1-INTRODUCCION:

A la fecha, y desde lo que va del milenio, estimo que se han escrito -sin exageración alguna- toneladas de papel conteniendo ensayos, artículos periodísticos y hasta libros en procura de hacer un diagnóstico acertado acerca de los orígenes de una crisis económica, financiera, social y política sin parangón en el mundo contemporáneo y que no reconoce antecedentes de tal magnitud en la historia Argentina. Se lo conoce -eufemísticamente- como "el caso Argentina", es decir, resulta digno de estudio por la patología severa que presenta.

Tales propósitos diagnósticos no han sido realizados por los sesudos analistas -ocupados y preocupados en el "caso"- solamente con la intención de esclarecimiento académico e intelectual del problema que presenta al país como un paradigma universal de cómo no debe conducirse a un Estado, sino que han tenido -las más de las veces- la intención de terminar en un pronóstico de futuro y en la aplicación de medidas terapéuticas las cuales, sin dudas, pasan por una larga estancia en la sala de terapia intensiva durante la cual se recibirán diversos tratamientos que van desde la cirugía sin anestesia hasta la aplicación de antibióticos, inmunoterapia o lo que fuese necesario en la estimación de cada conjunto de analistas para conseguir la recuperación del paciente moribundo.

Lo curioso de todos estos análisis, pronósticos, diagnósticos y tratamientos, es que en su inmensa mayoría han sido hechos por aquellos mismos que llevaron al paciente Argentina a una fase de tipo terminal de la cual resultará muy costoso -en términos económicos- recuperarlo a la vez que lograron romper las barreras inmunológicas que el organismo en cuestión podía utilizar para defenderse, es decir, se trata de un paciente con SIDA que no tiene los recursos económicos necesarios como para adquirir el coctel de medicamentos que le permita sobrevivir con alguna dignidad. Y, lo perverso del caso es que quienes exhiben al mundo "el caso Argentina" como un -"caso raro"- son los mismos que lo han contagiado de la enfermedad, sin haber tomado los recaudos necesarios preventivos, a partir del reconocimiento del Canciller argentino -en épocas del menemismo- cuando expuso públicamente y "sin-vergüenza" que estábamos manteniendo "relaciones carnales" con los Estados Unidos; es decir, no solamente hay que buscar las culpas de lo que acontece afuera, sino que todo esto ha sido realizado con la aquiescencia pasiva del enfermo crónico que se debate entre la vida y la muerte.

Pareciera ser, desde una lectura crítica de la situación, que existen, al menos tres razones para que ocurra lo que sucede con la Argentina: a) Se trata de una caso de experimentación "in-vivo", como si fuera un conejillo de Indias, lo cual está expresamente prohibido por todos los códigos de ética de cualquiera sea la corporación profesional que se trata; el objetivo es conocer más allá de los estudios de laboratorio, con simuladores o lápiz y papel, cuales serán las reacciones del sujeto experimental; b) Una suerte de complot internacional -a la que han sido tan ávidos los nacionalismos- para quedarse con la herencia del moribundo una vez que éste haya sido cremado y previo cobro de los honorarios que se le adeudan en función de la deuda pública contraída con sus terapeutas ^(1); y c) Una especie de síntesis de los dos puntos anteriores sin importarles un bledo lo que ocurra con las personas que habitan el país. En definitiva, la mayoría ha tratado de -con el "caso Argentina"- llevar agua para su molino político e ideológico.

No han sido pocas las voces que se han elevado denunciando lo que vengo de plantear. Sin embargo, ellas no gozan de aceptación entre las grandes corporaciones de los medios de comunicación como para poder tener una influencia notable en la población -argentina y mundial- que permita revertir tal estado de cosas y facilitar la modificación de la terapéutica que se le viene aplicando al "caso" para salir de la condición de fase terminal en que entró en lo que va del milenio y permitir la recuperación de un paciente al que aún le queda un hálito de vida. Por ello es que quien esto escribe pretende proponer una nueva acción terapéutica que tire por la borda los tratamientos que se han venido aplicando y que conduce irremediablemente a la muerte del paciente. Para ello es preciso -en primer lugar- sacar al enfermo del hospital en que está internado y comenzar con un tratamiento que lo aísle de aquellos que han utilizado quienes los vienen tratando con terapias que, en última instancia, son iatrogénicas.

