II) La “ res puesta completa” del Estado en el campo

I) La aceptación de alianza para la producción y reforma política: un asunto intraestatal.

A partir de mediados de la década de los sesenta, en buena medida alimentada por los mismos factores que hasta entonces determinaron su crecimiento, entra en creciente crisis estructural el modelo de desarrollo capitalista, dependiente y derivado, que había propiciado el crecimiento de la economía del país desde principios de los cincuenta. Con la atonía de finales de 1970, aparecen los primeros signos inequívocos de crisis global de la economía del país. De 1970 a 1972, el avance acelerado de ésta se manifiesta fundamentalmente en la agudización de la inflación; a partir de 1972 –llegando hasta la actualidad- la crisis ya no es sólo inflación, sino también recesión. Ello significa que las diferentes instancias del Estado mexicano se muestran incapaces, no únicamente para combatir eficientemente los efectos de los factores estructurales internos que crean distorsiones en el proceso de acumulación de capital, sino también para atenuar los efectos –fundamentalmente en los intereses de la burguesía con empresas ubicadas en la formación social mexicana- de la situación de crisis del capitalismo mundial, apuntalado por el deterioro de la economía norteamericana.

A fines de 1976, y en el contexto de inicio del reacomodo sexenal, que tiene lugar en su interior, el aparato burocrático del Estado mexicano aparece como el autor de una propuesta, consistente en una terna de objetivos, también propone un mecanismo: la alianza para la producción. Mediante la alianza se intenta lograr el concierto de los factores de la producción en una única acción destinada a lograr los tres objetivos señalados.

Sin embargo, los dirigentes de la fracción hegemónica del aparato burocrático reconocen que, para el logro efectivo de los tres objetivos generales, esgrimidos como la receta del proceso de salida a la crisis, no basta con la alianza para la producción; no es suficiente que, conforme a este mecanismo, el gobierno se auto asigne un papel económico y que defina roles económicos fundamentales a las otras instancias fundamentales (maquinaria corporativa y capital privado) del Estado mexicano. Es decir, reconoce el aparato gubernamental que es insuficiente la pretensión de hacer que el gobierno se organice internamente (mediante la reforma administrativa) para manejar más racionalmente mayores recursos económicos (posibilitados, entre otros determinantes, por la reforma fiscal) y se convierta, así, en el rector ó conductor efectivo del proceso global de salida a la crisis. Desde su perspectiva, tampoco basta el intento de hacer que la burguesía invierta productivamente en las áreas prioritarias de cada sector de la economía. Y sobre todo, reconoce que por sí sola es, asimismo, insuficiente la pretensión –y el hecho- de que los trabajadores sufran una muy considerable reducción en el poder adquisitivo de sus salarios.

Por el contrario, el esquema gubernamental reconoce explícitamente la necesidad de adecuar las circunstancias superestructurales a los pretendidos cambios de forma al nivel estructural; en él se advierte que es indispensable actualizar el funcionamiento de sus aparatos de dominación política y de manipulación ideológica, con objeto de hacer posible el que las clases trabajadoras –corporativizadas ó no-, las organizaciones de lucha de la burguesía, los dirigentes de la maquinaria corporativa, diversos grupos ubicados en el propio seno del aparato burocrático, y los grupos y partidos de izquierda, adopten una posición superestructural, que haga posible la implantación de la alianza para la producción y que suavice los efectos que ello traería sobre las masas populares. Es en esta dirección que surge la reforma política. Con ella pretende el aparato burocrático poner al día el funcionamiento de los principales aparatos políticos e ideológicos de dominación del Estado mexicano.

De esta manera, alianza para la producción (y, como dos de los medios para llegar a ella, la reforma administrativa y la reforma fiscal) y reforma política, son los dos aspectos fundamentales, inseparables, del esquema estatal, conforme al cual se plantea que el país podría sortear la crisis para 1980. No son, pues los únicos aspectos que contiene el esquema global de la burocracia central, pero sí son los básicos.

La alianza para la producción representa el intento de conjugar el funcionamiento económico que, desde el punto de vista gubernamental, deberá tener el propio aparato burocrático, el sector estatal de la economía y el capital privado. A su vez, la reforma política constituye aquella parte de la respuesta global a la crisis, que pretende hacer posible el que las clases trabajadoras del campo y las ciudades, acepten con relativa tranquilidad el incremento de la explotación de que ya son objeto; esta aceptación sería la base fundamental de la implementación, legitimada ante las masas populares, del esquema global de salida a la crisis, marcado por la burocracia central del Estado mexicano.

No sería exacto pensar que sólo con el advenimiento del régimen capitaneado por JLP, es que los dos componentes fundamentales de la respuesta global mencionada, se empiezan a esgrimir como mecanismos para sortear la crisis. Un planteamiento así no sería del todo acertado, en virtud de que, en esencia, estos mismos dos componentes fundamentales –aunque con cada sector específico de la sociedad- fueron utilizados durante la administración presidencial encabezada por LEA. Tanto durante el período presidencial de Luis Echeverría, como durante el de José López Portillo, persiste la crisis estructural del capitalismo en el país, que se empieza a manifestar a partir de 1966. consecuentemente, el Estado –en cuanto que es, a la vez, resultante de, e instrumento incisivo sobre, las condiciones materiales de la formación social mexicana-, y en particular el aparato burocrático de este Estado, mantiene un común denominado en cuanto a la satisfacción de las necesidades estructurales y superestructurales, requeridas para afrontar esta crisis. De esta manera, especialmente a partir de 1970, la burocracia central plantea objetivos, metas y medios relativamente similares y continuos, para salir de la inflación-recesión. En el transcurso del régimen de Echeverría, y durante el de López Portillo, el aparato gubernamental del Estado mexicano plantea la necesidad de realizar modificaciones superestructurales a ellas. Objetivamente, esta similitud global tiene poco que ver con la amistad JLP-LEA; tampoco se vincula causalmente con las posibilidades –altas y bajas- que, en un momento dado, tenga la fracción Echeverrista, de constituirse en hegemónica de 1976 en adelante. En esta continuidad diferenciada que se observa de 1970 a 1982, en cuanto a la respuesta que propone la burocracia pública, el desplazamiento sexenal del poder formal es fundamentalmente contingencial. El cambio en el poder ejecutivo, ocurrido en 1976, no es capaz de romper la continuidad fundamental del proceso. Sin embargo, en la medida en que, a partir de 1970, se va agudizando la crisis de la economía del país, los cambios estructurales y superestructurales propuestos por el aparato burocrático, tienen que ir denotando cambios de grado en su contenido. De esta manera, la reforma política surgida en el régimen López Portillista, representa la continuación y profundización de la apertura democrática de LEA; la reforma administrativa que se maneja durante JLP, representa la permanencia de las ideas que, al respecto, se tenían durante el régimen de Echeverría; la reforma fiscal que propone JLP es la profundización de su homónimo, que se intentó establecer cuando el mismo López Portillo era secretario de hacienda de Luis Echeverría; la alianza para la producción es la continuación, extendiéndolas y acoplándolas a las ahora más agudas situaciones de la crisis, de medidas que durante el régimen presidencial precedente se habían tomado en sectores específicos de la economía (tales como la alianza campesina para la producción, vinculada específicamente con el sector agropecuario).

Los antecedentes de los contenidos fundamentales de la respuesta global a la crisis, que propone el régimen de JLP, se encuentran ya incluidos en los mecanismos enfilados en la misma dirección durante 1977; a partir de 1978 –y por lo menos hasta 1980, año en que los cálculos oficiales señalan como el límite mínimo del proceso de salida a la crisis, si se siguen sus lineamientos- se intentará ponerlos en práctica. Lo anterior significa que, durante 1977, diversas fuerzas sociales van a aceptar, a pretender rechazar ó a intentar modificar el esquema global, propuesto por la burocracia central del Estado mexicano.

La lucha que al respecto se entabla, no es producto indirecto de la contradicción fundamental entre burguesía y proletariado. El asunto de la aceptación ó rechazo por las pretensiones gubernamentales depende, fundamentalmente, no de su aceptación ó rechazo por parte de las organizaciones revolucionarias de lucha del proletariado, sino de la resultante vectorial de los conflictos y pugnas que ocurren en el propio ámbito interno del Estado. Es, por tanto, el contenido de la respuesta estatal-global de salida a la crisis, producto de la dirección en que se resuelven las contradicciones secundarias que: i) ocurren al interior de la burguesía, como clase; ii) se dan en el propio seno del aparato burocrático, como categoría social; iii) acontecen en el ámbito interno de la maquinaria corporativa como unidad iv)tiene lugar entre aparato burocrático, maquinaria corporativa y las organizaciones de lucha de burguesía. Se habla aquí de una “solución vectorial”, porque la magnitud de la presión para delimitar, aceptar y/ ó rechazar –en su totalidad ó en partes- los lineamientos del aparato burocrático, para “salir a flote”, no es igual para todos y cada uno de los elementos intra estatales involucrados en la lucha : la fuerza ejercida –y, por lo tanto, las posibilidades de éxito para cada instancia, sector, fracción, capa ó grupo social, ubicado al interior del Estado- es altamente igual.

Veamos primero el caso de Alianza para la Producción. El implícito acuerdo, en cuanto a contenido general y objetivos globales de Alianza para la Producción, como el principal instrumento, potencialmente posibilitador de la salida de la crisis, es producto de la estrecha relación existente entre aparato burocrático (como conjunto) y burguesía (como clase). Este acuerdo en lo general, es lo que lo actual fracción hegemónica de la burocracia pública investiga y recoge durante la campaña presidencial de 1975-1976; es lo que se sintetiza en lo que el Presidente de la República interpreta y difunde en su discurso de toma de posesión y en su primer informe a la nación.

Pero el contenido y objetivos específicos de l aparte propiamente económica de la “respuesta completa”, que brindan las diferentes dependencias gubernamentales –básicamente, el contenido concreto que es propuesto por las Secretarías de Estado-, no son automáticamente aceptadas en su totalidad por los diversos actores sociales que componen a la burguesía. A diferencia de ello, la aceptación de los lineamientos de actuación económica , propuestos por una determinante Secretaría de Estado a una fracción, sector, ó capa específica de la burguesía, dependerá del grado en que estas categorías del capital identifiquen a las propuestas con su propia perspectiva de lo que se necesita para lograr la producción de su capital. Es particular lógica capitalista, lo que determina el que una categoría social cualquiera de la burguesía con intereses ubicados en un sector específico de la economía, efectivamente intente desempeñar el papel delineado por los componentes del aparato burocrático que estén íntimamente vinculados con ese mismo sector de la economía.

En esta lógica lo que determina el que efectivamente : la burguesía industrial creé más empresas, mayor producción y generación de fuentes de empleo, conforme a los lineamientos de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial; la burguesía comercial no suba artificialmente los precios de productos “socialmente necesarios”, conforme a los propósitos formalmente antiinflacionarios de la Secretaría de Comercio; la burguesía financiera y bancaria destine los recursos crediticios captados, a la actividad productiva (no especulativa), en concordancia con los rumbos marcados por el Banco de México; la burguesía rural produzca más alimentos, bienes de exportación, materias primas industriales y fuentes de empleo, conforme al contenido del Plan nacional Agropecuario y Forestal.

¿Qué sucede durante 1977 si, a juicio de los dirigentes de la lucha política de una categoría social cualquiera del capital, los lineamientos gubernamentales concretos –desprendidos de los propósitos generales de la alianza para la Producción- no benefician totalmente sus intereses?.

En el caso de que la información provenga del gran capital ubicado en los sectores industrial, financiero y agropecuario-, su palabra es ley. Sí es necesario, existan altas posibilidades de que las propuestas gubernamentales se transformen en lo fundamental, de acuerdo a los señalamientos y presiones respectivas. Las modificaciones sustanciales en los lineamientos concretos del gobierno, así determinadas, pueden llegar incluso a manifestarse en movimientos rotatorios y de expulsión, y en cambios en la correlación de fuerzas en el propio interior de la fracción hegemónica de la burocracia pública.

Por el contrario, si la no total aceptación de las directrices gubernamentales proviene de fracciones específicas del pequeño y mediano capital, generalmente es mucho más restringido el ámbito en que podrán ejercer eficazmente su presión para modificarlas. En la medida en que el capital representado sea de mayor envergadura, y en función de lo prioritario que resulte el desempeño de sus actividades de influir en los rumbos señalados por el aparato burocrático. De cualquier manera, al mediano y pequeño capital parece estarle casi vedado el camino del rechazo total a las propuestas gubernamentales; en el caso de lograr modificaciones, rara vez son fundamentales.

De esta manera, la propuesta original – en su versión de diciembre de 1976, por ejemplo-, presentada por la fracción Lopezportillista de la burocracia pública, en cuanto al funcionamiento estructural requerido de las diversas instancias del Estado para salir de la crisis, va a desempeñar el papel de la tela del sastre. El contenido fundamental de la política económica global –de la Alianza para la Producción, reforma administrativa y reforma fiscal- va a ser proporcionado por las organizaciones de lucha de la fracción hegemónica de la burguesía: el capital trasnacional-monopolista. Los objetivos y contenidos no básicos, a su vez, podrán corresponder a los intereses de los pequeños y medianos capitalistas. Sin embargo, dadas las desigualdades y contradicciones al interior de la propia burguesía, la burocracia central se demora un año –1977- en realizar la difícil tarea de conjugar los intereses concretos de cada fracción de la clase de capital, de acuerdo al sector específico de la economía en que se ubican sus actividades “empresariales”, con el contenido específico de los lineamientos propuestos por las diferentes Secretarías de Estado.

De lo dicho hasta aquí, la Alianza para la Producción y sus corolarios (reforma administrativa y reforma fiscal), es decir, la parte propiamente estructural de la “respuesta completa” de “salida” a la crisis, es una cuestión que se define básicamente, tanto en lo general como en lo particular, por burguesía y aparto burocrático. A diferencia de ello, la reforma política –la parte superestructural de la respuesta- es impuesta, en lo general por el aparto burocrático; en lo particular, su contenido es fundamental definido por la maquinaria corporativa del Estado.

