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17 de marzo

Hugo Rafael Chávez Frías

Venezuela

* 28 de julio de 1954, Sabaneta, estado de Barinas.

1. Oficial sedicioso y regeneracionista

Hijo de un matrimonio de maestros de ascendencia mestiza y segundo de seis hermanos, cursó estudios primarios en el Grupo Escolar Julián Pino y secundarios en el Liceo Daniel Florencio O'Leary, en el estado de Barinas. Obtenido en el último centro el título de bachiller en Ciencias, en 1971 comenzó sus estudios superiores en la Academia Militar de Venezuela y en 1975 se graduó con el grado de subteniente de artillería y especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería.

Posteriormente realizó cursos de capacitación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de la Fuerza Armada (1975) y en el arma de Blindados (1979 y 1983). En 1988 asistió en Guatemala a un Curso Internacional de Guerras Políticas y entre 1989 y 1990 realizó un máster en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, si bien dejó la tesis pendiente de defender.

Chávez fue enriqueciendo una notable hoja de servicios. Oficial de comunicaciones en el Batallón de Cazadores Cedeño, en Cumaná, de 1975 a 1977, y oficial tanquista en el Batallón Blindado Bravos de Apure, en Maracay, de 1978 a 1979, en 1980 fue comisionado en la Academia Militar de Venezuela, donde hasta 1984 sirvió sucesivamente como jefe del Departamento de Educación Física, jefe del Departamento de Cultura y comandante de la Compañía José Antonio Páez.

En 1985 le le encomendó la comandancia del Escuadrón de Caballería Francisco Farfán, en Elorza, en 1986 la comandancia del Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta, en 1988 la jefatura de Auxiliares del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en el Palacio de Miraflores de Caracas y en 1990 fue destacado como oficial para asuntos civiles en la Brigada de Cazadores de la guarnición de Maturín.

Sus convicciones nacionalistas le empujaron a fundar el 17 de diciembre de 1982, junto con otros capitanes del Ejército de Tierra, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200, en alusión al bicentenario de el Libertador Simón Bolívar), un grupo de reflexión y agitación en el que jóvenes oficiales se reunían "para estudiar el pensamiento de Bolívar y discutir sobre la situación del país", según la explicación del propio colectivo.

Aunque aseguraban no albergar ambiciones políticas, sino sólo la pretensión de dignificar la milicia y combatir la corrupción e ineptitud de unos gobiernos civiles proclives a dilapidar los ingentes ingresos del petróleo, lo cierto es que los oficiales bolivarianos hacían proselitismo en los cuarteles y denunciaban con virulencia la presunta venalidad de la cúpula castrense.

En julio de 1991, luego de terminar el curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército, Chávez fue ascendido a teniente coronel y asumió el mando de la Brigada Paracaidista Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay. En aquellos momentos, Venezuela estaba sumida en una crisis económica y social sin precedentes, y seguían activos los rescoldos del virulento estallido social de febrero de 1989, pasado ya a la historia como el caracazo, en protesta por la política neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez, el cual trataba de aplicar el draconiano plan de ajuste exigido por el FMI.

Chávez y sus compañeros, hombres jóvenes o de media edad que se habían destacado de entre los más brillantes de sus promociones y que representaban a una escala de mandos intermedios de capitán a teniente coronel, pretendieron aprovechar este ambiente de profundo descontento, dirigido ya contra la clase política tradicional en su conjunto, para ejecutar su plan, denominado Operación Ezequiel Zamora, de hacerse con el poder en un audaz y sorpresivo golpe de Estado.

En la noche del 3 de febrero de 1992 unos 300 efectivos de élite de la brigada paracaidista de Chávez, tocados con boinas rojas, se trasladaron a Caracas y tomaron posiciones alrededor de la residencia presidencial de La Casona y la base aeronaval Francisco Miranda, popularmente llamada La Carlota, mientras que otras unidades sediciosas se hicieron con el control de centros neurálgicos en Maracaibo, Maracay y Valencia. Tras unas horas de confusión y los primeros tiroteos, Pérez, por cuya vida se temió en un principio, recondujo resueltamente la situación desde el Palacio presidencial de Miraflores, situado no muy lejos de La Casona.

En la madrugada del 4 el presidente apareció en la televisión, sorprendentemente no intervenida por los golpistas, para anunciar el fracaso del levantamiento y la lealtad al orden constitucional manifestada por el Alto Mando de la Fuerza Armada. Pocas horas después, el propio Chávez, en uniforme de camuflaje, apareció en las pantallas de televisión para confirmar que "por ahora" no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus camaradas que retornasen a los cuarteles. El balance de la intentona se estableció en 19 muertos y un millar de detenidos, la mayoría reclutas, que, según se contó, fueron engañados por el centenar largo de profesionales, verdaderos autores del golpe.

La tentativa golpista, sin precedentes en 34 años de historia democrática desde la caída del último dictador, Marcos Pérez Jiménez, en 1958, fue sin embargo acogida con indisimulado júbilo por una parte considerable de la población, de manera que desde entonces la popularidad del teniente coronel de paracaidistas no hizo más que aumentar al tiempo que Pérez se hundía en el descrédito.

Chávez, cuya incierta ideología bolivariana suscitó especulaciones sobre si era de extrema izquierda o si, por el contrario, tenía filiaciones fascistas, fue de inmediato detenido y procesado por un tribunal militar caraqueño por el delito de rebeldía, imputación relativamente benigna dado que lo sucedido fue un verdadero intento de golpe de Estado.

En la prisión de Yare Chávez suscribió un manifiesto titulado Cómo salir del laberinto y el 27 de noviembre del mismo 1992 fue testigo de una nueva rebelión protagonizada por sus compañeros, quienes, con mayor determinación que en febrero, bombardearon los edificios de las principales instituciones y durante unas horas tuvieron el control de acuartelamientos clave y la casa de la televisión.