Para llevar adelante tal propuesta son necesarias la aplicación de fuertes medidas en distintas partes del organismo enfermo. Muchas veces se han hecho tales propuestas ^(2), pero ellas no han tenido mayormente éxito, empero, como soy un empecinado en plantearlas más allá de un discurso de barricada, es que propongo las siguientes medidas aplicables en los planos político, económico y social que son los órganos que se han destruido de este complejo conocido como "caso Argentina". Más, a contrapelo de las propuestas hasta ahora conocidas y divulgadas por la prensa, con las que aquí presentaré, esto lo haré poniendo el caballo delante del carro, es decir, a diferencia del tratamiento recibido hasta ahora que ha hecho un fuerte hincapié en los aspectos económicos de la dolencia, me ocuparé y preocuparé por invertir el orden de los factores que -en las ciencias humanas, a diferencia de la matemática- sí alteran el producto final. Por ello, si los cambios drásticos se producen en otras áreas conexas, estos repercutirán necesariamente en la economía, cuyo estado actual no es más que la resultante de un tejido social dañado. Obvio es que separaré los temas por razones analíticas, ya que va de suyo que los mismos se encuentran profundamente imbricados entre sí.

Para que el proyecto que aquí se propone se requiere el consenso y apoyo de la inmensa mayoría poblacional que ha sido explotada y expoliada por el sistema político, económico y social perverso que nos ha gobernado desde los "años de plomo" a la fecha. No se pretende el visto de bueno de quienes nos han colocado en este estado de situación, ya que ellos, para ser consecuentes con sus propósitos, deberán oponerse de manera frontal al mismo debido a que con él se lesionan fuertemente sus intereses. Por otra parte, no se puede esperar que ningún proyecto de reforma estructural no cuente con adversarios, ya que entonces el mismo sería irrelevante y anodino. El adversario será respetado dentro de las leyes del juego democrático y tendrá abiertos todos los canales de participación política que la ciudadanía les adjudique con su voto en los parlamentos más aquellos que puedan obtener de la prensa fácilmente comprable. No se le debe temer, ya que la prensa siempre en su historia se ha enancado en la opinión de las mayorías para no quedar descolocada frente a su negocio, que es la venta de su producto. Si se realiza el proyecto con el talento suficiente no hay necesidad de tenerle miedo a nada, solamente a fracasar y a tener miedo al miedo de no ser capaces de abandonar los viejos vicios políticos que tanto daño le han producido a la República.

A tal efecto, ha de tenerse presente el discurso inaugural del primer mandato presidencial, en 1933, de F. D. Roosevelt cuando señaló textualmente "... déjenme que les reafirme la creencia de que lo único que tenemos que temer es el propio miedo en sí. Ese terror sin nombre, sin causa y sin justificación alguna, que paraliza los esfuerzos que se realizan para convertir el retroceso en progreso". Es de hacer notar que Roosevelt no fue muy original en su llamamiento a la población, una propuesta semejante había sido hecha por Hobbes (1651) tres centurias antes de la proclama de aquél, cuando proponía -ante el temor político imperante en la población británica para su época- una teoría del poder que tuviese su fundamento en la necesidad de vivir sin miedos.

Por último, como se verá a lo largo de la presentación, he preferido -en lo posible- no mirar hacia atrás en la búsqueda de nombres responsables de la crisis actual. Del mismo modo en que la historia no condena a la repetición sistemática de la misma, no tiene sentido la búsqueda de venganza o de efectos retaliativos per se, salvo en lo que respecta a la recuperación de los dineros saqueados que, por todos lo medios posibles dentro de los marcos de la refundición de la República que lo hagan posible dentro de la nueva estructura legal.

2-EN LO POLITICO:

Manteniendo el sistema democrático y republicano -al que no se pone en duda como modelo político a seguir respetando- el mismo debe ser modificado de manera radical -no cosmética, como se ha venido intentando hacerlo hasta ahora- en sus aspectos de práctica política y no en lo sustantivo del sistema. Es decir, los profesionales de la política, los que viven de ella y no para ella como un servicio, han de abandonar los antiguos vicios del prebendismo que han dislocado la relación entre gobernantes y gobernados. Como nos enseña la Psicología de que viejos hábitos de conducta son difíciles de producir cuando se encuentran enquistados en la médula de la práctica cotidiana, será preciso pensar que nuevos representantes, surgidos de organizaciones ajenas de las estructuras políticas partidocráticas, deberán hacerse cargo del timón bajo un severo control ciudadano. Esto no quita que los miembros de la "clase política" (Mosca, 1926) que quieran ajustarse a las nuevas normas de juego puedan hacerlo, siempre y cuando su decisión sea real y no meramente un acto de compunción hipócrita (Rodriguez Kauth, 1974) al cual están tan acostumbrados con sus conductas gatopardistas (Lampedusa, 1958) en que hay que cambiar algo para que todo siga igual que antes, es decir, favoreciendo sus intereses espurios, atendiendo a los deseos y órdenes de las corporaciones financieras transnacionales y de espaldas a los intereses de su pueblo.

