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Noticias Regionales


                             Sin ningún miedo a la competencia

COTEOR ingresa al mercado libre de

las telecomunicaciones

LA PATRIA

“No tenemos miedo a la competencia, sabemos que tenemos las mejores opciones y tarifas, dado que la cooperativa no tiende al lucro, sino al servicio y lo que cobra es simplemente el mantenimiento de los costos de operación y los grados de depreciación que debemos tener dentro el mantenimiento de los equipos”, explicó el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de telecomunicaciones Oruro Ltda., (COTEOR), José Fernández Fuentes, a propósito del ingreso de la institución al libre mercado en el sector de telecomunicaciones.

Dijo que a partir de la apertura del mercado de las telecomunicaciones que se dio el 28 de noviembre del presente mes, la cooperativa crecerá más, porque a

Directivos de COTEOR dispuestos a

competir con alta tecnología

tiempo de ofrecer más libremente sus servicios, ello le dará mayores ingresos y mayores perspectivas en el futuro inmediato.

COTEOR inició su ingreso a la competencia del mercado de telecomunicaciones en 1999 cuando por determinación de los socios, de cooperativa de teléfonos se transformó en una cooperativa de telecomunicaciones, desde donde empieza a extender sus servicios, no solamente potenciando la telefonía básica sino, sobre todo, ofreciendo más servicios, como el internet que tiene el 80 por ciento de participación en el mercado, dijo.

También se mejoró la red, con una red multimedia que permite otorgar todos los elementos modernos de última tecnología, a través de ello se concretó el servicio de televisión por cable que pronto ofrecerá otras ventajas.

Para atender los requerimientos de los socios ingresaron en una alianza comercial con Nuevatel, para que a través de VIVA GSM, se oferte el servicio de telefonía móvil.

COTEOR para brindar comunicación de larga distancia participa con el 21 por ciento de acciones en la empresa Boliviatel, que ingresará en el mercado, en 15 días más. Se Se anunció que durante el mes de diciembre se consolidarán adicionalmente todos los demás servicios que la cooperativa operará en el futuro.

La autoridad de COTEOR afirmó que ningún operador que quiera competir en Oruro podrá atender al 85 por ciento que paga una categoría plana de 26.70 bolivianos. “Tenemos la tarifa de un operador que ha lanzado ayer, que dice cobrará 80 bolivianos y que cobrará después por minutos, no creo que en la ciudad tiendan una red como el de la cooperativa para atender el servicio de telefonía local, las operadoras en este momento solamente están apuntando al 12 por ciento”, dijo.

INGRESOS EXTRAS

Por otra parte, José Fernández, señaló que estas nuevas disposiciones obligan a COTEOR a alquilar sus redes y hacer cohabitaciones para todos los operadores que se interesen en brindar sus servicios en Oruro, “esto no será gratis, se cobrará y serán ingresos extras para la institución”, añadió.

Fernández, indicó que todas estas preparaciones que se hicieron desde principio, mas aquellas operaciones que se adicionarán en el mes de diciembre, dan la seguridad a los socios de que sus certificados seguirán creciendo. Actualmente las aportaciones (capital social de la cooperativa), alcanza a 23 millones de dólares, que esta garantizado por los activos que tiene la institución y que en el futuro podrán magnificarse a través de los nuevos servicios.

Sostuvo que del mismo modo COTEOR podrá solicitar servicios de la otra operadora, cuya red están en la posibilidad de utilizar.

Se tiene recursos saneados para hacer inversiones que permita incursionando en otros conceptos en telecomunicaciones.

ACCIONES

Las acciones telefónicas no tienen porque bajar, al contrario, tendrían a la larga que incrementarse mucho más, debido a que en estos momentos la población sigue solicitando su participación pidiendo certificados de aportación y que muchos lo hicieron al contado, aseveró.

 

                          A partir del año 2002

Derivados de la quinua deben ser parte

del desayuno escolar

La Sociedad de Productores de Quinua de Uyuni (SOPROQUI), quiere introducir los productos derivados de la quinua en el desayuno escolar, a partir del próximo año 2002.

Estos derivados tienen un alto valor nutritivo y se constituirán en un importante aporte a la dieta de los estudiantes, si es que se logra este objetivo.