Desde allí se transmitió un mensaje sedicioso de Chávez, lo que hizo pensar que los alzados obraban por su cuenta; de hecho, con posterioridad a los hechos, se supo que intentaron su liberación. En cualquier caso, esta asonada revistió más peligro para Pérez, ya que la encabezaron oficiales de mayor graduación que además involucraron a las tres fuerzas armadas, los contraalmirantes Hernán Gruber Odreman y Luis Cabrera Aguirre, y el general del Aire Efraín Francisco Visconti Osorio.

El día 28, un centenar de militares rebeldes, encabezados por el general Visconti, escapó a Perú, mientras que otros muchos fueron detenidos. El Gobierno reconoció 200 muertos en los combates, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional expresaron su rotunda condena por la nueva irrupción castrense.

2. Traslado del proyecto político al frente civil

El 27 de marzo de 1994, menos de un año después de la destitución parlamentaria de Pérez por malversación de fondos, el nuevo presidente, el veterano estadista Rafael Caldera Rodríguez, firmó el sobreseimiento del caso del militar. A cambio de su libertad, a Chávez se le exigió la baja en la Fuerza Armada por la incompatibilidad del uniforme con las conductas antiinstitucionales, lo que, de hecho, le dio vía libre para desarrollar todo su activismo político.

Lejos de mostrar gratitud a Caldera, al que no consideraba diferente del resto de los políticos tradicionales, Chávez se dedicó de inmediato a contactar con sus antiguos camaradas de 1992 y con militantes de los partidos de izquierda para formar un frente político dirigido a derrocar a la vieja clase política, aunque ahora por vías no insurreccionales.

De esta iniciativa surgió el Movimiento V República (MVR), versión civil del MBR-200 que recogía su mismo programa de restauración del "honor perdido de la nación", una gestión gubernativa de la riqueza nacional honrada y eficiente y medidas concretas contra la inseguridad ciudadana.

Erigido en director general del MVR, Chávez recorrió el país con un discurso fieramente populista, bien ilustrado con mensajes redentoristas y articulado reiteradamente en los conceptos de misión y de servicio a la patria, tomando la figura de Simón Bolívar como un referente casi hagiográfico. Sin una ideología clara, acaso confusamente izquierdista, el movimiento chavista aspiraba a abrir una tercera vía en un continente que ya había experimentado el estatalismo de mayor o menor regusto socialista y más recientemente, prácticamente sin excepciones en todos los países, el capitalismo neoliberal.

Chávez, casado y padre de cuatro hijos, dijo sentirse de izquierdas, pero también se definió como un católico devoto a quien la Biblia le inspiraba tanto como su idolatrado prócer de la independencia nacional. Según ciertos analistas, podía encontrarse en el movimiento de Chávez, a falta de referentes doctrinales cercanos y al menos en su etapa puramente castrense, algún eco de las experiencias de los regímenes militares de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Juan José Torres González en Bolivia (1970-1971) y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1976), excepcionales en el subcontinente por adoptar unas posiciones nacionalistas y revolucionarias, pero carentes de una ideología articulada. Otros observadores describían su estilo como neocaudillista, en alusión a otra forma de hacer política igualmente periclitada en la región.

Aunque al principio de su andadura política rehusó optar a cualquier mandato representativo para no legitimar un sistema que juzgaba caduco, el 29 de abril de 1997 Chávez inscribió el MVR en el registro electoral con la intención de concurrir a los procesos electorales en ciernes.

En las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 1998 el MVR se convirtió en el segundo partido del país con 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, sólo cuatro décimas por debajo de Acción Democrática (AD), el histórico partido socialdemócrata que había aportado la mayoría de los presidentes de la democracia -Pérez entre ellos- y que con el Partido Social Cristiano (COPEI) había constituido el sistema bipolar vigente entre 1959 y 1994. Precisamente, en los comicios de 1998 el COPEI quedó en cuarta posición, mientras que el partido del presidente Caldera, Convergencia, puesto en marcha después de separarse del COPEI, tuvo que conformarse con un testimonial 2,4% de los votos y 3 escaños.

3. Arribo espectacular al poder a través de las urnas

Chávez acudió a las presidenciales del 6 de diciembre siguiente en un clima triunfalista. Enormemente popular entre los numerosísimos desfavorecidos tras una década de políticas económicas de austeridad poco convincentes y bien arropado por un Polo Patriótico en el que además del MVR estaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT) y otras cuatro formaciones menores -esto es, la izquierda en bloque-, el ex militar arrolló con el 56,5% de los votos, por delante del economista Henrique Salas Romer, que contaba con los apoyos de AD y COPEI, y la ex miss universo Irene Sáez Conde.

Chávez, presentándose como un hombre del pueblo, salido de las clases humildes, caló profundo entre las masas populares esperanzadas con un cambio, pero para sus detractores, aturdidos por tamaño éxito, se trataba de un demagogo proclive al autoritarismo castrense y, dado el precedente sedicioso, de dudoso pedigrí democrático.

El 2 de febrero de 1999 Chávez tomó posesión para un período de cinco años ante una nutrida representación de mandatarios regionales, entre los que figuraban el boliviano Hugo Banzer, el peruano Alberto Fujimori y el cubano Fidel Castro. Tras añadir a la fórmula legal la apostilla "juro sobre esta Constitución moribunda", el flamante presidente pronunció un áspero discurso inaugural, lleno de citas bíblicas y bolivarianas, en el que arremetió contra Caldera y los recién elegidos diputados no pertenecientes al Polo Patriótico.

También, anunció la declaración del "estado de emergencia social" en el país, solicitó poderes excepcionales para un plan de reformas económicas y convocó a un referéndum para disolver el Congreso, elegir una Asamblea Constituyente y anular la Carta Magna de 1961, con la advertencia de que "o hacemos la revolución democrática o la revolución nos pasa por encima".

