Desde que en 1983, como consecuencia del Viernes Negro, se constituyó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, hasta marzo de 1989, cuando la unificación cambiaria acordada por el segundo gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez decretó la muerte esperada de la organización administrativa, las irregularidades provocadas desde adentro y desde afuera para causar fraude a la Nación, mediante el uso indebido de las divisas preferenciales, fueron evolucionando.
Como cualquier elemento que crece, se desarrolla y muere, Recadi también experimentó un crecimiento natural que partió de la nada y fue alcanzando cada vez mayores grados de desarrollo y sofisticación.
En la medida que este monstruo de mil cabezas se expandió e irradió su marco de acción hacia el resto de la sociedad y de la economía venezolana, en la misma proporción los agentes negativos de la colectividad encontraron maneras simples o complejas para apropiarse de lo que no les correspondía.
Una vez que el gobierno de Luis Herrera Campíns determinó romper con la libre convertibilidad de la moneda, en febrero de 1983, -desechando la tesis de la devaluación lineal y asumiendo un programa de cambios diferenciales-, se vio obligado a crear una unidad dependiente del Ministerio de Hacienda, para que se encargara de administrar la vuelta a un sistema cambiario que, con anterioridad, fue manejado por el Banco Central de Venezuela, en la década de los años sesenta.
Una vez derrotada la postura política y técnica de Leopoldo Díaz Bruzual, presidente entonces del Instituto Emisor, resultó lógico que la nueva estructura cambiaria, impulsada por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa, fuera adscrita al despacho de las Finanzas Públicas. La razón para no controlar el régimen de cambios diferenciales desde el BCV, fue que no se confió en cómo El Búfalo podía garantizar la nueva política cambiaria sin no estaba de acuerdo con ella.
Esta fue la primera etapa de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. No había local, ni presupuesto, mucho menos personal especializado.
No obstante, para que el Ejecutivo pudiera tocar la puerta de la banca acreedora internacional en favor de una primera reestructuración de la deuda externa pública y privada, fue necesario " agarrar aquel trompo en la uña", sin mirar atrás.
  |
Las administraciones de RECADI en el período 1983/1989 | |||
| Período | Presidente de la República | Ministro de Hacienda | Director de Recadi | |
| 83/84 | Luis Herrera Campíns | Arturo Sosa | Fernando Hernández | |
| 83/84 | Luis Herrera Campíns | Arturo Sosa | Miguel Rodríguez Molina | |
| 84/86 | Jaime Lusinchi | Manuel Azpúrua | Francisco Maldonado Cisneros | |
| 84/86 | Jaime Lusinchi | Manuel Azpúrua | Oscar Páez Bohórquez | |
| 86/89 | Jaime Lusinchi | Manuel Azpúrua | Héctor Meneses | |
| 86/89 | Jaime Lusinchi | Héctor Hurtado | Ana Teresa Herrera Balduz | |
| 86/89 | Jaime Lusinchi | Héctor Hurtado | Edgalia Bastardo de Leandro | |
| 1989 | Carlos Andrés Pérez | Eglée Iturbe de Blanco | Eva Morales | |
De acuerdo con la información disponible, producto de algunos análisis recabados por El Nacional, el siguiente es un esquema típico, divulgado desde La Agenda Secreta, de las irregularidades que se cometieron en el ciclo inicial:
- Información falsa para registrarse como importador con mercancía en tránsito.
- Información falsa para registrarse como importador potencial en el registro nacional de importadores.
- Cobro de comisiones para registrar importadores.
- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar la tramitación de conformidades de importación.
- En el caso contrario, ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar conformidades de importación de una empresa de la competencia.
- Proliferación de gestores y de oficinas afines -algunas de éstas sin dirección o actividad previa conocida- que cobraban dinero, en muchos casos sin darle los mejores resultados a sus interesados e incautos clientes.
- Información falsa para registrarse como estudiante becario en el exterior.
- Cobro de comisiones para registrarse como becario en el exterior.
- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar los pagos a los becarios en el exterior
- Registro múltiple de la misma deuda externa privada
- Cobro de comisiones y ofrecimiento de dinero para registrar deuda externa privada
- Datos falsos para inscribirse como deudor privado.
- Ofrecimiento y cobro de dinero para reconocer porciones de duda externa privada.
- Ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar el reconocimiento y posterior pago de deuda externa privada de una empresa de la competencia.
Una vez ocurrido el cambio de gobierno entre Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, en 1984, se empezaron a introducir algunos procedimientos y sistemas, toda vez que se mantuvo un régimen de cambios diferenciales dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque algunas voces señalaron la conveniencia de transferir las responsabilidades cambiarias al Banco Central de Venezuela, esta otra opción fue totalmente descartada por la nueva administración.
Hablamos de un Recadi más involucrado en las gestiones del refinanciamiento de la deuda externa pública, a la par de la privada. El primer cambio notable que sufrió la organización fue el derivado de la orden expresa de sacar a los gestores, para que las propias cámaras industriales y comerciales buscaran acuerdos globales con la nueva dirección y, posteriormente, los usuarios fueran fundamentalmente deudores e importadores.
