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COD respalda proceso contra Banzer por delitos cometidos

LA PATRIA

La Central Obrera Departamental (COD) respaldó el proceso contra Hugo Banzer Suárez, por supuestos delitos cometidos durante la dictadura de 1971-1978, donde decenas de personas han desaparecido o victimados, incluyendo la muerte del ex presidente boliviano, Juan José Tórrez, ocurrida en Argentina.

El secretario de Seguridad Industrial de la COD, Enrique Camargo, dijo que todos los que cometieron

Los trabajadores de acuerdo

con procesar a Banzer

delitos, en la época de la dictadura, deben ser  procesados, porque no es posible que esos casos se queden en la impunidad, sin que nadie sea sancionado, como si nada hubiese ocurrido en el país.

Recordó que muchas personas han muerto durante la dictadura de Banzer, sin que hasta el momento se haya efectuado una investigación o se haya encontrado a los autores materiales e intelectuales de aquellos crímenes, que formaban parte de la Operación Cóndor que se implantó en la década del 70 en el continente.

La apertura de un proceso por la supuesta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, fue abierta en Argentina por el magistrado Canicoba Corral, instruyendo a la Policía Internacional la captura del ex presidente boliviano.

Según dirigentes de la COD, Banzer tendría que ser extraditado a Argentina, pero siempre y cuando haya voluntad política del gobierno boliviano y el Congreso Nacional para entregarlo a la justicia argentina, pero como quiera que su partido, Acción Democrática Nacionalista, se mantiene en el poder, un trámite de esa naturaleza será inviable.

“No hay que hacerse ilusiones con el proceso contra Banzer en Argentina. El proceso no prosperará, mientras continúen los mismos partidos de siempre en el gobierno, porque también están comprometidos con el ex dictador”, dijo otro dirigente laboral que pidió mantener en reserva su nombre.

“No es que no queremos que sea procesado, sino que las condiciones no están dadas. El MNR ha sido partícipe del gobierno del dictador, mientras que el MIR ha co-gobernado con Banzer. Por lo tanto, no habrá extradición de Banzer, por mucho que reclame un juez de Argentina”, agregó.

El Congreso Nacional está dominado por una mayoría de parlamentarios oficialistas que no quieren ni su procesamiento en Bolivia y peor para su extradición a Argentina.

 

Entrevista al Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados

Hugo Banzer no fue llevado a juicio por “voluntad política”

El Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia (ANMABOL) y actual Vocal de la Corte Superior de Justicia, Zenobio Calizaya, aseguró que el pedido del juez federal argentino en torno a la captura y extradición de Banzer, no coloca en “jaque” a la justicia boliviana.

Dijo que si en el país no hubo un proceso judicial a personalidades, fue por “voluntad política”, “lamentablemente esa es una de las debilidades que tiene nuestro sistema y no puede atribuirse a los jueces”, aseveró.

Este y otros temas abordó el magistrado Calizaya al acceder a una entrevista con LA PATRIA, sobre un tema de actualidad como es la solicitud de captura y extradición a la Argentina de Hugo Banzer Suárez, por delitos cometidos durante su gobierno dictatorial.

LA PATRIA (LP): ¿Cuál la posición de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia (ANMABOL) con relación al pedido del juez federal argentino, Rodolfo Canicoba Corral, sobre la captura y extradición del ex presidente boliviano Hugo Banzer Suárez?.

ZENOBIO CALIZAYA (ZC): Bueno conocemos eso a través de la prensa, no tenemos un dato oficial ni como asociación ni como integrante del Poder Judicial del país, sin embargo debemos entender que esto tiene dos facetas claras, una que es el aspecto netamente jurídico y el otro de tipo político social.

Como persona individual me inclino a decir que los hechos malos que se han  suscitado en el país, que han rayado con la criminalidad, no deben quedar en la impunidad y también es cierto que, hechos que han afectado profundamente, no sólo a la democracia de un determinado país como el nuestro, sino también a la estabilidad, a la integridad física de muchas familias, pues eso tampoco sería correcto que quede en la impunidad.

Todos los que somos hombres de derecho sabemos mínimamente que los actos irregulares y antijurídicos, merecen la sanción correspondiente. En realidad como ANMABOL no tenemos una voz de tipo oficial, excepto lo que estoy diciendo que es más a título personal y sobre un aspecto que atañe profundamente a la raíz humana de nuestra población.

En el aspecto jurídico habrá que esperar los canales correspondientes, la tramitación que debe seguir la solicitud  del juez federal, por supuesto nosotros no podemos adelantarnos, por cuanto la población ya sabe que la Corte Suprema de la Justicia, está en receso de manera que muy poco se puede hablar sobre el particular.

LP: ¿Es posible separar lo político y lo jurídico en materia de delitos?