Añadió que los militares saldrían de los cuarteles para desempeñar tareas civiles y que aspiraba a sacar de Venezuela de su postración y convertirla en la nueva abanderada continental, como lo fuera en los tiempos de El Libertador. Abonando su atribuida fe en el tercerismo económico, propugnó "tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible".

Así, ya en la campaña prometió emprender una drástica reforma de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el emporio estatal que aporta el 80% de las exportaciones, el 40% de los ingresos del presupuesto nacional y el 27% del PIB, para erradicar la mala gestión y las prácticas corruptas. Ahora bien, lo que se perseguía no era un saneamiento típicamente liberal con vistas a una eventual privatización, sino precisamente lo contrario: hacer más eficiente el funcionamiento de una empresa clave para fortalecer su aportación financiera a las arcas del Estado.

Chávez, a falta de mayor precisión, dio a entender que ni se avanzaría en las privatizaciones ni se volverían a nacionalizar antiguas empresas públicas. Se proponía estabilizar la economía, de la que había heredado una coyuntura francamente negativa, pero sin devaluar la moneda o imponer un sistema de control de cambios.

Precisamente, eran sus planes económicos, y desde luego los referidos al petróleo (Venezuela es el cuarto productor mundial y el segundo de la OPEP tras Arabia Saudí), lo que más inquietaba a la comunidad internacional. De hecho, Chávez culpó al petróleo -verdadera bendición y, al mismo tiempo, condenación para las perspectivas de progreso nacional- de los males en el desarrollo de los sectores industrial, agrícola, minero y de servicios, y subrayó la necesidad de estrenar un modelo que escapara de la dependiera de este recurso natural como única fuente generadora de riqueza.

Antes de asumir la Presidencia, Chávez viajó a Europa para tranquilizar a las multinacionales petroleras que compran a Venezuela, pero fue tajante en que iba a revisar todas las concesiones. Asimismo, si bien aseguró que iba respetar los acuerdos firmados con OPEP, no ocultaba su intención de propiciar un cambio en la filosofía de esta organización para hacerla menos complaciente con los países importadores del mundo desarrollado. En estas declaraciones, Chávez tenía presente que el desplome de los precios del barril de crudo en 1998 había causado mucho daño a la economía venezolana.

4. Instauración de la República Bolivariana

Aunque Chávez quiso remover los temores a una forma suya de gobernar excluyente o despreciativa de las fórmulas de consenso básicas en democracia, con alusiones a la unidad y la reconciliación nacionales, sus declaraciones lapidarias sobre la "muerte" del Estado tradicional y el nacimiento de una "verdadera democracia" provocaron ansiedad entre los paisanos que no le habían votado y la preocupación en varios gobiernos del exterior por el rumbo que podría tomar el sistema venezolano.

El caso es que el presidente, impertérrito ante las crispaciones que sus modos y lenguaje iban generando, no perdió el tiempo en el cumplimiento de sus promesas de "barrer" los principales centros del poder. Otras disposiciones, como la instrucción premilitar de todos los estudiantes de primaria y secundaria, la apertura en los cuarteles de cientos de "escuelas bolivarianas" (centros dedicados al estudio de la obra de El Libertador) y el empleo de miles de soldados en diversas labores de instrucción civil y servicios comunitarios, levantaron bien pronto airadas protestas de la oposición, que alertó contra una deriva militarizante de la sociedad civil.

El populismo de Chávez, solemne y mesiánico a veces, cordial y dicharachero las más, desmedido siempre, se expresó a través de medios tan insólitos en las democracias normales como un programa semanal de televisión, Aló presidente, en el que él personalmente atendía las peticiones y consultas de los oyentes, hacía apología de su pensamiento político y defendía la obra de su Gobierno, manteniendo un canal de comunicación directa con el pueblo por encima de las estructuras formales del poder.

El 25 de abril de 1999 el Congreso le concedió los poderes especiales solicitados para gobernar por decreto en materia económica durante seis meses (a esas alturas, la caída de los precios del petróleo había incrementado el déficit fiscal al 9% del PIB) y negociar con el FMI la reestructuración de la deuda externa, cuyo monto de 35.000 millones de dólares devoraba el 40% del presupuesto nacional.

No obstante, se esperaba que el FMI le iba exigir a cambio el recorte del gigantesco aparato estatal (un millón de trabajadores públicos sobre una población total de 24 millones). Cauto y conservador en sus primeras decisiones de economía interna, en el mes de marzo se apuntó un primer éxito exterior al conseguir que la OPEP decidiera una nueva reducción de la producción, lo que iba a aportar miles de millones de dólares extras muy necesarios para corregir el desequilibrio presupuestario.

El mismo 25 de abril Chávez ganó el referéndum sobre la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el 92% de los votos, si bien con sólo un 39% de participación, lo que venía a significar que en la consulta votaron a favor los mismos que lo hicieron por Chávez en las presidenciales. Aunque se había determinado que el referéndum sólo tendría validez si se superaba el 50% de participación, el Consejo Nacional Electoral dictaminó que bastaba una mayoría de síes.

Sintiéndose legitimado, Chávez siguió adelante con su programa. El 25 de julio se eligió en las urnas la ANC y el Polo Patriótico arrasó con 120 escaños sobre 131, lo que no dejaba dudas sobre el desenlace de la catarata de cambios desencadenada por Chávez. La ANC, o Soberanísima en la expresión de Chávez, cuya primera sesión se celebró el 3 de agosto de 1999, elaboró el proyecto de Constitución, si bien los detractores del oficialismo acusaron a dicha asamblea de limitarse a certificar un borrador que ya había redactado el equipo del presidente.

