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Comité de Huelga trabaja “en el detalle” para el éxito de la medida

Paro general y bloqueo se ejecutarán en

“forma drástica y contundente”

* Plazo vence el próximo martes 6 de noviembre

 

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Niver Montes, reiteró ayer que el paro general indefinido con bloqueo económico y de carreteras, resuelto por la Asamblea Orureñidad el pasado viernes 26 de octubre, avanza de manera invariable.

El dirigente dijo que, si hasta el 6 de noviembre no hay señales del gobierno central para responder con propuestas positivas a las demandas de la región, irremediablemente el paro movilizado será ejecutado en forma drástica y contundente.

Montes recordó que las instituciones campesinas, laborales, privadas, públicas y otros sectores, han

Oruro se apresta a tomar medidas de hecho en defensa de sus legítimas reivindicaciones

reafirmado su decisión de trabajar junto a la entidad cívica orureña, que viene liderizando la lucha por el desarrollo de la región desde hace tiempo.

Igualmente dijo que todos los dirigentes y representantes de las diferentes instituciones localistas, deben cumplir con la tarea de concienciar a sus bases, trasmitiendo en reuniones internas la posición regional para aplicar el próximo 6 de noviembre una medida contundente hasta lograr arrancar del gobierno respuestas positivas a las demandas.

Aseguró que el Comité de Huelga viene trabajando y viendo los  detalles de todo lo que significa la movilización que consiste en un bloqueo económico y de carreteras.

APENAS DOS

De los 8 temas planteados 6 no fueron resueltos por el gobierno, “únicamente 2 han sido respondidos, el tema de caminos que ya se ha iniciado con el acopio de agregados y empezó a correr los 200 días hábiles y el tema de la red de gas, que ha sido por el momento paralizado, el proceso de licitación pública nacional e internacional”, explicó.

Montes sostuvo que todavía el gobierno tiene tareas pendientes con la región para dar respuestas positivas a la crisis minera, plan de reactivación económica, arancel diferenciado, respuestas a las necesidades del campesino, cumplimiento a los acuerdos con la Universidad Técnica de Oruro y otras que se encuentran en manos de la comisión negociadora del Comité Cívico.

Reiteró que la movilización orureña emanó de una Asamblea de la Orureñidad, donde todas las instituciones manifestaron  unidad en torno al Comité Cívico.

BLOQUEO ECONOMICO

El dirigente sostuvo que una de las acciones más importantes de las jornadas de lucha es la posición de los empresarios, que comprometieron a realizar un bloqueo económico.

El tema en cuestión consiste en suspender el pago de impuestos y otras obligaciones  con el Estado, dineros que irán al pago de salarios de los trabajadores, y la preservación de las industrias orureñas.

 

Prefecto Morales ignoró Ley 1654 y por ende a los consejeros

Consejeros plantean anulación de la

licitación “Electrificación Qaqachaca”

Los consejeros remarcan que no desean convertirse en obstáculos al desarrollo de las regiones, pero exigen transparencia en los procesos de licitación.

 

LA PATRIA

El Consejo Departamental, a través de su coordinador, José Sangüeza, pide la nulidad del proceso de licitación del proyecto “Electrificación Qaqachaca”, no sólo por lo vicios procedimentales detectados en el sobre “A”, sino, porque el mismo, no fue aprobado por los consejeros departamentales.

Sangüeza, aseguró que el pedido no pretende perjudicar a las regiones beneficiadas con el proyecto, es más -dijo- los recursos de la prefectura

Qaqachacas deben esperar

deben llegar a las zonas rurales que se debaten en la extrema pobreza.

En conocimiento de la nulidad del proceso hasta el sobre “A”, el consejero señaló que no es solamente el sobre “A” el que tiene vicios, sino que el inicio mismo de la licitación no fue aprobada por los consejeros departamentales, “por lo tanto,la convocatoria tampoco tiene la validez ni el aval de este consejo”, puntualizó.

Entonces el prefecto, en este caso, ha actuado al margen de la Ley No. 1654, preguntó LA PATRIA, a lo que Sangüeza respondió: “lo que pasa es que el prefecto no está recibiendo un asesoramiento adecuado de su departamento jurídico”.

Recordó que las atribuciones del Consejo Departamental, en el marco de la Ley 1654, son aprobar procesos de licitación, “como el caso del proyecto de electrificación que no ha ocurrido, para nosotros este proceso debe quedar nulo”, remarcó.

IGNORA

El coordinador de los consejeros de Oruro, ejemplificó con otros hechos donde el prefecto actúa al margen de la Ley 1654, como es el caso de la construcción de un puente en Huanuni, proyecto pequeño que tampoco fue aprobado por los consejeros.

“Obviamente, nos ponen entre la cruz y la pared, porque nos hacen ver a los consejeros como obstáculos en la ejecución de obras en algunos municipios, por eso buscamos que sean los propios municipios los que pidan documentalmente la continuidad de dichas obras”, expresó.

Consultado sobre si ese accionar no implica complicidad de los consejeros,  Sangüeza, negó enfáticamente, porque, dijo,  son los propios consejeros los que hacen el seguimiento a estas obras.

Pero el prefecto ha violado la Ley 1654, ignorando al Consejo Departamental, insistió LA PATRIA. Sangüeza aceptó que la prefectura al adjudicar obras en forma ilegal, ignora por completo las funciones del Consejo Departamental.

POLITIZAR

Consultado sobre una probable injerencia política partidaria de ADN, que busca favorecer a la empresa SACEG-ICOMTC, con el proyecto de electrificación de la zona de qaqachacas, manifestó que existe esa posibilidad, aunque declinó hacer mayores comentarios al respecto, indicando que lo único que se busca es la transparencia en el proceso de licitación del proyecto.

“Que ganen las mejores propuestas, la mejor oferta económica, los mejores técnicos, porque de lo contrario, favoreciendo a uno u otro conmilitante, lo único que se va a conseguir es que los resultados no tengan la calidad esperada menos los beneficios”, afirmó, al reiterar que ese proceso de licitación, de acuerdo a una opinión jurídica, queda nulo.

SOLICITUD

Afirmó que se ha percibido que existe muchos vicios de nulidad en torno al proceso de licitación del proyecto de electrificación, por lo que se ha solicitado al prefecto de Oruro y presidente del Consejo Departamental, una sesión extraordinaria.

Sostuvo que el costo del proyecto es de aproximadamente 8 millones de bolivianos, “es un monto apetecible para todas las empresas, entonces no debemos permitir que nadie se embolsille estos recursos, peor las personas que tienen intereses de carácter político partidario”, afirmó.

“Enviamos al presidente del consejo, Fausto Morales Benítez, una nota exigiendo que las personas involucradas en la Comisión de Calificación, realicen una amplia explicación de todo el proceso”, señaló.