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Noticias Regionales


Usurpación de funciones

Proyectos firmados por supuestos

profesionales son declarados nulos

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Oruro, Carlos Antezana, dijo que cualquier proyecto técnico firmado por un "supuesto" ingeniero, queda nulo, "la ley es clara, cualquier persona que no es ingeniero, no puede hacer ningún informe técnico ni trabajar en aspectos técnicos", afirmó.

A la posición de la SIB, se suma la denuncia realizada por las empresas que fueron descalificadas en el proyecto "Electrificación Q’aqachaca", situación que consideran ilegal, de que Jorge Castillo Nolasco, miembro de la comisión de evaluación técnica, no es ingeniero ni técnico.

EMOCI, SIC Or., COBRA-ESE Asociados, EDESER y CABALLERO ASOCIADOS, aseguran que la intervención del mencionado funcionario pone en duda la seriedad de los actos de la prefectura, en el proceso de licitación pública del proyecto de electrificación.

NO ES INGENIERO

La SIB Oruro, a través de una certificación Nº 167/01, evidencia que Jorge Castillo Nolasco, no está registrado como ingeniero ni como técnico, por lo tanto no está habilitado para suscribir ni elaborar informes técnicos.

El presidente de la institución que aglutina a los ingenieros del país, afirmó que Castillo podría ser pasible a sanciones estipuladas en el Código Penal por "usurpación de funciones" y "uso indebido de título profesional", "la denuncia es de orden público", comentó Antezana.

Hizo referencia a la Ley 1449 del ejercicio legal de la profesión de ingeniero, incidiendo que el Art. 10 señala que ningún cargo de ingeniero ni técnico puede ser desempeñado por persona que no esté habilitada.

Igualmente dijo que el Art. 11, advierte que la usurpación de la profesión de ingeniero es sancionado con un juicio penal, y el Art. 13 señala que todo proyecto técnico debe llevar la firma de un profesional con Registro de Ingeniero.

Antezana, fue claro al mencionar que la SIB ha solicitado a la prefectura, la relación de profesionales ingenieros, sin embargo -dijo- no se ha recibido ningún informe sobre el personal técnico con que cuenta.

"Si no hay un responsable técnico cuando una obra ya está concluida, quien sufre las consecuencias es el pueblo de Oruro y la región, por eso nosotros hemos solicitado que los proyectos estén a cargo de un profesional especialista en el área", aseveró.

PIDEN INFORMES

Por su parte las empresas que denunciaron esta irregularidad, a través de un memorial dirigido al Prefecto del Departamento de Oruro, Fausto Morales Benítez, advierten que todas estas falencias y actuaciones ilegales, también serán de conocimiento del Consejo Departamental.

En el memorial, las 5 empresas solicitaron al prefecto Morales, la remisión de fotocopias legalizadas de todos los actuados, decretos memoriales, resoluciones, notificaciones e informes, del proceso de licitación del proyecto "Electrificación Q’aqachaca", las mismas deben ser elevadas sin distorsiones que disfracen la realidad.

 

A comunidades afectadas que firmaron convenios marco

CARE culminó 35 de 122 proyectos

de la compensación por el derrame

Dentro el Programa Desaguadero que ejecuta la Organización No Gubernamental (ONG) CARE Bolivia, a invitación de Transredes, de los 122 proyectos que fueron elegidos por las comunidades y grupos de familias como modalidad de compensación por la contaminación con el derrame de petróleo, ocurrido el 30 de enero de 2000, 35 fueron culminados.

Los 122 proyectos representan el 96 por ciento de los fondos totales aplicados en compensación por el Programa Desaguadero, de los cuales 43 se encuentran en proceso de ejecución y 44 están en proceso de preparación para iniciar su implementación, según el reporte del primer año de trabajo de CARE, que culminó en julio de 2001.

Los proyectos están dirigidos a las áreas productiva y social, 112 proyectos están comprendidos en el área productiva y 10 corresponden al área social. El 73 por ciento pertenece a proyectos grupales y los comunitarios alcanza un 27 por ciento. La inversión en proyectos grupales ejecutados alcanza la cifra de 654.165 dólares y para los proyectos comunitarios ejecutados la cifra de 17.500 dólares.

Se plantea ejecutar 30 nuevos proyectos durante el segundo año que culminará en julio de 2002, según el referido informe.

DESTINO

El destino que se le da a las compensaciones dentro las modalidades de compensación, son a construcción de viviendas, sistema de agua potable, siembra de forrajes ampliación de red eléctrica, compra de vacas, llamas y ovejas; compra de bicicletas, tractores agrícolas, limpieza de canal, mejoramiento de ganado, construcción Módulo Lechero, excavación de pozos de agua potable, compra de tierra, víveres y herramientas.