Sus puntos más significativos eran: la consagración de la V República, incluyendo el cambio de nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela; la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y renovable una sola vez; la adición a los tres poderes clásicos -ejecutivo, legislativo y judicial- de otros dos nuevos: el moral, aplicado en la lucha contra la corrupción, y el electoral, entendido como el ejercicio de fórmulas de democracia directa; la sustitución del Congreso bicameral por una sóla Asamblea Nacional de 165 miembros elegida cada cinco años; el refuerzo del poder ejecutivo del presidente, que ahora podría decidir los ascensos militares, nombrar al vicepresidente, convocar referendos y disolver el Parlamento; vagas referencias al modelo de economía planificada; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; y, un especialmente controvertido artículo sobre la participación de los militares en la vida pública.

El 5 de agosto Chávez proclamó en el pleno de la ANC la defunción de la IV República y pidió la aprobación de una declaración de "emergencia nacional" que facultase a la asamblea para intervenir en todas las instituciones del Estado. La oposición, que parecía incapaz de reaccionar ante el huracán chavista, lanzó débiles denuncias de "ilegalidad" y de "golpe de Estado". Reincidiendo en su ambigüedad económica, Chávez apostrofó contra "un dogma de mercado que pretende ser Dios" y propuso un modelo intermedio "autóctono".

El 9 de agosto la ANC consagró la victoria total de Chávez con la aprobación de la declaración de emergencia y la creación de una Alta Comisión de Justicia para asumir la función legislativa del Congreso y con capacidad para nombrar y destituir magistrados. Ante esta situación, el 24 de agosto la Corte Suprema de Justicia se plegó al acatamiento, lo que fue calificado por su presidenta, Cecilia Sosa, como un acto de "suicidio" para evitar el "asesinato" de la institución.

Desde el 31 de agosto el Congreso, declarado en rebelión pero en realidad resignado a su destino (el 28 de julio los diputados habían anunciado la suspensión de sus actividades para no obstruir la labor de la ANC), quedó en situación de "cierre técnico". El 20 de noviembre la ANC presentó el texto acabado, el 16 de diciembre (coincidiendo con las catastróficas riadas en Vargas, que provocaron entre 30.000 y 50.000 muertos y arrasaron este estado costero) un segundo referéndum lo sancionó con el 71,2% de los votos (la participación subió discretamente al 46%) y el 20 de diciembre la ANC promulgó solemnemente la nueva Constitución.

No obstante el triunfalismo oficial, en los primeros meses de 2000 el chavismo afrontó su primera crisis importante al declararse desafectos varios antiguos comandantes de las aventuras golpistas de 1992, quienes acusaron a su ex camarada de laxitud ante los comportamientos corruptos de algunos mentores políticos del MVR. Este malestar, extensible a sectores en activo de la Fuerza Armada, debido a ciertos errores y precipitaciones del Gobierno y a supuestos relajos no precisamente bolivarianos, hacía suponer la configuración de una oposición interna a Chávez, cuando paradójicamente la oposición nominal se hallaba fuera de juego y carecía de una voz influyente.

Por otro lado, el 27 de febrero de 2000 el presidente dio banderazo de salida al Plan Bolívar 2000, una estrategia para revertir las tendencias negativas en lo social y medioambiental. A través de las fases Propatria, Propaís y Pronación, el Plan comenzó por movilizar a miles de ciudadanos, civiles y militares, en tareas de restauración de infraestructuras sociales y vías de comunicación, en un ejercicio de voluntarismo popular muy al gusto cubano.

Culminando el arrollador proceso constituyente, el 30 de julio de 2000, luego de suspenderse (con gran polémica) el 25 de mayo anterior por falta de condiciones técnicas, se celebraron las elecciones generales. En las legislativas, el Polo confirmó su hegemonismo con un centenar de escaños (sólo el MVR se hizo con 76), y en las presidenciales, Chávez se deshizo de su único contrincante, el antiguo compañero de armas Francisco Arias Cárdenas (cabeza del golpe de 1992 en Maracaibo y gobernador del estado de Zulia en 1995), con el 59% de los votos. El 19 de agosto, cumpliendo con lo prometido en su primer juramento año y medio año atrás, Chávez inauguró mandato hasta 2006 ante un ejemplar de la Soberanísima.

5. Protagonista internacional apoyado y cuestionado

El presidente venezolano ha conducido una agresiva política exterior, insólita en un mandatario latinoamericano en muchos años, que le ha erigido en uno de los actores más conspicuos del panorama internacional.

El 26 de mayo de 1999 asistió en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias al XI Consejo Presidencial de la Comunidad Andina (CAN) y llamó a crear en las próximas décadas una federación de estados latinoamericanos y caribeños que, luego de resolver los más perentorios problemas domésticos, podría dotarse de una política exterior común.

El 21 de septiembre siguiente, con motivo de su alocución en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego de concederle Estados Unidos el visado (durante largo tiempo denegado por considerarle un terrorista y por sus simpatías cubanas), departió con el presidente Bill Clinton, quien le expresó su respaldo, y de nuevo con el colombiano Andrés Pastrana, con el que se había indispuesto a raíz de su anunciado ofrecimiento para mediar entre el Gobierno de Bogotá y las guerrillas comunistas, para muchos, en tratos inconfesables con el Gobierno venezolano.

Días antes de estos encuentros, Chávez mantuvo en Manaos una cordial entrevista con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (preclaro partidario de avanzar la integración económica y social en el subcontinente antes de proceder a la liberalización hemisférica de los mercados junto con Estados Unidos), y ambos se manifestaron rotundamente en contra de una eventual intervención militar estadounidense en Colombia para combatir el narcotráfico. En la cumbre especial de Brasilia del 1 de septiembre de 2000, Chávez advirtió que la región sería "aniquilada" si no avanzaba en la unidad antes de la creación en 2005 del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) perseguida por Washignton.

