Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Portada


Ministros y presidente de Diputados niegan principio de extraterritorialidad

Poderes ejecutivo y legislativo cierran

filas y protegen a Banzer

Vásquez dice desconocer proceso contra Pinochet por asesinato de fundadores

de su partido en Chile

 

La Paz, 31 LA PATRIA

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Vásquez (MIR) negó ayer la posibilidad de que el ex presidente Hugo Banzer sea capturado y extraditado a la Argentina por crímenes cometidos en su dictadura (1971-78).

Hugo Banzer Augusto Pinochet

De esa manera, el poder legislativo se unió a la  estrategia de defensa del ex mandatario, asumida inicialmente por ADN y el poder ejecutivo.

Vásquez, al igual que el ministro de Justicia, Mario Serrate (ADN) afirmó que Bolivia debe hacer respetar el principio de soberanía jurídica que impide que delitos contra la humanidad cometidos en Bolivia sean juzgados en otros países.

Banzer está acusado por la justicia argentina de haber coordinado, junto a otros dictadores de Latinoamérica, la ejecución del Plan Cóndor, un sistema de represión y aniquilamiento de disidentes políticos durante la década de los 70.

Banzer tomó el poder después del golpe de estado del 21 de agosto de 1971 y gobernó como dictador por siete años apoyado en un sistema de represión militar.

Más de 50 desapariciones forzadas, además de cientos de muertes, arrestos indebidos y casos de tortura, se registraron en esa periodo, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral emitió entre el 25 y 26 de diciembre una orden internacional de captura y extradición contra Banzer.

Canicoba Corral dice contar con información clasificada del departamento de Estado de Estados Unidos que demuestra la participación de Banzer en el Plan Cóndor.

El magistrado también desea interrogar al ex Presidente sobre el supuesto asesinato de seis personas durante el régimen banzerista, según el matutino La Razón.

Hugo Banzer negó con anterioridad esas acusaciones y dijo en una entrevista reciente que la suya "no fue una dictadura, sino una dictablanda".

El pedido de captura y extradición contra Banzer llegó a Bolivia el viernes. Desde ese momento, el poder ejecutivo ha cerrado filas en torno al ex presidente y ha dejado en claro que debe ser juzgado, si el caso lo requiere, por la Corte Suprema de Justicia, en su condición de ex presidente de la República.

Serrate dijo que la Constitución Política del Estado es clara en ese aspecto y aseguró que los convenios internacionales de extradición y cooperación contra el crimen están por debajo de la Carta Magna.

Anteriormente, la justicia argentina colaboró con el país al extraditar a Dante Escobar, suplente del diputado adenista y ex hombre de confianza de Banzer, Fernando Kieffer. Escobar, acusado de una estafa millonaria al estado, fue detenido por la Policía Internacional (Interpol) acatando un pedido del juez boliviano Alberto Costa Obregón. Cuando LA PATRIA le preguntó a Serrate si la negativa de extraditar a Banzer no obstruiría la relación judicial con Argentina, el ministro elevó el tono de voz y con una expresión de molestia en el rostro dijo: "Son dos casos diferentes, ese (Dante Escobar), es un delincuente, aquí estamos hablando de un ex presidente".

Los asesinatos políticos, desapariciones forzadas y torturas son considerados como delitos contra la humanidad, vale decir que por su gravedad afectan a todos los seres humanos, por esa razón son imprescriptibles y susceptibles de ser juzgados en cualquier país.

La captura del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres, Inglaterra en octubre de 1998 por orden del juez español Baltazar Garzón sentó jurisprudencia en este tipo de delitos y el ex presidente Banzer es susceptible de ese mismo tratamiento, según la presidenta de la Asociación de Familiares y Desaparecidos por la Liberación Nacional (ASOFAMD), Loyola Guzmán.

Guzmán, que fue militante del grupo radical de izquierda Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue detenida y torturada durante la dictadura banzerista, dijo ayer que Banzer debe ser juzgado para terminar con la impunidad.

Vásquez argumentó que los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en la dictadura deben ser procesados en el sistema jurídico nacional.

El arresto de Pinochet en Londres obedece a otra tendencia jurídica característica del Viejo Mundo que promulga la extraterritorialidad. Pero en Latinoamérica los países mantienen la independencia de sus estados para juzgar esos delitos por su cuenta, negando la extraterritorialidad, dijo Vásquez.

