecuados precios de garantía para sus productos; b)el mantenimiento de los
subsidios dirigidos a ella que previamente existían, pero evitando nuevos
subsidios que impliquen la no obtención de altos preciso de garantía ó de
venta; c)evitar que el incremento de la participación gubernamental en el agro
se traduzca en “estatización” del medio rural y, consecuentemente, la posible
expulsión de los empresarios capitalistas de la producción agrícola y ganadera.
A
su vez, el contenido superestructural de la lucha emprendida por los
capitalistas del agro persigue: a)intentar suprimir las personalidades que
sobreviven dentro del aparato burocrático en puestos secundarios de mando, que
sustentan tendencias agrarias “campesinistas”; b)enfrentarse eficientemente a
las denuncias que señalan que aún existen grandes concentraciones de tierra,
imponiendo su visión de que los latifundios son ya inexistentes; c)dejar
claramente establecido que la expropiación de tierras, por parte de l Gobierno
–aún en los caso que éste no se le presente “políticamente” otra salida-, es
inversamente proporcional a su “seguridad” en el régimen; d)obtener la
regulación definitiva de la situación de las tierras, especialmente de las de
pequeña propiedad, e)oponerse a las medidas que plantea la organización
política de los asalariados rurales, incluso cuando estas sean propuestas por
la propia maquinaria corporativa del Estado. Los mecanismos que emplea la
burguesía rural en su lucha por lograr estos abarcan un amplia gama; incluyen
los siguientes: a)la posición –y consecuente retraso en su construcción y
operación- a los grandes obras de infraestructura que afectan sus intereses;
b)la obtención en caso de afectaciones inevitables, que no se pueden detener-
de altos precios pagados por tierra e instalaciones, incluso arriba de los
comerciales; c)la amenaza del paro de labores y realización de marchas de
protesta.
b.2)las presiones de la burguesía rural y la legitimidad del aparato burocrático en el agro. El capitalista –rural y no rural- presta apoyo absoluto a la política económica del régimen de López Portillo, siempre y cuando su contenido sea totalmente favorecedor de los procesos de acumulación y reproducción de capital. Es un requisito, para sus actores sociales, continuar teniendo “aceptables” tasas de ganancia. Por ello, si las medidas gubernamentales no son a su total favor, los diversos componentes de la burguesía pueden conducir –en su afán por evitar cualquier posible daño a sus intereses inmediatos- al aparato burocrático a tomar “medidas populares”, colocándolo en una posición en que se ponen en entredicho sus límites mínimos de legitimidad . tanto a la mayor reducción de la autonomía relativa del Estado mexicano, cuanto a que el aparato del Gobierno cuente con cada vez menos apoyos sociales, requeridos para su existencia y actuación.
La reforma política significa, aunado al relativo reforzamiento de la izquierda y a la recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, la legitimación de la participación política abierta, de las diferentes fracciones del la clase del capital. Aprovechando el contexto de modificaciones superestructurales, promovidas por la fracción hegemónica de la burocracia pública, la burguesía, como conjunto social, desarrolla durante 1977 mecanismos que conducen a una mayor capacidad organizativa y de presión política, y ensaya nuevos métodos de actuación. Librando la lucha, por lo menos a cuatro niveles –contra la fracción hegemónica del aparato burocrático, contra el resto de las fracciones del capital, contra los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado y, marginalmente, contra la posición de las organizaciones, grupos y partidos políticos de izquierda militante-, determinadas fracciones del capital (especialmente la actuación del Grupo Monterrey) van a intentar obligar al Gobierno a tomar posiciones que, objetivamente, se ubiquen más allá de los límites políticamente tolerables. En esta lucha emplean diversos medios: a)utilizan racionalmente los medios de comunicación masiva; b)realizan paros de actividades; c)reaccionan contra la posibilidad de que sean dañados sus intereses, señalando las “negativas” consecuencias que ello tendría sobre el proceso de salida a la crisis; d)colocan a sus representantes directos –ya no sólo en los referentes locales, municipales y de entidad federativa de la maquinaria gubernamental, en posiciones secundarias de la burocracia central y en niveles de importancia, no principal, en la maquinaria corporativa del Estado- en posiciones clave de la burocracia central (básicamente en el “gabinete económico”, en tanto que es el conjunto operativo SPFI, SPP, SC, SHCP, donde se generan los contenidos originales de la política económica, donde se “retroalimentan” y se modifican éstos conforme a la correlación de fuerzas, donde se formulan las versiones definitivas), volviéndolas “homogéneamente conservadoras”; e)establecen mecanismos más eficientes, de “consulta”, en el aparato burocrático, en torno al contenido de la política económica.