Esta modificación debe ser instalada a través de una reforma constitucional que le otorgue legitimidad de origen a las nuevas instituciones por crearse. Entre ellas merecen destacarse:

* Abolición de las "jubilaciones de privilegio". Las que permiten a un funcionario político -ministro, legislador, presidente, etc.- por el solo hecho de haber jurado su cargo y abandonarlo a los 10 minutos cobrar una pensión vitalicia que excede en más de 20 veces el haber jubilatorio mínimo de cualquier trabajador que ha cumplido con aportes durante más de 30 años.

* Reemplazo del perverso sistema electoral de las "listas sábanas" por el más representativo de la elección uninominal de legisladores y otros representantes (Rodriguez Kauth, 1998) a cuerpos colegiados. Asimismo, se procurará llegar a todos los rincones del país con el sistema de votación en cabinas -o "cuarto obscuro"- que cuenten con aparatos cibernéticos que permitan realizar el voto en boletas que solamente tengan la cantidad de cargos a elegir por cada una de ellas y el elector tomará los nombres -numerados de 1 a N- de los candidatos para colocarlos en el orden de preferencia que elija. Los ganadores serán aquellos que -a la hora del recuento de votos- se hayan ubicado en los lugares correspondientes a los cargos convocados, con independencia de la agrupación política a la que pertenezcan.

* Modificación del régimen electoral. El voto seguirá siendo secreto, pero no universal ni obligatorio. El ciudadano deberá demostrar -a efectos de ser calificado como elector- tener como mínimo una escolaridad superior a los cinco años de educación básica; esta medida puede aparecer como elitista pero no lo es, en realidad reemplaza a la élite de la ignorancia por la comprensión del valor de votar y el conocimiento de por quien se lo hace y sus planes de gobierno con lo cual se apunta a desbaratar el populismo dicharachero. Tampoco será obligatorio, con lo cual se evitará que el electorado sea conducido como ganado en pie a cumplir con un derecho cívico y, el ejercicio de los derechos no pueden ser obligatorios ni compulsivos. La obligatoriedad tuvo su razón de ser en 1912, en la actualidad es una cláusula perimida.

* Creación de la institución del "juicio de residencia" para todo aquel funcionario público sospechado de algún acto de corrupción o de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus funciones.

* Creación de una nueva institución jurídica que penalice la defraudación del discurso político preelectoral. Sin dudas que en la actualidad es un lugar común que los candidatos políticos prometan una cosa y llegados al poder hagan la contraria u otra cosa. Esto se soluciona con la institución del fraude preelectoral que será penalizado de acuerdo a como lo resuelvan los legisladores.

* Eliminación de los "fueros especiales" de que gozan legisladores y magistrados. Los mismos constituyen una flagrante discriminación entre los ciudadanos de un sistema democrático y republicano que parte del principio de que todos son iguales ante la ley. Tales "fueros" tuvieron sentido en 1853 cuando se dictó la primera Constitución nacional, pero en la actualidad no son más que una irritante forma de establecer categorías diferenciales en la ciudadanía (Rodriguez Kauth, 1999).

* Retiro inmediato de las prebendas que utilizan los legisladores para otorgar "pensiones graciables" a quienes se les venga en gana y no a quienes lo necesiten. Dichos fondos serán transferidos a los organismos encargados de la seguridad social para hacer un uso correcto de los mismos.

* Si, como dice nuestra Constitucion, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, entonces los magistrados deberán pagar impuestos sobre sus ingresos igual que cualquier otra persona. Este es un privilegio que ellos mismos se han otorgado en un acto de neto corte elitista.

* Previo al juramento de cualquier funcionario, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o entidades autárquicas, deberá presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales como así también la de sus familiares directos. De esta forma se evita que luego se hagan los distraídos y, como ocurre actualmente, solamente un tercio de los senadores nacionales han cumplido con tal requisito. Dicha declaración tendrá la obligación de hacerse pública a través de los medios idóneos útiles al respecto y será cotejada con la declaración patrimonial que se efectúe al abandonar el cargo.

* Ningún funcionario electo podrá ser reelegido en su cargo, o en otro que sea por la vía electoral, por más de dos períodos consecutivos. Esto servirá para evitar las "carreras políticas" a costas de los bienes del erario público.

* El sueldo máximo que cobrará un funcionario político estará en relación directa con el que se fije para el del Presidente de la Nación y, en caso alguno, podrá superarlo bajo ningún concepto que altere este principio, tales como son los reintegros por residencia lejana, viáticos, etc. El sueldo del Presidente será fijado en función del costo de la canasta familiar multiplicado por una cifra que arroje un coeficiente discreto en términos de que no sea inconveniente trabajar para el Estado.

* Retiro inmediato de los automóviles oficiales para todo aquel funcionario que no posea vehículo propio, como así mismo se permitirá la tenencia de un solo teléfono celular móvil para llamadas oficiales, las cuales pueden ser rastreadas con los modernos sistemas de control para ese efecto. La inmensa flota de vehículos oficiales que posee el Estado, será rematada en subasta pública y su recaudación destinada a un fondo de fomento de la industria automotriz, especialmente la referida a la pequeña y mediana industria que es la que mayor empleo genera.

