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Noticias Regionales


¿Se viene una nueva guerra del agua?

Temen graves daños con nueva Ley de Exportación de Aguas

**La venta de agua cruda a Chile sólo beneficiaría a determinadas empresas privadas y a la

economía vecina, pero a costa de la

producción nacional y de los campesinos de

Potosí, advierte la Fundación Solón**

 

Especial para LA PATRIA, ECONOTICIAS

El proyecto de Ley de exportación de aguas, que está a un paso de ser aprobada en el Congreso Nacional, ocasionará graves y funestos daños al patrimonio boliviano y a los sectores campesinos, advirtió la Fundación Solón.

Nueva ley puede generar una guerra del agua

La Fundación asegura que el proyecto vulnera acuerdos previos suscritos con la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) el 7 de octubre del pasado año. 

Según un documento de esta organización gubernamental, la aprobación de la ley de exportación de aguas sólo beneficiaría a determinadas empresas privadas y potenciaría las actividades económicas de Chile, a costa del debilitamiento de la producción agropecuaria nacional y de los propios campesinos de Potosí.

“Esta nueva ley puede ocasionar una nueva guerra del agua”, advirtió la Fundación Solón que aseguró que el proyecto que está en el Congreso tiene serios y profundos defectos legales y otros cuestionamientos de orden ambiental, económico, social y geopolítico.

DAÑOS AMBIENTALES

Entre las observaciones ambientales, la Fundación Solón sostiene que el proyecto de ley no contaría con estudios hidrológicos previos que demuestren la disponibilidad de agua subterránea en esa región desértica.

“Se pretende exportar arriba de los 3.000 litros por segundo, un volumen que es tres veces el suministro de agua en  la ciudad de Cochabamba, cuando en el Altiplano Sud las precipitaciones pluviales alcanzan sólo entre 80 a 150 mm al año”.

Además, “existe la posibilidad de que se trata de aguas fósiles y de que los acuíferos que serían explotados incidan también sobre la cuenca del Pilcomayo”, agrega el informe.

PÉRDIDAS ECONOMICAS

La denuncia sostiene también que no se han estudiado otras alternativas de aprovechamiento del agua aparte de la venta de aguas crudas a Chile, por lo que no se han tomado en cuenta proyectos nacionales de riego para la agropecuaria occidental.

“La venta de agua a Chile es un tema de geopolítica del Estado Boliviano sobre el que no ha habido una decisión nacional”.

“El grueso de las utilidades de este negocio ira a parar a manos de las empresas concesionarias pues se calcula una utilidad del 75 por ciento sobre el precio de venta y una inversión en 20 años equivalente al 10 por ciento de las utilidades”, agrega.

OBSERVACIONES LEGALES

En el  ámbito legal, las observaciones de la Fundación señalan que este proyecto de ley “sienta antecedentes para una futura ley de aguas mercantilista y privatista”, lo que es sumamente peligroso especialmente para los sectores campesinos.

“Este proyecto de ley restablece el régimen de concesiones eliminado en la Ley 2066 de agua potable y alcantarillado sanitario de abril del 2000”.

“Este proyecto de ley otorga a las superintendencias (SIRENARE) atribuciones para otorgar derechos de agua vulnerando la ley 2066 que eliminó cualquier mención a una superintendencia de aguas”.

Según la Fundación Solón, “el proyecto de ley de exportación crea la figura de venta y exportación que fue la causa de la guerra de aguas y el archivo del proyecto de la ley del recurso agua”.

PELIGROS SOCIALES

“La aprobación de este proyecto de ley generará una nueva guerra del agua. Los regantes de todo el país ya anunciaron medidas de presión desde el próximo lunes y la CSUTCB y la Coordinadora denuncian que se están violando los acuerdos”, agrega el informe.

“Se volverá a cerrar el proceso de construcción de una legislación concertada de aguas con las organizaciones sociales que se ha empezado a desarrollar desde junio del presente año”, lamentó la Fundación Solón.