Pero esta reforma no duró mucho tiempo, porque la población de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, lejos de disminuir, fue creciendo cada vez más, lo que obligó a atender grandes congestionamientos humanos al mismo tiempo, aunque se trató de racionalizar y distancias los diferentes procesos de reinscripción ante los vencimientos de cada ejercicio anual o de los propios papeles legales.
Fue así como se dio otro gran paso: entregar al sistema financiero nacional la exclusividad de tramitar por taquilla todo lo concerniente a las divisas preferenciales, lo cual no trajo como respuesta el descongestionamiento de la oficina. Tal vez sí, una cierta racionalización de procesos. Esto se completó con la política de difusión por los periódicos del número, monto y tipo de cambio de cada una de las conformidades de importación que se aprobaban. De modo que los usuarios fueran directamente a los bancos.
Ante un Recadi más racional, ciertamente se lograron disminuir las viejas corruptelas, pero a la par fueron surgiendo otras formas novedosas, algunas complementarias de las primitivas:
- Se continuó ofreciendo y cobrando dinero por acelerar o retrasar procesos administrativos y operativos.
- Se ofreció y recibió dinero para forjar conformidades de importación.
- Debido a la configuración más estricta de los presupuestos de divisas para importación en el Ministerio de Hacienda, empezaron a proliferar las empresas fantasmas, es decir, aquellas que no tenían cupo asignado o que lo tenían hasta determinado topo en dólares, pero según los avisos publicados por Recadi en la prensa, aparecían con conformidades aprobadas, que incluso excedían los cupos en divisas asignados.
- Se pagó y recibió dinero para reinscribirse en el registro de importadores.
- Comenzaron a proliferar las cuentas de funcionarios en el exterior, en dólares, producto de los manejos irregulares
- Se pagó o recibió dinero para provocar reuniones entre usuarios y autoridades de la oficina.
- Se siguió estimulando con dinero que se perdieran los papeles de la empresa competidora.
La última etapa de Recadi fue la que recientemente murió, a propósito de la unificación cambiaria: la que eliminó el pago al contado de las importaciones por el sistema de las cartas de crédito, pero manteniendo la relación entre los usuarios y la banca, con la incorporación de las empresas verificadoras, Caleb Brett, Bureau Veritas y Societé Généralé Surveillance.
Se le cambió de rango y de denominación a Recadi. Antes, el despacho tenía categoría de viceministerio y luego, se le reclasificó como una dirección General Sectorial que le podía reportar, incluso, el Viceministro de Hacienda. Y se comenzó a llamar Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación.
Debido a estas reformas y procedimientos, las propias compañías verificadoras se vieron obligadas a elaborar informes para cuantificar las " pillerías" de fin de siglo, todas asociadas a provocar situaciones de sobrefacturación en las importaciones:
- Se mantiene el mismo cuadro referido en la etapa anterior.
- Retraso en la entrega por parte de importadores de los documentos finales, generando retardo en la emisión de los certificados de verificación, pero con la importación ya nacionalizada, inclusive.
- Discrepancias entre los documentos finales de las operaciones de importación.
- Conocimiento de embarques favorecidos: fechas falsas para cumplir con los plazos de vencimiento, tanto de la conformidad de importación como de la carta de crédito.
- Factura final presentada a la empresa verificadora distinta de la factura final presentada en la aduana, al nacionalizar la mercancía.
- Discrepancias en los documentos generados en la inspección de las empresas verificadoras: facturas de orden de compra no compatibles con las descripciones de las conformidades de importación.
- Dificultades para obtener la información adecuada y las explicaciones sobre los componentes del precio de las importaciones cuando éstos se han considerado, inicialmente, muy altos.
- Presiones sobre las compañías verificadoras para que acepten precios altos, alegando competencia.
- Cancelación de las órdenes de verificación en el transcurso del proceso de inspección, para intentar cambiar la compañía importadora.
A los métodos anteriores hay que agregar, naturalmente, las presiones de orden político, es decir, las instrucciones o las iniciativas individuales que provocaron un mayor empuje de la corrupción administrativa en la concesión de los dólares preferenciales, para beneficio propio o de terceros. También se hicieron continuas las llamadas desde Miraflores para detener proceso particulares. El Nacional, por cierto, fue víctima -y no la única- de semejante situación.
Durante la administración de Luis Herrera Campíns, Recadi tuvo dos gestiones operativas: una temporal, bajo la responsabilidad de Fernando Hernández, quien fue Viceministro de Cordiplan; y otra formal, bajo la jefatura de Miguel Rodríguez Molina, que fue la que se mantuvo hasta la transición del nuevo gobierno.
En la administración de Jaime Lusinchi, Recadi tuvo siete gestiones distintas: las de Francisco Maldonado Cisneros, Oscar Páez Bohórquez, Héctor Meneses, Ana Teresa Herrera y Edgalia Bastardo de Leandro. Las otras dos tuvieron que ver con los cambios a nivel del director general del despacho de Hacienda, en tanto que por allí desfilaron Alfredo Alvarez Gallardo, el mismo Héctor Meneses, Jorge García Duque y Eglée Iturbe de Blanco.
