La Comisión de Importaciones, creada según el Decreto Presidencial 1.546 del 6 de mayo de 1987, e integrada por los Ministerios de Hacienda (quien la presidió), Fomento, Agricultura y Cría, Cordiplan, y los Presidentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto de Comercio Exterior, fue denunciada por el diputado Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el 29 de junio de 1989.
Tablante introdujo ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, presidido por Silvestre Ortiz Bucarán, un escrito donde hizo referencia a los irregulares procedimientos utilizados por los ministros del Gabinete Económico del ex-presidente Jaime Lusinchi.
Según el escrito, "correspondía a esta Comisión aprobar, por la vía discrecional, el otorgamiento de divisas preferenciales para las importaciones del sector privado, para la industria, el comercio, el Puerto Libre de Margarita, repuestos y los insumos del sector agrícola; y, en definitiva, para cuanto dólar preferencial le fuese solicitado fuera del Presupuesto Nacional de Divisas" .
Al respecto, "para 1987 se había aprobado un presupuesto de divisas que alcanzó la suma de 8.243 millones 137 mil 409 dólares, el cual fue ratificado para aplicar durante el año siguiente" .
De modo que durante " 1988 esta comisión efectuó aprobaciones hasta por la suma de 14.118 millones 736 mil 876 dólares, cantidad que, lógicamente, excedió el monto presupuestado de divisas que regía para ese año" . El punto central de la denuncia, el sobregiro presupuestario, fue confirmado luego por la vía del informe global del Congreso elaborado y coordinado por el diputado Douglas Dáger.
"Estas aprobaciones que llamaremos extra-cupo -dijo Tablante-, por parte de la Comisión de Importaciones que tenía además la función de fijar las políticas y prioridades que deberían ser aplicadas dentro de un régimen de cambio impuesto, usó y abusó de ese poder discrecional, puesto que se excedió hasta sobregirar y sobrepasar los límites de nuestras reservas internacionales" .
Argumentó en la acusación interpuesta que "como se demostrará, un importador que solicitaba y obtenía una conformidad de divisas, acudía, por intermedio del banco tramitador, al Banco Central de Venezuela, organismo que adelantaba en la gran mayoría de los casos el 20 por ciento del monto de la conformidad y expedía una certificación de disponibilidad de divisas, en espera de que se cumpliera con la importación" .
En tal sentido, "esas aprobaciones de divisas extra-cupo deben ser investigadas y analizadas una a una, con la finalidad de determinar si quienes hicieron esas aprobaciones fuera del presupuesto aprobado incurrieron en la comisión de los delitos previstos y penados en los artículos 59 y 61 de la Ley de Salvaguarda.
Toda vez que no sólo se excedieron fuera del presupuesto con las aprobaciones otorgadas, sino que también no existía, en las arcas del tesoro, la suficiente cantidad de dólares para cubrirlas, con el consiguiente riesgo que en contra de la Nación se interpongan reclamos por todos aquellos importadores a los cuales les aprobaron dólares preferenciales con o sin cupo, como es el caso de la demanda introducida por ante la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), solicitando la nulidad de la reforma al Convenio Cambiario donde se establece la forma cómo el Ejecutivo por falta de liquidez de nuestras reservas, puede cancelar las cartas de crédito para las importaciones causadas" .
Igualmente, "debe investigarse a quienes emitieron desde el Banco Central de Venezuela los certificados de disponibilidad de divisas, por cuanto al no existir la misma, como lo habían certificado, incurrieron en la comisión del delito previsto en el artículo 75 de la Ley de Salvaguarda" .
Durante la vigencia del Decreto 1.546, los cargos correspondientes a esta Comisión de Importaciones estuvieron desempeñados por los siguientes funcionarios:
Hacienda: Manuel Azpúrua Arreaza, Héctor Hurtado y Eglée Iturbe de Blanco.
Fomento: Héctor Meneses.
Cordiplan: Modesto Freites.
Banco Central de Venezuela: Hernán Anzola y Mauricio García Araujo.
Instituto de Comercio Exterior: Eduardo Mayobre.
Ministerio de Agricultura y Cría: Wenceslao Mantilla y Felipe Gómez Alvarez.
"En muchas ocasiones, a las reuniones de esta Comisión de Importaciones no asistían los titulares, casos en los cuales sus vacantes eran llenadas por los viceministros o directores generales del despacho o por los vicepresidentes de los citados organismos. Es así como a estas reuniones acudían Jorge García Duque y Eglée Iturbe de Blanco, Viceministros de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Jóvito Martínez Guarda, Viceministro de Cordiplan; el Vicepresidente del BCV, José Benjamín Escobar, y siempre estaba atenta a las mismas y actuando como secretaria ejecutiva, la directora General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación, Edgalia Bastardo de Leandro" .
Al día siguiente de hacer Tablante su denuncia, el 30 de junio, el presidente de la Comisión Especial Investigadora del Congreso, diputado Douglas Dáger, asistido por el abogado Braulio Jatar Alonso, introdujo otra de apoyo a la de aquél, donde solicitó que el Tribunal de Salvaguarda prohibiera la salida del país a un total de 19 ex-funcionarios de la administración Lusinchi, donde además de todos los precisados por Tablante, figuraban: José Angel Ciliberto (ex-ministro de Fomento y de Relaciones Interiores); Leopoldo Carnevali (ex-ministro de Cordiplan); Francisco Maldonado Cisneros (ex-director de Recadi); Chelita Pérez (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Marbella Patiño de Rotundo (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Eduardo R. Behrens Linares (ex-director de Operaciones y ex-director General de Recadi); Marlene de Lane (ex-directora de Operaciones de Recadi); y Jesús Vargas Chirinos (ex-director de Aduanas de Hacienda).
Según estos otros denunciantes, "el ilícito reside en la forma y los procedimientos empleados para la ejecución de los diferentes presupuestos nacionales de divisas a partir de 1984...Lo grave de este asunto es que el Ejecutivo recurrió al financiamiento del déficit de la balanza de pagos mediante el uso del crédito externo, induciendo al sector privado a contraer el financiamiento de sus importaciones con dólares preferenciales, usando cartas de crédito financiadas, hasta en 80 por ciento, por la banca corresponsal extranjera. Hecho que implica una violación cuantitativa de la programación inicial de los presupuestos de divisas formulados en su conjunto para estos ejercicios, y esa irregularidad constituye en el presente, un daño patrimonial fiscal cercano a los 70.000 millones de bolívares" .
Todos los funcionarios señalados tanto por Tablante como por Dáger, que antes habían sido citados por el Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva, al XXXVII Penal, fueron requeridos después por el Tribunal Superior de Salvaguarda recién constituido bajo la presidencia de Silvestre Ortiz Bucarán e integrado por Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón. En efecto, la medida de prohibición de salida del país dictada varias veces en el pasado por La Riva, fue, a su vez, varias veces extendida por el tribunal de alzada.
El 13 de abril de 1989 fue la primera vez que Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento y director encargado de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, fue nombrado en La Agenda Secreta de Recadi, en un trabajo titulado "Diez Administraciones" , el cual se ilustró con igual cantidad de gráficos que demostraban que la extinta dependencia había tenido diez organigramas distintos desde que fue creada en 1983.
En realidad se trató de un trabajo de apoyo que se consideró oportuno divulgar, para que el público estuviera claro en quiénes habían sido sus administradores y los superiores inmediatos de éstos, durante los cambios operativos que ocurrieron en los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi.
La nota informativa tuvo como atractivo el dato de que, una vez fuera de la dependencia Francisco Maldonado Cisneros, fue designado director general de Recadi Oscar Páez Bohórquez, quien apenas duró un día en funciones, aspecto desconocido hasta ese momento.
El mismo día Héctor Meneses, disparándose un balazo en la cabeza, intentó suicidarse. Por nuestra parte, nos encontrábamos realizando un trabajo de calle para La Agenda.
Cuando llegamos al periódico, cerca de las doce del mediodía, encontramos que el reportero de sucesos y policía, Humberto Alvarez, había tratado de establecer contacto directo con nosotros, no menos de diez veces, por el radio de la unidad que lo trasladó desde la sede de la Policía Técnica Judicial hasta la Policlínica Metropolitana, en Caurimare.
Hablamos por radio con Alvarez y nos trasmitió el hecho, aparte de solicitarnos cooperación para salir con la mejor información al día siguiente.
Lo primero que se nos ocurrió fue establecer contacto con los familiares de Meneses (llamamos a la casa del ex-ministro donde ocurrió la tragedia, pero nadie tomó el teléfono). Luego, al ex-ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, a la presidencia del Banco Exterior de España y Los Andes, Extebandes, pero la hora del discado no fue la más apropiada.
Sobre las doce y media, ya comenzando la tarde, ubicamos a Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda, en la presidencia del Fondo de Garantía y Protección de los Depósitos Bancarios, Fogade. Sorpresa nos provocó que alguien tan ligado al grupo Hurtado se enterara del incidente, a propósito de nuestra llamada. García duque se quedó atónito con la noticia y el transmitírsela provocó en él, por lo menos, cinco minutos de absoluto silencio.
-¿Qué estás diciendo? - respondió, al recuperarse del golpe-. ¿Qué el Flaco Meneses se pegó un tiro?
- Si, eso es lo que estoy diciendo -respondimos de inmediato.
-¿Por qué el Flaco haría algo así? - insistió García Duque. Estás seguro de la información. Ustedes no han escrito nada en contra de él.
- Hoy lo mencionamos -agregamos después- para precisar que había sido también director de Recadi, pero todavía no tenemos ningún dato cierto que permita denunciarlo en la campaña del periódico.
- Yo tengo un almuerzo ahora -explicó García Duque-, pero me quitaste las ganas con lo que me estás diciendo. Llámame en media hora, para averiguar que fue lo que pasó con el Flaco.
Así fue. Antes del tiempo convenido, llamamos de nuevo a Fogade. García Duque había hecho contacto con médicos de la Policlínica Metropolitana que, a su vez, le atendían ciertas dolencias de columna.
- La información es correcta -nos comentó-. No salgo de mi asombro. ¿Qué saben ustedes?
- Por ahora lo mismo -dijimos-. Todavía no ha regresado Humberto Alvarez de la clínica. Necesito que me ayude a conseguir a Héctor Hurtado. Lo he estado llamando hace días, pero está claro que no quiere conversar conmigo sobre el caso Recadi. No responde las llamadas y cambió el teléfono de su casa.
- Tengo días que no nos vemos -comentó García Duque. Debe estar muy mal con lo de Meneses. Ahora menos hablará contigo. Trataré de hablar con él...
En la edición del viernes 14, efectivamente, El Nacional dio una primera versión de lo ocurrido a Héctor Meneses. A lo interno del periódico, los colegas nos tomaban el pelo diciéndonos que ya La Agenda de Recadi tenía 6 presos y un muerto: 2 empleados de las verificadoras, 4 de instituciones bancarias y, lamentablemente, Héctor Meneses, respectivamente. Este se encontraba herido de gravedad.
Dos días más tarde, el 16 de abril, se conoció en los predios de la Policía Técnica Judicial que el ex-ministro de Fomento, como es casi una norma universal en estos casos, había dejado una carta, explicando las razones de su decisión.
Luego, el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva, anunció que iba a recabar la carta dejada por Meneses. En esos mismos días, el 18 de abril de 1989, el Juez XXXVII Penal, La Riva, fue ratificado por la Asamblea de Jueces Superiores del Distrito Federal y Estado Miranda, para seguir conociendo del caso Recadi. Buscó apoyo, porque, comenzaron las primeras críticas contra la cantidad de medidas judiciales que estaba tomando.