Veamos, pues, lo concerniente a la Reforma Política. A mediados de 1977, la fracción hegemónica de la burocracia pública difunde un proyecto de conducción de lo político y de lo ideológico en la formación social mexicana, que estaría fundamentalmente destinado a permitir el mantenimiento bajo control de los efectos de una Alianza para la Producción que cargaba sobre las espaldas de la clase trabajadora el peso principal del proceso de salida a la crisis. Este proyecto no es nuevo; como se ha dicho antes, es realmente la profundización –la actualización, conforme al mayor grado de desarrollo de la crisis estructural- de la “apertura democrática” manejada en el régimen presidencial precedente. No obstante con el fin de evitar la perspicacias de fracciones de la burguesía especialmente susceptibles a cualquier cosa que tienda a indicar la continuidad del nuevo régimen con los “socializantes2 días de Luis Echeverría Álvarez, la burocracia central del Estado mexicano bautiza al proyecto con el nombre de “Reforma Política”; da, así, a apariencia de que el esquema en cuestión es sólo producto de la “lucidez” de las personalidades que asesoran directamente a José López Portillo.

La Reforma política constituye una acción –a implantarse parte de inmediato, y parte a mediano plazo-, cuyo contenido general y fundamental, no esta sujeto a negociación. Haciendo gala de la autonomía relativa que aún mantiene en lo que se refiere a la definición de los aspectos superestructurales, la fracción hegemónica del aparato burocrático establece –e impone- la necesidad de auspiciar el incremento, controlado institucionalizado, de la presencia política de la izquierda militante. Simultáneamente, se encamina a lograr reales incrementos en los niveles de eficacia de la maquinaria estatal que corporativiza amplias capas de las masas populares del país. Durante 1977, la definición de aceptación del contenido específico presenta un doble aspecto. En lo que se refiere a la acción que el Estado le delimita a la izquierda revolucionaria, esta última no tiene posibilidades de incidir en los lineamientos gubernamentales, para modificar la forma en que se ha concebido su “mayor participación”: la reforma política, se aprovecha ó se desaprovecha. A pesar de “auscultaciones” y “comparecencias”, que tiene lugar durante el año, el aparato burocrático mantiene su posición: la izquierda debe convertirse , de hecho, en una “válvula de escape”. Los intentos en otro sentido no son incorporados realmente al planteamiento original. Sin embargo, en lo que respecta a la delimitación y aceptación del contenido específico del papel que le toca jugar al Estado, la situación es diferente : la maquinaria corporativa si esta en posibilidades de influir en el proceso. Los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, específicamente el CEN del PRI y los jerarcas de los principales sectores que lo componen, van a intentar incidir sobre la manera concreta en que se propone su robustecimiento, como medida para neutralizar la acción expansiva de la izquierda. Pero esta posible incidencia real no es tan monolítica como podía pensarse. La percepción al respecto, de los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, tienen que enfrentarse a posiciones diferentes, sostenidas por dirigentes de mediana y pequeña envergadura que se ubican en su propio seno. Estas posiciones diferentes de los cuadros intermedios son, a su vez, reflejo del incremento relativo en la militancia de las bases sociales de la propia maquinaria corporativa, espoleado por el constante y progresivo deterioro de sus condiciones materiales de vida. Asimismo, tienen que enfrentarse los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, a una corriente de izquierda cada vez mayor, localizada en su propio medio interno.

Por todas estas razones, y con objeto de presentar un cuadro que permitiera delimitar -en lo concreto- el sentido, la magnitud y el ritmo que debería regir el proceso de recomposición interna y fortalecimiento de la maquinaria corporativa del Estado, los líderes nacionales siguen una clara estrategia. Con prolegómenos a partir del último tercio de 1977, e iniciado formalmente en enero de 1978, ponen en marcha un proceso de “auscultación interna”, destinado a permitir presentar, para agosto de 1978, un aposición uniforme –coherente- que dirimiera las contradicciones secundarias entorno a la manera conforme a la cual la maquinaria corporativa debía cumplir con su papel neutralizador de la izquierda y de efectivo apoyo a la posición del aparato burocrático. Esto es, se desencadena un proceso destinado a “clarificar” como debería darse la recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, delimitada –en términos generales- como necesidad en la reforma política, implantada por la fracción López portillista de la burocracia pública.

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II) La “respuesta completa” del Estado en el campo

La “receta” propuesta por el aparato burocrático para salir de la crisis, esta concebida para extender su acción hasta abarcar los más importantes ámbitos de la sociedad mexicana. Entre los rubros principales, contenidos en el “esquema salvavidas” del gobierno –Alianza para la Producción y Reforma política-, resaltan los siguientes: grado de vinculación con el exterior (“mexicanización”, inversión extranjera, negociación de la dependencia, deuda pública y privada,); niveles de desarrollo de la producción(artesanal, competitiva, monopolista); destino de producción(mercado interno, externo, intensivo, extensivo); diferenciación social pretendida (burguesía, proletariado, clases medias, marginados y capas, fracciones y grupos ubicados en el interior en cada una de las clases principales); organización interna de las unidades productivas (empresas capitalistas, formas de producción precapitalista, cooperativas y asociaciones); efectos esperados en distintos ámbitos físico-geográficos(campo, medio-urbano, regiones, desigualdades en cada uno de estos ámbitos); lucha política (maquinaria corporativa, organizaciones de lucha de la burguesía, izquierda militante); difusión de ideología(educación, bienestar socia, educación jurídico-legal, renovación del parlamento); actuación de diversas instancias de la división político-administrativo(gobierno federal, paraestatal, entidades federativas, municipios, localidades); monto y destino de inversión y gasto público (presupuesto austero-contraccionista, presupuesto expansivo-monetario); beneficiarios principales y canales de estímulo-desestímulo(política de precios al productor, política de precios al consumidor, subsidios, en monetario y especie). Es decir, el esquema global de lo que los dirigentes de la burocracia central consideran que es necesario para sortear las agudas condiciones de crisis estructural, brinda el contenido, tanto de cada uno de estos aspectos, como del “cruce” entre ellos.

Sin embargo, la respuesta completa, así constituida, no es tan completa como pudiera parecer a simple vista. La propia fracción Lopezportillista reconocía, a principios de febrero de 1978, que aún faltaba integrar todos los elementos anteriores en un Plan Nacional de Desarrollo (en un “Plan Global de Congruencia”); lo que hasta entonces se tenía, eran sólo planes sectoriales. Ello significa que, durante 1977, se adelanto sólo en cuanto a la delimitación de cómo los rubros mencionados posibilitarían la salida a la crisis, en cuanto a cada sector de la economía: agropecuario, financiero-bancario, comercial y de servicios, industrial.

Aquí se pretenden resumir los resultados de la investigación dirigida a delimitar las posibilidades de implantación del esquema global de salida a la crisis, en el caso específico del sector agropecuario. La Alianza para la Producción y la Reforma Política adquieren, en este sector, una especificidad concreta –y se enfrentan a obstáculos históricos- relativamente diferente a la que cobran en otros. Interesa, por tanto, ver más en detalle ambas cuestione: dilucidar cómo “cobran vida” en el campo.

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A) Alianza para la Producción y Medio Rural:

La alianza para la Producción tiene objetivos concretos por cada uno de los diferentes sectores de la economía. En el caso del agro, la concepción gubernamental de la Alianza para la Producción, la coloca como posibilitadora de: incrementos en la producción de alimentos; la obtención de mayores volúmenes de productos agropecuarios de exportación; mayor producción de materias primas industriales; generación de fuentes de empleo en número más adecuado. Para llegar a estos objetivos , el aparato burocrático elaboro una serie de Planes de Desarrollo Agropecuario y Forestal. El Plan mencionado contempla: a)el papel que le toca jugar al sector agropecuario en la economía global del país; b)la delimitación de lo que debería suceder al interior del sector , para que este papel tenga cumplimento.

Se pretende que la puesta en marcha del PNAF posibilite, en la economía global del país: elevar el ritmo de crecimiento del producto agrícola por encima del crecimiento demográfico; impedir que se agudice la tendencia a la reducción del área de cultivo, dedicada a la producción de alimentos de consumo interno, con los que presumiblemente se tendría un menos acelerado proceso de aumento de los precios al consumidor de estos productos; abatir el déficit de materias primas industriales de origen agropecuario; evitar que se contraiga más el crecimiento de las regiones geográficas y de los renglones económicos del sector que denotaba el mayor índice de crecimiento; evitar la mayor contracción de la demanda de productos provenientes de las empresas capitalistas del agro; colocar protecciones contra el incremento de los costos de insumos, utilizados en el proceso de producción; impedir la agudización del empleo rural y, consecuentemente, el urbano, arraigando a las clases trabajadoras del campo en sus lugares de origen.

En lo que se refiere a lo que debe acontecer al interior del sector agropecuario, existe -en los planteamientos gubernamentales, respecto al contenido concreto que debe tener la Alianza para la producción en el agro- la clara convicción de que los objetivos mencionados son básicamente aceptables sólo a través de la significativa reducción de la presencia económica del “improductivo” sector ejidal y minifundista privado. El cumplimiento del papel que el toca jugar el medio rural, dentro de la Alianza para la Producción –y dentro del esquema gubernamental global del proceso de salida a la crisis -, sólo podría lograrse, así, en la medida en que el capitalismo se implantara “en serio” en el agro. Resulta indudable que el modo de producción capitalista es el predominante, no solo en el sector agropecuario, sino en el conjunto de la formación social mexicana. Sin embargo, también es incuestionable que, coexistiendo con el, persisten formas de producción no típicamente capitalistas, que algunos catalogan como “mercantilistas-simples”, y otros como formas de “organización campesina”.

Lo que persiguen los planteamientos gubernamentales es precisamente la reducción –al máximo posible- de estas formas de producción no capitalistas. Es por ello que en este documento se sostiene que el esquema estatal de desarrollo en el agro gira realmente, a partir de 1977, en torno al objetivo de la “descampesinización”, de la proletarización definitiva y sin embajes, de la mayoría de los productores directos del campo mexicano.

De esta manera, la implantación en serio del capitalismo en el medio rural –implícito en los planteamientos gubernamentales, respecto al papel que debe jugar el sector en la Alianza para la Producción, implicaría máxima generalización de las empresas capitalistas, sea en su forma “pura2(donde se admiten abiertamente las relaciones saláriales) ó en su forma “mixta”(donde formalmente el capital privado ó público no emplea trabajadores ejidales y jornaleros agrícolas, sino que se asocia con ellos); obtener la descampesinización y proletarización definitiva de una gran parte de los productores directos existentes; minimizar la situación social conforme a la cual un trabajador directo en el campo es, a la vez, dueño ó poseedor formal de tierra.

Más concretamente, estas cuatro implicaciones significarían que el aparato burocrático busca: el fortalecimiento de las empresas capitalista ya existente, continuando la canalización de recursos, tecnificación y mecanización gubernamental que se le había venido otorgando tradicionalmente; suprimir o reducir el apoyo gubernamental –representado por volúmenes adecuados y oportunos de crédito, tecnología e infraestructura, así como por todo tipo de subsidios y condonaciones- a las unidades productivas, existentes de nueva creación, que no satisfagan los requerimientos organizativos –de empresas “capitalista- planteados por los esquemas del aparato burocrático; auspiciar la mayor concentración de la producción, y de utilidades, en las empresas capitalistas agropecuarias, agrocomerciales y agroindustriales; lograr formas asociativas entre pequeños propietarios , ejidatarios, minifundistas privados, inversionistas nacionales y extranjeros y gobierno, con el fin de que las unidades productivas no fueran de tamaño pequeño; convertir a los ejidos y zonas comunales en unidades de producción autofinanciables, es decir, en empresas con organización, dirección y tasas de explotación, ganancias, acumulación y reproducción típicamente capitalistas; impulsar a la pequeña y mediana industria en el campo, para utilizar el subempleo estacional y mejorar el uso de la tierra; regularizar la tenencia de la tierra para que no ofrezca inseguridad al capitalista interesado en invertir en el agro; hacer productivas las tierras ociosas, haciendo depuraciones censales en los ejidos y aplicando la Ley de Tierras Ociosas en la pequeña propiedad ; no afectar superficies para fines de reparto de tierra y, por el contrario, evitar invasiones ilegales ; elevar los precios de garantía de productos agropecuario, mejorando el proceso de comercialización hasta llegar a niveles cercanos a la desaparición de los intermediarios del campo; aprovechar más racionalmente, en aras del mejor funcionamiento de las unidades productivas autofinanciables , las tierras y aguas en los distritos de temporal y de riego; proporcionar, a las nuevas unidades productivas, los resultados de la investigación agropecuaria realizada por el gobierno.

El esquema estatal de desarrollo del campo, como coadyuvante en el proceso de salida a la crisis, contempla así la coordinación –y constante evaluación- de las diferentes instancias (federales, estatales, municipales) de la burocracia pública y representantes del capital privado rural, financiero, industrial y comercial, a fin de que la acción de los Comités estatales de producción, los distritos de riego, los de temporal y los Comités Locales de Producción redunde, en última instancia, en la diferenciación social, básicamente constituida de burguesía y proletariado rural, minimizando la presencia del campesinado.

Por el lado de la expansión de la burguesía, los mecanismos mencionados deberán intentar, según el esquema gubernamental, estimular la inversión privada en el campo, fundamentalmente de capital monopolista –incluso externa directa, proveniente de gran capital trasnacional monopolista- y competitivo, de manera de organización interna, de las unidades productivas en las áreas regadas y en las de buen temporal, redunde en la consolidación y/ ó creación de empresas agropecuarias y agroindustriales, de corte típicamente capitalista.

Por el lado de la descampesinización y proletarización, se trata de: convertir a una minoría de ejidatario y minifundistas privados, en “socios” empresarios capitalistas; transformar a la mayoría de los actuales campesinos, en asalariados –reales o formales- de los empresarios actuales o nuevos-; dar ocupación más o menos permanente, a los aproximadamente 3 millones de jornaleros agrícolas que existían; convertir al grueso de los solicitantes de tierra en proletariados permanentes y a una minoría -vinculada con situaciones explosivas de lucha de clases- en ejidatarios, vía su colocación en las “vacantes” de tierra, abiertas por la compra gubernamental de superficies a pequeños propietarios, por la regularización de tierras, por la puesta en marcha de las grandes obras hidráulicas de riego iniciadas el sexenio pasado, ó por el establecimiento de nuevos centros de población –ejidal en el sureste del país.