PROYECTOS COMUNITARIOS

Dentro los convenios marco firmado entre las comunidades afectadas y Transredes, se acordaron proyectos comunitarios, que son aquellas intervenciones que favorecen a la mayoría de los integrantes de una comunidad.

La modalidad es elegida por los miembros de la comunidad, así como el tipo de proyectos que será ejecutado con los resultados del Programa de Compensación.

Un total de 35 proyectos comunitarios han sido elegidos durante el primer año del Programa como modalidad de compensación. De éstos 35 proyectos, 15 están en plena ejecución 2 ya finalizados y 18 serán iniciados en corto plazo, explica CARE Bolivia.

PROYECTOS GRUPALES

Los proyectos grupales son intervenciones que favorecen a grupos de familias dentro una comunidad. Esta modalidad permite que las familias afectadas agrupen los fondos individuales de compensación, inviertan en forma conjunta, facilitando el acceso a beneficios mutuos del Programa Desaguadero, como la capacitación y la asistencia técnica sin costo para ellos, indica la ONG.

Un total de 87 proyectos grupales fueron elegidos por las familias afectadas como modalidad de compensación a causa del derrame de petróleo. "De éstos 87 proyectos, 33 se ejecutaron satisfactoriamente y 54 están en ejecución", destaca CARE, institución que desarrolla el proceso de compensación que Transredes acordó con las comunidades.

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Cada año surgen 16 mil nuevos minifundios

Minifundio y crisis llevan a la

ruina a la economía campesina

ECONOTICIAS.- El minifundio y la crisis productiva están condenando a la ruina a la economía campesina del altiplano y los valles, donde predomina una bajísima productividad, reina la pobreza y crece el descontento.

El proceso de fragmentación de la tierra es tan extremo y acelerado en estas regiones que, según un informe del Ministerio de Agricultura, surgen cada año 16 mil nuevos minifundios, lo que dificulta los procesos productivos y los torna inviables en muy corto tiempo.

Hoy, en promedio, cada campesino del altiplano y los valles tiene mucho menos tierra que antes, por lo que se está dando también un acelerado proceso de abandono de las áreas tradicionales y una fuerte migración del campo a las ciudades y del occidente al oriente.

El resultado de este proceso es el ensanchamiento de los cinturones de pobreza y marginalidad en las principales ciudades y crecientes conflictos por la posesión de tierras especialmente en el oriente, según establecen diversos estudios.

LA FALTA DE TIERRAS

Las estadísticas oficiales establecen que nueve de cada 10 habitantes del agro están sumidos en la pobreza, generada básicamente por la falta de acceso a tierras aptas para la agropecuaria.

"La extrema concentración de los mejores recursos naturales de tierra, agua y bosques en manos de minorías privilegiadas, a pesar de la Reforma Agraria de 1953", es una de las principales causas para la crisis campesina, asegura un informe presentado por el Jubileo 2000.

"Enormes latifundios improductivos continúan en manos de pocas familias en los llanos amazónicos y tierras bajas del país. Esta estructura de tenencia de la tierra, inequitativa e injusta, constituye el principal factor explicativo de la actual situación agraria", agrega.

Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura muestran que el 87 por ciento de las tierras (28 millones de hectáreas) están en manos de solamente el 7 por ciento de los grandes propietarios de dotaciones agrícolas, mientras que el restante 13 por ciento de las tierras (4 millones de hectáreas) es de propiedad de los campesinos.

Esta situación se agrava porque los grandes propietarios tienen en su poder las mejores tierras, que sin embargo no están en producción, mientras millones de campesinos se debaten en la miseria porque disponen de muy poca tierra, la que además es cada vez menos fértil y menos apta para la agricultura.

En Bolivia, según la Superintendencia Agraria, sólo el 3,7 por ciento de la tierra es potencialmente apta para el uso agropecuario intensivo, por lo que las disputas entre campesinos, agropecuarios y especuladores son crecientes.

CONDICIONES INFRAHUMANAS

Según el diagnóstico presentado por organizaciones sociales ligadas a la Iglesia Católica, "la mayoría de la población que habita los campos y bosques de Bolivia continúa viviendo en condiciones infrahumanas".

"Actualmente hay un estrangulamiento de las actividades económicas-productivas de campesinos e indígenas, particularmente en la producción de alimentos y sus derivados, ya que no tienen condiciones materiales que les permitan competir con los productos de importación, subsidiados en sus países de origen".

A esto se suma que hay "una notable dispersión y aislamiento de la población rural, incipiente desarrollo tecnológico, inexistencia de políticas públicas de investigación y extensión tecnológica agropecuaria y total inermidad ante las adversidades climáticas".

El reporte establece también que existe "una aguda descapitalización financiera de las actividades productivas rurales y la falta de instituciones de fomento al crédito y al financiamiento sustentable de la producción y el mercado de productos rurales".