Apoyar a las zonas más atrasadas es el compromiso. Cambio estructural en la economía
Un artículo del Dr Xavier Gamboa Villafranca
Referencia Bibliográfica:
Gamboa Villafranca, Xavier: “Apoyar a las zonas más Atrasadas es el
Compromiso. - Cambio estructural en la economía”, Excelsior, Sección
Metropolitana. 27 de agosto de
1987. México, DF. México.
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Según el
PND, de 1983 a 1988, el gobierno aplicará con todo y crisis, una política
económica que enfatizará en los aspectos sociales y redistributivos del
crecimiento del país. Una parte de este gran compromiso asumido en mayo de
1983, se traduce en el de apoyar a las zonas más desfavorecidas, tanto del
campo como de las ciudades, como medio para que, durante el sexenio, se
empezara a cambiar la estructura de la economía nacional.
De
mayo de 1983 a septiembre de 1986, el gobierno federal tuvo que dar una
auténtica lucha por cumplir a este compromiso particular. Abarcó múltiples
frentes, pero en nuestra opinión sobresalen dos, en la etapa junio-diciembre de
1983.
a)
El combate por lograr que los programas emergentes gubernamentales de empleo
directo, en regiones rurales y áreas urbanas marginadas, tuvieran el mayor
sustento político posible:
b)
La batalla por legitimar al máximo los planteamientos y acciones del gobierno
federal, tendientes a que, en estas zonas sumamente pauperizadas, operaran con
urgencia mecanismos del sector público que garantizan el que sus habitantes
fueran abastecidos –a bajo precio y/o por auto producción- de bienes y
servicios básicos.
En
ambos terrenos, los funcionarios de alto rango del ejecutivo federal cosecharon
rápidamente el apoyo de aquellas de sus dependencias que ya venían operando en
estas regiones y zonas desfavorecidad, entre otras razones porque les
representaba objetivamente la oportunidad de fortalecerse y de aumentar su peso
específicamente en la estructura burocrática global. Además ante la ausencia de
discrepancias de fondo, negociaron ágilmente la venia y la promesa de
participación activa de las instancias subregionales y estatales de la
estructura sectorial y territorial del PRI, así como de organizaciones
simpatizantes y aliadas de ellas. Incluso lograron el apoyo de agrupaciones
políticas y organizaciones político-gremiales y populares de izquierda, en
virtud de que, a los ojos de sus dirigentes, aparecía el contenido de ambos
tipos de programas como deseable.
En
este último caso hubo un condicionamiento que a la postre redundaría en el fortalecimiento
de las acciones concretas orientadas en esta doble dirección: que los
mecanismos específicos que el régimen operara para crear empleos y para dar
abasto en estas zonas pauperizadas, manifestaran estar basadas en verdaderos
procesos democráticos. Ello fue incorporado a la esencia de los planteamientos,
lo que determinó que las acciones planeadas por distribuidora (Diconsa) y por
el Comité Técnico del Programa de Empleo Rural (Cotoperi), por ejemplo se
fundamentaran en concepciones profundamente participativas y democráticas. La
creación y operación de centros populares de abasto Conasupo (Cepac’s) y de
tiendas campesinas, tendrían irreversiblemente este sello.
Con
la fuerza así aglutinada pudieron los timoneles económicos de la administración
neutralizar las presiones de fracciones y grupos de la burocracia federal,
estatal y municipal, que percibían que estos programas tenían más de negativo
que de positivo. Para su gusto implicaban una excesiva coordinación
intragubernamental. Significaban además una aceleración demasiado fuerte en la
formulación y ejecución de acciones. Y sobre todo pensaban que se
extramilitaban en la negociación que demandaban, para que actores sociales
ubicados fuera del gobierno efectivamente se apropiaran de su conducción y para que supuestos beneficiarios lo fueran en la realidad.
Ciertamente el gobierno logró que su voluntad política
de apoyar a las zonas más
desfavorecidas durante la crisis
tuviera alguna operacionalización en la
etapa que va de principios de 1984 a finales de ese mismo año. Pudo urgir
exitosamente a cada dependencia y prácticamente a todo organismo descentralizado para que, al menos formalmente,
se auto programaran de manera que su acción redundara en el apoyo al propósito
de crear empleos en estas regiones mientras el sector privado no lo hiciera y
para que sus habitantes tuvieran acceso a los mínimos indispensables de
satisfactores . Hubo incluso, programas globales de apoyo a estas zonas,
destacando el programa de desarrollo rural integral de las mixtecas oaxaqueñas
alta y baja 1984-1988, aunque más a título de experiencia piloto. La pesada maquinaria burocrática,
durante esta etapa, se articuló internamente para iniciar su actuación en la
dirección deseada.
Con
consenso social recogido en torno al contenido básico de los dos tipos de
programas, y con una maquinaria gubernamental avanzada ya hacia el apoyo a las
áreas más pobres del país, el ejecutivo federal y su equipo de
colaboradores estuvieron en posibilidad de sacudirse las presiones en contra que hicieron sentir
fracciones del capital privado durante 1985 y hasta junio de 1987. Señalaron
insistentemente sus líderes que había incongruencia cuando, en tanto que por un
lado el gobierno no reducía el
presupuesto global, por el otro éste continuaba la canalización de gasto social
hacia zonas que no tenían viabilidad económica.
La
defensa fue recia. El régimen contra argumentó, bajo la premisa de que los
recursos orientados a las regiones más expoliadas del país eran, ante todo,
inversiones y, después, generadores de empleo directo. El acuerdo a que
finalmente se llegó consistió en que el gobierno operaría estos programas sin
descuidar su carácter dual –inversión productiva y beneficio social- y
enfatizando en la eficiencia en su operación.
Se hizo una concesión en aspectos de forma, pero quedó claro que estos
continuarían, conforme a los propósitos de cambio estructural de la acción
gubernamental, explicitados en el plan nacional de desarrollo 1983-1988. no se
dio marcha atrás, ni en su concepción de fondo, ni en los aspectos esenciales
de su existencia y dinámica.
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