Significativamente, Chávez sostiene una relación especial con el dictador cubano cuyo prólogo público fue la recepción en La Habana el 14 de diciembre de 1994, meses después de ser excarcelado. Cuando la asunción presidencial en 1999, Castro le felicitó y presentó su elección como un triunfo para toda Latinoamérica. Desde entonces, el dirigente venezolano ha cultivado la imagen de discípulo del mítico comandante, con el que ha intercambiado todo tipo de elogios: así, Chávez retrata a Castro como un "campeón de las libertades" en el continente, mientras que éste le define como el "mayor demócrata de América".

Siendo presidente electo, Chávez visitó a Castro en La Habana (al encuentro se sumó Pastrana) el 17 de enero de 1999, de vuelta de su primer viaje a España. Repitió el viaje el 16 de noviembre del mismo año y el 26 al 30 de octubre de 2000 tributó a Castro en Caracas una bienvenida de héroe, en el primer viaje a Venezuela del líder cubano desde 1959, cuando se acogió a la hospitalidad del presidente Rómulo Betancourt antes de que éste le incluyera en su elenco de enemigos. En este encuentro, los mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación Integral, que levantó fuertes controversias domésticas, por el que Venezuela proveería a Cuba con 50.000 barriles de petróleo al día en condiciones financieras blandas a cambio de servicios profesionales y técnicos cubanos.

Esta diplomacia de prestigio e independencia nacional perseguida por Chávez quedó bien reflejada con su maratoniana gira del 10 al 14 de agosto de 2000 por los otros diez estados de la OPEP, para invitar a sus respectivos mandatarios a una cumbre en Caracas encaminada a fortalecer la unidad organizativa y a estabilizar el precio del barril de crudo.

Más aún, Chávez propuso dar entrada en la OPEP a Rusia, Noruega y Omán, y, por otro lado, al no excluir a Bagdad, Teherán y Trípoli de su gira, Chávez suscitó un considerable malestar en el Gobierno de Estados Unidos. El líder venezolano, que era el primer jefe de Estado que visitaba a Saddam Hussein desde la guerra del Golfo en 1991, rechazó las críticas y advirtió que Venezuela era un país soberano al que nadie podía dictaminar su política exterior.

Durante el itinerario, Chávez calificó a la OPEP de "arma" para los Países en Vías de Desarrollo, una "especie de instrumento estratégico" que "no se puede dejar escapar". En Libia estuvo de acuerdo con Muammar al-Gaddafi en que si se producía un nuevo desplome en los precios sería imprescindible un recorte drástico de la producción.

Estas presuntas ínfulas de institucionalización de la OPEP han sido interpretadas en Estados Unidos -sobre todo tras la asunción de la administración republicana de George W. Bush- y la Unión Europea como un intento de politizarla, y acaso de convertirla en un cártel del petróleo verdaderamente corporativo, si bien Washington no ha estado en condiciones de ir más allá de las amonestaciones verbales porque importa de Venezuela 1,4 millones de barriles de petróleo al día, más de la mitad del total de las ventas venezolanas. De momento, la escalada del precio del barril, que alcanzó en agosto de 2000 el pico de los 34,6 dólares, sin precedentes desde la invasión de Kuwait en 1990, amortiguó los efectos de la crisis económica en Venezuela.

Así, 2000 registró una inflación del 16,2%, siete puntos menos que 1999 y la tasa más baja desde 1986, mientras que la balanza de pagos por cuenta corriente registró su mayor superávit en cinco años y el déficit fiscal se redujo hasta el 2%. Igualmente, el segundo año de la Presidencia de Chávez se saldó con un crecimiento del 3,2% del PIB, cuando 1999 había padecido una recesión brutal del 7,2%.

La segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP desde la celebrada en Argel en 1975 tuvo lugar en Caracas el 28 de septiembre de 2000. En ella, el anfitrión Chávez invitó a los países consumidores de petróleo a discutir fórmulas para contener el alza de los precios. Pero los saudíes hicieron valer su peso tradicional, así que la denominada Declaración de Caracas no extremó las críticas a los países desarrollados y consumidores (fundamentalmente, se les demandó el alivio de las cargas fiscales sobre los carburantes) y aparcó para ulteriores encuentros toda decisión sobre cuotas de producción.

En los albores del verano de 2001 Chávez protagonizó otro período de hiperactividad diplomática, primero, con una gira que le llevó por Rusia, Irán, India, Bangladesh, China (país que, al igual que Irak y Cuba, no ha sido condenado por Venezuela a la hora de votar los informes de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos), Malasia e Indonesia, donde asistió, el 30 de mayo, a la cumbre del Grupo de la Cooperación Sur-Sur o Grupo de los Quince (G-15).

Luego, el 23 y el 24 de junio, presidió en Valencia el XIII Consejo Presidencial Andino, en cuya clausura anunció en primicia la captura en Caracas del que fuera principal colaborador del dimitido Fujimori, Vladimiro Montesinos, y su inmediata entrega a las nuevas autoridades peruanas que lo reclamaban para juzgarlo por diversos crímenes. Ahora bien, la disputa con Lima estalló al punto cuando el ministro del Interior peruano, desplazado a Caracas para coordinar la búsqueda y captura de Montesinos, fue amonestado por violar la soberanía nacional, mientras que el Gobierno del país andino acusó a su homólogo de haber protegido al prófugo durante meses. La crisis culminó, el 29 de junio, con la retirada de los respectivos embajadores.

Con Colombia, los rifirrafes continuaron por la insistencia de Chávez en declarar una posición neutral y potencialmente facilitadora en el tortuoso proceso de paz (por lo demás, fracasado en febrero de 2002) entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC, cada vez más percibidas fuera y dentro de Colombia como una mera organización criminal no obstante su discurso revolucionario.

