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INDICE
La implicación de la Casa Blanca
LA CIA INCRUSTADA EN AMÉRICA
LATINA
CONDENAN A 28 AÑOS DE CÁRCEL A
EX JEFE
Todo apuntó a Gastón Encinas-Venta del
Consulado en Tailandia
Migración ¿Ex fábrica de ricos?-El
caso de J.L.Paredes que salió
Le costó al país $us. 6.4 millones
- Morales y el negocio
Sospechas tuvieron un blanco: El
caso pasaportes en el Rosario de Bedregal
CONGRESO ES INCAPAZ ANTE LA
CORRUPCIÓN
MENSAJE A LOS RATEROS DE
BOLIVIA
El
Museo de la Corrupción es el esfuerzo de muchos años de investigación, con
base científica. Motivado por el amor a la patria, cuyo objetivo es, sembrar
semillas de ética, dignidad, sinceridad, honor, prestigio y orgullo
boliviano. Crear la motivación y un eslabón más en la evolución psicológica y
en el corazón de las nuevas generaciones. Somos estudiosos de la conducta humana y queremos que el nuevo hombre
aprenda a modelarla para sentirse orgulloso de sí mismo, su familia y su
patria. Que sea admirado, no por
corrupto, sino por inteligente, solidario y creativo.
No
queremos maltratar a nadie. Sólo
deseamos ayudar a enmendar errores. Los seres humanos no somos perfectos,
pero los reiterados desaciertos ajenos, nos han colocado en el desastre en el
que estamos. Metidos en la misma
bolsa, justos y pecadores, somos calificados como “subcampeones mundiales de
la corrupción”. Desprestigiados en
todo el mundo. En el exterior somos
maltratados y perseguidos como judíos en las épocas de la Alemania nazi. Un
ejemplo, la Argentina, donde asesinan a nuestros compatriotas, se querrá
justificar diciendo que se trata de hordas ignorantes como las hay en todo
lugar, pero, ¿por qué a nosotros y no a personas de otras nacionalidades?
En
este sentido, ¿qué hacemos para ayudarnos a nosotros mismos? Hay que recordar que hemos nacido para
cumplir una misión en la vida y consideramos que la nuestra es ayudar a
mejorar la conducta. Por eso, el
programa de “El Museo de la Corrupción”, hace uso de la ciencia de la
Comunicación Social, a través de esta revista, la televisión, la radio, y el
material de autocuración compuesto de libros, revistas, casetes, discos
compactos y nuestras instalaciones, donde usted podrá visitar y conocer los hechos de corrupción más relevantes, protagonizados en el
mundo.
¿Cuáles
son las causas de la corrupción?; ¿cómo prevenirlas?; ¿qué puede hacer la
Psicología Clínica, la ciencia de la Comunicación Social y las otras ciencias
y disciplinas para corregir estos hechos?; que tantas perdidas económicas y
morales nos ocasionan. ¿Que métodos didácticos y pedagógicos debemos utilizar
para mejorar nuestro comportamiento? Es un problema en el que todos tenemos
que participar; si queremos paz y
tranquilidad para nuestros hijos. Estamos seguros que este emprendimiento
será del agrado vuestro. Esperamos su activa participación. Usted tiene el
derecho de opinar. No hay mejor instrumento que la libertad.
DR. WALDO BRAVO PEÑARANDA
PSICOLOGO CLINICO
De acuerdo a la definición del diccionario
Larousse, la corrupción es: f. (Lat. Corruptio). Putrefacción: la
corrupción de las carnes es muy rápida en verano. (Sin.V. Contagio)//
Alteración: corrupción de la sangre.// Alteración en un escrito. (Sin. V.
Falsificación) // Figurativo. Seducción. Cohecho: corrupción de
funcionarios// Fig. vicio o abuso: la corrupción de Corinto causó su pérdida.
“Putrefacción”, la descomposición que sufren los cuerpos organizados cuando
los abandona la vida. De manera figurativa, seducción. Cohecho: corrupción de
funcionarios, soborno, vicio, abuso.”
El 8
de agosto se cumplen treinta y dos años de la dimisión de Richard Nixon, uno
de los presidentes de los Estados Unidos que más ha dado que hablar.
Woodward
y Berstein, dos periodistas del "Washington Post", jugaron un papel
decisivo en el esclarecimiento del proceso. Estos contaban con información
privilegiada que les era suministrada por una fuente anónima, a la que se
bautizó con el nombre de "Garganta Profunda".
El
escándalo Watergate sirvió a los americanos para madurar políticamente y
empezar a tomar medidas legislativas para evitar el abuso de poder de sus
dirigentes.
A
las 11'35 horas del 9 de agosto de 1974, Richard Nixon abandonaba la Casa
Blanca, casi subrepticiamente con rumbo a "Casa Pacífico", su finca
de San Clemente, en California, donde prácticamente permanecería hasta el
final de sus días (el 23 de abril de 1994). Veinticinco años han pasado ya,
desde el que fuera el escándalo político más importante de los Estados
Unidos. Después han venido otros gates (Irangate, Whitewatergate...) tan
importantes o más, pero el Watergate ha sido el único que se ha saldado con
la carrera política de los implicados.
Richard
M. Nixon ha sido el único presidente en la historia de los Estados Unidos que
se ha visto obligado a dimitir del cargo sin completar su mandato.
Todo
comenzó dos años antes, la noche del 17 de junio de 1972, con la detención de
cinco hombres en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, en
Washington D.C., situado en un lujoso edificio de apartamentos y oficinas
llamado Watergate, que dos décadas después seguiría unido al escándalo por
albergar la residencia de la famosa becaria Mónica Lewisky.
Lo
que a primera vista parecía la detención de unos simples ladrones pillados
"in fraganti", se convirtió en el comienzo de la peor de las
pesadillas de Nixon. A los pocos días, los cinco hombres eran acusados de
haber entrado en la oficina (desde la que se organizaba la campaña electoral
a la presidencia del Partido Demócrata) para robar documentos, pinchar
teléfonos e instalar escuchas telefónicas. Con la detención de los
"cinco fontaneros" -que así fue como se los llamó- saltaron a la
palestra dos nombres significativos, el de uno de ellos, James W. Mc Cord,
exagente de la CIA y funcionario de seguridad del Comité para la reelección
del presidente (o sea Nixon) y el de Howard Hunt, también exagente de la CIA
y consejero de seguridad de la Casa Blanca.
LA
IMPLICACIÓN DE LA CASA BLANCA
La
participación de estos hombres, con cargos cercanos a la presidencia,
vinculaba directamente el escándalo de las escuchas con la Casa Blanca. En un
principio Nixon intentó mantenerse al margen declarando que tras la
investigación realizada no podía "afirmar categóricamente que nadie que
estuviera entonces en la Casa Blanca o en el gobierno no estuviera
implicado". Unos meses más tarde, Nixon invocó la doctrina del
"privilegio del Ejecutivo" para justificar las negativas de sus
colaboradores a prestar declaración ante el Comité del Senado o el Jurado
Acusador.
A
partir de ese momento el proceso se complicó aún más, las investigaciones se
multiplicaron, por un lado la investigación judicial que seguía varias líneas
de actuación, por otro la que se estaba produciendo simultáneamente en los
medios de comunicación y paralela a estas dos, el juicio popular, las
deducciones a las que llegaba la población cada vez que se le proporcionaba
un nuevo dato.
