El primer informe de esa dependencia anti-corrupción a cargo de la periodista Lupe Cajías, fue hecho público ayer. Ese reporte presenta en detalle el seguimiento a varios casos de corrupción en la administración pública.

Un total de 10 de las 14 páginas de la investigación están destinadas al "caso especial" Aiquile.

Cajías trató el tema con prioridad después de recibir la visita de autoridades ediles, dirigentes cívicos, juveniles, agrarios y de las "Mujeres del Cono Sur" cochabambino.

Fernando Kieffer(ADN), ex ministro de Defensa y principal colaborador del ex presidente Hugo Banzer (+) aparece con responsabilidad civil por $us 1.188.321,75 al haber adquirido la aeronave Beechcraft sin seguir procedimientos transparentes ni regulares para esa compra.

El avión que según Kieffer debía servir como medio de socorro para las víctimas del terremoto no estaba equipado para aterrizar en la pista de tierra improvisada en el lugar de la tragedia.

Además Kieffer, compró el avión con un "contrato de excepción" suscrito con la empresa Panagra Air S.A.

Actualmente, el ex ministro está arraigado (sin posibilidad de viajar al exterior) sus bienes están embargados y sus cuentas bancarias congeladas, a pedido del titula de Defensa, Freddy Teodovic (MNR) ante el Juzgado Tercero Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario.

El informe de Cajías presenta el estado actual de al menos tres procesos de corrupción contra una treintena de funcionarios involucrados en el caso de corrupción

Un total de 10 informes complementarios que especifican el manejo del dinero donado por organizaciones extranjeras también revelan las irregularidades cometidas por autoridades acusadas de corrupción.

Al menos $us 11 millones donados por países amigos para aliviar la situación de los sobrevivientes al terremoto desaparecieron de las manos de funcionarios acusados de corrupción.

La Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción recomienda que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumpla con las recomendaciones de agilitar las acciones judiciales contra los responsables.

Incluso el dinero para organizar un "Curso de Administración de Desastres" en la ciudad de Oruro fue malversado. El Gral. de División Luis Montero Zankys recibió el 3 de agosto de 1998 un cheque por Bs. 11.817,60 para esa tarea de capacitación. Pero el curso nunca se realizó, según el informe.

Montero Zankys y otros funcionarios serán enjuiciados por la malversación de Bs. 132.274,60.

- Hasta el momento la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción recibió 150 carpetas con denuncias, de las cuales 128 fueron aceptadas por estar comprendidas entre las funciones de esa dependencia gubernamental.

- Estos algunos casos relacionados con diputados:

- Héctor Cartagena, diputado suplente por el departamento de Cochabamba, ex alcalde de Quillacollo. La denuncia fue presentada por el Comité Cívico de la población.

- Existen tres informes de la Contraloría General de la República que constatan indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil en contra del parlamentario.

El aludido no respondió al requerimiento de la Unidad que sugiere a la Comisión de Etica de Diputados tomar cartas en el asunto.

LA PAZ, 1 (Jatha) - El Poder Ejecutivo no dará pausa tributaria alguna a favor de las empresas privadas que estén atravesando por una situación crítica financiera y de falta de viabilidad ya que el pago de los impuestos es un principio consagrado en Constitución Política del Estado, pese a que se estudia la posibilidad de rebajar algunos impuestos.

"Para impuestos, no existe ninguna pausa, ese hecho tiene que estar revisado por ley", enfatizó el ministro de Desarrollo Económico, Oscar Farfán, al indicar que los empresarios se encuentran nerviosos, pero tienen que comprender que todas las medidas que se lanzarán tienen que ser estructuradas y cuidadosamente diseñadas.

"No se pueden apresurar medidas ni cosas, y tampoco el Ejecutivo se puede tomar atribuciones que no le competen tiene que ser el Legislativo la instancia que lance y brinde estas medidas que muchos están esperando", añadió Farfán.

La Asociación de Bancos Privados (Asoban), decidió el pasado miércoles "voluntariamente" paralizar temporalmente los remates de aquellas empresas privadas que se encuentren en quiebra por las deudas que se contraerían con las entidades financieras nacionales.

Al respecto, el ministro Farfán indicó que el apoyo inicial para encarar las exportaciones es la pausa financiera y la pausa general no está dentro del esquema de la banca, además, que ello tendría que estar inscrito en el proyecto de Ley del Concordato (norma que busca evitar la quiebra de las empresas, que está siendo estudiada por el equipo económico del Ejecutivo).

"La posición del gobierno es que cualquier pausa financiera tiene que estar en el marco de la ley y ello debe estar refrendado por el Congreso Nacional. No puede el Ejecutivo hacer acciones que estén fuera de las atribuciones de las acciones legales", enfatizó la autoridad de Estado.

Con relación a la posición que adoptaron varios sectores empresariales como el de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en sentido de que la denominada pausa financiera en los remates judiciales no está funcionando y es un mero anuncio, el ministro Farfán expresó que ese aspecto es evidente, porque existen quejas.