En efecto, basado en un oficio escrito por el Fiscal LXI del Ministerio Público, Ramón Iglesias, Luis Guillermo La Riva obtuvo de la PTJ el texto que, según se dijo extraoficialmente, había dejado Héctor Meneses. Aparentemente, se trataba de una página escrita a mano, donde el ex-ministro mencionó, al menos, a tres personas de relieve en el mundo político y económico. El caso Recadi, con este episodio, adquirió connotaciones muy dramáticas. Desde antes que la carta fuera recabada de la PTJ, lógicamente que todas las redacciones de los periódicos se propusieron obtenerla a como diera lugar.
La expectativa sobre la carta de Meneses continuó latente hasta el jueves 8 de junio. Llegamos a nuestra oficina sobre las nueve de la mañana, hora de rutina. Ya Fabricio Ojeda, compañero de investigaciones, le había puesto a la puerta del cubículo un pequeño letrero escrito con marcador, que decía "DDS" .
Todas las personas que pasaban por el pasillo que da a la dirección de El Nacional, se detenían y preguntaban que significaba DDS. Igual quienes venían a buscarnos a nosotros, bien para aportar datos o documentos respecto del escándalo, bien citados para ser entrevistados confidencialmente o bien visitantes.
A Fabricio se le ocurrió poner la clave en la puerta, para darle continuidad al concepto de que desde El Nacional se estaba orquestando una campaña para desestabilizar el sistema democrático. De modo que nuestra oficina pasó internamente a llamarse Departamento de Desestabilización del Sistema (DDS). El término se hizo tan común y popular que nosotros mismos, al indicar nuestra ubicación a terceros, finalmente rematábamos: "donde dice DDS, a la derecha" .
Ese jueves sonó el teléfono y respondimos.
- ¿Agustín?- dijo la voz.
- Sí, ¿quién es? -respondimos.
- Habla camionero BJ. ¿Te acuerdas de esa clave?
- Sí, como no.
- El Capitán Marte te manda a llamar para algo muy importante -se nos comunicó.
- Debe ser bien bueno para que tú mismo hayas llamado -replicamos.
- Anota esta dirección y llámale por el celular después de las doce, pero sin falta -nos instruyeron.
Luego de la llamada nos dedicamos a adelantar la edición de La Agenda del día siguiente, hasta que sonó el teléfono otra vez.
- ¡Bueno! - dijimos.
- Con el Licenciado Agustín Beroes -le reconocimos la voz a Orlando Fernández.
- ¿De parte de quién?
- De Orlando Fernández Medina.
- Agustín Beroes hablando -volvimos a replicar.
- Esta tarde van a allanar la sede del Consorcio Capricornio en el edificio Onix de El Rosal. Le paso esta exclusiva, para que se luzca mañana.
- Okey, gracias Diputado. Nos vemos - click.
Tuvimos el presentimiento de que más que el allanamiento, que también dio buenas noticias, la primera llamada envolvía un paso importante en nuestra investigación. Sobre el mediodía nos comunicamos con la Sección Política para advertir del allanamiento del grupo denunciado por Orlando Fernández, y quedar libres para lo que vendría después.
Casi a la una de la tarde, nos respondió el teléfono celular convenido.
- ¿Aló? - respondió una dama.
- Quisiera hablar con el Capitán Marte -dijimos.
- ¿Cómo es la vaina? ¿Quién habla?
- Es Agustín Beroes del diario El Nacional.
- Hola, es...(fulana de tal). Ya te lo pongo... No me habían dicho que cambiaron la clave. Espérate...
- ¿Agustín? Escucha con atención. Tengo que salir al interior desde La Carlota, pero regreso antes de las cinco de la tarde. Vete para la oficina de Camionero BJ. Lo llamo enseguida para que no se enrolle. El tiene lo que te quiero dar -nos indicó la voz masculina.
Luego de almorzar nos fuimos rápidamente a la oficina de Camionero BJ. No estaba y nadie sabía a qué hora llegaba. Su esposa nos dio cuatro veces café y, mientras apareció, le revisamos todos los papeles que tenía en el escritorio, muy discretamente.
Allí estaba. Era una copia certificada por el Tribunal XXXVII Penal del Juez La Riva y por la Policía Técnica Judicial, del texto escrito por Meneses el mediodía del jueves 13 de abril. Como era corta, apenas 5 párrafos, copiamos el contenido en la libreta. Seguimos alborotando la mesa para ver si había más copias. En eso sentimos la llegada del Camionero BJ.
Y lo dejamos de ese tamaño.
Al contrario de lo que estaba previsto, Camionero BJ "se enrolló" , no nos quería entregar el manuscrito de Meneses, porque -según él- el Capitán Marte no lo había llamado después para decirle que nos lo entregara. Tras dos horas y media de discusión, se me ocurrió discar el celular nuevamente, hasta que apareció la voz del Capitán Marte.
-Dile tú mismo a Camionero BJ que me entregue la carta de Meneses -planteamos al Capitán Marte-. Ya tengo el contenido, pero nadie va a creer que ésta sea si no consolido una fotocopia.
- Pásame al marico ese-, respondió.
-¿Haló? -tomó el celular BJ.
- Hay que entregarle la carta de Meneses a Beroes y eso es una orden-, le dijo el Capitán.
- Yo no estoy de acuerdo. Nos podemos joder. Además, la copia que tenemos está certificada por el Tribunal de La Riva.
- Usted le da esa carta ya -dijo el Capitán-. Si quieres muéstrale la copia completa para que vea los sellos y los nombres de los detectives que la levantaron en la casa de Meneses, para que no le quede ninguna duda, y los folios de las páginas. Pero me le entregas la carta ya. Beroes y yo tenemos el compromiso de que quien primero la consiga, se la pase al otro.
Supimos después el contenido del otro lado del hilo telefónico.
Como a las seis de la tarde, por fin, tuvimos aquel papel en el bolsillo derecho del paltó, y nos dirigimos de vuelta al periódico. Quedaba pendiente, todavía, convencer a las autoridades de El Nacional de que ésa era la carta.
Llegamos y enseguida sostuvimos una reunión con los jefes de Redacción, Política y Economía. Hicimos una presentación del contenido de la carta de Meneses, analizamos la copia y se tomó la decisión de publicarla en La Agenda.
-¿Tú estás seguro de que no nos van a desmentir? -preguntó Alvaro Benavides La Grecca, jefe de Redacción.
- Yo voy a comenzar a escribir ya, porque es tarde -respondimos- No te preocupes, es la carta.
Sentados frente al computador pensamos en la esposa y la familia de Meneses. Nunca nos habíamos demorado tanto en escribir una información.
En la entrega del viernes 9 de junio, que de paso se agotó a nivel nacional, publicamos un trabajo titulado: "Héctor Meneses detectó manipulaciones" .
Con algunos datos adicionales obtenidos por intermedio de "Camionero BJ" pudimos saber de algunas presiones sobre este intento de suicidio. Inicialmente, se informó que el jueves 13 de abril, encontrándose en su casa, el ex-funcionario fue localizado sangrante en una de las habitaciones de la quinta "Los cuatro" , ubicada en la calle Mercurio de la urbanización Santa Paula, en El Cafetal, con una herida provocada por un proyectil que penetró el temporal derecho con un orificio de salida por el lado izquierdo del maxilar superior.
En principio, se supuso que el hecho ocurrió cerca del mediodía del 13 de abril. Extraoficialmente trascendió que "familiares corrieron al lugar donde se escuchó la detonación y lo encontraron sangrante en el piso, con un revólver calibre 38 a su lado. Rápidamente lo trasladaron a la habitación principal donde fue auxiliado y luego, con la premura del caso, lo llevaron a la Policlínica Metropolitana de Caurimare, donde fue atendido en el servicio de emergencia, por los cirujanos Luis Alberto Russian y Santos Erminy" .
Las versiones del segundo día y algunos datos posteriores precisaron con casi total exactitud el hecho. El ex-ministro tomó un revólver calibre 38, con cañón reforzado, y se efectuó el disparo, luego caminó tambaleante hasta su habitación donde se recostó sobre una almohada en el piso, hasta que llegaron sus familiares.
La policía Técnica Judicial, sobre la marcha, realizó varias pruebas grafotécnicas para determinar la autenticidad del escrito y la química de la tinta que luego se correspondió con el bolígrafo ubicado cerca de la misiva dirigida por Meneses a su esposa Francia:
"Querida Francia (sic):
Lamento mucho haber tomado esta decisión tan dolorosa para todos, pero me encuentro muy deprimido y no sé qué hacer: yo fui en viaje, con Beto que siempre fueron de vacaciones (sic) invitados por él (sic), van a tratar de vincularlos con otras cosas que nunca pasaron. También he encontrado que en actas de la Comisión de Importaciones lo manipularon (sic) y yo no me di cuenta y lo firme por que (sic) lo encabezaba Hurtado. Igualmente revisando los papeles me encontré que Manuel Azpúrua todas las instrucciones me las dio verbal (sic) y yo tramité esos (sic) por escrito.
Todas estas cosas me las va a sacar y yo no tengo una defensa fuerte, y van a querer destruirme.
Mi estado de ánimo es débil y sé que no podré asimilar esos ataques. Siempre actué correctamente.
Perdóname y cuida mucho de nuestros hijos. Te amo, Héctor" .
En realidad, El Nacional había obtenido una copia del manuscrito de Meneses el mismo día que el ex-funcionario atentó contra su vida. No obstante, preferimos no publicarla sino en el momento más apropiado y luego que consiguiéramos otra copia que certificara que la inicialmente dispuesta era la verdadera.
El 16 de junio de 1989, una semana después, el Juez de la causa, Luis Guillermo La Riva, pidió al la Juez XLII Penal, Mélida Aleksic Molina, abrir una averiguación a lo interno del despacho, para determinar quién y de qué manera entregó una copia del manuscrito a El Nacional.
La doctora Aleksic Molina, a su vez, solicitó por la vía de distribución de peticiones a la Juez XIX Penal, Jean Marshall, que actuara directamente sobre el petitorio.
Fue así como el 1 de agosto siguiente el jefe de Redacción de El Nacional, Alvaro Benavides La Grecca, fue citado al Tribunal XIX a cargo de Marshall. Previamente, ya uno de nuestros abogados asistentes, Beltrán Haddad, había sido consultado al respecto, en prevención de que se presentara una situación como la anterior. Siempre nos sorprendió que no fuimos llamados directamente, por haber sido la instancia que dos veces consiguió la carta escrita por Meneses.
La Comisión de Importaciones aludida por el ex-funcionario autorizó en los años 1987, 1988 y 1989 la cifra de 5.875 millones 599 mil 367 dólares preferenciales: 2.649 millones 388 mil dólares -según las estadísticas de Recadi- en 1987, en bienes de capital, ganado de reproducción y productos de abastecimiento; 2.603 millones 748 mil 533 dólares en 1988 para los mismos rubros; y 622 millones 462 mil 763 dólares preferenciales en enero de 1989, antes de la transmisión de mando con el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Luego de un largo tiempo de reclusión en la Clínica Metropolitana, una noche -según versión publicada por El Diario de Caracas -, al término del horario de visita normal a los pacientes, la familia Meneses canceló la cuenta y al día siguiente (fines de agosto) salió por La Carlota rumbo a Miami y luego a Europa. Nunca pudimos confirmar si el plan de vuelo se correspondió con un avión propiedad del diputado Alberto (Beto) Finol, del gobierno o por contrato a un particular. Tampoco si fue cierto que durante su reclusión en la clínica Meneses fue parcialmente interrogado por el juez La Riva.