Woodward
y Berstein, dos de los periodistas del "Washington Post", jugaron
un papel decisivo en el esclarecimiento del proceso. Estos contaban con
información privilegiada que les era suministrada por una fuente anónima, a
la que se bautizó con el nombre de Garganta Profunda.
Después
de un cuarto de siglo, la identidad de esta misteriosa fuente clave sigue sin
esclarecerse. Son varias las versiones que se barajan sobre este asunto,
algunos opinan que Garganta Profunda nunca existió, que sólo fue un montaje
de los dos citados periodistas para añadir más emoción al tema. Otros
especulan con la posibilidad de que no fuera una sola la fuente que
suministraba información, sino varias. Pero el dedo acusador se dirigió desde
el principio hacia cuatro personas: Alexander Haig, jefe del gabinete de
Nixon; Patrick Gray, alto cargo del FBI en funciones; John Dean, consejero de
la Casa Blanca que testificó contra Nixon en las sesiones del legislativo
sobre el Watergate y la periodista Dianne Sawyer, perteneciente en aquel
entonces al equipo de prensa de la Casa Blanca.
En abril
de 1973 comenzaron las dimisiones en cadena de los colaboradores más directos
del presidente, que posteriormente serían procesados en relación al
escándalo. Dean fue el primero en revelar la implicación personal de Nixon en
el caso Watergate. Posteriormente otro testigo Alexander P. Butterfield
mencionó, por primera vez durante el proceso, la existencia de unas cintas
magnetofónicas en las que Nixon acostumbraba a grabar todas sus
conversaciones.
Tras
un tira y afloja entre el Comité y Nixon, este último tiene que ceder a la
entrega de las grabaciones, a la que se había negado desde el primer momento.
La desaparición de algunas de las cintas y los significativos silencios en
las entregadas, que Nixon justificó como "borrones involuntarios de la
secretaria" enturbiaron más, si cabe, el asunto. Lo que está claro es
que Nixon no tenía a la suerte de su parte, ya que en esas mismas fechas se
comprobó su fraude al Fisco durante tres años consecutivos. Pagó al día
siguiente y culpó a sus contables, pero la imagen del presidente ya se
encontraba demasiado deteriorada.
En
aquel momento empiezan a alzarse voces en el Congreso que claman por someter
a Nixon al proceso de incapacitación para ejercer la presidencia de la
nación, el "impeachment". Y efectivamente se inicia la
investigación previa para determinar si existía o no base para someter al
presidente a este proceso.
El 4
de agosto Nixon admitía lo que él y sus colaboradores habían negado
rotundamente desde el principio del proceso, que él mismo había participado
en los esfuerzos por encubrir los hechos.
Con
este panorama y sin poder contar con ningún apoyo, ni siquiera dentro de su
partido, el presidente anuncia su dimisión en la tarde del 8 de agosto, con
efecto al día siguiente, cuando el vicepresidente, Gerald R. Ford, juraría el
cargo y tomaría las riendas del país, de esta forma evitaba que se le
incapacitara como presidente. Finalmente obtiene el perdón total, que le
concedió el 8 de septiembre de 1974 el presidente Ford, alejando así la
amenaza de castigo judicial que pesaba sobre él.
El
escándalo político del Watergate, el abuso de poder de Nixon y sus
colaboradores y la repercusión internacional del caso, tuvieron sin embargo,
un efecto beneficioso para la vida política norteamericana.
Además
de haber servido para acuñar un nuevo concepto de escándalo en el vocabulario
político internacional, el Watergate sirvió para que hoy en día se les pida
cuentas detalladas a los dirigentes y altos funcionarios del país en que
ocurrieron los hechos.
Richard
Nixon, nació en California en 1913, trabajó como abogado para los círculos
financieros de Wall Street. Inició su carrera política como diputado
republicano al Congreso en 1947 y 1951. Fue elegido senador en 1951 y
vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Eisenhower,
de 1953 a 1960. Designado politico republicano a la presidencia, fue
derrotado por John F.
Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960. Representante de la
vieja escuela de politicos norteamericanos, es histórico su debate televisado
frente a Kennedy, donde se puso de manifiesto el diferente talante de ambos
politicos. En 1962 fue nuevamente derrotado en las elecciones para gobernador
de California. En 1968 consiguió una nueva nominación de su partido y derrotó
al demócrata Humphrey en
las
elecciones del mismo año. Fue presidente hasta 1974, año en el que tuvo que dimitir por sus implicaciones en el caso
Watergate. Murió en 1994.
LA CIA
INCRUSTADA EN AMÉRICA LATINA
Por
Gerardo Reyes Gómez. (LD 27-09-00)
Los
chicos de George Tenet trabajando en América Latina tienen problemas. Todos
están a la expectativa para saber cómo, el director de la CIA, resolverá la
situación de dos de sus agentes en situación más que delicada. Ricardo Miguel
Cavallo, encarcelado en México, debido a una filtración de las altas esferas
de Washington y Vladimiro Montecinos, super asesor de Fujimori, el todavía
presidente del Perú. El
asunto de Vladimiro Montecinos está más complicado, pero ya se demostró el
poder de convencimiento que posee la agencia central de inteligencia
estadounidense cuando, a pesar de una decisión tomada por el Gobierno de
Panamá, emitida el viernes, para rechazar la solicitud de asilo político del
ex asesor de Fujimori (especialmente cuando en su país ha sido acusado de,
además de ser agente de la CIA, haber cometido delitos de alta corrupción) el
Gobierno Panameño fue obligado el sábado, merced a enormes presiones
internacionales generadas en Washington, a dar vergonzozamente marcha atrás.
Todo
el pestilente asunto lleva a la conclusión de que fue la CIA la que siempre
estuvo detrás de Fujimori, manteniéndolo en el poder utilizando a su agente Montecinos,
quien en realidad comandaba al Ejército peruano. Y hubiera podido continuar
manteniéndolo, contra viento y marea, si no hubiera sido porque el mismo
Fujimori cometió un grave error geopolítico: firmó un tratado secreto con
Japón sin consultar a EE. UU. En ese momento el presidente peruano cayó de la
gracia de los estadounidenses y decidieron dejar de apoyarlo. Como Fujimori
se empeñó en hacer fraude en las elecciones y mantenerse en el poder,
entonces la CIA utilizó a su mejor hombre en el Perú, para derrocar al
presidente con raíces en el lejano imperio del sol naciente.
CONDENAN A
28 AÑOS DE CARCEL A EX JEFE DE LA GUARDIA CIVIL
Madrid
(26 de Febrero 1998) El ex jefe de la
guardia civil, Luis Roldán Ibañez, recibió hoy una sentencia de 28 años de
prisión por haber acumulado ilegalmente una fortuna de 14 millones de dólares
mientras dirigía la fuerza policial paramilitar española.
El
escándalo de Roldán contribuyó decisivamente a la serie de escándalos
políticos y financieros que pusieron fin al gobierno de 13 años del jefe de
gobierno Felipe Gonzáles.
El
juez provincial Pedro Javier Rodriguez Gonzáles Palacios dictó la sentencia a
Roldán, a quien hallaron culpable de desfalco, fraude, soborno y evasión
impositiva,
aunque lo absolvieron de falsificación. Asimismo recibió una multa de 10
millones de dólares.
