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MNR propone revocatoria del mandato presidencial |
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ausencia
de la mayoría de los diputados. El número máximo de asistentes fue
de 35 y en un determinado momento la intervención de un parlamentario
tuvo que ser suspendida para verificar la existencia de quórum. El
MNR, a través de su jefe de bancada, Carlos Sánchez Berzaín reiteró
la negativa de su partido para convocar a una Asamblea Constituyente y
presentó un proyecto de ley de 69 páginas con reformas
constitucionales. Los
emeneristas sostienen que la única manera de reformar la Constitución
es a través de la aprobación de una Ley de Necesidad de Reformas a
la CPE . Entre
las propuestas emeneristas se contempla la revocatoria del mandato
presidencial por el congreso. El
artículo 68 de la constitución emenerista atribuye al poder
legislativo la potestad de "revocar, por mayoría absoluta del
total de sus miembros, el mandato del Presidente de la República, en
cuyo caso se disolverá las cámaras y se convocará a nuevas
elecciones generales que serán realizadas en los siguientes 90 días". Sánchez
Berzaín criticó a sus colegas de la oposición, especialmente al
MIR, por "correr tras de unos votos" y politizar la
posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la
CPE. El
jefe del MIR Jaime Paz propuso que el parlamento elegido el 30 de
junio se convierta en la Asamblea Constituyente que dé forma a una
nueva CPE. La Constitución es la ley suprema de un país organizado
política y jurídicamente. La Constituyente es una asamblea en la
cual el pueblo ejercita su soberanía para decidir su propia forma de
gobierno y existencia. Paz
Zamora quiere, sin embargo, que esa soberanía siga delegada a los políticos. "Es
tiempo de darle seriedad (al debate), no es tiempo de oportunismo,
tenemos la obligación de hacer la reforma por la vía legal, este
mismo año, después del 6 de agosto se puede aprobar la CPE",
dijo Sánchez Berzaín. La
respuesta del MIR no se dejó esperar. El presidente de la Cámara
Baja y dirigente del MIR Luis Vásquez criticó al MNR por presentar
una propuesta de reformas constitucionales tardía y plagiada. "Podían
decir que se copiaron el texto de las 50 propuestas presentadas por el
ex presidente Hugo Banzer, no tiene nada de malo", dijo Vásquez
mientras mostraba a la audiencia una copia del texto presentado por
Banzer. Vásquez
fue en su condición de ministro de Justicia de entonces quien elaboró
las propuestas de reforma constitucional planteadas por el ex
presidente. Pero la Defensora del Pueblo, Ana María Romero de
Campero, también le reclamó a Banzer en su momento el
"reconocimiento a derechos de autor". Vásquez
también fustigó al MNR por plantear el resguardo del patrimonio
estatal, después de la capitalización. En cuanto a la revocatoria
del mandato presidencial , dijo que esa propuesta es incoherente en un
sistema presidencialista como el boliviano. Citó como ejemplo la
inestabilidad de las alcaldías precisamente por la "censura
constructiva" potestad de los concejos municipales para remover
del cargo a un alcalde. "Esa fue obra y gracia de don Gonzalo Sánchez
de Lozada", dijo Vásquez. COINCIDENCIA Pero
no todo fue desentedimiento. Todos los expositores coincidieron en
reconocer que el Parlamento está desligitimizado, desacreditado y ya
no cumple con su rol de representación ciudadana. "No
hemos sido capaces de reformarnos", dijo Vásquez, a tiempo de
admitir que los parlamentarios se acostumbraron a la "convivencia
de la corrupción y el prebendalismo". Dijo
que en respuesta a esa falla del poder legislativo "la sociedad
se está revelando contra los partidos". Otro
de los parlamentarios en criticar la inefectividad del congreso fue el
mirista Raúl Aráoz, quien lamentó que los "paquetes de
leyes" presentados por la brigada orureña para recuperar la
economía de la región no fueron aprobados. Desde
agosto del año pasado, Aráoz y otros diputados por Oruro hacen
gestiones para aprobar las leyes de Creación del Ministerio de Minería,
Declaratoria de Oruro como Zona de Desastre, Creación de un Banco
Minero, Arancel Diferenciado y Reforma a la Ley Fere. Pero "no se
ha aprobado por la oposición del poder ejecutivo y jamás pudimos
discutir en esta plenaria", dijo Aráoz. A las 21:15, Vásquez dio por terminada la sesión y dijo haber recibido llamadas que le hicieron conocer que el de ayer fue "un debate de muy alto nivel".