Fue el 12 de abril de 1989 cuando por primera vez se mencionó indirectamente al Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado. A mediados del año 1988 un grupo de calificados empresarios del Estado Carabobo, ligado al ramo de la cerámica y otras áreas industriales (Cerámicas Carabobo), denunció ante Jorge García Duque, director general del despacho, y Héctor Hurtado, Ministro de Hacienda, que una persona estaba haciendo de las suyas en la región central del país y ofrecía a los incautos aligerar ante la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales cualquier inconveniente a cambio de una comisión en bolívares o dólares por el favor realizado.
Los denunciantes manifestaron su inquietud por el hecho de que el personaje se hacía pasar por hermano del Ministro de Hacienda, bajo el nombre de Julio Hurtado. Pero como muchos empresarios conocían a Hurtado, y a su familia, inmediatamente detectaron la anormalidad.
Fue así como el ministro Hurtado tomó dos decisiones: la primera, sugirió a uno de los denunciantes -como en efecto se hizo- provocar un encuentro con su falso hermano a los fines de obtener una mayor información sobre las operaciones irregulares que estaban en juego y de precisar cualquier tipo de vinculación tanto con Hacienda como con Recadi.
Así las cosas, se procedió a concertar un almuerzo en un restaurante de Valencia, donde efectivamente se apersonaron Julio Hurtado y varios de los empresarios a punto de ser extorsionados. Una vez en el sitio, con menú y buenos tragos por delante, comenzó una amena conversación entre los industriales y dos tipo de la red del falso hermano, quien se encontraba en una mesa próxima a la de los acontecimientos. Bien adelantada la conversación, Julio Hurtado se paró de su mesa y rumbo a la otra dijo: "buenas tardes, soy Julio Hurtado, hermano de Héctor, el Ministro de Hacienda" -suponemos-.
Los socios del elemento presentaron a los industriales con los que tenían rato conversando los problemas de relación con Recadi y, por supuesto, Julio se ofreció amablemente a interceder en favor de ellos en tanto que su hermano, el Ministro, siempre estaba dispuesto a solventar los problemas de los amigos de Julio y, así, sugirió, claro está, un pago por sus servicios, porque además señaló -según nuestras fuentes confidenciales- que contaba con funcionarios de Recadi a su disposición para tales fines.
La información le permitió al Ministro de Hacienda sostener una conversación con el titular de Justicia, Pedro Arturo Torres Agudo (cuñado de Héctor Meneses) quien de inmediato ordenó a Mauro Yánez Pasarella la designación de un detective especial (de apellido Jiménez) para investigar la red de Julio, el falso hermano de Héctor Hurtado. Esta fue la segunda decisión.
Fue así como se estableció un segundo contacto, para la investigación policial, entre Jorge García Duque y el director de la PTJ, a los fines de precisar la información al detective que emprendió las pesquisas.
De acuerdo con datos confiables que obtuvo el equipo de La Agenda Secreta, éste detective se dedicó integramente al caso y presentó un primer informe donde casi no comentó el caso de Julio Hurtado, sino que se refirió, a propósito de éste y de manera preliminar, a una serie de vinculaciones que existían entre funcionarios del Palacio de Miraflores, la dirección de Recadi y dos oficinas profesionales (escritorios jurídico-económicos) localizados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco
A partir de ese momento la investigación fue paralizada; nunca más se supo del tal Julio, supuesto hermano de Héctor Hurtado, como tampoco de los nexos que encontró el detective entre la sede del gobierno central, las oficinas de Recadi y los dos escritorios profesionales.
Lo que sí pudimos constatar fue que después el Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, trató de obtener una respuesta efectiva a su petición por parte de los jefes policiales, pero nunca pudo lograrla. En cuanto al detective, presuntamente de apellido Jiménez, desapareció o al menos abandonó sus funciones habituales, y el ministro Hurtado se quedó con las ganas de conocer a su hermano.
Esta historia, por aquello de los vínculos entre Miraflores, Recadi y terceros, fue el motivo que justificó nuestro primer viaje a Miami, del cual hablaremos en el próximo capítulo.
Héctor Hurtado, como casi todos los funcionarios señalados en las denuncias de El Nacional o de terceros, fue interpelado por la Comisión Especial del Congreso e interrogado por los Tribunales de Salvaguarda.
El 21 de abril, reunido el comité parlamentario, dijo que no tenía "una cuantificación de mi gestión como Ministro de Hacienda" .
En la transcripción repartida luego por el Congreso se lee el siguiente diálogo:
- En la carta de Meneses el ex-funcionario dijo que se sentía comprometido por las instrucciones dadas por Manuel Azpúrua y por usted -inquirió Gonzalo Pérez Hernández del Min.
- Ese desgraciado incidente...- dijo casi en tono imperceptible Hurtado-. No conozco si existe esa carta. Meneses no era subalterno mío. Yo era ministro de Hacienda y él de Fomento. No podía recibir instrucciones mías para determinados actos. No puedo responder sobre cosas sobre las cuales no hay certeza...
Entre Carlos Tablante y Pérez Hernández atacaron a Hurtado con el viaje adelantado por éste, el diputado Alberto Finol y Héctor Meneses a Nueva Zelandia.
- Fue con la finalidad de retribuirles, por parte de los ganaderos exportadores de ganado de ese país, las facilidades que ustedes les brindaron a través del Ministerio de Hacienda - planteó Pérez Hernández.
- Pídale a la prensa la información para que demuestre ese hecho -respondió tímidamente Hurtado-, bien enredado en sus explicaciones de ese día.
- ¿Entonces no viajó? - preguntó Tablante.
- Anuncié con bastante antelación que iba a tomar un descansito, porque la función pública y cinco años allí al frente del Fondo de Inversiones, Hacienda y Fomento,... como usted comprenderá, después de llevar esa carga, ese peso, reclamaba un descanso...
- ¿Quiénes viajaron con usted? - insistió Orlando Fernández.
- Beto Finol y Héctor Meneses.
- ¿A ellos también les compensaron ese cansancio? - replicaron Pérez Hernández y Tablante.
- Yo no sé... Sería preferible que le preguntaran a ellos...
El martes 2 de mayo acudió Hurtado, el verdadero, al Tribunal del Juez La Riva. En las puertas, acosado por la prensa, declaró: "quien resulte culpable que vaya a la cárcel. Si hubo defraudación, se produjo por complicidad entre los importadores y empleados. Mis declaraciones de bienes están allí..." .
La primera denuncia concreta contra Héctor Hurtado, la formuló Carlos Tablante en rueda de prensa celebrada en el Congreso el 9 de mayo.
Con copia de un oficio dirigido por el Ministro de Hacienda a Edgalia Bastardo de Leandro, directora de la jefatura de Autorización de Divisas para Importaciones, el diputado del MAS acusó a Hurtado de "malversación del presupuesto de Divisas" .
El texto de esta comunicación, fechada el 26 de mayo de 1988 y obtenida por nosotros decía: "Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle la decisión de este Despacho en el sentido de otorgar a la brevedad posible todas aquellas solicitudes de Importación que cumpliendo los requisitos y análisis de la dirección a su cargo, abarquen el sector repuestos (industria, comercio, agrícola, automotriz, etc.), independientemente de la situación presupuestaria actual, fundamentada en la asignación. De igual manera le sabe agradecer elabore las referidas estadísticas con el fin de conocer fielmente el destino y los montos de divisas conferidos por este concepto" .
Según Tablante, "tanto Hurtado, en su condición de Ministro solicitante, como Edgalia Bastardo, funcionaria ejecutora, actuaron aquí en perjuicio del Estado Venezolano, dado que el primero ordenó la asignación de divisas sin considerar la disponibilidad presupuestaria, y la segunda, tal como lo afirmó al ser interpelada por nosotros, dio curso a tal solicitud y procedió al respecto" .
El jueves 18 de mayo, mientras se desarrollaba el paro cívico general convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y que según el Ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, costaba 11.000 millones de bolívares en pérdidas, Hurtado ante el vencimiento de la prohibición de salida del país dictada por el Juez La Riva, luego de pasar por la DIEX, salió rumbo a España a presidir un directorio del Banco Exterior de España y Los Andes, del cual es presidente en Venezuela.
Al verificar la información en los archivos de la Dirección de Identificación y Extranjería de Relaciones Interiores, constatamos que para la misma fecha, por el caso Recadi, tenían prohibido abandonar Venezuela: Carlos Hernández Delfino, Andrés Manuel García Jiménez, Fuk Shuk Wing, Jesús Amado Ramírez, Carlos Jesús Ruiz Poleo, Carlos Alberto Siso Paván, John William Werner, Armando García Capriles, Emilio Puig, Aníbal Hidalgo, Francisco Hernández Rodríguez, Michael Stuart Dingere, Vicente Vegas Soko, Tulio Alvarez Rojas, Luis Torriente, Joseph William O`Neill Birmiham y Pierre Brun Bernard. Todos empresarios, empleados y directivos de las verificadoras y empleados bancarios.
El 30 de junio, Carlos Tablante formalizó sus denuncias ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, y a su presidente Silvestre Ortiz Bucarán entregó un breve escrito donde, basado en la comunicación antes referida, aseguró que el ex-ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, indujo a Edgalia Bastardo de Leandro, ex directora de Recadi, a malversar el presupuesto de divisas de 1988, "provocando una merma sustancial en las reservas internacionales de Venezuela" .
Hurtado, con esa correspondencia -nos afirmó Tablante antes de llegar al Tribunal, en su oficina-, se constituyó él mismo en la Comisión de Importaciones e indujo a Bastardo a entregar esas aprobaciones, en forma irregular y constitutiva de daño al patrimonio público. La denuncia del Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, estuvo asesorada por los abogados Alberto Quintero y Humberto Mendoza D`Paola, como casi todos los escritos entregados a Salvaguarda.
Desde que comenzó La Agenda Secreta de Recadi en El Nacional, el viernes 31 de marzo de 1989, se hizo lo posible y lo imposible por entrevistar a Héctor Hurtado. Llamadas directas, mensajes con sus colaboradores de confianza, o por intermedio de familiares, no llegaron a convencer nunca al ex-ministro de Hacienda para acceder a nuestra petición. Estábamos obligados a buscarlo.
Sabíamos, por informaciones confidenciales, que muchos de los miembros de la Comisión de Importaciones que él presidió, sistemáticamente se reunían para evaluar las denuncias y seguirle el pulso al caso Recadi. Este grupo de economistas y abogados, denunciado por Tablante como el Grupo H, tenía vínculos pasados, desde que trabajaban en la firma Promesa, donde prestaba sus servicios profesionales a terceros o al mismo gobierno cuando estaba Acción Democrática en la oposición. Así fue que Hurtado se convirtió en asesor de Leopoldo Díaz Bruzual (el mismo de la tesis de la devaluación lineal en febrero de 1983) en el Fondo de Inversiones de Venezuela, al comienzo del gobierno de Luis Herrera Campíns.
Un buen día, el viernes 21 de julio, Héctor Hurtado sorprendió con una llamada por el directo de la sección de economía. Planteó al Jefe del área, Amado Fuguet, que estaba dispuesto a conversar sobre el caso Recadi, para puntualizar algunas cosas. Mostró muchas reservas en torno a la posibilidad de que nosotros lo enfrentáramos en la conversación.