Roldán,
de 54 años, el primer civil que dirige la guardia civil, fue la máxima
autoridad policial entre 1986 y 1993. El abogado de Roldán, Eugenio Rubio, dijo a los periodistas, que
apelará la sentencia. Rubio dijo que
su defendido recibió la sentencia con calma.
Como
jefe de la guardia civil, Roldán había sido considerado candidato prominente
al cargo de ministro del interior. Esas ambiciones murieron después que renunció en 1993 y el Diario 16
empezó a publicar artículos sobre la corrupción.
Roldán
huyó de España cuando la investigación se profundizó en mayo de 1994. Los diarios publicaron numerosas versiones
de que se había embolsado fondos secretos destinados al contraterrorismo y
que había recibido pagos ilegales para autorizar la construcción de cuarteles
para la guardia civil.
Los
españoles se indignaron de que un oficial acusado de corrupción en gran
escala pudiese huir tan fácilmente. El
ministro del interior Antonio Asunción se vio obligado a renunciar.
Roldán
fue capturado en Laos diez meses después y repatriado para ser sometido a
juicio. Mientras era fugitivo, Roldán concedió entrevistas que deterioraron
más la imagen del gobierno.
Sostuvo
que Gonzáles conocía perfectamente la guerra sucia que se libró en la década
pasada contra sospechosos de pertenecer o simpatizar con el grupo terrorista
vasco ETA, que dejó 27 muertes.
En
el juicio de seis meses concluido en diciembre, Roldán fue acusado de haberse
apoderado de 728 millones de pesetas (5 millones de dólares) en sobornos, de
haberse apropiado indebidamente de 352 millones de pesetas (2,5 millones de
dólares) de fondos del estado, y de no pagar 815 millones de pesetas (5,7
millones de dólares) en impuestos.
Otras
siete personas fueron acusadas de cargos anexos, pero sólo la esposa de
Roldán, Blanca Rodríguez Porto, y su asesor financiero, Jorge Esparza, fueron
hallados culpables. La mujer fue
sentenciada a cuatro años de prisión, y Esparza a nueve años.
Los
restantes cinco acusados, incluyendo la ex amante de Roldán, fueron
absueltos. Como jefe de la guardia civil, Roldán reprimió unidades policiales
vinculadas con el narcotráfico y fue elogiado por actuar contra la ETA, que
ha asesinado a casi 800 personas en su campaña de 30 años por lograr la
independencia de la región vasca.
CASO DE
CORTE NO ES IMPUNIDAD Santiago Berríos C. (El Diario, febrero/1998)
Cuando
nos encontramos frente a conductos delictivos cometidos por servidores
públicos, parecería que no sabemos cuál norma legal aplicar.
Si
la Ley Orgánica Judicial o la Ley 1178 (Ley SAFCO), y esto es lo que
finalmente desorienta no solamente a la población, sino a los propios
profesionales del Derecho.
Es
bien cierto que el Art. 103 de la Ley de Organización Judicial señala en su
Inc. 7° que la Sala Plena de una Corte de Distrito Judicial tienen como
atribución juzgar a los miembros de la Judicatura, con excepción de los
Ministros de la Corte Suprema que están sujetos a la Ley de Responsabilidad
de 7 de noviembre de 1890, así como a los Alcaldes Municipales, Concejales,
Municipales, Vocales de las Cortes Electorales y Juntas Municipales, Jueces
de Minería, Subprefectos, Jueces Agrarios, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, pero esta determinación legal de ninguna manera
debe ser entendida como sinónimo de IMPUNIDAD, porque significa que la
autoridad pública sujeta a este procedimiento, tiene un tratamiento especial.
Se
piensa, por otra parte, que el servidor público procesado bajo el manto del
Caso de Corte, automáticamente logra su absoluta libertad, lo que no es
cierto, porque no existe norma legal alguna que disponga aquello. Pues, si acaso el Juez al que se encarga la
investigación sumarial encuentra en el imputado serios indicios de
culpabilidad, tiene toda la potestad de disponer su detención preventiva, tal
como se lo puede hacer en el proceso penal común.
¿Acaso
el hecho de decir que goza de Caso de Corte significa que nos encontremos frente
a ciudadanos de primera clase, mientras que aquéllos que no gozan de este
tratamiento especial y están sujetos al procedimiento común serían ciudadanos
de segunda clase? Parecería que así
fuera, pero esto no es cierto.
En
otras legislaciones ya no se conoce este sistema del Caso de Corte, porque es
de data antigua, lo que quiere decir que en Bolivia aún nos encontramos con
una figura jurídica que desemboca en la impunidad.
Esto
lo señalamos puntualmente, porque no conocemos algún proceso de Caso de corte
que hubiera concluido con sanción para el infractor.
Ni
qué decir sobre las demandas de prevaricato, que en las Cortes de Distrito se
encuentran archivadas, porque no fueron concluidas debido precisamente “al
espíritu de cuerpo” de sus componentes.
Entonces
el Caso de Corte no debe ser confundido con impunidad que tanto daño le está
haciendo al país, donde pululan a diestra y siniestra los servidores públicos
que sin contemplación alguna se enriquecen bajo la sombra del famoso Caso de
Corte. Ni qué decir acerca de quienes
manejan el poder político detrás de bambalinas, y éstos son los más
peligrosos, porque hacen y deshacen entuertos en función de esa impunidad.
Un
destacado profesional holandés nos decía hace algunos días, en una reunión de
estudios sobre comercio Exterior, que en Bolivia todo el mundo quiere
dedicarse a la política, porque considera que esta actividad sería la más
lucrativa, cosa que no ocurre en Europa, donde una insignificancia de
personas hace política, mientras que la gran mayoría se dedica a actividades
productivas. Este mismo ciudadano nos
decía que, así como va Bolivia, no tiene posibilidades de crecimiento y en
este momento en el que estamos en los umbrales del próximo milenio, lo fundamental
que deben buscar los pueblos es precisamente el crecimiento en términos
macroeconómicos.
Por
la salud del país, habiendo aclarado que el Caso de Corte no debe ser
confundido con la impunidad, será necesario recomendar a nuestros
legisladores la necesidad de modificar aquel Art. 103 de la Ley Orgánica
Judicial, de modo que cualquier conducta antijurídica en la que incurran los
servidores públicos debe merecer del tratamiento jurídico procesal común,
como ocurre en todas partes del mundo, así habremos ingresado a la modernidad
en materia de delitos cometidos por los servidores públicos.
CORRUPCIÓN Y
DEFENSA SOCIAL Editorial (El Diario, febrero/1998)
Cotidianamente
se difunde noticias sobre peculados, malversaciones y toda suerte de
atentados contra la economía estatal y pública, a la par que corren paralelas
las protestas y lamentaciones generales, ocasionando sentimientos de
pesimismo y de frustración porque los gobiernos se suceden sin que se
experimente algún cambio en sentido positivo, frente a semejante amenaza que
compromete el futuro del país. No
obstante dicho clima de insatisfacción, cuando algún implicado resulta
aprehendido para responder por actos dolosos en el ejercicio de sus funciones
o deba enfrentar la acción de la justicia, hecho que tiene lugar muy rara
vez, se gesta una reacción desconcertante por sus tonos lastimeros y de
solidaridad dignos de mejor suerte, haciéndose percibir desde distintos
ámbitos. Algo de esto se origina y
secunda en cierta prensa con obvia influencia política.
