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Noticias Regionales


Oruro decide mantener medidas

para alejar al presidente de CNS

Tras conocer la propuesta del Ministro de Salud y Previsión Social, Enrique Paz Argandoña a los dirigentes de los médicos y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), que mantienen un conflicto desde hace nueve días, en Oruro se determinó mantener las medidas de presión hasta lograr el alejamiento del presidente interino de la entidad aseguradora, Héctor Chávez.

“Consideramos que la propuesta del Ministro, es una burla a los planteamientos formulados y que tienen como principal objetivo, la destitución de Héctor Chávez de la presidencia interina, por sus actos de corrupción, abuso de autoridad y prepotencia”,

La huelga continúa

señaló el Secretario General del Sindicato Médico y Ramas Anexas (SIMRA) Oruro, Dr. Nicolás Aguilar, al hacer conocer el rechazo a la propuesta, “porque de cualquier manera, pretenden mantenerlo a Héctor Chávez en la entidad”.

Dijo que en asamblea general realizada ayer en horas de la mañana y que contó con una masiva asistencia de personal de la Caja de Salud, se analizó la propuesta gubernamental para levantar las medidas de presión, la que al ser considerada “una burla de gran tamaño”, fue rechazada de plano y se determinó continuar con las medidas de presión, como son las huelgas: de hambre y general e indefinida.

El Dr. Aguilar se preguntó “¿qué es lo que existe en el fondo..? ¿por qué no quieren soltarlo... será que conoce muchas anomalías y actos de corrupción..?”.

NOTAS DE APOYO

El dirigente del SIMRA-Oruro, dio cuenta que ayer la Regional Oruro recibió notas de apoyo mediante correo electrónico y fax, de las diferentes regionales del país, “incluso de la de Sucre, que recién se ha plegado a la huelga general indefinida, haciéndonos conocer su total apoyo y solidaridad a las medidas radicales que estamos llevando a cabo y que casi nos cuesta la vida del compañero, Carlos Peñaloza”.

Afirmó que las notas de apoyo, levantaron el ánimo de los ayunadores, que ingresaron ayer al noveno día y que muchos ya fueron dados de baja, por su delicado estado de salud y el agotamiento físico que presentaban. Entre ellos mencionó al Secretario de Conflictos del SIMRA-Oruro, Dr. Sémido Roque, el dirigente de los trabajadores, Carlos Peñaloza y otros.

Dijo que continúan recibiendo el apoyo y la solidaridad de médicos y trabajadores, al haberse sumado ayer dos representantes de ambas entidades al ayuno voluntario.

En consecuencia, terminó declarando, “las medidas de presión que buscan la destitución del Presidente interino de la Caja, continúan en Oruro”.

 

Ferroviarios demandan la reversión

del contrato de concesión de ENFE

Al iniciar una cruzada nacional de movilización y concienciación “en la perspectiva de recuperar los ferrocarriles para los bolivianos”, la Confederación de Trabajadores Ferroviarios, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Administración Autónoma de Servicios Autónomos para la Navegación Aérea (AASANA) y Jubilados Ferroviarios de Bolivia, demanda la revisión y posterior reversión de los contratos de concesión, administración y licencia de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) con los que se ha favorecido a la empresa chilena Cruz Blanca.

Al mismo tiempo piden que “todos los responsables de este funesto proceso, como el ex-Ministro de Capitalización, Alfonso Revollo, sean condenados y no queden impunes”, para lo que  la Confederación se constituirá en parte coadyuvante del juicio de responsabilidades, según declaró  ayer a LA PATRIA, el Secretario Ejecutivo, Moisés Guzmán Egüez.

DEVOLUCION

El dirigente ferroviario denunció que la Superintendencia de Transporte, ante el fracaso de las operaciones ferroviarias de parte de la empresa chilena, admitió la devolución del Ramal Oruro-Cochabamba, que se encuentra en pésimas condiciones de mantenimiento y condiciones totalmente desastrosas, “mostrando una vez más la improvisación y total falta de responsabilidad en la administración de los ferrocarriles en nuestro país por parte de la empresa chilena”.