* Los funcionarios políticos, tanto del Ejecutivo como los legisladores, solamente recibirán pasajes y viáticos cuando se trasladen en misiones oficiales debidamente comprobables.

* Reducción del número de miembros de la Cámara se Senadores de la Nación al original de antes de la reforma constitucional de 1994. Es un absurdo lógico que quienes representan a los gobiernos provinciales tengan un delegado de la oposición a los mismos.

* Anulación de las Cámaras de Senadores en los ámbitos provinciales, ya que los aquellos tienen idéntica representación a la de los diputados provinciales, debido a que no representan a gobierno autónomo alguno. Es una forma de reducir el escandaloso gasto político nacional.

* Se eliminarán de los cargos de "asesores" permanentes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo ^(3). En los Ejecutivos habrán solamente un asesor por Secretaría y otro por Subsecretaría. Los legisladores solamente tendrán un secretario privado y el bloque al que pertenezcan les proveerá los asesores necesarios para cada temática en particular. Excepcionalmente se podran contratar asesorías externas -bajo concurso de antecedentes y los cuales permanecerán en un legajo como proveedores del Estado- en aquellos casos en que la ignorancia de los funcionarios o legisladores en temas específicos así lo requiera. Esta medida reducirá el gasto político innecesario y, sobre todo, el desvío de fondos para el sostenimiento de la actividad partidaria.

* Eliminación de cualquier tipo de traba burocrática ⁽⁴⁾ que impida la presentación a elecciones de cualquier ciudadano que desee hacerlo. Por lo tanto las listas no necesariamente han de llevar el número máximo de nombres a elegir. Se podrá argüir desde los intereses partidarios que esto significa un gasto muy grande, lo cual es falso si aplican las medidas anteriores que pueden servir para subvencionar tal posibilidad de que todos seamos iguales ante la ley, incluida la electoral. Esto facilitará el arribo a los cuerpos colegiados de ciudadanos que no han querido contaminarse con la actividad política partidaria que, justo es decirlo, suele ser deshonrosa.

* La actividad de los representantes ante los consejos municipales -o cualquiera sea el nombre que adopten según la provincia a la que pertenezcan- será hecha con carácter "ad-honorem". La experiencia prueba que los ediles municipales, como no deben trasladarse de lugar de residencia, continúan con sus tareas laborales de manera normal, con lo cual son una competencia desleal para los trabajadores desocupados que, a su vez, les pagan con sus impuestos -directos e indirectos- el salario para que hagan lo que deben hacer sin cobrar emolumento alguno. De no prosperar esta propuesta, como alternativa se propone que al asumir el edil se le bloquea el quehacer profesional, comercial o laboral de cualquier naturaleza, en cuyo caso cobrará el sueldo que se le fije.

* Eliminación de la actual "ley de cupos", por la cual las mujeres ocupan un tercio de los cargos espectables en las listas sábana de candidaturas. Esta ley añadida a la ley electoral surgió como una manera de terminar con el machismo reinante en los partidos políticos y como una reivindicación del papel de la mujer en el quehacer político. Sin embargo, la misma es ofensiva para la dignidad de la mujer -y del hombre- ya que la "obliga" a participar independientemente de su capacidad política. La misma devendría en abstracto si se eliminase el sistema de listas sábana, ya que quienes son estimados como los más capaces -más allá del género sexual de referencia o pertenencia- ocuparán los cargos.

* Ningún funcionario político -del Ejecutivo o Legislativo- del antiguo régimen podrá presentarse como candidato cuando haya sido denunciado por corrupción en el ejercicio de sus funciones y no exista sentencia firme de absolución por lo que fue acusado.

* La seguridad jurídica será tarea primordial a garantizar por el Estado, como una forma de recuperar la confianza en el sistema democratico y republicano, que en estos momentos están devaluados en la estimación pública. Para ello todos los magistrados han de ser puestos en "comisión" y sus cargos serán ocupados por rigurosos concursos de méritos y antecedentes de probidad y conocimientos legales. En ningún caso podrán volver a presentarse a ocupar cargos en la magistratura aquellos que hayan estado sospechados de alguna forma de acción corrupta y que no hayan sido sometidos a juicio político por decisión legislativa.

* A efectos de que exista un auténtico estado republicano -con la división e independencia política de los poderes que ello supone- es necesario terminar con la farsa de un republicanismo que no es tal, ya que en tanto y cuanto los poderes Legislativos y Judiciales dependan para su subsistencia de los recursos que le destina -y recauda- el Ejecutivo esto no será alcanzable. La propuesta es que sobre la base de la estimación de los gastos de ambos poderes -sin dudas inferiores en jerarquía al Ejecutivo- y previo a un amplio recorte de gastos prebendistas que alientan la corrupción y que son innecesarios, se distribuya la recaudación de uno de los tantos impuestos que se cobran con destino final para solventar los recursos necesarios al manteamiento del Legislativo y el Judicial. Debe tenerse en cuenta que sin autarquía financiera la tan sonada autonomía no es más que una de las tantas ficciones en que el país se encuentra inmerso.