 

Según evaluación de la Comisión

Interinstitucional de Tasa de Aseo

La empresa EMAO está al borde de la quiebra

 

La Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo Urbano, en conferencia de prensa, afirmó que la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO) está al borde de la quiebra; sin embargo, rechazó cualquier alza de tarifas y dijo que el directorio debe llamar a una licitación.

El directorio de la comisión interinstitucional, nombrado por el Concejo Municipal, en mayo de este año, señaló que el tema de la tasa de aseo, es un problema que importa a toda la ciudadanía.

Remarcó que el trabajo de más de 4 meses descubrió muchas irregularidades en la administración de EMAO, desde el manejo técnico, operativo y hasta el económico-financiero.

“Vamos a establecer responsabilidades y mantener la categoría de usuarios”, enfatizó, a tiempo de señalar que la deuda de cerca de medio millón de dólares al operador privado D-Enasa, es responsabilidad de EMAO y no del pueblo.

DESCUIDO

El presidente de la Comisión Interinstitucional, Florencio García, explicó que existen datos que demuestran que EMAO nunca tomó previsiones para una administración eficiente de recursos.

Explicó que no hubo cálculos precisos sobre la generación de basura por persona ni existen datos exactos sobre la cantidad de usuarios, sólo se tiene los proporcionados por ELFEO, que llega a 37.785 usuarios.

Agregó que en Oruro por lo menos hay más de 50 mil usuarios, cálculos que se han hecho gracias a los datos proporcionados por el INE, “eso quiere decir que más de 15 mil usuarios no pagan por el recojo de basura”, manifestó García.

Por otro lado, la investigación de la comisión, reveló también que en EMAO hubo incrementos desmedidos de personal y sueldos, “en el pago a  35 funcionarios EMAO gasta unos 210 mil dólares por año, si comparamos, D-Enasa gasta solamente 99 mil dólares al año en 135 funcionarios”, aseveró.

Igualmente apuntó que la tasa de 18 dólares por tonelada de basura que se paga a D-Enasa, cubre los costos del tratamiento final de la basura, por eso en 1998 el operador privado ofreció realizar este trabajo gratis.

“Eso significa que el operador pierde unos 79 mil dólares al año, ¿podría perder esa cantidad D-Enasa?”, preguntó, respondiendo que todo eso se compensa con la tasa de 18 dólares.

MEDIDORES

La Comisión Interinstitucional, también se habló del censo de medidores realizado por la Carrera de Comunicación Social, cuyos resultados podrían ser entregados por su actual director de dicha unidad académica, Néstor Suxo, en las próximas horas.

Los miembros de la comisión denunciaron que hubo boicot en esta tarea y acusaron a los docentes de la carrera, Niver Montes y Néstor Suxo, de ser los  culpables para que no concluya exitosamente este censo.

AL CONCEJO

Los directivos de la comisión, se abstuvieron de entregar a la prensa toda la documentación del trabajo que realizaron, indicando que primero será remitido al Concejo Municipal en una sesión que se llevará a efecto en los ambientes del Consejo Universitario, el próximo martes.

Allí, se pretenderá explicar todo lo investigado sobre el tema EMAO, no sólo a los concejales sino todo el pueblo desde la evaluación técnica, el operativo y el económico-financiero.

En la mencionada sesión concejal, se denunciará también la incapacidad del alcalde Edgar Bazán Ortega, que ya conocía las irregularidades de EMAO a través de una auditoría realizada en 1998, pero “no hizo nada y hubo total falta a la labor de fiscalización”, aseveraron.

Una vez capacitados los municipios los esperan

Cavero: 308 egresados de las universidades

coadyuvan a los municipios a ser más eficientes

308 egresados de las universidades del país están listos para enfrentar el desafío de coadyuvar a los gobiernos locales a ser más eficientes. “Ha llegado la hora de que apoyen a luchar contra la pobreza con sus conocimientos y enfrentando la realidad en los confines de la patria”, afirmó el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Ramiro Cavero a tiempo de clausurar el curso de capacitación del programa “Jóvenes contra la Pobreza”.