Todo lo anterior significa que, así como la Alianza para la Producción tiene objetivos concretos, diversos, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, también el contenido de los planteamientos gubernamentales para un sector específico –en este caso, el agropecuario- incluye una clara delimitación de los roles económicos que las instancias intra estatales deben jugar. Con el objeto de lograr la implantación efectiva del esquema tripartita, compuesto por la cadena descampesinización-proletarización-empresarialización definitiva, conforme al cual el agro deberá convertirse en coadyuvante al sorteo de la crisis para 1980, en estas instancias tienen definido el papel que deberán desempeñar.

El aparato burocrático, además de regir el proceso de implantación global del esquema, debe proporcionar infraestructura, financiamiento, mecanismos adecuados de comercialización y tecnología. El trabajador agrícola y ganadero debe tener una mayor productividad (mayor explotación). El empresario agrícola debe invertir más, ganar más y proporcionar mayores volúmenes de materias primas, bienes de exportación y alimentos populares; ala vez, debe abrir constantemente nuevas fuentes de empleo. El empresario, nacional extranjero, con intereses ubicados en otros sectores de la economía, debe canalizar fondos hacia la producción agropecuaria y agro industrial.

Ya se había visto, en el primer título de este documento, que la aceptación de las propuestas de fracción hegemónica de la burocracia pública, en cuanto a la implantación de la Alianza para la Producción como mecanismo para salir de la crisis económica del país, no compete básicamente a la izquierda revolucionaria; es asunto que se determina, en lo fundamental, en el ámbito interno del Estado de mexicano. También se ha pasado de vista al hecho de que las diferentes categorías sociales del capital privado, no acepten automáticamente las propuesta al respecto de la reacción Lopezportillista del aparato burocrático, sino que ello depende fundamentalmente de la medida en que estas presenten concordancia con sus propias perspectivas en cuanto a tasas de explotación, ganancia, acumulación y reproducción. Por último, hay que recordar la mención en el sentido de que el mismo aparato burocrático, frente a las respuestas globales y concretas en cuanto a la forma que a través de la Alianza para la Producción puede sortearse la crisis, no esta exento de contradicciones en su seno.

En el caso concreto del sector agropecuario, todas estas circunstancias están presentes. El efectivo cumplimiento del rol económico que la fracción hegemónica de la burocracia central se delimita a sí misma (y delinea a las otras instancias intra estatales vinculadas directamente al medio rural), en concordancia con la Alianza para la Producción, el PNAF y el esquema de descampesinización, va a estar obstaculizado, tanto por factores ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como circunstancias localizadas en el “medio ambiente” social en que éste se encuentre inmerso. Veamos lo anterior con mayor detalle.

a)El aparato burocrático y la conducción de la proletarización-descampesinización definitiva del agro, el aparato burocrático se auto asigna un papel: el de “rector” ó efectivo conductor de este proceso. Sin embargo, surgen en realidad algunas circunstancias que dejan ver claramente que el Gobierno Federal no tiene la fuerza real que ello requeriría. Estas circunstancias son, básicamente, las siguientes: a)al interior de la burocracia pública hay grupos que no están de acuerdo con la descampesinización; b)existe un feudalismo y tortuguismo administrativo, que impide la coordinación intra burocrática que se requeriría para que el gobierno, como conjunto, realmente condujera el proceso de descampesinización; c)el aparato burocrático no tiene los recursos monetarios requeridos, para cumplir con el papel que se ha asignado a sí mismo; d)el aparato burocrático no puede obligar a la burguesía rural a cumplir el papel que le ha asignado en sus planes.

a.1)”campesinistas” y “descampesinistas” en el gobierno: Para empezar, el que el aparato gubernamental el real conductor del proceso de descampesinización, se enfrenta al hecho de que la búsqueda no tiene el total consenso interno; en su propio seno coexistían corrientes que sostienen puntos contrario, respecto a como debe el campo contribuir al proceso de salida a la crisis. Al interior de la burocracia central del Estado mexicano se da una sorda lucha entre grupos “campesinistas” y grupos “descampesinistas”. Durante el año, aparece resolverse globalmente la contradicción –al hacer suya la fracción López portillista, la búsqueda de la “descampesinización”- a favor de los segundos, pero los sectores gubernamentales que sostienen la necesidad de la permanencia, durante la crisis, de las formas campesinas de producción en el agro continúan ubicadas en importantes posiciones. Existen algunos puestos secundarios de mando al interior del gobierno –principalmente en la SRA, pero también en la SARH y el Banrural-, con claros vínculos con el Congreso de la Unión y con sectores de intelectuales y organizaciones campesinas ubicadas en el medio exterior al aparato burocrático, de los cuales no han sido expulsados. La simple persistencia política de esta corriente , aunque por lo pronto debilitada, implica que no es imposible su potencial fortalecimiento, en grado determinado por la mera específica en que sus sostenedores sean capaces de nutrirse de las contingencias que se presenten. Su persistencia como corriente política representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos proyectos, planes, esquemas y programas puedan en cualquier momento influenciar, en grado más ó menos significativo, a los lineamientos económicos López portillistas de proletarización definitiva del agro. Estas corrientes “campesisnistas”, al intentar moldear (conforme a sus propias perspectivas) los planes de proletarización definitiva sostenidos por la fracción López portillista, ó los “contaminan” con su posición de lo que debe suceder en el medio rural, ó se oponen a su puesta en marcha. Ello obviamente, reduce las posibilidades globales del aparato burocrático –como conjunto social- en tanto único rector de la implantación del esquema de “descampesinización”.

a.2)Feudalismo administrativo y planes gubernamentales: Para el aparato burocrático se constituya en el auténtico rector del aplicación del esquema de la “descampesinización”, es requisito indispensable que sus canales internos de acción sean fluidos y eficientes. Sin embargo, durante 1977 esta posibilidad se enfrenta a serios problemas. En primer lugar, la puesta en marcha de una “reforma administrativa” –que en el caso del sector agropecuario está singularmente ejemplificada por la unión de la SRH y la SAG, dando lugar al nacimiento de la SARH- cubre, durante este año, la imprescindible primera etapa de ajuste en que, más de agilizar procedimientos, los obstaculiza aún más. Independientemente de ello, parecería que –en lo general- la reforma administrativa se muestra incapaz para acabar con la acción de las camillas intra burocráticas, de diversa magnitud de fuerza política, con mayor ó menor grado de vinculación con fuerzas externas a la burocracia, que obstaculizan la fluidez de las decisiones “jerárquicas” y conducen al “tortuguismo burocrático”, a la falta de coordinación entre dependencias gubernamentales, a la corrupción, al no adecuado embonamiento” de las oficinas agregadas al conjunto preexistente, a la lucha por mantener la organización interna tal como está, y al traslape de las funciones.

a.3)Insuficiencia de recurso gubernamentales: La falta de fluidez y e total consenso interno no constituye, ni de lejos, los únicos obstáculos al que se enfrenta el aparato burocrático para ser el efectivo rector del proceso de implantación del esquema de proletarización del campo mexicano, como medio para cumplir con las metas específicas del PNAF y con los objetivos globales de la Alianza para la Producción. Se les agrega, de inmediato, el problema representado por la relativa y absoluta penuria económica de la burocracia central. El monto del presupuesto federal autorizado (677, 000 millones de pesos) para el año, ligeramente superior -en términos reales- al de 1976, incluye 170,00 millones de pesos destinados a inversiones. Del total del presupuesto público destinado a inversiones, la parte correspondiente al fomento de actividades agropecuarias representa un incremento del 50% con respecto a lo del año anterior. Con todo y ello, el incremento en la parte de la inversión pública destinada al agro no basta para que el aparato burocrático cumpla con el papel que se ha autoasignado, conforme a sus propios planes, de rector del proceso de “descampesinización”: las Secretarias de Estado, y dependencias vinculadas a ellas, relacionadas con el agro tiene a hora que realizar mayores programas, generalmente con menos recursos reales que antes. Esta situación de inmediato conduce a que la generalidad de las dependencias gubernamentales no cubran la demanda de iniciación y construcción de nuevas obras, destinando lo fundamental de sus recurso presupuestarios al mantenimiento de servicios ya existentes.

Son múltiples los determinantes de esta penuria económica gubernamental. El aparato burocrático se ve imposibilitado para abatir los elevadísimos niveles de defraudación fiscal por la oposición del capital –como clase- a la implantación de una reforma fiscal significativa. Por otra parte, se enfrenta al hecho e que no es posible obtener más ingresos fiscales mediante al recurso del expediente de la elevación de impuestos pagados directamente por las clases trabajadoras. Asimismo, los tibios intentos de dar “mejores” usos a la parte de los recursos públicos que se canalizan como subsidios a la burguesía rural, se enfrentan a muy eficaces presiones por parte de ésta. Se encuentra también con el hecho de que, por la imposibilidad de eliminar súbitamente su función subvencionadora de capital, las empresas estatales siguen produciendo “números rojos”. También, es un hecho que el incremento en la captación indirecta de divisas extranjeras, vía turismo, no es realmente alto; que le corresponde a la explotación del petróleo y gas no se plantea para 1977, y que la posibilidad de incrementar los impuestos a las exportaciones no se cumple en la realidad, porque estas no aumentan significativamente y porque los grupos de capital vinculados a la actividad exportadora se oponen al pago de mayores gravámenes fiscales. A su vez, el recurso gubernamental al crédito externo se encuentra limitado porque: i)la crisis mundial obliga a los países periféricos; ii)de los 21 mil millones de dólares de deuda pública, 5 mil millones vencían en 1977; iii)en “candado” del Fondo Monetario Internacional establece un máximo de deuda gubernamental de 3 mil millones de dólares; iv)en las circunstancias prevalecientes en cuanto a deuda pública externa, la contratación de nuevos préstamos tendría que realizarse en condiciones más desventajosas que de costumbre. Y, por si todo ello fuera poco, no cuenta el aparato burocrático con mecanismos verdaderamente eficientes para asegurar que los recursos que destina formalmente al campo, cumplan realmente su cometido; en este sentido, es importante la falta de verdadera vigilancia, por parte del poder legislativo, sobre el gasto público, dando lugar al surgimiento del “contratismo” y la “corrupción”.

Lo limitado de sus recursos, pues, es uno de los determinantes de mayor peso en el hecho de que el aparato burocrático no se constituya en el efectivo conductor del proceso de implantación del esquema de proletarización definitiva. El alejamiento real del desempeño de su función formal de rector se manifiesta, de inmediato, en lo limitado de las metas del propio PNAF para 1977, en cuanto a superficie total cultivada, cosechada, fertilizada, asegurada, irrigada, rehabilitada y cubierta con programas de extensionismo agrícola. La penuria económica obstaculiza también la importantísima función de “prestamista social” que el aparato burocrático del Estado se ha autodelimitado para lo que se refiere al medio rural; función en la cual la banca privada no lo suple en la medida que podría, a pesar de los impresionantes inonementos en sus niveles de captación de recursos y de todo tipo de estímulos otorgados a las fracciones bancario-financieras de la burguesía. En fin, por esta falta general de recursos, el aparato burocrático se ve maniatado en lo que respecta a la adecuación (cantidad) oportunidad(tiempo) de: la producción y distribución de energía eléctrica requerida para la formación de agroempresas; el funcionamiento del aparato estatal de comercialización y distribución de productos agropecuario, en los niveles necesarios para eliminar la “innecesaria” intermediación; la composición y desempeño de los distritos de temporal y de riego; la política de subsidios, monetarios y/ ó en espacie, a renglones específicos del sector agropecuario; la contratación de personal calificado en técnicas agrícolas y ganaderas; vinculación y enseñanza superior e investigación agrícola, con los programas gubernamentales dirigidos al campo.

a.4)Inexistencia de compulsividad en la planeación del gobierno. Un cuarto factor, que dificulta el que el aparato burocrático sea el real conductor del proceso de implantación del esquema de proletarización del agro, estriba en que el gobierno del Estado mexicano carece de mecanismos realmente compulsivos, que puedan obligar a determinada fracción ó grupo del capital –con intereses ubicados en el agro, ó no- a orientar su producción en la dirección con el volumen y en la calidad por él determinada a nivel de la planeación concreta desprendida de los grandes objetivos de la Alianza para la Producción. A esta incapacidad gubernamental para hacer cristalizar en la realidad sus planes en materia económica en el medio rural –y además de lo esencial, que consiste en que la plane4ación verdadera en una sociedad capitalista es prácticamente imposible -, contribuyen: lo heterogéneo de la burguesía rural, el que determina el que un mismo planteamiento gubernamental pueda ser aceptado por una fracción específica, n tanto que es posible que sea rechazado por otra; el fortalecimiento político del gran capital rural, lo que hace que en caso de “inconformidad” se entablen negociaciones entre una fracción especialmente poderosa de la burguesía y un gobierno que denota un a progresivo debilitamiento de la autonomía necesaria para delimitar como deben darse las modificaciones no sustanciales en la estructura del agro de la sociedad mexicana; el carácter trasnacional de la fracción hegemónica de la burguesía con intereses ubicados en el campo, lo que hace que ésta, especialmente en casos serios de no concordancia con el papel delineado para ella dentro de los planes gubernamentales , puedan reducir el ritmo de inversión directa ó indirecta, cortar definitivamente el flujo de inversiones, ó simplemente abandonar el sector agropecuario y/ó al país; las barrearas proteccionistas de los países metrópolis del sistema capitalista mundial, lo que impide que el gobierno efectivamente logre que los capitalistas rurales acepten la implantación de los planes gubernamentales en aspectos tales como el de producir bienes agropecuarios de exportación; la reducción del mercado interno, lo que obstaculiza significativamente el que los empresarios en el campo que orientan su producción fundamental hacia el consumo nacional, incrementen el volumen de los alimentos y materias primas industriales.

b)La Inversión y las Fracciones Rurales de la Burguesía: Para el efectivo cumplimiento del esquema estatal de proletarización total y definitiva del agro, se requiere no solamente que el aparato burocrático tome efectivamente las riendas del proceso de su implantación, sino que las fracciones de la burguesía, que tienen intereses ubicados en el medio rural, cumplan con su papel en cuanto a la “empresarialización” del agro. A su vez, la máxima expansión de la empresa capitalista en el campo, requiere de la burguesía rural: a)substituya, mediante nuevas inversiones, a la organización campesina de la economía, que abarca buena parte del sector agropecuario: ejido, comunidad y minifundio privado; b)invierta en el campo de acuerdo a alimentos que contemplen su asociación con ejidatarios, minifundistas privados, jornaleros agrícolas, otras fracciones de la burguesía y/ó con dependencias gubernamentales; c)mantenga el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de las regiones más desarrolladas del sector agropecuario; d)siente las bases para atraer inversionistas de otros sectores de la economía al agro; e)genere incrementos considerables en los volúmenes de producción de bienes de exportación, materias primas industriales y alimentos; f)proporciones nuevas fuentes de empleo, al ritmo requerido por el proceso de proletarización; g)reduzca la intermediación “innecesaria” de productos agropecuarios.