Las
fracciones rurales de la burguesía del país tiene un lugar especial en la
señalada tendencia hacia la pérdida de legitimidad popular del gobierno.
Especialmente fracciones de la burguesía que ya tienen intereses ubicados en el
agro (como diferentes de aquellas, cuya presencia en el campo el gobierno se
empeña en estimular), frecuentemente no coinciden con las propuestas del
aparato burocrático, tanto en lo que se refiere a programas concretos (como en
el caso de las agroindustrias), como en el concerniente a las bases mismas de
los planes gubernamentales de proletarización en el agro. Empujan y presionan a
la burocracia central hasta cerca de los límites de debilitamiento de sus bases superestructurales en el campo. Estas
presiones se manifiestan en: a)la posición a que, aún formalmente, sostenga el
aparato burocrático –para fines de obtención de consenso social- la apariencia
de que aún es posible el reparto agrario, ya que ésto sólo sería factible
(desde su percepción) afectando a la pequeña propiedad y, además la sola
posibilidad de continuar con las dotaciones sería “bandera” de las
organizaciones de los trabajadores del campo sin tierra –corporativizado ó no-;
b)el afianzamiento progresivo de la posición que sostiene que el ejido debe
desaparecer, para ser sustituido por la pequeña propiedad, c)las presiones para
que desaparezca la Secretaría de la Reforma Agraria, con objeto de que ello
garantice que la política agraria se someta indiscutiblemente a la política
agrícola.
b.3)Interpretación burguesa de la acción y discursos políticos. Si la burguesía rural no admite el más mínimo daño a sus intereses inmediatos, así sea en situaciones explosivas de lucha de clases y si, por el contrario, tiende a empujar al aparato burocrático hacia posiciones de peligrosidad en cuanto a la obtención –por parte de éste- de niveles adecuados de legitimidad, ello esta determinado, en buen grado, por el hecho de que los dirigentes de las organizaciones de lucha de los empresarios del agro, al no tener la visión de conjunto que si tiene el gobierno, no interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas por la fracción hegemónica de la burocracia central. Al basar su conocimiento y su actuación en el contenido explícito de los discursos pronunciados en las “alturas” de la burocracia, muestra –la burguesía que actúa en el medio rural- su incapacidad para distinguir entre objetivos formales y objetivos realmente perseguidos por el Gobierno.
Al
igual que al resto de las fracciones del capital, los empresarios del campo
“desintrerpretan” los planteamientos del aparato burocrático y/ó maquinaria
corporativa, tanto cuando se menciona de alguna manera la necesidad de
rectificar el contenido de la política económica seguida durante 1977, como
cuando se presentan argumentos en torno en la necesidad de aplicar la reforma
política. Las organizaciones de lucha de la burguesía, como clase, no fueron
capaces de distinguir, durante 1977, lo que realmente determinaba el contenido
de las afirmaciones de cambio de la política económica gubernamental, para
descifrar en que consisten éstos, verdaderamente, y en saber en que
consistirían los efectos reales que podrían traer consigo. De esta manera, sus
líderes se muestran desconfiados cuando
se habla de: liberación del gasto público, que no se puede permitir que el
capital sea juez y parte en el intento de sopesar lo “correcto” de la política
económica seguida; la burguesía, como culpable de la crisis, que no cumple con
su parte en la Alianza para la Producción; no autorizar aumentos de precios; no
aceptar la ingerencia directa de la burguesía en el contenido de la política y
reforma fiscal; que el capital alimenta los conflictos entre políticos y
técnicos; la incapacidad de la burguesía para obtener éxito económico real,
sino cuanta con la protección gubernamental; que, pese a las presiones para
hacer ver lo contrario, los economistas que trabajan en el gobierno no son
creadores de problemas, sino simplemente sus detectadores y solucionadores; que
el aparato de gobierno no debe ceder a la iniciativa privada sus empresas, pues
al hacerlo implicaría su debilitamiento; incrementar los salarios; la
posibilidad de que el capitalismo monopolista de Estado se oriente hacia el
fortalecimiento, no del gran capital, sino del movimiento obrero y campesino;
eliminar los subsidios que tradicionalmente le han sido otorgados.
