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Noticias Regionales |
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COD respalda proceso contra Banzer por delitos cometidos |
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delitos,
en la época de la dictadura, deben ser procesados, porque no es
posible que esos casos se queden en la impunidad, sin que nadie sea
sancionado, como si nada hubiese ocurrido en el país. Recordó
que muchas personas han muerto durante la dictadura de Banzer, sin que
hasta el momento se haya efectuado una investigación o se haya
encontrado a los autores materiales e intelectuales de aquellos crímenes,
que formaban parte de la Operación Cóndor que se implantó en la década
del 70 en el continente. La
apertura de un proceso por la supuesta responsabilidad en crímenes de
lesa humanidad, fue abierta en Argentina por el magistrado Canicoba
Corral, instruyendo a la Policía Internacional la captura del ex
presidente boliviano. Según
dirigentes de la COD, Banzer tendría que ser extraditado a Argentina,
pero siempre y cuando haya voluntad política del gobierno boliviano y
el Congreso Nacional para entregarlo a la justicia argentina, pero como
quiera que su partido, Acción Democrática Nacionalista, se mantiene en
el poder, un trámite de esa naturaleza será inviable. “No
hay que hacerse ilusiones con el proceso contra Banzer en Argentina. El
proceso no prosperará, mientras continúen los mismos partidos de
siempre en el gobierno, porque también están comprometidos con el ex
dictador”, dijo otro dirigente laboral que pidió mantener en reserva
su nombre. “No
es que no queremos que sea procesado, sino que las condiciones no están
dadas. El MNR ha sido partícipe del gobierno del dictador, mientras que
el MIR ha co-gobernado con Banzer. Por lo tanto, no habrá extradición
de Banzer, por mucho que reclame un juez de Argentina”, agregó. El Congreso Nacional está dominado por una mayoría de parlamentarios oficialistas que no quieren ni su procesamiento en Bolivia y peor para su extradición a Argentina.
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Entrevista
al Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Hugo Banzer no fue llevado a juicio por “voluntad política” |
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El
Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia
(ANMABOL) y actual Vocal de la Corte Superior de Justicia, Zenobio
Calizaya, aseguró que el pedido del juez federal argentino en torno a
la captura y extradición de Banzer, no coloca en “jaque” a la
justicia boliviana. Dijo
que si en el país no hubo un proceso judicial a personalidades, fue por
“voluntad política”, “lamentablemente esa es una de las
debilidades que tiene nuestro sistema y no puede atribuirse a los
jueces”, aseveró. Este
y otros temas abordó el magistrado Calizaya al acceder a una entrevista
con LA PATRIA, sobre un tema de actualidad como es la solicitud de
captura y extradición a la Argentina de Hugo Banzer Suárez, por
delitos cometidos durante su gobierno dictatorial. LA
PATRIA (LP): ¿Cuál la posición de la Asociación Nacional de
Magistrados de Bolivia (ANMABOL) con relación al pedido del juez
federal argentino, Rodolfo Canicoba Corral, sobre la captura y extradición
del ex presidente boliviano Hugo Banzer Suárez?. ZENOBIO
CALIZAYA (ZC): Bueno conocemos eso a través de la prensa, no tenemos un
dato oficial ni como asociación ni como integrante del Poder Judicial
del país, sin embargo debemos entender que esto tiene dos facetas
claras, una que es el aspecto netamente jurídico y el otro de tipo político
social. Como
persona individual me inclino a decir que los hechos malos que se han
suscitado en el país, que han rayado con la criminalidad, no
deben quedar en la impunidad y también es cierto que, hechos que han
afectado profundamente, no sólo a la democracia de un determinado país
como el nuestro, sino también a la estabilidad, a la integridad física
de muchas familias, pues eso tampoco sería correcto que quede en la
impunidad. Todos
los que somos hombres de derecho sabemos mínimamente que los actos
irregulares y antijurídicos, merecen la sanción correspondiente. En
realidad como ANMABOL no tenemos una voz de tipo oficial, excepto lo que
estoy diciendo que es más a título personal y sobre un aspecto que atañe
profundamente a la raíz humana de nuestra población. En
el aspecto jurídico habrá que esperar los canales correspondientes, la
tramitación que debe seguir la solicitud
del juez federal, por supuesto nosotros no podemos adelantarnos,
por cuanto la población ya sabe que la Corte Suprema de la Justicia,
está en receso de manera que muy poco se puede hablar sobre el
particular. LP:
¿Es posible separar lo político y lo jurídico en materia de delitos? ZC:
Bueno, ambos aspectos van a un sólo acto, por lo tanto yo tomo esto en
dos formas de entenderlo nada más, pero sin duda esto no creo que puede
separarse van a tener que conjuncionarse a la larga para que pueda
dilucidarse como corresponde, al margen desde luego, de la calidad o de
la persona que ha gobernado nuestro país, eso ya es un aspecto
netamente político, pero mi punto de vista es más humano y social que
rescatamos como magistrados. LP:
¿Pueden prescribir los delitos de lesa humanidad, como los cometidos en
el septenio de Banzer?. ZC:
Hasta donde conozco en varios foros y congresos internacionales, que
tuvimos la ocasión de participar, se da cuenta que, delitos de lesa
