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Ministros
y presidente de Diputados niegan principio de extraterritorialidad Poderes ejecutivo y legislativo cierran filas y protegen a Banzer |
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De
esa manera, el poder legislativo se unió a la estrategia de
defensa del ex mandatario, asumida inicialmente por ADN y el poder
ejecutivo. Vásquez,
al igual que el ministro de Justicia, Mario Serrate (ADN) afirmó que
Bolivia debe hacer respetar el principio de soberanía jurídica que
impide que delitos contra la humanidad cometidos en Bolivia sean
juzgados en otros países. Banzer
está acusado por la justicia argentina de haber coordinado, junto a
otros dictadores de Latinoamérica, la ejecución del Plan Cóndor, un
sistema de represión y aniquilamiento de disidentes políticos
durante la década de los 70. Banzer
tomó el poder después del golpe de estado del 21 de agosto de 1971 y
gobernó como dictador por siete años apoyado en un sistema de
represión militar. Más
de 50 desapariciones forzadas, además de cientos de muertes, arrestos
indebidos y casos de tortura, se registraron en esa periodo, según la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos. El
juez argentino Rodolfo Canicoba Corral emitió entre el 25 y 26 de
diciembre una orden internacional de captura y extradición contra
Banzer. Canicoba
Corral dice contar con información clasificada del departamento de
Estado de Estados Unidos que demuestra la participación de Banzer en
el Plan Cóndor. El
magistrado también desea interrogar al ex Presidente sobre el
supuesto asesinato de seis personas durante el régimen banzerista,
según el matutino La Razón. Hugo
Banzer negó con anterioridad esas acusaciones y dijo en una
entrevista reciente que la suya "no fue una dictadura, sino una
dictablanda". El
pedido de captura y extradición contra Banzer llegó a Bolivia el
viernes. Desde ese momento, el poder ejecutivo ha cerrado filas en
torno al ex presidente y ha dejado en claro que debe ser juzgado, si
el caso lo requiere, por la Corte Suprema de Justicia, en su condición
de ex presidente de la República. Serrate
dijo que la Constitución Política del Estado es clara en ese aspecto
y aseguró que los convenios internacionales de extradición y
cooperación contra el crimen están por debajo de la Carta Magna. Anteriormente,
la justicia argentina colaboró con el país al extraditar a Dante
Escobar, suplente del diputado adenista y ex hombre de confianza de
Banzer, Fernando Kieffer. Escobar, acusado de una estafa millonaria al
estado, fue detenido por la Policía Internacional (Interpol) acatando
un pedido del juez boliviano Alberto Costa Obregón. Cuando LA PATRIA
le preguntó a Serrate si la negativa de extraditar a Banzer no
obstruiría la relación judicial con Argentina, el ministro elevó el
tono de voz y con una expresión de molestia en el rostro dijo:
"Son dos casos diferentes, ese (Dante Escobar), es un
delincuente, aquí estamos hablando de un ex presidente". Los
asesinatos políticos, desapariciones forzadas y torturas son
considerados como delitos contra la humanidad, vale decir que por su
gravedad afectan a todos los seres humanos, por esa razón son
imprescriptibles y susceptibles de ser juzgados en cualquier país. La
captura del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres,
Inglaterra en octubre de 1998 por orden del juez español Baltazar
Garzón sentó jurisprudencia en este tipo de delitos y el ex
presidente Banzer es susceptible de ese mismo tratamiento, según la
presidenta de la Asociación de Familiares y Desaparecidos por la
Liberación Nacional (ASOFAMD), Loyola Guzmán. Guzmán,
que fue militante del grupo radical de izquierda Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y fue detenida y torturada durante la dictadura
banzerista, dijo ayer que Banzer debe ser juzgado para terminar con la
impunidad. Vásquez
argumentó que los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos
en la dictadura deben ser procesados en el sistema jurídico nacional. El
arresto de Pinochet en Londres obedece a otra tendencia jurídica
característica del Viejo Mundo que promulga la extraterritorialidad.
