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Se espera desembolso del TGN Se requieren cerca de $us 5 millones para atender las carreteras del país |
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Un presupuesto de aproximadamente 5 millones de dólares es lo que se requiere para atender los trabajos de emergencia de las carreteras del país afectadas por las lluvias. Este monto está siendo tramitado ante el Ministerio de Hacienda para que el Tesoro General de la Nación (TGN) realice el desembolso. Aproximadamente un millón de dólares ya se han destinado para atender los trabajos de emergencia del puente Bulo-Bulo y el puente Eisenhower en la carretera Cochabamba – Santa Cruz. Estos recursos provienen del Fondo de Emergencia del Tesoro General de la Nación, informó el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Kempff. “Por el momento estamos atendiendo la emergencia reponiendo el tránsito vehicular con las mejores condiciones de seguridad”, señaló la autoridad. La transitabilidad en estos puntos ha sido repuesta, los vehículos transitan por una sola vía. La recomendación es que lo hagan con poca velocidad y mucha precaución. Ahora no existe ningún tramo cortado. Desde el día jueves cuadrillas del Servicio Nacional de Caminos realizan trabajos en ambos puentes, principalmente para solucionar algunos problemas estructurales. Fondo de Conservación Vial El ministro Kempff aclaró que el Fondo de Conservación Vial no es la instancia encargada de proporcionar los recursos económicos para este tipo de emergencias, sino para el mantenimiento periódico y preventivo de los caminos del país. “Existen algunos pasos burocráticos, tanto nacionales como internacionales, que debemos seguir para que el Fondo disponga de recursos. Es la primera vez que se ha tomado una medida estructural para tener un Fondo de Conservación Vial y asegurar la continuidad en el mantenimiento de nuestras carreteras que es lo que produce un aumento de la productividad y de la competitividad de nosotros como país” dijo Kempff al respecto. Esta medida de largo plazo contará en poco tiempo con los recursos necesarios del Banco Mundial y de los impuestos de hidrocarburos cuyos trámites están siendo gestionados en el Ministerio de Hacienda.
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Oruro-Toledo Transportistas aseguran que la carretera no ha sido destruida |
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Los 38 conductores acusados de haber dañado parte de la vía Oruro-Toledo, aseguraron a LA PATRIA que la plataforma no ha sido destruida para nada, porque hasta el lugar que ingresaron la vía era accesible. “No somos tan inhumanos para destruir algo que servirá a Oruro, por eso nuestro ingreso ha sido verificando muy bien y podemos asegurar que no se ha dañado nada”, dijeron. Reconoció que ingresaron un tramo de 2 kilómetros, porque la empresa Consorcio TOLEDO, hasta la fecha, tiene un avance de más o menos de 3 a 4 kilómetros. Pero, señalaron que muchas plataformas antes de ser inauguradas muestran desportilladuras, “eso hemos visto objetivamente y eso es una mala construcción y si queremos defender nuestro patrimonio tenemos que supervisar para que el trabajo sea bueno y no culparnos a nosotros por los desperfectos”, añadieron. Manifestaron que como transportistas y por los constantes viajes que realizan, conocen cómo son las carreteras y que empresas construyen, “hasta ahora en la mayoría no se han construido buenas carreteras, porque no han tenido duración”, aseveraron. Sugieren la urgente necesidad de que las instituciones orureñas, Comité Cívico, Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB Oruro), la Universidad Técnica de Oruro y la prensa evalúen el trabajo de la empresa que construye la carretera Oruro-Toledo. “Tenemos que ver de cerca la calidad de carretera que se esta haciendo, no sólo para los orureños sino para el país y el exterior. Es una alerta que nosotros damos al pueblo porque somos transportistas y vemos metro a metro el avance de esta obra”, afirmaron. Manifestaron sobre la posibilidad de que la empresa esté realizando un trabajo deficiente y para justificar el mal trabajo estén buscando un “chivo expiatorio”, culpando a los transportistas de los daños.