Lo
anterior no debe ser confundido sólo con dosis elevadas de sentimentalismo,
sino que revela una grave falta de capacidad social para enfrentar la
corrupción, aflojando las tramas defensivas contra la disolución, que
consideramos esenciales en una sociedad que se pretende estable y organizada. Tampoco se puede mirar lo anterior sin una
perplejidad creciente, sobre todo porque se presenta como el mejor caldo de
cultivo de la campeante impunidad en nuestro medio, con claros efectos de
retroalimentación en sus distintas formas.
Es
importante que seamos capaces de sobreponernos a estas costumbres que
contribuyen de una manera determinante para que nuestro país sea visto como
uno de los más corruptos en el consenso internacional, siendo además
lamentable que no atinemos a darnos modos para superar esa situación
desdorosa para nuestra nacionalidad, sin duda incubada con los mejores
auspicios en sus momentos que podemos llamar estelares y que en las
circunstancias actuales parecen cada vez más distantes.
Esto
no quiere decir que se trate de alentar una “caza de brujas” y menos que se
aplauda el atropello a los procedimientos judiciales, cuando sea evidente su
violación, menos aún a la legalidad, aunque ésta por su pesadez e inacabables
vericuetos resulta el mejor medio para el lavado de los delitos y del
enriquecimiento ilícito, coartando su rápido y eficaz esclarecimiento.
En
esas condiciones –por paradoja- se invoca la aplicación de la justicia en sus
formas más puras, más ceñidas al derecho, pese a que los casos más
escandalosos se diluyen en la nada y los culpables no tardan en pasear las
calles luciendo su impunidad y la riqueza malhabida, para insulto y agravio
de la ciudadanía honesta, cada vez más resignada a convivir con la corrupción
y con los corruptos.
IMPUNIDAD….! (El Diario 24 de marzo de 1998)
La
impunidad y la corrupción son dos lacras de la sociedad que se están
institucionalizando peligrosamente en Bolivia, por efecto de la politiquería
que deja de lado los intereses nacionales, sobreponiendo, el usufructo, la dádiva
personal y de partido político.
EL
DIARIO, tiene conocimiento que existen presiones de parte de grupos de poder
encaramados en los diferentes partidos políticos alineados tanto en el
gobierno como en la oposición, para evitar que el Plenario de la Cámara de
Diputados, considere el Informe que la Comisión de Hacienda elaboró, en base
a la investigación que realizó respecto a la administración de los recursos
de la liquidación de los Bancos Sur y Cochabamba.
Esos
grupos de poder, que buscan la destrucción de las instituciones del país con
la única finalidad de apropiarse de los bienes del Estado, presionan tanto al
gobierno como al Poder Legislativo, para que el Informe de la Comisión de
Hacienda no sea considerado por el pleno de la Cámara Baja y se disponga su
archivo.
Llama
la atención, cómo existen personas que no quieren reconocer que el
Superintendente de Bancos está inmerso en un proceso por malos manejos en el
Bolsín. Además que sobre él pesa el
requerimiento de la Comisión de Hacienda, para ser sometido a juicio, por
incumplimiento de deberes, falso testimonio, Receptación lesiva al Estado y
Conducta antieconómica.
La
impunidad y la corrupción de éstos que sobreponen los intereses de “grupo, de
color, de partido o personales”, sin importarles a la sociedad, demuestran
abiertamente los fines que anteponen. El informe de la Contraloría IER-061/97, sobre la contratación de
abogados externos en la Superintendencia de Bancos por el período 1995 a
1996, revela que: “revisados los
antecedentes y curriculum vitae del abogado Javier Camacho Pinto,
evidenciamos que este profesional en su calidad de Director General del
Estudio Jurídico Sánchez Berzaín radica en la ciudad de Cochabamba”. Además de no cumplir con los requisitos que
exige este trabajo.
Es
inadmisible que después de todo lo que ha sufrido Bolivia: menosprecio, indiferencia, saqueo,
aprovechamientos personales, enriquecimientos ilícitos, envidias, surpaciones,
tráfico de influencias y traición a la Patria, entre otros. Estos personales pretenden seguir
corroyéndola, como en el antaño, pensando que la Patria es una bóveda sin
fondo.
¿Quiénes
pagan estos excesos…?
Quiénes
sufren los abusos…?
Quiénes
aceptan cabizbajos esta humillación…?
El
pueblo, los hogares y la sociedad.
El
pueblo se resigna, el Gobierno-Poder Ejecutivo no ejecuta, por qué…?
¿Qué
intereses tienen aquellos que representan al pueblo en las dos cámaras del
Poder Legislativo?
¿Qué
grupos monopólicos tienen intereses y cuáles son los fines que persiguen...?
El
Gobierno y el Poder Legislativo deben poner coto a estas actitudes lesivas o
de lo contrario deben gritar al unísono Muera Bolivia! En lugar de Viva
Bolivia...!
Puede
más la corrupción, la impunidad y el narcotráfico...?
DOCE AÑOS DE
CORRUPCIÓN (La Razón, 5 de marzo de 1998)
ADN,
MIR Y MNR: PROTECCIÓN POLÍTICA E IMPUNIDAD CON LA CORRUPCION HASTA EL CUELLO
Protección
política, más lazos de amistad, más vínculos consanguíneos, fueron la
combinación perfecta que pusieron en juego los partidos que se alternaron en
el ejercicio del poder, cuya suma ha resultado en impunidad para aquellos que
cometieron delitos en el ejercicio de la función pública.
Denuncias
de desfalcos, exacciones, fraudes, evasión de impuestos, contrabando,
narcotráfico, extorsiones, malversaciones, tráfico de influencias y otros
delitos marcaron los 12 últimos años de vida democrática, que han sido
suficientes para corroborar la percepción de que, en Bolivia, los más grandes
corruptos están entre los políticos. Protección política, más lazos de amistad, más vínculos consanguíneos,
fueron la combinación perfecta que han puesto en juego los partidos que se
alternaron en el ejercicio del poder: MNR, MIR y ADN y cuya suma ha resultado en impunidad para aquellos
sindicados de cometer delitos en el ejercicio de la función pública.
Pese
a que la prensa recogió denuncias, evidencias y pruebas, ni uno solo de los
poderosos ha purgado sus delitos, o por protección o por los fueros
especiales que amparan a ministros, parlamentarios, alcaldes, militares y
policías.
Con
excepción de dos, los 24 casos que presenta La Razón en este informe prueban
el poder y la enorme influencia de dirigentes políticos que fabrican su
suerte y que lograron eludir las pesquizas de la justicia o paralizar las
investigaciones en el Congreso, donde inevitablemente han muerto muchas
iniciativas para castigar a los acusados de corrupción; como la venta de
pasaportes chinos, venta de consulados, importaciones fraudulentas, dotación
ilegal y tráfico de tierras fiscales, extorsión sobre banqueros en ruina para
financiar campañas electorales y otras denuncias concretas contra dirigentes
políticos, altos y medios, del MNR, MIR y ADN.
El
discurso anticorrupción ha sido sólo eso, un discurso usado para descalificar
al oponente. En estos 12 años y a
pesar de las reiteradas promesas,
ningún
gobierno se atrevió a poner en marcha una legislación contra la corrupción y
menos aún a aplicar la receta recomendada por Robert Klitgaard, profesor de
Harvard y autor del libro “Controlando la Corrupción”, una verdadera prueba
de fuego a la retórica anticorrupción de los políticos: “Freír peces gordos, preferentemente del
partido de gobierno, para quebrar la cultura de la corrupción”.