Pero en Latinoamérica los países mantienen la independencia de sus
estados para juzgar esos delitos por su cuenta, negando la
extraterritorialidad, dijo Vásquez. Al
menos tres fundadores del MIR fueron asesinados en Chile, como parte
de la represión internacional de las dictaduras, según familiares de
las víctimas. En noviembre de 1998, un mes después de la captura de
Pinochet, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para exigir
la investigación y castigo a los responsables de esas muertes. Un
abogado boliviano presentó una querella ante la justicia chilena
contra Pinochet por esos crímenes. Vásquez
dijo ayer no estar informado de ese proceso. "No conozco en que
estado, se que en algún momento el que ahora es embajador en Bélgica
ha estado ayudando a nombre de sus familiares. Personalmente no
conozco, con toda sinceridad no conozco el tema", dijo. En
tanto, el ex presidente Banzer ya contrató un equipo de abogados que
asumirán su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, que es en este
caso el poder del estado que debe decidir si Banzer ex extraditable o
no. Familiares y allegados del ex mandatario adelantaron la
posibilidad de que Banzer se someta a una octava sesión de
quimioterapia en Santa Cruz y suspenda su viaje a Estados Unidos. Banzer, de 75 años, sufre de un cáncer irreversible que le afectó el pulmón izquierdo y el hígado.
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2002: Oruro inicia nuevo año con esperanza de desarrollo |
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* Es hora de concluir la construcción del camino pavimentado Oruro-Toledo, Zona
Franca Comercial y el Mercado Simón Bolívar * La producción agrícola y ganadera, el turismo y el Carnaval tienen perspectivas
positivas para mejorar el 2002 El
pueblo de Oruro inicia hoy un nuevo año de esperanzas, para transformar
la crisis económica y convertir a esta ciudad con perspectivas de
desarrollo, como la culminación del añorado camino Oruro-Toledo, la
zona franca comercial y el mercado Simón Bolívar, la generación de
proyectos para el turismo y la reactivación económica, minera y
comercial. El
2002 no será igual que los años pasados. Existen más posibilidades de
revertir el atraso y la postergación, pero eso depende del gobierno,
autoridades departamentales, instituciones cívicas, administrativas,
políticas y culturales, para mejorar las condiciones de vida de todos
los orureños. CAMINO
ORURO-TOLEDO Las
perspectivas son promisorias, para culminar, así sea un pequeño tramo
del camino Oruro-Pisiga, para llegar hasta Toledo. Si todo va bien, el
camino Oruro-Toledo estará terminado antes de la culminación del
mandato de Jorge Quiroga Ramírez, pero es necesario exigir el
cumplimiento de compromisos para que el gobierno emita la licitación
para el tramo Toledo-Huachacalla, con financiamiento de Italia, Oruro
(por la venta de Vinto) y la contraparte del Estado. El
proyecto caminero a Pisiga debe estar concluido antes de la celebración
del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Oruro, el 2006.
El presidente Jorge Quiroga y cualquiera que esté en el Poder
Ejecutivo, desde el 6 de agosto del 2002, tiene la obligación de
adjudicar el proyecto. El
Comité Cívico de Oruro advirtió que el camino a Pisiga debe estar
concluido el 2006, porque significa un acontecimiento de trascendental
importancia para la vida, el progreso y desarrollo de la ciudad y las
provincias del occidente del departamento. MERCADO
BOLIVAR Miles
de comerciantes esperan la conclusión del mercado Simón Bolívar, para
reubicar sus puestos en esa infraestructura que, poco a poco, se
construye en la zona Este de la ciudad. Los concejales ofrecieron
terminar el proyecto el 2000. Después, se dijo el 2001, pero, es
preciso que todas las instituciones de Oruro exijan la culminación de
la construcción, para que no se convierta en un monumento a la vergüenza
y al cemento. El
proyecto fue iniciado en 1996. Debía estar concluido en un año
calendario, pero la Alcaldía nunca tomó previsiones económicas para
garantizar la ejecución de la obra. El 2001, se colocó la cubierta,
pero ahora se espera la obra fina, para albergar a más de 1.500
comerciantes en el interior. Los otros comerciantes deben ubicarse en
las arterias adyacentes. ZONA
FRANCA COMERCIAL El
2002, debe funcionar la zona franca comercial de Oruro en la zona Sur de
esta ciudad, detrás de la ex Metabol. El proyecto no tiene
financiamiento externo ni estatal. Es una obra de los comerciantes de la
Super Feria, para la importación de bienes de uso y consumo. El
proyecto puede ayudar a resolver una parte de la crisis económica de
centenares de familias que no perdieron la esperanza en tener días de
prosperidad. El
esfuerzo está hecho. Ya existe un muro perimetral de seguridad. Ahora,
se iniciará la construcción de casetas y galpones, por cuenta propia
de los comerciantes. EL
TURISMO Y EL CARNAVAL El
turismo es una mina de oro que, hasta el momento, aún no fue
aprovechado por las instituciones estatales y empresas privadas. Pocos
proyectos fueron preparados el 2001, pero es necesario empezar la
ejecución de las obras, tomando en cuenta el Plan Decenal de la
Prefectura, Alcaldía, Universidad y la Asociación de Conjuntos del
Folklore. El
Carnaval de Oruro es una parte del incentivo al turismo, después de la
declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad. La
Cátedra del Patrimonio Oral, organizado por la UNESCO, dio luces sobre
la forma de encarar proyectos turísticos. Ahora, depende de los mismos
orureños, especialmente de la empresa privada para lograr
financiamiento con el objetivo de convertir a Oruro en una ciudad y un
departamento promotor del turismo. Las
microempresas no están desligadas del turismo, porque son,
esencialmente pequeñas organizaciones que ofrecen servicios, desde
hoteles, hasta los talleres y tiendas de barrio. Por lo tanto, cuanto
mayor y mejores condiciones de transporte existan, habrán más
posibilidades de atraer turistas. Depende
también de la calidad del servicio, para tener mejores ingresos. REACTIVACION
MINERA Y AGRICOLA La
reactivación de la minería es indispensable. Se trata de garantizar
miles de fuentes de trabajo de la minería privada y cooperativizada,
para evitar una profunda crisis social y económica que puede tener
derivaciones insospechables como en Argentina. Sin embargo, hay factores
externos que continuarán afectando a la producción minera, como la caída
de los precios del estaño. La
producción de plata en San José está a medias. Los cooperativistas
iniciaron labores, pero no es suficiente para lograr la reactivación
minera. Vinto y Huanuni tienen dificultades en su producción. Los
mineros esperan que los empresarios de Allied Deals inviertan sus
recursos para mejorar las condiciones de trabajo y producción, para
competir en el mercado internacional. El incentivo a la producción agrícola y pecuaria está empezando. La Prefectura y la Alcaldía tomaron con seriedad el problema de los productores, para invertir recursos en la perforación de pozos acuíferos, provisión de sistemas de microrriego y energía eléctrica, en los lugares esencialmente productivos.
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Lo
dice el diputado condepista Pedro Rubín de Celis Monstruo de varias cabezas en el ejecutivo protege a corruptos |
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El
diputado condepista, Pedro Rubín de Celis, acusó al Poder Ejecutivo,
Legislativo y al Parlamento Nacional, de organizar un monstruo de varias
cabezas y una maraña bien tejida, para efectuar controles de protección
a culpables en el caso
Huanuni, Vinto y Fundición de Antimonio de baja ley, en cuyos traspasos
a la empresa privada se han detectado una serie de actos de corrupción. Dijo
que la ciudadanía debe estar consciente de que el tema Huanuni y Vinto
son puntos de reivindicación regional que el Comité Cívico debía
haber manejado como temas centrales en los diálogos con el gobierno,
pero han sido excluidos. Afirmó
que en conversaciones con el presidente del ente cívico orureño, no
encontró respuestas lógicas a varias preguntas y principalmente al por
qué se habían excluido los temas Huanuni y Vinto de las
reivindicaciones orureñas. Sin
embargo, añadió que la denuncia ha seguido su curso para llegar ante
el Fiscal General de la Nación, con toda la documentación notariada,
quien ha instruido a la fiscalía de Oruro iniciar las investigaciones. “Sería
mejor que estas tareas sean realizadas por varios fiscales, esa es la
idea de modo que el caso Huanuni y Vinto sean esclarecidos por el bien
de Oruro”, afirmó. Advirtió
que el poder económico que se teje por detrás de las acciones de
corrupción, detectadas en la entrega de Huanuni y la Fundición de
Vinto, vulnere la justicia. ALIANZA Rubín
de Celis, se refirió a una “funesta alianza” en 1991 entre Paribas
y Secorec, esta segunda empresa, encabezada por el primo de familia de Carlos Saavedra Bruno, quien como ministro en el
ejecutivo, manejó todo el caso Huanuni y Vinto. Recordó
que estas dos empresas, licitaron y fijaron precio a Aceites
Villamontes, en 3 millones de dólares lo que costaba 20 millones de dólares
y fue Carlos Saavedra Bruno, quien compra y se convierte socio de
Aceites SAO. De
Paribas señaló, que esta empresa entregó los yacimientos de Huanuni a
la suplantadora Allied Deals, en la simbólica suma de 7 millones de dólares
lo que costaba 570 millones de dólares. SUPLANTA Dijo
que la empresa que debía adjudicarse el yacimiento minero de Huanuni y
la fundición de Vinto era Allied Deals PLC Inglesa según el decreto,
pero después de la licitación de diciembre de 1995, en marzo aparece
adjudicándose una sociedad, Allied Deals Huanuni y Allied Deals Vinto. Explicó
que la mencionada sociedad está integrada por Sergio Salazar, un
abogado joven con 8 millones de dólares en el bolsillo, que es socio
del 40 por ciento de Vinto y otros 40 por ciento del riesgo compartido
de Huanuni, pero los papeles de compra fue realizado por Fernando
Salazar, padre de Sergio Salazar y uno de los que llevó a la quiebra el
Lloyd Aéreo Boliviano. “Sergio
Salazar y Juan Carlos Valdivia Crespo con el 5 por ciento de acciones y
actual gerente de la Allied Deals Huanuni, se constituyen en el palo
blanco”, señaló, al advertir que se tiene que explicar de dónde
provino el financiamiento. El condepista Rubín de Celis, reiteró que continuará en su tarea de fiscalización como parlamentario, hasta lograr que los actos de corrupción en el tema Huanuni y Vinto además de la Fundición de Antimonio de Baja Ley que pasó a manos de COMSUR de Goni Sánchez de Lozada, sean esclarecidos y los culpables sean castigados.
