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MNR y MIR devaluaron debate sobre reformas a la Constitución

MNR propone revocatoria del mandato presidencial

* Leyes mineras no podrán ser aprobadas en restantes 10 sesiones

 

La Paz, 14 LA PATRIA

El debate en el Congreso sobre las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE) fue devaluado ayer,  por ataques partidarios entre el MIR y el MNR.

Por segundo día los partidos con representación parlamentaria presentaron sus propuestas en la Cámara de Diputados y ante las cámaras de la televisión estatal. Nuevamente se advirtió la 

Luis Vásquez (MIR) y Carlos Sánchez (MNR) devalúan el debate sobre reformas a la Constitución 

ausencia de la mayoría de los diputados. El número máximo de asistentes fue de 35 y en un determinado momento la intervención de un parlamentario tuvo que ser suspendida para verificar la existencia de quórum.

El MNR, a través de su jefe de bancada, Carlos Sánchez Berzaín reiteró la negativa de su partido para convocar a una Asamblea Constituyente y presentó un proyecto de ley de 69 páginas con reformas constitucionales.

Los emeneristas sostienen que la única manera de reformar la Constitución es a través de la aprobación de una Ley de Necesidad de Reformas a la CPE .

Entre las propuestas emeneristas se contempla la revocatoria del mandato presidencial por el congreso.

El artículo 68 de la constitución emenerista atribuye al poder legislativo la potestad de "revocar, por mayoría absoluta del total de sus miembros, el mandato del Presidente de la República, en cuyo caso se disolverá las cámaras y se convocará a nuevas elecciones generales que serán realizadas en los siguientes 90 días".

Sánchez Berzaín criticó a sus colegas de la oposición, especialmente al MIR, por "correr tras de unos votos" y politizar la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la CPE.

El jefe del MIR Jaime Paz propuso que el parlamento elegido el 30 de junio se convierta en la Asamblea Constituyente que dé forma a una nueva CPE. La Constitución es la ley suprema de un país organizado política y jurídicamente. La Constituyente es una asamblea en la cual el pueblo ejercita su soberanía para decidir su propia forma de gobierno y existencia.

Paz Zamora quiere, sin embargo, que esa soberanía siga delegada a los políticos.

"Es tiempo de darle seriedad (al debate), no es tiempo de oportunismo, tenemos la obligación de hacer la reforma por la vía legal, este mismo año, después del 6 de agosto se puede aprobar la CPE", dijo Sánchez Berzaín.

La respuesta del MIR no se dejó esperar. El presidente de la Cámara Baja y dirigente del MIR Luis Vásquez criticó al MNR por presentar una propuesta de reformas constitucionales tardía y plagiada.

"Podían decir que se copiaron el texto de las 50 propuestas presentadas por el ex presidente Hugo Banzer, no tiene nada de malo", dijo Vásquez mientras mostraba a la audiencia una copia del texto presentado por Banzer.

Vásquez fue en su condición de ministro de Justicia de entonces quien elaboró las propuestas de reforma constitucional planteadas por el ex presidente. Pero la Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, también le reclamó a Banzer en su momento el "reconocimiento a derechos de autor".

Vásquez también fustigó al MNR por plantear el resguardo del patrimonio estatal, después de la capitalización. En cuanto a la revocatoria del mandato presidencial , dijo que esa propuesta es incoherente en un sistema presidencialista como el boliviano. Citó como ejemplo la inestabilidad de las alcaldías precisamente por la "censura constructiva" potestad de los concejos municipales para remover del cargo a un alcalde. "Esa fue obra y gracia de don Gonzalo Sánchez de Lozada", dijo Vásquez.

COINCIDENCIA

Pero no todo fue desentedimiento. Todos los expositores coincidieron en reconocer que el Parlamento está desligitimizado, desacreditado y ya no cumple con su rol de representación ciudadana.

"No hemos sido capaces de reformarnos", dijo Vásquez, a tiempo de admitir que los parlamentarios se acostumbraron a la "convivencia de la corrupción y el prebendalismo".

Dijo que en respuesta a esa falla del poder legislativo "la sociedad se está revelando contra los partidos".

Otro de los parlamentarios en criticar la inefectividad del congreso fue el mirista Raúl Aráoz, quien lamentó que los "paquetes de leyes" presentados por la brigada orureña para recuperar la economía de la región no fueron aprobados.