Un
sondeo de opinión de la empresa Encuestas y Estudios, publicada el 30 de mayo
de 1997, demostró que la población boliviana cree poco en el sistema
político.
En
85 por ciento de los encuestados señaló inequívocamente a los políticos como
los más corruptos; en gradaciones sucesivas se ubicaron los policías, los
jueces, los empleados públicos, los sacerdotes, los bolivianos en general y
los periodistas.
Pero
en estos 12 años, la corrupción no sólo manchó a los políticos, empleados,
efectivos y altos mandos de la policía y Fuerzas Armadas también
protagonizaron
sonados escándalos, que quedaron en el olvido o fueron castigados con penas
mínimas.
VENTA
DEL CONSULADO EN TAILANDIA
Del
mítico Rey Midas se decía que “todo lo que toca lo convierte en oro”. Lo mismo puede decirse –salvando
procedimientos- de algunos militantes del MIR, cuyo paso por la
administración pública estuvo marcado por denuncias de corrupción, filón que
habría dado origen a muchas e inesperadas fortunas.
El
vendaval de los narcovínculos no había terminado de aplacarse, cuando el 7 de
mayo de 1995, el país fue sacudido por una nueva revelación: Gastón Encinas, uno de los llamados
cardenales del MIR, fue acusado por la “venta” del consulado de Tailandia en
400.000 dólares al ciudadano chino George Young Son e implicado en el
“negocio” de los pasaportes chinos, que se cotizaban en 25.000 dólares cada
uno.
Nancy
Serafina Aguilar Arauco, una cercana colaboradora e intermedia en la
distribución de pasaportes chinos falsos, formuló estas comprometedoras
revelaciones en su declaración informativa ante la Fiscalía de Distrito y la
Policía de Cochabamba.
El
intermediario de la venta del consulado fue identificado como César Lee,
también de nacionalidad china, del que se dijo que fungía como la contraparte
asiática del tráfico de pasaportes chinos, del que Young Son era un decisivo
enlace.
Gastón
Encinas lo negó todo, pero el golpe decisivo a la estructura de sus
explicaciones vino de donde menos lo esperaba.
El
12 de mayo de 1995, su compañero de partido, el diputado Carlos Borth (ahora
militante del BNF) aseguró que cuando ejerció como embajador boliviano en
China y concurrente en Tailandia denunció oportunamente las irregularidades
en la designación de Young.
“En
1992 envié un informe confidencial a la Cancillería y me opuse a que esa
situación continúe. Las autoridades de
entonces –Carlos Iturralde y Ronald MacLean- desoyeron la información y
deberán explicar por qué”, explicó en esa ocasión.
Al
día siguiente, el 13 de mayo de 1995, MacLean reveló que por presión de
Encinas, el entonces presidente Jaime Paz dio luz verde a la designación de
Young como cónsul general en Tailandia, pese a su oposición, porque para
entonces la Cancillería tenía dudas sobre la conducta de Young, quien no remitía
al ministerio de Relaciones Exteriores los valores por la venta de pasaportes
y visas y tampoco rendía los informes requeridos por La Paz.
Ese
mismo día, Encinas admitió haber recibido una visita de Young, cuando ejercía
la presidencia de la Cámara de Diputados. Desechó por absurdas las declaraciones de MacLean y reiteró que estas
acusaciones formaban parte de una campaña contra su partido. Setenta y dos horas después, el 16 de
mayo, Encinas responsabilizó a MacLean por la designación del cónsul de
Tailandia, admitió que “coadyuvó en la parte final del trámite”, pero
insistió en que las gestiones fueron encaminadas por otros parlamentarios
cuyos nombres amenazó revelar.
Sin
embargo, el ex Canciller reiteró que fue el ex presidente de la Cámara de
Diputados quien reclamó la designación de Young como parte de las cuotas del
MIR, primero como cónsul honorario y después como cónsul general en
Tailandia.
MacLean,
además, refirió que Encinas en un viaje que hizo al Asia trató de convencer a
los diputados que lo acompañaban para que firmen una carta recomendado la
designación de Young, pero aquéllos se negaron.
El
MIR lo separó de sus filas. Tanto él como Santiago Arana fueron licenciados
para que asuman su defensa personal. Pero las investigaciones dejadas en manos de la Fiscalía paceña no
avanzaron y el MIR restituyó en sus filas a Encinas, en nombre de la
“reconciliación”. Hoy, Encinas es un
Senador de la República y los obrados del caso fueron olvidados en algún
oscuro depósito de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Migración,
¿ex fábrica de ricos?
EL CASO DE
JOSE LUIS PAREDES, QUE SALIÓ LIMPIO DE CULPA
Pruebas
y expedientes fueron destruidos antes del cambio de gobierno.
José
Luis Paredes, del MIR, es hoy un próspero empresario y un político
exitoso. Ya nadie recuerda el
escándalo de los pasaportes chinos, que salpicó de lodo su nombre cuando él
ocupaba la Subsecretaría de Migración.
Las
pruebas fueron tan apabullantes en la venta de pasaportes y visas a
ciudadanos chinos –que tomaban Bolivia como un puente para conseguir visa de
ingreso a Estados Unidos y a otros países- que tuvo que dimitir.
Sin
embargo, pruebas y expedientes fueron destruidos o desaparecidos por el MIR
antes del cambio de gobierno, según un informe que presentó en mayo de 1995
el entonces asesor de la Cancillería, Saúl Lara.
Su
paso por la Subsecretaría de Migración le permitió a Paredes en muy poco
tiempo abrir un céntrico y concurrido café, ubicado en la Plaza del
Estudiante; equipar dos radioemisoras una en La Paz y otra en El Alto; una
estación de televisión y terminar la construcción de un moderno edificio.
La
red de traficantes de pasaportes fue descubierta en 1990 y en 1991 salió a la
luz toda la cadena de corrupción, que llegaba hasta Paredes.
La
operación era simple: Migración
autorizaba, previo pago de 1.000 dólares en China, el ingreso de ciudadanos
de esa nación; en Bolivia la subsecretaría les otorgaba una visa de turista a
cambio de 500 a 1l000 dólares; la residencia por dos años se cotizaba entre
1.500 y 5.000 y la nacionalidad en 10.000 ó 50.000 dólares.
¿Cuántos
chinos llegaron por esta vía? Migración nunca emitió un informe pero entonces se dijo que en un solo
vuelo internacional arribaban entre 20, 30 y hasta 50 inmigrantes de esa
nacionalidad.
En
abril de 1991, el gobierno cerró las fronteras a los chinos y ordenó una
investigación. Además de Paredes se mencionó el nombre del director
Departamental del Trabajo, Rafael Sosa y otros funcionarios menores.
A
pesar de las abundantes pruebas ninguno de los funcionarios fue procesado;
Paredes perdió el cargo, pero fue incluido por el MIR en sus listas para diputados.
Igual
suerte corrió su sucesor Ronald Jiménez Franco, quien también terminó
renunciando, el 2 de abril de 1993, luego de un grave escándalo vinculado con
la tramitación de pasaportes chinos y fue premiado por su partido con la
candidatura a la segunda senaturía por Santa Cruz en las listas del Acuerdo
Patriótico.