* Otro tanto se hará con los recursos para las universidades que se debaten en el discurso hueco de la autonomía, sin haber tenido en consideración la necesidad de la autarquía financiera para que exista una verdadera libertad académica y de cátedra.

* A fin de cumplimentar los dos puntos anteriores, la oficina de recaudación estatal estará obligada a transferir inmediatamente los fondos recaudados de los impuestos en cuestión directamente a cada uno de los organismos ejecutores implicados.

* Por otra parte, la nueva Constitución fundadora de la Segunda República, eliminará toda disposición referida a los llamados "derechos adquiridos", cuando los mismos haya sido logrados merced a prácticas corruptas o inmorales. Si bien el Derecho poco tiene que ver con la ética y la moral, no se concibe una República que no ajuste las prácticas jurídicas si no es al vaivén de los cambios que se producen en los aspectos éticos y morales que provocan los cambios sociales estructurales que se dan en consonancia con los avances de la ciencia y la tecnología.

* Se hará desaparecer la actual Oficina de Etica Pública por ser contradictoria con la probidad que deben mantener los funcionarios, legisladores y empleados del Estado. En su reemplazo funcionará con carácter honorario una Oficina de Control de la Gestión Pública que estará integrada por vecinos que surjan como representantes de los barrios o sectores en que esté políticamente dividida la población.

* El Estado -nacional, provinciales y municipales- realizará un relevo de los edificios que posee a efectos de trasladar a ellos aquellas dependencias que funcionan en edificios alquilados. en caso de no poder dárseles tal destino, serán utilizados como vivienda por aquellos habitantes que aún permanezcan en la injusta condición de "los sin techo".

3-REFORMAS SOCIALES:

Las mismas estarán en directa relación con las obligaciones a que está sujeto el Estado en la actualidad por la Constitución Nacional vigente. Es decir, el Estado se asume como garante inexcusable de atender con sus ingresos legítimos -recaudación impositiva y no endeudamiento público, el cual solamente se justificará para inversiones en obras de crecimiento y desarrollo estructural- a la educación pública gratuita y laica en todos sus niveles ^(5); la atención de la salud en los hospitales y demás instituciones públicas encargadas de su seguimiento, haciendo especial hincapié en los aspectos preventivos de la misma; mediante un plan de inversiones públicas se garantizará la posesión de vivienda digna a todos los habitantes del territorio; se eliminarán gradualmente todos los planes de asistencia social en la medida en que sean sustituidos por la garantía del derecho al trabajo de los habitantes, sin tener en cuenta su nacionalidad de origen; protección a la infancia, a la ancianidad y a las madres solteras, las que no podran ser discriminadas en su búsqueda de trabajo; etc.. Nada de lo que hasta aquí se ha propuesto es novedoso, solamente es una de las tantas "deudas internas" que el Estado mantiene con la población y que deberá ser ratificada por la Constitución fundadora de la Segunda República.

Asimismo, a todo ello es preciso agregar:

* Anulación de toda legislación que se oponga al aborto y al control de la natalidad. Estas son cuestiones privativas de cada persona y el Estado está obligado a respetarlas sin restricciones de naturaleza religiosa alguna.

* Creación de la figura de "muerte digna" que permita la ejecución de la eutanasia en los casos en que la misma sea solicitada explícitamente por el enfermo cuando éste pueda realizarlo o sus derecho habientes o los médicos que lo atiendan (Rodriguez Kauth, 1998b).

* Prohibición absoluta del trabajo de menores de 16 años y creación de escuelas-hogares para aquellos que no puedan mantener su escolarización o que no tengan familiares que se hagan cargo de ellos. En este último caso, se procurará flexibilizar la ley de adopción para hacerla más ágil en función de las demandas de quienes desean ser adoptados de los que pretenden adoptar.

* Despenalización de la tenencia de las llamadas "drogas peligrosas" para consumo particular. Esto no significa que el Estado no se obligue a perseguir con el máximo rigor penal a los traficantes de drogas. Para el tratamiento de los adictos se crearán sistemas que al igual que en algunos países europeos -Suiza tiene una interesante legislación al respecto- faciliten la reinserción social de los adictos a drogas "duras", como la heroína.

* Efectiva separación de la Iglesia y el Estado. Para el sostenimiento del culto cada habitante podrá indicar por escrito a sus empleadores a que culto desea que se destine la parte proporcional de sus impuestos que hoy van en globo a parar a manos de la Iglesia Católica.

