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Noticias Regionales |
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¿Se
viene una nueva guerra del agua? Temen graves daños con nueva Ley de Exportación de Aguas |
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La
Fundación asegura que el proyecto vulnera acuerdos previos suscritos
con la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) el 7 de octubre del pasado año.
Según
un documento de esta organización gubernamental, la aprobación de la
ley de exportación de aguas sólo beneficiaría a determinadas
empresas privadas y potenciaría las actividades económicas de Chile,
a costa del debilitamiento de la producción agropecuaria nacional y
de los propios campesinos de Potosí. “Esta
nueva ley puede ocasionar una nueva guerra del agua”, advirtió la
Fundación Solón que aseguró que el proyecto que está en el
Congreso tiene serios y profundos defectos legales y otros
cuestionamientos de orden ambiental, económico, social y geopolítico. DAÑOS
AMBIENTALES Entre
las observaciones ambientales, la Fundación Solón sostiene que el
proyecto de ley no contaría con estudios hidrológicos previos que
demuestren la disponibilidad de agua subterránea en esa región desértica.
“Se
pretende exportar arriba de los 3.000 litros por segundo, un volumen
que es tres veces el suministro de agua en
la ciudad de Cochabamba, cuando en el Altiplano Sud las
precipitaciones pluviales alcanzan sólo entre 80 a 150 mm al año”.
Además,
“existe la posibilidad de que se trata de aguas fósiles y de que
los acuíferos que serían explotados incidan también sobre la cuenca
del Pilcomayo”, agrega el informe. PÉRDIDAS
ECONOMICAS La
denuncia sostiene también que no se han estudiado otras alternativas
de aprovechamiento del agua aparte de la venta de aguas crudas a
Chile, por lo que no se han tomado en cuenta proyectos nacionales de
riego para la agropecuaria occidental. “La
venta de agua a Chile es un tema de geopolítica del Estado Boliviano
sobre el que no ha habido una decisión nacional”. “El
grueso de las utilidades de este negocio ira a parar a manos de las
empresas concesionarias pues se calcula una utilidad del 75 por ciento
sobre el precio de venta y una inversión en 20 años equivalente al
10 por ciento de las utilidades”, agrega. OBSERVACIONES
LEGALES En
el ámbito legal, las
observaciones de la Fundación señalan que este proyecto de ley
“sienta antecedentes para una futura ley de aguas mercantilista y
privatista”, lo que es sumamente peligroso especialmente para los
sectores campesinos. “Este
proyecto de ley restablece el régimen de concesiones eliminado en la
Ley 2066 de agua potable y alcantarillado sanitario de abril del
2000”. “Este
proyecto de ley otorga a las superintendencias (SIRENARE) atribuciones
para otorgar derechos de agua vulnerando la ley 2066 que eliminó
cualquier mención a una superintendencia de aguas”. Según
la Fundación Solón, “el proyecto de ley de exportación crea la
figura de venta y exportación que fue la causa de la guerra de aguas
y el archivo del proyecto de la ley del recurso agua”. PELIGROS
SOCIALES “La
aprobación de este proyecto de ley generará una nueva guerra del
agua. Los regantes de todo el país ya anunciaron medidas de presión
desde el próximo lunes y la CSUTCB y la Coordinadora denuncian que se
están violando los acuerdos”, agrega el informe. “Se volverá a cerrar el proceso de construcción de una legislación concertada de aguas con las organizaciones sociales que se ha empezado a desarrollar desde junio del presente año”, lamentó la Fundación Solón.