Los propósitos de la devolución del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba, que se encontraba en condiciones completamente deterioradas y hasta muchos sectores desaparecidos por efecto de las fuertes riadas, fue denunciado inicialmente por LA PATRIA, advirtiendo incluso, el alto costo que significará para el Estado, la rehabilitación de esa vía, cuando de acuerdo al contrato de concesión suscrito por la chilena Cruz Blanca, reza en un acápite que “la devolución o reversión del tramo ferroviario al Estado boliviano, se cumplirá en las mismas condiciones en las que esta recibiendo, perfecto estado de transitabilidad y operación”.

El ejecutivo de la entidad sindical denunciante, presume que para admitir la devolución en las pésimas condiciones en que se encuentra el Ramal Oruro-Cochabamba, “ha tenido que producirse otro negociado y correr mucho dinero por debajo”, al reiterar que la rehabilitación de ese tramo, significará una erogación de más de un millón de dólares, ya que el abandono en que se sumió, permitió también el desmantelamiento de la infraestructura de las estaciones intermedias y los servicios telefónicos y eléctricos que contaba, en el momento de la entregada a la capitalizadora chilena.

El documento de la Confederación  de Trabajadores Ferroviarios, LAB, AASANA y Jubilados Ferroviarios de Bolivia, expresa que el paulatino abandono de vías en diferentes tramos y su posterior devolución al estado, “dan a entender el verdadero propósito de la empresa chilena, cual es el de transportar carga y pasajeros, sólo en los tramos de mayor demanda. No otra cosa significa el abandono de los tramos Oruro-Cochabamba, Potosí-Sucre-Tarabuco y Viacha-Guaqui, que por acción de la naturaleza. se encuentran  en estado intransitable y próximos a desaparecer”.

RESULTADOS

Moisés Guzmán Egüez, dio cuenta que entre 1972 y 1985 se ejecutó el plan de rehabilitación de ENFE en tres fases, que comprometieron  una inversión total de 206 millones de dólares, adquiriéndose 36 locomotoras diesel eléctricas, más de mil vagones de carga, coches de pasajeros, ferrobuses, motomanillas, rieles, durmientes, equipo de telecomunicaciones y otros, que permitieron a ENFE en los primeros años de la década del 90, estar completamente equipada con elementos modernos de transporte, con vías habilitadas y de flujo permanente, contando un servicio eficiente.

Afirma que con el proceso de capitalización mediante licitación pública, se favorece a la empresa chilena Cruz Blanca por 13.251.000 dólares la red ferroviaria andina y 25.853.099 la red oriental, haciendo un total de 39.104.099 dólares, que no tienen comparación ni con la inversión realizada por ENFE en el plan de rehabilitación.

ANOMALIAS

El dirigente nacional también denuncia la serie de anomalías que se cometieron en el proceso de licitación y adjudicación de ENFE, del que el gran perdedor es el Estado, debido a la capitalización, que de acuerdo a los resultados de la Consultora Levin, que realizó una evaluación técnica independiente de los bienes, otorgó un valor en libros en las sumas de 39.912.309 dólares para la red Andina y 29.384.402 dólares para la red Oriental, significando un monto total de 69.296.711 dólares, que fueron considerados montos reducidos y de favorecimiento.

Para el proceso de adjudicación, señaló que 20 firmas extranjeras adquirieron los pliegos de especificaciones de los cuales sólo dos ingresaron a la fase de apertura de sobres, Antofagasta Holding y Cruz Blanca, las que cometieron errores en la presentación de sus propuestas; sin embargo, quedó habilitada Cruz Blanca, que aunque el régimen de licitaciones establecía claramente que no procedía la adjudicación con una sola propuesta, ello se salvó con la dictación de la Resolución Ministerial Nº 215485, cuyo artículo 10 dispone que “la adjudicación será procedente aún en el caso de existir una sola propuesta económica” respaldo prefabricado que la junta aprobó la adjudicación en favor de la chilena Cruz Blanca.