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Lo
asegura el diputado y ex prefecto de Oruro Carlos Böhrt El responsable de los delitos del septenio de Banzer es Adett Zamora |
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Mario
Adett Zamora, ministro del Interior del gobierno dictatorial de Hugo
Banzer Suárez, es el directo responsable de todos los hechos que caen
dentro de la calidad de delitos de lesa humanidad, según el
parlamentario y ex prefecto de Oruro, Carlos Böhrt Irahola. “Yo
era estudiante universitario, fui víctima de esto, no sólo eso sino
que tuve que soportar, sin tener mayor participación política ni
responsabilidades ya que era muy joven, dos años de prisión bajo el régimen
de Banzer”, recordó. Dijo
que existe un tratado (tratado penal internacional firmado en 1889 en
Montevideo, entre Bolivia y Argentina) que establece que los delitos de
lesa humanidad no prescriben, pero que esa es la tarea de la Corte
Suprema de Justicia, “determinar por los que estaría siendo procesado
Banzer y otros personajes bolivianos como su ex ministro del Interior,
Mario Adett Zamora. “En
realidad él era el responsable de los hechos que caen dentro de los
delitos de lesa humanidad o son delitos puntuales”, dijo, a tiempo de
reiterar que la decisión
depende de la Corte Suprema, que debe establecer que los delitos por los
que se le acusa a Banzer no son de lesa humanidad y están prescritos. Böhrt
señaló que existe la necesidad de ver cuál es el delito y por qué
casos Banzer esta siendo procesado, “no creo que un juez argentino esté
juzgando por todos los delitos presuntamente cometidos durante el
gobierno dictatorial de Hugo Banzer, debe ser casi puntual”, afirmó. Si
esto es así, continuó, será muy difícil calificar ese delito como de
lesa humanidad porque está separado del conjunto, pero agregó el ex
prefecto y abogado, si se procesará de todos los delitos. “Debemos
recordar que ya hubo un juicio de responsabilidades que se malogró y es
un principio jurídico también, que nadie puede ser juzgado dos veces
por los mismos delitos”, aseveró, al señalar que la situación jurídica
es compleja y difícil, hay que dejar que la Suprema analice el tema. Supuso
que los delitos por los que está siendo procesado Banzer, podría
tratarse de uno o dos casos de ciudadanos argentinos que durante el
gobierno de Banzer actuaron política y militarmente en territorio
boliviano. Dijo
que uno de esos casos está vinculado a la familia Rutilo y a la
muchacha que en el momento de los sucesos era una bebita, que fue
separada de sus padres y entregada a otras personas, quien llegó a
Bolivia hace un año y medio atrás. “Debo
suponer que se trata de estos casos puntuales, va a tener un viso
especial este proceso, por lo que no creo que haya puesto en jaque a la
justicia boliviana. La leyes bolivianas son bastante claras y explícitas
en estos casos”, enfatizó. SALUD Entre
tanto sostuvo que por disposiciones constitucionales y leyes en
vigencia, las solicitudes de extradición son procesadas por la Corte
Suprema de Justicia, corresponde a esta instancia conocer la solicitud
del juez argentino y fallar al respecto. El parlamentario consideró que por la situación de salud que Banzer atraviesa, es poco probable que sea detenido y lo más que podría suceder es un reposo obligado en su domicilio hasta que la Suprema tome la decisión final, en la que va a pesar mucho el tiempo transcurrido y la prescripción de varios, sino todos los delitos, dentro de las leyes bolivianas. |