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Por
decisión de asamblea de socios Directivos de COTEOR se prorrogan por un año |
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la
defensa de intereses económicos e incluso, personales. La
asamblea se realizó en el edificio URA Norte, desde las 19:30 horas.
Los socios ingresaron mostrando su carnet de identidad y a través de
éste documento personeros de la cooperativa que se apostaron en la
puerta de ingreso, verificaron el número telefónico de la persona
para recién permitirle el ingreso. Para
cada punto a tratarse se confeccionó una lista larga de
intervenciones que alargó la reunión, causando el cansancio de los
asistentes que, poco a poco, fueron abandonando el auditorio. Perjudicó
el hecho de que algunos socios en vez de clarificar y manifestar su
posición, expresaban calificativos contra los directivos y algunos
socios. ORDEN
DEL DIA En
primera instancia los socios votaron porque se mantenga el orden del día
que contemplaba la lectura del acta anterior que fue aprobada por
mayoría, posteriormente, previo un debate, se ingresó al siguiente
punto sobre la reconsideración de ampliación de funciones del actual
directorio determinado en la asamblea
del 19 de diciembre de 2001. En
las intervenciones de los socios antes de cada punto, se expresaron
una serie de consideraciones, destacando el trabajo y aporte positivo
de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia que
lograron concretar varios proyectos. Mientras que otros manifestaron
su posición en sentido de que debía respetarse los estatutos, porque
una prórroga no hace bien a ninguna institución. Estuvieron
en calidad de veedores el ejecutivo del Instituto Nacional de
Cooperativas (INALCO), Walter Villarroel y Ricardo Pérez
representante de la Federación de Cooperativas Telefónicas del país
(FECOTEL). ESTATUTOS La
intervención de socios abogados trataron de clarificar el aspecto
legal sobre el Estatuto Orgánico de COTEOR, quienes hicieron notar
que si bien la asamblea es magna y soberana, pero siempre y cuando no
atropellen los mismos estatutos. Asimismo, protestaron porque algunos funcionarios de la institución participaron activamente de la asamblea votando y en su momento apoyando o desestimando determinaciones.
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Sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Trujillo Estado obligado a reparar daños a familia de desaparecido |
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Madre de la víctima desiste del enjuiciamiento a Hugo Banzer La
