|
Noticias Regionales |
|
Presidente
de la Corte Pocos
ciudadanos acuden a las notarías electorales |
||
alejadas
como: Huajara, Aurora, Vinto, Chiripugio, Challacollo y Chancadora 1 y
2. ¿QUIENES
DEBEN INSCRIBIRSE? Dávila
explicó que todas las personas mayores de 18 años deben inscribirse
en la notarías, pero también los de 17 años siempre que cumplan 18
años hasta el 30 de junio. También
explicó que las personas que no votaron en anteriores elecciones y
ahora tienen interés de cumplir con esa obligación ciudadana pueden
registrarse en la notaría más cercana a su domicilio. Igualmente,
las personas que tuvieron que enfrentar errores en la inscripción
anterior, previa verificación a través del departamento de informática. Finalmente,
reiteró que las personas que cambiaron de domicilio, zona, barrio en
la ciudad, así como los que efectuaron cambio de ciudad o residencia. Para
inscribirse, necesitan carnet de identidad, libreta de Servicio
Militar o pasaporte. Las inscripciones fenecen el próximo 30 de mayo. BRIGADAS Asimismo,
dijo que cinco brigadas, cada una dirigida por un vocal y dos
inspectores, realizarán viajes de inspección al trabajo de las notarías
en el área rural a objeto de subsanar los errores en los libros de
provincias y localidades del departamento, “es una tarea de carácter
administrativo”, dijo Dávila. Por otro lado, informó sobre la inauguración de una oficina de consulta en la Corte Departamental Electoral, para que la ciudadanía pueda recabar toda la información que crea conveniente.
|
||
|
Informe
del ex presidente de ASOBAN Variables macroeconómicas negativas influyeron la actividad bancaria el 2001 |
||
|
El
desarrollo de actividades en el sistema bancario del 2001, refleja un
impacto negativo de las variables macroeconómicas, hubo desaceleración
económica, un descenso en el nivel de depósitos del público y el
ingreso a un proceso de sobreendeudamiento del sector productivo. Ese
fue el informe de gestión del, ahora, ex presidente de la Asociación
de Bancos Privados Filial Oruro (ASOBAN), Alberto Prado Peredo, quien
dejó la presidencia de la entidad, quedando en su lugar Sergio
Velarde. Prado
dijo que las actividades del sistema bancario regional y nacional, han
sufrido una vez más el impacto natural de la variables macroeconómicas
negativas, al influjo de un crecimiento económico reducido, una
devaluación en constante ascenso y una inflación con estancamiento
ante la carencia de inversión de capitales. “En
este panorama y en el último año, la banca nacional muestra cifras
descendientes similares al ritmo que sigue el proceso económico
mundial”, afirmó. Explicó
que el nivel de activos del sistema cerró con un consolidado de 5.101
millones de dólares, observando una reducción de 548.5 millones, con
relación a la gestión del 2000, hecho que refleja la desaceleración
de la economía. Añadió
que como efecto de esta debilidad se observa la reducción de
actividades del sector productivo, que limitaron el cumplimiento de
obligaciones de los prestatarios, ingresando a un proceso de
sobreendeudamiento relacionado con la generación de fondos, asumiendo
la banca consecuentemente, normas de prudencia y restricción
crediticia propias de estas contingencias. Dijo
que el nivel de depósitos del público también sufrió un descenso
del 6 por ciento implicando una salida de más de 200 millones de dólares
del giro bancario, constituyendo la más alta de la época en los últimos
10 años. Sostuvo
que por este hecho se percibe una variación importante en las
captaciones con una disminución en depósitos de plazo fijo y un
incremento en depósitos a la vista y caja de ahorros, como una
necesidad de mantener liquidez inmediata y en muchos casos con el
gasto de sus ahorros, para hacer frente a la crisis. “Sin
embargo, a pesar de la crisis que afecta a la economía boliviana, los
niveles de mora observados, crecieron en menor proporción que en las
últimas tres generaciones, no obstante se observa un permanente
ascenso, llegando al 16.2 por ciento a fines del 2001, superando los
cuatros puntos con relación al 2000”, aseveró. Indicó
que como producto del deterioro experimentado en los niveles de
cartera, el sistema bancario se vio obligado a constituir alrededor de
278 millones de dólares en previsiones sin cartera incobrable, en
desmedro de su rentabilidad, existiendo aún una deficiencia en ese
rubro, fruto del contínuo incremento de la cartera en ejecución. Agregó
que estas acciones contribuyen significativamente a garantizar la
devolución de recursos a los depositantes. Al
referirse al coeficiente de adecuación patrimonial del sistema, dijo
que éste ha sido fortalecido en 0.7 puntos, con relación a la gestión
anterior, incrementando la capacidad de los bancos para hacer frente a
mayores operaciones crediticias. “Al
31 de diciembre del 2001 ese coeficiente alcanzó al 14.2 por ciento
superior al 13.5 registrado en el 2000”, añadió. Por
otro lado, señaló que las medidas adoptadas en materia de
previsiones y fortalecimiento permite aseverar que el sistema bancario
está preparado para avanzar en su rol esencial como intermediario
entre ahorro e inversión promoviendo el desarrollo y aportando
decididamente en la creación
de condiciones aptas para lograr la reactivación que se espera en el
futuro. Finalmente, indicó que en muchas ocasiones la banca boliviana ha demostrado estar a la altura de responsabilidades mayores y continuará en ese avance en la medida en que se goce de garantías y seguridad jurídica para trabajar bajo una guía regulatoria confiable y adecuada a la realidad del país y su sistema financiero.