La
historia tiene aún un episodio oscuro que involucra al ex ministro de
Trabajo, Oscar Zamora, quien el 31 de agosto de 1990 ordenó el procesamiento
de un grupo de funcionarios de la Dirección de Empleos para Extranjeros de
esa cartera de Estado que denunciaron el negocio de los pasaportes chinos
bajo el cargo de ¡corrupción!
Zamora
informó que su despacho decidió el cierre definitivo de esa dirección, que un
mes y medio antes confirmó serias irregularidades en el ingreso de ciudadanos
chinos; señaló a la Subsecretaría de Migración como responsable de un cobro
ilegal de 100 dólares por cada visa de ingreso, y se quejó porque esa
repartición se negó a proporcionar datos del flujo de los ciudadanos
asiáticos.
LE COSTÓ AL
PAÍS $US 6,4 MILLONES
MORALES
Y EL NEGOCIO DE LAS CAJAS P.A.N.
Carlos
Morales Landívar, ex Ministro de Energía del gobierno de Víctor Paz
Estensoro, también fue acusado de haber usado sus influencias políticas para
elevar el costo de la carretera Chimoré-Yapacaní.
Bolivia
echó a la basura, en 1987, 6,4 millones de dólares. Los alimentos contenidos en 360.000 cajas
del Plan Nacional de Alimentación (P.A.N.) adquiridos por el Ministerio de
Energía, sin licitación ni competencia, estaban en avanzado estado de
descomposición.
Carlos
Morales Landívar, ministro de Energía del gobierno de Víctor Paz, autorizó la
transacción con la proveedora argentina “Tres Marías” –informó la prensa de
la época- y entregó la importación a la Compañía de Comercio Internacional,
que pertenecía al grupo de firmas de
la que era socio.
Las
360.000 cajas P.A.N. fueron adquiridas a cuenta de la deuda del gobierno
argentino por venta de gas natural para –se dijo- compensar a maestros y
salubristas por sus bajos salarios.
Los
productos –cuyas fechas máximas de vencimiento habían sido superadas- fueron
rechazados por los “beneficiarios” y abandonados por las autoridades en
oficinas y depósitos de YPFB.
Después
de la operación comercial, la firma “Tres Marías” –que no consiguió que el Programa
Alimentario Argentino aprobara la calidad de sus productos- quebró. Cuando el gobierno boliviano quiso reclamar
por la estafa, la proveedora había desaparecido legalmente y la cuenta –4,6
millones de dólares- fue debitada de la factura por la venta de gas.
En
plena cresta del escándalo, agravado por la certeza de que este producto se
adquirió con sobreprecios, la Federación de Trabajadores Petroleros de
Bolivia (FTPB) apeló al Congreso en busca de una sanción para Carlos Morales.
Por
cada caja, Bolivia pagó en Argentina 12,90 dólares –aunque este producto
tenía en Centroamérica un costo de cinco dólares- y, además, tuvo que correr
con los gastos de transporte, almacenamiento y desaduanización que elevó el
costo unitario de cada caja a 18 dólares, y a 5.6 millones de la divisa
extranjera el costo total de la operación.
El
escándalo de las cajas P.A.N. estalló en octubre de 1987. Carlos Morales presentó su renuncia los
últimos días de septiembre de ese año, presionado, aunque él lo negó siempre,
por las denuncias del semanario Aquí.
El
semanario izquierdista, en su edición del 26 de septiembre del 87, lo acusó
de “usar sus influencias políticas para favorecer a la empresa Andrade
Gutiérrez, de la que es socio, con las cláusulas de adjudicación del proyecto
carretero Chimoré-Yapacaní”, que elevó el costo del proyecto de 60 a 200
millones de dólares
También
lo acusó de haber extorsionado a la firma Protexsa, adjudicataria de la
construccion del gasoducto al altiplano, para que ceda parte de su contrato a
la empresa “Latinoamericana de Proyectos” de la que también era socio; de la
compra con sobreprecios de trépanos para la petrolera estatal y la
importación de garrafas, por las que –dijo- habría recibidio una generosa
comisión de 200.000 dólares.
La
edición con estas denuncias desapareció. No fue decomisada, pero todos sus ejemplares fueron comprados y
retirados de los puestos de venta; la singular “incautación” acentúo aún más
las sospechas contra el ministro, quien atribuyó una “mera coincidencia” la
simultaneidad entre la publicación de Aquí y su intempestiva renuncia.
EL CASO
PASAPORTES EN EL ROSARIO DE BEDREGAL
La
venta del “Cóndor de los Andes” al cónsul de Bolivia en Hong Kong nunca fue
esclarecida. El MNR sancionó a una
funcionaria menor y excluyó a Guillermo Bedregal de las investigaciones.
¿Qué
poder excluyó al entonces canciller Guillermo Bedregal de las investigaciones
por la venta de consulados y pasaportes bolivianos? Nadie lo supo.
Juan
Carlos Zegarra fue separado sin explicaciones; el juez Daniel Torrico Cardozo
revocó el auto de instrucción el 30 de octubre de 1986 y decidió seguir el
sumario penal contra el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Riva
Graña, y los ciudadanos Fernando Sotomayor Rejas, Jaime Ricardo Arias y
Patrick O’Connor.
Riva,
mediante memorando, encargó a Sotomayor Reyes la evaluación de los consulados
en el exterior, pero aquél no era funcionario de la Cancillería, sino
presidente de la International Security Services S.A. y tenía como brazo
derecho a O’Connor.
Esa
firma, a través de publicaciones en el Herald Tribune, ofrecía tramitar la
designación de cónsules honorarios “de un país grande y empobrecido de
América Latina” -en Lubeck, Alemania; Milán, Italia; Mónaco y Panamá- a
cambio de 70.000 dólares.
Se
descubrió también que la empresa World Comunity Brothers S.A., de Ricardo
Arias, “vendía” en Panamá cargos consulares.
Diez
meses después, la prensa paceña publicó la confesión de impotencia de las
autoridades para continuar las investigaciones: el Ministerio Público informó, el 16 de
agosto de 1987, que no contaba con medios económicos para enviar al exterior
la Orden Instruida y Exhorto Suplicatorio destinado a citar y, en su caso,
apremiar, a los imputados.
Arias
y O’Connor se encontraban en el exterior y, en La Paz, la Policía fue incapaz
de encontrar a Sotomayor y Rivas. Los
esfuerzos por dar con los autores murieron en este punto.
El
14 de marzo de 1989, el subsecretario de Migraciones, Wálter Gumucio,
comunicó la decisión gubernamental de castigar a los traficantes de
pasaportes.
El
11 de abril de ese año, el presidente Víctor Paz Estensoro ordenó “investigar
el turismo chino a Bolivia” y conformó dos comisiones, una de las cuales
debía viajar a China Continental para realizar averiguaciones. Nunca se informó sus resultados.
El 5
de julio, y tras una denuncia de los funcionarios del servicio exterior, que
acusaron al MNR de usar la Cancillería para cometer “actos dolosos”, como el
negociado de los pasaportes y otros, el canciller Valentín Abecia abrió una
nueva investigación.
Para
esa fecha, Bolivia y estaba informada de la venta del “Condor de los Andes”
al cónsul honorario de Bolivia en Hong Kong, Staley Ho, dueño de casinos y
del que se dijo era cabeza de la mafia de Macao.