Los egresados durante quince días fueron capacitados en la problemática municipal, recibieron información sobre la realidad que viven los municipios, las necesidades y dificultades que enfrentan para administrar adecuadamente sus

Egresados trabajarán en municipios

recursos y fundamentalmente para lograr el desarrollo de sus poblaciones.

Los jóvenes egresados de las universidades del Sistema trabajaran en los 314 municipios de todo el país, desde el martes 20 de noviembre a requerimiento de los propios alcaldes y en cumplimiento de un compromiso del gobierno de apoyar sus gestiones para lograr una adecuada ejecución de recursos económicos.

“Ustedes son los primeros en enfrentar el desafío de ir a los municipios y apoyar a los alcaldes a realizar una buena gestión, muchas serán las dificultades que enfrenten, pero el país los necesita y brindarán un verdadero respaldo”, les dijo el ministro Cavero a los egresados que se capacitaron en la Universidad Católica de la ciudad de La Paz.

Los egresados de las promociones 2000-2001 de las universidades del Sistema fueron seleccionados tomando en cuenta su promedio de calificaciones  y corresponden a las carreras de economía, administración de empresas, auditoria, sociología, ingeniería, arquitectura y agronomía.

El trabajo que desarrollarán será colaborar en la gestión del desarrollo local  formulando los  Programas Operativos Anuales, incorporando recursos del Fondo Productivo Social y del alivio de deuda Hipc II, elaborando Proyectos, licitación, adjudicación y contratación de obras.

Los egresados recibirán un estipendio mensual equivalente a dos salarios mínimos. Su trabajo será dirigido y monitoreado por docentes de su carrera, y después de seis meses de trabajo y luego de la realización de un informe les permitirá titularse.

El Ministro Cavero dirigiéndose a los más de 80 egresados que se capacitaron  la Universidad Católica le dijo: “ahora les toca aplicar sus conocimientos y estarán solos para tomar decisiones y estarán solos enfrentando la realidad, en algunos lugares con seguridad que no existen  libros, ni teléfono, ni sistema bancario. Muchos municipios no cuentan con libros de registro ni de contabilidad ni otros instrumentos que permite una adecuada administración” y serán ustedes quienes ayuden a mejorar estas condiciones de trabajo.

“Eso será enfrentar una realidad, porque se darán cuenta que lo que se vive y pasa en los municipios no está en los libros y lo que está en los libros no está en los municipios”. Sin embargo la Universidad los ha preparado y eso es importante, reiteró Cavero.

Asimismo el Ministro aprovechó la oportunidad para agradecer tanto a la Universidad Católica Boliviana como a todo el sistema universitario por el respaldo que brindaron para permitir que el proyecto piloto de “Jóvenes Contra la Pobreza” se haga realidad.

 

Según Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo

Concejo Municipal no aprobará contrato firmado con D-Enasa

El Concejo Municipal, no aprobará el contrato, que ya fue firmado por el directorio de EMAO con el operador privado  D-Enasa, ampliando por otros 5 años para el recojo de basura en Oruro, según dijo a LA PATRIA el presidente de la Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo, Florencio García Veizaga.

“El concejal René Tapia, nos ha dicho textualmente que ese contrato no será aprobado en el seno del Concejo Municipal, porque no existe ningún informe de la comisión”, dijo.

Agregó que después de compatibilizar el contrato será congelado, “así tiene que ser y las instituciones orureñas vamos a apuntar a eso, de que ese contrato no tiene que ir adelante”, advirtió.

Recordó que el propio presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE), como miembro del directorio de EMAO dijo que ese contrato no fue aprobado.

“El contrato fue firmado por el alcalde Bazán en forma unipersonal y adolece de varias fallas”, afirmó.

Por su parte, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Oruro, que forma parte del directorio de EMAO, anunció que tomará conocimiento sobre el contrato firmado con D-Enasa, para luego pronunciarse en forma oficial en torno a este asunto.

