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Familiares de uniformados asesinados advierten con huelga de hambre

Evo Morales puede perder su

curul parlamentario mañana

* Gobierno insiste en condicionar el diálogo a la entrega de autores de las muertes

 

La Paz, 22 LA PATRIA

El diputado y dirigente cocalero Evo Morales está a punto de perder su curul en el Parlamento. De luto, con los ojos rojos por el llanto y la voz quebrantada por el dolor, familiares de tres militares y un policía victimados de manera "brutal y violenta" en Sacaba, Chapare, demandaron ayer a gritos "justicia y el desafuero" del parlamentario.

La solicitud fue atendida por el presidente de la Cámara Baja, Luis Vásquez, quien entregó el trámite inmediatamente al presidente de la Comisión de Etica, Manuel Suárez.

"Es difícil tratar de contar lo que sentimos nosotros los familiares, por culpa de este animal que camina en nuestro país, este caníbal, que es el señor Evo Morales", dijo David Trujillo Durán, padre del subteniente Marcelo Trujillo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el viernes en medio de un charco de sangre y con signos de tortura y traumatismo múltiple.

"Mi hijo a sido martirizado como Tupac Katari, yo como padre de familia y mi esposa, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, que se nos haga justicia, Evo Morales ha destrozado nuestra familia", agregó Trujillo.

Afligida, cubierta por un velo negro y haciendo esfuerzos para que el llanto no le impida expresarse con claridad, la madre de Trujillo, Prima Aranda dijo: "Hemos venido a solicitar el desafuero de este señor Evo Morales, por que él es el que instruye, planifica, organiza y hace ejecutar a los cocaleros".

La solicitud de los dolientes fue presentada a mediodía. En horas de la tarde, los diputados se reunieron extraordinariamente para aprobar una resolución que pedía a la Comisión de Etica resolver el caso Morales en 48 horas.

La decisión parlamentaria fue precedida por una reunión matinal del Ministro de Gobierno, Leopoldo Fernández y Vásquez, presidente de la Cámara Baja.

Casi simultáneamente a la decisión de los diputados el ministro de Información, Mauro Bertero reiteró que el gobierno no se sentará a dialogar con los cocaleros hasta que "los asesinos" no sean entregados.

En horas de la noche, fue televisado un spot que hace un recuento de la muerte de varios uniformados en el Chapare.

"MALDITO EVO"

Las quejas de los familiares conmovieron a Vásquez que hizo esfuerzos para contener las lágrimas. Una de las escenas más desgarradoras fue protagonizada por Lourdes Puri, esposa del policía Antonio Gutiérrez cuyo cadáver fue hallado junto al del subteniente Trujillo.

"El era todo para mí. Quiero que Evo Morales entre a la cárcel, porque por culpa de él me he quedado sola y mi hijo (de seis meses) sin padre. El era todo para nosotros".

La viuda maldijo al dirigente cocalero. "Quiero que Evo Morales muera como un perro envenenado, si es posible, si yo lo viera delante de mi haría justicia con mis manos." Agregó:

"Como le han hecho a mi esposo, le ha  arrojado con una piedra en su cabeza, lo han arrastrado con soga a su cuello, de rodillas, le han arrastrado, le han destrozado su cara, que maldad le ha hecho a Evo para que el haga eso".

"Maldito Evo te quiero ver como un perro envenenado muerto, con toda tu tracalada".

También demandaron justicia, los padres del dragoneante Wilson Cartagena, presuntamente victimado por francotiradores el jueves 17. Hilarión Cartagena Mamani dijo: "Mi hijo es inocente, no ha fabricado cocaína, por que me lo han matado a mi hijo mayor, era humilde cariñoso, me lo han baleado en el corazón".

NO HAY DIALOGO

El ministro Bertero volvió a reiterar que el gobierno no dialogará con "los asesinos" del Chapare.

Al igual que el presidente Jorge Quiroga y el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, el Ministro condenó las muertes de uniformados e ignoró a los dolientes de los cocaleros victimados en la guerra contra las drogas que se libra en el trópico cochabambino.

