Cambio estructural. Lucha por una equitativa distribución del ingreso
Un artículo del Dr Xavier
Gamboa Villafranca
Referencia Bibliográfica:
Gamboa Villafranca, Xavier: “Cambio estructural. Lucha por
una equitativa distribución de ingresos”, Excelsior, Sección
Metropolitana. 24 de julio de
1987. México, DF. México
Ir
a :
Página del Dr Xavier Gamboa
Villafranca
Enviar
correo a:
_________________________________________________________________________
El plan
nacional de desarrollo identifica en términos generales, a quienes están
destinados a ser los principales beneficiarios de la política económica del
régimen, orientada al cambio estructural. Se trata de la mayor parte de la
población mexicana: 60% del total, para mayor precisión.
Queda
claro en el texto que dos estratos sociales captan la atención de la
administración presidencial:
a)
20% de las familias más pobres de México, que habitan en su generalidad en el
medio rural.
b)
40% de la población total del país, conformado por familias de trabajadores
también empobrecidas, que viven en las ciudades.
En
el PND se formula implícitamente, una pregunta de gran relevancia: ¿Cómo lograr
que las ya de por sí empobrecidas mayorías, no disminuyan aún más sus niveles
de vida, durante la etapa de combate a la crisis? El propio texto permite
entresacar en un contexto coherente una respuesta directa a este interrogante.
En
efecto, sus autores plantean que hay un marco fundamental. Consiste en no
perder de vista que la sociedad mexicana tendrá que ser al salir de la crisis
más igualitaria. Aparece para ellos como necesario, por lo tanto, que la
política económica que se aplique durante el sexenio no apoye
exclusivamente al crecimiento. La idea
estriba en que el gobierno tome en cuenta, también con alta prioridad, los
requerimientos básicos que tienen las clases populares , si se han de mantener
y mejorar sus condiciones de vida. Con objeto de que este planteamiento se
manifieste realmente en su quehacer, el gobierno federal se impone a sí mismo
la obligación de orientar su acción a lo largo de tres líneas generales. En una
de ellas (la que nos acerca a la respuesta directa a la cuestión), contrae el
compromiso de actuar para que los jornaleros, campesinos, trabajadores urbanos
y no asalariados del campo y las urbes aumenten su participación en la
distribución del ingreso.
El
objetivo gubernamental de procurar una más equitativa distribución del ingreso,
como medio para que la sociedad del futuro mediato tenga crecimiento económico
con justicia social, se define y asume a mediados de 1983, cuando se publica el
PND. Sin embargo, durante los cuatro años siguientes, el aparato de gobierno
tendría que dar una recia lucha para iniciar su cumplimiento.
Encontró
una dura resistencia de las organizaciones que representaban los intereses de
la clase del capital en su conjunto. Sus dirigentes no se mostraron, en la
práctica, muy dispuestos a sufragar una parte sustancial de los costos sociales
del ajuste económico necesario para superar los problemas coyunturales de la
economía nacional. Pugnaron porque los precios de los bienes y servicios de
consumo generalizado, producidos por la empresa privada, aumentaran con mayor
velocidad que los salarios. Pero no sólo eso. Por lo menos en sincronía con organismos
financieros internacionales y con grupos de empresas transnacionales, se
opusieron a que el gobierno operara a fondo políticas concretas encaminadas a
combatir la marginación y a redistribuir a toda costa el déficit presupuestal,
el blanco predilecto fue el gasto social. Hicieron un gran intento para
movilizar a la opinión pública a favor de que se llevara lo más cerca de cero
posible. Entre otras, por eliminación de los programas de empleo directo del
gobierno, la vigencia exclusiva del criterio de rentabilidad económica en la
operación de empresas del sector público dedicadas a la generación y
distribución de satisfactores elementales a bajos precios, el debilitamiento
político de organismos descentralizados de asistencia social y la no aplicación
de una reforma fiscal profunda destinada a gravar más al capital que al
trabajo. En la realidad, en síntesis, la acción y las omisiones de las
organizaciones de lucha directa del sector privado se encaminaron a no aceptar
que hubiera una distribución equitativa de la carga del proceso de salida a la
crisis.
El
régimen no fue arrollado por estas presiones, fundamentalmente porque el
movimiento obrero, organizaciones políticas de izquierda e importantes
corrientes de opinión ejercieron una fuerza importante, justamente en sentido
contrario al del capital privado. El gobierno tuvo entonces margen para
maniobrar, para negociar, dialogar, conciliar, concertar y conceder.
La
resolución del paralelograma de fuerzas ejercida sobre el propósito y la marcha
gubernamental , es por tanto, híbrida. Ni se mantiene totalmente pura la
concepción original del PND, ni se cede completamente a la fuerza opositora del
empresariado, ni se adopta en su totalidad la posición de radicalizarla,
esgrimida por el movimiento obrero de apoyo pro estatal.
El
gasto social se mantuvo en la medida requerida para evitar que se llevara el
deterioro de las condiciones de vida de las mayorías hasta niveles
políticamente insostenibles. La
restricción presupuestaria prácticamente no tocó al sector educativo, que
incluso reforzó su capacidad de atender a una demanda creciente en todos sus
niveles, desde preescolar hasta postgrado. Permanecieron incólumes los planes y
las acciones del gobierno en materia de preservación y restablecimiento de la salud
de las mayorías que habitan en zonas semiurbanas y rurales. Los programas de
empleo, directamente manejados por el gobierno federal en coordinación con los
estatales y municipales, continuaron en zonas geográficas y en renglones
económicos en los que el sector privado no invirtió significativamente. No se
estableció la escala móvil de salarios, como fue reiteradamente solicitada por
la izquierda y fracciones del movimiento obrero organizado, pero tampoco se
congelaron , como prácticamente lo
exigieron en momentos álgidos los
empresarios. Continuaron operando empresas públicas cuya desaparición se llegó
a convertir en bandera de organizaciones cúpula del capital privado, aun cuando
no tuvieran rentabilidad económica a condición de que operaran con eficiencia y
fueran de verdadera trascendencia social.
Es
fácil imaginar lo que hubiera sucedido si la administración de Miguel de la
Madrid no hubiera tenido esta capacidad de maniobra. Hay que tener en mente
que, con todo y ella, la inflación se mantuvo por arriba de lo previsto. Se
dificultó su control por el régimen y
se deterioró severamente el poder
adquisitivo de los salarios. El mercado interno se redujo, el crecimiento económico
no fue de entre 5 y 6% durante 1985 y 1986 y los empleos no aumentaron al ritmo
programado de 3.5 a 4 durante cada uno de estos años (para enfrentar a una
fuerza de trabajo que creció alrededor de 3.8% anual).
Ir
a :
Página del Dr Xavier Gamboa
Villafranca
Enviar
correo a:
_________________________________________________________________________