SOPROQUI es una sociedad que recibió el impulso del programa Apoyo a la Pequeña Explotación Minera (APEMIN) cuyo co-director europeo, Wolfgang Wetzenstein, mostró su complacencia por el éxito que viene alcanzando la producción calculada en 480 toneladas métricas y ventas por 600 mil dólares anuales.

Señaló que se trata de hojuelas y pipocas de quinua, que con mucho éxito ingresaron al mercado nacional, reemplazado casi inmediatamente, a los productos de soya que también tienen bastante aceptación.

La competencia libre de productos alimenticios en el mercado nacional, elaborados en base a gramíneas agropecuarias producidas, unas en el oriente boliviano (la soya) y otras en el occidente del país (la quinua), a medida que transcurre el tiempo, ganan el mercado debido a su variedad de sabores y su composición nutritiva.

La quinua un producto de alto

contenido alimenticio

El co-director Europeo de APEMIN, comentó que la quinua y sus derivados, son más conocidos en el mercado europeo, que en Latinoamérica, donde además el consumo es alto y tiene enorme demanda, dado su contenido altamente nutritivo y proteínico. Añadió que los europeos buscan productos con alto contenido proteínico para su alimentación diaria, de ahí que la demanda es alta y está garantizada su exportación.

PRODUCCION

Dijo que la Sociedad de Productores de Quinua (SOPROQUI) tiene su principal centro de producción, acopio y planta de tratamiento y producción en Uyuni, y su principal ejecutivo e impulsor es Oscar Mamani.

La Sociedad tiene prevista una producción anual de 480 toneladas de quinua pelada, de las que obtienen como derivados, 60 toneladas de hojuelas y 30 toneladas de pipocas al año, teniendo el mercado asegurado, no sólo a nivel nacional, sino internacional.

De acuerdo al proyecto elaborado y que mereció el apoyo financiero de APEMIN, con cerca a 50 mil euros, con los que se ampliaron las instalaciones y se construyó una nueva planta elaboradora de productos derivados de quinua, sus ventas anuales están valoradas en 600 mil dólares, contando para ello, con el mercado garantizado.

La producción de quinua pelada y sus derivados, (hojuelas, pipocas y otros) cuenta con certificación sanitaria y ecológica, de laboratorios extranjeros, que certificaron su alta calidad y pureza.

Los ejecutivos de APEMIN, codirectores, Europeo, Dr. Wolfgang Wetzenstein y boliviano, Ing. Jorge Ardaya, dieron cuenta que a través de contactos internacionales, se logró asegurar la exportación de la quinua pelada y los productos derivados que son elaborados por SOPROQUI de Uyuni.

La Sociedad de Productores de Quinua, cuenta con 220 socios, entre productores y rescatadores, además, de 25 personas entre el personal ejecutivo y obreros, cuyo beneficio se multiplica en forma indirecta, contando a los comerciantes de sus productos derivados en el mercado nacional.

 

Por intervención de la Caja de Salud “San Cristóbal”

Enfermeras y empleados en riesgo de perder

trabajo y salarios de fin de año

Por lo menos 6 enfermeras y 4 empleados de apoyo de la Caja de Salud “San Cristóbal”, podrían quedar sin empleo y sin el pago de aguinaldos y salarios de fin de año, a causa de la intervención de este centro de salud por parte de los transportistas.

La preocupación fue manifestada por el Dr. Orlando Soliz, que hasta el pasado 20 de noviembre tenía a su cargo la administración de este centro de salud, siendo destituido luego por el Sindicato de Choferes San Cristóbal en esta fecha.

Dijo que la carga social que se va suscitando actualmente en la institución es “tremendamente perjudicial” a causa de la intervención, toda vez que la institución se solventa con ingresos propios.

“Nosotros no tenemos ninguna ayuda estatal ni de alguna otra organización no gubernamental, entonces mi preocupación son las 6 enfermeras y los 4 empleados de apoyo que tenemos al interior de la institución”, expresó.

Señaló que por lo demás se espera que las autoridades judiciales den el veredicto final acerca del contrato, documento que es manejado como bandera por todos los transportistas.