A
su vez, la falta de visión de conjunto determina también, en algún grado, el
que la burguesía, como clase, no interprete en su real dimensión el contenido y
los alcances de la Reforma Política, promovida e implantada por la fracción
hegemónica de la burocracia pública. Se muestra “desconcertada” cuando se
asegura que la Reforma Política: romperá el monopolio de la oposición que ha
Estado en manos del PAN; brinda amplias posibilidades para que algunos grupos,
fuera de control estatal, provoquen una crisis política, aprovechando la
coyuntura de crisis económica; podría incluso, significar la presencia de
senadores de partidos de izquierda revolucionaria; no cambiará la situación de
monopolio de poder, sino que solamente implicará una mejor “imagen pública” de
éste, podría llegar a tocar los puntos más sensibles de la “gestión
empresarial”, tales como la participación obrera en las decisiones de las
empresas de capital privado; no incluye realmente la posibilidad de eliminar la
corrupción; es la respuesta a la necesidad de hacer corresponder el nivel
político a los cambios que están ocurriendo, y ocurrirán, en el nivel
económico; en dos años más, posibilitará que en el Congreso de la Unión
verdaderamente este presente la oposición de izquierda; crea “soberbia” de la
maquinaria corporativa, que acusa la burguesía de demandar definir
jurídicamente las reglas de un juego que favorecerá, aún más, los intereses del
capital; está ya coadyuvando a que algunos gobiernos estatales se opongan
eficazmente al gran capital; responde a la necesidad de obtener el apoyo
político-popular que requiere la “administración” de la crisis; implica, en
algunos momentos, la necesidad de defender funcionarios del régimen precedente,
a quienes la burguesía pretende borrar del mapa de efectivos actores políticos
durante 1977; dará más posibilidades de actuación independiente a los
personajes, al interior del Gabinete Presidencial, que le resultan
potencialmente peligrosos.
En
el caso concreto de las fracciones rurales de la burguesía, están presentes
todos los anteriores indicadores de desconcierto y desinterpretación; sin
embargo, estos adquieren especificidad adicional. La ideología gubernamental
respecto al campo, tiene tanta eficiencia que “engaña”, en cierto modo, a la
burguesía rural, cuando: a)altos funcionarios gubernamentales hablan de la
necesidad de estatizar el agro, afirmando que ello surge como contrarespuesta a
la respuesta que los capitalistas privados han dado a los lineamientos
gubernamentales (la alarma surge porque, desde la perspectiva del capital
rural, la mayor presencia del aparato burocrático en el campo significa el
expulsar al empresario del sector agropecuario); b)se asegura que continuará el
reparto agrario legal, en tanto que el aparato burocrático continua recibiendo
y “dando trámite” a solicitudes de dotación de tierras; c)se afirma que –a
pesar de que, objetivamente, los cambios al respecto han sido históricamente
inofensivos para la burguesía- habría cambios en el cuerpo legal respecto al
agro, que tenderán a beneficiar a las clases trabajadoras rurales; d)tienen la
percepción de que el gobierno no hace nada por impedir que organizaciones
políticas independientes se adueñen del campo mexicano, demostrando así, el
capital rural, no tener claro que la Reforma Política es una cuestión de Estado
promueve para evitar las disfunciones políticas, que también se dan –de manera
especialmente cruda- en el campo mexicano y que, específicamente, tiende a
evitar precisamente que se dé el fortalecimiento político independiente (no
institucionalizado) de las organizaciones de izquierda.
c)Los intentos de fortalecer la maquinaria corporativa en el campo.