"Hay quejas puntuales, pero Asoban ratificó que instruyó a sus afiliados hacer esta pausa y ahora se tiene que cumplirla, y es una pausa obviamente voluntaria, en ello el gobierno no puede exigir, pero hemos hablado con Asoban y se ha comprometido que la instrucción es para todos sus afiliados", declaró.

Con relación al programa de reactivación, el ministro de Desarrollo Económico, Oscar Farfán, indicó que se está trabajando arduamente en ese tema y las medidas son complicadas porque incluyen muchos aspectos tributarios que tienen que ser aprobadas por consenso del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes).

Pero los empresarios, no conformes con la pausa en los remates judiciales de 60 días que determinó en consenso la banca nacional, exigieron que paralelamente se deben frenar el pago de las obligaciones de los aportes sociales a favor de los trabajadores, así como la suspensión temporal en el pago de impuestos, reiteró el vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá.

"Me alegra la comprensión que se da en este caso en los bancos de acceder a una pausa, pero ahora falta que los otros sectores que están también presionando a la empresa privada como son las obligaciones por aportes sociales, tributos, impuestos municipales, se aminoren, de tal manera que podamos tener una verdadera pausa de 60 días y se respire, tomar oxígeno para salir adelante", declaró el dirigente empresarial.

la Fundición de Vinto.

El viaje de las autoridades del Ministerio Público se efectuó el lunes y están acompañadas del investigador de la Policía Técnica Judicial, mayor Wilfredo Ovando, para conocer en detalle el curso de los acontecimientos desde que se descubrió la quiebra fraudulenta de Allied Deals en Inglaterra, donde primero cambio de razón social a RBG Resources Plc y luego vendieron sus acciones.

El hecho que preocupa a las autoridades judiciales es la entrega posterior a la venta de la Fundición de Estaño de Vinto, que consignaba un lote de concentrados en circuito, otro de repuestos en proceso de conciliación y 490 toneladas de concentrados de estaño con un valor total estimado en 16.521.556 dólares.

El precio fijado por el Banco de Inversiones Paribas, para la licitación de la Fundición de Estaño de Alta y Baja Ley era 10 millones de dólares, pero Allied Deals Resources Plc, luego RBG Resources Plc, se adjudicó en 14.751.349 dólares, pagando menos 1.770.207 dólares del costo de los concentrados y repuestos, por la compra-venta de la fundidora nacional.

Esos detalles de la privatización de la Fundición de Estaño de la Empresa Metalúrgica Vinto, fueron confirmados por el gerente general del Grupo RBG en Bolivia, Carlos Augusto Valdivia Crespo y el gerente general de RBG Estaño Vinto S.A. Ronald Schwarz Achá, en su declaración informativa voluntaria en la Policía Técnica Judicial (PTJ).

En el caso de la mina Huanuni donde tenían un contrato de riesgo compartido con Allied Deals, autoridades del gobierno boliviano tras conocer la quiebra fraudulenta, solicitaron la intervención judicial por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), medida que se mantiene a la fecha, existiendo una pérdida estimada en más de 10 millones de dólares por acreencias y mala administración.

En cambio el paquete accionario de la RBG Resources Plc en la Fundición de Estaño de Vinto fue vendido a su similar inglesa Commonwhealt Development Corporation (CDC) en alianza estratégica con la Compañía Minera del Sur (Comsur), transferencia que fue autorizada por dos ministros y el presidente de la Comibol, el 29 de mayo de 2002, según carta No 902/02 MDE de respuesta al liquidador de la Grant Thornton.

El documento dirigido a Malcolm Shierson miembro de la Junta Provisional Liquidadora de la RBG Resources Plc, fue enviada por los ministros de Comercio Exterior e Inversión y de Desarrollo Económico, Claudio Mansilla y Carlos Kempff, junto al presidente de la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Córdova, "aceptando la solicitud" de la liquidadora.

El retorno de las autoridades del Ministerio Público está previsto para el próximo martes 8 de octubre, para continuar con la investigación que involucra a ex ejecutivos de las empresas y ex funcionarios de gobierno, incluyendo ministros y hasta el propio canciller actual Carlos Saavedra Bruno, que en la anterior administración fue ministro de Comercio Exterior e Inversión Pública.

"Estamos preocupados porque las exportaciones bolivianas están listas para salir y el gobierno estadounidense no dictó la elegibilidad como se esperaba, quiero pedir al gobierno de EEUU más celeridad en el tema, porque Bolivia ya ha cumplido con los requisitos exigidos. El problema es de la administración norteamericana", reiteró la autoridad gubernamental.

Consultado sobre si esa falta de decisión de EEUU se debiese a una condicionante relacionada con la eliminación de cultivos de coca, el Ministro dijo que ese aspecto no es así.

"Este es un tema administrativo, es un aspecto que toma su tiempo y pido que se aceleren los plazos para que Bolivia se beneficie de lleno", declaró la autoridad a la agencia Jatha.

Pero dijo que en el sector de prendas de vestir y de confecciones existe la debida preparación y capacitación para salir con la exportación y en ello el gobierno extremará un esfuerzo mayor en difusión y en mejorar los accesos a financiamientos en la capacitación humana.