Al menos tres fundadores del MIR fueron asesinados en Chile, como parte de la represión internacional de las dictaduras, según familiares de las víctimas. En noviembre de 1998, un mes después de la captura de Pinochet, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para exigir la investigación y castigo a los responsables de esas muertes. Un abogado boliviano presentó una querella ante la justicia chilena contra Pinochet por esos crímenes.

Vásquez dijo ayer no estar informado de ese proceso. "No conozco en que estado, se que en algún momento el que ahora es embajador en Bélgica ha estado ayudando a nombre de sus familiares. Personalmente no conozco, con toda sinceridad no conozco el tema", dijo.

En tanto, el ex presidente Banzer ya contrató un equipo de abogados que asumirán su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, que es en este caso el poder del estado que debe decidir si Banzer ex extraditable o no. Familiares y allegados del ex mandatario adelantaron la posibilidad de que Banzer se someta a una octava sesión de quimioterapia en Santa Cruz y suspenda su viaje a Estados Unidos.

Banzer, de 75 años, sufre de un cáncer irreversible que le afectó el pulmón izquierdo y el hígado.

 

2002: Oruro inicia nuevo año con esperanza de desarrollo

* Es hora de concluir  la construcción del camino pavimentado Oruro-Toledo,

 Zona Franca Comercial y el Mercado Simón Bolívar

* La producción agrícola y ganadera, el turismo y el Carnaval tienen

perspectivas positivas para mejorar el 2002

 

El pueblo de Oruro inicia hoy un nuevo año de esperanzas, para transformar la crisis económica y convertir a esta ciudad con perspectivas de desarrollo, como la culminación del añorado camino Oruro-Toledo, la zona franca comercial y el mercado Simón Bolívar, la generación de proyectos para el turismo y la reactivación económica, minera y comercial.

El 2002 no será igual que los años pasados. Existen más posibilidades de revertir el atraso y la postergación, pero eso depende del gobierno, autoridades departamentales, instituciones cívicas, administrativas, políticas y culturales, para mejorar las condiciones de vida de todos los orureños.

CAMINO ORURO-TOLEDO

Las perspectivas son promisorias, para culminar, así sea un pequeño tramo del camino Oruro-Pisiga, para llegar hasta Toledo. Si todo va bien, el camino Oruro-Toledo estará terminado antes de la culminación del mandato de Jorge Quiroga Ramírez, pero es necesario exigir el cumplimiento de compromisos para que el gobierno emita la licitación para el tramo Toledo-Huachacalla, con financiamiento de Italia, Oruro (por la venta de Vinto) y la contraparte del Estado.

El proyecto caminero a Pisiga debe estar concluido antes de la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Oruro, el 2006. El presidente Jorge Quiroga y cualquiera que esté en el Poder Ejecutivo, desde el 6 de agosto del 2002, tiene la obligación de adjudicar el proyecto.

El Comité Cívico de Oruro advirtió que el camino a Pisiga debe estar concluido el 2006, porque significa un acontecimiento de trascendental importancia para la vida, el progreso y desarrollo de la ciudad y las provincias del occidente del departamento.

MERCADO BOLIVAR

Miles de comerciantes esperan la conclusión del mercado Simón Bolívar, para reubicar sus puestos en esa infraestructura que, poco a poco, se construye en la zona Este de la ciudad. Los concejales ofrecieron terminar el proyecto el 2000. Después, se dijo el 2001, pero, es preciso que todas las instituciones de Oruro exijan la culminación de la construcción, para que no se convierta en un monumento a la vergüenza y al cemento.

El proyecto fue iniciado en 1996. Debía estar concluido en un año calendario, pero la Alcaldía nunca tomó previsiones económicas para garantizar la ejecución de la obra. El 2001, se colocó la cubierta, pero ahora se espera la obra fina, para albergar a más de 1.500 comerciantes en el interior. Los otros comerciantes deben ubicarse en las arterias adyacentes.

ZONA FRANCA COMERCIAL

El 2002, debe funcionar la zona franca comercial de Oruro en la zona Sur de esta ciudad, detrás de la ex Metabol. El proyecto no tiene financiamiento externo ni estatal. Es una obra de los comerciantes de la Super Feria, para la importación de bienes de uso y consumo. El proyecto puede ayudar a resolver una parte de la crisis económica de centenares de familias que no perdieron la esperanza en tener días de prosperidad.

El esfuerzo está hecho. Ya existe un muro perimetral de seguridad. Ahora, se iniciará la construcción de casetas y galpones, por cuenta propia de los comerciantes.