c.1)Centralización hegemónica del poder en su interior. La Reforma Política es una parte muy importante de la estrategia seguida por los dirigentes gubernamentales, para conducir el proceso de salida a la crisis. Es de mayor relevancia porque, desde su perspectiva, permite mantener la “única forma de estabilidad restante”: la estabilidad política. Así, la Reforma Política cumplirá el papel de sustentadora de la actividad política para el que ha sido concebida, en la medida que la posibilite: a)el establecimiento de nuevas formas de “arbitraje” estatal, de la lucha entre clases sociales (nuevas formas en cuanto a que ahora no es una sola dependencia del Gobierno la que vela por el “equilibrio de los factores de la producción”, sino que el arbitraje aparece como el resultado de la resolución, abierta y formalmente negociada –como en el caso de la Comisión Nacional de Precios- de la enorme batería de contradicciones secundarias que pernean la existencia de las propias instancias estatales: Gobierno, maquinaria corporativa y organizaciones directas de lucha de la burguesía); b)el auspicio y control del Estado en cuanto al fortalecimiento de los sectores de izquierda que escapaban a los márgenes de su control surgidos como consecuencia de la necesidad de legitimar la actuación de los aparatos estatales ante las clases explotadas y sectores medio, y del requerimiento de mantener la autonomía relativa del Estado y la independencia residual del aparato burocrático con respecto al gran capital trasnacional-monopólico; c)el rebustecimiento de la propia maquinaria corporativa del Estado –vía su recomposición interna-, haciendo posible que neutralice la acción expansiva de la izquierda, que potencialmente podría determinar la propia reforma política.
Luego, uno de los objetivos perseguidos por la
Reforma Política es la reforma interna del PRI. Entre otras cosas, la Reforma
Interna del PRI estaba concebida para permitir que se estableciera una clara
centralización del poder político en su interior. Sin embargo, algunos hechos
dificultan que se convierta en realidad la conceptualización de la fracción
López portillista de la burocracia pública, en cuanto a ello. Entre otras
razones, la Reforma Interna de la maquinaria corporativa, concebida como medio
para lograr la centralización hegemónica del poder interno, se ve obstaculizada
porque: a)la forma, el ritmo y la cobertura de las modificaciones internas no
son aceptables por la totalidad de los dirigentes de la maquinaria corporativa
(en la concepción de algunos, ésta es demasiado conservadora, lenta y tibia, en
tanto que para otros es demasiado democrática, rápida y radical); b)los líderes
de la maquinaria corporativa tienen
diferentes perspectivas en cuanto a lo mediato e inmediato, de la
necesidad de solicitar reivindicaciones económicas que sean de significación para los “cuadros intermedios” y las
bases sociales directamente vinculadas a ellos. Básicamente son estos dos
factores los que impiden que la Reforma Política se traduzca con el arribo a la
total coherencia interna de los mecanismos de dominación, que demanda la
recomposición de la maquinaria corporativa del Estado mexicano.
Esto
último es especialmente cierto para el agro. A partir de 1977, la efectiva
realización del esquema estatal de la descampesinización y proletarización
definitiva del agro mexicano requiere que –vía la implantación de la reforma
política global- de fortalezcan los componentes de la maquinaria corporativa
del Estado, que tiene ingerencia directa en el campo. Desde la perspectiva
gubernamental, este fortalecimiento debe lograrse principalmente mediante la formación
de una única “organización”, que incorpore efectivamente, en su seno, a las
diversas clases, sectores y fracciones que venían actuando en el medio rural.
La meta de lograr la unidad funcional de los mecanismos de control sobre las
clases trabajadoras del agro, depende de la medida en que se desarrolle un
proceso que permita que simultáneamente: a)se dé el fortalecimiento del poder
político de los líderes de cada una de las organizaciones políticas
domesticadas en el campo; b)que se logre la consolidación de un cuadro
dirigente global, cuyas decisiones y acciones alcance la totalidad del ámbito
reservado a ella, de manera que brinden una unidad coherente al comportamiento
político ó ideológico de cada una de sus partes.
Ya
existían, desde 1974, intentos –especialmente los representados por el pacto de
Ocampo- por lograr esta unidad de acción en los diversos referentes de la
maquinaria corporativa del Estado en el medio rural. Sin embargo, estos
intentos no habían cristalizado en la realidad. Luego, lo que los dirigentes de
la burocracia pública pretendieron, durante 1977, fue llenar esta laguna: se
intento avanzar en la dirección de formar, con sus organizaciones individuales
constitutivas, una sola organización de control estatal en el agro, que lograse
dar una posición verdaderamente orgánica a los diferentes enfoques en cuanto a
la forma de su participación política. Es así que surge, a finales del año, la
semilla de lo que podría ser el sustituto del Pacto de Ocampo: la Alianza para
la Producción, Industrialización y Comercialización de los productos
agropecuarios y forestales. Sin
embargo, no se trata aún de una alianza política. La función de una
nueva organización es básicamente económica: colaborar en la planeación y
programación de actividades agropecuarias, de temporal y de riego, así como d
zonas forestales; fomentar las nuevas formas de asociación empresarial en el
agro; organizar un sistema nacional de comercialización que sustituya la
intermediación.