El último Recadi fue el que existió en las primeras semanas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo la responsabilidad de la directora liquidadora Eva Morales, a su vez, actual Directora de Aduanas del Ministerio de Hacienda.
Desde que Recadi fue creada, el lunes 28 de febrero de 1983, hasta que el nuevo gobierno dictaminó su liquidación, el 10 de febrero de 1989, se dictaron 121 decretos, resoluciones o convenios que determinaron la legislación cambiaria que sus administradores o los superiores inmediatos de éstos debieron cumplir al pie de la letra, al igual que los usuarios de los dólares preferenciales.
El 14 de junio de 1989 tuvimos la oportunidad de " colarnos" en las instalaciones de la extinta Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Los arreglos se hicieron por intermedio del Diputado independiente electo en las planchas de Copei, Alexis Ortiz, a quien conocíamos desde que estudiamos en la Escuela de Periodismo de la UCV.
A La Agenda Secreta le hacía falta, en ese momento, visitar las instalaciones de Recadi. Parecía un absurdo hacer denuncias todos los días, y no registrar ni una información sobre los movimientos que dentro de esas oficinas hacían jueces, fiscales, parlamentarios y personal de Hacienda.
¿Quién iba a creer que desde este promontorio de chatarra contraenchapada que queda hoy día -las fotos eran impresionantes- se adjudicaron más de 40.000 millones de dólares preferenciales a 26.000 importadores, aparte de los deudores privados, becarios y empresas del sector público?
El equipo de La Agenda Secreta de Recadi penetró a las instalaciones de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales.
Para cualquier periodista que haya ido muchas veces a Recadi, " sólo por razones de naturaleza profesional e informativa" -escribimos-, significaba un verdadero contraste volver, al calor del escándalo.
Antes, cuando las instalaciones ubicadas en los tres primeros pisos de la Torre Provincial de San Bernardino eran el centro de autorización de los dólares baratos y subsidiados por el Estado, casi no se podía entrar del gentío. Es más los " usuarios" pensaban que uno se les estaba " colando" .
Ahora, " que el organismo está en proceso de liquidación y moribundo, aparte de investigado, lo que existe son prácticamente ruinas: cantidades industriales de escritorios y sillas emulando al Helicoide, techos destartalados, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc. Hasta un arbolito de Navidad reseco" -reportamos.
Los pocos " humanos" que todavía tenían que ver con Recadi eran: funcionarios de la Guardia Nacional que mantenían tomadas las instalaciones y los archivos bajo resguardo, y algunos empleados (les decían los sobrevivientes) que apoyaban a Diputados y asesores de la Comisión del Congreso que investigó lo que allí ocurrió.
Como el edificio donde funcionó Recadi se corresponde con la sede del Banco Provincial, el horario indicaba que todos aquellos que querían ingresar al edificio debían hacerlo en horas de rutina bancaria. Tuvimos que esperar.
A las ocho y media de la manaña avanzamos hacia los ascensores. Ya no era como antes, es decir, cuando existía Recadi, que todo el mundo tomaba los ascensores de la izquierda porque a la derecha quedaba el Banco Provincial. Era al revés: el hormiguero avanzaba hacia la derecha, porque a la izquierda quedaba Recadi.
Tomamos el ascensor de la derecha -vacío por supuesto- y le pedimos a la fastidiada operadora que nos llevara al segundo piso.
- Señor, ahí ya no hay nadie. Allí no hay nadie trabajando - exclamó un poco extrañada la ascensorista del primer turno de la mañana.
- No importa, es que tenemos una reunión -respondimos.
Llegamos al segundo piso y tomamos el corto pasillo hasta que nos detuvo un Guardia Nacional armado.
- ¿Qué desea? - preguntó
- Dudamos y lo primero que se nos ocurrió fue decir: Bueno venimos a una reunión con el Diputado Alexis Ortiz.
- El ya llegó - afirmó el guardia-. Deme su nombre y número de cédula y el organismo para el cual presta servicios. Siga por ahí y al final está el diputado...
Fue impresionante ver el estado de las instalaciones de la oficina más visitada en toda la historia republicana de Venezuela.
Increíble. Alguien -escribimos- debería ocuparse de inventariar y darle mejor destino a los costosísimos equipos de computación que están regados por todos los pisos y oficinas. Los escritorios, las sillas, las divisiones contraenchapadas, los aires acondicionados, las alfombras, etc.
Subimos al piso tres, donde estaban los archivos fundamentales de la oficina. El guardia de turno, también de la GN " estaba pilas" y no mordió ninguno de nuestros anzuelos.
Luego nos enteramos, por otra vía, del regaño que le metió la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, a la liquidadora Eva Morales. Lo cierto del caso es que una cuadrilla de empleados de Hacienda entró a los días para poner el mobiliario en una situación más ordenada. De esto nos dimos cuenta cuando en otra oportunidad, sin ningún inconveniente para entrar, regresamos a Recadi -por invitación del diputado Roseliano Ojeda- algunas semanas después. Fue cuando vimos personalmente, por primera y última vez, al Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva.