El interés nacional es preeminente; todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales.
La vida de la Nación, el cumplimiento de su destino, la posibilidad de crear y mantener en ella condiciones espirituales y físicas adecuadas para una convivencia civilizada y noble, son incompatibles con el establecimiento o la conservación de un estado social desordenado o injusto, como lo sería fatalmente el que parta de toda negociación de la dignidad de la persona humana o de la proclamación de una necesaria división violenta de la unidad nacional por la lucha de clases, castas o parcialidades.
Cuanto vigorice la unidad nacional, acendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sentido a la Nación, y coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos. Cuanto conspire a romper esa unidad, a deformar su carácter o a desquiciar esos intereses, ha de ser rechazado y combatido por todos.
El desarrollo interno de México, su verdadera independencia y su colaboración eficaz en la comunidad internacional, dependen fundamentalmente de una celosa conservación de la peculiar personalidad que nuestra Nación tiente como pueblo Iberoamericano, producto de unificación racial y ligando esencialmente a la gran comunidad de historia y de cultura que forman las Naciones Hispánicas.
La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
Y en la organización política nacional, es preciso que las comunidades naturales sean reconocidas, respetadas y en cuanto caigan dentro de la jurisdicción del Estado, ordenadas y jerarquizadas, dándoles el lugar y la participación debidos en la estructura y en el funcionamiento del mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con la realidad nacional y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la Nación.
Sólo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad, que no es el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la justicia y la seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto a la protección de la persona.
Las doctrinas que fincan la solución de los problemas sociales en la lucha de clases, son falsas, inhumanas y contrarias a las leyes más fundamentales de la vida social. Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, para destrucción o dominación de las demás.
Necesidad de la Nación es la justicia social, no la lucha de clases, y el Estado debe enfrentarse a todo desorden de la sociedad y a toda injusticia en cuanto constituyan el motivo y la causa de luchas sociales.
Tienen responsabilidad en el desencadenamiento de éstas, los que pretenden fomentarlas y los que aspiran a abolirlas sin eliminar sus causas...
Es también reprobable cualquier otra forma del Estado que niegue las prerrogativas esenciales de la persona y de las comunidades naturales y erija sus determinaciones en fuente única de derecho y en definición del bien común.
Sólo un Estado que sea verdaderamente nacional y proceda con sincero apego a estos principios, puede tener la necesaria plenitud de autoridad, sin ser tiránico; ejercer ampliamente sus facultades de gestión, sin ser opresor, y cumplir su inexcusable deber de justicia, sin ser subversivo.
Sólo podrán ser evitadas, si la Nación es ordenada rectamente, y su vida se funda en el reconocimiento de los valores espirituales y se dirige a la realización del bien común.
la lucha contra la ignorancia y la miseria es deber, pero no monopolio del Estado, y es también responsabilidad y derecho de todos los miembros de la Nación.
La libertad religiosa, de convicción, de práctica y de enseñanza, debe ser real y plenamente garantizada en México y debe desaparecer de las leyes y de la actividad del Estado toda medida directa o indirectamente persecutoria. En ello están comprometidos la unidad y el decoro nacionales.
Es deber del Estado, pero nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igual oportunidad de educación, asegurar por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural en la Nación. En el cumplimiento de este deber el Estado no puede convertirse en agente de propaganda sectaria o partidista, y la libertad de enseñanza ha de ser garantizada sin otros límites por parte del Estado, que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y a la comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo, o concernientes al otorgamiento de grados o títulos que capaciten para ejercer una profesión o una función social determinada.
La actividad universitaria sólo puede cumplir propiamente su misión si se desarrolla en un ambiente de disciplinada autonomía. Por la importancia que esa actividad tiene en la vida de la Patria, debe ser apoyada moral y económicamente por toda la colectividad; pero por las circunstancias especiales de la vida universitaria en México y en tanto puede garantizarse la independencia económica de la Universidad respecto del Estado, éste debe proporcionar los medios económicos suficientes para que la actividad universitaria se desenvuelva normalmente.
La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el interés de la Nación. Lo es en mayor grado aún, la explotación del trabajador como hombre para fines políticos, a pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones de trabajo.
Todo trabajo socialmente útil, debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia, y obtener el más amplio mejoramiento real posible.