Reiteró que su preocupación es el personal que todavía presta sus servicios en esta caja, quienes -según el Dr, Soliz- son amedrentados y amenazados de ser echados de sus fuentes de trabajo, por los transportistas y luego le pongan chapa y candado y no ingrese nadie ni siquiera pacientes.

“Pero ahí no termina el problema, sino que hay que pagarles  a los funcionarios sus aguinaldos de ley y sus sueldos de fin de año y somos nosotros como institución los que tenemos que cumplir con esos sueldos y aguinaldos”, afirmó.

Añadió que las enfermeras y los empleados de apoyo se encuentran desesperados, porque no saben a donde recurrir para defender sus fuentes de trabajo.

NIEGAN

Dijo que la dirigencia sindical de los transportistas aducen de que no son ellos los que han contratado a ese personal y que por lo tanto, deben irse de la institución y los sueldos sean cancelados por quienes los han contratado.

El Dr. Soliz señaló que por el momento, este personal, todavía se encuentra prestando sus servicios atendiendo a los pacientes que aún se encuentran internos en la caja.

“La gente acude a la institución porque hay un seguro bien establecido al que se tiene que dar cumplimiento, es un paquete que se ha dado a través del Departamento de Trabajo”, afirmó.

 

         Según directora del INE Oruro

Equipos utilizados en el Censo 2001 son inventariados

La directora del Instituto Nacional de Estadística Regional Oruro (INE), María Cristina Campos, informó sobre un riguroso inventario de todos los activos utilizados en el Censo 2001, posteriormente se ingresará a una auditoría externa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dijo que el informe de la inventariación, tarea que está a cargo del Administrador del INE Oruro, Wilfredo Gordillo, será enviado a la central de La Paz hasta este fin de mes.

Señaló que los televisores, los VHS y rotafolios, se encuentran almacenados en un depósito de la institución, “como han llegado, en el mismo estado deben ser devueltos a La Paz, porque fueron adquiridos con recursos del BID”, explicó.

Campos dijo que llegó un técnico del Departamento de Logística del INE, encargado de todo el material didáctico para la realización de la capacitación, “él hizo entrega de todo el material bajo un inventario, ahora el Lic. Gordillo debe hacer el mismo descargo ante la ciudad de La Paz”, añadió.

La autoridad del INE Oruro, señaló que todo el equipo será devuelto a La Paz, pero no descartó la posibilidad de que se quede en Oruro, como los equipos del Censo 92, proyectoras, retroproyectoras y grabadoras, que son utilizados en seminarios, cursos y exposiciones sobre la información que genera el INE Oruro.

Manifestó que el miércoles 28  recibió un correo electrónico en el que INE Oruro tiene un plazo, hasta este fin de mes (hoy), para presentar los informes de la inventariación y hacer los descargos.

EQUIPOS

Entre tanto el Administrador del INE Oruro, Wilfredo Gordillo, dijo que para el Censo de Población 2001, se han recibido 9 televisores de 27 pulgadas, 9 VHS ambos de marca Daewo, 3 computadoras más impresoras, 4 escritorios, 2 vehículos Toyota, una motocicleta y rotafolios.

A estos equipos se suman 15 proyectoras de slides, 15 retroproyectoras, 15 radio grabadoras y 3 vehículos Toyota, material que fue adquirido por el INE Oruro para el Censo 92.

Esta autoridad no habló de devolver equipos a La Paz, al contrario dijo que se van a dar uso de acuerdo a las necesidades que tiene INE Oruro.

Explicó que los equipos adquiridos para INE Oruro, fue considerando la dimensión de la regional, “en el momento se está haciendo la inventariación de estos equipos, porque el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establece esta tarea para la responsabilidad de quienes hacen uso”, apuntó Gordillo.

Aseguró que cada funcionario del INE Oruro es responsable de los activos que está a su cargo, si existe pérdida de alguno de estos equipos, pagan los responsables.

 

Por conducta antieconómica y contratos lesivos al estado

Contraloría recomienda proceso penal

contra ex alcalde Barrientos

La Contraloría General de la República recomendó la realización de un proceso penal contra el ex alcalde municipal de la ciudad, Jorge Barrientos Zapata, por haberse encontrado indicios de responsabilidad penal, conducta antieconómica y contratos lesivos contra el estado, en el Proyecto de Infraestructura Educativa (PIE).

