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Comisión de Gobierno de Diputados ofrece ser cabeza del
Ministerio Público para investigar a ex funcionarios
LA
PAZ, 16 (Jatha) - La Dirección de Bienes Incautados no
tiene idea de cuánto dinero confiscado se conserva en esa
entidad del narcotráfico, ni las propiedades, ni los
vehículos decomisados. Existe un saldo de 2.643.107,41
dólares a nivel nacional, pero no se sabe su origen,
según el informe ofrecido el miércoles.
Ese
extremo fue admitido por el |
Ernesto
Justiniano |
viceministro
de Defensa Social, Ernesto Justiniano, durante el informe oral
que presentó ante el pleno de la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Diputados.
Sin
precisar montos de cuánto le pertenece a esta institución por
dinero confiscado y cuánto fue incautado, Justiniano detalló
que existe un saldo de 464.334,85 dólares en la regional de La
Paz; 1.625.423,97 dólares en Santa Cruz; 55.272,68 dólares en
Cochabamba; 55.272,26 dólares en Oruro; 14.224 dólares en Beni
y 30.004 dólares en Tarija.
La
autoridad también señaló que no existen datos actualizados ni
verificables sobre la situación del dinero y bienes confiscados
e incautados al narcotráfico, ni siquiera de aquellos
vehículos e inmuebles que fueron dados en custodia a terceros
pues la anterior gestión a la cabeza de Mario Olmos (1997 a
2002) no dejó nada claro en esa entidad.
Sin
embargo, prometió que la auditoría interna ordenada en esa
entidad, así como las investigaciones que inició el Ministerio
Público a ex funcionarios de Bienes Incautados y a jueces de
Sustancias Controladas suspendidos, dará mayores luces para
determinar cuántos bienes se monetizaron, cuáles fueron
rematados y qué se devolvió a los procesados.
El
vicepresidente de la Comisión de Gobierno, el diputado de NFR
Oscar Vargas, aseguró que el informe de Justiniano fue
insuficiente "porque ha venido a decirnos que tiene buenas
intenciones, pero que no tiene información precisa".
Recordó
que en 1995, la Dirección de Bienes Incautados cuantificó en
su haber 200 millones de dólares por lo que es un escándalo
que ahora no llegue ni a tres millones.
Según
Vargas, es necesario conocer cuánto dinero confiscado hay del
narcotráfico porque de ello dependerá la disponibilidad de
recursos en aplicación del artículo 171 de la Ley 1008 para
paliar el costo social de este flagelo a través de la
construcción de albergues y la aplicación de programas de
rehabilitación de drogadictos.
PRIVATIZACION
Ante
los graves indicios de corrupción cometidos en Bienes
Incautados, el Viceministro informó que se elabora un proyecto
de Ley para que ésta entidad siga perteneciendo al Estado, pero
que sea administrada por una empresa privada a través de una
licitación pública.
Entre
las irregularidades halladas en la pasada gestión mencionó la
falta de estructura orgánica, centralismo de funciones y otras
deficiencias.
"En
el sector administrativo se vio que un agente distrital firmaba
cheques como supervisor contable nacional y un asesor legal
nacional asumía las funciones de asesor legal en La Paz,
además que los inspectores de juzgados y de Bienes no conocían
los procedimientos para la realización de tareas",
señaló.
A eso
dijo que se suma la información imprecisa de ventas y remates
de bienes incautados, así como la suscripción de contratos
irregulares con custodios temporales que transfirieron a
terceros los bienes.
SUSPENDIDOS
Por
su parte, la directora de Bienes Incautados, Beatriz Lazcano,
indicó que se "cruza" información con Derechos
Reales, Tránsito, Notaría, la FELCN y otras instituciones para
ver cómo se operó con los bienes del narcotráfico para
provecho propio.
Sin
precisar el número de funcionarios de Bienes Incautados
suspendidos e investigados por tener presuntamente implicancia
en los hechos irregulares dijo que son mucho más que ocho, para
quienes solicitó el Ministerio Público el arraigo
correspondiente.