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Contraloría exige devolución de los sobresueldos en la UTO |
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*Rector, vicerrector, decanos y otros deben devolver $us. 96.792 en forma inmediata
La Contraloría General de la República exige la devolución de sobresueldos a las principales autoridades de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), que se auto otorgaron con una resolución del Directorio del Comité Académico de Coordinación, donde están el rector y el vicerrector de la misma institución. El Comité se organizó para realizar el Programa Especial de Titulación de antiguos egresados de la Universidad, con un costo de 1.600 dólares por persona, durante la gestión 2000 y 2001, bajo la presidencia del rector de la UTO, Rubén Medinaceli Ortiz. Según la Resolución del Directorio No. 11/2000 y la Resolución Rectoral 356/01, se aprobó una escala especial de remuneraciones para los miembros del Comité Académico de Coordinación: rector, vicerrector y decanos, 500 dólares por mes, equivalentes a 3.490 bolivianos, por encima del sueldo oficial que perciben de la UTO. En cambio, los coordinadores del programa de antiguos egresados percibirán -según la resolución- 400 dólares por mes, mientras que la secretaria que también trabaja en la Universidad, recibirá otro monto de 300 dólares, en calidad de montos netos. Los sobre sueldos se pagaron desde septiembre del 2000 hasta mediados de junio 2001, pero, según el informe de la Contraloría General de la República, “se estableció la existencia de indicios de responsabilidad civil, por percepción indebida de sueldos, pérdida de activos por negligencia y apropiación de bienes patrimoniales del Estado”. Según el dictamen CGR-1/D-109/2001, emitido el 31 de diciembre del 2001, firmado por el Contralor General de la República, Marcelo Zalles Barriga, “por la naturaleza de las obligaciones que han ocasionado daño económico a la entidad y habiendo sido identificados los responsables y determinadas las sumas líquidas y exigibles, corresponde su recuperación por la vía coactiva fiscal, en virtud de lo que procede la aprobación de los informes de auditoría Nrs. GO/EP24/000 R1 y GO/EP24/000 C1, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal”. RESPONSABLES Los funcionarios que deben devolver el dinero percibido en forma ilegal e irregular, son: Rubén Medinaceli Ortiz, Rector de la UTO, por 3.802 dólares; Raúl Arias Murillo, Vicerrector de la UTO, 3.802 dólares; Franz Darío Claros Tórrez, 3.802 dólares; Oscar Panozo Torrico, 3.802 dólares; Bernardo Montoya Choque, 3.802 dólares; Rubén Urquiola Murillo, 3.802 dólares; José Alfredo Vargas Oroza, 3.427 dólares; Guissela Guzmán Olivares, 3.802 dólares; Juan Manuel León Arze, 3802 dólares; Alfredo Ramallo Cáceres, 3.802 dólares; Beatriz Carol de Ugarte Herrera, 3.802 dólares; Napoleón Jacinto Eulate, 3.802 dólares; Clotilde Calancha Castillo, 3.315 dólares; Rodolfo Fuentes Borda, 655 dólares; Fidel Terrazas Camacho, 375 dólares; Alfredo Ramallo Cáceres, 122 dólares; Jhonny Sejas Villarroel, 4.640 dólares; Willy Félix Ajhuacho Yugar, 3.771 dólares; Martha Martínez Gabriel, 3.803 dólares; Eddy Roque Moya, 3.431 dólares; Herbert Isaías Cayo López, 2.439 dólares; Filomeno Choque Castro, 3.316 dólares; Richard Diego Choque, 3.534 dólares; Freddy Mendoza Copacalle, 1.178 dólares; Jeanette Yugar Lípez, 2.988 dólares; Geber Orlando Chánez Argandoña, 3.623 dólares; Fermín Mamani Condori, 3.641 dólares; Lucy Miriam Vallejos Dávalos, 3.410 dólares; y Efraín Flores Fernández, 2.439 dólares. De la misma forma, están obligados a devolver dinero, Rubén Medinaceli Ortiz, en forma solidaria con Victor Hugo Canaviri y Alberto Jaén Fuentes, por 315 dólares; Rubén Medinaceli Ortiz, en forma solidaria con Victor Hugo Canaviri, Alberto Jaén Fuentes y Carlos Peláez Rojas, por 746 dólares. Según la Contraloría, “en caso de que no se proceda al pago, en el plazo de 20 días de recibido el dictamen, la Gerente Departamental de Oruro deberá iniciar la acción coactiva fiscal sobre la base de los informes de auditoría ya citados”. |