"De hecho algunas empresas ya están exportando a EEUU pagando aranceles y lo que ahora lo que se tiene que hacer es intensificar la preparación a los microempresarios", declaró Virreira.

Con relación a la reconversión tecnológica el Ministro reconoció que es necesario esa reconversión, pero no hay que escudarse en ese principio y hay que asumir conciencia de que el tema de la exportación tiene que partir con lo actualmente se tiene, en ello se necesita más organización y más aglomeración de pequeñas empresas y en el camino se enfrentará el desafío de la reconversión en sí.

Informó que la estrategia para entrar al mercado norteamericano, está concluida y a su retorno del viaje que emprendió a Lima, Perú a una reunión con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se lo presentará de cara al país.

Virreira recordó que Bolivia era elegible para entrar a esos mercados y ese hecho se lo comunicó en la misma Casa Blanca lo que incluso ponía en ventaja al país con relación a Ecuador, "pero lo que se tiene que hacer ahora es un paso legal y en eso el presidente (George W. Bush) tiene que declarar la elegibilidad, certificarla y este proceso lo estamos esperando en los últimos días. No tenemos objeciones, ni ninguna comunicación de parte del gobierno norteamericano de algún impedimento. Es un proceso administrativo que tiene que cumplir sus pasos".

* Advierte el riesgo de llegar a situaciones económicas

similares o peores que Argentina

LA PAZ, 1 (Jatha) - La Iglesia Católica señaló el martes que el aumento de los créditos internacionales y el consiguiente incremento desmesurado de la deuda externa cuando va más allá del 20 por ciento de su capacidad de exportación, es de mucho riesgo para el país porque puede derivar en algo igual o peor de lo ocurrido en Argentina.

El asesor de la Conferencia Episcopal, sacerdote oblato Gregorio Iriarte al respecto señaló que "el incremento de la externa para Bolivia es muy negativo. Todo gobierno cree solucionar sus problemas endeudándose cada vez más".

En criterio del entrevistado, esta deuda que crece tremendamente nos puede llevar a lo que está pasando en la Argentina y con el Brasil, porque llega un momento donde hay una tremenda cesación de pagos y un aislamiento internacional.

Bolivia tiene una deuda externa cercana a los 4.3 millones de dólares, pero recientemente la Corporación Andina de Fomento (CAF) le ofreció 1.8 millones y además de ello se envió una misión económica para gestionar 5.000 millones de dólares ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La Iglesia opina que "el gobierno tiene una visión muy parcial, ve sus problemas, pero no ve que a la larga el conseguir demasiados créditos es un endeudamiento tremendo y el verdadero desarrollo, no está en eso".

El verdadero desarrollo no implica contratar más créditos. El famoso economista y ex funcionario del Banco Mundial, Joseph Stigliz, hace algunos días aconsejaba a la Argentina que no acepte los créditos que le ofrece el FMI, porque la primera condición es justamente garantizar el retorno de todo el préstamo y no precisamente que se desarrolle el pueblo, aclaro el sacerdote.

Remarcó que estos créditos están dentro de una mentalidad meramente economicista, como señala el estadounidense Stigliz quien es un ex funcionario del Banco Mundial, profesor de la Universidad de Harvard, autor de varias obras importantes de economía y una de las más polémicas es: "El malestar en la globalización".

Iriarte explicó que la deuda externa tiene unos niveles que no debería pasarlos el gobierno.

El primer nivel es que el préstamo no tendría que ser más allá de un 20 por ciento sobre el valor de las exportaciones, pero como las exportaciones han bajado, y por otro lado las importaciones están subiendo, el país tiene menos capacidad de endeudarse, menos capacidad de responder y de honrar estas deudas.

Agregó que lo malo es que muchas veces el gobierno lo toca como un éxito el haber conseguido nuevos créditos internacionales sin tomar en cuenta que va aumentar la deuda externa.

"Recuerdo que tanto en el gobierno de Banzer como en el gobierno de Quiroga, veían como un éxito el endeudarse más, cuando en verdad la deuda la contrae el gobierno, pero lo paga el pueblo".

El asesor de la Conferencia Episcopal, observó que el gobierno tampoco hace una clasificación de proyectos para establecer cuáles son aquellos proyectos que realmente interesa a la gente, los de mayor rentabilidad, cuáles responden más a las necesidades del pueblo y muchas otras condiciones para que un crédito sea positivo.

Agregó que otras condiciones se refiere a la cuestión del tiempo, intereses, otras penalidades y obligaciones, condiciones de tipo político, inversión, la licitación, la ejecución, etc..

"Son muchos problemas y en casi todos los créditos ha habido siempre estafas, ya sea de parte del gobierno o de parte de las empresas que los han administrado", fundamento el religioso.

Asimismo, dio a conocer que en el caso de la educación, por ejemplo, se manejó bastante dinero proveniente del Banco Mundial, porque casi todo lo que se ha hecho en la Reforma Educativa es con créditos del organismo internacional, lo propio sucedió en otros ámbitos.

También señaló que muchas veces observó en algunos medios de comunicación que se publica como si fuera un éxito la noticia de que vamos a tener nuevos créditos, cuando la atracción de recursos no siempre es beneficioso.