* Creación de un registro en que cada ciudadano pueda renunciar al culto religioso que fuera obligado a adoptar por sus padres -o quienes tuvieron a su cargo su crianza- cuando aún no tenía capacidad de decisión autónoma (Puente Ojea, 1997).

* Fijación de precios máximos para los productos alimenticios, farmacéuticos, de atención médica, vestimenta, etc. de primera necesidad. Ya se sabe las resistencias que esto ha de producir en los "formadores de precios" y las consecuencias nefandas del desabastecimiento que provocarán. Solamente un Estado respaldado por la voluntad popular podrá llevar adelante políticas de tal naturaleza recibiendo las denuncias -e investigando y sancionando inmediatamente a los responsable- que se hagan sobre tales prácticas desleales por parte de los consumidores que las realicen. En este punto el protagonismo de los consumidores es clave para lograr el éxito propuesto.

* Disolución inmediata de las organizaciones gremiales y sindicales actuales por no ser representativas de los intereses de los trabajadores. Las mismas serán reemplazadas en 90 días por una nueva conducción surgida de las bases de trabajadores en donde podran votar no solamente los afiliados -por un sistema similar al de las elecciones uninominales propuesta en el apartado segundo- sino también aquellos que lo fueron y perdieron su condición de tales por la desocupación que ha azotado al país, siempre y cuando no estén afiliados a otra organización sindical. Estos últimos en ningún caso podrán ser candidatos hasta que no se encuentren en condiciones laborales dentro de un espacio de trabajo.

* De igual modo que en el apartado anterior, la nueva dirigencia gremial y sindical antes de asumir sus funciones deberá presentar sus respectivas declaraciones juradas de bienes patrimoniales, quedando sujetos también ellos al juicio de residencia y al de la defraudación del discurso preelectoral.

* Las obras sociales de base gremial o sindical dejarán de ser un coto de enriquecimiento ilícito para sus dirigentes. En un plazo no mayor de 90 días todas ellas han de ser normalizadas conformando sus consejos directivos con afiliados -sin salario por este quehacer- de las mismas. Se revisarán todos los contratos previos con prestadores de la salud y se permitirá la libre elección del afiliado para concurrir al profesional que más le venga en ganas. Sin embargo, habrán descuentos mayores en aquellos que se hagan atender en los servicios de salud propios de las obras sociales.

* Todos los servicios sanitarios de cualquier naturaleza que sean -obras sociales, medicina privada, sanatorios, etc.- estarán obligados a atender a cualquier afiliado a otra obra social o médica con la sola presentación del carnet de afiliado.

* Se apuntará a una gradual reforma agraria, para lo cual se comenzará con la utilización de las tierras fiscales que posee el Estado y se continuará con las propiedades que hace más de cinco años que no han declarado producción alguna o cuyos propietarios no las atiendan con sentido productivo. Para realizar tal reforma se tomarán las unidades mínimas de producción agropecuaria y/o mineral de que se trata en cada zona del país y con las mismas se organizarán cooperativas de trabajadores-productores. El Estado pagará el valor de lo confiscado a sus dueños en un plazo de diez años al valor fiscal sobre el cual estuvieron pagando los impuestos territoriales correspondientes. Dicho importe será retenido de la producción de las cooperativas.

4-REFORMAS ECONOMICAS:

Este es el punto álgido sobre el cual asienta la mayor parte de las reformas sociales propuestas en el punto anterior. No quepan dudas que lo que propondré no ha de ser del agrado del establishment que ha venido gobernando los destinos del país. Sin embargo, si no se tiene el valor de afrontar los intereses de aquellos que se verán perjudicados -y que fueron los responsables de la crisis a que he estado aludiendo y por la cual entendiendo que la única salida posible como solución que satisfaga las demandas de la mayoría poblacional a lo que estoy proponiendo- entonces no nos quedará otra cosa más que la resignación pasiva a vernos sometidos a recetas del tipo "más de lo mismo". Es decir, ajustes sobre los ajustes que ha venido sufriendo el pueblo todo, salvo la pequeña minoría que se ha enriquecido merced a sus prácticas corruptas que le han permitido participar de manera exagerada e inmoral en la distribución del Producto Bruto Interno (Rodriguez Kauth, 1992) en detrimento de los sectores del trabajo.

Por todo ello es que propongo:

* Nacionalización de la banca por el término de 90 a 120 días para realizar una auditoría profunda sobre la fuga de capitales y el lavado de dinero, como así también de otros hechos ilícitos que pudieran haber cometido. Pasado ese tiempo, la banca nacionalizada se transformará en cooperativas de trabajadores. Esta nueva banca tendrá como propósito recrear la confianza pública en el sistema financiero para de tal forma intermediar entre los depositantes y los adquirentes de créditos. De estos últimos se favorecerán las solicitudes de quienes pretendan hacer inversiones en el desarrollo de sustitución de importaciones.