ZC: Bueno, ambos aspectos van a un sólo acto, por lo tanto yo tomo esto en dos formas de entenderlo nada más, pero sin duda esto no creo que puede separarse van a tener que conjuncionarse a la larga para que pueda dilucidarse como corresponde, al margen desde luego, de la calidad o de la persona que ha gobernado nuestro país, eso ya es un aspecto netamente político, pero mi punto de vista es más humano y social que rescatamos como magistrados.

LP: ¿Pueden prescribir los delitos de lesa humanidad, como los cometidos en el septenio de Banzer?.

ZC: Hasta donde conozco en varios foros y congresos internacionales, que tuvimos la ocasión de participar, se da cuenta que, delitos de lesa humanidad como se llaman, no tienen prescriptibilidad. No conozco el hecho ni cuál es la tramitación que se está dando en este caso en particular.

Los hechos jurídicos o antijurídicos que eventualmente se estuviera imputando a Banzer, esos detalles escapan al control que nosotros tuviéramos.

LP: ¿Qué conoce usted del “Tratado de Montevideo”?

ZC: De hecho y concretamente no conozco de este convenio, excepto a través de la prensa lo que va recogiendo estos días, pero particularmente no tuve la ocasión de leer o conocer ese texto, en realidad.

LP: ¿Es un acto de protagonismo del juez federal argentino como dicen los adenistas en Santa Cruz?

ZC: No sé, la verdad esta causa no ha debido iniciarse de pronto, debe tener un transcurso en el tiempo, de manera que tampoco podría decir que es un acto de protagonismo, porque a pesar de que nosotros como ANMABOL, pertenecemos a la Unión Internacional de Magistrados a donde concurren  periódicamente magistrados de todo el mundo, entre ellos Argentina, nunca habíamos escuchado mencionar al juez que ahora se consigna en la prensa nacional e internacional, no sé qué actitud estará tomando.

LP: ¿La posición del juez federal es una forma de hacer ver que en Bolivia no hay justicia?

ZC: No creo que vaya a eso, debe haber alguna acción que se haya interpuesto en la justicia argentina con vinculaciones hacia nuestro país, no hacia la justicia propiamente sino, hacia algunas personas o personalidades que tienen implicancia, seguramente refutados por la justicia argentina como irregulares, por lo tanto es un tema, como no lo conocemos oficialmente, no sabemos del trámite que se está haciendo, excepto por la prensa, menos podríamos adelantar un criterio.

LP: ¿Sin embargo, la justicia boliviana está en jaque, porque muchos delitos cometidos en Bolivia, hasta ahora no han sido sancionados ni los culpables enjuiciados?.

ZC: Lo malo en todo esto es que lamentablemente muchos actos se vinculan necesariamente con la “voluntad política”, cualquier juicio que tenga que instaurar a personalidades de la jerarquía de Presidentes de la República, parte necesariamente del Poder Legislativo y, si éste no acciona y no se pone en el papel de sancionar, el organismo jurisdiccional por sí mismo no puede hacer ninguna otra cosa. Lamentablemente esa es una de las debilidades  que tiene nuestro sistema en el país, entonces no puede atribuirse plenamente al órgano jurisdiccional ni a los jueces. Hay que decirles a los políticos que gobiernan el país, que se pongan en ese orden para perseguir las cosas irregularidades que ha tenido el país a lo largo de su historia.

LP: ¿Está de acuerdo que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir?

ZC: Por supuesto, hay delitos que no pueden prescribir porque han afectado profundamente la conciencia humana y el sentimiento de la colectividad, porque en esa época yo también he sido parte de esa  sociedad que ha sufrido, porque yo era ex trabajador minero.

 

Ancianos rechazan expulsión de histórico pueblo de Sabaya

“Nadie y ninguna autoridad puede jactarse de expulsarnos como si fuéramos delincuentes”, explicaron

 

LA PATRIA

Los dos ancianos expulsados del histórico pueblo de Sabaya, con ignominia y sin derecho a indulto, rechazaron la medida, por considerarla “como un juego de niños”, a iniciativa de autoridades que tienen “ideas infantiles”.

Los hermanos Florencio y Santiago Flores Villca fueron expulsados de Sabaya, por resolución del 6 de diciembre del 2001, por considerarlos conflictivos y que no hacen caso las decisiones de las autoridades y cabildos, castigan al ganado, derrumban murallas y humillan a quienes son oriundos de la región.

Según los ancianos, las denuncias son mentiras, “sin asidero legal y tendenciosas desde todo punto de vista” y pidieron al Ministerio Público la preparación de diligencias de policía judicial, para el procesamiento de todas las autoridades y comunarios que participaron en el cabildo del 6 de diciembre.

