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Noticias Regionales |
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Sin ningún miedo a la competencia COTEOR ingresa al mercado libre de las telecomunicaciones |
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de ofrecer más libremente sus servicios, ello le dará mayores
ingresos y mayores perspectivas en el futuro inmediato. COTEOR
inició su ingreso a la competencia del mercado de telecomunicaciones
en 1999 cuando por determinación de los socios, de cooperativa de teléfonos
se transformó en una cooperativa de telecomunicaciones, desde donde
empieza a extender sus servicios, no solamente potenciando la telefonía
básica sino, sobre todo, ofreciendo más servicios, como el internet
que tiene el 80 por ciento de participación en el mercado, dijo. También
se mejoró la red, con una red multimedia que permite otorgar todos
los elementos modernos de última tecnología, a través de ello se
concretó el servicio de televisión por cable que pronto ofrecerá
otras ventajas. Para
atender los requerimientos de los socios ingresaron en una alianza
comercial con Nuevatel, para que a través de VIVA GSM, se oferte el
servicio de telefonía móvil. COTEOR
para brindar comunicación de larga distancia participa con el 21 por
ciento de acciones en la empresa Boliviatel, que ingresará en el
mercado, en 15 días más. Se Se anunció que durante el mes de
diciembre se consolidarán adicionalmente todos los demás servicios
que la cooperativa operará en el futuro. La
autoridad de COTEOR afirmó que ningún operador que quiera competir
en Oruro podrá atender al 85 por ciento que paga una categoría plana
de 26.70 bolivianos. “Tenemos la tarifa de un operador que ha
lanzado ayer, que dice cobrará 80 bolivianos y que cobrará después
por minutos, no creo que en la ciudad tiendan una red como el de la
cooperativa para atender el servicio de telefonía local, las
operadoras en este momento solamente están apuntando al 12 por
ciento”, dijo. INGRESOS
EXTRAS Por
otra parte, José Fernández, señaló que estas nuevas disposiciones
obligan a COTEOR a alquilar sus redes y hacer cohabitaciones para
todos los operadores que se interesen en brindar sus servicios en
Oruro, “esto no será gratis, se cobrará y serán ingresos extras
para la institución”, añadió. Fernández,
indicó que todas estas preparaciones que se hicieron desde principio,
mas aquellas operaciones que se adicionarán en el mes de diciembre,
dan la seguridad a los socios de que sus certificados seguirán
creciendo. Actualmente las aportaciones (capital social de la
cooperativa), alcanza a 23 millones de dólares, que esta garantizado
por los activos que tiene la institución y que en el futuro podrán
magnificarse a través de los nuevos servicios. Sostuvo
que del mismo modo COTEOR podrá solicitar servicios de la otra
operadora, cuya red están en la posibilidad de utilizar. Se
tiene recursos saneados para hacer inversiones que permita
incursionando en otros conceptos en telecomunicaciones. ACCIONES Las acciones telefónicas no tienen porque bajar, al contrario, tendrían a la larga que incrementarse mucho más, debido a que en estos momentos la población sigue solicitando su participación pidiendo certificados de aportación y que muchos lo hicieron al contado, aseveró.
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A partir del año 2002 Derivados de la quinua deben ser parte del desayuno escolar |
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El
co-director Europeo de APEMIN, comentó que la quinua y sus derivados,
son más conocidos en el mercado europeo, que en Latinoamérica, donde
además el consumo es alto y tiene enorme demanda, dado su contenido
altamente nutritivo y proteínico. Añadió que los europeos buscan
productos con alto contenido proteínico para su alimentación diaria,
de ahí que la demanda es alta y está garantizada su exportación. PRODUCCION Dijo
que la Sociedad de Productores de Quinua (SOPROQUI) tiene su principal
centro de producción, acopio y planta de tratamiento y producción en
Uyuni, y su principal ejecutivo e impulsor es Oscar Mamani. La
Sociedad tiene prevista una producción anual de 480 toneladas de
quinua pelada, de las que obtienen como derivados, 60 toneladas de
hojuelas y 30 toneladas de pipocas al año, teniendo el mercado
asegurado, no sólo a nivel nacional, sino internacional. De
acuerdo al proyecto elaborado y que mereció el apoyo financiero de
APEMIN, con cerca a 50 mil euros, con los que se ampliaron las
instalaciones y se construyó una nueva planta elaboradora de
productos derivados de quinua, sus ventas anuales están valoradas en
600 mil dólares, contando para ello, con el mercado garantizado. La
producción de quinua pelada y sus derivados, (hojuelas, pipocas y
otros) cuenta con certificación sanitaria y ecológica, de
laboratorios extranjeros, que certificaron su alta calidad y pureza. Los
ejecutivos de APEMIN, codirectores, Europeo, Dr. Wolfgang Wetzenstein
y boliviano, Ing. Jorge Ardaya, dieron cuenta que a través de
contactos internacionales, se logró asegurar la exportación de la
quinua pelada y los productos derivados que son elaborados por
SOPROQUI de Uyuni. La Sociedad de Productores de Quinua, cuenta con 220 socios, entre productores y rescatadores, además, de 25 personas entre el personal ejecutivo y obreros, cuyo beneficio se multiplica en forma indirecta, contando a los comerciantes de sus productos derivados en el mercado nacional.