- Agustín Beroes está muy prejuiciado en el caso - explicó Hurtado a Fuguet, por el hilo telefónico.
- Lo más conveniente es que Agustín se encargue -respondió acertadamente Fuguet- porque él es el responsable de la coordinación del caso y su seguimiento y lo ha estado llamando desde que comenzaron las denuncias.
Llamamos a Hurtado a su nuevo teléfono particular, él mismo respondió y convinimos en vernos en su casa de La Lagunita Country Club el sábado 22 de julio a las nueve de la mañana. Al llegar a la "quinta aérea" , estaban en casa su esposa y Guillermo Pimentel, quien se desempañó como asistente del ex-ministro en el despacho de Hacienda. Pimentel es el mismo personaje citado en el Capítulo II, que elaboró el informe para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace con el gobierno saliente de Luis Herrera Campíns y que recomendó que las funciones de Recadi debían ser absorbidas por el Banco Central de Venezuela, planteamiento que, como dijimos, nunca se materializó en el gobierno de Jaime Lusinchi.
Hurtado tenía un material por escrito donde refutaba las cifras mencionadas por Tablante en la denuncia introducida por ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, referida a la Comisión de Importaciones. De entrada reclamamos a Hurtado el hecho de que no hubiera aceptado la conversación semanas antes. Respondió y así lo indicamos en la edición del martes 25 de julio, que las averiguaciones se hacían dentro de un contexto prejuiciado "que presupone la comisión de irregularidades y que todos somos culpables hasta que no demostremos nuestra inocencia, distorsionándose el principio básico de la justicia" .
Antes de recordar algunos pasajes de la conversación con Hurtado, es bueno decir que tiempo después un miembro del "Grupo H" nos confesó (a fines de noviembre de 1989, pocos días antes de los autos de detención contra los funcionarios, ordenados por el Superior de Salvaguarda) que, finalmente, los abogados del equipo dirigido por Hurtado, recomendaron que el patriarca del grupo buscara la entrevista con El Nacional, porque había llegado el momento de pasar a la ofensiva. Esto fue lo que motivó la llamada voluntaria de Hurtado a nuestra redacción.
-¿Por la respuesta anterior uno puede entender que usted piensa que el escándalo Recadi tiene origen y finalidades políticas? -planteamos a Hurtado una interrogante.
- Evidentemente. La intención política de todo este escándalo es destruir toda una administración de cinco años, como lo fue la del Presidente Jaime Lushinchi. En este período el país se recuperó de la crisis de estancamiento de la economía que se vivió entre 1979 y 1983.
- Usted ha sido directamente señalado en el caso Recadi pero además en su relación con varios funcionarios subalternos. Por ejemplo, está el oficio que dirigió a Edgalia Bastardo diciéndole que entregara divisas independientemente de la situación presupuestaria.
- Hasta ahora yo no he sido interrogado por el Tribunal Superior de Salvaguarda sobre eso. Dentro del cupo global de conformidades de importación yo estaba autorizado para fijarle cupos a las empresas y aquí yo no le fijé cupo a ninguna. Ahora para las empresas de repuestos yo sí dije déle, aunque tenga el cupo agotado y en eso no hay ninguna responsabilidad.
- ¿Pero al margen de la situación presupuestaria, como escribió en ese oficio a Edgalia Bastardo, directora de Recadi?
- Presupuestaria era una forma común de decir las cosas. En realidad eran cupos nuevos que se habían asignado a empresas de repuestos. Como agotaron sus divisas, déle entonces, fue lo que ordené.
- ¿Qué piensa del intento de suicidio de su amigo Héctor Meneses? En la carta dejada por él aparece usted mencionado dentro del contexto de que en la Comisión de Importaciones se manipulaban las actas y usted era el presidente de la Comisión 1.546...?
- Se trata de un momento de debilidad, de miedo a enfrentar este escándalo que se ha producido y que yo prefiero enfrentar vivo, tranquilamente. No tengo idea de a qué manipulaciones se refirió. No lo sé...
- Volviendo a Meneses, tenemos la información de que él y otros funcionarios suyos se reunieron con usted en esta casa pocos días antes de que tomara la fatal decisión ¿qué sentido tuvo ese encuentro?
- El se reunió conmigo y preparó parte de la exposición que yo hice en el Congreso sobre el caso Recadi. Fueron unas notas que sacamos después en limpio en mi oficina de Extebandes. Como él había estado metido en la jefatura de Recadi, tenía todo el detalle de la papelería. Procedimientos. Más aún, el día anterior al intento de suicidio cenamos juntos en La Mansión (12 de abril), por lo que yo fui el primer sorprendido por su gesto del día siguiente.
- Después del intento de suicidio, usted también se reunió con un grupo de exfuncionarios de la Comisión en el despacho de la Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco. ¿Qué finalidad tuvo este otro encuentro? Me dicen que allí se firmaron algunas actas y que algunos miembros de la Comisión de Importaciones se resistieron a firmar, como Eduardo Mayobre y Eglée Iturbe de Blanco.
- He ido varias veces al Ministerio de Hacienda por gestiones que tienen que ver con Extebandes. Ciertamente fui y fuimos todos los funcionarios para terminar de firmar algunas actas de la Comisión de Importaciones que estaban manuscritas. Eso es todo...
- ¿Quiere decir que se ha estado reuniendo sistemáticamente con sus antiguos colaboradores?
- Naturalmente. Después que nos denuncian, como es natural, tenemos que reunirnos porque nos están diciendo y dando con todo y esperamos que esto llegue hasta aquí...
- ¿Qué final espera usted para el caso Recadi?
- Se comprobarán algunas irregularidades donde estén metidos empresarios. Para mí un empresario es aquella persona que tiene una empresa y en este caso pidió dólares preferenciales. Puede que cometa fraude, pero es un empresario. Para que aquí llegara una vaquilla en mal estado, tenía que existir la complicidad de un funcionario que certificaba una importación.
- ¿Y los funcionarios, como usted, del gobierno?
- Pudiera ocurrir algo contra algunos funcionarios oficiales que verificaron en las aduanas. Puede ocurrir, yo puedo responder por mí...
Hasta el primero de enero de 1990, no se conocía todavía el paradero de Hurtado, a propósito del auto de detención en su contra dictado por el Tribunal Superior de Salvaguarda, luego recovado por la Corte Suprema de Justicia.
Como anotamos en el capítulo inicial, Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi, el sábado 25 de febrero de 1989, en respuesta a las denuncias iniciales formuladas por nosotros antes del Sacudón del 27 de febrero, respondió que era incierto que su oficina hubiera sido intervenida policialmente desde diciembre de 1988. Y también que no hubiera sido encontrada por las nuevas autoridades de Hacienda para notificarle que había sido removida del cargo.
- A mí tienen que pasarme una carta, un 211, antes de encargar a otra persona. No lo hicieron, sino que sacaron el nombramiento (de Eva Morales) a través de la Gaceta. A mí nadie me ha buscado. Del ministerio sí me llamaron y será este lunes (el 27 de febrero de 1989) cuando me reúna con una doctora Jiménez, de Personal, y supongo que será cuando me entregará mi carta como funcionario de carrera que soy. Pero ya ni siquiera estoy en nómina -respondió a Florencia Tovar, colega de economía.
Antes, el sábado 25 de febrero, escribimos sobre el fundamento de la intervención policial a Recadi y sobre un problema planteado en torno a Bastardo por la dirección de Personal de Hacienda: "En este momento hay un problema administrativo-procedimental con Edgalia Bastardo, porque técnica y oficialmente, todavía no ha entregado la oficina de la cual fue directora y, además, la Dirección de Personal no la ha podido encontrar para entregarle la notificación de que oficialmente fue removida del cargo".
Pensaron en Hacienda, como alternativa, insertar un aviso de prensa dirigido a Edgalia Bastardo de Leandro, para comunicarle que había sido sustituida por Eva Morales, quien venía actuando en las Direcciones de Aduanas y Recadi, por nombramiento en la Gaceta Oficial del 10 de febrero de 1989.
En el periódico Ultimas Noticias del 28 de febrero de 1989, salió un aviso de la Dirección de Personal de Hacienda, con el siguiente texto: "A la ciudadana Edgalia Rosalía Bastardo de Leandro, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.605.022 se hace saber, que por decisión de la ciudadana Ministra de Hacienda, se le remueve del cargo de Director General Sectorial que viene desempeñando en la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones adscrita a este organismo, de conformidad a lo previsto en el Artículo 4º, Ordinal 2º, de la Ley de Carrera Administrativa, en lo que refiérese a los Directores... Queda entendido que transcurridos quince días a partir de la fecha de la presente publicación, sin hacer acto de presencia por ante la dirección de Personal de este Ministerio, se tendrá por notificada de la medida tomada en su contra, todo ello de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos... Contra la presente podrá interponer el recursos contencioso administrativo, por ante el Tribunal de Carrera Administrativa, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su notificación, debiendo para ello agotar previamente y dentro del mismo término, la instancia conciliatoria acudiendo a la Junta de Avenimiento de este organismo" .
La publicación de este aviso reconfirmó lo escrito por nosotros, días antes.
El 1 de abril siguiente, Edgalia Bastardo de Leandro, previa conversación telefónica con Carlos Tablante, se apersonó en la oficina del entonces Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Luego de un par de horas de entrevista, no le quedó más remedio que someterse al intenso interrogatorio formulado por nuestro colega de Agenda, Fabricio Ojeda. Este se identificó como periodista de El Nacional y tuvo que demostrarlo enseñándole la ficha de acceso al periódico, porque ella se mostró agresiva y pensó que se trataba de Agustín Beroes.
- No estoy desaparecida ni escondida, como se ha dicho. Estoy en mi casa y la gente que me conoce lo sabe -escuchamos luego en el grabador de Fabricio y así quedó escrito en la edición del 2 de abril-... Yo creo que ha sido magnificada la corrupción en Recadi. Por eso es que los organismos investigadores deben llegar a las últimas consecuencias... y yo me siento obligada a quedarme hasta el final. Aunque digan que yo incurrí en irregularidades, eso no es verdad. No participé en nada irregular...
El 23 de mayo su nombre volvió a aparecer en la Agenda Secreta de Recadi: "Verificadora China fue marginada por Edgalia Bastardo" , fue el título de nuestro trabajo en esa oportunidad.
Así como las empresas Caleb Brett, Société Généralé Surveillance y Bureau Veritas, fueron seleccionadas para participar en el proceso de verificación de importaciones por Recadi y el Ministerio de Hacienda, mediante un proceso de descarte que hizo posteriormente posible la emisión de certificados de origen, la cuarta seleccionada: Chinesse Import and Export Commodities Inspection Corporation (CCIC), ingresó al sistema a raíz de que el gobierno de la República Popular China manifestó su protesta en el sentido de que se sentía marginado del comercio internacional venezolano.
Así se desprendió de la documentación entregada a El Nacional por Carlos J. Ruíz Poleo, delegado en nuestro país de la denominada firma CCIC, quien además aseguró que, a los fines de la inclusión de esta empresa en el proceso de certificación de importaciones, a pesar de que existía un convenio comercial firmado entre China y Venezuela, jamás fue recibido por la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro. Esto último determinó un retraso burocrático para que esta cuarta verificadora pudiera expedir los certificados de pre-embarque de ciertas mercaderías importadas desde el Lejano Oriente.