La
transacción se realizó durante la gestión de Guillermo Bedregal, quien asumió
la responsabilidad por el hecho; sin embargo, sólo fue sometida a un proceso administrativo la
subsecretaria adjunta Mery Carrasco Monje.
(La
Razón, 5/03/98)
CONGRESO ES
INCAPAZ ANTE LA CORRUPCIÓN (8 de marzo de 1998)
Los
políticos admiten sus limitaciones
EL
DIPUTADO JUAN DEL GRANADO CREE QUE SÓLO QUEDA LA VÍA DE LA DENUNCIA SERIA Y
RESPONSABLE, Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. HORMANDO VACA DÍEZ APUNTA A LA JUSTICIA
ORDINARIA Y EDUARDO PAZ A LA CREACIÓN DE UNA INSTANCIA ESPECIAL
La
prensa es, por el momento, la única vía que tiene el país para investigar y
denunciar la corrupción de dirigentes políticos y parlamentarios, porque el
Congreso ha probado sobradamente que es incapaz de fiscalizar a sus miembros,
dijo ayer el diputado del MBL Juan del Granado.
Sus
declaraciones, compartidas en mayor o menor grado por el presidente de la
Cámara Baja, Hormando Vaca Díez, y por el jefe de la bancada condepista de
diputados, Eduardo Paz, se producen en el escenario de confrontación entre
UCS y un senador del MIR, Gastón Encinas, que ha rebasado los límites de la
megacoalición y se ha extendido a otros partidos.
Del
Granado atribuyó esta incapacidad a la formación “de una casta política que
se encubre a sí misma y que sin cambiarse de camiseta comparte los mismos
intereses”.
En
los últimos 12 años de vida democrática ADN, MIR y MNR se mantuvieron en el poder por medio de
alianzas y las denuncias de corrupción contra sus miembros o no fueron
investigadas o las indagaciones quedaron archivadas.
“Hoy
en día unos gobiernan y otros fiscalizan, mañana se invierten los papeles,
entonces se ha hecho una práctica del “hoy por ti mañana por mí”. Esto está degradando al extremo la función
pública y la representación político-parlamentaria”, añadió el diputado del
MBL.
“Esta
casta política ha definido el ejercicio de poder en términos de pasanaku. Por
eso yo lo descalifico de manera sincera y lamentando las posibilidades del
Parlamento de investigarse a sí mismo”, insistió.
En
la misma línea, aunque menos radical, Hormando Vaca Díez, presidente de la
Cámara de Diputados, descartó también la vía parlamentaria como escenario de
la investigación de denuncias de corrupción que involucran a sus miembros.
UCS
planteó la investigación parlamentaria de todos los casos de corrupción
denunciados y anunció que planteará esta iniciativa al pleno camaral apenas
se reinstalen las sesiones.
A su
turno, Gastón Encinas advirtió con reabrir los casos atribuidos al anterior
gobierno y, en particular, aquellos vinculados con los opositores MBL y MNR.
“Mire,
personalmente no creo en eso”, dijo Vaca Díez consultado sobre esta
alternativa. “Para eso está la
justicia ordinaria. En vez de
enfrascarnos en una investigación de este tipo, aquellos que tengan problemas
contra alguien deberían acudir a la justicia y resolver allí su entuerto”,
opinó.
El
presidente de la Cámara de Diputados justificó su punto de vista apelando a
las experiencias pasadas y a la devaluada credibilidad de los congresistas,
sobre los que recaen con frecuencia las sospechas de encubrimiento que deja
traslucir la prensa.
Sin
embargo, del Granado desahució la vía planteada por Vaca Díez, al menos de
momento, y también las posibilidades de que esta tarea sea encomendada al
Ministerio Público.
“Allí
está concentrada la corrupción, el favoritismo, la parcialidad, la prebenda,
la mezquindad y la mediocridad”, apuntó al señalar que no encuentra un
mecanismo institucional legal para llevar adelante esta tarea “que no sea la
vigilancia y crítica de la opinión pública y el rol fundamental de los
comunicadores sociales”.
“Si
algún éxito tuvimos en algunos temas se debió no tanto a la voluntad
parlamentaria o a un cambio de actitud de políticos, sino a una obstinada
labor de denuncia y esclarecimiento de la prensa”, recalcó.
A
modo de ejemplo citó el caso de las “sobredietas” y también el licenciamiento
de la diputada movimientista Gladys Salazar.
-“El
MNR tomó la decisión de encubrir a todos los sobredieteros que militaban en
sus filas y sólo la labor de denuncia de la prensa obligó a ese partido a
rectificar su actitud. Lo mismo en el
caso Salazar: sin que nadie lo
pidiera, y mucho menos la interesada, se intentó encubrir a doña Gladys
Salazar, aunque ella quería ir a los tribunales. Resulta que hay varios parlamentarios del
MNR y Condepa que tienen temas pendientes y que tuvieron temor de que se
proceda con ellos de la misma forma”.
“En
este momento sólo queda la acción de denuncia, ojalá sea siempre responsable
y bien documentada por parte de los medios de comunicación. Tal vez a mediano plazo con el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo podamos
tener una justicia confiable, un Ministerio Público independiente y jueces,
por Dios, probos, con capacidad”, añadió.
Eduardo
Paz, de Condepa, compartió las críticas sobre la actitud negligente del
Congreso en estos casos y dijo que sugerirá que, junto al Decálogo Ético, el
presidente Hugo Bánzer genere mecanismo o instrumentos para controlar los
actos y esclarecer denuncias atribuidas a políticos de la coalición
gubernamental.
Sin
embargo, el mismo admitió que por la división de poderes es imposible que el
ámbito de acción de esa vía especial sea aplicable a los parlamentarios.
“Parece
que éste es un círculo vicioso. Todos
en sus declaraciones aceptan la investigación, pero en los hechos parece que
quedan como cómplices en todos los
casos”, dijo.
Condepa,
informó, ha repuesto la Ley de Investigación de Fortunas para su
consideración, instrumento legal que permitiría el esclarecimiento de muchas
de las sospechas de enriquecimiento ilícito no sólo de políticos sino también
de empresarios.
También
mencionó que la vía judicial no está descartada, siempre que se proceda a la
reforma en curso. El Defensor del
Pueblo puede jugar en estos casos un rol determinante, señaló.
VANAGLORIA Y
CORRUPCIÓN (El Diario, jueves 1 de octubre de 1998)
La
calificación de Bolivia en el puesto 17º de la corrupción, entre 85 países
considerados por un organismo privado de Alemania para el presente año, ha
dado lugar a inmotivadas vanaglorias con respecto al 2º lugar ocupado en
1997, según la misma fuente. En
efecto, desde esferas oficiales se dijo que “en gran parte” era un logro del
actual gobierno, “San Benito” que en su momento, fue utilizado contra la
anterior gestión. Por su parte el MNR
restó seriedad a “Transparency International”, poniendo en duda las “reglas
de juego” y sus métodos de evaluación, mientras de otro lado se decía que la
valoración es resultado de encuestas de percepción formuladas a empresarios
que mantuvieron relaciones de negocios con el país respectivo.