El
que el nuevo organismo sólo sea económico, no es sino el reflejo de que el
surgimiento y funcionamiento efectivo de una nueva, operativa y única
organización política de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, se
enfrenta a serias dificultades: a)los cismas y escisiones de las organizaciones
corporativas, tanto entre sí como en el interior de cada una de ellas, se
agudizan con el intento de formar una sola central; b)la unificación, en una
única central, implicaría el debilitamiento de la fuerza política personal de
los dirigentes de cada una de las “organizaciones”, ya que las posibilidades de
su movilidad vertical están en relación directa con la fuerza que representa la
organización que respectivamente encabezan; c)la clara pérdida de la hegemonía
del sector campesino, en manos de la CNC, deja abierto el camino para que cada
líder nacional del sector intente llegar a detenerla, con lo que se establece
una fuerte lucha entre dirigentes rivales; d)se manifiestan abiertamente las
consecuencias, del hecho de que las diversas organizaciones de la maquinaria
corporativa del Estado (CNC y SNTAC-CTM, por ejemplo) manejan intereses
sociales diferentes, y hasta contrarios; e)la existencia de posiciones, a
menudo contradictorias, de cada una de las organizaciones, ante aspectos
fundamentales del proceso de proletarización (como las diferencias en cuanto a
fomentar ó no la inversión extranjera, directa, en el campo); f)las
organizaciones estatales, de la burguesía del campo, no están dispuestas a
quedar incluidas en el mismo engranaje de la maquinaria corporativa del Estado,
que encuadra también a los trabajadores rurales.
Durante
el año, la existencia de estos obstáculos para la formación de una única
central que corporativice a las clases populares del agro, se manifiesta en:
a)la no asistencia de un dirigente determinado, a reuniones concertadas para el
“sector campesino” en su totalidad; b)enemistades personales, abiertas y
francas, entre líderes de la UGOCM, CAM, CNC, CCI; c)discrepancias entre los
dirigentes, en los casos de repartos agrarios, en cuanto a quienes serán los
campesinos beneficiados con ellos; d)acusaciones de deshonestidad, lanzadas
entre sí por los dirigentes; e)en permanente proceso de reafiliación, en
organizaciones nacionales, diferentes de la maquinaria corporativa, de las
agrupaciones campesinas locales y regionales; f)la violencia física desatada
entre líderes intermedios y miembros base, de organizaciones diferentes.
c.2)Militancia
y control en cuadros intermedios y bases sociales. Para que la maquinaria
corporativa se desempeñe de manera que su existencia sea real coadyuvante a la
implantación del esquema estatal de salida a la crisis, se requiere, además del
fortalecimiento de sus cuadros dirigentes(en la medida y con los rasgos que se
necesita para lograr la unidad coherente del aparato de control
político-ideológico), que sus bases sociales de apoyo incrementan realmente –y
sólo hasta cierto grado- su militancia. En la modificación de forma –de pasiva
y dirigida, a relativamente activa, pero también dirigida- de la participación
política de los miembros base de la maquinaria corporativa, la fracción
hegemónica de la burocracia pública detecta un factor que permitiría que ésta
incrementará el papel de apoyo afectivo a la posición burocrática que, a la
vez, haría posible controlar la movilización política intracorporativa que la
crisis desata (por el progresivo deterioro de las condiciones materiales de
vida de los trabajadores) y que, por lo tanto, tiene que regular. Así, la
inconformidad social que la crisis genera en el propio ámbito interno de la
maquinaria corporativa, obliga a los altos dirigentes del partido, y a la
fracción López portillista del aparato burocrático, a reconocer que la
estabilidad política existente no significa inmovilismo ó estancamiento político
de los contingentes sociales corporativizados por el Estado.