Aun cuando fue el 7 de julio de 1986 que la embajada de la República Popular China protestó ante la Cancillería Venezolana el antes dicho marginamiento, apenas fue en septiembre de 1988, "dos años y tres meses después -de acuerdo con el relato escrito suministrado por Ruíz Poleo- que se pudieron iniciar las operaciones y la campaña para dar a conocer esta corporación" .
- el 21 de septiembre - dijo - se solicitó audiencia ante la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones (Recadi) a fin de entregar copia del documento que autorizaba al delegado para iniciar operaciones. "No fui recibido por la directora, sino por una secretaria (Milagros soler), quien me firmó y selló la copia que entregué para todos los efectos".
Es bueno indicar que el 31 de marzo de 1987, la Dirección General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores envió un oficio a la embajada de la República Popular China, en el cual se notificó que el Gabinete Económico, en su reunión del 5 de febrero de 1987, acordó aprobar el punto de la solicitud en la cual se recomendó aprobar la selección de la corporación china para emitir los aludidos certificados de importación. Esto fue lo que quería entregarle Ruíz Poleo a Edgalia Bastardo de Leandro en Recadi.
El 25 de mayo de 1989, la ex-directoria de Recadi fue llamada a declarar en el XXXVII Penal del Juez La Riva. Ya había estallado desde La Agenda Secreta el enredo de las comunicaciones firmadas por la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, Blanca Ibáñez, algunas de las cuales estaban dirigidas a Edgalia Bastardo de Leandro.
- Tú te pones a leer esas cartas -comentó Bastardo - y no dicen que les den más dólares. Sino que ahí le mando una comunicación sobre fulano de tal, sobre un asunto que le compete a su dependencia...No pueden considerarse como tráfico de influencias o presión, porque la Ley de Procedimientos Administrativos establece que toda comunicación que llega a un despacho y que no le compete, tiene que remitirse al sitio al que le compete... En este caso, llegaban cartas de la doctora Blanca Ibáñez, sobre personas que querían hacer puente con el Ministro de Hacienda. En este país sucede que la gente cree que yéndose por arriba las cuestiones se les solucionan.
El 7 de julio, Bastardo de Leandro regresó al tribunal, pero esta vez al Superior de Salvaguarda.
- Yo entregué un cuadro al Tribunal Superior de Salvaguarda y se verá que de los montos asignados para la importación de repuestos, materias primas, insumos, partes y piezas, productos finales, CKD, del monto total autorizado al ejecutado hay aproximadamente unos 2 mil millones de dólares... Si yo me sobregiré como el ministro (Hurtado) supuestamente me indujo, no me sobregiré en esa cifra...
Francisco Maldonado Cisneros, primer Director General Sectorial de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, durante el gobierno del hoy ex-presidente Jaime Lusinchi, fue removido del cargo que ocupó desde el 2 de febrero de 1984, porque algunos organismos de seguridad del Estado encontraron indicios, en su oportunidad, que hicieron presuponer que este funcionario pudo haber incurrido en irregularidades administrativas durante la gestión. La anterior fue la primera denuncia formulada desde La Agenda Secreta de Recadi, el 31 de marzo de 1989.
Fuentes muy confidenciales nos informaron que la investigación abierta contra Maldonado Cisneros tuvo su origen a propósito de algunas denuncias elevadas por la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), cuando el gobierno nacional decidió, según el Decreto 1.072 del 17 de abril de 1986 (publicado en la Gaceta Oficial 33.458 del 28 de abril del mismo año), entregar a las empresas certificadoras internacionales -Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance - la verificación de todas las importaciones privadas y algunas públicas.
La decisión del Ejecutivo, en aquél entonces, obedeció a que se eliminaba el sistema de pago al contado para las importaciones con dólares preferenciales y se pasó a la modalidad de las cartas de crédito, problema que después puso en punta de quiebra a muchas empresas nacionales.
Las denuncias hechas contra la decisión de incluir en el proceso importador venezolano a las empresas certificadores internacionales, se basaron en dos consideraciones: 1) "el costo de los honorarios por tal verificación quedó, al parecer, establecido según convenios clandestinos celebrados entre la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y dichas transnacionales en el 1 por ciento del valor de cada importación" , revelaba uno de los documentos en poder de El Nacional.
Se agregó que "si tomamos en cuenta que el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado alcanza la cifra de 5.000 millones de dólares (para 1986), es fácil deducir cuánto se proponen ganar estas compañías a cambio de un documento (el certificado de verificación o report of finding) que bien puede ser suplido por una efectiva actuación de los funcionarios aduaneros" .
Ante este y otros argumentos aportados por privados, se inició la averiguación antes mencionada, surgiendo otro factor de importancia: 2) se comenzó a constatar la posibilidad de que en el proceso de inclusión de las compañías Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance, pudo estar presente, supuestamente, la posibilidad de cobro de una comisión millonaria, a cambio de la participación de las empresas extranjeras.
Las indagaciones que se adelantaron en 1986 provocaron que diversos organismos de inteligencia también investigaran la negociación realizada entre Recadi y la banca comercial. Entonces se resolvió eliminar la actuación directa de usuarios y gestores ante la oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y sustituirla por el sistema de tramitación de conformidades de importación por intermedio del sistema financiero nacional.
Los organismos policiales y de inteligencia no quedaron satisfechos ante las interrogantes planteadas y, nuevamente, se acercaron a la posibilidad de otro cobro de comisión, presuntamente por parte de Francisco Maldonado Cisneros. Es bueno recordar de nuevo que, en aquel momento, los investigadores no pudieron tampoco consolidar los indicios a los que se les estaba haciendo seguimiento.
Mientras los organismos de seguridad trataban de sustanciar los recaudos aportados por privados, en el Palacio de Gobierno la situación se traducía en una pérdida en la credibilidad de Maldonado Cisneros. El Presidente Lusinchi, según la información disponible, decidió no recibirlo más en cuenta directa y comenzó a discutirse si se destituía o se le pedía la renuncia, como al final ocurrió.
Se optó por la segunda salida, para evitar que trascendiera el escándalo al público. Francisco Maldonado Cisneros abandonó el cargo -argumentando razones de salud- el 29 de junio de 1986, en carta enviada al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, con copia a Héctor Meneses, director general del despacho de las finanzas públicas, y quien en lo inmediato se encargó de la jefatura de Recadi.
Otro aspecto clave en la salida de Maldonado Cisneros de Recadi, fue el análisis jurídico-legal que acompañó a las investigaciones de orden policial. Concretamente, con el tiempo surgieron cuestionamientos constitucionales en torno a la implantación del sistema de conformidades de importación a través de la banca comercial y, más tarde, en torno a la actuación de las empresas certificadoras.
En el primero de los casos, se observó que permitirle a la banca "el monopolio exclusivo de tramitar el sistema de dólares preferenciales" , violentó el ordenamiento jurídico y constitucional del país, en tanto que según la Carta Magna (art. 67), "todos tienen derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna respuesta" .
Y, por otro lado, el sistema implantado por Maldonado Cisneros puso en entredicho a la Ley de procedimientos Administrativos, en tanto que la banca absorbió honorarios que han debido dirigirse al Estado Venezolano.
En lo que respecta al sistema que permitió participar a las verificadoras, también surgieron observaciones jurídicas de peso. Por ejemplo, uno de los documentos consultados revela que el procedimiento "violentó la Ley General de Aduanas, especialmente el artículo 45, que le otorga a los funcionarios de Aduanas la potestad de...verificar documentos, identificación, examen, determinación de tarifas, restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas" .
Concluyó este otro papel confidencial señalando que "de allí se infiere que estas compañías transnacionales (las verificadoras) están, sin duda, usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional" .
A Maldonado Cisneros lo entrevistamos en Miami, en una sala de reuniones alquilada por él en el Pent House del conocido Hotel Marriot Center Miami, el 26 de abril de 1989. Ya habíamos destacado desde La Agenda Secreta una serie de documentos entregados por el ex-funcionario al diputado Carlos Tablante, quien también había viajado a Estado Unidos a mediados del mismo mes, y grabado un importante video de unas cuatro horas de duración, el cual tuvimos la oportunidad de ver en la sede de El Nacional, por iniciativa del mismo Tablante, con carácter de exclusividad.
El viaje, de donde surgió la posibilidad de conversar durante dos kilométricas sesiones con Maldonado y su esposa, Marcia Fernándes (de origen portugués e hija de un acaudalado empresario dueño de una importante cadena de supermercados en Estados Unidos, Joe Fernándes), resultó de un memoramdum interno donde planteamos a las autoridades del periódico la disposición de Maldonado a hablar con El Nacional, de manera exclusiva, su promesa de hacer importantes revelaciones y entregar valiosos documentos, como en efecto ocurrió.
La posibilidad de entrevistar a Maldonado en Miami, además se inscribió dentro del marco de una interpelación que le haría por segunda vez Carlos Tablante, quien también empacó maletas para viajar al norte junto con nosotros.
Según Maldonado Cisneros, "el desarrollo de Recadi tiene que ser evaluado en el contexto de los últimos cuatro años y medio. Ha pasado por varias etapas importantes que deben ser examinadas para determinar su actual situación" .
Esto es que en 1983, "se creó el mecanismo intempestivamente, a raíz del 18 de febrero. No tenía ninguna base operativa, ni jurídica, ni administrativa. Se dedica a sobrevivir por ocho meses, hasta entregarle al nuevo gobierno. El desorden es total y básicamente se apoya en la poca experiencia del control anterior experimentado en los años 60" .
Argumentó Maldonado que "entre 1984 y 1986, entra en una etapa formal de estructuración y paralelamente resuelve el problema de abastecimiento, credibilidad y se gana un puesto dentro de la administración pública. Crece y se especializa. Resuelve fases como el reconocimiento de la deuda externa privada y minimiza y luego elimina el programa de estudiantes en el exterior. En materia de importaciones, logra administrar el monto de 9.000 millones de dólares en 1983, de 7.500 millones de dólares en 1984, de 5.500 millones de dólares en 1985 y de 6.000 millones de dólares en 1986" .
- Este hecho es de suma importancia -explicó Maldonado-pues durante estos años el PTB refleja crecimiento positivo, el sector agrícola se reactiva, las exportaciones no tradicionales superan los 1.000 millones de dólares y, más áun, el saldo de la balanza de pagos se mantiene y hasta aumenta levemente.
Pero a partir de 1987 y hasta el final "se cometen reversos en política que afectan su desarrollo. Aunque su dimensión es reducida, se reabre el proceso de registro de la deuda privada externa, y las importaciones autorizadas aparentemente superan los 8.000 millones de dólares. La estructura elimina una serie de programas de especialización en áreas específicas y se encuentra trabajando con una falta de coordinación con el resto de la economía. Se convierte en el plato fuerte de la opinión pública y la imagen del culpable renace con mayor intensidad, después de haberse eliminado entre 1984 y 1986" , (es decir, cuando éste funcionario dirigió la oficina).
Basó sus afirmaciones en que Recadi tuvo dos períodos claramente diferenciados: el lapso de los primeros dos años y los dos años y medio posteriores.
- Mi administración fue una gestión eficiente. Por ejemplo, las importaciones de 1983 fueron por el orden de los 11.000 millones de dólares y en 1986, hasta que yo estuve, habían caído hasta 3.200 millones de dólares. No me explico cómo en 1987 y 1988 las importaciones comienzan a subir hasta sobrepasar de nuevo el umbral de los 11.000 millones de dólares dentro de un cuadro de merma de las reservas internacionales, de baja en los precios del petróleo y asfixia en el pago de la deuda externa.