humanidad como se llaman, no tienen prescriptibilidad. No conozco el
hecho ni cuál es la tramitación que se está dando en este caso en
particular. Los
hechos jurídicos o antijurídicos que eventualmente se estuviera
imputando a Banzer, esos detalles escapan al control que nosotros tuviéramos. LP:
¿Qué conoce usted del “Tratado de Montevideo”? ZC:
De hecho y concretamente no conozco de este convenio, excepto a través
de la prensa lo que va recogiendo estos días, pero particularmente no
tuve la ocasión de leer o conocer ese texto, en realidad. LP:
¿Es un acto de protagonismo del juez federal argentino como dicen los
adenistas en Santa Cruz? ZC:
No sé, la verdad esta causa no ha debido iniciarse de pronto, debe
tener un transcurso en el tiempo, de manera que tampoco podría decir
que es un acto de protagonismo, porque a pesar de que nosotros como
ANMABOL, pertenecemos a la Unión Internacional de Magistrados a donde
concurren periódicamente magistrados de todo el mundo, entre ellos
Argentina, nunca habíamos escuchado mencionar al juez que ahora se
consigna en la prensa nacional e internacional, no sé qué actitud
estará tomando. LP:
¿La posición del juez federal es una forma de hacer ver que en Bolivia
no hay justicia? ZC:
No creo que vaya a eso, debe haber alguna acción que se haya
interpuesto en la justicia argentina con vinculaciones hacia nuestro país,
no hacia la justicia propiamente sino, hacia algunas personas o
personalidades que tienen implicancia, seguramente refutados por la
justicia argentina como irregulares, por lo tanto es un tema, como no lo
conocemos oficialmente, no sabemos del trámite que se está haciendo,
excepto por la prensa, menos podríamos adelantar un criterio. LP:
¿Sin embargo, la justicia boliviana está en jaque, porque muchos
delitos cometidos en Bolivia, hasta ahora no han sido sancionados ni los
culpables enjuiciados?. ZC:
Lo malo en todo esto es que lamentablemente muchos actos se vinculan
necesariamente con la “voluntad política”, cualquier juicio que
tenga que instaurar a personalidades de la jerarquía de Presidentes de
la República, parte necesariamente del Poder Legislativo y, si éste no
acciona y no se pone en el papel de sancionar, el organismo
jurisdiccional por sí mismo no puede hacer ninguna otra cosa.
Lamentablemente esa es una de las debilidades
que tiene nuestro sistema en el país, entonces no puede
atribuirse plenamente al órgano jurisdiccional ni a los jueces. Hay que
decirles a los políticos que gobiernan el país, que se pongan en ese
orden para perseguir las cosas irregularidades que ha tenido el país a
lo largo de su historia. LP:
¿Está de acuerdo que los delitos de lesa humanidad no pueden
prescribir? ZC: Por supuesto, hay delitos que no pueden prescribir porque han afectado profundamente la conciencia humana y el sentimiento de la colectividad, porque en esa época yo también he sido parte de esa sociedad que ha sufrido, porque yo era ex trabajador minero.
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Ancianos rechazan expulsión de histórico pueblo de Sabaya |
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“Nadie
y ninguna autoridad puede jactarse de expulsarnos como si fuéramos
delincuentes”, explicaron LA
PATRIA Los
dos ancianos expulsados del histórico pueblo de Sabaya, con ignominia y
sin derecho a indulto, rechazaron la medida, por considerarla “como un
juego de niños”, a iniciativa de autoridades que tienen “ideas
infantiles”. Los
hermanos Florencio y Santiago Flores Villca fueron expulsados de Sabaya,
por resolución del 6 de diciembre del 2001, por considerarlos
conflictivos y que no hacen caso las decisiones de las autoridades y
cabildos, castigan al ganado, derrumban murallas y humillan a quienes
son oriundos de la región. Según
los ancianos, las denuncias son mentiras, “sin asidero legal y
tendenciosas desde todo punto de vista” y pidieron al Ministerio Público
la preparación de diligencias de policía judicial, para el
procesamiento de todas las autoridades y comunarios que participaron en
el cabildo del 6 de diciembre. “Esta
resolución es totalmente (atentatoria) contra la Constitución Política
del Estado y las leyes civiles en vigencia de nuestro país. Nosotros
creemos que un niño sólo puede jugarse así, como se están jugando
las autoridades del pueblo de Sabaya, como es de imaginarse, por lo que
nosotros pediremos a las autoridades se castigue a estas malas
autoridades con ideas infantiles, como corresponde, ante las autoridades
judiciales”, explicaron. Según
la decisión del cabildo de Sabaya, ubicada a 220 kilómetros al
Suroeste de esta ciudad, los dos expulsados deben abandonar la
comunidad. “Estos
hechos, en un estado de derecho, en un país democrático, donde impera
la ley, es inadmisible, por lo que no puede quedar en la impunidad,
porque atenta a las garantías y derechos de las personas previstas por
la Constitución Política del Estado”, advirtieron Florencio y
Santiago Flores. El hecho fue denunciado como un atentado contra las libertades, derechos y garantías constitucionales de las personas, pidiendo garantías constitucionales, diligencias de policía judicial y sanciones contra los supuestos culpables de la expulsión, Modesto Mollo Condori, Fidel Flores Ramírez, Francisco Alanoca, David Gonzáles Fernández, Guillermo Manuel Pérez y otras autoridades y corregidores de Bella Vista, Agua Rica, Quiquiani, Villa Rosario, Pitacollo y otros, por los delitos contra el honor y la libertad.