Para
incrementar esta militancia controlada de sus propias instancias, la maquinaria
corporativa establece varios mecanismos generales: a)la “democracia
transparente”, que desplaza formalmente (aunque no realmente) el peso de las
decisiones, de los círculos nacionales del PRI, a las asambleas en apariencia
permitiendo que los líderes regionales y locales de los miembros base de la
maquinaria corporativa, tengan una mayor participación en el proceso; b)el
manejo de la obtención de reivindicaciones económicas (aumentos de salario, en
general, y de salarios mínimos, en particular), con objeto de dar la imagen de
que los líderes nacionales no propugnan por el “reposo político” de sus
agremiados. Pero, durante el año, esta movilización de sus bases, que auspician
a los dirigentes nacionales, en cierto sentido tienden a revertirse contra la
propia maquinaria corporativa. Por un lado, la posición formal de la defensa
del salario da pie a que los obreros y trabajadores adscritos al PRI, en
cualquiera de sus sectores, tomen una actitud real de lucha (en algunos casos,
llegando a incluso a amagar con el uso del realmente proscrito empleo de la
huelga general, como arma de lucha). Por otra parte, la ola de una movilización
no controlada en toda su extensión y profundidad, empieza a llegar hasta los
más caros bastiones de la maquina corporativa(al interior de sindicatos de la
propia FSTSE, por ejemplo). De esta manera, la ampliación de los márgenes de
movilización política, destinada a coadyuvar el fortalecimiento de la
maquinaria corporativa del Estado, empieza a llegar a puntos que son
particularmente incómodos para sus timonéeles.
Esto
mismo sucede en el caso de la mayor militancia –auspiciada por el aparato
burocrático- de las bases y los líderes intermedios, de aquellas parte de la
maquinaria corporativa que tiene su ámbito de acción fundamental en el agro. El
empleo de éstos y otros mecanismos, efectivamente trae como consecuencia el
incremento de la militancia de su bases y de la participación política de los
líderes intermedios; sólo que este incremento no es tan controlado como lo
habían concebido en un principio los dirigentes de la fracción hegemónica del
aparato burocrático. Se da así la agudización del proceso conforme al cual los
líderes intermedios –regionales y locales, principalmente- tienden a
“brincárselas trancas”. El incremento de su militancia se refleja en
movilizaciones efectuadas por desocupados rurales (formalmente
corporativizados) en busca de tierra, que “denuncian” tierras afectadas ó
invaden “ilegalmente” predios, así como en movimientos que tienen por
protagonista a asalariados ó semiasalariados rurales (que empiezan a hacer un
uso cada vez mayor de la huelga), e incluso en la lucha emprendida por
empleados de nivel técnico y operativo, que elaboran en diversas organizaciones
del Estado, que tienen su medio ambiente de acción en el campo mexicano.
c.3)La izquierda y los intentos de su neutralización. Durante 1977, la maquinaria corporativa del Estado muestra, en buena parte por sus propias debilidades internas, su incapacidad para neutralizar la acción de la izquierda. En principio, la inexistencia de una única “central” de control estatal, la ausencia de un cuadro dirigente hegemónico en su interior, y la movilización de sus bases hasta puntos más allá del cabal control por parte del Estado, no puede menos que favorecer a las agrupaciones políticas que se sitúan fuera del marco del encuadramiento estatal y cuya expansión se intenta auspiciar “desde arriba”.
Sin
embargo, la incapacidad de la maquinaria corporativa por hacer frente a la
expansión de las organizaciones de izquierda es alimentada, además, por algunos
factores adicionales: a)el mismo contenido de la política económica global
(cristalizado en la Alianza para la Producción), al imponer el “sacrificio” de
los “militantes” de la propia maquinaria corporativa del Estado, determina la
agudización de la tendencia hacia el abandono
de las “centrales” del PRI –y de sus anexos- por parte de sus
organizaciones base; b)la crisis agudiza el enfrentamiento entre diversas
instancias de la maquinaria corporativa del Estado (por ejemplo, manifEstado en
los conflictos electorales), trayendo como consecuencia el “desgaste” de la
maquinaria corporativa por las luchas internas; c)el afloramiento de una
corriente izquierdizante al interior del mismo PRI, que dificulta a la
maquinaria corporativa la neutralización efectiva de la acción de la izquierda,
ubicada en las líneas de sus enemigos.