“Esta resolución es totalmente (atentatoria) contra la Constitución Política del Estado y las leyes civiles en vigencia de nuestro país. Nosotros creemos que un niño sólo puede jugarse así, como se están jugando las autoridades del pueblo de Sabaya, como es de imaginarse, por lo que nosotros pediremos a las autoridades se castigue a estas malas autoridades con ideas infantiles, como corresponde, ante las autoridades judiciales”, explicaron.

Según la decisión del cabildo de Sabaya, ubicada a 220 kilómetros al Suroeste de esta ciudad, los dos expulsados deben abandonar la comunidad.

“Estos hechos, en un estado de derecho, en un país democrático, donde impera la ley, es inadmisible, por lo que no puede quedar en la impunidad, porque atenta a las garantías y derechos de las personas previstas por la Constitución Política del Estado”, advirtieron Florencio y Santiago Flores.

El hecho fue denunciado como un atentado contra las libertades, derechos y garantías constitucionales de las personas, pidiendo garantías constitucionales, diligencias de policía judicial y sanciones contra los supuestos culpables de la expulsión, Modesto Mollo Condori, Fidel Flores Ramírez, Francisco Alanoca, David Gonzáles Fernández, Guillermo Manuel Pérez y otras autoridades y corregidores de Bella Vista, Agua Rica, Quiquiani, Villa Rosario, Pitacollo y otros, por los delitos contra el honor y la libertad.

 

Según abogado constitucionalista, Fernández

El pedido de captura de Banzer se enmarca en la intraterritorialidad

“La decisión del juez argentino, que solicita la captura del ex presidente Hugo Banzer Suárez, es pertinente y se enmarca, en el Derecho Internacional Público como es la intraterritorialidad, por el que se establece la justicia mundial”, opinó el abogado Constitucionalista, Lindo Fernández Chile, en torno a la orden de captura firmada por el Juez Federal Argentino, Rodolfo Canicoba Corral.

El abogado fue claro al señalar que la expatriación de Banzer, hacia la Argentina donde el juez competente ha dictado Auto de Juzgamiento y dispuesto su aprehensión personal, por delitos contra los derechos humanos en la dictadura del septenio (1971-78), se dio a través de la figura de la extradición.

Fernández recordó que en este caso, hay un tratado de extradición entre los países de América del Sur, suscrito  en la República del Uruguay y se conoce como el “Tratado de Montevideo”, firmado por Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil.

“Este tratado está en vigencia y se aplica en este caso y en otros. El compromiso es entre todos  estos estados miembros que han suscrito  este convenio internacional”, afirmó.

NO PROTEGER

Dijo que el gobierno de Quiroga, tratándose de delitos de lesa humanidad, debe seguir el procedimiento penal vía Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el juez de la causa que ha dispuesto la detención de Banzer, remita a la Cancillería del Estado documentos originales o fotocopias legalizadas y ésta derivar a la Corte Suprema de Justicia y se pronuncie por lo que corresponda.

“Aquí se podrá ver si el máximo tribunal de justicia actúa con absoluta independencia como poder judicial y como parte de la macroestructura del Estado, de modo que ese es el procedimiento que debe seguirse”, señaló.

Pero advirtió que el gobierno no puede proteger al ex dictador Banzer, de otro modo sería convertirse en cómplice y encubridor de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

Al ser consultado sobre la posición de ADN, en sentido de que los delitos de Banzer ya habrían prescrito y que no permitirán que su jefe sea extraditado, dijo que no se trata de imposiciones de partidos políticos ni del gobierno, sino de aplicar la justicia  universal y la figura jurídica de la intraterritorialidad.

“Esta es una tendencia principista de colaboración entre estados, en delitos de lesa humanidad que no prescriben. Esperemos que el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez actúe con estricta imparcialidad”, señaló.

HISTORIA

Recordó que la opinión no sólo es vertida como abogado constitucionalista, sino como víctima y sobreviviente del Plan Cóndor, ejecutado bajo las órdenes de Banzer cuando fue dirigente de la Central Obrera Boliviana, “de modo que aunque tarde ojalá llegue a Bolivia la justicia”, afirmó.

Narró que los delitos cometidos por Banzer, primero se dieron contra el pueblo boliviano que ha sido objeto de una brutal y sangrienta opresión a través de un golpe de Estado, donde los militares se aprovecharon de vidas y haciendas  al margen de las leyes de la República.

Han habido miles de muertos a causa del golpe del 21 de agosto de 1971 que derrocó al Gral. Juan José Tórrez, en los 7 años de dictadura se han abierto campos de concentración como en el cuartel Bolívar de Viacha, donde estaban detenidos 600 presos, entre monjas, sacerdotes, políticos, menores de edad, dirigentes obreros, estos últimos fueron confinados a Madidi y otros exilados al Paraguay, entonces gobernado por Alfredo Stroessner”, dijo.

“De estas historias sangrientas hay un libro de apuntes denominado Cacería Humana en Bolivia”, recordó.