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Noticias Regionales


Choferes no compraran seguro

contra accidentes para el 2002

* Gobierno debe presentar un informe de la cantidad de dinero recaudado del transporte

 

El ampliado nacional de choferes, que se realizó en Oruro, decidió no comprar el seguro contra accidentes para la gestión 2002, porque el gobierno no cumple compromisos contraídos ni explica el destino del dinero recaudado por las empresas aseguradoras privadas que recibieron los recursos.

Los transportistas encomendaron a los ejecutivos de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia gestionar ante el Ministerio de Hacienda y la 

Choferes no quieren pagar el SOAT

Superintendencia de Valores y Seguros, la presentación del informe económico, la cantidad de accidentes ocurridos y cuánta cantidad de dinero se utilizó en el pago del seguro a los accidentados.

"Muchos transportistas denunciaron en el ampliado que las aseguradoras no cumplieron el pago del seguro contra accidentes. Esto es grave y no se puede permitir el enriquecimiento ilícito de aseguradoras que buscaron pretextos para no cumplir sus obligaciones", explicó el secretario general de la Federación de Choferes San Cristóbal, Freddy Copa.

Por eso, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros deben hacer público el resultado económico financiero del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

De la misma forma, se exigirá una ley complementaria, en base al cumplimiento y aplicación del artículo 36 de la Ley SOAT, porque de lo contrario, "no se renovará este inseguro, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno y las aseguradoras".

CASO DEL LAB

Los transportistas -según las resoluciones aprobadas en el ampliado nacional- decidieron también exigir la destitución de los superintendentes de transportes, porque no controlaron en forma adecuada a la empresa VASP y el Lloyd Aéreo Boliviano, hasta ponerla en quiebra.

La Confederación de Choferes respaldó a la Federación Nacional de Trabajadores del LAB, para exigir que el Parlamento inicie un juicio de responsabilidades, por negligencia y por ser corresponsables en el saqueo de un patrimonio nacional, como es el LAB.

EXPULSION

El ampliado decidió expulsar a los ex dirigentes de la Confederación de Transporte Pesado, Edgar Sandóval, Emilio Sejas, Oscar Reynolds, Enrique Huayta, Román Loayza, Alberto Escobar, Luis Vargas y Fernando Aliaga.

La resolución será presentada en el próximo congreso nacional de transportistas, para su ratificación.

 

Concejo recibió propuesta para

barrido de calles a menor costo

La empresa constructora MAR-ZA S.A. propuso, oficialmente, al Concejo Municipal, operar con el aseo urbano, a un costo menor del que ahora paga la Empresa Municipal de Aseo a la empresa Dimensión-ENASA .

LA PROPUESTA

Eduardo Marza, Gerente de esta empresa, remitió una carta al Presidente del Concejo Municipal, Guillermo Aillón, donde indica la predisposición "para operar con el aseo urbano", en los rubros de barrido, limpieza de vías, recolección y transporte de los desechos hasta su tratamiento final.

Propone efectuar, estos servicios, a un costo de 15 dólares americanos por tonelada.

El servicio se efectuará con equipo propio, consistente en volquetas de recolección de basura "a satisfacción de la ciudadanía, con el fin de ayudar frente a la actual crisis económica que sufre nuestra ciudad y población en

general".

Afirma el compromiso de su empresa para cumplir con todos los requisitos exigidos por Ley.

Hacen notar que esta empresa "es enteramente orureña". Espera respuesta positiva del Concejo Municipal.

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La región sucumbe ante los desafíos de la modernidad

CAF: Latinoamérica es cada

vez menos competitiva

* Informe de la CAF muestra el grave deterioro de las economías de la región, que se van 

rezagando más con relación al resto del mundo. El caso boliviano es particularmente crítico

 

ECONOTICIAS, especial para LA PATRIA

La competitividad de América Latina no sólo que es una de las más bajas del mundo, sino que ha empeorado en los últimos años, advierte un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Existe una percepción generalizada de frustración por el desempeño económico y social de América Latina luego de más de una década de liberalización y reformas estructurales. Si bien se produjeron avances importantes especialmente a inicios de los 90 cuando se restableció la estabilidad macroeconómica y se reinició el crecimiento --los resultados globales desafortunadamente confirman esta percepción adversa", señala el documento.

Según varios expertos consultados por la CAF y cuyas opiniones están consignadas en la publicación "Sinergía Latinoamericana", en su edición de septiembre-- la competitividad es la base del crecimiento económico y el factor fundamental para generar riqueza, lo que habría sido descuidado en la década pasada.

"Ciertamente, el crecimiento económico durante la década de los 90 fue superior al registrado durante la crisis de los 80, pero no ha recuperado el promedio de América Latina desde los años 50 y ha sido muy inferior a las de otras regiones en desarrollo", señala el informe.