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Según evaluación de la Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo |
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La
empresa EMAO está al borde de la quiebra La
Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo Urbano, en conferencia de
prensa, afirmó que la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO) está al
borde de la quiebra; sin embargo, rechazó cualquier alza de tarifas y
dijo que el directorio debe llamar a una licitación. El
directorio de la comisión interinstitucional, nombrado por el Concejo
Municipal, en mayo de este año, señaló que el tema de la tasa de
aseo, es un problema que importa a toda la ciudadanía. Remarcó
que el trabajo de más de 4 meses descubrió muchas irregularidades en
la administración de EMAO, desde el manejo técnico, operativo y
hasta el económico-financiero. “Vamos
a establecer responsabilidades y mantener la categoría de
usuarios”, enfatizó, a tiempo de señalar que la deuda de cerca de
medio millón de dólares al operador privado D-Enasa, es
responsabilidad de EMAO y no del pueblo. DESCUIDO El
presidente de la Comisión Interinstitucional, Florencio García,
explicó que existen datos que demuestran que EMAO nunca tomó
previsiones para una administración eficiente de recursos. Explicó
que no hubo cálculos precisos sobre la generación de basura por
persona ni existen datos exactos sobre la cantidad de usuarios, sólo
se tiene los proporcionados por ELFEO, que llega a 37.785 usuarios. Agregó
que en Oruro por lo menos hay más de 50 mil usuarios, cálculos que
se han hecho gracias a los datos proporcionados por el INE, “eso
quiere decir que más de 15 mil usuarios no pagan por el recojo de
basura”, manifestó García. Por
otro lado, la investigación de la comisión, reveló también que en
EMAO hubo incrementos desmedidos de personal y sueldos, “en el pago
a 35 funcionarios EMAO gasta unos 210 mil dólares por año, si
comparamos, D-Enasa gasta solamente 99 mil dólares al año en 135
funcionarios”, aseveró. Igualmente
apuntó que la tasa de 18 dólares por tonelada de basura que se paga
a D-Enasa, cubre los costos del tratamiento final de la basura, por
eso en 1998 el operador privado ofreció realizar este trabajo gratis. “Eso
significa que el operador pierde unos 79 mil dólares al año, ¿podría
perder esa cantidad D-Enasa?”, preguntó, respondiendo que todo eso
se compensa con la tasa de 18 dólares. MEDIDORES La
Comisión Interinstitucional, también se habló del censo de
medidores realizado por la Carrera de Comunicación Social, cuyos
resultados podrían ser entregados por su actual director de dicha
unidad académica, Néstor Suxo, en las próximas horas. Los
miembros de la comisión denunciaron que hubo boicot en esta tarea y
acusaron a los docentes de la carrera, Niver Montes y Néstor Suxo, de
ser los culpables para que no concluya exitosamente este censo. AL
CONCEJO Los
directivos de la comisión, se abstuvieron de entregar a la prensa
toda la documentación del trabajo que realizaron, indicando que
primero será remitido al Concejo Municipal en una sesión que se
llevará a efecto en los ambientes del Consejo Universitario, el próximo
martes. Allí,
se pretenderá explicar todo lo investigado sobre el tema EMAO, no sólo
a los concejales sino todo el pueblo desde la evaluación técnica, el
operativo y el económico-financiero. En la mencionada sesión concejal, se denunciará también la incapacidad del alcalde Edgar Bazán Ortega, que ya conocía las irregularidades de EMAO a través de una auditoría realizada en 1998, pero “no hizo nada y hubo total falta a la labor de fiscalización”, aseveraron.
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Una
vez capacitados los municipios los esperan Cavero: 308 egresados de las universidades coadyuvan a los municipios a ser más eficientes |
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recursos
y fundamentalmente para lograr el desarrollo de sus poblaciones. Los
jóvenes egresados de las universidades del Sistema trabajaran en los
314 municipios de todo el país, desde el martes 20 de noviembre a
requerimiento de los propios alcaldes y en cumplimiento de un
compromiso del gobierno de apoyar sus gestiones para lograr una
adecuada ejecución de recursos económicos. “Ustedes
son los primeros en enfrentar el desafío de ir a los municipios y
apoyar a los alcaldes a realizar una buena gestión, muchas serán las
dificultades que enfrenten, pero el país los necesita y brindarán un
verdadero respaldo”, les dijo el ministro Cavero a los egresados que
se capacitaron en la Universidad Católica de la ciudad de La Paz. Los
egresados de las promociones 2000-2001 de las universidades del
Sistema fueron seleccionados tomando en cuenta su promedio de
calificaciones y corresponden a las carreras de economía, administración
de empresas, auditoria, sociología, ingeniería, arquitectura y
agronomía. El
trabajo que desarrollarán será colaborar en la gestión del
desarrollo local formulando los Programas
Operativos Anuales, incorporando recursos del Fondo Productivo Social
y del alivio de deuda Hipc II, elaborando Proyectos, licitación,
adjudicación y contratación de obras. Los
egresados recibirán un estipendio mensual equivalente a dos salarios
mínimos. Su trabajo será dirigido y monitoreado por docentes de su
carrera, y después de seis meses de trabajo y luego de la realización
de un informe les permitirá titularse. El
Ministro Cavero dirigiéndose a los más de 80 egresados que se
capacitaron la
Universidad Católica le dijo: “ahora les toca aplicar sus
conocimientos y estarán solos para tomar decisiones y estarán solos
enfrentando la realidad, en algunos lugares con seguridad que no
existen libros, ni teléfono,
ni sistema bancario. Muchos municipios no cuentan con libros de
registro ni de contabilidad ni otros instrumentos que permite una
adecuada administración” y serán ustedes quienes ayuden a mejorar
estas condiciones de trabajo. “Eso
será enfrentar una realidad, porque se darán cuenta que lo que se
vive y pasa en los municipios no está en los libros y lo que está en
los libros no está en los municipios”. Sin embargo la Universidad
los ha preparado y eso es importante, reiteró Cavero. Asimismo el Ministro aprovechó la oportunidad para agradecer tanto a la Universidad Católica Boliviana como a todo el sistema universitario por el respaldo que brindaron para permitir que el proyecto piloto de “Jóvenes Contra la Pobreza” se haga realidad.