Sin embargo, la creciente incapacidad de la maquinaria corporativa para neutralizar –por sí sola, sin recurrir a la represión directa- la acción de la izquierda, está también determinada por la acción de la propia izquierda. Ello se debe a que los dirigentes de las organizaciones políticas revolucionarias están en posibilidad de plantear y aprovechar las contingencias de la reforma política, lo que significa intentar: a)lograr que cada vez menos se preste la izquierda a que se utilice su mediación para resolver las contradicciones intraestatales; b)aprovechar el hecho de que el fortalecimiento de la izquierda es una necesidad –en el contexto de “salida” a la crisis- para el aparato burocrático, actuando en posiciones ubicadas más allá de los márgenes estatales de seguridad, con relativamente menos posibilidades de represión abierta inmediata; c)unificar, orgánica y coherentemente, a las diferentes agrupaciones de izquierda; d)que la izquierda incorpore verdaderamente aquellas fuerzas sociales que hasta entonces se mantenían fuera de control estatal (lo que estaría posibilitado por la medida en que las reivindicaciones, por las que lucha, muestran una mayor adecuación con las necesidades reales de los trabajadores, y por el grado en que su acción desmitificadora –desideologizante- sea cada vez más eficaz).
Con
una actividad desplegada en torno a estas grandes líneas, la izquierda
demuestra durante 1977, estar iniciando un proceso que podría conducir a
invertir con planteamientos gubernamentales respecto a los que debe ser su
actuación política en el contexto de la reforma política. Puede así, ir mucho
más allá de los planteamientos estatales –subvirtiéndolos- que claramente parte
de que el supuesto de que las organizaciones revolucionarias deben convertirse,
mediante su incorporación al proceso global de la Reforma Política, en una
“válvula de escape” que debería permitir: ampliar la base de apoyo del Estado,
mediante la aceptación de una más
intensa participación política institucional (por lo pronto, en los procesos
electorales y en el interior del Congreso de la Unión) de la oposición;
posibilitar el negociar con la izquierda sin tener que llegar forzosamente –en
primera instancia- a la represión física; convertir a la izquierda, de
abiertamente disidente.
Con
respecto a las organizaciones revolucionarias que actúan en el medio rural,
esta posibilidad de aprovechamiento del
contexto de la Reforma Política para realmente fortalecerse –subvirtiendo así
los planteamientos estatales- se manifiesta, en otros, en los siguientes
hechos: a)las denuncias del incremento de la presencia de la CIA en el campo
mexicano; b)la difusión de contubernio existente entre burguesía rural, SRA,
SARH y Banrural; c)el aprovechamiento
del surgimiento de conflictos entre autoridades agrarias y dirigentes de la
maquinaria corporativa, para aumentar su presencia en el agro; d)la atracción,
cada vez con mayor éxito, de las bases sociales de la maquinaria corporativa
que actúa el campo; e)los intentos de formar una sóla central, independiente del
Estado, que aglutine al proletariado rural, a los desocupados del campo y a los
semiasalariados.
c.4)Encuadramiento
estatal y asalariados rurales. La maquinaria corporativa, para cumplir
eficientemente con el papel que le ha asignado la fracción hegemónica de la
burocracia pública, tiene que extender su control –ahora mínimo- sobre los
aproximadamente 9 millones de desocupados y subocupados del país y sobre los 3
millones de asalariados del agro. Sin embargo, en lo concerniente
específicamente a los jornaleros rurales, sus intentos se ven obstaculizados
por: a)las crecientes dificultades para controlar las tensiones sociales en
aumento, producidas por la mayor concentración de riqueza y deterioro de las
condiciones materiales de vida de los jornaleros, que ocasiona la puesta en
marcha del proyecto de “salida a la crisis” (por ejemplo, determinado por la
“liberación”· de precios de bienes de consumo); la burguesía rural ejerce
presiones de todo tipo para evitar que los dirigentes de la maquinaria corporativa
en el agro manejen banderas de lucha, que justamente podrían ser atractivas
para los trabajadores del agro, aumentándose así las posibilidades de que estos
pasen a formar de las líneas de la izquierda en el medio rural.
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Gamboa Villafranca
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