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Occidente
del país debe ser declarado zona de desastre La producción minera aporta $us 425 millones a la balanza de pagos |
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wolfran
con 1,9 millones; el antimonio con 1,6 millones; y otros minerales con
12,9 millones de dólares, según el informe de la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. En
términos agregados, la producción minera aporta a la balanza de
pagos con 425 millones de dólares, representando el 31,98 por ciento
del total de las exportaciones nacionales. La
minería del occidente, en un contexto de crisis y sin apoyo estatal
alguno continúa constituyendo el sostén de la economía del país,
frente al 12,8 por ciento del sector de hidrocarburos que cuenta con
ingentes recursos de capital y mercados asegurados y el 40,92 por
ciento del sector no tradicional que continuamente recibe el apoyo del
gobierno, a través de políticas fiscales y monetarias. En
los departamentos de Oruro, Potosí y parte de La Paz, existen 516
cooperativas mineras que albergan a 47,538 trabajadores
cooperativistas, quienes, son esfuerzo y sacrificio, aportan a la
balanza de pagos con 142 millones de dólares. Las
cooperativas mineras generan empleo directo e indirecto que benefician
alrededor de 450 mil personas en el occidente del país, además de
incorporar a 251.952 personas (entre hijos y esposa), como
dependientes directos del trabajo minero. Las
749.490 personas forman un mercado de consumo importante en el
occidente del país, mientras que la minería en general y el sector
cooperativizado minero en particular, contribuyen a la demanda
agregada en sus componentes consumo privado, consumo de gobierno,
inversiones y exportaciones netas. EFECTOS En
caso de que el gobierno no efectúe la declaración de la zona de
desastre nacional minero al occidente del país, se tendrán los
siguientes efectos: -
La cuenta corriente de la balanza de pagos se verá afectada
seriamente incrementando el déficit en aproximadamente el 60 por
ciento; y si sólo la minería cooperativizada paraliza operaciones,
el déficit en la cuenta corriente se ahondaría en algo así el 27
por ciento, ya que esta partida dejaría de registrar los ingresos por
la venta de minerales al exterior. De esa forma, obligaría al país a
recurrir a préstamos externos para financiar el déficit, con el
consiguiente efecto en las reservas internacionales netas. -
La paralización de actividades en las cooperativas influiría en
otras variables como el empleo. Un total de 47.538 cooperativistas
dejarían de trabajar, pero lo que es peor, cerca de 252.000 personas
se verán privadas de ingreso alguno, e incluso el empleo indirecto
que generan las cooperativas mineras, como las comercializadoras,
transportistas, comerciantes, productores agrícolas. -
La paralización de la actividad minera obligará al incremento del
flujo de la migración de las zonas mineras a los centros urbanos y a
la zona del Chapare y de los Yungas, para plantar coca, como la única
alternativa para obtener algún ingreso. -
El incremento de los niveles de pobreza en los departamentos de Oruro,
Potosí y La Paz. - La emergencia de conflictos sociales de grandes dimensiones, ante la ausencia de otra alternativa de empleo y la imposibilidad de obtener algún ingreso.
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Según
la Sociedad de Abogados La Contraloría General de la República refleja encubrimiento e inoperancia |
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patrimonio
y bienes del Estado, recurrirán a un Amparo Constitucional, si se
persiste en la negativa de revisar el caso. En
último caso, “vamos a pedir la renuncia del Contralor General de la
República por eludir sus deberes como alto funcionario de fiscalización”,
aseveró. Afirmó
que la solicitud fue realizada el 10 de abril de este año, a Marcelo
Zalles Barriga, Contralor General de la República, pero la respuesta
recién fue remitida el 6 de septiembre, “el problema de fondo y
forma es que la Contraloría tiene la obligación de realizar una
auditoría posterior a la privatización”, puntualizó, al indicar
que dicho pedido fue reiterado el pasado 25 de julio. Remarcó
que al pedido se acompañó una amplia documentación para constatar
de que hubo graves irregularidades en el proceso de privatización de
la EMV, que causó daños
a los intereses y al patrimonio económico financiero del pueblo de
Oruro y del país. “Estamos
de acuerdo de que Vinto ahora es propiedad privada, pero hasta el
momento de la adjudicación y suscripción del contrato de