Toda persona apta para el trabajo, ha de tener la certeza de una oportunidad constante de trabajar. Quienes hayan cumplido su deber de trabajo y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos.
El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esos principios y para evitar con gestión oportuna o resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo.
En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora.
El Estado tiene el deber de velar por que los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional, y esté constantemente subordinada al bien común.
Debe promoverse, por tanto, la formación del mayor número posible de patrimonios familiares suficientes.
La garantía de la propiedad no tiene en general, ni en especial en cuanto a la capacidad de los sujetos individuales o colectivos de este derecho, otros límites que el interés público apreciado conforme a los principios del bien común, y el cumplimiento de los deberes positivos del bien uso, y de cooperación social que los mismos principios imponen.
Es un problema primordial de nuestra economía; pero es, sobretodo, un problema de elevación humana.
Reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra.
Requiere el inventario y el aprovechamiento de las riquezas y de las posibilidades del campo en cada región de México, la incorporación a la riqueza nacional de las grandes zonas fértiles hoy sustraídas a la producción, la conservación adecuada de las tierras y de los recursos forestales, la ejecución de las obras de captación y de alumbramiento de aguas en los múltiples pequeños sistemas que pueden desarrollarse desde luego, antes y con mayor provecho que los grandes y costosos proyectos de irrigación.
Exige que se oriente y facilite la adecuada migración interior de la población rural; que cada familia campesina, inclusive la del ejidatario, tenga posibilidad de obtener, en plena propiedad, la tierra que sea capaz de hacer producir eficazmente, y que el aprovechamiento adecuado sea función normal de la propiedad; que cada núcleo de población rural tenga asegurados el fondo legal para su establecimiento y desarrollo, y los terrenos de uso común para montes y pastales; que satisfechas esas necesidades primarias, la propiedad rural se organice de modo firme y garantizado, con los límites de extensión que en cada caso marquen las condiciones locales de actividad y el imperativo de asegurar y de acrecentar la producción nacional.
Demanda el establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores, a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero y del intermediario, comprador a término o burócrata opresor.
Exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo a quienes no han trabajado libremente, hasta capacitarlos como productores autónomos.
Deben adoptarse las medidas necesarias para proporcionar preparación especial y elementos técnicos y materiales a los campesinos mexicanos que siempre han carecido de ellos; para procurar a los agricultores un precio justo por los productos de su esfuerzo y hacerles posible una vida en condiciones humanas; para consolidar, incrementar y mejorar nuestra producción agrícola; para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política y pueda ejercitar con posibilidades materiales y con valores morales positivos, la actividad que le corresponde en la formación y en el desarrollo de nuestra Patria.
Ha de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de esa economía; ha de ordenar esas actividades para que concurran a hacer estable y fecunda la vida económica; ha de corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan, y debe evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la Nación.
Está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicas indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la Nación.
Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía, y garantizar, al contrario, que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores.
El gobierno municipal ha de ser autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no sea la del municipio mismo.
Sólo en estas condiciones puede cumplir la administración del municipio sus fines propios y realizar con plenitud su sentido histórico. Sólo así pueden evitarse el vergonzoso desamparo y la ruina de nuestras poblaciones, el abandono de nuestra vida local en manos de caciques irresponsables, la falta completa o la prestación inadecuada y miserable de los servicios públicos más urgentes, y sobre todo, la degradación de la vida política nacional.
Es importante la aplicación justa de la ley por los Tribunales; pero un verdadero Estado de Derecho exige además, la elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de la totalidad de los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella.
El anhelo de una recta, ordenada y generosa Administración de Justicia, y la necesidad de que los encargados de la magistratura llenen las cualidades irreemplazables de elevada actitud de conciencia, ilustrado criterio, limpieza de juicio y honradez ejemplar, no por constituir un problema cotidiano, dejan de tener una significación que toca a la esencia misma de la fundación del Estado.
El poder especialmente encargado de hacer justicia, debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del Derecho, no sólo contra las transgresiones de los particulares sino principalmente contra toda desviación o abuso del Poder.
La formación
de partidos que organicen el cumplimiento del deber político, y
sean permanentes en su actividad, como permanente es su fin, es necesidad
evidente dentro de la realidad histórica del México.