* Adoptando la política mencionada, se gestionará ante las casas matrices de las filiales locales de la banca extranjera -la gran mayoría dentro del sistema financiero nacional- que se hagan responsables de las deudas contraídas con los ahorristas locales que fueron encerradas oportunamente en el "corralito". No caben dudas que el drenaje de divisas que impide abonar lo adeudado ha ido a parar a dichas casas o -según surja de la investigación- a la banca off shore, que no son más que filiales con nombre de fantasía que operan en paraísos fiscales. En caso de que se nieguen a devolver los dineros sacados del país mediante maniobras ilícitas, serán denunciados ante las cortes internacionales que operan al efecto para su intervención y denuncia internacional del fraude cometido en Argentina, que también podrán hacerlo en cualquier momento en cualquier otro lugar del planeta. Entre tanto los activos físicos de aquellos bancos implicados en la fuga de más de 50 mil millones de dólares serán mantenidos en caución por el Estado de acuerdo a lo indicado en la política de nacionalización de la banca.

* Suspensión del pago de la deuda pública externa teniendo en cuenta dos condiciones: a) que se haga efectivo lo apuntado en el segmento anterior, es decir, la devolución del dinero literalmente robado; y b) denunciar ante una Corte Internacional ad-hoc el monto de la deuda externa que puede entrar en la categoría de "deuda odiosa", teniendo presente -para el caso- los letrados querellantes en nombre de la Nación la doctrina sentada en casos anteriores, especialmente las ocurridas durante el Siglo XX ^(6).

* Resuelto el punto anterior se hará una reprogramación del pago de la deuda externa en función del superávit comercial y fiscal del Estado. En ningún caso serán implicados dineros correspondientes a planes sociales y de inversión y desarrollo. En las actuales condiciones la deuda externa no solamente es moralmente injusta, sino que resulta impagable, aún cuando se lo pretenda hacer sobre la base de la hambruna de la población.

* La resolución del "gasto" político propuesto en los puntos anteriores -así como la persecución implacable de la corrupción estatal, empresaria y gremial- facilitará llegar al equilibrio fiscal necesario para poner las cuentas en orden. El déficit cero no es necesariamente un enemigo de los trabajadores, como ha sido implementado hasta la fecha, sino que es su principal aliado para mantener el poder adquisitivo de sus salarios.

* El Estado tendrá prohibido tomar deuda pública externa bajo condición alguna o pretexto. Solamente podrá tomar deuda pública interna, la cual será respetada a raja tablas para evitar la pérdida de circulante monetario que lleva directamente a la recesión comercial y, por consiguiente, a la actividad productiva.

* Nacionalización del comercio exterior. Tal medida evitará la defraudación fiscal mediante los clásicos procesos utilizados por los exportadores de sobrefacturar importaciones y de subfacturaciones de exportaciones. Asimismo, al momento de realizar las liquidaciones de las operaciones por exportaciones a los productores se les deducirán los impuestos que deben pagar en conceptos de IVA, ingresos brutos, etc., con lo cual se eliminará otra fuente del déficit fiscal por evasión impositiva. Otra ventaja es que las divisas por bienes exportables ingresarán directamente al Banco Central y no habrá más lugar para maniobras especulativas con la liquidación de las mismas en función de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios. Al exportador se le liquidará al precio real en que se haya vendido su mercadería en el mercado comprador sin otra retención que las mencionadas y al momento de recibir el pago del comprador en el exterior según las regulaciones de precios de los mercados internacionales del producto de que se trate. Como se ve, no habrá perjuicio legal alguno para el exportador y el Estado se protege de la evasión fiscal que es una de las sangrías presupuestarias actuales, a la par que se impide que las divisas sean depositadas en el exterior bajo formas fraudulentas de "pagos a proveedores". Asimismo, se impedirá la importación de productos que provea la industria nacional y, sobre todo, la sobrefacturación a que están habituados los representantes locales de las multinacionales que operan en el país.

* En primer lugar -para evitar la evasión impositiva- habrá una persecución fiscal intensiva contra los "grandes evasores", tanto en los aspectos fiscales como de aportes previsionales. Para ellos no existirán más moratorias, sino que deberán pagar sus deudas con el fisco dentro de un plazo prudencial y actualizado según un índice que se elaborará al efecto teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación local.

* En una segunda etapa, comenzará la persecución de los "pequeños evasores", para lo cual en primera instancia se evitará la existencia de trabajadores "en negro" a la par que se establecerán moratorias fiscales -con el mismo criterio indexatorio anterior- hasta que se pongan al día con sus deudas impositivas y previsionales. Para ser justos con esta medida, deberá hacerse la distinción entre quienes "no pueden" y los que "no quieren" pagar, por lo que en el primer caso no existirá pena de privación de la libertad ni ejecuciones compulsivas de sus bienes.