Es decir, sentenció a nosotros, que durante los dos últimos dos años del gobierno de Jaime Lusinchi, "la administración de las divisas preferenciales se hizo bajo un criterio irracional" .
- Esto significa que el proceso estuvo caracterizado por una serie de reversos en política, tal como sucedió con el posterior otorgamiento de dólares al Puerto Libre de Margarita (antes no ocurría) y el reingreso al cambio preferencial de productos suntuarios antes discriminados al dólar libre. El proceso de otorgamiento fue afectado externamente ("cuando en el pasado aprendimos a decir no ante los factores de poder tanto públicos como privados" ) por una línea de comportamiento complaciente, de favores políticos y de intromisión también política.
Añadió en esta oportunidad Maldonado Cisneros que desde "el Ministerio de Fomento (al frente del cual estaba Héctor Meneses) se desarrolló otra política complaciente en el otorgamiento indiscriminado de delegaciones de importación, sujetas a uso posterior de dólares preferenciales desde Recadi. La injerencia partidista contaminó los mecanismos del sistema de otorgamiento de dólares preferenciales" .
"Jamás tuve conocimiento de que hubiera sido investigado -respondió a nuestra pregunta-. Ni lo tuve cuando estuve en el cargo ni luego que salí. Hay una cosa frente a la cual estoy claro, como consecuencia lógica, al manejar un cargo de esta naturaleza. No tengo dudas que algún ente del Estado, por medida precautiva, así como preventiva o de rutina lo pudo haber hecho. Así como fui director de Recadi, puede ser un ministro o el Presidente de la República. Pero una investigación formal en mi contra, con acusaciones firmas en concreto, desde entonces hasta hoy nunca tuve conocimiento de que se hubiera hecho. Mi renuncia no obedece a solicitudes de nadie ni a descontento por parte de mi superior inmediato. Al menos que yo tenga conocimiento... Las razones por las cuales salgo de Recadi son primero personales, y luego voluntarias".
En torno a la renuncia de Maldonado Cisneros, es pertinente insertar el siguiente relato. El jueves 20 de abril de 1989, Carlos Tablante consignó ante la Comisión Especial del Congreso que investigó el cúmulo de irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, una lista de funcionarios de todos los niveles que tuvieron que ver con la asignación de dólares preferenciales.
Tablante mencionó a Eduardo Rafael Behrens Linares, quien en principio, sustituyó a Oscar Pérez Bohórquez, en julio de 1986, al frente de la Dirección de Operaciones de Recadi.
El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados solicitó, además, que los mencionados en la lista, incluido Behrens Linares, fueran también citados por el Juez La Riva, para tomarles declaración jurada.
Una vez que Francisco Maldonado Cisneros salió de la jefatura de Recadi, el 29 de julio de 1986, el candidato a sustituirlo, propuesto por el ex-director saliente, fue Oscar Páez Bohórquez, quien desde 1984 se desempeñó como Director de Operaciones, el segundo de a bordo en la línea de mando.
La propuesta llegó a instancias de Manuel Azpúrua Arreaza, Ministro de Hacienda, quien se reunió en privado con Páez en la sede del despacho de la Torre Norte y dijo que lo aceptaba en la dirección de Recadi, en sustitución del renunciante.
La sorpresa y la molestia de Oscar Páez Bohórquez, al enterarse que al día siguiente su nombre no quedó impreso en la Gaceta Oficial correspondiente, sino el de Héctor Meneses, como nuevo titular -por eso afirmó que tan sólo duró un día como máximo director-; provocó que renunciara inmediatamente, inclusive, a la Dirección de Operaciones.
La entrega de esta dependencia, por parte de Páez Bohórquez a su sustituto Eduardo Rafael Behrens Linares, quedó acordada para pocos días después. Páez se encontró ante una persona que jamás había visto con anterioridad y se negó a firmar el acta de entrega respectiva, en tanto que no estuvo de acuerdo con algunos de los términos allí escritos.
El director de Operaciones saliente pidió 24 horas más para firmar el acta, copia de la cual (más de 100 páginas) se la entregó a sus abogados y, posteriormente, hizo algunas observaciones de fondo y de forma. Páez planteó a Behrens Linares iniciar nuevamente en los procesos internos de Recadi un conjunto de conformidades de importación que él había ordenado tramitar y que se encontraban en tránsito, puesto que las mismas se harían efectivas ante la banca comercial y el Banco Central de Venezuela, y ello suponía que circularían papeles firmados por Páez, quien había dejado de ser ejecutivo de la oficina y no estaba seguro del uso posterior que se haría de su rúbrica.
Eduardo Rafael Behrens Linares, hasta la salida de Maldonado Cisneros y Páez Bohórquez, se desempeñó como empleado de la Gerencia de Sistemas del Banco Central. Fue solicitado, en comisión de servicios, por el Ministerio de Hacienda, Manuel Azpúrua, según consta en las actas del Instituto Emisor.
Luego que Héctor Meneses, originalmente designado como encargado de Recadi, decide, a su vez encargar en enero de 1987 en la jefatura de la oficina a Ana Teresa Herrera Balduz, también directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda, ésta se encuentra a Behrens Linares como director de Operaciones.
Una de las primeras anormalidades que encontró Herrera Balduz en Recadi, fue el memoramdum interno 006449 de fecha 3 de noviembre de 1986, según el cual Eduardo Rafael Behrens Linares, director General de Operaciones, había participado al personal y a Luis Enrique Aray, lo siguiente: "cumplo con notificarle que ha sido comisionado para coordinar la elaboración del proyecto del presupuesto de divisas de 1987, de acuerdo a la asignación por sectores determinado por el Ejecutivo Nacional. Proyecto que se manejará conjuntamente con Cordiplan, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Cría" .
Si se trató del presupuesto de divisas para el sector público o privado, en ambos casos era una atribución que, por jerarquía, le correspondía ejercer al Director General del despacho de Hacienda, en concordancia con las disponibilidades advertidas por el Banco Central de Venezuela.
El memo descrito, firmado por Eduardo Rafael Behrens Linares, por improcedente provocó que Ana Teresa Herrera levantara un informe al ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, puesto que un director General Sectorial de Operaciones no podía dar semejante instrucción.
Por otra parte, no existía en la Gaceta Oficial, en el Ministerio de Hacienda, ni en la propia Recadi, ningún nombramiento que diera cuenta de que Luis Enrique Aray, fuera funcionario, mucho menos comisionado, de alguna nómina del sector público. Azpúrua, ante la situación, ordenó no dejar entrar en Recadi al tal Aray. Posteriormente, en marzo de 1987, Eduardo Rafael Behrens Linares, a propósito del informe elaborado por Herrera Balduz, salió de la Dirección de Operaciones. Nunca se supo si regresó a su antigua posición en el Banco Central de Venezuela.
Como dato curioso, tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, un día que fue citado por el diputado, y confirmar todo lo escrito en torno a su nombramiento y hechos posteriores. En realidad nos conocíamos desde que él ingreso a Recadi. También pudimos escuchar a Behrens Linares en la misma oficina, pero con la diferencia de que él no se percató de nuestra presencia. Nunca nos habíamos visto, y por eso continuó declarándole al abogado Alberto Quintero, creyendo que también formábamos parte del equipo de Tablante.
Desde El Nacional nunca se logró comprobar el posible vínculo que pudiera existir entre Eduardo Rafael Behrens Linares y el primer esposa de Blanca Ibáñez, Alfredo Behrens Ducharne. Incluso, interrogamos a varias de los asistentes a una "despedida de soltera" que amigas de la Ibáñez le organizaron en una quinta del Este. Si el vínculo existe, se trata de un secreto bien guardado. Le perdimos la pista a Behrens Linares.
No obstante, el personaje volvió a aparecer, al menos de nombre, el 26 de abril de 1989. Resulta que la redacción recibió un conjunto de actas o minutas levantadas por Recadi, sobre lo que fueron varias reuniones, en realidad todas, efectuadas por los integrantes de la Comisión de Importaciones, creada por el Decreto 1.041 y que luego pasó a denominarse 1.546. Existía una del 19 de marzo de 1987 que recogía lo resuelto en la reunión número 14, efectuada el 25 de febrero del mismo año.
Asistieron Héctor Meneses, Viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Guillermo Rendón, Director General encargado de Cordiplan; José Azócar Aguilera, Ministro Encargado del MAC; y Ana Teresa Herrera Balduz, Directora Encargada de Recadi.
Lo interesante es que, más abajo, el documento señala "otros asistentes" : José Tomás Blanco, director de Secretaría de Hacienda; y Eduardo Rafael Behrens Linares, director general de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales.
La pregunta era: ¿Si Behrens Linares era director general de Operaciones, por qué figuró en esa minuta como director general de Recadi, participando en la misma reunión la directora encargada de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz? La otra interrogante fue: ¿Hubo dualidad de funciones en Recadi para ese entonces, tras la salida de Maldonado Cisneros, Páez Bohórquez y Héctor Meneses?
Esas mismas preguntas se las autoformularon los investigadores del Congreso. Encontraron que, en realidad, caída la posibilidad de ascenso de Oscar Páez Bohórquez como sustituto natural de Maldonado Cisneros, un hilo muy poderoso, desde Miraflores, impulsaba el estrellato de Eduardo Rafael Behrens Linares. Sólo que a éste le ocurrió lo contrario que a Páez Bohórquez: lo nombraron Director General de Operaciones, con la idea de usar el cargo como trampolín para alcanzar la ansiada Dirección General, pero otros factores le cercaron y tuvo que salir en marzo de 1987.
Volviendo a Maldonado Cisneros, éste confió al redactor y así quedó impreso el 3 de mayo que había exigido una explicación a Azpúrua sobre lo acontecido con Páez Bohórquez.
- Le exigí al Ministro que me aclarara la situación, porque no creía posible que, después de dos años y medio trabajando conmigo, el Ejecutivo tuviera dudas de Oscar Páez. Esas pruebas, repito, esas investigaciones o lo que fuese, nunca llegaron a mi poder... En ese momento, aunque yo estaba afuera, consulté con el Ministro Azpúrua -refiere Maldonado- y traté de que me diera una explicación. Yo, como superior de Oscar Páez, tenía derecho a saber si había alguna duda con él y, en consecuencia, saber si yo también había sido engañado. Me comentó que quizás había algo. Yo quería que me enseñaran pruebas en torno a lo que había, pero nunca se materializaron.
Por cierto que el día que vimos a Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, quedó en entregar un libro donde anotaba llamadas importantes y donde -según este otro renunciante- figuraban varias llamadas hechas desde Miraflores, por el diputado Luis Guevara, preguntando sobre el curso de los trámites de algunas empresas solicitantes de dólares preferenciales. Fe de esto la puede dar el mismo Carlos Tablante y el propio Oscar Páez Bohórquez. Nunca supimos si finalmente entregó la copia de la agenda de llamadas, con la cual pensaba defenderse si las cosas se ponían muy malas para él.
Mientras tanto, el Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, estableció contacto personal con El Nacional luego de haber sido nombrado varias veces en La Agenda Secreta y que el Juez La Riva le prohibió salir del país en iguales oportunidades.
- He estado todo este tiempo en el país -nos dijo en la oficina del jefe de Redacción, acompañado de uno de sus abogados- y seguiré permaneciendo en el país, a la disposición como siempre de los organismos públicos competentes, para cualquier aclaratoria o investigación de mi gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Estoy especialmente interesado en que la investigación sea del nivel de seriedad que el asunto amerita.