Desde agosto del año pasado, Aráoz y otros diputados por Oruro hacen gestiones para aprobar las leyes de Creación del Ministerio de Minería, Declaratoria de Oruro como Zona de Desastre, Creación de un Banco Minero, Arancel Diferenciado y Reforma a la Ley Fere. Pero "no se ha aprobado por la oposición del poder ejecutivo y jamás pudimos discutir en esta plenaria", dijo Aráoz.

A las 21:15, Vásquez dio por terminada la sesión y dijo haber recibido llamadas que le hicieron conocer que el de ayer fue "un debate de muy alto nivel".

 

Por decisión de asamblea de socios

Directivos de COTEOR se prorrogan por un año

* Intereses políticos, económicos y personales caracterizaron la asamblea

 

LA PATRIA

Una asamblea general extraordinaria de socios, efectuada anoche, ratificó la ampliación de funciones de los actuales directivos de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (COTEOR) por un año más.

La asamblea estuvo caracterizada por intervenciones que mostraron intereses políticos, 

Una acalorada asamblea de los socios de COTEOR 

la defensa de intereses económicos e incluso, personales.

La asamblea se realizó en el edificio URA Norte, desde las 19:30 horas. Los socios ingresaron mostrando su carnet de identidad y a través de éste documento personeros de la cooperativa que se apostaron en la puerta de ingreso, verificaron el número telefónico de la persona para recién permitirle el ingreso.

Para cada punto a tratarse se confeccionó una lista larga de intervenciones que alargó la reunión, causando el cansancio de los asistentes que, poco a poco, fueron abandonando el auditorio. Perjudicó el hecho de que algunos socios en vez de clarificar y manifestar su posición, expresaban calificativos contra los directivos y algunos socios.

ORDEN DEL DIA

En primera instancia los socios votaron porque se mantenga el orden del día que contemplaba la lectura del acta anterior que fue aprobada por mayoría, posteriormente, previo un debate, se ingresó al siguiente punto sobre la reconsideración de ampliación de funciones del actual directorio determinado en la  asamblea del 19 de diciembre de 2001.

En las intervenciones de los socios antes de cada punto, se expresaron una serie de consideraciones, destacando el trabajo y aporte positivo de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia que lograron concretar varios proyectos. Mientras que otros manifestaron su posición en sentido de que debía respetarse los estatutos, porque una prórroga no hace bien a ninguna institución.

Estuvieron en calidad de veedores el ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), Walter Villarroel y Ricardo Pérez representante de la Federación de Cooperativas Telefónicas del país (FECOTEL).

ESTATUTOS

La intervención de socios abogados trataron de clarificar el aspecto legal sobre el Estatuto Orgánico de COTEOR, quienes hicieron notar que si bien la asamblea es magna y soberana, pero siempre y cuando no atropellen los mismos estatutos.

Asimismo, protestaron porque algunos funcionarios de la institución participaron activamente de la asamblea votando y en su momento apoyando o desestimando determinaciones.

 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Trujillo

Estado obligado a reparar daños a familia de desaparecido

* Madre de la víctima desiste del enjuiciamiento a Hugo Banzer

 

La Paz, 14 LA PATRIA

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado boliviano a pagar una multa de $us 407.400 y reparar los daños morales sufridos por los familiares de José Carlos Trujillo, detenido ilegalmente, torturado y desaparecido forzadamente durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-78).

La CIDH también ordenó que "Bolivia debe emplear todos los medios necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares".

José Carlos fue detenido en Santa Cruz sin orden judicial en diciembre de 1971. Luego fue hecho prisionero en la cárcel del Pari en esa ciudad. Fue visto regularmente por su madre, Gladys Oroza de Solón, hasta que en febrero de 1972 fue declarado desaparecido.

"Desde entonces lo he buscado cada día, esta sentencia hace justicia a esos 30 años de búsqueda", dijo ayer la madre de José Carlos con la voz quebrantada por la emoción.

El fallo establece que se "debe investigar, identificar y sancionar a los responsables de los lechos lesivos de que trata el presente caso".

