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17 de marzo

10 de Abril de 2003

El negocio que escapa

Álvaro Agudelo
El Mundo

Algunos sectores empresariales empiezan a entender el costo de la guerra que sus gremios mantienen contra la institucionalidad democrática. El daño que le causan al país se lo causan a sí mismos. La duda está en si tendrán suficiente inteligencia para abandonar esa postura bélica contra su nación.

Entre 1999 y 2001, la economía venezolana se comportó de manera excelente.

Fueron, sin duda y como lo evidencian las cifras, los mejores años en décadas. En ese lapso, el PIB creció alrededor o por encima del 3 por ciento anual, se registraron las mayores cifras de inversión extranjera de la historia, la inflación fue la más baja en dos décadas y el precio del dólar estuvo absolutamente estable, depreciándose menos del 10 por ciento en tres años, cuando en los casi veinte anteriores rondaba el 30 por ciento anual, pasando de 4,30 a 700 en poco más de década y media.

El 10 de diciembre de 2001 el sector golpista de Fedecámaras declara la guerra.

En menos de un año lanza cuatro huelgas y un golpe de Estado. Parte de esa guerra incluye sacar del país hasta el último bolívar convertido en dólares, y subir los precios en todas las fases de la cadena de comercialización. De este modo, la Fedecámaras de Pedro Carmona, Carlos Ortega y la sensual mulata Albis Muñoz, consiguió que la inflación saltara al 30 por ciento el año pasado, cuando en 2001 fue de apenas el 12 por ciento. El dólar, que había permanecido anclado durante tres años, casi duplica su precio.

Las reservas internacionales sufren una merma apreciable. Las mismas políticas económicas que llevaban tres años dando resultados prodigiosos, no logran impedir esa guerra de algunos empresarios contra su propio país.

Las consecuencias son fáciles de entender.

Incluso muchos dirigentes gremiales ferozmente opositores están entendiendo que se echan cuchillo a su garganta y que empresarios y clase media pagarán los platos rotos por la ambición política de unos pocos conspiradores.

En primer término, la fuga de capitales ordenada por Fedecámaras y estimulada por banqueros desaprensivos, impuso el control de cambios. La especulación brutal trajo la regulación, que se endurecerá y ampliará si persisten esas conductas delictivas. Resulta que muchos productos han triplicado o cuadruplicado los precios, sin ninguna razón que lo justifique, puesto que el dólar hoy cuesta prácticamente lo mismo que en noviembre del año pasado.

La realidad es que muchos empresarios van a desaparecer o reducirse a poco más que nada si obedecen la línea de Fedecámaras.

Es una realidad palpable que están surgiendo nuevas cadenas comerciales, propiedad del Estado o estimuladas por éste, para dejar en el camino a las tradicionales, con su desatada especulación.

Esto lo entiende hasta alguien como Rafael Alfonzo Hernández que, eso sí, dice que el Gobierno hace competencia desleal e ilegal cuando combate la especulación.

Lo cierto es que si las productoras tradicionales de harina de maíz se empeñan en especular, serán sustituidas por cooperativas de productores agrícolas, que directamente transformarán su cereal en el producto final. Lo mismo es aplicable, por ejemplo, a los importadores de repuestos, a los de licores, de alimentos y una interminable lista de rubros.

Esos especuladores se están quedando sin compradores, pues a los precios en los que pretenden colocar sus artículos nadie los adquiere. Para cuando quieran reaccionar, será tarde. Otros empresarios, con más sentido de la oportunidad, les van a sabanear los clientes por la muy liberal vía de la competencia y los mejores precios. Eso sí, después podrán buscar en el exterior a Carlos Fernández y a Pedro Carmona, para llorar sobre sus hombros por las empresas quebradas.

Pare la oreja

El último informe de Cofavic da vergüenza ajena. Liliana Ortega habla de muchas cosas, pero no menciona ni uno solo de los setenta asesinatos de dirigentes agrarios, liquidados por sicarios a sueldo de los ganaderos. Qué mala memoria la de esta señora. Porque se trata de un olvido.

Nadie pensará que la señora ella omitió deliberadamente estos setenta asesinatos simplemente porque sus actividades las costea gente muy ligada a los sectores propietarios de tierras rurales.

Tomado de Red Bolivariana


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