En efecto, el miércoles 26 de abril de 1989 fue citado por la comisión del Congreso y el 6 de julio por el Juez La Riva.
Cuando acudió al parlamento expresó que "lo que más le conviene al país es que se determinen exactamente las cosas, para que aquellos que sean los responsables sean sancionados y también se restablezca la reputación a aquellos que han sido mencionados y que no han cometido infracción alguna. Esa es una obligación y un deber que tiene esta comisión y el Congreso de la República" .
- En mi caso -explicó- siempre actué sin presiones.
El ex ministro de Hacienda, Azpúrua Arreaza y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, fueron denunciados por el diputado Carlos Tablante, el primero de julio de 1989, ante el Superior de Salvaguarda, por presunta comisión de delito.
"Uno de los hechos que he mencionado como generador de actos de corrupción y que lógicamente dañó al patrimonio público, es el conocido con el nombre de las verificadoras, por las cuales el Juez La Riva -señaló Tablante- dictó varios autos de detención... Dicha imposición fue producto de una supuesta contratación efectuada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, y el director general de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, en contravención de todas las opiniones e informes ordenados realizar previamente, entre los cuales cabe destacar, el de los ex parlamentarios Leomagno Flores y Alejandro Rodríguez Cirimelle y la del oficial de la guardia Nacional, Orlando Hernández Villegas".
Este escrito precisó que "esa presunta contratación -inscripción vulneraba una serie de disposiciones legales, pues sometía a las importaciones a una verificación extraterritorial, cuando esa labor correspondía a las aduanas del país, por ende, a los funcionarios que señalan las leyes de Hacienda y de Aduanas" .
La ex directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda y encargada temporalmente de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz, y varios funcionarios a su cargo, fueron denunciados por algunos interventores de la aduana El Guamache del Puerto Libre de Margarita, por ocultar y participar, supuestamente, en actos reñidos con la ética del funcionario público, según constó en algunos documentos en poder de El Nacional.
En efecto, decía uno de los textos: "nos dirigimos a usted (el Contralor General de la República) en la oportunidad de remitirle por segunda vez a su digno despacho el cúmulo de denuncias introducidas en fecha de junio de 1987 ante la misma Contraloría, la Dirección de Inspección y Fiscalización y la Dirección General de Ministerio de Hacienda, y que recoge un paquete de denuncias relacionadas con innumerables irregularidades que se vienen cometiendo en la aduana El Guamache desde 1985" .
Añadió esta misiva que "los protagonistas de estos actos ilícitos son: Arévalo Marín, administrador de Aduana; Santos Zapata, primer interventor; Augusto Alemán, técnico valorador. Como coprotagonistas mencionamos a Héctor Peinado, confrontador; Juan Méndez, administrador encargado de la aduana de Pampatar; Omar Peraza, abogado fiscal; y otros funcionarios bajo la dirección de la doctora Ana Teresa Herrera Balduz, Directora General de Inspección y Fiscalización" .
Se argumentó que "estas denuncias fueron procesadas entre septiembre y octubre de 1987 por la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, fecha en que la Contraloría General de la República mandó una comisión para investigar los casos. Pero la doctora Ana Teresa Herrera se interpuso, colocando funcionarios afines a ella en cada una de las empresas denunciadas, engavetando las pruebas fehacientes que inculpaban e involucraban a los funcionarios señalados" .
Complementaron el informe confidencial advirtiendo que "la mano salvadora de la doctora Ana Teresa Herrera recibió dádivas, para mantenerlos en sus correspondientes cargos..." .
Fue a partir de esta denuncia que las actividades de la ex directora de Inspección y Fiscalización comenzaron a ser investigadas desde el propio Ministerio de Hacienda y otras instancias, abriéndose un proceso que culminó con la destitución ordenada por el Presidente la República, Jaime Lusinchi, dentro del episodio de los teléfonos intervenidos en otras direcciones del despacho, incluídos los del Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado. Todo en un contexto donde Ana Teresa Herrera, a su vez, hacía lo propio contra las actividades de la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, a propósito de un caso que hizo crisis: Interamericana de Aviación.
El 13 de abril de 1989, un día después que La Agenda Secreta publicó nuestro trabajo, por intermedio de una amiga común Ana Teresa Herrera nos mandó llamar por teléfono y nos dio una cita en su casa para entrevistarnos el 14 a las nueve de la mañana, en el Edificio Doral de Los Palos Grandes. Se mostró muy cautelosa porque ese mismo día, por la tarde, tenía que ir a una interpelación en el Congreso.
Las denuncias formuladas ante la Contraloría y la Fiscalía por el grupo de interventores de la aduana de El Guamache, en contra de Herrera Balduz, provocaron que ésta iniciara una investigación interna, de acuerdo con sus atribuciones específicas, que provocó la sospecha de ciertas anormalidades y vicios cometidos por funcionarios y empresas importadoras de Margarita.
Mientras por un lado Ana Teresa Herrera era atacada, incluso con anónimos, ella, por el otro, actuaba bajo instrucciones emanadas del Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en varias indagaciones.
El titular de la Finanzas Públicas, Azpúrua Arreaza, ofició a Herrera Balduz para que tomara en consideración un petitorio enviado por Paciano Padrón, presidente de la Comisión de Contraloría de Diputados, a los fines de constatar la veracidad de las imputaciones e irregularidades que se estaban levantado desde el Puerto Libre.
La instrucción de Azpúrua consistió en ordenar de inmediato una inspección en El Guamache. En paralelo, la Contraloría hacía lo propio.
Un primer paso ordenado por la Directora de Inspección y Fiscalización, fue instruir a la jefa de la División de Instrucción Fiscal, Carmen Hernández Antonini, para que reordenara a Víctor Droz y Amarilis Sánchez dar cumplimiento al mandato del Ministro, siempre basados en la comunicación de Padrón. El presidente de la Comisión de Contraloría sustentó el petitorio a Azpúrua en 37 folios anexos.
Un primer informe parcial de las actuaciones ordenadas por Ana Teresa Herrera dio como resultado que algunos factores como: falta de registros contables, empresas inexistentes, y la difícil ubicación de otras compañías, no habían permitido determinar "fehacientemente" las presuntas irregularidades imputadas a la jefa de la oficina (Herrera Balduz) y los otros funcionarios aduanales mencionados en las denuncias.
En segundo lugar, el parte preliminar dio cuenta de que se habían detectado procedimientos administrativos viciados por parte de los funcionarios de la aduana El Guamache, en cuanto al desaduanamiento de mercaderías, por lo que se trataron de introducir algunos correctivos.
Fue así como el 6 de enero de 1988, meses después, Daniel Antequera, Inspector General de Hacienda, ordenó a Eduardo Cuberos -ya había sido destituida Ana Teresa Herrera Balduz - que continuarán la investigación emprendida contra las empresas CVG Internacional, Bomacasa, Joyería Iván, José Mazzeo, Importadora El Oeste, Importadora El Sha, La Pirámide, Mi Lindo Sueño y El Gran Mayor. Las investigaciones continuaron abiertas, porque nuestras embajadas en el exterior no habían podido verificar los precios involucrados, cosa fundamental para poder constatar las operaciones en Margarita.
Uno de los aspectos fundamentales que provocaron discrepancias entre la Directora de Inspección y Fiscalización, Ana Teresa Herrera, y el Director General de Hacienda, Jorge García Duque, fue el trato jurídico que tenía que dársele a la empresa solicitante de divisas ante Recadi, Interamericana de Aviación.
Esta otra investigación fue ordenada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, a la doctora Herrera, "hasta sus últimas consecuencias" . Así, la dirección de Inspección comenzó a indagar en la Empresa, logrando reunir suficientes recaudos que demostraban que se había hecho un mal uso de las divisas preferenciales asignadas y lo mismo con otros dólares para la compra de repuestos que nunca llegaron a Venezuela.
Incorporado García Duque al Ministerio, ya había llegado al despacho un escrito del Tribunal Penal a cuyo frente estaba el titular Pastor Laurens, quien opinaba que la averiguación no era competencia de la dirección de Inspección y Fiscalización y que el caso debía entrar en el ámbito de conocimiento del órgano tribunalicio, de manera exclusiva.
El Director General de Hacienda, García Duque, creyó conveniente que así se hiciera y, a partir de este momento, comenzó un pleito entre los dos funcionarios que culminó con la destitución de Herrera Balduz con un 211 ordenado por el Presidente Lusinchi.
El 16 de mayo de 1987 fue removida Ana Teresa Herrera de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda. Fue enterada de la decisión del alto ejecutivo por la vía del Director de Personal del despacho. Son encontradas las versiones de lo que sucedió ese día en el cubículo de Herrera Balduz. Lo más confiable, aparentemente, es que ella firmó el 211 ordenado por Lusinchi, sin problemas. Pero condicionó la entrega del inventario para una hora diferente del mismo día.
Fue así como en la tarde del 16 de mayo formalizó el traspaso a Jorge García Duque, quien había reunido a la escolta del Ministerio y todos armados subieron al piso 6 de la Torre Norte, mientras arriba varios funcionarios, también armados y afectos a Herrera Balduz esperaban al Viceministro. No hubo nada que lamentar, aparte de la tensión y las llamadas de Miraflores y la Casa Nacional de Acción Democrática, desde donde salió otro contingente para evitar una guerra entre las facciones en pugna.
García Duque se encargó temporalmente de la dirección. Posteriormente se firmaron las actas y los inventarios, donde de paso, estaban incluidos los equipos de grabación y detección de voces, con los que ella supuestamente había intervenido los teléfonos de las otras autoridades del Ministerio.
Según versiones recogidas entre funcionarios, aparentemente, se trataba de equipos que existían desde la época de Fulvio Parodi, los cuales fueron colocados para grabar las denuncias orales y telefónicas y que, después, fueron utilizados con otros fines inconfesables.
Al acudir al citatorio del Congreso, Ana Teresa Herrera dijo, el 14 de abril, que "su casa fue allanada por la Disip y una vez que llamé a mi cuñado (un militar de las fuerzas navales que le dio la protección) la trasladaron a la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, primero en La Guaira y posteriormente a Caracas, donde fui recluida en un calabozo... Ese calabozo estaba sucio, habia una cama y dos mujeres. Una de ellas me dijo, es mejor que confieses porque si no te pueden arrancar un brazo" .
A duras penas admitió que había sido amenazada de muerte en varias oportunidades.
Por cierto que el caso Interamericana de Aviación fue cerrado intempestivamente por el cuestionado Tribunal Superior de Salvaguarda integrado por Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos.
El expediente, abierto en 1987 por presuntas irregularidades en la importación de aeronaves con dólares preferenciales (eran tres y sólo llegó una en situación de inoperabilidad), fue protestado por el Fiscal del Ministerio Público, Jofré Marín, porque la decisión primaria del Juan Alberto Pérez Marcano, XXXV Penal, había sido mal instruida y faltaban algunas diligencias de suma importancia que habían sido solicitadas, más no materializadas.
En el interín, el presidente de la empresa, Julio Mendoza Silva, se comprometió a devolver los dólares colocados (1 millón 850 mil), más una fianza que originó una multa por 68 millones de bolívares) que, según el Diputado Douglas Dáger tampoco se concretó.
Por la Comisión del Congreso pasaron, también, el General Jesús Vargas Chirinos, de quien hablaremos cuando abordemos el caso de las importaciones desde Margarita, y Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda.
