Lo que también parece haber ocurrido es que con Matlapa se le ha restado al DIF la hegemonía que tenía en la atención a los niños en situación de calle, por lo menos desde una perspectiva federal.

Desde otro plano, la situación anterior parece ser meramente un ejemplo de un fenómeno más grave y generalizado: la escasez de recursos apropiados para el sostenimiento de los programas de ONGs, además de que se ha visto agravada por la incursión de fundaciones como Vamos México - que ha provocando que recursos privados que anteriormente se dirigían a las ONGs sean canalizados a este tipo de iniciativas- las coloca cercanas a nuevas formas de clientelismo político a través de fondos públicos que transfieren a las ONGs cargas burocráticas que nada tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y que – contrario a las aspiraciones más vigentes, dan la impresión de debilitar el tejido social.
Esto, junto con otros factores que en otro momento podremos reflexionar,explica en parte la escasa participación de ONGs que trabajan a favor de la infancia dentro de espacios que tendrían relevancia para promover los derechos humanos de niñas y niños mexicanos

Dos de esos espacios muy relacionados entre sí, de los que vale la pena hablar, son por un lado las mesas instaladas este año dentro de la Secretaría de Gobernación dirigidas a crear la agenda de derechos humanos y, por otro, el proceso de diagnóstico de los derechos humanos en México.
Dentro de las mesas instaladas como parte del “Diálogo Nacional sobre Derechos Humanos para la Elaboración de una Agenda de Acciones Inmediatas del Gobierno Federal, en el Marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Naciona l”, existe una relacionada con los temas de infancia que tuvo una primer reunión en el mes de mayo. En una reunión previa el área responsable de este proceso dentro de la Secretaría de Gobernación había presentado un documento que incluye algunos temas iniciales de agenda de derechos humanos, con un capítulo sobre infancia, que en teoría recoge los aportes de un proceso similar que durante 2002 se realizó dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, para algunas de las propias ONGs que participaron en las mesas citadas, los temas incluidos en la agenda se ven alejados de las prioridades tratadas durante 2002. En efecto, una lectura de los temas incluidos en el documento muestra que estos parecerían más propios de una campaña de comunicación social que de prioridades para las acciones inmediatas en esta materia, sobre todo cuando existen importantes recomendaciones de parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que aún no han sido atendidas. Pero también llama la atención que tanto el año pasado, como en las primeras reuniones de este año, el grueso de ONGs que trabajan en favor de los niños no participen en este espacio o que representantes de otras que estuvieron presentes en ese entonces no muestren mucha credibilidad en que se pueda lograr algo sustancial de ello.
Tampoco ha habido una actividad importante de parte de las ONGs relacionadas con el infancia dentro del proceso de elaboración del diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México que es un acuerdo del gobierno mexicano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cuyo propósito es contar con un insumo para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Para este diagnóstico se nombraron a 4 expertos que, entre otras cosas, tendrán el cometido de consultar a activistas de derechos humanos para su elaboración. De ahí que algunas organizaciones de derechos humanos mexicanas han comenzado a tener ya algunos encuentros con los expertos que han parecido más interesados en el diálogo. Para el caso particular de los derechos de la infancia, aún no ha habido mucho acercamiento entre el experto encargado y las ONGs dedicadas a este tema.
La falta de una real política pública que de cumplimiento a los compromisos establecidos en diversos tratados internacionales sobre los derechos de la infancia hacen necesario que espacios como los señalados se puedan aprovechar para insistir en ello, sobre todo cuando en México el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia, que fue presentado pomposamente en diciembre pasado, no ha significado a la fecha mejoramiento alguno en las políticas públicas en este ámbito.
El Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (COIA), por ejemplo, tiene un mandato muy débil para atender a dichos compromisos, a pesar de ser ésta una instancia que reiteradamente se ofreció por parte del ejecutivo federal, como la rectora de las políticas públicas sobre infancia. Al ritmo que va el COIA, al pasar de la Presidencia de la República (y quedar por mucho tiempo acéfala) a la Secretaría de Desarrollo Social, todo parece indicar que será una instancia que al igual que su antecesor CNAFI (en tiempos de Salinas y Zedillo) sólo funcionará en el mo ento de que es necesario simular ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre avances en el cumplimiento de la Convención que sólo ocurren en la cabeza de los funcionarios públicos.
Ya veremos si esta tendencia cambia, sobre todo porque cada vez esta más cerca la fecha en que el gobierno mexicano presente su tercer informe a dicho Comité, que originalmente tendría que haber sido presentado desde octubre de 2002.