Otra anomalía cometida por la junta general extraordinaria de accionistas, sin previa convocatoria pública y sin participación de los trabajadores ferroviarios que suscribieron acciones,  dice el dirigente Guzmán Egüez, “tomó la arbitraria decisión de reducir “voluntariamente” el capital, con lo cual ENFE en lugar de capitalizarse, fue más bien descapitalizada, en un claro  contrasentido del objetivo de capitalización”.

NO HAY INVERSION

Para la Confederación de Ferroviarios y Ramas Anexas, de acuerdo con el concepto de la inversión, la empresa chilena tenía que aportar con 13 millones de dólares para la capitalización de los ferrocarriles de la Red Andina, que debían destinarse a la renovación del material tractivo y rodante y otros requerimientos para reforzar su capacidad operativa, sin embargo, todos los momentos calificados por esta empresa como inversión, corresponden en la práctica a gastos corrientes de operación, por cuanto no han representado incremento en los activos fijos.

Moisés Guzmán, indignado dio cuenta que por el contrario, de cerca de veinte locomotoras en servicio que recibió la empresa chilena al momento de capitalizarse ENFE, hoy su parque tractivo es de sólo ll locomotoras “y lo que es peor, para reparar una locomotora, se procede a desmantelar otra que ya no esta en servicio, haciendo gala del canibalismo y dejando completamente inservibles los equipos tractivos”.

EXTINCION

Finalmente el dirigente ferroviario y con melancolía, refirió que en fiel cumplimiento de la política de usufructo del ferrocarril andino de que “transportar carga es más rentable que llevar pasajeros”, orientó su preferencia hacia ese rubro, y en contraposición, suprimió el transporte de pasajeros en la mayor parte de la red Andina, como los servicios a, y de ciudades principales como La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre, al igual que a poblaciones intermedias, cuya actividad económica dependía del ferrocarril, al margen de ser el único transporte que los comunicaba con las ciudades próximas, con lo que prácticamente se los ha desvinculado condenando a la extinción de muchos núcleos poblacionales que se desarrollan alrededor de estas estaciones.

En la actualidad, terminó señalando, sólo se cumple el servicio de transporte de pasajeros entre Oruro y Villazón, habiéndose suprimido absolutamente todos los demás tramos. 

Tres abogados de la Alcaldía se

refieren a información de LA PATRIA

Los abogados de la Alcaldía Municipal de Oruro: René Barrozo, José Luis Carvallo y José Romano A., enviaron una nota “aclaratoria” a LA PATRIA , refiriéndose a informaciones que registra este matutino en sus ediciones del 18 y 23 del presente mes, referidas a declaraciones de una autoridad judicial, de concejales e información proporcionada en la Alcaldía, relacionada con un proceso judicial por cuya consecuencia fue separado de sus funciones el Alcalde Edgar Bazán Ortega.

La nota aclaratoria afirma: “No se puede hacer apreciaciones ligeras sobre el curso de un proceso, si no se ha observado el mismo con criterio absolutamente jurídico, ya que lo contrario resulta interesado, no se puede ignorar el precepto constitucional en su Art. 6º. Parágrafo II cuando señala que: “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, ya que una desatinada opinión de determinado personaje a inducido a que se haga eco mostrando un error de apreciación que daña nuestra dignidad profesional...”

La nota aclaratoria, luego, involucra a LA PATRIA cuando señala que: “Ante publicaciones realizadas en el matutino La Patria los días 18 y 23 de enero, se generaliza a todo el equipo de abogados, tildándolos de incapaces e ineficientes, si en verdad realizan un periodismo de investigación, por qué no cumplen con una labor con responsabilidad, por lo que consideramos quienes hacen investigación de prensa, se informen en los hechos reales, con el derecho de expresión que toda persona tiene para reclamar se aclare su dignidad, ya que no se puede enlodar la imagen bien ganada que tienen los profesionales  abogados, por comentarios equivocados e interesados”.