EL TURISMO Y EL CARNAVAL

El turismo es una mina de oro que, hasta el momento, aún no fue aprovechado por las instituciones estatales y empresas privadas. Pocos proyectos fueron preparados el 2001, pero es necesario empezar la ejecución de las obras, tomando en cuenta el Plan Decenal de la Prefectura, Alcaldía, Universidad y la Asociación de Conjuntos del Folklore.

El Carnaval de Oruro es una parte del incentivo al turismo, después de la declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La Cátedra del Patrimonio Oral, organizado por la UNESCO, dio luces sobre la forma de encarar proyectos turísticos. Ahora, depende de los mismos orureños, especialmente de la empresa privada para lograr financiamiento con el objetivo de convertir a Oruro en una ciudad y un departamento promotor del turismo.

Las microempresas no están desligadas del turismo, porque son, esencialmente pequeñas organizaciones que ofrecen servicios, desde hoteles, hasta los talleres y tiendas de barrio. Por lo tanto, cuanto mayor y mejores condiciones de transporte existan, habrán más posibilidades de atraer turistas.

Depende también de la calidad del servicio, para tener mejores ingresos.

REACTIVACION MINERA Y AGRICOLA

La reactivación de la minería es indispensable. Se trata de garantizar miles de fuentes de trabajo de la minería privada y cooperativizada, para evitar una profunda crisis social y económica que puede tener derivaciones insospechables como en Argentina. Sin embargo, hay factores externos que continuarán afectando a la producción minera, como la caída de los precios del estaño.

La producción de plata en San José está a medias. Los cooperativistas iniciaron labores, pero no es suficiente para lograr la reactivación minera. Vinto y Huanuni tienen dificultades en su producción. Los mineros esperan que los empresarios de Allied Deals inviertan sus recursos para mejorar las condiciones de trabajo y producción, para competir en el mercado internacional.

El incentivo a la producción agrícola y pecuaria está empezando. La Prefectura y la Alcaldía tomaron con seriedad el problema de los productores, para invertir recursos en la perforación de pozos acuíferos, provisión de sistemas de microrriego y energía eléctrica, en los lugares esencialmente productivos.

 

Lo dice el diputado condepista Pedro Rubín de Celis

Monstruo de varias cabezas en el

ejecutivo protege a corruptos

El diputado condepista, Pedro Rubín de Celis, acusó al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Parlamento Nacional, de organizar un monstruo de varias cabezas y una maraña bien tejida, para efectuar controles de protección a  culpables en el caso Huanuni, Vinto y Fundición de Antimonio de baja ley, en cuyos traspasos a la empresa privada se han detectado una serie de actos de corrupción.

Dijo que la ciudadanía debe estar consciente de que el tema Huanuni y Vinto son puntos de reivindicación regional que el Comité Cívico debía haber manejado como temas centrales en los diálogos con el gobierno, pero han sido excluidos.

Afirmó que en conversaciones con el presidente del ente cívico orureño, no encontró respuestas lógicas a varias preguntas y principalmente al por qué se habían excluido los temas Huanuni y Vinto de las reivindicaciones orureñas.

Sin embargo, añadió que la denuncia ha seguido su curso para llegar ante el Fiscal General de la Nación, con toda la documentación notariada, quien ha instruido a la fiscalía de Oruro iniciar las investigaciones.

“Sería mejor que estas tareas sean realizadas por varios fiscales, esa es la idea de modo que el caso Huanuni y Vinto sean esclarecidos por el bien de Oruro”, afirmó.

Advirtió que el poder económico que se teje por detrás de las acciones de corrupción, detectadas en la entrega de Huanuni y la Fundición de Vinto, vulnere la justicia.

ALIANZA

Rubín de Celis, se refirió a una “funesta alianza” en 1991 entre Paribas y Secorec, esta segunda empresa, encabezada por el primo de  familia de Carlos Saavedra Bruno, quien como ministro en el ejecutivo, manejó todo el caso Huanuni y Vinto.

Recordó que estas dos empresas, licitaron y fijaron precio a Aceites Villamontes, en 3 millones de dólares lo que costaba 20 millones de dólares y fue Carlos Saavedra Bruno, quien compra y se convierte socio de Aceites SAO.

De Paribas señaló, que esta empresa entregó los yacimientos de Huanuni a la suplantadora Allied Deals, en la simbólica suma de 7 millones de dólares lo que costaba 570 millones de dólares.