"Además de ser bajo, este crecimiento ha sido inestable y claramente insuficiente para resolver los problemas fundamentales de desempleo, pobreza y marginación", agrega el reporte que advierte que uno de los problemas centrales de las economías latinoamericanas es su extrema dependencia con respecto a pocos productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales.

Otros problemas que no contribuyen, como era de esperar, a la mayor competitividad de las economías latinoamericanas son la inestabilidad en el acceso a los flujos de financiamiento externo y el hecho de que la inversión extranjera directa se haya localizado en áreas vinculadas a la explotación de recursos naturales.

"Aquella inversión extranjera en industria con mayor valor agregado y que incorpora tecnología avanzada, prácticamente ha estado ausente de la región", agrega el informe.

Otros factores que incidieron para empeorar los niveles de competitividad de la región fueron el frágil marco institucional y las políticas domésticas fiscales, monetarias, financieras y externas que no siempre fueron coherentes y desataron desequilibrios en las finanzas públicas y en las cuentas externas.

"El sector empresarial privado que muchas veces ha disfrutado del status quo no se ha caracterizado por su creatividad gerencial y capacidad de innovación. Igualmente, la escasa disponibilidad de infraestructura y falta de acceso a tecnología no han facilitado hacer avances en productividad", agrega el reporte.

Según la CAF, "como resultado de todos estos factores, la competitividad de la región (...) ha empeorado en los últimos años".

Y esto es grave particularmente en el caso boliviano, que ostenta el dudoso honor de ser la economía menos competitiva de la región.

La región sucumbe ante los desafíos de la modernidad

 

Según Concejo de la Judicatura

Si la excusa del juez se

declara ilegal será multado

Si la excusa que formula un juez o magistrado para evitar conocer un proceso es declarado ilegal, se le impondrá una multa y las excusas declaradas ilegales durante tres oportunidades en un año, darán lugar a la exoneración del juez o magistrado, de acuerdo al Art. 6 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, explicó el Delegado Distrital Jurídico del Consejo de la Judicatura Ernesto Araníbar Sagárnaga.

En el Art. 6 de la mencionada ley, indica que si la excusa fuese declarada ilegal, se impondrá multa al juez o magistrado que la hubiese formulado, debiendo el consultante proseguir el trámite de la causa hasta su conclusión. Si la excusa fuese declarada legal se impondrá multa al juez o magistrado consultante. Las excusas declaradas ilegales en tres oportunidades durante un año, darán lugar a la exoneración del juez o magistrado.

Araníbar dijo que esta última parte tiene relación con el Art. 39 numeral 2 del Consejo de la Judicatura.

JUECES Y VOCALES

La aclaración fue vertida a propósito de las excusas y recusaciones de los jueces y magistrados, que se han dado en muchos procesos en Oruro.

No obstante de la responsabilidad con que están investidos muchos se excusan para eludir la solución de un juicio, tal como sucedió en el caso de los semáforos donde todos los vocales se inclinaron por la excusa para no resolver la apelación al Auto Final de Instrucción de procesamiento contra el alcalde municipal, Edgar Bazán.

Sin embargo, esas excusas deben ser revisadas y declaradas legales o ilegales, y son nuevamente los conjueces quienes tienen que asumir esa responsabilidad se están excusando, situación que preocupa a la ciudadanía y al Delegado Distrital del Consejo de la Judicatura.

Por eso, Araníbar se refirió a lo que señala la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar con relación a este tema, advirtiendo que los jueces y magistrados conocedores de diversos litigios deben tomar en cuenta el Art. 4 sobre obligación de excusa, que señala que el juez o magistrado comprendido en cualquiera de las causas de recusación, deberá excusarse de oficio en su primera actuación.

"Lo anterior quiere decir que aquel que conoce una causa inmediatamente de oficio debe excusarse en la primera actuación, porque tomar conocimiento del caso, posteriormente daría lugar a una de las recusaciones y evitar estos hechos que no dicen bien de la dignidad del juez entonces corresponde excusarse en su primera actuación", señaló.

Remarcó que tampoco vale la excusa a pedido de partes, porque significaría que sólo podría excusarse por capricho de una de la partes del litigio.

Al referir la ley, dijo que decretada la excusa, el juez o magistrado quedará inhibido definitivamente de conocer la causa y la remitirá de inmediato al llamado por ley, aún cuando desaparecieren las causas que la originaron. Será nulo todo acto o resolución pronunciada después de la excusa.

La excusa es observada si el juez a cuyo conocimiento pase el proceso estimare ilegal la excusa, la elevará en consulta en el día ante el superior en grado, con copias autenticas de las piezas pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa. El superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días, sin recurso ulterior.