Luego la nota señala que los abogados de la Alcaldía  trabajan en casos por especialidades y no todos atienden una sola causa, por lo que no se debe echar lodo a todos los profesionales abogados de la Alcaldía.

NOTA DE REDACCION.-  Otra vez se equivocan los abogados René Barroso, José Luis Carvallo y José Romano A., porque LA PATRIA, en los artículos a que  se refieren, se limita a informar, sobre las declaraciones hechas por el Delegado Distrital del Consejo de la Judicatura, abogado Ernesto Araníbar Sagárnaga, autoridad que dijo que Edgar Bazán Ortega ha perdido la batalla jurídica por una falla procedimental cometida por los, o el abogado, que patrocina al burgomaestre orureño “fue un craso error” comentó.

En otra información de fecha 18 de enero se indica que el concejal René Tapia dijo que el problema que se trataba (en el Concejo), era producto del pésimo asesoramiento brindado a Edgar Bazán  por sus abogados y técnicos.

La información del miércoles 23, tiene como fuente a concejales que criticaron el mal asesoramiento de los abogados lo que provocó la suspensión del alcalde Bazán.

Si los abogados: René Barroso, José Luis Carvallo y José Romano A. tienen algo que aclarar, que lo hagan al Delegado Distrital del Concejo de la Judicatura, Ernesto Araníbar; al concejal René Tapia y a la Alcaldía cuya instancia informativa parece desconocer, porque LA PATRIA maneja la información con total sentido de responsabilidad y profesionalismo reconocidos.

 

Según proyecciones del INE

En Oruro hay 40.716 potenciales electores

El total de nuevos potenciales electores en el Departamento de Oruro, es de 40.716 personas, comprendidas entre las edades de 15-19 años, según dijo a LA PATRIA la directora a.i. del Instituto Nacional de Estadística Oruro (INE), María Cristina Campos Rosales.

Dijo que de este total 29.889 personas se encuentran en áreas urbanas y 10.827 en el área rural, explicando que como área urbana se considera a las ciudades intermedias con una población de más de 2.000 habitantes.

“Con este dato podemos inferir más o menos cuál va a ser la cantidad de gente que va a estar en edad de votar en las elecciones generales de este año”, comentó la autoridad del INE Oruro.

Aclaró que todavía no se tiene los resultados del Censo 2001, pero se manejan datos de proyección con tasas de crecimiento intercensal del 76 al 92, realizando la proyección  de la población por grupos etáreos quinquenales y también por quinquenios, “cada 5 años se eleva el informe de cuánto es el crecimiento potencial en cada uno de los grupos etáreos”, afirmó.

INTERES

Indicó que la Corte Electoral de Oruro, tiene tiene toda la disponibilidad a la información de estos datos a través de solicitudes, aunque esta institución precisa resultados finales del Censo 2001.

Lamentablemente “no les vamos a poder brindar, pero sí podemos hacer estimaciones que tienen un margen de error mínimo y justamente eso es lo que se persigue con los estadígrafos que se encuentran en La Paz”, aseguró.

Al referirse a las personas mayores de 19 años dijo que  ya no son considerados como potenciales electores-votantes, sino que están integrados a los antiguos votantes.

Para este grupo, afirmó, los partidos políticos ya no les despierta ningún interés porque justamente ya están captados y ya tienen una tendencia política definida.

Pero los potenciales electores sí son de interés para los partidos políticos,a tiempo de considerar que no es tan saludable este grupo porque se encuentra en una edad crítica y sobre esto viene la presión por quién votar.

“La juventud es muy maleable y se puede amoldar a  intereses malfundados por gente que solamente persigue votos”, afirmó.

EN JULIO

Campos aseveró que los resultados del Censo 2001 todavía no serán publicados hasta fines de marzo tal como se anunció, sino en julio donde los partidos políticos estarán ya en la recta final de su campaña publicitaria con ataques al grupo etáreo, esos potenciales electores susceptibles de ser captados con mayor fuerza por los partidos políticos.

Explicó que han habido impedimentos técnicos que no permitieron acelerar el proceso estadístico de depuración de la información de los resultados del Censo 2001.