Desde 1985, 55 cocaleros perdieron la vida como producto de la represalia de fuerzas combinadas de la policía y el ejército. De ese total, 15 campesinos murieron bajo el mandato de Hugo Banzer (1997-2001) y nueve bajo el gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002).

El número de policías y militares muertos desde 1998 asciende a 16, cuatro en abril de ese año, ocho entre 2000 y 2001 y cuatro en menos de 48 horas la semana pasada. Ninguna de estas muertes fue esclarecida por el Ministerio Público.

 

Fiscal declara improcedente

pedido de detención de Banzer

LA PAZ/SUCRE, 21 (Jatha) - El Fiscal General de la República, Oscar Crespo Solíz, pidió a las 18:10 horas del lunes a la Corte Suprema de Justicia declarar improcedente el pedido de detención del ex presidente Hugo Banzer Suárez para su extradición a la Argentina, como planteó el juez argentino Rodolfo Canicoba.

El 26 de diciembre el juez federal argentino envió a Interpol-La Paz una orden de detención internacional que luego de observada en Bolivia fue ampliada con un exhorto suplicatorio a la Cancillería de la República que cursó trámite procedimental a la Corte Suprema y la Fiscalía General.

Una vez revisados los antecedentes, la Suprema remitió la solicitud al Ministerio Público que requirió la improcedencia que inviabilizaría la extradición del ex mandatario incriminado por 15 desapariciones forzadas de ciudadanos bolivianos y argentinos en un amplio legajo documentado.

En un documento de siete páginas devuelto el lunes por la Fiscalía a la Suprema, se señala que la solicitud contra Hugo Banzer es inviable porque produce una figura de colisión jurídica con los tratados de derecho internacional vigente en materia de extradiciones y además contra la misma Constitución Política del Estado.

En otro aspecto, el Fiscal General, Oscar Crespo, hace saber que el requerimiento de la justicia argentina es contrario al nuevo Código de Procedimiento Penal porque el arresto provisorio o detención preventiva está estipulado por el Tratado de Montevideo de 1899.

Esa norma internacional tiene por objeto asegurar la presencia del extraditable durante la sustanciación del proceso de extradición y puede alcanzar hasta períodos de seis meses, pero ello se contrapone a los postulados del nuevo Procedimiento Penal que adopta el proceso acusatorio oral y proscribe la detención preventiva como pena anticipada.

El Fiscal Crespo justificó que el nuevo Código de Procedimiento Penal sustituye la detención preventiva con una medida cautelar, aplicable únicamente en los casos que sea evidente el riesgo de fuga o entorpecimiento u obstaculización de la averiguación de la verdad.

"En este caso, de parte del presunto extraditable, la detención preventiva puede ser sustituida conforme a las condiciones personales del encausado, con otras medidas cautelares menos gravosas, que le permitan cumplir los fines de la detención, presencia del procesado durante el desarrollo del juicio, sin necesidad de privarle su libertad", precisa el requerimiento fiscal.

Asimismo fundamenta el Fiscal General que la inmediata privación de la libertad, con ampliación de las garantías individuales, se ha venido invocando en los últimos años para evitar la impunidad de la delincuencia organizada, delitos de narcotráfico, económicos, ecológicos, terrorismo internacional y otros que colocan a los organismos de lucha contra el crimen en una real desventaja, frente a las técnicas utilizadas por aquellas.

"En cambio en el caso específico analizado, las penas máximas de los delitos cuya comisión se atribuye a Banzer Suárez, alcanzaban en el período de su supuesta comisión (1975-1981). En los delitos previstos: asociación delictuosa y privación de libertad del Código Penal boliviano, a dos años para el primer caso y dos más un tercio para el segundo agravado, causa por la cual no amerita la detención preventiva solicitada, en virtud de los previsto en los artículos 232 inciso 3 del nuevo Código de Procedimiento Penal que prohíbe utilizar esa medida en el caso de los delitos sancionados con pena de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años", precisa el Fiscal Crespo en su requerimiento a la Suprema que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen final.