Sin embargo, así como el aparato burocrático se le presentan obstáculos para el verdadero desempeño de su papel de rector, así también la burguesía rural se le presentan obstáculos para que el capitalismo en la agricultura y la ganadería tenga, en el contexto de crisis, una acción expansiva. Todos los determinantes del inadecuado comportamiento de la burguesía rural se desprenden de la aplicación, durante 1977, de un análisis –más ó menos explícito- realizado por el empresario del campo, que se dirige a detectar si sus inversiones arrojan o no utilidades iguales ó superiores a las que obtendría si especulara ó si invirtiera en otros sectores de la economía. A continuación se profundiza en algunos de estos determinantes.

b.1)Incapacidad burguesa para sustituir a la organización campesina. El agro requirió, durante 1977, una inversión de 100 mil millones de pesos para “capitalizarse”. De estos, 55 mil millones fueron proporcionados por el sector público y entre 5 y 10 mil millones de pesos por el sector privado; el déficit de entre 35 y 40 mil millones de pesos, en cuanto a inversión requerida, mostró que la burguesía fue incapaz de hacerlo y los recursos los aporto la organización campesina de la economía agrícola y ganadera.

Aduciendo factores –al igual que el resto de los actores sociales del capital- que dificultan un mayor ritmo de inversiones en el campo, la burguesía rural aparece así como el sujeto de una acción económica muy distanciada de la que la burocracia central le ha delineado para: i)poder implantar, vía la máxima expansión de la empresa capitalista en el agro, el esquema de proletarización total y definitiva; ii)alcanzar los objetivos específicos del PNAF; iii)que la agricultura y la ganadería coadyuven al logro del los objetivos globales de la Alianza para la Producción. Determinado básicamente por el hecho de que los lineamientos gubernamentales en cuanto actuación económica en el agro no corresponden estrictamente a su criterio de producir sólo sí se obtienen las máximas ganancias, las diferentes fracciones del capital rural no cumplen con los requerimientos de inversión que les han sido asignados por el aparato burocrático del Estado mexicano. Esta no adopción del funcionamiento económico delineado por el esquema estatal de proletarización se manifiesta, entre otras cosas, en que la burguesía rural no aprovecha los estímulos crediticios –como los del Fondo de Equipamiento Industrial y del “seguro” contra la devolución, del Banco de México- para crear nuevas empresas agroindustriales ó agropecuarias, ó en que no amplia ó aumenta la proporción de la capacidad instalada de las empresas que ya existen. En fin, debido básicamente a la incertidumbre en cuanto a obtención de “aceptables” tasas de ganancias, la insuficiencia de la inversión de la burguesía rural es lo que conduce al hecho de que, de los 32 millones de hectáreas susceptibles de cultivo que existen en el país, durante 1977 sólo se sembraron entre 16 y 18 millones y se levantaron cosechas en alrededor de 14 millones de has.

b.2)Empresas “asociativas” y bajas tasas de ganancias. A pesar de todo tipo de estímulos fiscales, las diversas categorías sociales incluidas en la burguesía rural, no invierten en el sector si no tienen la absoluta certeza de que con ello obtendrán tasas de ganancias iguales ó superiores a la media. En principio, al capital rural se le presentan posibilidades de incrementar los bajos volúmenes de producción de alimentos y bienes de exportación, de lograr aumentos en el ritmo de crecimiento correspondiente al producto agrícola y ganadero en relación con el producto interno bruto nacional, y de elevar la productividad por trabajador empleado en el sector. Sin embargo, estas posibilidades son neutralizadas por el hecho de que, desde la perspectiva capitalista, invertir significa, en las condiciones de 1977: i)transformar el carácter expansivo (determinante principal de algunos de los bajos niveles de rendimientos de producción) de las condiciones de producción agropecuaria temporalera, mediante una mayor intensividad en la aplicación del capital, lo que implicaría –en el caso del pequeño y mediano capitalista, especialmente- necesariamente el acceso a recurso (crediticios y de otra índole) de que no dispone; ii)utilizar mayores volúmenes de insumos que, por el alto control monopólico que existe en el proceso de su distribución y producción, tienen un alto costo; iii)producir, en condiciones en que las “trampas” de la legislación agrícola y ganadera puedan llevar a impedir que fructifiquen intentos, realizados por los empresarios, dirigidos a reducir el precio de los insumos (forrajes, por ejemplo, en el caso de los empresarios capitalistas ganaderos); iv)generar bienes que no es totalmente seguro (por presiones –provenientes de fuerzas políticas ubicadas en otros sectores de la economía- incidencias sobre la política respectiva manejada por el aparato burocrático) queden sujetos a precios de garantía juzgados como “adecuados”; v)arriesgarse a quedar involucrado en un proceso de real puesto en marcha de los planteamientos gubernamentales en cuanto a eliminar subsidios de infraestructura (cobro de uso de agua de riego y por obras de irrigación construidas, por ejemplo), de resultados de investigación agropecuaria-gubernamental y de energéticos (aumento en precios de diesel y gasolina, como potencialidad) que hasta 1976 había venido otorgando la burocracia a la burguesía rural; vi) echar a andar las instalaciones (de empresas “mejoradas”, ó de nueva creación), producto de las inversiones realizadas, en medio de una crisis global de liquidez que dificulta el acceso oportuno y adecuado al crédito institucional-oficial y privado; vii)encontrar mayores dificultades para vender aquella parte de la producción, de una empresa capitalista rural, que e destina a la exportación, dada las crecientes barreras proteccionistas de Estados Unidos; viii)el posible abatimiento de las tasas de explotación de los trabajadores empleados, dado que el contexto sociopolítico del país obliga a la maquinaria corporativa a intentar extender sus mecanismos de dominación a los asalariados rurales, lo que implica su posible sindicalización y, potencialmente, la “igualación” de los salarios del campo y las ciudades.

Con base en estas implicaciones posibles, la lógica de acumulación y reproducción de su capital le impide a la burguesía rural emprender seriamente los proyectos de su “asociación”con los diversos componentes sociales del campesinado y del gobierno, para la formación de empresas agropecuarias y agroindustriales . el empresario con intereses vinculados con el campo mexicano no invierte seriamente, durante 1977, en este tipo de empresas, básicamente debido a los factores en contra que detecta su perspectiva económica. Ello a pesar de que los planteamientos gubernamentales indican que las empresas “asociativas” serán objeto de una canalización adecuada de crédito a través del Banrural, especialmente tratándose de empresas agroindustriales; recibirán inyecciones de capital-dinero proveniente de otros sectores de la burguesía; tendrían enormes ventajas, entre las que destaca la posibilidad de aprovechar la gran oferta de mano de obra barata existente en las “zonas deprimidas2 del país.

b.3)Inversión privada en renglones económicos y regiones geográficas desarrolladas. Además de la posibilidad de lograr que la burguesía rural invierta en empresas “asociativas”, en los niveles requeridos para iniciar el proceso de sustitución de las”formas campesinas” de producción, el cumplimiento del esquema de proletarización demanda que ésta sea capaz de mantener el ritmo de crecimiento de las áreas geográficas y renglones económicos, del sector agropecuario, que detenten el mayor grado de desarrollo relativo. Sí ello no es así, podría ocurrir que el agro se campesinizara aún más.

Sin embargo, durante 1977 la burguesía se muestra incapaz, no sólo para mejorar la producción agrícola y ganadera en general, sino incluso para hacerlo en los lugares y renglones de la economía agropecuaria que tradicionalmente han sido sus bastiones. Ello es consecuencia de que: a) el volumen de recursos públicos subsidiados –en el contexto de penuria económica gubernamental general- a los empresarios capitalista de las áreas más desarrolladas, no solamente no aumenta, sino que incluso se reduce, traduciéndose ello en un tibio proceso de “rehabilitación” de las obras de riego en operación, y en un lento ritmo de apertura de nuevas superficies al regadío, así como el surgimiento de una tendencia hacía la eliminación del subsidio por el uso del agua de riego; b)se de un general abatimiento de los mantos acuíferos disponibles, como fuentes de irrigación, producto que durante décadas los distritos de riego han sido sometidos a una sobreutilización vinculada a los procesos de acumulación de capital en el agro; c)la burguesía rural no se muestra dispuesta a emprender, por su cuenta y riesgo, la investigación agropecuaria-gubernamental y contratación directa de personal calificado, que tradicionalmente le ha sido proporcionada en forma gratuita por el aparato burocrático y que ahora, en las condiciones de escasez gubernamental de recursos, el empresario como tendiente a disminuir; d)los mercados internacionales –especialmente el de Norteamérica-, principales receptores de los productos obtenidos en las áreas más desarrolladas del sector agropecuario, se han cerrado significativamente, como una medida de defensa de sus economías internas en el contexto de crisis económica mundial; e)el precio de los insumos de producción e industrialización agropecuaria tiende alcanzar niveles más allá de los “costeables”; f)al interior del con junto de unidades productivas capitalistas de estas regiones geográficas y renglones más desarrollados, la crisis global de la economía agudiza el proceso de concentración y monopolización –principalmente en manos del gran capital trasnacional- del sector, disminuyendo la presencia de las unidades productivas de pequeña y mediana envergadura y siendo sustituidas por empresas monopólicas que no necesariamente llegan a los niveles de producción anteriormente obtenidos; g)la “floja” relación intersectorial de la economía mexicana determina que la producción de materias primas agrícolas y ganaderas no sea adecuadamente absorbida por la industria; h)=la producción ilegal de drogas, actividad singularmente redituable para la burguesía rural, era eficientemente combatida por la acción policíaca interna y externa del país.

b.4)Fracciones “no rurales” de la burguesía, y su inversión en el campo. Ya se ha dicho que la asociación gobierno-capital privado-campesino aparece, dentro de los planteamientos de la burocracia central, como el camino optimo para lograr: la expansión del capitalismo en el campo mexicano; las metas específicas del PNAF; y, los objetivos generales de la Alianza para la Producción. En el anterior apartado se ha visto que los capitalista rurales no emprenden, durante 1977, significativos niveles de “asociación”, aún en las regiones físico-geográficas y los renglones económicas más desarrolladas del agro.

Como el aparato burocrático esta en situación de progresiva penuria económica, sus planteamientos incluyen la aclaración de que solo la inversión privada en el agro, proveniente de todos los sectores de la economía, salvará la situación encontrada. Sin embargo, al industrial, comerciante ó financiero se le presentan, para invertir en el agro, más ó menos los mismos obstáculos a que se enfrenta el empresario eminentemente rural: escasez de crédito oficial (por crecientes dificultades para obtener financiamiento público adicional, tanto externo como interno) y privado(por insuficiencia de recursos captados, lo que determina que este sea caro, a corto plazo y con fuertes requerimientos de solvencia); inadecuado desarrollo del mercado bursátil, lo que hace que sea muy difícil la venta de acciones de posibles empresas agropecuarias; posibilidades de caer en las garras de los agiotistas que plagan el campo; probabilidad de que los intentos oficiales por estimular la presencia –reglamentada ó no por el Estado mexicano y/ó por el Norteamericano- de las trasnacionales en el agro brinden resultado, lo que implicaría (especialmente para el pequeño y mediano inversionista) el peligro de perder su inversión al agudizarse el proceso de concentración monopólica y de cierre de empresas.

Estos obstáculos, anulados al hecho de que las esperadas divisas generadas por el petróleo se orientarían en el futuro inmediato hacia la implantación de un modelo de crecimiento basado en el paso a la “tercera etapa de sustitución de importaciones” –de bienes de capital-, con el agro se destinarían básicamente los residuos, determinan el que el empresario e inversionista “no rural” –nacional y extranjero- prefiere especular con sus ganancias y esperar a que el modelo de desarrollo esté bien cimentado para invertirlas en otros sectores de la economía. Por todo lo anterior, el proceso más bien tiende a invertirse con respecto a los planteamientos gubernamentales : la transferencia de recursos no es de la banca, la industria y el comercio al agro, sino al revés (tanto empresarios del país, como de la inversión extranjera directa).

b.5)Producción agropecuaria. Para que el esquema de la descampesinización tenga real cumplimiento, las fracciones de la burguesía con intereses ubicados en el agro tienen que demostrar que son capaces de producir en los niveles previstos por el PNAF. Sin embargo, ya se ha visto que la burguesía rural no invierte en la medida suficiente como para sustituir al ejido y al minifundio ejidal y privado; que no se “asocia” con otras fuerzas económico-sociales para constituir un número significativo de empresas agropecuarias y agroindustriales. También se ha mencionado que durante 1977 los inversionistas “extrarurales” –del país y de fuera de él- no canalizan volúmenes adecuados de recursos al agro y que igual sucede con las inversiones gubernamentales, que destinarían proporciones crecientes de las divisas y recursos hacia el desarrollo de una industria de bienes de capital. Todo ello determina el que, al igual que lo acontecido con los bajos niveles de producción del resto de las fracciones de la burguesía, el capital rural no produjo durante 1977 volúmenes suficientes de alimentos, materias primas y bienes de exportación. En este sentido, parecería que la burguesía rural responde, durante este año, de manera casi opuesta a como le ha sido señalado –y que diversas fracciones y grupos de ella han formalmente aceptado- por el Gobierno. En vez de invertir mas y tener mayores volúmenes de estos productos, a menor precio de venta, se tiende a invertir menos, con menor producción y a mayor precio de venta. El que la burguesía rural no cumpla con la función requerida para expandir las empresas capitalistas en el agro a costa de la reducción de la función económica de las formas campesinas de producción, esta determinado, como ya se ha visto, por tres grandes categorías de obstáculos: a)obstáculos que se desprenden de la inadecuada canalización de recursos gubernamentales a las empresas capitalistas; b)dificultades que surgen como consecuencia de la “descapitalización” de la burguesía rural en el contexto de crisis; c)escollos físicos y geográficos que se vuelven más difíciles de combatir por la mayor escasez de fondos y recursos surgida con motivo de la inflación-recesión.