* Los delitos conexos a las diferentes formas de evasión fiscal, serán sancionados con penas privativas de la libertad para, de tal manera amedrentar a los eventuales evasores. Para lo cual se incorporará al Código Penal la figura de "privación de la libertad" -como existe en la mayoría de los países "serios" del mundo desarrollado- para los grandes evasores.

* En un todo será respetada la propiedad privada individual. En lo que respecta a la de los bienes de producción, la misma se respetará en tanto y cuanto los mismos estén al servicio de los intereses del país y que busquen lograr un equilibrio verdadero entre la inversión de capital y la inversión de fuerza de trabajo, esto con el objetivo de impedir la explotación de los trabajadores en beneficio del enriquecimiento que no guarde relación con lo que se paga de los propietarios de los medios de producción.

* Como una forma de recuperar la soberanía nacional y a la vez hacer despegar la economía de la recesión en que se haya, se iniciarán las gestiones para en poco tiempo nacionalizar -para luego convertir en cooperativas de trabajo- a las empresas que fueran del Estado y que hoy se encuentran privatizadas. El precio a pagar a sus tenedores actuales será el mismo que ellos abonaron en su momento cuando las adquirieron a precio vil.

* En la elaboración de los futuros presupuestos de "gastos y recursos" se eliminará el término gastos a todo lo que se refiera e incluya a cuestiones sociales -educación, salud, vivienda, etc.- ya que ellos no son tal cosa desde una perspectiva económica, sino que se trata de una inversión a largo plazo. Llamarla gasto es desvirtuar psicológicamente el sentido de los dineros destinados a dichos rubros.

5-CONCLUSIONES:

No me caben dudas que el plan presentado -al cual le faltan muchos ítems, ya que solamente es un esbozo de medidas políticas a tomar y tener en cuenta- no ha de gozar de la estima de la "clase política", la que verá recortadas sus prebendas de todo tipo; como así tampoco de aquellos miembros de la "clase ociosa" (Veblen, 1899) que han vivido parasitariamente de la explotación del trabajo de la mayoría de la población.

Para lograr el consenso necesario alrededor de estas propuestas de máxima a fin de ejecutar este plan de acciones políticas, hace falta comprender que se está refundando la Nación. Ahora el Estado pasa a ser responsabilidad de todos y no solamente de los que están representados en él. El compromiso para la ciudadanía -y el resto de los habitantes- ya no será solamente a la hora de votar sino en todo momento y lugar, convirtiéndose cada uno de ellos en un fiscal de la acción de gobierno. Esto supone que -a medida que se vaya avanzando en la concertino de las propuestas- se irá modificando el estilo de pensar y sentir de los habitantes en cuanto a su compromiso con la realidad circundante e inmediata.

Quien hace esta propuesta espera todo tipo de críticas por parte de quienes se hayan tomado el trabajo de leerlas. Entiendo que toda critica es constructiva y pedirlas en tal sentido es propio de débiles morales que solamente aceptan las críticas cuando estas son elogiosas o laudatorias.

No se me escapa que habrá quienes dirán que con esto Argentina pasará a ser igual a Cuba por el aislamiento internacional a que podría ser sometida. Están absolutamente equivocados. En la Nación que supongo se debe refundar ha de primar el más amplio respeto por los derechos individuales -de prácticas religiosas, de políticas ideológicas, de expresión, etc.- y tenemos la posibilidad de, en primer lugar, estimular el mercado interno y, en segundo término, de comerciar con los países que entiendan que la globalización no es sinónimo de intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano, sino la posibilidad de mantener ágiles y respetuosas relaciones comerciales, culturales, etc. Es decir, no existe lugar alguno para cualquier testimonio de autoritarismo estatal, al punto que obsérvese que cuando se ha hablado de nacionalizaciones se lo ha hecho como un paso intermedio y con plazos perentorios para arribar a la forma más democrática de expresión económica, cuales son las cooperativas.

Por último, quien eleva estas propuestas a la consideración pública deja expresa constancia que no se postula para alguno, salvo quizás en la Convención Constituyente desde donde cree y se hace responsable -ética de la convicción versus ética de la responsabilidad (Weber, 1929)- de que las mismas no sean desvirtuadas tanto en su sentido intrínseco como formal. Simplemente desea ponerlas a conocimiento de aquellos que entiendan que esta es una forma de sacar a nuestro país del pozo miserable en que está ubicado. Al que le interese tomarlas para concretarlas en su aplicación, son un pequeño regalo que se hace sin espera de retribución alguna, solamente la de haber contribuido alguna vez con algo para mi país y sus habitantes que vaya más allá de la reflexión académica y teórica.

BIBLIOGRAFIA: