La escasez de referencias a la infancia en las campañas políticas parece ser un reflejo del poco interés que se la ha brindado a la agenda sobre sus derechos en legislaturas tanto federales como estatales. Si bien las campañas en medios contrastan con las plataformas electorales de las tres principales fuerzas políticas, mismas que en mayor o menor medida incluyen compromisos relacionados con los derechos de la infancia; se ha hecho costumbre que tales compromisos no sean atenidos una vez que se desarrollan los trabajos legislativos.

Así lo muestra el hecho de que la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados que concluyó en abril pasado arrojó como saldo sólo dos iniciativas de ley, referidas a la infancia, aprobadas : la fortificación de harinas y la educación preescolar obligatoria. No obstante respecto de esta última organizaciones de madres educadoras han cuestionado la medida que hace obligatorio este nivel de educación, pero no provee los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento; lo que pone a cientos de centros educativos populares en riesgo de cerrar ante la falta de apoyos para alcanzar una certificación, hecho que dejaría sin atención a miles de niñas y niños que hoy son atendidos en tales espacios.

A nivel de los congresos locales no hubo mejor suerte; al parecer no son más de 6 los Estados de la República que han creado leyes estatales de protección de los derechos de la infancia - sin descontar que en la mayoría de los casos se trata de leyes sólo de protocolo que, para variar, no cuentan con los mecanismos apropiados para garantizarlos. En dos Estados de la República en particular, Jalisco y Oaxaca, en los últimos meses se generó una intensa actividad tanto de parte de legisladores como de ONG's y otros actores locales en materia de derechos de la infancia.

En el caso de Jalisco, conforme se han ido acercando las elecciones, se han debilitado las condiciones favorables en el Congreso local por aprobar el dictamen de la iniciativa para crear la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, dicha iniciativa presenta serias debilidades señaladas por las ONGs agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia Jalisco, que pondrían en riesgo su capacidad de aplicación; además de que ha existido la tendencia de convertirla en un capítulo dentro de la ley de asistencia social del Estado - que sería una forma de negar el reconocimiento pleno de los derechos de la infancia - en lo que parece ser un reflejo de las pugnas que se registraron a nivel federal entre dos iniciativas de ley (la de asistencia vs. la de desarrollo social) que parecen dividir incluso a funcionarios dentro del propio gobierno federal.

INICIO

En Oaxaca las ONGs que conforman el Foro de la Niñez Oaxaqueña (FONI) tuvieron una fuerte influencia para lograr que se aplazara una iniciativa de ley sobre infancia, que más bien parecía restringir los derechos garantizados en la Convención de los Derechos del Niño. Autoridades del Estado decidieron convocar, junto con el FONI, a un foro para recoger propuestas sobre la ley de donde se espera surja una iniciativa de mejor calidad que la original, en términos de protección de derechos.

No obstante a los esfuerzos señalados, se mantiene la tendencia a nivel general en la que los temas legislativos que mayor éxito tienen son los que se dirigen a criminalizar a la infancia, en particular los que suponen - en abierto contraste a los estudios nacionales e internacionales, que bajar la edad penal solucionará los problemas de inseguridad que se viven en todo el país. Lo más grave es que esta tendencia traspasa e l ámbito de lo legislativo y va afectando paulatinamente las políticas públicas y la cultura de respeto de los derechos del niño, lo que ha llevado a que en diversos ámbitos se restrinjan las garantías de la infancia bajo el supuesto de aumentar la seguridad.

De ahí que sea importante el pronunciamiento del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, en la presentación de su informe anual de actividades, sobre el falso dilema implícito en la iniciativa que promueve la garantía de seguridad a cambio de reducción y condicionamiento de otros derechos fundamentales, en donde asevera que no es posible disociar la promoción de la seguridad pública del respeto a los derechos humanos y denuncia que acciones como la "operación mochila segura" o las revisiones aleatorias en las calles corresponden a una política de vigilar y castigar, como uno de los principales métodos, que puede provocar consecuencias más graves que los problemas que intenta resolver

Los compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia se acumulan con el paso del tiempo y las políticas públicas no parecen cercanas a la resolución de los problemas a los que se dirigen, cualquier problema que miremos pareciera ejemplificarlo.

Por ejemplo, en el mes de mayo el gobierno federal inauguró el primer Centro de Promoción para la Infancia en Situación de Calle Matlapa, de los diez que a lo largo del 2003 quedarán instalados en el DF como un nuevo intento de coordinación entre el gobierno y organizaciones de sociedad civil.

No obstante, esta acción ocurre en medio de grandes controversias. Por un lado, en el terreno de los aciertos, vemos que este pequeño grupo de organizaciones contará con la posibilidad de acceder a fondos cercanos a los dos millones de pesos durante lo que resta del 2003, Matlapa significará la oportunidad de contar con recursos para el sostenimiento y ampliación de sus programas (en un contexto de enorme crisis de financiamiento para el sector de ONGs), además de que algunas de estas organizaciones incursionarán por primera vez en el ámbito de la infancia en situación de calle, en lo que ven como una oportunidad de poner a prueba modelos que han dado resultado en otros campos de acción. Pero por otro lado, la medida deja fuera de estos beneficios a una gran cantidad de ONGs de todo el país que desde hace muchos años desarrollan programas a favor de miles de niñas y niños que viven o trabajan en la calle, cuyos modelos reconocidos en diversos ámbitos también tendrían todo el derecho de contar con este tipo de recursos. Lo más grave de todo es que, al parecer, una de las principales razones que motivaron la decisión de promover dichos centros solamente en el DF, no tiene que ver con un diagnóstico sólido sino con la preocupación que ha despertado dentro del gobierno federal los altos índices de popularidad alcanzados por el Jefe del gobierno capitalino; mismo que uno de sus puntos débiles parecer ser la ausencia de una política pública para atender al fenómeno de la infancia en situación de calle. En otras palabras, la iniciativa parece apuntar más bien a fortalecer imagen, presencia y posiciones hacia las elecciones del 2006.

DERECHOS DEL INFANTE

Adicionalmente la medida dejó de lado un nuevo intento de negociaciones del gobierno federal con ONGs que operan en diversos Estados de la República que se venía realizando a finales del 2002, orientado a crear una política pública de largo plazo y con diversas líneas de intervención para atender a la problemática que determina la presencia de niños que viven y trabajan en las calles de las principales ciudades del país. Este nuevo intento – ahora fracasado, tuvo como interlocutor principal en esta ocasión a la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual se suma al fracaso que ya había ocurrido tiempo atrás en un intento parecido con el DIF, mismo que derivó en un programa de muy bajo alcance y sin presupuesto público determinado, en donde lo único que quedó de la aportación ciudadana fue el nombre: “de la calle a la vida”.