Estas tres grandes categorías de obstáculos determinan el que la producción de alimentos no crezca. Ante una inadecuada respuesta –principalmente del sector empresarial de la agricultura y de la ganadería -, los incrementos en el volumen de importaciones de productos agropecuarios alimenticios son muy altos. La burguesía rural disminuye sustancialmente la superficie destinada a la producción de alimentos en virtud de que para ella –por no existir precios de garantía juzgados como “aceptables”- es más redituable cultivar otros productos . guiados por su lógica de máxima acumulación y reproducción de capital, algunas fracciones de la burguesía llegan incluso a presionar al aparato burocrático, a fin de establecer mecanismos que permitirían cultivar en el país sólo productos “rentables”, y el resto tendría que importarse.

Los obstáculos mencionados también repercuten en que la s exportaciones de productos agropecuarios disminuyan aún más: durante el primer trimestre de 1975, la agricultura participaba con el 42% del valor total de las exportaciones; en el mismo periodo de 1977, su participación se reduce al 36% (no obstante que compite con un sector industrial en retracción). La producción de bienes de exportación denota bajas; sin embargo, en este caso la reducción no se puede atribuir significativamente a la falta de crédito, ya que los estímulos gubernamentales a la exportación hace que éste no sea escaso con respecto a la exportación. Aquí, los factores que a los ojos de la burguesía se convierten en obstáculos básicos para aumentar las exportaciones, son: a)muy amplias fluctuaciones en los precios internacionales de productos agropecuarios; b) tendencia al abatimiento de la demanda norteamericana de estos productos; c)e3sfuerzos gubernamentales destinados a que la producción estatal e estos productos, primero satisfaga la demanda nacional.

Tampoco se incrementa la producción de materias primas agropecuarias requeridas por la industria. De hecho, el decremento en la superficie cultivada en algunos de estos productos (fibra y semilla de algodón, por ejemplo) determinó en algunos casos el cierre de buena parte de la capacidad productiva de las industrias que los utilizaban.

b.6)Burguesía rural y generación de empleos. La aplicación del esquema estatal de proletarización definitiva contempla el que la burguesía rural, al sustituir la función económica de la organización campesina de la producción, cree empleos en la medida requerida para dar ocupación permanente, tanto a los tres millones de asalariados agrícolas que ya existían, como a los nuevos contingentes de proletarios que implicaría la puesta en marcha del esquema. Sin embargo, al igual que al resto de las fracciones de la burguesía rural, por el contrario, al agudizamiento del fenómeno, debido a que: a)tienen un bajo ritmo de inversiones; b)tienen una muy baja utilización de la capacidad instalada en sus empresas; c)tienden a utilizar tecnología ahorradora de mano de obra. Por otra parte, el Gobierno –a pesar de las presiones de los trabajadores organizados de este y otros sectores de la economía- no pueden sustituir directamente esta función del capital privado rural, básicamente por dos razones: i)porque la estrategia de vinculación más estrecha al gran capital, representado entre otros por el acuerdo con el FMI, establece precisamente lo contrario; ii)porque al hacerlo, dañaría los intereses inmediatos de importantes sectores de la burguesía rural.

De manera que, de acuerdo al esquema gubernamental de la proletarización, la solución al problema del desempleo en el campo esta en manos de la burguesía rural. Sin embargo, su incapacidad al respecto –denota durante todo el año, es notable. Esto es especialmente claro en el caso del pequeño y mediano capital rural; resulta tan afectado (por la reducción del mercado interno y externo, por los altos costos de producción, por la inadecuada administración y por la falta de crédito) por la crisis estructural interna y por la recesión de la economía capitalista mundial, que se generaliza la quiebra y el consecuente cierre de sus empresas. A diferencia de ello, el gran capital rural puede fortalecerse con la crisis; esta en posibilidad de sacar ventaja del mercado, vendiendo a precios más altos productos dirigidos a un mercado más compacto, pero con la alta capacidad de compra; se apropia de los renglones del mercado de productos agropecuarios que estaban en manos de los pequeños y medianos capitalistas, al darse el cierre generalizado de las empresas de estos; puede traducir las alzas de los costos de producción en la elevación del precio de sus productos; esta en posibilidad de contar con altos volúmenes de créditos y otras formas de financiamiento, como la emisión de acciones. Pero este robustecimiento no significa que el gran capital rural genera mayores volúmenes de empleos. El gran capital rural es fundamentalmente trasnacional(norteamericano, básicamente); por ello, muy probablemente su afluencia (en mayores volúmenes) al país se vería obstaculizada, no por el aparato burocrático del Estado mexicano(que en el mejor de los caso los “regulara”), sino por diversas instancias del propio Estado norteamericano (en la recesión de la economía de ese país). Así, incidiendo en el monto y destino de la inversión extranjera norteamericana directa en el país (y también en el problema del creacerismo), las diversas fuerzas sociales de la sociedad norteamericana determinan indirectamente –en algún grado- el abatimiento de los niveles de desempleo rural en la formación social mexicana.

b.7)La “innecesaria” intermediación en el agro. El control y regulación de la actividad comercial en el agro especialmente importante para el Estado. El esquema estatal de descampesinización del agro, solo es posible mediante inversiones privadas suficientes como para desplazar la función económica del ejido y del minifundio, requiere que las utilidades reviertan a los capitalistas que las efectúan. Esto implica debilitar al sector de comerciantes que, sin tomar parte directamente en la producción agropecuaria, sí se quedan con buena parte del producto agropecuario.

Sin embargo, a pesar de modificaciones legales tendientes a hacer posible que las diversas dependencias del aparato burocrático tengan una presencia mucho más activa en la esfera de la distribución de productos agropecuarios, y no obstante que la burocracia central cuanta con el apoyo de fracciones de la burguesía rural y que están verdaderamente interesadas en hacer desaparecer esta intermediación innecesarias y sustituirla por un aparato de comercialización moderna, la desaparición de comerciantes “atrasados” no se da durante 1977.

Ello está determinado por: a)la impotencia gubernamental para crear un sistema de comercialización alternativo al ya existente, debido a que ello implicaría altos costos que no pueden sufragar; b)el hecho de que los comerciantes en general, incluyendo a los “atrasados”, robustecen durante el año su capacidad de negociación en materia de política económica, llegando incluso a influir en la determinación de la política oficial de precios; c)el sólido raigambre que tienen que tienen –vía financiamiento, y en sustitución del crédito oficial y de la banca privada- los intermediarios en la producción agropecuaria; d)el hecho de que los empresarios de la industria y el campo, ante la puesta en marcha de una política oficial de precios que juzgan como no del todo adecuada, no responden, en la acción, a los llamados gubernamentales para la creación de modernas empresas comerciales; e)el casi total dominio de renglones específicos del mercado de productos agropecuarios (carne, por ejemplo) por parte de los intermediarios “atrasados”; f)la posibilidad de que las nuevas técnicas de conservación de productos agropecuarios, durante el proceso de distribución, sean aprovechados precisamente por los intermediarios que se intenta suprimir; g)la versatilidad de la presencia del intermediario en la producción agropecuaria , lo que hace que si una rama específica del sector no le es lucrativa, ubica su actividad fundamental en otras; h)el eficaz manejo de la imagen ideológica conforme a la cual los comerciante aparecen, no como determinantes del proceso de inflación, sino como una víctima más de éste; i)la gran cantidad de leyes y ordenamientos que generan confusión, impunidad y corrupción en el proceso de intermediación de productos agropecuario; j)el hecho mismo de qué, en la práctica, es muy difícil distinguir entre la intermediación atrasada e innecesaria, y la intermediación moderna y necesaria.

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B) Reforma Política en el campo

Ya se ha dicho aquí que Alianza para la Producción y Reforma Política son los dos componentes inseparables dela manera conforme a la cual el aparato burocrático del Estado mexicano plantea poder salir de la crisis para 1980. en anteriores apartados, se ha desarrollado la tesis que señala que la efectiva puesta en marcha de ambos componentes –la “respuesta completa” que la burocracia central da a la crisis- es un asunto que compete básicamente a la resolución de las contradicciones secundarias al interior del Estado mexicano. La efectiva implantación de la Alianza para la Producción está fundamentalmente determinada por la dirección en que se resuelven los conflictos surgidos entre burguesía y aparato burocrático, así como por la “resultante vectorial” de las contradicciones intraburguesas e intragubernamentales. A su vez, la verdadera modificación superestructural que implica la Reforma Política depende de cómo se resuelvan las contradicciones entre –y en el interior de- el aparato burocrático, la maquinaria corporativa del Estado y las organizaciones de lucha política directa de la burguesía.

También se ha mencionado que los determinantes, en el contenido y los efectos de la Reforma Política y de la Alianza para la Producción adquieren especificidad diversa, de acuerdo al sector concreto de la economía del país en que se intenta aplicar. En el anterior apartado se ha establecido que, en el caso concreto del sector agropecuario, la pretensión de aplicar la Alianza para la Producción –esto es, la implantación de un proceso de total y definitiva proletarización del agro- se encuentra dificultada durante 1977, tanto por factores ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como por el alejamiento de la función de inversión que los planteamientos gubernamentales le asignan a las fracciones de la burguesía rural. Toca ahora hacer lo mismo con la reforma política: delimitar que escollos se le presentan para convertirse en el efectivo condicionante superestructural de la implantación del esquema de “descampesinización” que, conforme a los planteamiento gubernamentales, deberá ponerse en aplicación de 1977 a 1980.

En lo que sigue se pretende detectar los obstáculos que -provenientes del funcionamiento superestructural real del aparato burocrático, organizaciones de lucha de la burguesía rural y maquinaria corporativa del Estado en el campo- dificultan, durante 1977, la efectiva puesta en marcha de la reforma política que la fracción hegemónica de la burocracia pública ha impuesto en lo general. Las tesis básicas al respecto, que se intentará fundamentar en lo que resta del presente resumen, son:

a)al funcionamiento superestructural real del aparato burocrático no cumple con su auto asignada tarea de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural. Las acciones que emprende, encaminadas a promover una adecuación jurídica que legitime el proceso de proletarización, no necesariamente eleva la confianza del capitalista del agro, básicamente porque, paralelamente a ellas, el gobierno –debido, a su vez, a que tiene dificultades para mantener, dentro de los límites “soportables” el deterioro de los niveles de vida de las clases trabajadoras rurales, a que tiene problemas para institucionalizar la solución de los conflictos sociales en el campo, y a que no se muestra eficaz en la transmisión de la nueva imagen ideológica de la Reforma Agraria- tiene que ser mínimamente permisivo (en aras de la permanencia de cierto grado de legitimidad) en cuanto afectación de tierras para fines de reparto y en lo concerniente a invasiones agrarias, y se niega hacer un uso verdaderamente profundo de la represión físico-militar.

b)el funcionamiento superestructural real de las fracciones, grupos, sectores y capas de la burguesía con intereses ubicados en el agro, tiende más bien a corresponder a una visión del ámbito político-ideológico conforme a la cual gobierno y maquinaria corporativa aparecen como entes sociales que requieren ser constantemente vigilado por las organizaciones de lucha política del capital. Debido fundamentalmente a su inadecuada interpretación de las acciones tomadas –y del discurso político empleado- por la burocracia central del Estado mexicano, con respecto al campo, la burguesía rural no acepta que se dañen sus intereses inmediatos, ni aún cuando esto suceda como una respuesta superestructural a la radicalidad alcanzada en la lucha de clases. Tiende, por el contrario, a presionar al aparato burocrático hasta colocar en una posición cercana al punto de pérdida total de legitimidad popular en el agro.

c)A su vez, el funcionamiento superestructural real de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, tiende alejarse significativamente del que le ha sido asignado en los planes gubernamentales respectivos. Debido básicamente a que los dirigentes nacionales de las diferentes organizaciones que componen al sector campesino del PRI compiten por obtener para sí la hegemonía del proceso desatado por la reforma interna de la maquinaria corporativa, durante el año no se avanza significativamente en la formación, en el agro, de una única organización política del Estado. Sí a ello se le aúna el hecho de que, determinado por el agudizamiento del proceso de deterioro de sus condiciones materiales de vida, sus propias bases sociales y cuadros intermediarios de dirigentes denotan un incremento de su militancia efectiva que se acerca a los límites de seguridad del Estado, y si además se le agregan las crecientes dificultades para extender y profundizar su control sobre los asalariados, subocupados y desocupados rurales, se entiende porque la maquinaria corporativa muestra tendencialmente que sería incapaz de neutralizar eficazmente una acción expansiva seriamente emprendida, por las organizaciones políticas independientes en el campo mexicano, de 1977 a 1980.

Veamos cada una de estas tesis con mayor detalle.

a)Aparato burocrático y “confianza” de la burguesía rural:

a.1)Intentos de Adecuación Jurídica. Desde la perspectiva de la fracción hegemónica de la burocracia pública, el Derecho “legitima la lucha de los contrario”. Conforme a su concepción, la lucha por transformar la sociedad aparece como posible, únicamente sí se da dentro de los marco jurídicos existentes: sólo para transformarlos, no para transgredirlos. Entre otras razones, es por ello que el proceso global de Reforma Política abarca, en la primera etapa, su aprobación formal por el Congreso de la Unión. Con fundamento en esta perspectiva, la posición gubernamental respecto a la necesidad de efectuar adecuaciones superestructurales de la sociedad mexicana (que sería necesario satisfacer para salir de la crisis) debe iniciarse precisamente con la actualización del ámbito jurídico-legal.