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Según
abogado constitucionalista, Fernández El pedido de captura de Banzer se enmarca en la intraterritorialidad |
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“La
decisión del juez argentino, que solicita la captura del ex presidente
Hugo Banzer Suárez, es pertinente y se enmarca, en el Derecho
Internacional Público como es la intraterritorialidad, por el que se
establece la justicia mundial”, opinó el abogado Constitucionalista,
Lindo Fernández Chile, en torno a la orden de captura firmada por el
Juez Federal Argentino, Rodolfo Canicoba Corral. El
abogado fue claro al señalar que la expatriación de Banzer, hacia la
Argentina donde el juez competente ha dictado Auto de Juzgamiento y
dispuesto su aprehensión personal, por delitos contra los derechos
humanos en la dictadura del septenio (1971-78), se dio a través de la
figura de la extradición. Fernández
recordó que en este caso, hay un tratado de extradición entre los países
de América del Sur, suscrito en
la República del Uruguay y se conoce como el “Tratado de
Montevideo”, firmado por Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. “Este
tratado está en vigencia y se aplica en este caso y en otros. El
compromiso es entre todos estos
estados miembros que han suscrito este
convenio internacional”, afirmó. NO
PROTEGER Dijo
que el gobierno de Quiroga, tratándose de delitos de lesa humanidad,
debe seguir el procedimiento penal vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el juez de la causa que ha dispuesto la detención
de Banzer, remita a la Cancillería del Estado documentos originales o
fotocopias legalizadas y ésta derivar a la Corte Suprema de Justicia y
se pronuncie por lo que corresponda. “Aquí
se podrá ver si el máximo tribunal de justicia actúa con absoluta
independencia como poder judicial y como parte de la macroestructura del
Estado, de modo que ese es el procedimiento que debe seguirse”, señaló. Pero
advirtió que el gobierno no puede proteger al ex dictador Banzer, de
otro modo sería convertirse en cómplice y encubridor de los delitos de
lesa humanidad cometidos en la dictadura. Al
ser consultado sobre la posición de ADN, en sentido de que los delitos
de Banzer ya habrían prescrito y que no permitirán que su jefe sea
extraditado, dijo que no se trata de imposiciones de partidos políticos
ni del gobierno, sino de aplicar la justicia
universal y la figura jurídica de la intraterritorialidad. “Esta
es una tendencia principista de colaboración entre estados, en delitos
de lesa humanidad que no prescriben. Esperemos que el gobierno de Jorge
Quiroga Ramírez actúe con estricta imparcialidad”, señaló. HISTORIA Recordó
que la opinión no sólo es vertida como abogado constitucionalista,
sino como víctima y sobreviviente del Plan Cóndor, ejecutado bajo las
órdenes de Banzer cuando fue dirigente de la Central Obrera Boliviana,
“de modo que aunque tarde ojalá llegue a Bolivia la justicia”,
afirmó. Narró
que los delitos cometidos por Banzer, primero se dieron contra el pueblo
boliviano que ha sido objeto de una brutal y sangrienta opresión a través
de un golpe de Estado, donde los militares se aprovecharon de vidas y
haciendas al margen de las
leyes de la República. Han
habido miles de muertos a causa del golpe del 21 de agosto de 1971 que
derrocó al Gral. Juan José Tórrez, en los 7 años de dictadura se han
abierto campos de concentración como en el cuartel Bolívar de Viacha,
donde estaban detenidos 600 presos, entre monjas, sacerdotes, políticos,
menores de edad, dirigentes obreros, estos últimos fueron confinados a
Madidi y otros exilados al Paraguay, entonces gobernado por Alfredo
Stroessner”, dijo. “De estas historias sangrientas hay un libro de apuntes denominado Cacería Humana en Bolivia”, recordó. |