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Gobierno quiere hacer las paces con El Mallku |
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"El
Mallku" respondió vía teléfono que decidirá su posible
asistencia a esa convocatoria mañana, después de una asamblea en
Achacachi (su "cuartel general") con sus bases. "Tiene
que ser en el campo, porque ya no quisiera estar con la Iglesia ni con
la Defensora del Pueblo porque ya no hay garantías", dijo
Quispe. En
tanto, las piedras y escombros depositadas por seguidores de Quispe en
el camino hacia esa región del Altiplano eran despejados ayer por
fuerzas militares, según reportes radiales. Quispe
es el único dirigente de los diferentes sectores en conflicto que
persiste en mantener sus medidas de presión después de un acuerdo
inicial firmado el sábado 9. Ese
día el gobierno aceptó reunirse con el dirigente cocalero Evo
Morales pese a haber calificado al ex parlamentario como líder de la
"narcoguerrilla" que supuestamente se instaló en el
Chapare. GOBIERNO
DOBLEGADO Los
bloqueos de caminos previos a Carnaval no solo causaron la muerte de
dos ancianos, arrojaron pérdidas de más de medio millón de dólares. El
viceministro de Turismo, Edgar Torres dijo que la industria sin
chimeneas fue "herida de muerte". La
Cámara Hotelera de Oruro también reportó que al menos el 40 por
ciento de los turistas extranjeros que hicieron sus reservaciones para
el Carnaval suspendieron sus viajes al enterarse de los conflictos
sociales. El
bloqueo de caminos convocado por Quispe fue reforzado por
manifestaciones callejeras en Cochabamba y el cierre de los caminos a
Yungas. En
el Altiplano, los campesinos protestan por el incumplimiento del
gobierno a un acuerdo de más de 50 puntos, entre los cuales figuran
la apertura de una Universidad Agraria y la compra de 1000 tractores. En
el Valle, los conflictos se masificaron después de la expulsión del
dirigente cocalero Morales del Parlamento, por sus declaraciones a la
prensa. Los
cocaleros de Los Yungas bloquearon los caminos para oponerse a los
decretos 26415 y 26491 que "penalizaban" la coca. Entre
el 16 y el 18 de enero, seis personas, dos cocaleros, dos soldados, un
militar y un policía, murieron a consecuencia de los enfrentamientos
en Sacaba, mercado de coca, donde los cocaleros centralizaron sus
protestas contra el decreto 26415. El
miércoles, después de ser "secuestrados" junto a
periodistas, tres ministros y el Prefecto de La Paz, aceptaron dejar
sin efecto las mencionadas disposiciones legales. Los
ministros de Asuntos Campesinos, Wigberto Rivero; de Trabajo, Juan
Chahín; de Agricultura, Walter Nuñez y el prefecto Germán Velasco
firmaron ese documento con los cocaleros de Los Yungas aunque
aseguraron que el Plan Dignidad antidrogas seguirá adelante. PELIGRO Pese
a los esfuerzos del gobierno por pacificar el país el peligro de
nuevos conflictos persiste. Morales otorgó ayer un plazo hasta el
lunes 18 para que sean liberados todos los dirigentes cocaleros
detenidos y acusados de las muertes de uniformados en Sacaba. Las "movilizaciones se iniciarán a partir del lunes" si ese extremo no se cumple, advirtió el dirigente cocalero.
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En
el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades Alcalde debe informar sobre la fiscalización del Carnaval |
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LA
PATRIA El
fiscal del Distrito, Daniel Soliz Flores dijo que el alcalde de Oruro,
Guillermo Aillón Zambrana, tiene plazo hasta la próxima semana, para
elevar un informe sobre el cómo y hasta dónde se ha administrado y
fiscalizado el Carnaval de Oruro 2002. Dijo
que en apoyo a la Ley Orgánica de Municipalidades 2027, se ha emitido
un requerimiento para la Alcaldía como ente municipal sea la instancia
encargada de la administración y fiscalización de todo lo que
corresponde la celebración de esta fiesta. “Es
un espectáculo público donde participa la ciudadanía y donde existen
dineros de orden público de la propaganda o patrocinio, la comuna tiene
su correspondiente coparticipación y fiscalización”, aseguró. El
Fiscal sostuvo que para la próxima semana se solicitará un informe al
burgomaestre orureño, sobre hasta dónde se habría avanzado en la
fiscalización del Carnaval, “porque no es posible manejar recursos públicos
en forma arbitraria y sin que nadie conozca absolutamente nada”,
aseveró. Señaló
que todo el pueblo de Oruro conoce sobre la venta de metros lineales por
parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore y la Comuna, pero debe
haber rendición de cuentas de los dineros recaudados a la Contraloría
General de la República. VIOLACION Al
ser consultado sobre la firma del contrato de la Asociación de
Conjuntos del Folklore (ACFO) con la Cervecería Boliviana Nacional
(CBN), dijo que por este acuerdo se ha otorgado espacios públicos como
arterias, avenidas y parques de la ciudad para propaganda. “Eso
cuesta dinero y tiene que reportarle a la Comuna los ingresos
correspondientes. Aquí nadie puede salirse del margen de la ley y hacer
cobros y firmar contratos y obtener dineros para eso está la Comuna”,
advirtió. Caso
contrario, añadió, se estaría incurriendo incluso en una flagrante
violación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE),
que dice que solamente la Comuna es la encargada de autorizar los
espacios para la propaganda. “Pero
se ha visto que en este Carnaval, cómo toda la ruta de la entrada estaba inundada de propaganda en favor de una
cervecería. Tenemos que actuar dentro del marco de la racionalidad”,
afirmó, al señalar que no es nada adecuado llevar adelante propaganda
de una bebida alcohólica en un evento cultural. SE
AVASALLA LA LEY Asimismo,
aseveró que la ACFO a violado la Constitución Política del Estado y a
avasallado la autoridad de la Alcaldía, “estamos viendo que hay un
avasallamiento de la ACFO en contra del principio de autoridad de la
Comuna y eso no se puede permitir bajo ningún concepto, porque de por
medio están intereses de orden público como los económicos”,
manifestó. El Fiscal considera que debe existir reflexión y todos deben cumplir lo que establece la ley, por eso se pedirá el correspondiente informe al Alcalde para que de a conocer cómo se realizó el trabajo de fiscalización, si lo hubo. |