Con relación al campo concretamente se trata de modificar la legislación para dar plena seguridad al empresario rural. En el caso del medio rural, sin embargo, esta preocupación de la burocracia central para sentar las bases jurídicas, que posibilitarán la legitimidad de la implantación del esquema de descampesinización y proletarización definitiva, va a contribuir a la producción de fuertes dosis de desconfianza en la burguesía rural. Esta desconfianza va estar determinada por el hecho de que, desde el ángulo de visión del capital agrícola y ganadero, aparece como posible: a)que la reforma política, al hacer factible que el aparato burocrático se apoye simultáneamente en la desgastada maquinaria corporativa y en las minorías políticas de izquierda, redunde en el fortalecimiento de la autonomía relativa del gobierno y, por lo tanto, en el incremento de la compulsividad para hacer que el capital privado del agro se comporte de acuerdo a sus lineamiento; b)que la reforma administrativa implique el fortalecimiento de la SRA, en la que el capital ve la continuación del reparto agrario de tierras que se oponen terminantemente; c)que el poder legislativo cobre una creciente independencia frente al poder ejecutivo –ente otras cosas porque en el Congreso de la Unión están ubicados residuos del Echeverrismo, porque los mecanismos de control sobre diputados y senadores no funciona tan bien como antes, y porque las representaciones de los sectores de la maquinaria corporativa hacen planteamientos cada vez más audaces-, lo que podría llegar a manifestarse en la generación de ordenamientos legales que no favorezcan directamente a los intereses de los empresarios rurales; d)que los nuevos enfoques utilizados para el estudio del agro mexicano –alimentados por el auge cobrado por las ciencias sociales en el país-, al desenmascarar el verdadero carácter de los diversos niveles jurídicos-legales relacionados con el medio rural, “contaminen” las directrices marcadas por la burocracia central.

Pero, además de todo ello, existe un caso en que la actualización jurídico-legal es especialmente importante. Para que haya cumplimiento con el papel de inversión que le ha sido asignado por el aparato burocrático, (a la burguesía rural), sus dirigentes afirman que requieren tener la certeza de que la inconformidad y los conflictos sociales, que generaría la implantación del esquema de proletarización definitiva, serán controlados, institucionalizados, 2arbitrados”, por el Estado. De ahí la relevancia que la burocracia central otorgue a la modificación de leyes y reglamentos, necesaria para la formación de los Tribunales Agrarios. Sin embargo, al igual que lo que sucede con la generalidad de las modificaciones antes mencionadas, las perspectivas del surgimiento de los Tribunales Agrarios, como mecanismo fundamental de arbitraje estatal en el agro, no parecen despertar en la burguesía del campo altos niveles de confianza. Ello esta determinado por: a)los antecedentes de la disfuncional existencia de organismos equivalentes a estos Tribunales, desde 1915; b)el hecho de que, al formarse los tribunales, se diluiría en ellos el poder de arbitraje que hasta entonces se concentraba en la SRA, con lo que, en ocasiones, estos organismos -al verse sometidos a nivel regional y local, a las presiones, difíciles de vencer, que proviene de la burguesía rural- tenderían al enfrentamiento con las instancias nacionales del Estado; c)la posibilidad de que el nuevo engrane del aparato estatal, de mediación política en el agro, este constituido por funcionarios gubernamentales que hayan sido “víctimas” del proceso de marxistización” ideológica, que hace que quede fuera de control del Estado nacional una no despreciable parte del ámbito de su propia actuación.

a.2)Persistencia de invasiones agraria y afectaciones de tierra. Diferentes grupos de presión –dentro y fuera del engranaje estatal- intentan conducir al aparato burocrático hacía la realización de nuevos reparto agrario. Como el aparato burocrático no satisface estos requerimientos de tierra, persisten –a nivel mínimo- las invasiones legales. Inquietud, desempleo y violento deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores rurales, se unen y condicionan el que los líderes, locales y regionales, de las organizaciones políticas de apoyo proestatal actúen, en este sentido, de manera diferente a la que le esta señalada por los controles estatales establecidos. A pesar de que la perspectiva oficial estriba en sostener que las invasiones que existen son “herencia” del régimen pasado, las diferentes organizaciones de lucha, de la burguesía rural, sostienen que las invasiones continúan, por lo que no puede tener total confianza en el régimen.

Los dirigentes del aparato burocrático han normado su política de afectación de tierra en función del mantenimiento de un mínimo indispensable de niveles de legitimidad –juzgados, por ellos como “adecuados”-. Por esta razón, para ir eliminando expectativas incontroladas, se difunde masivamente el hecho de que el gobierno afectará sólo –cuanto antes- los que es posible afecta 8dejando, así, claramente establecido que la pequeña propiedad no será tocada), a la vez “desradicaliza” las acciones agrarias de finales del sexenio de Luis Echeverría.

Pero si la desconfianza de la burguesía rural se genera por la persistencia –a niveles muy bajos- de invasiones “ilegales” de tierra, ésta se incrementa considerablemente cuando el Gobierno, en aras del sostenimiento de un mínimo de legitimidad de la imagen que lo presenta como heredero directo de las reivindicaciones campesinas del movimiento armado 1910-1917, plantea como todavía vigente, la abstracta posibilidad de afectación de tierras para fines agrarios. Diferentes agrupaciones de empresarios rurales señalan constantemente la probabilidad de que sus superficies sean afectadas –sin recibir pago “justo” en cambio-, por lo que demanda seguridad en la tenencia de la tierra. Su inseguridad se genera porque, en su concepción: a)siempre está presente la posibilidad de que, alimentada por la izquierda intra y extraestatal, que sostiene que lo afectable es mucho más de lo que asegura el Gobierno, la reforma agraria se radicalice; b)las investigaciones que continua realizando la SRA, para detectar latifundios de viejo tipo, representan un claro indicador de que la política de afectación, de hecho continua.

a.3)La nueva imagen de la reforma agraria: la fracción hegemónica de la burocracia pública no sólo efectúa cambios en materia de adecuación jurídica, con objeto de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural. Tampoco se agotan las modificaciones superestructurales que promueve, con la actualización de los procesos de institucionalización de conflictos agrarios y con los cambios en la actitud oficial frente a invasiones agrarias y afectaciones de tierra. Además de todo ello, promueve la difusión de una nueva imagen de la Reforma Agraria. En la nueva imagen ideológica: a)la reforma agraria aparece como posibilitadora de que el campo mexicano deje de ser determinante de la “economía ficción” del país; b)los repartos agrarios sólo pueden continuar haciéndose, en pequeña escala, en la modalidad de “Nuevos Centros de Población Ejidal”; c)se parte de la inexistencia de latifundios, aceptando sólo la presencia de acaparamientos de tierra; d)aparece la mano de los tecnócratas legitimadores del Estado, brindando como “solución” la ocupación en el medio rural vía asalarización, no vía reparto agrario de tierras; e)durante un primer periodo, en el proceso de su constitución, se hacían ataques oficiales a la política agraria del régimen echeverrista, para después, en un segundo momento, rectificar la posición y aclarar que el echeverrismo en el campo realmente benefició a la burguesía rural.

Sin embargo, una cosa es la construcción de una nueva imagen de la reforma agraria, y otra es que ésta se convierta en verdadero elemento ideológico: que sea eficazmente difundida por el Estado, para su aceptación e interiorización por parte de las masa populares del agro. En cuanto a la eficiencia ideológica de la nueva imagen, se le presenta al aparato burocrático algunas dificultades: a)la monopolización privada de los medios de comunicación masiva hace posible que la imagen transmitida puede llegar a tener un contenido bastante diferente al que la perspectiva gubernamental le ha dotado originalmente; b)la eficacia en la transmisión de la nueva imagen ideológica se ve obstaculizada porque a las peticiones institucionales de afectación de latifundios reales, las autoridades agrarias responden con argucias legaloides, señalando su inexistencia legal; c)simultáneamente, al inicio de acciones concretas, contenidas en esta nueva imagen ideológica –tales como las emprendidas para armar las empresas “asociativas” en el campo-, estas mismas medidas dejan de tomarse en otros sectores de la economía ; d)la nueva imagen es desideologizada por el conocimiento científico social y por la acción de las organizaciones campesinas independientes, juzgando permanentemente esto como erosionador de su efectividad ; e)sectores que tradicionalmente hubieran apoyado la difusión e interiorización de esta nueva imagen de la reforma agraria –como la Iglesia Católica-, en esos momento, por divisiones en su interior, son un dudoso medio auxiliar.

a.4)Deterioro de las condiciones de vida de la población rural. La crisis del modelo de desarrollo capitalista, dependiente y derivado, iniciado desde mediados de los ´60, para 1977 tiene como corolario un muy acentuado deterioro en las condiciones de vida de las masas populares del país. El aparato burocrático –entre otras razones, por presiones de la maquinaria corporativa del Estado- toma medidas que permitirían mantener ese deterioro dentro de los límites tolerables, intentando evitar así los efectos político-ideológicos incontrolados, que el no hacer inevitablemente implicaría. Sin embargo, las medidas que toma en este sentido la burocracia, con todo y que no están encaminadas a detener y superar el proceso, sino simplemente a mantenerlo dentro de los márgenes de permanencia de legitimidad, se ven obstaculizados por: a)la propia penuria económica gubernamental hace que sean escasos los recursos que pueda dirigir a este renglón (COPLAMA, por ejemplo); b)la imposibilidad de implantar coercitivamente, a las diferentes fracciones del capital, sus lineamientos en cuanto a lograr que éstas colabores (en cuanto a mantenimiento de bajos precios, por ejemplo) en el proceso de control del deterioro mencionado; c)la posición, en contra de estas medidas, de las fracciones más poderosas de la burguesía, que consideran que el gasto público destinado al “beneficio social” es un desperdicio.

Debido a estos obstáculos, las medidas que toma la burocracia pública para mantener “tolerable” el deterioro de la situación de las clases trabajadoras del agro, especularmente golpeadas por la crisis, son a todas luces insuficientes. Esta insuficiencia se manifiesta, tanto en el inicio de programas de abatimiento del índice de crecimiento demográfico en el medio rural, como en la puesta en marcha del “seguro de vida” campesino, cuanto en el establecimiento de centros de distribución de productos básicos de consumos en el agro. Pero lo paradójico es que, determinado en algún grado por esta insuficiencia –que en buen medida es producto de la posición de la burguesía-, las masas rurales no se arraigan a sus lugares de origen ni son meros participantes pasivos en el proceso que conducirá a su proletarización definitiva y, por lo tanto, la burguesía rural no estará totalmente satisfecha con la forma en que el gobierno maneja las medidas de control del agravamiento de los niveles de vida del campo durante el proceso de salida a la crisis.

a.5)Cuerpos represivos. Dentro de los planteamientos gubernamentales, parece clara la convicción de que una fuerte agudización de las contradicciones sociales surgirá como producto de la implantación del esquema de proletarización definitiva del agro. Por ello, además de intentar una adecuación ideológica y pretender fortalecer la maquinaria corporativa, el recurso a la violencia estatal para enfrentarse cruda y abiertamente a los diferentes manifestaciones potenciales de inconformidad social es una carta que no esta desterrada; permanece como el medio que, en última instancia, permitiría que en el campo se mantuviera la “estabilidad política”, tan jactanciosa difundida por la fracción hegemónica del aparato burocrático. El Estado se preparaba, durante 1977, para usar la represión, tanto a través de la modernización de los existente cuerpos militares y paramilitares, como mediante la creación de organismos especiales y secretos antigerrilleros. Sin embargo, para fines de obtención de legitimidad, en el contexto de la Reforma Política, dosifica su utilización efectiva. Este uso dosificado de la represión se enfrente –provocando “desconfianza”- a la posición de una burguesía rural interesada en que el Estado haga un uso extensivo e intensivo de ella, especialmente en casos de invasiones “ilegales” de tierra.

b)La burguesía rural y su vigilante perspectiva política:

b.1)Afectación de los intereses de los empresarios rurales. A nivel formal, la burguesía con intereses ubicados en el campo, acepta conducción gubernamental del proceso de implantación del esquema de descampesinización del agro. A nivel real, sin embargo, no esta dispuesta a permitir que esta conducción dañe sus intereses inmediatos, ni siquiera cuando ello sea parte de lo que globalmente se requiere para mantener, temporalmente, a niveles mínimos de legitimidad y de control sobre las diversas manifestaciones de inconformidad que la proletarización del medio rural pone a la orden del día. Mantiene una constante perspectiva de vigilancia y presiona para evitar que se lleve acabo todo lo que, incluido en el esquema gubernamental respecto al campo, pueda debilitarla; ejerce fuerza, no obstante que ello implica que entrar en contradicción con la fracción hegemónica de la burocracia central del Estado mexicano.

Las presiones que ejerce el capital rural sobre el aparato burocrático no son, en este sentido, diferentes de las que emanan de otras fracciones. Al igual que el resto de los componentes de la burguesía, la lucha de los capitales del agro para que, incidiendo sobre los lineamientos gubernamentales, se evite el más ligero daño a sus intereses, tiene un contenido tripartita: económico, político e ideológico.

¿Cómo se da esta lucha de burguesía como clase? Durante 1977, la lucha orientada directamente por su perspectiva económica, incluye: a)la posición, más o menos abierta, a la implantación de medidas redistributivas; b)la utilización, para su fortalecimiento, incluso de las medidas gubernamentales tendientes a controlar su expansión; c)el mantenimiento de bajos salarios; d)el ejercicio de presión par obtener altos precios de sus productos; e)la desradicalización de las demandas del movimiento “organizado” de los trabajadores, f)el recurso a diversas medidas orientadas a permitir continuar beneficiándose con la inflación. La lucha política, a su vez, incluye: a)el aumento, en general, en su capacidad de negociación política con aparato burocrático y maquinaria corporativa; b)la realización de campañas, a favor ó en contra, de determinadas posiciones ubicadas al interior del aparato burocrático; c)la incorporación y subordinación de otras fuerzas sociales, utilizándolas como apoyo a su perspectiva de lucha; d)negociación de alianzas con otras fuerzas sociales –corporativizadas ó no- para lograr la máxima efectividad de su postura. Por último, la lucha ideológica, emprendida durante 1977 por la clase social del capital, para evitar daños en sus intereses, incluye, entre otros: a)las presiones para que, mediante diversos medios, se presente un panorama optimista, no totalmente coincidente con la realidad, de las consecuencias emanadas de la forma en que se planteaba el proceso de salida a la crisis; b)la inclusión, en la ideología difundida, de la aclaración de que el empresario sólo invierte si tiene utilidades, de lo contrario cerrará su “fuentes de trabajo”; c) la difusión de la imagen de el capitalista no es culpable de la crisis, sin o sólo una víctima más de ella.

Con comportamiento similar al denotado por las otras categorías sociales que componen al capital, el embate presentado durante 1977 por los capitalistas rurales, para evitar el más mínimo daño a sus intereses, se da a nivel económico, político e ideológico. Sin embargo, la lucha aquí cobra un contenido específico: todo lo que no se inscriba en su lema de “seguridad y garantías”, es atentatorio y, por lo tanto, combatible en cualquier circunstancia, independientemente de las exigencias superestructurales de un momento específico.