Su presidente, Carlos Antezana, dijo que hasta la próxima semana ya se podrá conocer la posición de la SIB, porque no puede haber firma de contratos de ninguna naturaleza, sin el aval de todo el directorio.

Al referirse a las tarifas por el recojo de basura, García aseveró que día a día las mismas son incrementadas a todos los sectores, por decisión del gerente de EMAO, Guillermo Quispe.

“Esto es ilegal por lo tanto en este tema, vamos hacer que el Ministerio Público actúe”, amenazó.

Consultado sobre la deuda de EMAO a D-Enasa, que bordea los 500 mil dólares, señaló que eso es responsabilidad de esta institución de aseo, “los usuarios hemos pagado sagradamente las tarifas por el aseo urbano, por lo tanto no debía haber existido ninguna deuda”, dijo.

 

Transredes condiciona entrega de $us 3.7

millones por compensación

* El desembolso de los dineros de la compensación serán depositados sólo en los municipios que tengan personaría jurídica

 

La empresa Transredes condicionó el pago de los 3.7 millones de dólares de compensación fijado en la auditoría ambiental, a la firma de un convenio definitivo y que el depósito sólo se cumplirá con los municipios con personería jurídica.

Esta propuesta será analizada por los comunarios afectados con el derrame de petróleo ocurrido el 30 de enero de 2000 en el río Desaguadero.

La propuesta del convenio de Transredes fue dada a

Ministro Cavero explicó propuesta de Transredes

conocer por el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Ramiro Cavero Uriona, ayer en la reunión con los comunarios, en ambientes de la Prefectura del Departamento.

Según Transredes los recursos se depositarán a las cuentas de los municipios que tengan personaría jurídica, para que de ellos los comunarios puedan solicitar el depósito a sus cuentas personales.

En una de las cláusulas de la propuesta el documento indica que por el convenio, la comunidad y el Gobierno Municipal, acuerdan administrar el dinero depositado por Transredes en forma conjunta, velando por la ejecución de proyectos destinados a la recuperación de los recursos afectados por el derrame, en el marco del desarrollo sostenible.

AUDITORIA

La empresa al aceptar las determinaciones de la auditoría admite tres puntos: el pago de los 3.7 millones de dólares de la compensación, los 2.2 millones de dólares por el daño a las praderas nativas y el plan de adecuación y remediación ambiental, donde existe un monitoreo que llegan incluso hasta los cinco años en temas de salud animal, salud humana, tierras y vegetación.

Explicó que efectuada la compensación ninguno comunario puede llevar adelante ningún un juicio civil a la empresa por el daño.

Explicó que Transredes ya anticipo a algunas comunidades montos determinados que serán descontados de los 3.7 millones de dólares de la compensación, pero aquellas comunidades a quienes se les dio más del monto establecido de compensación determinada por la auditoría, no se pedirá la devolución.

Se explicó que no es posible descontar a la empresa los gastos que se utilizaron en la limpieza, porque era responsabilidad de Transredes cumplir con esas tareas después de la contaminación.

COMUNARIOS

En la reunión, los comunarios manifestaron que revisarán la propuesta del convenio propuesto por Transredes para legalizar los pagos, donde se debe considerar que en caso de presentarse daños a mediano plazo exista una instancia que resuelva estos casos comprobados científica y técnicamente.

Además plantearon participar en el Plan de Adecuación Ambiental presentado por la empresa, documento que será entregado a los afectados en la próxima visita del ministro Cavero, programada para la próxima semana.

Asimismo, hicieron conocer que el trámite para conseguir la personería jurídica para los municipios no será fácil, sin embargo, el Prefecto del Departamento, Fausto Morales Benítez se comprometió a cooperar en la agilización de ese trámite, en un plazo de 15 días.

También solicitaron a la autoridad gubernamental hacer cumplir la Resolución Ministerial, que determina la dotación de forraje a Chuquiña y otras comunidades.

En la reunión, técnicos de la empresa auditora ENSR, explicaron los pormenores del dictamen de la auditoría y el proceso de cómo se fijaron los montos globales y particulares destinados a los afectados.