transferencia de un bien público a una empresa extranjera, es
fiscalizar para evaluar si fue legal y lícito y esclarecer si hubo
irregularidades”, manifestó. Agregó
que dejar pasar y dejar hacer, es favorecer de manera “visible” y
“abierta” en favor de la empresa extranjera, que debería haberse
sometido a las leyes bolivianas. IRREGULARIDADES La
EMV fue transferida a la empresa inglesa Allied Deals PLC, pero en el
contrato fue suplantada por Allied Deals Estaño Vinto S.A., que no
existía en el momento de la adjudicación y no participó en la
licitación. La
EMV, según el contrato de compra-venta, fue transferida en el precio
de 14 millones 751 mil 349 dólares, monto que fue cubierto con
dineros propios de la misma empresa provenientes de la venta de 1.860
toneladas de estaño en proceso de fundición; 490 toneladas de
concentrado de estaño para fundir; 500 toneladas de estaño en
lingotes entregados en Arica, cuyo valor total fue de 19 millones 021
mil 556 dólares, quedando una diferencia de 4 millones 321 mil 556 dólares
para la Allied Deals. El
valor real de la Empresa Metalúrgica de Vinto, conforme al evalúo
del Ministerio de Comercio Exterior al 31 de noviembre de 1997, fue de
95 millones 328 mil 769 dólares. INCUMPLIMIENTOS Entre
tanto, Allied Deals, a más de un año de haberse adjudicado no
solamente la EMV sino también la Empresa Minera Huanuni, bajo la
modalidad del riesgo compartido (Joint Venture), incumplió
compromisos suscritos con COMIBOL. “No
recontrató a los trabajadores mineros de Huanuni como era el
compromiso y no desembolsó los 7.5 millones de dólares anuales de
inversión, hasta donde yo conozco, no ha aportado ni con un clavo”,
enfatizó Fernández. Por
otro lado, el jurista, se refirió a la investigación que se viene
realizando para evidenciar quiénes son los verdaderos socios de la
empresa fundidora hoy privatizada. “Hay
versiones de que uno de los socios de la empresa privatizada podría
ser el expresidente de COMIBOL Alvaro Rejas, estamos en la tarea de
investigación para evidenciar este hecho”, dijo. Pero, agregó, los que firmaron el contrato de adjudicación fueron el ex Ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra Bruno; el ex Presidente de COMIBOL, Alvaro Rejas; Edwin Ayllón Zea por la EMV y los abogados Fernando Salazar Paredes y Sergio Salazar Machicado por parte de Allied Deals.
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Si
la burocracia boliviana no pone obstáculos En marzo del 2002 se podría licitar el proyecto del hospital de “Tercer Nivel” |
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El
ex Ministro de Salud y Previsión Social, Guillermo Cuentas Yañez, dijo
que si la burocracia boliviana no obstaculiza, entre marzo y abril del
2002 se podría licitar el proyecto del hospital de Tercer Nivel, cuyos
planos ya fueron aprobados por Inversión Pública. Lamentó
que la burocracia boliviana sea lenta y un factor que impida el
desarrollo de las regiones, “imagínese los dos hospitales de Segundo
Nivel, recién se han licitado en octubre de este año, después de un año
de retraso a causa de la burocracia boliviana”, afirmó. Explicó
que pese a la “burocracia” la construcción del hospital de Tercer
Nivel está garantizada con un porcentaje de los recursos del
financiamiento de la segunda fase, 7 millones de dólares que están
destinados al equipamiento del Hospital General. Cabe
recordar que para la construcción del hospital de “Tercer Nivel” en
Oruro, existe un financiamiento de 15 millones de dólares provenientes
del crédito español, de este monto 7 millones de dólares serán para
la primera fase y los otros 7 millones para la segunda fase. Dijo
que uno de los requisitos era tener la “red de servicios” y la
licitación de los hospitales de “Segundo Nivel” de 20 camas en San
José (zona norte) y Kantuta (zona este) y “esta etapa ya se ha
cumplido”, aseveró. “La
red y los dos hospitales eran indispensables, de modo que se ha avanzado
bastante y esperemos que a partir del próximo año ya podamos tener el
hospital de Tercer Nivel”, señaló. Sostuvo
que lo único que falta es iniciar la construcción de las obras
civiles, porque el equipamiento ya está garantizado con los recursos de
la segunda fase, provenientes del crédito español. Manifestó que para el financiamiento de las obras civiles se ha solicitado la cooperación del gobierno de Italia, al señalar que si no prospera el pedido, será la prefectura y la alcaldía orureña las que financien las obras civiles, toda vez que los planos ya fueron aprobados por Inversión Pública. |