Las actitudes de proteccionismo comercial y freno a la integración regional percibidas por Colombia, Perú y Ecuador en el seno del CAN, la denuncia por el ex cónsul venezolano en París de que el mandatario, supuestamente, intentó que Francia excarcelara al sangriento terrorista internacional de los años setenta Carlos o Chacal, venezolano de nacimiento, y la furibunda reacción de Estados Unidos, con la llamada a consultas a su embajadora en Caracas, ante la demanda de que cesaran los bombardeos contra Afganistán porque no se podía "combatir el terror con el terror", fueron otros tantos episodios de destemplanza -o independencia de criterio, según fuera el opinador- que aparejaron a Chávez el perfil de outsider en el escenario internacional.

Del 11 al 13 de agosto Chávez agasajó a Castro en Santa Elena de Uairén, estado de Bolívar, con motivo de su 75 cumpleaños, y de paso amplió el convenio petrolero a nuevas áreas. Este nuevo ejercicio de efusividad con el anciano dictador ahondó las suspicacias en sectores de la sociedad civil venezolana sobre los riesgos de la "cubanización" del país.

A lo largo de octubre desarrolló otra prolongada gira por las capitales de la OPEP, así como París, Roma, Bruselas, Lisboa, Moscú, Londres -donde sostuvo, el día 23, una reunión con el primer ministro Tony Blair-, Ottawa y México, para intentar fraguar un consenso entre los países exportadores e importadores de petróleo en torno a unos precios estables con unos niveles de extracción bajos. Y el 11 y 12 de diciembre Isla Margarita brindó el escenario para la III cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a la que no faltó, por supuesto, el incondicional mentor cubano.

6. Sucesión de contestaciones y auge de la oposición

Si la controvertida actuación de Chávez en el exterior no daba tregua a observadores y analistas, el sosiego tampoco arraigaba en el interior. El incremento a ojos vista de la corrupción, la pobreza -que afectaba ya al 80% de los venezolanos-, el paro -el 25% de la población activa- y la criminalidad común -de proporciones insportables en los núcleos úrbanos-, municionaron los argumentos de la aún deshilvanada oposición (los "escuálidos", en la expresión de Chávez), igualmente presta a criticar los citados acercamientos a líderes y organizaciones del mundo de naturaleza democrática más que dudosa, en detrimento de los interlocutores tradicionales de Venezuela.

En mayo de 2001, la constatación del malestar y la impaciencia sociales indujo a Chávez a sopesar la declaración del estado de excepción para combatir por decreto la corrupción y la pobreza, lo que motivó la ruptura con el MAS, primera baja del Polo Patriótico, llamado a disgregarse. El 9 de junio, en un acto con estética guevarista convocado en su honor por el PCV, urgió a sus seguidores a unirse bajo la bandera de la "revolución antiimperialista" y a estar listos para parar la "avalancha de ataques desde todos los frentes" y derrotar a la "contrarrevolución" en marcha.

Después, el 8 de septiembre, presidió la entrega de 105.000 acres de latifundios baldíos del estado de Zulia al Instituto Agrario Nacional (IAN), como preámbulo de la ultimada Ley de Tierras y Desarrollo Rural y en lo que se atisbó el arranque de una reforma agraria de tipo radical para acabar con una situación sangrante: mientras que unos cientos de propietarios acaparan el 70% de las tierras cultivables, el país debe importar casi todos los alimentos que consume la población; no en vano, Chávez instó a los terratenientes, so pena de afrontar subidas de impuestos o expropiaciones forzosas por ley, a que entregaran las fincas no cultivadas al Estado, el cual dispondría su distribución entre las comunidades rurales empobrecidas.

A finales de noviembre, con las encuestas de opinión muy desmejoradas y en un ambiente enrarecido que auguraba más protestas e inestabilidad, el presidente negó que hubiera riesgo de golpe de la fuerza armada. El ministro civil de Defensa, José Vicente Rangel, alertó de la existencia de "gente que quiere reeditar en Venezuela lo que pasó en Chile con Salvador Allende" y el propio Chávez, incapaz de moderar su talante de confrontación y de pergeñar un solo consenso, advirtió: "esta revolución está armada".

El 10 de diciembre marcó el punto de no retorno en una etapa de contestación en las calles, a través de marchas masivas, caceroladas a la argentina y paros nacionales, convocada por un arco creciente de partidos, organizaciones sectoriales, ONG y demás componentes de la sociedad civil. Hecho insólito, los empresarios, a través de la patronal Fedecámaras, representante del 90% del PIB no petrolero, y los sindicatos, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) -ligada a AD y que Chávez había intentado, sin éxito, descabezar- en primer lugar, unieron fuerzas para propiciar una revuelta civil que forzara, sin esperar a un referéndum revocatorio, la dimisión del presidente.

Aquel día, una huelga general al grito de "¡fuera el loco!" saludó la promulgación de 49 decretos-ley, entre los que figuraban la ya comentada Ley de Tierras y otra sobre hidrocarburos que perseguía aumentar la tributación de las corporaciones extranjeras hasta el 30% y reservar al Estado una participación mayoritaria, del 51%, en las sociedades mixtas con las empresas concesionarias privadas. El cambio de rumbo en PDVSA trataba de compensar la inesperada merma de la renta petrolera, a causa del desplome del precio del barril por debajo de los 16 dólares tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que a su vez había desbaratado los presupuestos de 2002.

En opinión de Fedecámaras, pero también de la CTV, los propietarios agropecuarios y los medios de comunicación privados, este paquete legal ponía en peligro el derecho a la propiedad privada y la misma estructura de la economía de mercado, considerando claramente inconstitucionales algunas de las disposiciones. Por lo que respecta a los cambios en PDVSA, denunciaron su carácter estatista y centralizador, y en un análisis general, alertaron que el derrumbe de las inversiones privadas resultaba inevitable. Por de pronto, señalaron la escalada en la fuga de capitales y, de nuevo, en los débitos del Estado. El déficit fiscal se acercaba entonces al 10% del PIB, unos 9.000 millones de dólares.

