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Occidente del país debe ser declarado zona de desastre

La producción minera aporta $us 425

millones a la balanza de pagos

* Oruro, Potosí y parte de La Paz tienen en la minería el eje articulador para generar empleos

 

LA PATRIA

El occidente del país debe ser declarado zona de desastre nacional, porque Bolivia recibe divisas de libre disponibilidad de la minería, coadyuvando de esta forma a la contracción del déficit de la balanza de pagos.

La producción de zinc contribuye con 170,6 millones de dólares; el estaño contribuye con 76 millones; el oro aporta con 88 millones; la plata con 74 millones, el

Sector minero exige reactivación

wolfran con 1,9 millones; el antimonio con 1,6 millones; y otros minerales con 12,9 millones de dólares, según el informe de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia.

En términos agregados, la producción minera aporta a la balanza de pagos con 425 millones de dólares, representando el 31,98 por ciento del total de las exportaciones nacionales.

La minería del occidente, en un contexto de crisis y sin apoyo estatal alguno continúa constituyendo el sostén de la economía del país, frente al 12,8 por ciento del sector de hidrocarburos que cuenta con ingentes recursos de capital y mercados asegurados y el 40,92 por ciento del sector no tradicional que continuamente recibe el apoyo del gobierno, a través de políticas fiscales y monetarias.

En los departamentos de Oruro, Potosí y parte de La Paz, existen 516 cooperativas mineras que albergan a 47,538 trabajadores cooperativistas, quienes, son esfuerzo y sacrificio, aportan a la balanza de pagos con 142 millones de dólares.

Las cooperativas mineras generan empleo directo e indirecto que benefician alrededor de 450 mil personas en el occidente del país, además de incorporar a 251.952 personas (entre hijos y esposa), como dependientes directos del trabajo minero.

Las 749.490 personas forman un mercado de consumo importante en el occidente del país, mientras que la minería en general y el sector cooperativizado minero en particular, contribuyen a la demanda agregada en sus componentes consumo privado, consumo de gobierno, inversiones y exportaciones netas.

EFECTOS

En caso de que el gobierno no efectúe la declaración de la zona de desastre nacional minero al occidente del país, se tendrán los siguientes efectos:

- La cuenta corriente de la balanza de pagos se verá afectada seriamente incrementando el déficit en aproximadamente el 60 por ciento; y si sólo la minería cooperativizada paraliza operaciones, el déficit en la cuenta corriente se ahondaría en algo así el 27 por ciento, ya que esta partida dejaría de registrar los ingresos por la venta de minerales al exterior. De esa forma, obligaría al país a recurrir a préstamos externos para financiar el déficit, con el consiguiente efecto en las reservas internacionales netas.

- La paralización de actividades en las cooperativas influiría en otras variables como el empleo. Un total de 47.538 cooperativistas dejarían de trabajar, pero lo que es peor, cerca de 252.000 personas se verán privadas de ingreso alguno, e incluso el empleo indirecto que generan las cooperativas mineras, como las comercializadoras, transportistas, comerciantes, productores agrícolas.

- La paralización de la actividad minera obligará al incremento del flujo de la migración de las zonas mineras a los centros urbanos y a la zona del Chapare y de los Yungas, para plantar coca, como la única alternativa para obtener algún ingreso.

- El incremento de los niveles de pobreza en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.

- La emergencia de conflictos sociales de grandes dimensiones, ante la ausencia de otra alternativa de empleo y la imposibilidad de obtener algún ingreso.

 

Según la Sociedad de Abogados

La Contraloría General de la República refleja

encubrimiento e inoperancia

* La Sociedad de Abogados, advierte que recurrirá a un Amparo Constitucional buscando responsabilidad del Contralor General, en último caso pedirá la renuncia de este alto funcionario.

 

El abogado constitucionalista y presidente de la Sociedad de Abogados y Escritores de Derecho Público, Lindo Fernández Chile, acusó a la Contraloría General de la República de ineficiente, incapaz, inoperante y de encubridor, al negarse a realizar una auditoría operacional sobre la licitación, adjudicación y transferencia de la Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV) a la empresa Allied Deals Estaño Vinto S.A.

La fulminante declaración en contra de la entidad fiscalizadora del país, advierte que los defensores del

Urge revisar venta de Vinto

patrimonio y bienes del Estado, recurrirán a un Amparo Constitucional, si se persiste en la negativa de revisar el caso.

En último caso, “vamos a pedir la renuncia del Contralor General de la República por eludir sus deberes como alto funcionario de fiscalización”, aseveró.

Afirmó que la solicitud fue realizada el 10 de abril de este año, a Marcelo Zalles Barriga, Contralor General de la República, pero la respuesta recién fue remitida el 6 de septiembre, “el problema de fondo y forma es que la Contraloría tiene la obligación de realizar una auditoría posterior a la privatización”, puntualizó, al indicar que dicho pedido fue reiterado el pasado 25 de julio.

