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“La
justicia tarda pero llega”, dice madre de José Carlos Trujillo, víctima
de la dictadura Familia de desaparecido quiere llevar a Banzer a juicio penal |
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fue
visto con vida por última vez por su madre. Antes fue torturado,
“le sacaron las uñas y le maltrataron el pecho”, dijo Solón. Por
esos caprichos de la vida, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral
ordenó tres décadas después, hace dos días, que Banzer sea
detenido por la Policía Internacional de Argentina y luego sea
extraditado a ese país y responda por los casos de desapariciones
forzadas, torturas, asesinatos y persecución indebida contra cientos
de personas. Canicoba
Corral investiga la denominada “Operación Cóndor” o “Plan Cóndor”,
sistema de represión presuntamente ejecutado por las dictaduras del
cono sur durante los años 70. Banzer
negó en reiteradas oportunidades su participación en ese plan de
eliminación de adversarios políticos. Pero
Solón y otros familiares de desaparecidos y víctimas de vejámenes
durante la dictadura aseguran que el ex mandatario es “autor
intelectual” de esos crímenes de lesa humanidad (delitos que por su
gravedad son considerados atentatorios contra la humanidad en su
conjunto). Los
crímenes de lesa humanidad pueden ser sometidos a proceso en
cualquier país bajo el principio de extraterritorialidad establecido
en convenios internacionales firmados y reconocidos por el estado
boliviano.
Pero
ayer el secretario ejecutivo de ADN, ex ministro durante los gobiernos
democrático (1997-2001) y dictatorial (1971-78) de Banzer, Guillermo
Fortún, protestó contra la decisión del juez Canicoba Corral. “Ese
pedido es ilegal y fuera de lugar. Nosotros como bolivianos no
reconocemos la extraterritorialidad”, dijo. JUICIO
PENAL El
juicio iniciado por Solón contra Banzer es, por el momento, el único
proceso que ha avanzado hasta conseguir sentencias favorables en la búsqueda
de justicia. Después
de ver cómo los poderes del Estado le negaban la posibilidad de
enjuiciar a Banzer, Solón elevó la queja ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica. El
5 de enero se hizo pública una sentencia de la CIDH que conminaba al
Estado boliviano a investigar la desaparición de José Carlos
Trujillo, castigar a los responsables y reparar los daños y
perjuicios causados a la familia. Representantes
del gobierno del entonces presidente Banzer ofrecieron a la madre del
desaparecido una compensación monetaria a cambio de la suspensión
del juicio. Pero
Solón negó la oferta e insistió en su pedido de justicia. Después
de conocer que la desobediencia al fallo de la CIDH podría acarrear
sanciones internacionales, el gobierno instruyó la apertura de un
juicio en Santa Cruz. El
magistrado a cargo del caso, Alaín Nuñez determinó el archivo del
caso después de determinar la prescripción de los delitos cometidos
contra la vida de Trujillo. Nuñez
reconoció su militancia adenista y dejó además en libertad a varios
ex agentes de los organismos de represión banzerista. Solón
apeló al Tribunal Constitucional para evitar “que el crimen contra
mi hijo quede impune”. El
Tribunal Constitucional falló hace poco en favor de la madre del
desaparecido y ordenó la reapertura del juicio. Pero
esta vez, los familiares de José Carlos quieren incluir a Banzer en
la lista de acusados. “Estamos
pensando seriamente ampliar el juicio contra Banzer, consideramos que
él es autor intelectual (de la desaparición forzada de Trujillo),
dijo ayer Pablo Solón, hermano menor de José Carlos. En
comunicación telefónica desde Sucre la madre del desaparecido aclaró
que esas acciones legales “no son en busca de venganza, sino son una
lucha contra la impunidad”. Gladys
Solón dijo que consultará con un equipo de abogados para preparar
una acusación sólida contra los responsables de ese crimen. La
madre es asesorada por Amnistía Internacional, una organización
internacional defensora de los derechos humanos con sede en
Washington. Amnistía Internacional jugó un rol activo en la detención
y juicio contra Augusto Pinochet, otro ex dictador acusado de
perpetrar crímenes de lesa humanidad bajo las alas del Plan Cóndor. El
juez Canicoba Corral también ordenó la detención de Pinochet, el ex
dictador paraguayo Alfredo Stroessner y el ex Secretario de Estado de
Estados Unidos, Richard Nixon. Rafael Videla, ex dictador argentino, se encuentra detenido preventivamente por orden del mismo juez.
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Ex
prefecto comunicó decisión a su abogado Agobiado por juicios, Rosas decide devolver $us 600 mil |
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LA
PATRIA Agobiado
por dos juicios coactivos en su contra, el ex prefecto de Oruro y
senador por ADN, Armando Rosas decidió devolver $us 600 mil que
presuntamente malversó mientras estaba al frente del gobierno regional
(1997-98). La
noticia fue confirmada ayer por el congresista a su abogado defensor,
quien comunicó la decisión inmediatamente al juez Waldo Soto para que
los juicios queden sin efecto. Rosas
tiene responsabilidad en la malversación de un daño económico de más
de $us 600 mil por una serie de actos irregulares, según varios dictámenes
de la Contraloría General de la República (CGR). “Esa
decisión demuestra el desprendimiento que siempre el senador Rosas ha
manifestado para con el pueblo de Oruro”, dijo el abogado del ex
prefecto. LA
PATRIA intentó en vano comunicarse con Rosas para recoger la noticia de
primera mano. Una
de las secretarias del senador informó que el parlamentario viajó a
las Islas Caimán para pasar las vacaciones de fin de año que se
prolongan hasta el 7 de enero cuando el Congreso reinstala sus sesiones. LA
PATRIA volvió a insistir con las fuentes y un diablillo perdido
respondió: “Que les valga la inocencia!” Lo mismo le decimos a usted querido lector si conseguimos hacerle creer que el mencionado senador tomó la anunciada decisión. Todo es parte de las bromas del Día de Inocentes. Así es que a usted también “Que le valga la inocencia!”. |