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Después de archivar decreto que causó varias muertes

Gobierno quiere hacer las paces con El Mallku

* Felipe Quispe puede decidir "día, hora y lugar" de la reunión

 

La Paz, 15 LA PATRIA

Después de archivar un decreto supremo que causó la muerte de seis personas en el Chapare, el gobierno terminó ayer de flexiblizarse y le envió una carta a Felipe Quispe, "el Mallku", pidiéndole que acepte una reunión el "día, hora y lugar" elegidos por el dirigente campesino.

"Don Felipe: Hay una hora para la guerra y una hora para la paz. Creemos que ha llegado la hora para la paz y es hora de que usted le demuestre al país y a sus bases la responsabilidad que debe caracterizar el liderazgo que usted tiene", dice el comunicado oficial leído por el ministro de Información, Mauro Bertero.

Bloqueo de caminos en el altiplano 

"El Mallku" respondió vía teléfono que decidirá su posible asistencia a esa convocatoria mañana, después de una asamblea en Achacachi (su "cuartel general") con sus bases.

"Tiene que ser en el campo, porque ya no quisiera estar con la Iglesia ni con la Defensora del Pueblo porque ya no hay garantías", dijo Quispe.

En tanto, las piedras y escombros depositadas por seguidores de Quispe en el camino hacia esa región del Altiplano eran despejados ayer por fuerzas militares, según reportes radiales.

Quispe es el único dirigente de los diferentes sectores en conflicto que persiste en mantener sus medidas de presión después de un acuerdo inicial firmado el sábado 9.

Ese día el gobierno aceptó reunirse con el dirigente cocalero Evo Morales pese a haber calificado al ex parlamentario como líder de la "narcoguerrilla" que supuestamente se instaló en el Chapare.

GOBIERNO DOBLEGADO

Los bloqueos de caminos previos a Carnaval no solo causaron la muerte de dos ancianos, arrojaron pérdidas de más de medio millón de dólares.

El viceministro de Turismo, Edgar Torres dijo que la industria sin chimeneas fue "herida de muerte".

La Cámara Hotelera de Oruro también reportó que al menos el 40 por ciento de los turistas extranjeros que hicieron sus reservaciones para el Carnaval suspendieron sus viajes al enterarse de los conflictos sociales.

El bloqueo de caminos convocado por Quispe fue reforzado por manifestaciones callejeras en Cochabamba y el cierre de los caminos a Yungas.

En el Altiplano, los campesinos protestan por el incumplimiento del gobierno a un acuerdo de más de 50 puntos, entre los cuales figuran la apertura de una Universidad Agraria y la compra de 1000 tractores.

En el Valle, los conflictos se masificaron después de la expulsión del dirigente cocalero Morales del Parlamento, por sus declaraciones a la prensa.

Los cocaleros de Los Yungas bloquearon los caminos para oponerse a los decretos 26415 y 26491 que "penalizaban" la coca.

Entre el 16 y el 18 de enero, seis personas, dos cocaleros, dos soldados, un militar y un policía, murieron a consecuencia de los enfrentamientos en Sacaba, mercado de coca, donde los cocaleros centralizaron sus protestas contra el decreto 26415.

El miércoles, después de ser "secuestrados" junto a periodistas, tres ministros y el Prefecto de La Paz, aceptaron dejar sin efecto las mencionadas disposiciones legales.

Los ministros de Asuntos Campesinos, Wigberto Rivero; de Trabajo, Juan Chahín; de Agricultura, Walter Nuñez y el prefecto Germán Velasco firmaron ese documento con los cocaleros de Los Yungas aunque aseguraron que el Plan Dignidad antidrogas seguirá adelante.

PELIGRO

Pese a los esfuerzos del gobierno por pacificar el país el peligro de nuevos conflictos persiste. Morales otorgó ayer un plazo hasta el lunes 18 para que sean liberados todos los dirigentes cocaleros detenidos y acusados de las muertes de uniformados en Sacaba.

Las "movilizaciones se iniciarán a partir del lunes" si ese extremo no se cumple, advirtió el dirigente cocalero.

 

En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades

Alcalde debe informar sobre la fiscalización del Carnaval

LA PATRIA

El fiscal del Distrito, Daniel Soliz Flores dijo que el alcalde de Oruro, Guillermo Aillón Zambrana, tiene plazo hasta la próxima semana, para elevar un informe sobre el cómo y hasta dónde se ha administrado y fiscalizado el Carnaval de Oruro 2002.

Dijo que en apoyo a la Ley Orgánica de Municipalidades 2027, se ha emitido un requerimiento para la Alcaldía como ente municipal sea la instancia encargada de la administración y fiscalización de todo lo que corresponde la celebración de esta fiesta.

“Es un espectáculo público donde participa la ciudadanía y donde existen dineros de orden público de la propaganda o patrocinio, la comuna tiene su correspondiente coparticipación y fiscalización”, aseguró.

El Fiscal sostuvo que para la próxima semana se solicitará un informe al burgomaestre orureño, sobre hasta dónde se habría avanzado en la fiscalización del Carnaval, “porque no es posible manejar recursos públicos en forma arbitraria y sin que nadie conozca absolutamente nada”, aseveró.

Señaló que todo el pueblo de Oruro conoce sobre la venta de metros lineales por parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore y la Comuna, pero debe haber rendición de cuentas de los dineros recaudados a la Contraloría General de la República.

VIOLACION

Al ser consultado sobre la firma del contrato de la Asociación de Conjuntos del Folklore (ACFO) con la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), dijo que por este acuerdo se ha otorgado espacios públicos como arterias, avenidas y parques de la ciudad para propaganda.

“Eso cuesta dinero y tiene que reportarle a la Comuna los ingresos correspondientes. Aquí nadie puede salirse del margen de la ley y hacer cobros y firmar contratos y obtener dineros para eso está la Comuna”, advirtió.

Caso contrario, añadió, se estaría incurriendo incluso en una flagrante violación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dice que solamente la Comuna es la encargada de autorizar los espacios para la propaganda.

“Pero se ha visto que en este Carnaval, cómo toda la ruta  de la entrada estaba inundada de propaganda en favor de una cervecería. Tenemos que actuar dentro del marco de la racionalidad”, afirmó, al señalar que no es nada adecuado llevar adelante propaganda de una bebida alcohólica en un evento cultural.

SE AVASALLA LA LEY

Asimismo, aseveró que la ACFO a violado la Constitución Política del Estado y a avasallado la autoridad de la Alcaldía, “estamos viendo que hay un avasallamiento de la ACFO en contra del principio de autoridad de la Comuna y eso no se puede permitir bajo ningún concepto, porque de por medio están intereses de orden público como los económicos”, manifestó.

El Fiscal considera que debe existir reflexión y todos deben cumplir lo que establece la ley, por eso se pedirá el correspondiente informe al Alcalde para que de a conocer cómo se realizó el trabajo de fiscalización, si lo hubo.