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Según
Comisión Interinstitucional de Tasa de Aseo Concejo Municipal no aprobará contrato firmado con D-Enasa |
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El
Concejo Municipal, no aprobará el contrato, que ya fue firmado por el
directorio de EMAO con el operador privado
D-Enasa, ampliando por otros 5 años para el recojo de basura en
Oruro, según dijo a LA PATRIA el presidente de la Comisión
Interinstitucional de Tasa de Aseo, Florencio García Veizaga. “El
concejal René Tapia, nos ha dicho textualmente que ese contrato no será
aprobado en el seno del Concejo Municipal, porque no existe ningún
informe de la comisión”, dijo. Agregó
que después de compatibilizar el contrato será congelado, “así
tiene que ser y las instituciones orureñas vamos a apuntar a eso, de
que ese contrato no tiene que ir adelante”, advirtió. Recordó
que el propio presidente de la Federación de Juntas Vecinales
(FEDJUVE), como miembro del directorio de EMAO dijo que ese contrato no
fue aprobado. “El
contrato fue firmado por el alcalde Bazán en forma unipersonal y
adolece de varias fallas”, afirmó. Por
su parte, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Oruro, que
forma parte del directorio de EMAO, anunció que tomará conocimiento
sobre el contrato firmado con D-Enasa, para luego pronunciarse en forma
oficial en torno a este asunto. Su
presidente, Carlos Antezana, dijo que hasta la próxima semana ya se
podrá conocer la posición de la SIB, porque no puede haber firma de
contratos de ninguna naturaleza, sin el aval de todo el directorio. Al
referirse a las tarifas por el recojo de basura, García aseveró que día
a día las mismas son incrementadas a todos los sectores, por decisión
del gerente de EMAO, Guillermo Quispe. “Esto
es ilegal por lo tanto en este tema, vamos hacer que el Ministerio Público
actúe”, amenazó. Consultado sobre la deuda de EMAO a D-Enasa, que bordea los 500 mil dólares, señaló que eso es responsabilidad de esta institución de aseo, “los usuarios hemos pagado sagradamente las tarifas por el aseo urbano, por lo tanto no debía haber existido ninguna deuda”, dijo.
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Transredes condiciona entrega de $us 3.7 millones por compensación |
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conocer
por el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Ramiro Cavero
Uriona, ayer en la reunión con los comunarios, en ambientes de la
Prefectura del Departamento. Según
Transredes los recursos se depositarán a las cuentas de los municipios
que tengan personaría jurídica, para que de ellos los comunarios
puedan solicitar el depósito a sus cuentas personales. En
una de las cláusulas de la propuesta el documento indica que por el
convenio, la comunidad y el Gobierno Municipal, acuerdan administrar el
dinero depositado por Transredes en forma conjunta, velando por la
ejecución de proyectos destinados a la recuperación de los recursos
afectados por el derrame, en el marco del desarrollo sostenible. AUDITORIA La
empresa al aceptar las determinaciones de la auditoría admite tres
puntos: el pago de los 3.7 millones de dólares de la compensación, los
2.2 millones de dólares por el daño a las praderas nativas y el plan
de adecuación y remediación ambiental, donde existe un monitoreo que
llegan incluso hasta los cinco años en temas de salud animal, salud
humana, tierras y vegetación. Explicó
que efectuada la compensación ninguno comunario puede llevar adelante
ningún un juicio civil a la empresa por el daño. Explicó
que Transredes ya anticipo a algunas comunidades montos determinados que
serán descontados de los 3.7 millones de dólares de la compensación,
pero aquellas comunidades a quienes se les dio más del monto
establecido de compensación determinada por la auditoría, no se pedirá
la devolución. Se
explicó que no es posible descontar a la empresa los gastos que se
utilizaron en la limpieza, porque era responsabilidad de Transredes
cumplir con esas tareas después de la contaminación. COMUNARIOS En
la reunión, los comunarios manifestaron que revisarán la propuesta del
convenio propuesto por Transredes para legalizar los pagos, donde se
debe considerar que en caso de presentarse daños a mediano plazo exista
una instancia que resuelva estos casos comprobados científica y técnicamente. Además
plantearon participar en el Plan de Adecuación Ambiental presentado por
la empresa, documento que será entregado a los afectados en la próxima
visita del ministro Cavero, programada para la próxima semana. Asimismo,
hicieron conocer que el trámite para conseguir la personería jurídica
para los municipios no será fácil, sin embargo, el Prefecto del
Departamento, Fausto Morales Benítez se comprometió a cooperar en la
agilización de ese trámite, en un plazo de 15 días. También
solicitaron a la autoridad gubernamental hacer cumplir la Resolución
Ministerial, que determina la dotación de forraje a Chuquiña y otras
comunidades. En la reunión, técnicos de la empresa auditora ENSR, explicaron los pormenores del dictamen de la auditoría y el proceso de cómo se fijaron los montos globales y particulares destinados a los afectados.
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