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Por
intervención de la Caja de Salud “San Cristóbal” Enfermeras y empleados en riesgo de perder trabajo y salarios de fin de año |
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Por
lo menos 6 enfermeras y 4 empleados de apoyo de la Caja de Salud “San
Cristóbal”, podrían quedar sin empleo y sin el pago de aguinaldos y
salarios de fin de año, a causa de la intervención de este centro de
salud por parte de los transportistas. La
preocupación fue manifestada por el Dr. Orlando Soliz, que hasta el
pasado 20 de noviembre tenía a su cargo la administración de este
centro de salud, siendo destituido luego por el Sindicato de Choferes
San Cristóbal en esta fecha. Dijo
que la carga social que se va suscitando actualmente en la institución
es “tremendamente perjudicial” a causa de la intervención, toda vez
que la institución se solventa con ingresos propios. “Nosotros
no tenemos ninguna ayuda estatal ni de alguna otra organización no
gubernamental, entonces mi preocupación son las 6 enfermeras y los 4
empleados de apoyo que tenemos al interior de la institución”, expresó. Señaló
que por lo demás se espera que las autoridades judiciales den el
veredicto final acerca del contrato, documento que es manejado como
bandera por todos los transportistas. Reiteró
que su preocupación es el personal que todavía presta sus servicios en
esta caja, quienes -según el Dr, Soliz- son amedrentados y amenazados
de ser echados de sus fuentes de trabajo, por los transportistas y luego
le pongan chapa y candado y no ingrese nadie ni siquiera pacientes. “Pero
ahí no termina el problema, sino que hay que pagarles a los funcionarios sus aguinaldos de ley y sus sueldos de fin
de año y somos nosotros como institución los que tenemos que cumplir
con esos sueldos y aguinaldos”, afirmó. Añadió
que las enfermeras y los empleados de apoyo se encuentran desesperados,
porque no saben a donde recurrir para defender sus fuentes de trabajo. NIEGAN Dijo
que la dirigencia sindical de los transportistas aducen de que no son
ellos los que han contratado a ese personal y que por lo tanto, deben
irse de la institución y los sueldos sean cancelados por quienes los
han contratado. El
Dr. Soliz señaló que por el momento, este personal, todavía se
encuentra prestando sus servicios atendiendo a los pacientes que aún se
encuentran internos en la caja. “La gente acude a la institución porque hay un seguro bien establecido al que se tiene que dar cumplimiento, es un paquete que se ha dado a través del Departamento de Trabajo”, afirmó.
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Según directora del INE Oruro Equipos utilizados en el Censo 2001 son inventariados |
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La
directora del Instituto Nacional de Estadística Regional Oruro (INE),
María Cristina Campos, informó sobre un riguroso inventario de todos
los activos utilizados en el Censo 2001, posteriormente se ingresará a
una auditoría externa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Dijo
que el informe de la inventariación, tarea que está a cargo del
Administrador del INE Oruro, Wilfredo Gordillo, será enviado a la
central de La Paz hasta este fin de mes. Señaló
que los televisores, los VHS y rotafolios, se encuentran almacenados en
un depósito de la institución, “como han llegado, en el mismo estado
deben ser devueltos a La Paz, porque fueron adquiridos con recursos del
BID”, explicó. Campos
dijo que llegó un técnico del Departamento de Logística del INE,
encargado de todo el material didáctico para la realización de la
capacitación, “él hizo entrega de todo el material bajo un
inventario, ahora el Lic. Gordillo debe hacer el mismo descargo ante la
ciudad de La Paz”, añadió. La
autoridad del INE Oruro, señaló que todo el equipo será devuelto a La
Paz, pero no descartó la posibilidad de que se quede en Oruro, como los
equipos del Censo 92, proyectoras, retroproyectoras y grabadoras, que
son utilizados en seminarios, cursos y exposiciones sobre la información
que genera el INE Oruro. Manifestó
que el miércoles 28 recibió
un correo electrónico en el que INE Oruro tiene un plazo, hasta este
fin de mes (hoy), para presentar los informes de la inventariación y
hacer los descargos. EQUIPOS Entre
tanto el Administrador del INE Oruro, Wilfredo Gordillo, dijo que para
el Censo de Población 2001, se han recibido 9 televisores de 27
pulgadas, 9 VHS ambos de marca Daewo, 3 computadoras más impresoras, 4
escritorios, 2 vehículos Toyota, una motocicleta y rotafolios. A
estos equipos se suman 15 proyectoras de slides, 15 retroproyectoras, 15
radio grabadoras y 3 vehículos Toyota, material que fue adquirido por
el INE Oruro para el Censo 92. Esta
autoridad no habló de devolver equipos a La Paz, al contrario dijo que
se van a dar uso de acuerdo a las necesidades que tiene INE Oruro. Explicó
que los equipos adquiridos para INE Oruro, fue considerando la dimensión
de la regional, “en el momento se está haciendo la inventariación de
estos equipos, porque el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios establece esta tarea para la responsabilidad de quienes hacen
uso”, apuntó Gordillo. Aseguró que cada funcionario del INE Oruro es responsable de los activos que está a su cargo, si existe pérdida de alguno de estos equipos, pagan los responsables.