El director General de Hacienda, García Duque, también citado por el Tribunal del Juez La Riva, declaró a la prensa: "estoy exento de culpa" . En el Congreso achacó las denuncias al director de Aduanas, Vargas Chirinos, y a la de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro.
Mis acciones están asignadas por la corrección -declaró a las puestas del XXXVII Penal-. Ya les dije que tengo 30 años siendo funcionario público. No creo que vaya a botar mi carrera, que vaya a dañar a mi familia cometiendo un acto censurable en la etapa en que me encuentro a esta edad de mi vida. Me siento muy honrado de ser lo que he sido y de lo que soy... Yo aclaré ayer que él (Héctor Hurtado) me señalaba a mí como Viceministro de Hacienda dentro de un equipo conformado por el Director General de Fomento y el personal del Banco Central. Yo sólo actué en equipo. No fue una actuación personal.
El General Jesús Vargas Chirinos, director de Aduanas, y responsable del presupuesto de divisas para el Puerto Libre de Margarita dijo en el Congreso, el jueves 4 de mayo por la tarde, que "mi responsabilidad en la asignación de divisas para los importadores del Puerto Libre fue compartida con el ex-viceministro de Hacienda, Jorge García Duque. Yo le presentaba los listados y él los aprobaba. En Aduanas están los formatos con la firma mía y la firma del doctor García Duque. Yo era subalterno y por mi formación militar, estoy acostumbrado a recibir órdenes".
Otro denunciado, pero por el diputado Jorge León Díaz (ORA) fue Carlos Hernández Delfino, ex-gerente de Operaciones Cambiarias del BCV y luego nombrado Director de Finanzas Públicas de Hacienda y actualmente es Comisionado de Ministro de Hacienda para coordinar las Finanzas Públicas y el Tesoro. El BCV desmintió el 11 de junio, que a lo interno del Instituto Emisor se le hubiera abierto un expediente por irregularidades administrativas. Actualmente es el nuevo negociador de la deuda externa ante la banca acreedora internacional.
El miércoles 29 de noviembre de 1989, nueve meses después de las denuncias iniciales de El Nacional y siete meses después de intensas investigación desarrolladas por la contraloría General, la Fiscalía de la Nación, el Juzgado XXXVII Penal a cargo del Juez Luis Guillermo La Riva, y por la Comisión Especial del Congreso, el Tribunal Superior de Salvaguarda se reivindicó relativamente ante la opinión pública y el país, dictando diez autos de detención contra importantes funcionarios de la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.
En efecto, Silvestre Ortiz Bucarán, su presidente, y los magistrado de Alaíde Mazzarri Mendoza, acordaron la detención judicial de los ex-ministros de Hacienda Héctor Hurtado y Manuel Azpúrua Arreaza; Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Modesto Freites Piñate, ex-ministro de Cordiplan; Mauricio García Araujo, ex-presidente del Banco Central de Venezuela; Eduardo Mayobre Machado, ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, ex-viceministro de Fomento; José Encarnación Azócar Aguilera, ex-viceministro de Agricultura y Cría; y Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora general de Recadi.
Todos integraron la Comisión de Importaciones. La determinación del Superior de Salvaguarda estuvo basada en que el grupo de funcionarios de la administración de Lusinchi excedió -sobregiró- en unos 11.500 millones de dólares, con autorizaciones ejecutadas desde Recadi y remesadas por el Banco Central de Venezuela, los presupuestos de divisas correspondientes a varios años.
Se amparó el auto en el artículo 61 de la Ley Salvaguarda, referida a que funcionarios públicos no pueden exceder las disposiciones presupuestarias y de crédito público, o efectuar gastos o contraer deudas que hagan prosperar reclamaciones posteriores a la República y sus instituciones. Este artículo castiga con prisión de 1 a 3 años de prisión a los infractores que provocaron malversación específica de fondos públicos.
La noticia cayó como una bomba, puesto que se anunció cinco días antes de las primeras elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales, que estaban previstas a celebrarse el 3 de diciembre de 1989. Uno de los fallos fue contra Modesto Freites Piñate, candidato por Acción Democrática a la gobernación del Estado Guárico.
- En el expediente instruido por la denuncia hecha por el diputado Carlos Tablante, en virtud de haberse encontrado y comprobado plenamente el cuerpo del delito -declaró Ortiz Bucarán a la prensa- y de existir graves, plurales y concordantes indicios de culpabilidad, he decretado la detención judicial de los procesados.
Cuando todo parecía indicar que no pasaría nada, toda vez que las apelaciones interpuestas sobre los casos elevados al tribunal de alzada por el Juez Instructor Especial del caso, Luis Guillermo La Riva, estaban siendo revocadas y cerradas las averiguaciones por otros tribunales de Primera Instancia con competencia en Salvaguarda, el Superior anunció su medida, acompañada con las consiguientes prohibiciones de salida del país.
Como es ya costumbre, casi todos los funcionarios ya estaban en el exterior, con excepción de Modesto Freites Piñate y Eduardo Mayobre Machado, quienes se entregaron, y Mauricio García Araujo que se escondió en Caracas.
En los días siguientes, la Policía Técnica judicial practicó más de 50 allanamientos a oficinas y casas de familia en busca de los solicitados. A pesar del operativo, Jorge García Duque -esto fue confirmado- logró viajar a Miami, donde se encontraba con parte de su familia.
De inmediato y luego por apelación en ausencia de los acusados el expediente subió a la Corte Suprema de Justicia, presidida por Otto Marín Gómez, para que ratificara o revocara la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda. En la primera de las opciones ya no habría nada que hacer para los indiciados porque la Corte Suprema es la última instancia de apelación. Lo segundo, podría arrastrar la renuncia del Presidente Tribunal Superior de Salvaguarda, por razones obvias.- Fue el ponente del caso al dictarse los autos de detención.
De acuerdo con informaciones confidenciales manejadas por la redacción de El Nacional, nos enteramos de que dicha ponencia, personalmente elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal, tenía, cuando menos unos quince días de redactada para la fecha de la decisión. Estábamos empeñados en publicarla, puesto que para noviembre de 1989, como apuntamos, el caso lucía moribundo y los venezolanos ya casi se habían olvidado de Recadi.
En los mejores mentideros de abogados ya se sabía de los enfrentamientos entre Ortiz Bucarán y la magistrada Alaide Mazzarri Mendoza. Esta era de la opinión de que los ilícitos denunciados no generaban responsabilidades penales sino administrativas. La tesis contraria era la de Ortiz Bucarán. En tanto que Enrique Sánchez Falcón no había fijado criterio suficiente como para apoyar al presidente del Tribunal. Lo anterior explica, de alguna manera, el por qué la decisión, posteriormente, se tomó con la magistrada Mazzarri Mendoza de vacaciones y suplida por Iván Martínez Zerpa. Por filtraciones que no conviene detallar aquí, obtuvimos a finales de octubre un informe oral de un confidente que logró leer la ponencia de Ortiz Bucarán y, ante la posibilidad de que no cuajara la decisión, comenzamos a buscar con lupa el documento para cumplir con nuestra responsabilidad con el público lector.
Afortunadamente, el Tribunal Superior de Salvaguarda resolvió parcialmente los roces internos de la manera más diplomática y no dio pie para un nuevo y lamentable escándalo público.
Algunos analistas jurídicos nos confiaron que el error inicial de Ortiz Bucarán, fue encargarse directamente de la ponencia. Haberla entregado a Enrique Sánchez Falcón y conociendo la opinión inicial de Mazzarri Mendoza, le daba mayor oportunidad de obtener más rápido el consenso necesario para lograr una mayoría relativa y presionar un posible voto salvado. Pero al final de este capítulo fue otro: la decisión salió por unanimidad y la demora fue provocada por la incorporación de Martínez Zerpa, quien necesitaba de algún tiempo para estudiarla y dar su voto favorable.
Al día siguiente, el jueves 30 de noviembre, el candidato a gobernador en Guárico, Modesto Freites Piñate, no le quedó más remedio que entregarse en la sede de la Policía Técnica Judicial, por recomendación del CEN de AD.
- Se trata de una burda maniobra- declaró al llegar con su familia-, dirigida a entorpecer mi evidente triunfo como Gobernador de Guárico (ya lo había sido durante el gobierno de Lusinchi y antes de ser Ministro de Cordiplan)... Esto deja mucho que decir de ciertos administradores de justicia y contribuye a desprestigiar aún más a ciertos organismos que tienen el sagrado deber de impartirla.
Denunció, al boleo, que el presidente de la Junta Electoral Principal del Estado Aragua, Eduardo Ortiz Bucarán, era hermano de Silvestre, a lo que replicó el presidente del Tribunal Superior diciendo que "intentar relacionar la actuación de Eduardo con lo que pueda ocurrir en las elecciones de cualquier otro Estado es absurdo" . Su denunciante, Carlos Tablante, era el candidato del MAS a la Gobernación de Aragua y resultó electo.
Fue trasladado al Retén Judicial de El Junquito, sitio escogido por el Tribunal para la reclusión de los potenciales detenidos, junto a la Cárcel de Mujeres de Los Teques, para la única mujer del grupo, Edgalia Bastardo de Leandro.
En las primeras de cambio, Freites Piñate fue visitado por Alberto Finol, Octavio Lepage y Carmelo Lauría. El día de las elecciones voló, ida por vuelta, en helicóptero a sufragar por sí mismo.
Freites pidió al Tribunal que estudiara la petición de pedir un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia por ser gobernador electo, pero la propuesta fue desechada, incluso, porque no hay jurisprudencia en Venezuela para un caso similar.
El expediente subió a la Corte, no obstante, porque a los demás enjuiciados se les nombraron defensores públicos.
Por su parte, Eduardo Mayobre Machado se entregó también en la PTJ el sábado 9 de diciembre, no sin antes conocer la salud delicada de su hermano José Antonio, también periodista, quien recién había sido operado. Mayobre al comienzo del actual gobierno fue designado presidente del Banco República, en sustitución de José Bejamín Escobar, antiguo vicepresidente del Banco Central de Venezuela.
-He venido a ponerme a derecho- dijo en la entrada de la central policial- dentro del lapso de los diez días hábiles posteriores a la medida del Tribunal Superior de Salvaguarda, con el objeto de cumplir, como es mi deber, con los requisitos legales del caso y demostrar mi inocencia, así como en la esperanza de que se imparta verdadera justicia. No lo había hecho antes por la necesidad de atender problemas familiares urgentes que requerían mi atención y presencia personal.
- Este contexto - agregó- es propicio para que se lancen acusaciones ligeras que pueden afectar a personas honorables. Tal es el caso en que nos encontramos. Pero creo que predominarán la sensatez y las instituciones llamadas a hacerlo, llegarán a conclusiones justas, incluyendo la total corrección de mis actuaciones en las funciones que me tocó desempeñar.
Recluido junto con Freites escribió para El Universal una serie de trabajos, donde intentó demostrar que un régimen de cambios diferenciales o un control de cambios no necesariamente constituía un delito.
Es bueno apuntar que ni Eduardo Mayobre ni Modesto Freites fueron las personas más denunciadas o que desplegaron el mayor centimetraje en el caso Recadi. Ambos siempre fueron señalados como integrantes de la Comisión de Importaciones. No obstante, sobre Modesto Freites recayó otro tipo de acusación. La interpuesta por Carlos Tablante ante varias autoridades de Miami, donde pidió saber si el candidato a Gobernador de Guárico tenía o tuvo cuentas bancarias en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale, el banco presidido por el hijo del Diputado Alberto Beto Finol, de Acción Democrática.