|
||
|
Juicio
oral contra “falsos aduaneros” continúa hoy |
||
llevado
adelante por Ernesto Lima Rafael, juez de partido ordinario de sentencia
en lo penal liquidador de las provincias Eduardo Avaroa, Ladislao
Cabrera y Sebastián Pagador con asiento en Challapata. En
la audiencia se dio lectura a la acusación realizada por la fiscal de
la Aduana, Lourdes Nava de Paredes y Ernesto Araníbar Calancha, abogado
de la Aduana Regional, quienes solicitan la pena de cuatro años para
los cinco implicados. ANTECEDENTES El
hecho ocurrió el 6 de junio de 2001 a las 2:30 horas, en el tramo
carretero Cruce Condo y Quillacas, cuando funcionarios de la Gerencia
Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, en un operativo de
control de rutas no autorizadas, fueron interceptados por cinco personas
muy bien uniformadas en una vagoneta Nissan Patrol de color guindo con
placa de control Nº 416 ZAG, quienes se identificaron como funcionarios
de la Aduana Nacional de Bolivia. Los
“verdaderos” funcionarios de la Aduana en el acto procedieron a la
aprehensión de los falsos aduaneros, para luego conducirlos a
dependencias de la Gerencia Regional junto con el vehículo debidamente
equipado con una radio, dos transmisores, destellador de policía color
rojo, reflector de alta intensidad, un arma de fuego, pistola calibre
45, cinco bombas de gas de ignición o lacrimógenos, gorras,
sobaqueras, bidones de gasolina, placas de vehículo oficial Nº LLA-882
perteneciente al ministerio de Gobierno. La
Aduana estableció que existió otra unidad móvil Nissan Patrol de
color rojo, encabezado por una persona de nombre Demetrio Mamani y otras
tres personas cuyos nombres se ignora, quienes se encontraban en cercanías
de Quillacas hacia Salinas de Garci Mendoza, esperando la provisión de
combustible que ellos debían llevar. Luego
de la comprobación de datos del vehículo, se pudo establecer mediante
el sistema informático de la Aduana Nacional que el vehículo con placa
416 ZAG pertenece a Eduardo Rivas Peredo cuyo anterior propietario fue
la Misión Sueca. Se conoce que el principal cabecilla de los dos grupos sería Demetrio Mamani quien proporcionó todo el armamento, equipos e indumentaria, así como los recursos económicos.
|
||
|
Programa Sociedad Civil beneficiará a gente pobre |
||
|
El
Programa Sociedad Civil y Acceso a la Justicia permitirá que la
justicia y los derechos humanos se respeten mediante la intervención de
organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de opciones
extrajudiciales para solucionar problemas de la gente de escasos
recursos económicos. El
Programa está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con una contraparte del Tesoro General de la Nación. “Considerando
la situación de extrema pobreza y el bajo nivel de educación que
caracteriza la realidad nacional, el derecho y la justicia cobran
especial importancia por lo que es imprescindible asistir, orientar,
defender y resolver conflictos de los grupos sociales vulnerables,
identificados en niños, jóvenes, mujeres e indígenas”, explicó
ayer Luis Ballivián Cuenca, coordinador general del Programa. Una
gran parte de los problemas que afectan a las personas de escasos
recursos podrían resolverse fuera del sistema público, a través de
mecanismos alternativos de apoyo, orientación y resolución de
conflictos de carácter extrajudicial, porque gran cantidad de casos que
están dentro el sistema quedan sin atención, aspecto que se agrava si
se incorporan los casos sin denuncia, destacó. Señaló
que el Programa busca ejercer la justicia, a través de mecanismos
alternativos y el accionar de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC). El
Programa contempla asistencia técnica destinada a fortalecer la
capacidad de diseño y gestión de proyectos contemplados por las OSC. RED
DE ORGANIZACIONES Ballivián
afirmó que el ministerio de Justicia, actúa como órgano rector dentro
del proceso de reformas judiciales, siendo en este caso el organismo
ejecutor del Programa Sociedad Civil y Acceso a la Justicia, que
permitirá el establecimiento de una red de organizaciones civiles que
coadyuven con el Ministerio en sus labores de defensa pública y promoción
del respeto a los derechos humanos. Explicó
que la participación de los OSC es fundamental en el sentido de
identificar aquellos problemas legales que agobian a los pobres y
posteriormente proporcionar formas de solución a través de
instrumentos que las organizaciones manejan y de otros a los que puedan
acceder dentro el contexto general de los alcances del Programa. Añadió
que el 75 por ciento del costo del proyecto de 3 millones de dólares,
está destinado al financiamiento de los proyectos elegibles presentados
por las organizaciones de la Sociedad Civil, como organizaciones
religiosas, asociaciones de colegios profesionales, universidades públicas
y privadas, organizaciones territoriales de base y fundaciones. REUNION Para
las 9:30 horas de hoy en el Internacional Park Hotel, se ha programado
una reunión explicativa con más de 45 instituciones de Oruro que se
inscribieron de acuerdo a la convocatoria para la presentación de
proyectos dentro este programa, emitido por esa cartera ministerial.
El 31 de marzo es la fecha límite para la recepción de proyectos, en 30 días se realizará la evaluación por parte de la Comisión de Aprobación de Proyectos (CAP). Una vez seleccionados los proyectos y aprobados por el Panel Consultivo del Programa se comunicará oficialmente a las organizaciones adjudicadas. |