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Por
conducta antieconómica y contratos lesivos al estado Contraloría recomienda proceso penal contra ex alcalde Barrientos |
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La
Contraloría General de la República recomendó la realización de un
proceso penal contra el ex alcalde municipal de la ciudad, Jorge
Barrientos Zapata, por haberse encontrado indicios de responsabilidad
penal, conducta antieconómica y contratos lesivos contra el estado, en
el Proyecto de Infraestructura Educativa (PIE). Involucrados
en estos hechos están, el ex Oficial Mayor Administrativo de la Alcaldía,
Rimac Orozco, el ex Presidente del Concejo, André Schwartzberg y el
responsable de la empresa constructora CILSEA, que tuvo a su cargo las
construcciones previstas en este proyecto. El
informe final de la Contraloría General de la República, incluye una
serie de datos que sirvieron para llegar a esa conclusión y recomendación. El
PIE se ejecutó durante la gestión del ex Alcalde Jorge Barrientos,
mediante la firma de un contrato con la empresa CILSEA. Esta empresa
debió invertir el 80% del costo del proyecto y el 20% como contraparte
la Alcaldía, pero la Alcaldía, con un préstamo adquirido del Banco de
Crédito, resultó ser la que ejecutó el proyecto en su totalidad y no
CILSEA, según explicó, ayer, el Alcalde, Edgar
Bazán Ortega, quien señaló que en cumplimiento de la recomendación
de la Contraloría General de la República, iniciará la acción penal
correspondiente contra el ex Alcalde y los señalados dos implicados. El
monto que CILSEA debió contraer, en el señalado 80%, era de 3.600.000
dólares, contrato firmado en 1998 La
Alcaldía garantizó con 54 letras que entregó a CILSEA, cada una de
87.724,72 dólares. Este
trámite no fue aprobado por el Concejo Municipal, observado por la
Contraloría General de la República, lo mismo que el debido automático
en favor de CILSEA. El
proyecto integral tuvo un costo de 4.581.930,87 dólares; el contrato
suscrito con este monto el 12 de enero de 1998. La
empresa CILSEA incumplió la cláusula cuarta y primera del contrato de
financiamiento “respecto de hacer efectivo el financiamiento
comprometido del 80% de la construcción del Proyecto PIE, puesto que no
se efectivizó el mismo”, señala el informe de Contraloría RESPONSABILIDAD La
Contraloría establece indicios de responsabilidad penal contra, Jorge
Barrientos y Rimac Orozco “por estar los hechos tipificados en los artículos
221 Contratos Lesivos al Estado y 224 Conducta antieconómica del Código
Penal, por haber considerado en la
cláusula segunda del contrato de financiamiento, el devengamiento de un
interés del 11,75% y la garantía por parte del Gobierno Municipal de
Oruro, para el repago del financiamiento del 80% mencionado, con 54
letras cada una de $us 87.724,72, situación que no es consistente con
la cláusula cuarta del contrato de construcción, la cual establece que
la empresa constructora debería financiar el 80% de los trabajos de
construcción del Proyecto PIE” y dicho monto posteriormente sería
pagado por el Gobierno Municipal de Oruro a la empresa constructora,
previa presentación de planillas de avance de obra y previa presentación
de informes favorables del supervisor. Además, para tal efecto, se
emitió una instrucción irrevocable de débito automático ante el
Banco de Crédito de Bolivia, para el repago del financiamiento, no
obstante que al Gobierno Municipal de Oruro no le correspondía
financiar el 80% de la construcción del Proyecto PIE”. INVOLUCRADOS La
Contraloría señala como involucrados a André Schwartzberg, ex
Presidente del Concejo, por conducta antieconómica “por haber
usurpado funciones que no le competían al firma la nota 470/98 respecto
a la instrucción al Banco de Crédito para que efectúe el débito
automático diario de la cuenta corriente del Gobierno Municipal
de Oruro, para el repago de las 54 letras de cambio”, sin
observar el artículo 31 de la Constitución Política del Estado
y por estar al margen del artículo 37 de la Ley Orgánica de
Municipalidades. Miguel
Eróstegui Palenque, representante legal de CILSEA, por Incumplimiento
de contratos del Código Penal, respecto a que la empresa efectuará el financiamiento del 80% de la construcción del
Proyecto PIE “pero dicho financiamiento no se efectuó”. RECOMENDACIONES La
primera recomendación de la Contraloría a la Alcaldía: Instruir a las
unidades correspondientes se de cumplimiento a los artículos 35 de la
Ley 1178 y 62 del Reglamento de la Responsabilidad de la Función Pública. Recomendación segunda, informar a la Contraloría General de la República, el estado de la acción judicial. |