INVESTIGACION

Oroza acudió a la CIDH después de ver frustrados varios intentos por conseguir justicia en el país. Incluso durante la dictadura de Luis García Meza, fue torturada y exilada por insistir en la búsqueda de su hijo.

Hace ocho años aproximadamente, la Comisión de Derechos Humanos de la CIDH aceptó la demanda interpuesta por Oroza y abrió la causa.

Inicialmente durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), el representante de Bolivia ante ese tribunal aceptó a nombre del estado la responsabilidad por esa desaparición forzada.

Pero durante el gobierno de Banzer (1997-2001) el delegado nacional ante esa corte propuso a la familia un "arreglo económico de $us 40.000" a cambio del desistimiento.

Ofendidos, los familiares de José Carlos argumentaron que lo que buscaban era justicia y no dinero. Ayer Gladys Oroza aclaró que los fondos que serán recibidos por la indemnización impuesta por la CIDH serán destinados en su integridad a la creación de una fundación de derechos humanos que llevará el nombre del desaparecido y estará a cargo del presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Waldo Albarracín.

El dinero de la reparación saldrá de las arcas del estado que se alimentan con el pago de impuestos de todos los ciudadanos.

La fundación llevará el nombre de la víctima.

REPARACION MORAL

La CIDH  también falló que como parte de la reparación moral el estado debe "dar oficialmente el nombre de José Carlos Trujillo Oroza a un centro educativo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra mediante ceremonia pública y en presencia de los familiares de la víctima".

El Código Penal boliviano no contempla el delito de desaparición forzada. Por esa razón la CIDH falló que el estado también está obligado a proyectar, debatir, aprobar y promulgar una ley que sancione el delito de desaparición forzada en un tiempo prudente.

El gobierno a través de la Gaceta Oficial debe ahora publicar en toda su extensión la sentencia de la CIDH sobre el caso Trujillo.

La Corte Interamericana dio un plazo de seis meses al gobierno para que proceda con el cumplimiento de las reparaciones en favor de la familia.

Oroza dijo que el fallo representa un antecedente de justicia que puede servir para que los aproximadamente 130 casos de desapariciones forzadas en la dictadura de Banzer sean esclarecidos y reciban justicia.

La madre de José Carlos desestimó enjuiciar a Banzer en el proceso por la desaparición de su hijo "para no entorpecer el juicio en su contra en Argentina".

"No puede ser juzgado dos veces, por eso vamos a dejar que el pedido de extradición a Argentina siga su curso", dijo.

La sentencia del caso Trujillo fue promulgada por la CIDH a 30 años de la desaparición de la víctima. "Para mi José Carlos está vivo, es él quien me da fuerzas, me ayuda para que se haga justicia, cuando paso por la universidad y veo a los jóvenes, veo a José Carlos en sus rostros", dice su madre.

 

Convocó a superar la crisis judicial

Armando Villafuerte es el nuevo

presidente de la Corte Suprema

SUCRE, 13 (Jatha) - Tras ser elegido por unanimidad el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Armando Villafuerte Claros, convocó el miércoles al Poder Judicial a superar la crisis en la que se halla sumido por divergencias sobre todo en el Consejo de la Judicatura.

Villafuerte fue elegido por unanimidad por los nueve ministros de la Sala Plena después de la renuncia del decano en ejercicio de la presidencia, Freddy Reynolds Eguía, quien decidió no postularse a ningún cargo después que asumió esas funciones por la dimisión del presidente interino Guillermo Arancibia López a comienzos de año.

De acuerdo a un informe oficial el último presidente titular de la Corte Suprema fue Oscar Hassenteufel Salazar, quien dimitió en enero de 2001 por problemas de salud. Actualmente es uno de los vocales de la Corte Nacional Electoral.

Villafuerte es ministro de la Suprema desde 1999 y con su elección concluye un prolongado interinato que se complicó por las renuncias de Hassenteufel y Arancibia, y el fallecimiento del ministro Antonio Salazar.

El Congreso Nacional pese a los reiterados anuncios y compromisos hasta la fecha no designa a los nuevos ministros para completar la Sala Plena.

Villafuerte, abogado paceño de larga trayectoria en la judicatura y en la docencia universitaria, se desempeñó como vocal de la Corte Superior de Distrito de La Paz entre otros cargos y es autor de varias obras jurídicas.