La lucha económica de la burguesía rural, por evitar que sus intereses inmediatos sean afectados, va a perseguir, entre otros objetivos: a)la eliminación de la “economía ficción” en el agro, esto es, obtener de aparato burocrático adecuados precios de garantía para sus productos; b)el mantenimiento de los subsidios dirigidos a ella que previamente existían, pero evitando nuevos subsidios que impliquen la no obtención de altos preciso de garantía ó de venta; c)evitar que el incremento de la participación gubernamental en el agro se traduzca en “estatización” del medio rural y, consecuentemente, la posible expulsión de los empresarios capitalistas de la producción agrícola y ganadera.

A su vez, el contenido superestructural de la lucha emprendida por los capitalistas del agro persigue: a)intentar suprimir las personalidades que sobreviven dentro del aparato burocrático en puestos secundarios de mando, que sustentan tendencias agrarias “campesinistas”; b)enfrentarse eficientemente a las denuncias que señalan que aún existen grandes concentraciones de tierra, imponiendo su visión de que los latifundios son ya inexistentes; c)dejar claramente establecido que la expropiación de tierras, por parte de l Gobierno –aún en los caso que éste no se le presente “políticamente” otra salida-, es inversamente proporcional a su “seguridad” en el régimen; d)obtener la regulación definitiva de la situación de las tierras, especialmente de las de pequeña propiedad, e)oponerse a las medidas que plantea la organización política de los asalariados rurales, incluso cuando estas sean propuestas por la propia maquinaria corporativa del Estado. Los mecanismos que emplea la burguesía rural en su lucha por lograr estos abarcan un amplia gama; incluyen los siguientes: a)la posición –y consecuente retraso en su construcción y operación- a los grandes obras de infraestructura que afectan sus intereses; b)la obtención en caso de afectaciones inevitables, que no se pueden detener- de altos precios pagados por tierra e instalaciones, incluso arriba de los comerciales; c)la amenaza del paro de labores y realización de marchas de protesta.

b.2)las presiones de la burguesía rural y la legitimidad del aparato burocrático en el agro. El capitalista –rural y no rural- presta apoyo absoluto a la política económica del régimen de López Portillo, siempre y cuando su contenido sea totalmente favorecedor de los procesos de acumulación y reproducción de capital. Es un requisito, para sus actores sociales, continuar teniendo “aceptables” tasas de ganancia. Por ello, si las medidas gubernamentales no son a su total favor, los diversos componentes de la burguesía pueden conducir –en su afán por evitar cualquier posible daño a sus intereses inmediatos- al aparato burocrático a tomar “medidas populares”, colocándolo en una posición en que se ponen en entredicho sus límites mínimos de legitimidad . tanto a la mayor reducción de la autonomía relativa del Estado mexicano, cuanto a que el aparato del Gobierno cuente con cada vez menos apoyos sociales, requeridos para su existencia y actuación.

La reforma política significa, aunado al relativo reforzamiento de la izquierda y a la recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, la legitimación de la participación política abierta, de las diferentes fracciones del la clase del capital. Aprovechando el contexto de modificaciones superestructurales, promovidas por la fracción hegemónica de la burocracia pública, la burguesía, como conjunto social, desarrolla durante 1977 mecanismos que conducen a una mayor capacidad organizativa y de presión política, y ensaya nuevos métodos de actuación. Librando la lucha, por lo menos a cuatro niveles –contra la fracción hegemónica del aparato burocrático, contra el resto de las fracciones del capital, contra los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado y, marginalmente, contra la posición de las organizaciones, grupos y partidos políticos de izquierda militante-, determinadas fracciones del capital (especialmente la actuación del Grupo Monterrey) van a intentar obligar al Gobierno a tomar posiciones que, objetivamente, se ubiquen más allá de los límites políticamente tolerables. En esta lucha emplean diversos medios: a)utilizan racionalmente los medios de comunicación masiva; b)realizan paros de actividades; c)reaccionan contra la posibilidad de que sean dañados sus intereses, señalando las “negativas” consecuencias que ello tendría sobre el proceso de salida a la crisis; d)colocan a sus representantes directos –ya no sólo en los referentes locales, municipales y de entidad federativa de la maquinaria gubernamental, en posiciones secundarias de la burocracia central y en niveles de importancia, no principal, en la maquinaria corporativa del Estado- en posiciones clave de la burocracia central (básicamente en el “gabinete económico”, en tanto que es el conjunto operativo SPFI, SPP, SC, SHCP, donde se generan los contenidos originales de la política económica, donde se “retroalimentan” y se modifican éstos conforme a la correlación de fuerzas, donde se formulan las versiones definitivas), volviéndolas “homogéneamente conservadoras”; e)establecen mecanismos más eficientes, de “consulta”, en el aparato burocrático, en torno al contenido de la política económica.

Las fracciones rurales de la burguesía del país tiene un lugar especial en la señalada tendencia hacia la pérdida de legitimidad popular del gobierno. Especialmente fracciones de la burguesía que ya tienen intereses ubicados en el agro (como diferentes de aquellas, cuya presencia en el campo el gobierno se empeña en estimular), frecuentemente no coinciden con las propuestas del aparato burocrático, tanto en lo que se refiere a programas concretos (como en el caso de las agroindustrias), como en el concerniente a las bases mismas de los planes gubernamentales de proletarización en el agro. Empujan y presionan a la burocracia central hasta cerca de los límites de debilitamiento de sus bases superestructurales en el campo. Estas presiones se manifiestan en: a)la posición a que, aún formalmente, sostenga el aparato burocrático –para fines de obtención de consenso social- la apariencia de que aún es posible el reparto agrario, ya que ésto sólo sería factible (desde su percepción) afectando a la pequeña propiedad y, además la sola posibilidad de continuar con las dotaciones sería “bandera” de las organizaciones de los trabajadores del campo sin tierra –corporativizado ó no-; b)el afianzamiento progresivo de la posición que sostiene que el ejido debe desaparecer, para ser sustituido por la pequeña propiedad, c)las presiones para que desaparezca la Secretaría de la Reforma Agraria, con objeto de que ello garantice que la política agraria se someta indiscutiblemente a la política agrícola.

b.3)Interpretación burguesa de la acción y discursos políticos. Si la burguesía rural no admite el más mínimo daño a sus intereses inmediatos, así sea en situaciones explosivas de lucha de clases y si, por el contrario, tiende a empujar al aparato burocrático hacia posiciones de peligrosidad en cuanto a la obtención –por parte de éste- de niveles adecuados de legitimidad, ello esta determinado, en buen grado, por el hecho de que los dirigentes de las organizaciones de lucha de los empresarios del agro, al no tener la visión de conjunto que si tiene el gobierno, no interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas por la fracción hegemónica de la burocracia central. Al basar su conocimiento y su actuación en el contenido explícito de los discursos pronunciados en las “alturas” de la burocracia, muestra –la burguesía que actúa en el medio rural- su incapacidad para distinguir entre objetivos formales y objetivos realmente perseguidos por el Gobierno.

Al igual que al resto de las fracciones del capital, los empresarios del campo “desintrerpretan” los planteamientos del aparato burocrático y/ó maquinaria corporativa, tanto cuando se menciona de alguna manera la necesidad de rectificar el contenido de la política económica seguida durante 1977, como cuando se presentan argumentos en torno en la necesidad de aplicar la reforma política. Las organizaciones de lucha de la burguesía, como clase, no fueron capaces de distinguir, durante 1977, lo que realmente determinaba el contenido de las afirmaciones de cambio de la política económica gubernamental, para descifrar en que consisten éstos, verdaderamente, y en saber en que consistirían los efectos reales que podrían traer consigo. De esta manera, sus líderes se muestran desconfiados cuando se habla de: liberación del gasto público, que no se puede permitir que el capital sea juez y parte en el intento de sopesar lo “correcto” de la política económica seguida; la burguesía, como culpable de la crisis, que no cumple con su parte en la Alianza para la Producción; no autorizar aumentos de precios; no aceptar la ingerencia directa de la burguesía en el contenido de la política y reforma fiscal; que el capital alimenta los conflictos entre políticos y técnicos; la incapacidad de la burguesía para obtener éxito económico real, sino cuanta con la protección gubernamental; que, pese a las presiones para hacer ver lo contrario, los economistas que trabajan en el gobierno no son creadores de problemas, sino simplemente sus detectadores y solucionadores; que el aparato de gobierno no debe ceder a la iniciativa privada sus empresas, pues al hacerlo implicaría su debilitamiento; incrementar los salarios; la posibilidad de que el capitalismo monopolista de Estado se oriente hacia el fortalecimiento, no del gran capital, sino del movimiento obrero y campesino; eliminar los subsidios que tradicionalmente le han sido otorgados.

A su vez, la falta de visión de conjunto determina también, en algún grado, el que la burguesía, como clase, no interprete en su real dimensión el contenido y los alcances de la Reforma Política, promovida e implantada por la fracción hegemónica de la burocracia pública. Se muestra “desconcertada” cuando se asegura que la Reforma Política: romperá el monopolio de la oposición que ha Estado en manos del PAN; brinda amplias posibilidades para que algunos grupos, fuera de control estatal, provoquen una crisis política, aprovechando la coyuntura de crisis económica; podría incluso, significar la presencia de senadores de partidos de izquierda revolucionaria; no cambiará la situación de monopolio de poder, sino que solamente implicará una mejor “imagen pública” de éste, podría llegar a tocar los puntos más sensibles de la “gestión empresarial”, tales como la participación obrera en las decisiones de las empresas de capital privado; no incluye realmente la posibilidad de eliminar la corrupción; es la respuesta a la necesidad de hacer corresponder el nivel político a los cambios que están ocurriendo, y ocurrirán, en el nivel económico; en dos años más, posibilitará que en el Congreso de la Unión verdaderamente este presente la oposición de izquierda; crea “soberbia” de la maquinaria corporativa, que acusa la burguesía de demandar definir jurídicamente las reglas de un juego que favorecerá, aún más, los intereses del capital; está ya coadyuvando a que algunos gobiernos estatales se opongan eficazmente al gran capital; responde a la necesidad de obtener el apoyo político-popular que requiere la “administración” de la crisis; implica, en algunos momentos, la necesidad de defender funcionarios del régimen precedente, a quienes la burguesía pretende borrar del mapa de efectivos actores políticos durante 1977; dará más posibilidades de actuación independiente a los personajes, al interior del Gabinete Presidencial, que le resultan potencialmente peligrosos.

En el caso concreto de las fracciones rurales de la burguesía, están presentes todos los anteriores indicadores de desconcierto y desinterpretación; sin embargo, estos adquieren especificidad adicional. La ideología gubernamental respecto al campo, tiene tanta eficiencia que “engaña”, en cierto modo, a la burguesía rural, cuando: a)altos funcionarios gubernamentales hablan de la necesidad de estatizar el agro, afirmando que ello surge como contrarespuesta a la respuesta que los capitalistas privados han dado a los lineamientos gubernamentales (la alarma surge porque, desde la perspectiva del capital rural, la mayor presencia del aparato burocrático en el campo significa el expulsar al empresario del sector agropecuario); b)se asegura que continuará el reparto agrario legal, en tanto que el aparato burocrático continua recibiendo y “dando trámite” a solicitudes de dotación de tierras; c)se afirma que –a pesar de que, objetivamente, los cambios al respecto han sido históricamente inofensivos para la burguesía- habría cambios en el cuerpo legal respecto al agro, que tenderán a beneficiar a las clases trabajadoras rurales; d)tienen la percepción de que el gobierno no hace nada por impedir que organizaciones políticas independientes se adueñen del campo mexicano, demostrando así, el capital rural, no tener claro que la Reforma Política es una cuestión de Estado promueve para evitar las disfunciones políticas, que también se dan –de manera especialmente cruda- en el campo mexicano y que, específicamente, tiende a evitar precisamente que se dé el fortalecimiento político independiente (no institucionalizado) de las organizaciones de izquierda.

c)Los intentos de fortalecer la maquinaria corporativa en el campo.

c.1)Centralización hegemónica del poder en su interior. La Reforma Política es una parte muy importante de la estrategia seguida por los dirigentes gubernamentales, para conducir el proceso de salida a la crisis. Es de mayor relevancia porque, desde su perspectiva, permite mantener la “única forma de estabilidad restante”: la estabilidad política. Así, la Reforma Política cumplirá el papel de sustentadora de la actividad política para el que ha sido concebida, en la medida que la posibilite: a)el establecimiento de nuevas formas de “arbitraje” estatal, de la lucha entre clases sociales (nuevas formas en cuanto a que ahora no es una sola dependencia del Gobierno la que vela por el “equilibrio de los factores de la producción”, sino que el arbitraje aparece como el resultado de la resolución, abierta y formalmente negociada –como en el caso de la Comisión Nacional de Precios- de la enorme batería de contradicciones secundarias que pernean la existencia de las propias instancias estatales: Gobierno, maquinaria corporativa y organizaciones directas de lucha de la burguesía); b)el auspicio y control del Estado en cuanto al fortalecimiento de los sectores de izquierda que escapaban a los márgenes de su control surgidos como consecuencia de la necesidad de legitimar la actuación de los aparatos estatales ante las clases explotadas y sectores medio, y del requerimiento de mantener la autonomía relativa del Estado y la independencia residual del aparato burocrático con respecto al gran capital trasnacional-monopólico; c)el rebustecimiento de la propia maquinaria corporativa del Estado –vía su recomposición interna-, haciendo posible que neutralice la acción expansiva de la izquierda, que potencialmente podría determinar la propia reforma política.