Remarcó que al pedido se acompañó una amplia documentación para constatar de que hubo graves irregularidades en el proceso de privatización de la EMV, que  causó daños a los intereses y al patrimonio económico financiero del pueblo de Oruro y del país.

“Estamos de acuerdo de que Vinto ahora es propiedad privada, pero hasta el momento de la adjudicación y suscripción del contrato de transferencia de un bien público a una empresa extranjera, es fiscalizar para evaluar si fue legal y lícito y esclarecer si hubo irregularidades”, manifestó.

Agregó que dejar pasar y dejar hacer, es favorecer de manera “visible” y “abierta” en favor de la empresa extranjera, que debería haberse sometido a las leyes bolivianas.

IRREGULARIDADES

La EMV fue transferida a la empresa inglesa Allied Deals PLC, pero en el contrato fue suplantada por Allied Deals Estaño Vinto S.A., que no existía en el momento de la adjudicación y no participó en la licitación.

La EMV, según el contrato de compra-venta, fue transferida en el precio de 14 millones 751 mil 349 dólares, monto que fue cubierto con dineros propios de la misma empresa provenientes de la venta de 1.860 toneladas de estaño en proceso de fundición; 490 toneladas de concentrado de estaño para fundir; 500 toneladas de estaño en lingotes entregados en Arica, cuyo valor total fue de 19 millones 021 mil 556 dólares, quedando una diferencia de 4 millones 321 mil 556 dólares para la Allied Deals.

El valor real de la Empresa Metalúrgica de Vinto, conforme al evalúo del Ministerio de Comercio Exterior al 31 de noviembre de 1997, fue de 95 millones 328 mil 769 dólares.

INCUMPLIMIENTOS

Entre tanto, Allied Deals, a más de un año de haberse adjudicado no solamente la EMV sino también la Empresa Minera Huanuni, bajo la modalidad del riesgo compartido (Joint Venture), incumplió compromisos suscritos con COMIBOL.

“No recontrató a los trabajadores mineros de Huanuni como era el compromiso y no desembolsó los 7.5 millones de dólares anuales de inversión, hasta donde yo conozco, no ha aportado ni con un clavo”, enfatizó Fernández.

Por otro lado, el jurista, se refirió a la investigación que se viene realizando para evidenciar quiénes son los verdaderos socios de la empresa fundidora hoy privatizada.

“Hay versiones de que uno de los socios de la empresa privatizada podría ser el expresidente de COMIBOL Alvaro Rejas, estamos en la tarea de investigación para evidenciar este hecho”, dijo.

Pero, agregó, los que firmaron el contrato de adjudicación fueron el ex Ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra Bruno; el ex Presidente de COMIBOL, Alvaro Rejas; Edwin Ayllón Zea por la EMV y los abogados Fernando Salazar Paredes y Sergio Salazar Machicado por parte de Allied Deals.

 

Si la burocracia boliviana no pone obstáculos

En marzo del 2002 se podría licitar el proyecto

del hospital de “Tercer Nivel”

El ex Ministro de Salud y Previsión Social, Guillermo Cuentas Yañez, dijo que si la burocracia boliviana no obstaculiza, entre marzo y abril del 2002 se podría licitar el proyecto del hospital de Tercer Nivel, cuyos planos ya fueron aprobados por Inversión Pública.

Lamentó que la burocracia boliviana sea lenta y un factor que impida el desarrollo de las regiones, “imagínese los dos hospitales de Segundo Nivel, recién se han licitado en octubre de este año, después de un año de retraso a causa de la burocracia boliviana”, afirmó.

Explicó que pese a la “burocracia” la construcción del hospital de Tercer Nivel está garantizada con un porcentaje de los recursos del financiamiento de la segunda fase, 7 millones de dólares que están destinados al equipamiento del Hospital General.

Cabe recordar que para la construcción del hospital de “Tercer Nivel” en Oruro, existe un financiamiento de 15 millones de dólares provenientes del crédito español, de este monto 7 millones de dólares serán para la primera fase y los otros 7 millones para la segunda fase.

Dijo que uno de los requisitos era tener la “red de servicios” y la licitación de los hospitales de “Segundo Nivel” de 20 camas en San José (zona norte) y Kantuta (zona este) y “esta etapa ya se ha cumplido”, aseveró.

“La red y los dos hospitales eran indispensables, de modo que se ha avanzado bastante y esperemos que a partir del próximo año ya podamos tener el hospital de Tercer Nivel”, señaló.

Sostuvo que lo único que falta es iniciar la construcción de las obras civiles, porque el equipamiento ya está garantizado con los recursos de la segunda fase, provenientes del crédito español.

Manifestó que para el financiamiento de las obras civiles se ha solicitado la cooperación del gobierno de Italia, al señalar que si no prospera el pedido, será la prefectura y la alcaldía orureña las que financien las obras civiles, toda vez que los planos ya fueron aprobados por Inversión Pública.