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Cancillería recibió ayer a las 09:00 a.m. pedido de la justicia argentina

Captura y extradición de Banzer 

dependen de la Corte Suprema

"No existe argumento legal para negar esa solicitud", dice Asamblea

Permanente de Derechos Humanos

 

La Paz, 09 LA PATRIA

Una Corte Suprema de Justicia afectada por la renuncia de su presidente hace una semana, debe decidir si el ex presidente Hugo Banzer debe o no ser capturado y extraditado a la Argentina, tal como establece un exhorto de la justicia de ese país que llegó ayer a la Cancillería de la República.

El exhorto judicial argentino solicita la "detención preventiva con fines de extradición de Banzer" por su presunta participación en el Plan Cóndor, cuando gobernaba el país como dictador (1971-78).

El documento será remitido a la brevedad posible a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese poder del estado que decida la procedencia o no de la detención preventiva de Banzer, según un comunicado de la Cancillería.

Banzer está acusado por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral de haber patrocinado junto a otros dictadores latinoamericanos de la época, la coordinación del Plan Cóndor, sistema internacional de persecución, tortura, encarcelamiento y eliminación de disidentes 

 

Hugo Banzer

políticos ejecutado en Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El ex presidente es responsable, según las acusaciones que cursan en el juzgado de Canicoba, del asesinato de al menos seis personas.

Aunque el gobierno adelantó que Banzer, en su condición de ex presidente (gobernó en democracia 1997-2001) debe ser juzgado por el Parlamento, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia(APDHB) adelantó lo contrario.

"La Corte Suprema de Justicia puede ordenar la detención preventiva de Banzer por que el estado boliviano está en la obligación de acceder a ese pedido de la justicia argentina", dijo a LA PATRIA el secretario de Asuntos Jurídicos de la APDHB, Sacha Llorenti.

"No existe argumento legal para negar esa solicitud".

La Corte Suprema puede ordenar una detención preventiva de hasta seis meses y el estado boliviano está en la obligación de cooperar con su par argentino por que firmó la Convención de Montevideo de 1889 y otros convenios internacionales de colaboración judicial contra crímenes de lesa humanidad, agregó Llorenti.

Los abogados defensores de Banzer, el ministro de Justicia, Carlos Serrate y el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Vásquez (MIR) han manifestado coincidentemente que Banzer, en su condición de ex presidente, no debe ser juzgado en Argentina.

Coincidieron también en señalar que en caso de ser sometido a un juicio, Banzer debería ser procesado por el Parlamento. Llorenti al respecto dijo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos "no confían en un juicio contra Banzer en el legislativo por que puede politizarse".

El diputado mirista Hugo Carvajal desestimó ayer esa propuesta y recordó que un primer juicio iniciado contra Banzer en 1979 por el jefe del Partido Socialista 1 (PS-1) Marcelo Quiroga Santa Cruz fue interrumpido y prescribió por que ya pasaron más de dos períodos legislativos desde entonces.

Quiroga Santa Cruz fue asesinado por paramilitares que perpetraron el golpe del 17 de julio de 1980, comandados por Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

El político fue identificado, separado de un grupo de detenidos y acribillado por uno de los paramilitares. El periodista argentino, Martin Sivak, testigo ante el juez Canicoba y autor de dos libros sobre la dictadura banzerista asegura que Banzer patrocinó el golpe de García Meza.

DELITOS IMPRESCRIPTIBLES

Un total de 116 personas fueron asesinadas y/o desaparecidas en Bolivia, Argentina y Chile bajo la responsabilidad de Banzer, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

En Bolivia, 33 personas fueron desaparecidas y 56 asesinadas, según esa organización.

La "masacre de Tolata" dejó como saldo 14 muertes, mientras 35 bolivianos fueron víctimas de desaparición forzada en Argentina. Al menos ocho ciudadanos bolivianos fueron desaparecidos en Chile y tres militares opositores de Banzer fueron asesinados.

El Gral. Juan José Torres -derrocado por Banzer en agosto de 1971- fue asesinado en Argentina, mientras el coronel Andrés Selich Chopp fue encontrado muerto en La Paz, en la casa del ministro del Interior de Banzer, Alfredo Arce Carpio, después de ser sometido a una "golpiza". El Gral. Joaquín Zenteno Anaya fue asesinado en París, Francia.

Esos crímenes, al igual que la tortura, detención ilegal y desaparición forzada de miles de personas en los períodos dictatoriales de los 70, son delitos que no prescriben nunca, según leyes internacionales.

Banzer, de 75 años, lucha contra un cáncer en el pulmón izquierdo y el hígado. Después de enterarse de la orden internacional de su captura y extradición, suspendió un viaje a Estados Unidos país donde se realizó siete sesiones de quimioterapia.

El ex mandatario alegó inocencia en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, la APDHB y Asofamd, junto a familiares y sobrevivientes de la dictadura han adelantado que seguirán de cerca el juicio contra Banzer.

 

"Las jornadas de luto y dolor no deben repetirse", dijo Bertero

Gobierno no tiene sugerencias para

esclarecer crímenes de dictaduras

La Paz, 09 LA PATRIA

El gobierno del presidente Jorge Quiroga no tiene ninguna sugerencia para esclarecer, procesar y castigar a los autores de los crímenes contra la humanidad cometidos en las dictaduras, según el ministro de Información, Mauro Bertero.

"Nosotros no estamos siendo convocados a opinar respecto a la dinámica jurídica, lo haremos cuando seamos convocados a opinar sobre la dinámica", dijo ayer la autoridad ante consulta de LA PATRIA.

Aunque el ex presidente democrático (1997-2001) y ex dictador (1971-78) Hugo Banzer dijo que el gobierno de facto que encabezó por siete años fue "una dictablanda", familiares de desaparecidos y sobrevivientes a las torturas, detenciones y expatriaciones ilegales exigen justicia por esos delitos.

Cientos de muertes y asesinatos políticos se registraron en varios gobiernos dictatoriales. Durante el régimen banzerista más de 100 personas fueron asesinadas y desaparecidas, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

En los golpes de Alberto Natush Busch (1979) y Luis García Meza (1980), cientos de personas perdieron la vida a manos de paramilitares.

Mientras países como Chile y Argentina establecieron comisiones de esclarecimiento, Bolivia no ha tenido la oportunidad de justicia para esos crímenes.

Bertero dijo ayer que al gobierno no le corresponde esa iniciativa. "No somos parte de este tema".

El ministro lamentó además "no tener la capacidad jurídica para hacerlo".

"Lo que si puedo decirle es que las jornadas de luto y dolor que caracterizaron épocas que no quieren volver a vivir los bolivianos ni latinoamericanos, no deben repetirse", concluyó.