El 23 de enero de 2002, sendas marchas de uno y otro signo (si bien sólo la antigubernamental fue verdaderamente multitudinaria) midieron sus fuerzas en Caracas en el 44 aniversario del derrocamiento del último dictador militar, Marcos Pérez Jiménez. Sólo un día después, Chávez destituyó a Luis Miquelena, ministro del Interior y considerado el preceptor intelectual del chavismo, aparentemente por defender una posición de diálogo y acercamiento a sectores de la sociedad más allá del MVR. La proclamación por Chávez el 4 de febrero, el décimo aniversario del intento de golpe de 1992, como "día de celebración nacional" ante 100.000 de sus partidarios fue considerada un ultraje a la democracia por la oposición

El creciente número de militares, en activo o retirados, ocupando altos cargos del Gobierno y la administración, lejos de anular la capacidad de la Fuerza Armada para perturbar la República Bolivariana, la estimuló. La dedicación de los uniformados a menesteres no propiamente castrenses, los discretos vínculos con las guerrillas colombianas, la promoción de la ideología bolivariana en los cuarteles, los indicios de entregas de armas a chavistas organizados como Círculos Bolivarianos (imitación de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos) y las mudanzas en el escalafón para asegurar la lealtad al Gobierno, generaron un resentimiento en varios mandos intermedios que cristalizó, primero, en expresiones de descontento más o menos contenidas en el perímetro de los cuarteles, y luego, en desafecciones públicas.

Quien abrió la más peligrosa caja de Pandora para Chávez fue, el 7 de febrero, el coronel de Aviación Pedro Luis Soto, que en un programa de televisión, asegurando hablar en nombre del "70% de la Fuerza Armada", demandó la sustitución de Chávez por un presidente civil y la celebración de elecciones, ya que aquel no había sido elegido "para que se adueñara de Venezuela" e "impusiera un sistema con una ideología que en otros países ha fracasado, trayendo miseria y pobreza".

Soto fue castigado con la expulsión del Ejército y el Alto Mando Militar ignoró su llamamiento a la sublevación, pero recibió la solidaridad de otros oficiales de diverso rango, como el capitán de la Guardia Nacional Pedro José Flores y el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que en los días y semanas siguientes le secundaron con sus propias proclamas sediciosas. Los generales Alberto Poggioli y Guaicaipuro Lameda fueron asimismo cesados de servicio, el primero por pertenecer a la disidencia y el segundo a voluntad expresa, por discrepar con la reforma de PDVSA, de la que era presidente.

Al tiempo que estos desafíos en el estamento militar, Chávez hubo de hacer frente al imparable deterioro de la situación económica, damnificada en parte por la incertidumbre política y la misma retórica beligerante del presidente. El 13 de febrero, tras varias semanas de intervenciones infructuosas del Banco Central (BCV) en defensa del bolívar frente al dólar, el Gobierno eliminó la banda de fluctuación vigente desde 1996 y dejó en libre flotación a la moneda nacional, que sólo en las primeras 24 horas se devaluó un 31,4%, y anunció el ajuste fiscal, grato al FMI, para enjuagar el déficit. De entrada, los presupuestos del Estado serían podados en un 22%.

Las borrascas militar y económica animaron a la oposición civil a intensificar la campaña de protestas, de manera que el 5 de marzo, Fedecámaras, la CTV, la Conferencia Episcopal y el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) firmaron un Pacto Democrático contra Chávez en el que convocaban a la unidad de todos los sectores del país para rescatar el diálogo social y acometer medidas urgentes contra los múltiples y graves problemas que arrastraba el país.

7. Derrocamiento, contragolpe y restauración del chavismo

La CTV convocó una huelga general el 9 de abril y, constatado su seguimiento desigual (en PDVSA se trabajó sin novedad, no obstante la crispación causada por los recientes despidos de ejecutivos rebelados contra el nombramiento de la nueva dirección y la revisión de los criterios de gestión mercantilistas del holding), decidió prolongarla al día siguiente. En la segunda jornada de paros se disparó la tensión, con la llamada por la CTV y Fedecámaras a la huelga general indefinida, la desautorización de Chávez por otros dos generales y la advertencia del Gobierno de que había una conspiración para derribarlo.

El día 11, jueves, se aceleraron los acontecimientos. En respuesta al llamamiento de Fedecámaras y la CTV, varios cientos de miles de caraqueños exigieron la renuncia inmediata de Chávez. La marcha, pacífica y protagonizada por las clases medias, se encaminó hacia el Palacio de Miraflores y allí fue tiroteada indiscriminadamente por miembros de la Guardia Nacional y francotiradores de paisano, aparentemente chavistas armados, provocando al menos una veintena de muertos y más de 100 heridos.

La masacre desencadenó en las horas siguientes una cascada de declaraciones de rebeldía o condena por parte de un grupo de generales encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, del alcalde de Caracas, gobernadores estatales y el ex ministro Miquelena, mientras que los medios de comunicación privados, desde tiempo ha enfrentados con el Gobierno por el acoso de los Círculos Bolivarianos a sus trabajadores y las trabas oficiales a la libertad de expresión, pusieron el grito en el cielo por el corte de sus emisiones.

El día 12, pródigo en informaciones confusas, se produjo la caída de Chávez como consecuencia de la desautorización pública del Alto Mando Militar, inclusive el comandante del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, y el inspector general y comandante en jefe de la Fuerza Armada, general Lucas Rincón. Éste, no sin ambigüedad sobre su postura personal, leyó un comunicado en el que informó que la cúpula militar había pedido la renuncia del presidente y que éste había aceptado.