SUPLANTA

Dijo que la empresa que debía adjudicarse el yacimiento minero de Huanuni y la fundición de Vinto era Allied Deals PLC Inglesa según el decreto, pero después de la licitación de diciembre de 1995, en marzo aparece adjudicándose una sociedad, Allied Deals Huanuni y Allied Deals Vinto.

Explicó que la mencionada sociedad está integrada por Sergio Salazar, un abogado joven con 8 millones de dólares en el bolsillo, que es socio del 40 por ciento de Vinto y otros 40 por ciento del riesgo compartido de Huanuni, pero los papeles de compra fue realizado por Fernando Salazar, padre de Sergio Salazar y uno de los que llevó a la quiebra el Lloyd Aéreo Boliviano.

“Sergio Salazar y Juan Carlos Valdivia Crespo con el 5 por ciento de acciones y actual gerente de la Allied Deals Huanuni, se constituyen en el palo blanco”, señaló, al advertir que se tiene que explicar de dónde provino el financiamiento.

El condepista Rubín de Celis, reiteró que continuará en su tarea de fiscalización como parlamentario, hasta lograr que los actos de corrupción en el tema Huanuni y Vinto además de la Fundición de Antimonio de Baja Ley que pasó a manos de COMSUR de Goni Sánchez de Lozada, sean esclarecidos y los culpables sean castigados.

 

Lo asegura el diputado y ex prefecto de Oruro Carlos Böhrt

El responsable de los delitos del

septenio de Banzer es Adett Zamora

Mario Adett Zamora, ministro del Interior del gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez, es el directo responsable de todos los hechos que caen dentro de la calidad de delitos de lesa humanidad, según el parlamentario y ex prefecto de Oruro, Carlos Böhrt Irahola.

“Yo era estudiante universitario, fui víctima de esto, no sólo eso sino que tuve que soportar, sin tener mayor participación política ni responsabilidades ya que era muy joven, dos años de prisión bajo el régimen de Banzer”, recordó.

Dijo que existe un tratado (tratado penal internacional firmado en 1889 en Montevideo, entre Bolivia y Argentina) que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero que esa es la tarea de la Corte Suprema de Justicia, “determinar por los que estaría siendo procesado Banzer y otros personajes bolivianos como su ex ministro del Interior, Mario Adett Zamora.

“En realidad él era el responsable de los hechos que caen dentro de los delitos de lesa humanidad o son delitos puntuales”, dijo, a tiempo de reiterar que la  decisión depende de la Corte Suprema, que debe establecer que los delitos por los que se le acusa a Banzer no son de lesa humanidad y están prescritos.

Böhrt señaló que existe la necesidad de ver cuál es el delito y por qué casos Banzer esta siendo procesado, “no creo que un juez argentino esté juzgando por todos los delitos presuntamente cometidos durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer, debe ser casi puntual”, afirmó.

Si esto es así, continuó, será muy difícil calificar ese delito como de lesa humanidad porque está separado del conjunto, pero agregó el ex prefecto y abogado, si se procesará de todos los delitos.

“Debemos recordar que ya hubo un juicio de responsabilidades que se malogró y es un principio jurídico también, que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos”, aseveró, al señalar que la situación jurídica es compleja y difícil, hay que dejar que la Suprema analice el tema.

Supuso que los delitos por los que está siendo procesado Banzer, podría tratarse de uno o dos casos de ciudadanos argentinos que durante el gobierno de Banzer actuaron política y militarmente en territorio boliviano.

Dijo que uno de esos casos está vinculado a la familia Rutilo y a la muchacha que en el momento de los sucesos era una bebita, que fue separada de sus padres y entregada a otras personas, quien llegó a Bolivia hace un año y medio atrás.

“Debo suponer que se trata de estos casos puntuales, va a tener un viso especial este proceso, por lo que no creo que haya puesto en jaque a la justicia boliviana. La leyes bolivianas son bastante claras y explícitas en estos casos”, enfatizó.

SALUD

Entre tanto sostuvo que por disposiciones constitucionales y leyes en vigencia, las solicitudes de extradición son procesadas por la Corte Suprema de Justicia, corresponde a esta instancia conocer la solicitud del juez argentino y fallar al respecto.

El parlamentario consideró que por la situación de salud que Banzer atraviesa, es poco probable que sea detenido y lo más que podría suceder es un reposo obligado en su domicilio hasta que la Suprema tome la decisión final, en la que va a pesar mucho el tiempo transcurrido y la prescripción de varios, sino todos los delitos, dentro de las leyes bolivianas.