Luego, uno de los objetivos perseguidos por la Reforma Política es la reforma interna del PRI. Entre otras cosas, la Reforma Interna del PRI estaba concebida para permitir que se estableciera una clara centralización del poder político en su interior. Sin embargo, algunos hechos dificultan que se convierta en realidad la conceptualización de la fracción López portillista de la burocracia pública, en cuanto a ello. Entre otras razones, la Reforma Interna de la maquinaria corporativa, concebida como medio para lograr la centralización hegemónica del poder interno, se ve obstaculizada porque: a)la forma, el ritmo y la cobertura de las modificaciones internas no son aceptables por la totalidad de los dirigentes de la maquinaria corporativa (en la concepción de algunos, ésta es demasiado conservadora, lenta y tibia, en tanto que para otros es demasiado democrática, rápida y radical); b)los líderes de la maquinaria corporativa tienen diferentes perspectivas en cuanto a lo mediato e inmediato, de la necesidad de solicitar reivindicaciones económicas que sean de significación para los “cuadros intermedios” y las bases sociales directamente vinculadas a ellos. Básicamente son estos dos factores los que impiden que la Reforma Política se traduzca con el arribo a la total coherencia interna de los mecanismos de dominación, que demanda la recomposición de la maquinaria corporativa del Estado mexicano.

Esto último es especialmente cierto para el agro. A partir de 1977, la efectiva realización del esquema estatal de la descampesinización y proletarización definitiva del agro mexicano requiere que –vía la implantación de la reforma política global- de fortalezcan los componentes de la maquinaria corporativa del Estado, que tiene ingerencia directa en el campo. Desde la perspectiva gubernamental, este fortalecimiento debe lograrse principalmente mediante la formación de una única “organización”, que incorpore efectivamente, en su seno, a las diversas clases, sectores y fracciones que venían actuando en el medio rural. La meta de lograr la unidad funcional de los mecanismos de control sobre las clases trabajadoras del agro, depende de la medida en que se desarrolle un proceso que permita que simultáneamente: a)se dé el fortalecimiento del poder político de los líderes de cada una de las organizaciones políticas domesticadas en el campo; b)que se logre la consolidación de un cuadro dirigente global, cuyas decisiones y acciones alcance la totalidad del ámbito reservado a ella, de manera que brinden una unidad coherente al comportamiento político ó ideológico de cada una de sus partes.

Ya existían, desde 1974, intentos –especialmente los representados por el pacto de Ocampo- por lograr esta unidad de acción en los diversos referentes de la maquinaria corporativa del Estado en el medio rural. Sin embargo, estos intentos no habían cristalizado en la realidad. Luego, lo que los dirigentes de la burocracia pública pretendieron, durante 1977, fue llenar esta laguna: se intento avanzar en la dirección de formar, con sus organizaciones individuales constitutivas, una sola organización de control estatal en el agro, que lograse dar una posición verdaderamente orgánica a los diferentes enfoques en cuanto a la forma de su participación política. Es así que surge, a finales del año, la semilla de lo que podría ser el sustituto del Pacto de Ocampo: la Alianza para la Producción, Industrialización y Comercialización de los productos agropecuarios y forestales. Sin embargo, no se trata aún de una alianza política. La función de una nueva organización es básicamente económica: colaborar en la planeación y programación de actividades agropecuarias, de temporal y de riego, así como d zonas forestales; fomentar las nuevas formas de asociación empresarial en el agro; organizar un sistema nacional de comercialización que sustituya la intermediación.

El que el nuevo organismo sólo sea económico, no es sino el reflejo de que el surgimiento y funcionamiento efectivo de una nueva, operativa y única organización política de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, se enfrenta a serias dificultades: a)los cismas y escisiones de las organizaciones corporativas, tanto entre sí como en el interior de cada una de ellas, se agudizan con el intento de formar una sola central; b)la unificación, en una única central, implicaría el debilitamiento de la fuerza política personal de los dirigentes de cada una de las “organizaciones”, ya que las posibilidades de su movilidad vertical están en relación directa con la fuerza que representa la organización que respectivamente encabezan; c)la clara pérdida de la hegemonía del sector campesino, en manos de la CNC, deja abierto el camino para que cada líder nacional del sector intente llegar a detenerla, con lo que se establece una fuerte lucha entre dirigentes rivales; d)se manifiestan abiertamente las consecuencias, del hecho de que las diversas organizaciones de la maquinaria corporativa del Estado (CNC y SNTAC-CTM, por ejemplo) manejan intereses sociales diferentes, y hasta contrarios; e)la existencia de posiciones, a menudo contradictorias, de cada una de las organizaciones, ante aspectos fundamentales del proceso de proletarización (como las diferencias en cuanto a fomentar ó no la inversión extranjera, directa, en el campo); f)las organizaciones estatales, de la burguesía del campo, no están dispuestas a quedar incluidas en el mismo engranaje de la maquinaria corporativa del Estado, que encuadra también a los trabajadores rurales.

Durante el año, la existencia de estos obstáculos para la formación de una única central que corporativice a las clases populares del agro, se manifiesta en: a)la no asistencia de un dirigente determinado, a reuniones concertadas para el “sector campesino” en su totalidad; b)enemistades personales, abiertas y francas, entre líderes de la UGOCM, CAM, CNC, CCI; c)discrepancias entre los dirigentes, en los casos de repartos agrarios, en cuanto a quienes serán los campesinos beneficiados con ellos; d)acusaciones de deshonestidad, lanzadas entre sí por los dirigentes; e)en permanente proceso de reafiliación, en organizaciones nacionales, diferentes de la maquinaria corporativa, de las agrupaciones campesinas locales y regionales; f)la violencia física desatada entre líderes intermedios y miembros base, de organizaciones diferentes.

c.2)Militancia y control en cuadros intermedios y bases sociales. Para que la maquinaria corporativa se desempeñe de manera que su existencia sea real coadyuvante a la implantación del esquema estatal de salida a la crisis, se requiere, además del fortalecimiento de sus cuadros dirigentes(en la medida y con los rasgos que se necesita para lograr la unidad coherente del aparato de control político-ideológico), que sus bases sociales de apoyo incrementan realmente –y sólo hasta cierto grado- su militancia. En la modificación de forma –de pasiva y dirigida, a relativamente activa, pero también dirigida- de la participación política de los miembros base de la maquinaria corporativa, la fracción hegemónica de la burocracia pública detecta un factor que permitiría que ésta incrementará el papel de apoyo afectivo a la posición burocrática que, a la vez, haría posible controlar la movilización política intracorporativa que la crisis desata (por el progresivo deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores) y que, por lo tanto, tiene que regular. Así, la inconformidad social que la crisis genera en el propio ámbito interno de la maquinaria corporativa, obliga a los altos dirigentes del partido, y a la fracción López portillista del aparato burocrático, a reconocer que la estabilidad política existente no significa inmovilismo ó estancamiento político de los contingentes sociales corporativizados por el Estado.

Para incrementar esta militancia controlada de sus propias instancias, la maquinaria corporativa establece varios mecanismos generales: a)la “democracia transparente”, que desplaza formalmente (aunque no realmente) el peso de las decisiones, de los círculos nacionales del PRI, a las asambleas en apariencia permitiendo que los líderes regionales y locales de los miembros base de la maquinaria corporativa, tengan una mayor participación en el proceso; b)el manejo de la obtención de reivindicaciones económicas (aumentos de salario, en general, y de salarios mínimos, en particular), con objeto de dar la imagen de que los líderes nacionales no propugnan por el “reposo político” de sus agremiados. Pero, durante el año, esta movilización de sus bases, que auspician a los dirigentes nacionales, en cierto sentido tienden a revertirse contra la propia maquinaria corporativa. Por un lado, la posición formal de la defensa del salario da pie a que los obreros y trabajadores adscritos al PRI, en cualquiera de sus sectores, tomen una actitud real de lucha (en algunos casos, llegando a incluso a amagar con el uso del realmente proscrito empleo de la huelga general, como arma de lucha). Por otra parte, la ola de una movilización no controlada en toda su extensión y profundidad, empieza a llegar hasta los más caros bastiones de la maquina corporativa(al interior de sindicatos de la propia FSTSE, por ejemplo). De esta manera, la ampliación de los márgenes de movilización política, destinada a coadyuvar el fortalecimiento de la maquinaria corporativa del Estado, empieza a llegar a puntos que son particularmente incómodos para sus timonéeles.

Esto mismo sucede en el caso de la mayor militancia –auspiciada por el aparato burocrático- de las bases y los líderes intermedios, de aquellas parte de la maquinaria corporativa que tiene su ámbito de acción fundamental en el agro. El empleo de éstos y otros mecanismos, efectivamente trae como consecuencia el incremento de la militancia de su bases y de la participación política de los líderes intermedios; sólo que este incremento no es tan controlado como lo habían concebido en un principio los dirigentes de la fracción hegemónica del aparato burocrático. Se da así la agudización del proceso conforme al cual los líderes intermedios –regionales y locales, principalmente- tienden a “brincárselas trancas”. El incremento de su militancia se refleja en movilizaciones efectuadas por desocupados rurales (formalmente corporativizados) en busca de tierra, que “denuncian” tierras afectadas ó invaden “ilegalmente” predios, así como en movimientos que tienen por protagonista a asalariados ó semiasalariados rurales (que empiezan a hacer un uso cada vez mayor de la huelga), e incluso en la lucha emprendida por empleados de nivel técnico y operativo, que elaboran en diversas organizaciones del Estado, que tienen su medio ambiente de acción en el campo mexicano.

c.3)La izquierda y los intentos de su neutralización. Durante 1977, la maquinaria corporativa del Estado muestra, en buena parte por sus propias debilidades internas, su incapacidad para neutralizar la acción de la izquierda. En principio, la inexistencia de una única “central” de control estatal, la ausencia de un cuadro dirigente hegemónico en su interior, y la movilización de sus bases hasta puntos más allá del cabal control por parte del Estado, no puede menos que favorecer a las agrupaciones políticas que se sitúan fuera del marco del encuadramiento estatal y cuya expansión se intenta auspiciar “desde arriba”.

Sin embargo, la incapacidad de la maquinaria corporativa por hacer frente a la expansión de las organizaciones de izquierda es alimentada, además, por algunos factores adicionales: a)el mismo contenido de la política económica global (cristalizado en la Alianza para la Producción), al imponer el “sacrificio” de los “militantes” de la propia maquinaria corporativa del Estado, determina la agudización de la tendencia hacia el abandono de las “centrales” del PRI –y de sus anexos- por parte de sus organizaciones base; b)la crisis agudiza el enfrentamiento entre diversas instancias de la maquinaria corporativa del Estado (por ejemplo, manifEstado en los conflictos electorales), trayendo como consecuencia el “desgaste” de la maquinaria corporativa por las luchas internas; c)el afloramiento de una corriente izquierdizante al interior del mismo PRI, que dificulta a la maquinaria corporativa la neutralización efectiva de la acción de la izquierda, ubicada en las líneas de sus enemigos.

Sin embargo, la creciente incapacidad de la maquinaria corporativa para neutralizar –por sí sola, sin recurrir a la represión directa- la acción de la izquierda, está también determinada por la acción de la propia izquierda. Ello se debe a que los dirigentes de las organizaciones políticas revolucionarias están en posibilidad de plantear y aprovechar las contingencias de la reforma política, lo que significa intentar: a)lograr que cada vez menos se preste la izquierda a que se utilice su mediación para resolver las contradicciones intraestatales; b)aprovechar el hecho de que el fortalecimiento de la izquierda es una necesidad –en el contexto de “salida” a la crisis- para el aparato burocrático, actuando en posiciones ubicadas más allá de los márgenes estatales de seguridad, con relativamente menos posibilidades de represión abierta inmediata; c)unificar, orgánica y coherentemente, a las diferentes agrupaciones de izquierda; d)que la izquierda incorpore verdaderamente aquellas fuerzas sociales que hasta entonces se mantenían fuera de control estatal (lo que estaría posibilitado por la medida en que las reivindicaciones, por las que lucha, muestran una mayor adecuación con las necesidades reales de los trabajadores, y por el grado en que su acción desmitificadora –desideologizante- sea cada vez más eficaz).

Con una actividad desplegada en torno a estas grandes líneas, la izquierda demuestra durante 1977, estar iniciando un proceso que podría conducir a invertir con planteamientos gubernamentales respecto a los que debe ser su actuación política en el contexto de la reforma política. Puede así, ir mucho más allá de los planteamientos estatales –subvirtiéndolos- que claramente parte de que el supuesto de que las organizaciones revolucionarias deben convertirse, mediante su incorporación al proceso global de la Reforma Política, en una “válvula de escape” que debería permitir: ampliar la base de apoyo del Estado, mediante la aceptación de una más intensa participación política institucional (por lo pronto, en los procesos electorales y en el interior del Congreso de la Unión) de la oposición; posibilitar el negociar con la izquierda sin tener que llegar forzosamente –en primera instancia- a la represión física; convertir a la izquierda, de abiertamente disidente.

Con respecto a las organizaciones revolucionarias que actúan en el medio rural, esta posibilidad de aprovechamiento del contexto de la Reforma Política para realmente fortalecerse –subvirtiendo así los planteamientos estatales- se manifiesta, en otros, en los siguientes hechos: a)las denuncias del incremento de la presencia de la CIA en el campo mexicano; b)la difusión de contubernio existente entre burguesía rural, SRA, SARH y Banrural; c)el aprovechamiento del surgimiento de conflictos entre autoridades agrarias y dirigentes de la maquinaria corporativa, para aumentar su presencia en el agro; d)la atracción, cada vez con mayor éxito, de las bases sociales de la maquinaria corporativa que actúa el campo; e)los intentos de formar una sóla central, independiente del Estado, que aglutine al proletariado rural, a los desocupados del campo y a los semiasalariados.

c.4)Encuadramiento estatal y asalariados rurales. La maquinaria corporativa, para cumplir eficientemente con el papel que le ha asignado la fracción hegemónica de la burocracia pública, tiene que extender su control –ahora mínimo- sobre los aproximadamente 9 millones de desocupados y subocupados del país y sobre los 3 millones de asalariados del agro. Sin embargo, en lo concerniente específicamente a los jornaleros rurales, sus intentos se ven obstaculizados por: a)las crecientes dificultades para controlar las tensiones sociales en aumento, producidas por la mayor concentración de riqueza y deterioro de las condiciones materiales de vida de los jornaleros, que ocasiona la puesta en marcha del proyecto de “salida a la crisis” (por ejemplo, determinado por la “liberación”· de precios de bienes de consumo); la burguesía rural ejerce presiones de todo tipo para evitar que los dirigentes de la maquinaria corporativa en el agro manejen banderas de lucha, que justamente podrían ser atractivas para los trabajadores del agro, aumentándose así las posibilidades de que estos pasen a formar de las líneas de la izquierda en el medio rural.

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