En lo que tenía el aspecto de ser un golpe de Estado, Chávez, vestido con su uniforme de teniente coronel de paracaidistas, fue puesto bajo arresto por el general Néstor González (que el día 10 se había anticipado a los hechos acusando de "traidor" al mandatario por proteger a las FARC colombianas) en el Fuerte Tiuna, sede de la Comandancia General del Ejército, después de que, según parece, viera frustrado un intento de escapar del país al estar tomados los aeropuertos por soldados rebeldes. Trascendió que el mandatario aguardaba su comparecencia ante la justicia por la matanza del día anterior y circularon versiones contradictorias sobre si llegó a firmar o no la carta de dimisión.

Entretanto, el presidente de Fedecámaras y principal rostro de la oposición en los últimos meses, Pedro Carmona Estanga, anunció que contaba con el apoyo de los militares para formar un Gobierno Transicional de seis miembros, de hecho una junta cívico-militar. Carmona, con el título de presidente de la República, y su ejecutivo de "transición democrática y unidad nacional" tomaron posesión por la tarde en el Palacio de Miraflores, en un clima de euforia en las filas opositoras, que, con la consigna de "ni un paso atrás", creían asistir al final de la era Chávez.

Carmona precisó que su mandato era interino, prometió gobernar para reponer "la pluralidad democrática civil" y asegurar "el pleno imperio de la ley", así como castigar a los elementos de las "hordas chavistas" responsables de los asesinatos de la víspera, desconvocó la huelga general, nombró un nuevo Alto Mando Militar y se lanzó a emitir un torrente de decretos ejecutivos, dirigidos a desarticular toda la institucionalidad vigente desde 1999, entre los que figuraban: la retirada de la condición de Bolivariana del nombre de la República, el desarme de las organizaciones civiles adictas al poder derrocado, la disolución de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, la celebración de elecciones generales en un año a más tardar, la dotación al presidente de potestad para cesar y designar a todos los representantes públicos, desde ministros a alcaldes, en el período de transición, y la suspensión de los polémicos 49 decretos-ley.

Amparado en el artículo 350 de la Constitución de 1999, que faculta al pueblo, en tanto que depositario del poder constituyente originario, para "desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos", Carmona parecía tener la situación bajo control, pero en menos de un día confluyeron una serie de circunstancias que precipitaron la desbandada de su gobierno y la reposición triunfal de Chávez en la Presidencia.

En tan sorpresivo y vertiginoso vuelco en la correlación de fuerzas resultó decisiva la retirada de la confianza a Carmona por los mismos militares que lo habían aupado, por intentar blindar su autoridad civil en el período de transición y el alcance, de regusto revanchista y totalitario, de algunos de sus decretos, así como el comienzo de la persecución sistemática por los cuerpos de seguridad de figuras del régimen depuesto y miembros de los Círculos Bolivarianos. La fractura de la institución armada, como la del conjunto de la sociedad, polarizada hasta el borde de la guerra civil, era un hecho.

El ostentoso distanciamiento de los generales titubeantes, el malestar de partidos políticos y sindicatos por lo que veían un giro a la derecha y la disparidad de reacciones en la comunidad internacional ante el forzado relevo, con Estados Unidos congratulándose sin disimulos, España deseando la pronta recuperación de la "calma y solidez democrática" y el resto de Latinoamérica, a través de la XVI Reunión en Costa Rica del Grupo de Río, condenando la "interrupción del orden constitucional" en Venezuela (los presidentes de Argentina, Paraguay y México se expresaron en términos duros, mostrándose distantes y cautos otros mandatarios), animaron a los apesadumbrados partidarios de Chávez, muy numerosos en los suburbios pobres, a adueñarse de las calles céntricas de Caracas y, con cólera desatada, exigir la liberación del ex teniente coronel.

En la tarde del 13, Carmona, después de que el general Vásquez (a su vez, presionado por unidades salidas en defensa de Chávez, como los paracaidistas de Maracay) dijera que el Gobierno de transición había cometido "errores", anunció correcciones a los decretos del día anterior y restituyó los poderes del Estado, pero los partidarios de Chávez, civiles y militares, ya habían iniciado el contragolpe. Mientras Caracas era devastada por disturbios y pillajes y una decena de personas moría a manos de las fuerzas del orden público, que no estaba claro si disparaban para contener a los saqueadores o por motivos políticos contra los chavistas, el vicepresidente ejecutivo Diosdado Cabello Rondón, nombrado el 13 de enero anterior y extrañamente destituido por Chávez justo antes de abandonar, emergió de la clandestinidad para restaurar el régimen.

Al final del día, Cabello juró como presidente provisional en el Palacio de Miraflores, ya tomado por los ministros y demás hombres fieles a Chávez, ante el presidente de la Asamblea Nacional, Tarek William Lara, que en todo este tiempo se había negado a obedecer a Carmona. El empresario reconoció al punto a Cabello y presentó su dimisión, siendo a continuación arrestado y confinado en el Fuerte Tiuna. Ya en la madrugada del domingo 14, Chávez partió en helicóptero de la isla caribeña de La Orchila, a 100 km del continente, y aterrizó directamente en Miraflores, en cuyas inmediaciones le esperaban cientos de miles de enfervorecidos partidarios.

Acto seguido y vestido de civil, retomó la jefatura del país de manos de Cabello y Lara y, en una atmósfera de euforia apenas contenida, pronunció un discurso inesperadamente mesurado y conciliador, en el que declaró sentirse "estupefacto" por el triunfo de la "contra-contrarrevolución" y que regresaba "sin odio ni rencor", llamó a la "calma" y la "cordura" de todos y negó que el Gobierno fuera a desatar una "caza de brujas" en la oposición, a la necesitaba "leal con el país y el pueblo". Con todo, la larga intervención televisada comenzó con unas palabras enigmáticas, "a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo", y, a modo de advertencia, sentenció que era hora de "tomar decisiones y ajustar muchas cosas", exhortando directamente a los medios de comunicación para que hicieran "profundas rectificaciones".

(Última actualización: 14 abril 2002)

Tomado de Fundació CIDOB


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