Paz, 14 LA PATRIA Una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena
al Estado boliviano a pagar una multa de $us 407.400 y reparar los daños
morales sufridos por los familiares de José Carlos Trujillo, detenido
ilegalmente, torturado y desaparecido forzadamente durante la
dictadura de Hugo Banzer (1971-78). La
CIDH también ordenó que "Bolivia debe emplear todos los medios
necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y
entregarlos a sus familiares". José
Carlos fue detenido en Santa Cruz sin orden judicial en diciembre de
1971. Luego fue hecho prisionero en la cárcel del Pari en esa ciudad.
Fue visto regularmente por su madre, Gladys Oroza de Solón, hasta que
en febrero de 1972 fue declarado desaparecido. "Desde
entonces lo he buscado cada día, esta sentencia hace justicia a esos
30 años de búsqueda", dijo ayer la madre de José Carlos con la
voz quebrantada por la emoción. El
fallo establece que se "debe investigar, identificar y sancionar
a los responsables de los lechos lesivos de que trata el presente
caso". INVESTIGACION Oroza
acudió a la CIDH después de ver frustrados varios intentos por
conseguir justicia en el país. Incluso durante la dictadura de Luis
García Meza, fue torturada y exilada por insistir en la búsqueda de
su hijo. Hace
ocho años aproximadamente, la Comisión de Derechos Humanos de la
CIDH aceptó la demanda interpuesta por Oroza y abrió la causa. Inicialmente
durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), el
representante de Bolivia ante ese tribunal aceptó a nombre del estado
la responsabilidad por esa desaparición forzada. Pero
durante el gobierno de Banzer (1997-2001) el delegado nacional ante
esa corte propuso a la familia un "arreglo económico de $us
40.000" a cambio del desistimiento. Ofendidos,
los familiares de José Carlos argumentaron que lo que buscaban era
justicia y no dinero. Ayer Gladys Oroza aclaró que los fondos que serán
recibidos por la indemnización impuesta por la CIDH serán destinados
en su integridad a la creación de una fundación de derechos humanos
que llevará el nombre del desaparecido y estará a cargo del
presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB), Waldo Albarracín. El
dinero de la reparación saldrá de las arcas del estado que se
alimentan con el pago de impuestos de todos los ciudadanos. La
fundación llevará el nombre de la víctima. REPARACION
MORAL La
CIDH también falló que
como parte de la reparación moral el estado debe "dar
oficialmente el nombre de José Carlos Trujillo Oroza a un centro
educativo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra mediante ceremonia pública
y en presencia de los familiares de la víctima". El
Código Penal boliviano no contempla el delito de desaparición
forzada. Por esa razón la CIDH falló que el estado también está
obligado a proyectar, debatir, aprobar y promulgar una ley que
sancione el delito de desaparición forzada en un tiempo prudente. El
gobierno a través de la Gaceta Oficial debe ahora publicar en toda su
extensión la sentencia de la CIDH sobre el caso Trujillo. La
Corte Interamericana dio un plazo de seis meses al gobierno para que
proceda con el cumplimiento de las reparaciones en favor de la
familia. Oroza
dijo que el fallo representa un antecedente de justicia que puede
servir para que los aproximadamente 130 casos de desapariciones
forzadas en la dictadura de Banzer sean esclarecidos y reciban
justicia. La
madre de José Carlos desestimó enjuiciar a Banzer en el proceso por
la desaparición de su hijo "para no entorpecer el juicio en su
contra en Argentina". "No
puede ser juzgado dos veces, por eso vamos a dejar que el pedido de
extradición a Argentina siga su curso", dijo. La sentencia del caso Trujillo fue promulgada por la CIDH a 30 años de la desaparición de la víctima. "Para mi José Carlos está vivo, es él quien me da fuerzas, me ayuda para que se haga justicia, cuando paso por la universidad y veo a los jóvenes, veo a José Carlos en sus rostros", dice su madre.
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Convocó
a superar la crisis judicial Armando Villafuerte es el nuevo presidente de la Corte Suprema |
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SUCRE,
13 (Jatha) - Tras ser elegido por unanimidad el flamante presidente de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Armando
Villafuerte Claros, convocó el miércoles al Poder Judicial a superar
la crisis en la que se halla sumido por divergencias sobre todo en el
Consejo de la Judicatura. Villafuerte
fue elegido por unanimidad por los nueve ministros de la Sala Plena
después de la renuncia del decano en ejercicio de la presidencia,
Freddy Reynolds Eguía, quien decidió no postularse a ningún cargo
después que asumió esas funciones por la dimisión del presidente
interino Guillermo Arancibia López a comienzos de año. De
acuerdo a un informe oficial el último presidente titular de la Corte
Suprema fue Oscar Hassenteufel Salazar, quien dimitió en enero de 2001
por problemas de salud. Actualmente es uno de los vocales de la Corte
Nacional Electoral. Villafuerte
es ministro de la Suprema desde 1999 y con su elección concluye un
prolongado interinato que se complicó por las renuncias de Hassenteufel
y Arancibia, y el fallecimiento del ministro Antonio Salazar. El
Congreso Nacional pese a los reiterados anuncios y compromisos hasta la
fecha no designa a los nuevos ministros para completar la Sala Plena. Villafuerte, abogado paceño de larga trayectoria en la judicatura y en la docencia universitaria, se desempeñó como vocal de la Corte Superior de Distrito de La Paz entre otros cargos y es autor de varias obras jurídicas. |