Involucrados en estos hechos están, el ex Oficial Mayor Administrativo de la Alcaldía, Rimac Orozco, el ex Presidente del Concejo, André Schwartzberg y el responsable de la empresa constructora CILSEA, que tuvo a su cargo las construcciones previstas en este proyecto.

El informe final de la Contraloría General de la República, incluye una serie de datos que sirvieron para llegar a esa conclusión y recomendación.

El PIE se ejecutó durante la gestión del ex Alcalde Jorge Barrientos, mediante la firma de un contrato con la empresa CILSEA. Esta empresa debió invertir el 80% del costo del proyecto y el 20% como contraparte la Alcaldía, pero la Alcaldía, con un préstamo adquirido del Banco de Crédito, resultó ser la que ejecutó el proyecto en su totalidad y no CILSEA, según explicó, ayer, el Alcalde,

Edgar Bazán Ortega, quien señaló que en cumplimiento de la recomendación de la Contraloría General de la República, iniciará la acción penal correspondiente contra el ex Alcalde y los señalados dos implicados.

El monto que CILSEA debió contraer, en el señalado 80%, era de 3.600.000 dólares, contrato firmado en 1998

La Alcaldía garantizó con 54 letras que entregó a CILSEA, cada una de 87.724,72 dólares.

Este trámite no fue aprobado por el Concejo Municipal, observado por la Contraloría General de la República, lo mismo que el debido automático en favor de CILSEA.

El proyecto integral tuvo un costo de 4.581.930,87 dólares; el contrato suscrito con este monto el 12 de enero de 1998.

La empresa CILSEA incumplió la cláusula cuarta y primera del contrato de financiamiento “respecto de hacer efectivo el financiamiento comprometido del 80% de la construcción del Proyecto PIE, puesto que no se efectivizó el mismo”, señala el informe de Contraloría

RESPONSABILIDAD

La Contraloría establece indicios de responsabilidad penal contra, Jorge Barrientos y Rimac Orozco “por estar los hechos tipificados en los artículos 221 Contratos Lesivos al Estado y 224 Conducta antieconómica del Código Penal, por haber considerado en  la cláusula segunda del contrato de financiamiento, el devengamiento de un interés del 11,75% y la garantía por parte del Gobierno Municipal de Oruro, para el repago del financiamiento del 80% mencionado, con 54 letras cada una de $us 87.724,72, situación que no es consistente con la cláusula cuarta del contrato de construcción, la cual establece que la empresa constructora debería financiar el 80% de los trabajos de construcción del Proyecto PIE” y dicho monto posteriormente sería pagado por el Gobierno Municipal de Oruro a la empresa constructora, previa presentación de planillas de avance de obra y previa presentación de informes favorables del supervisor. Además, para tal efecto, se emitió una instrucción irrevocable de débito automático ante el Banco de Crédito de Bolivia, para el repago del financiamiento, no obstante que al Gobierno Municipal de Oruro no le correspondía financiar el 80% de la construcción del Proyecto PIE”.

INVOLUCRADOS

La Contraloría señala como involucrados a André Schwartzberg, ex Presidente del Concejo, por conducta antieconómica “por haber usurpado funciones que no le competían al firma la nota 470/98 respecto a la instrucción al Banco de Crédito para que efectúe el débito automático diario de la cuenta corriente del Gobierno Municipal  de Oruro, para el repago de las 54 letras de cambio”, sin observar el artículo 31 de la Constitución Política del Estado  y por estar al margen del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Miguel Eróstegui Palenque, representante legal de CILSEA, por Incumplimiento de contratos del Código Penal, respecto a que la empresa  efectuará el financiamiento del 80% de la construcción del Proyecto PIE “pero dicho financiamiento no se efectuó”.

RECOMENDACIONES

La primera recomendación de la Contraloría a la Alcaldía: Instruir a las unidades correspondientes se de cumplimiento a los artículos 35 de la Ley 1178 y 62 del Reglamento de la Responsabilidad de la Función Pública.

Recomendación segunda, informar a la Contraloría General de la República, el estado de la acción judicial.