De
todos modos, no deja de ser sugestivo que en pocos meses o en un año, pueda
darse un cambio tan espectacular, tanto más si para quienes somos
espectadores directos, los casos de corrupción mantienen altos índices de
repetición y se vinculan a montos económicos significativos; sea que se trate
de obras públicas mal ejecutadas y con sobreprecios, se deba a “comisiones”
aplicadas en toda la Administración Pública, o a adquisiciones en
proporciones no justificadas, contratación de servicios inútiles,
gratificaciones en metálico y en especie, etc. A lo anterior se suma el aliento de la
impunidad, administrada principalmente por la Justicia, todo lo cual no puede
sino denominarse “cultura de la corrupción”.
Veinticuatro
horas antes de que se conozca el ahora aliviante “ranking” de la corrupción,
el gobierno dio a publicidad su Plan Nacional de Integridad mediante la
suscripción de los tres poderes del Estado y otras entidades públicas para
una alianza anti-corrupción, pero cuyo radio de acción no debería
circunscribirse al ámbito estatal dejando de contemplar que este fenómeno
contemporáneo, tiene también escenarios en la actividad privada, existiendo
interacción entre ambos.
Si
el Plan Integridad, como toda política de gobierno, recibió asesoramiento de
“Transparency International”, según se informó, estaríamos en condiciones de
esperar que el próximo año el país ascienda rápidamente a la zona de
privilegio de los países no corruptos, todo puede ser... Pero si se observa
sin apasionamiento este problema, los aspavientos desatados sólo actúan a
manera de “cortina de humo”, pretendiendo tapar las realidades harto
conocidas. Es venta barata de ilusiones
o consumo de sedantes, mientras el mal de la corrupción y muchos otros,
amenazan llegar hasta la médula.
El
lector nos escribe
MENSAJE A
LOS RATEROS DE BOLIVIA
Debo
empezar por decirles que admiro a los piratas y a los ladrones porque estos
emplean su malsana imaginación, su astucia o su mala aprendida habilidad,
arriesgando su vida y su libertad. Los
ladrones y los piratas ejercitan su cobardía e invierten su dinero para
lanzarse a la aventura de robar fortunas. Pero, tú vil ratero encaramado en la administración pública, sólo me
inspiras asco y desprecio.
A través de la historia los
bolivianos hemos presenciado guerrillas, revoluciones, cuartelazos con el
gran pretexto de procurar un buen gobierno y una mejor administración, pero,
a pesar de los cambios y pseudocambios, los rateros siguen, siguen y
siguen. Las revoluciones pasan…....los
rateros permanecen. Ni la prensa, ni
las instituciones fiscalizadoras, ni las leyes ni los tribunales les hacen
mella.
Felicitaciones ratero. Has vencido. Nadie puede vulnerarte porque eres invencible.
Pero antes de hundirme en la
desesperación y en la angustia que surge de mi profunda indignación, con el
último hálito de boliviano, quiero expresar lo que pienso de ti. Hablando a calzón quitado, debo vomitarte
con las nauseas que me inspiras.
Perteneces a esa monstruosa y
abominable fauna que nace de la horrible cruza de perro, chancho y
víbora. Seguramente no te das cuenta
pero tienes garras de ave de rapiña y dentadura de voraz piraña. Uniformado o civil, disfrazado con
cualquier ropaje, embadurnado con cualquier título…...tu horrible facha es la
misma. Con el cuero que tienes y la
versatilidad de camaleón que te caracteriza, vas pavoneando y fanfarroneando
en los ministerios, en las instituciones públicas, en las empresas públicas y
mixtas, en la administración regional, local y privada. Letrado o ignorante, profesionalizado o
papanatas, ejercitas esa misma artimaña estúpida que consiste en engañar a un
pueblo flagelado por el analfabetismo, el hambre y la intemperie. Bravucón o taimado, prepotente o astuto e
hipócrita, ocultas la homosexualidad en el machismo de quien tiene dos
pistolas al cinto y perros de caza, frente a un pueblo débil, desvalido y
desarmado. Dotado de técnica,
profesión o título, como el cocodrilo de dentadura, puedes romper los huesos
de la economía familiar, municipal y estatal. Provisto de melosa adulonería y de un reptil servilismo, trepas,
asciendes, te enchufas, te filtras, y te ubicas en cuanto escritorio puedes,
para desde allí esquilmar, distorsionar, extorsionar, malversar, defraudar,
aumentarte las dietas sin trabajar. Farfullando ideologías o vociferando nombres de caudillejos, llegas
como perro jadeante dispuesto a morder, ladrar y devorar. Tu estúpida viveza te da la destreza para
actuar en nombre de las leyes más nobles y bien intencionadas, torciéndolas o
distorsionándolas hasta convertirlas en armas de extorsión que satisfacen tu
voraz apetito. Parapetado en todas las
instituciones de servicio público, esquilmas con multas, sanciones y toda
suerte de exacciones. Ejercitas tu
rapiña a propósito de la seguridad social, de la educación, de la cultura, de
la tributación del orden público, de las comunicaciones, de los servicios
urbanos, de la administración de la justicia y la defensa de la patria, en fin con todo motivo y pretexto. En todo
momento pretendes convertir al Tesoro Nacional, Municipal o Departamental en
tu tesoro personal. Así no haya
presupuesto que alcance y aunque los ingresos se incrementen, tú te encargas
de devorarlo, dejando migajas para la inversión y para la construcción. Como arriero desalmado, vas cargando sobre
las espaldas del pueblo boliviano el peso de una enorme DEUDA PÚBLICA
proveniente de créditos y empréstitos del exterior, sonsacados exhibiendo
cínicamente las llagas, los harapos y las miserias de nuestro pueblo. Asqueroso vampiro, no te basta con chupar
la sangre de esta generación y tienes que desangrar a las generaciones
futuras, mientras tú dilapidas. Así
produces tu amargo fruto de desocupación, pobreza, mendicidad, frustración y
desesperación.
Aunque
tú debes ser expulsado de todo organismo público, como se expulsa el pus, el
mucus, o el estiércol, tú te las arreglas para convertir en tu retrete todas
las instituciones. Tú siempre sales a flote como el corcho, cual chancho marino
agarrado a las tablas de un escritorio, en medio de las olas y las oleadas
políticas. Maricón y al mismo tiempo hipertrofiado testicular,
con mal olor o perfumado vas dejando tu fétido rastro que hace irrespirable
nuestra atmósfera. Mientras tú te
hundes y te ahogas en prostitutas y alcohol, el pueblo boliviano lucha
heroica y trágicamente contra el estancamiento y el retroceso que generas.
Los
enemigos externos de Bolivia no pudieron destruirnos en varias guerras
internacionales. Ellos cercenaron y
enclaustraron nuestro territorio, pero no nos liquidaron. Más tú, miserable y abominable rata estás
royendo y destruyendo Bolivia, desde dentro y desde el fondo. Tu funesta y activa labor silenciosa y
sostenida está gangrenando nuestra sociedad, pudriendo nuestra alma colectiva
apolillando el espíritu nacional y destruyendo los sueños y las
esperanzas. Pero no olvides que quien
siembra vientos, cosecha tempestades. Tú que siembras miseria, cosecharás maldiciones que no te dejarán ni a
sol ni a sombra hasta el fin de tus días.
Cuando
mueras, del fondo de tu conciencia surgirá la imagen de desolación, miseria y
desesperación de un pueblo abatido por tus fechorías.
Malditos de la patria, los paredones no son necesarios para vosotros en Bolivia. Los precipicios de los Yungas serán vuestra última morada. El pueblo calla......pero estalla!!!
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