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Hoy reunión nacional de medios y organizaciones de prensa en La Paz

Defensora demandará inconstitucionalidad

de nuevo Código Electoral

La Paz, 05 LA PATRIA

La Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, aceptó ayer la petición de los representantes de organismos de prensa para presentar una demanda de inconstitucionalidad del Nuevo Código Electoral ante el Tribunal Constitucional.

Después de una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB), Asociación Boliviana de Radiodifusión y Canales de Televisión de Bolivia, la Defensora comprometió su apoyo a la causa de los organismos de prensa.

La Constitución Política del Estado establece que sólo el Defensor del Pueblo, el Vice presidente de la República, el Fiscal General o un parlamentario pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad contra cualquier norma vigente.

Los artículos 114 y 119 del nuevo Código Electoral, limitan el derecho de libre expresión y violan los derechos de libre empresa establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

"Pero el argumento más fuerte es que no puede ser la Corte Nacional Electoral. el organismo que limite algo que está en la CPE", dijo la Defensora.

"El derecho de expresar las ideas a través de cualquier medio de comunicación no puede ser limitado".

La Asesora Constitucionalista y de Asuntos Jurídicos del Defensor del Pueblo, Kattia Saucedo, dijo que la demanda debe presentarse una vez que la ley salga publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Advirtió que el trámite de ese recurso puede demorar hasta 90 días.

Al término de la reunión con la Defensora del Pueblo, los representantes de las organizaciones de prensa a nivel nacional criticaron la actitud de los políticos "que una vez más atentan contra la libertad de prensa en el país".

El presidente de la ANP y co-director- gerente de  LA PATRIA, Marcelo Miralles, dijo que la promulgación de esa ley fue "un hecho arbitrario".

"No se que pueda ocurrir en el futuro. La ley no es para hacerse rebajar precios", dijo. El vice presidente de la ANPB y jefe de redacción de la agencia de noticias Jatha, Carlos Arze dijo que los "políticos han demostrado una vez más que tienen una conducta definida al defender sus propios intereses en desmedro de los demás".

"Lo mismo han hecho al mantener los salarios ilegales de los parlamentarios suplentes y en otros casos, la ANPB hará conocer esas cosas al pueblo. Los políticos están exponiendo a la democracia".

Freddy Morales, secretario ejecutivo de la FTPB, dijo que los "parlamentarios están conscientes de haber aprobado una ley inconstitucional, pero presentan argumentos sin base".

"Esta es una más de las varias transgresiones que cometen los políticos en su propio beneficio", dijo.

Miralles anunció que hoy a las 10 a.m. se realizará en el edificio de la Asociación de Periodistas de La Paz una reunión extraordinaria de todos los medios de prensa para analizar los efectos de la aprobación de esa normativa inconstitucional y asumir determinaciones conjuntas.

 

Analistas critican "abuso de poder" y "torpeza" de los "padres de la patria"

"A los políticos sólo les falta aprobar leyes para alquilar taxis"

* Presidente interino Enrique Toro

promulgó ley inconstitucional

 

La Paz, 05 LA PATRIA

Pese a haber prometido un "entendimiento" y la "mejor voluntad" para revisar su decisión, el presidente interino Enrique Toro promulgó ayer una normativa legal que atenta contra la libertad de prensa y crea un espacio privilegiado de precios regulados sólo para los partidos políticos.

Dos artículos del nuevo Código Electoral, el 114 y el 119, limitan el derecho de libre expresión al limitar el tiempo de difusión de ideas y violan los derechos de libre empresa al regular de manera arbitraria los

Con la sonrisa a flor de labios, los parlamentarios aprobaron una ley inconstitucional

precios que los medios de prensa deben cobrar a los partidos políticos.

Toro, que asumió el interinato de la Primera Magistratura el domingo, promulgó ayer la cuestionada ley después de haberla sancionado él mismo, en su condición de presidente de la Cámara de Senadores, el viernes.

Todas las organizaciones de prensa del país criticaron la actitud "conculcadora de los derechos fundamentales" y solicitaron a la Defensora del Pueblo su intervención para demandar la inconstitucionalidad de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Un analista político y un abogado constitucionalista coincidieron en calificar esa acción como "un abuso de poder" y una "torpeza que demuestra que la política se está privatizando".

José Luis Gutiérrez Sardán, reconocido jurista constitucionalista y ex parlamentario criticó que los parlamentarios, depositarios de la soberanía del pueblo, "legislen en su propio beneficio".

"Es un abuso de poder, una absoluta incoherencia y falta al principios que establece que la función legislativa no puede ser utilizada como facultad para favorecer los intereses particulares del legislador", dijo.

Los dos artículos cuestionados son incoherentes en un modelo de libre mercado impuesto por los propios partidos que aprobaron esa ley, agregó.

"No es que seamos defensores de la norma, pero con esta norma se establece algo que va en contra del libre mercado que ellos mismos han defendido de manera ortodoxa".

Gutiérrez Sardán advirtió que esta actitud de los parlamentarios en aprobar leyes en su beneficio exclusivo puede acarrear mayores aberraciones.

"Esa normativa es absolutamente inconstitucional. Solo les falta aprobar leyes para alquilar taxis. Si necesitan taxis van a fijar por ley los precios que quieran pagar".

PRIVATIZACION POLITICA

Para el analista político y ex magistrado de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, la aprobación de esa ley es una muestra de que "la política que debía ser una función pública se está privatizando".

"La política debía ser un asunto público, pero se está convirtiendo en un asunto privado", recalcó.

Dijo que los políticos actuaron actuaron de "manera torpe y arbitraria al aprobar una regulación (que evidentemente existe en otros países) sin consultar" con los directos afectados.

También lamentó que la nueva CNE no se haya manifestado en "un tema que le compete".

"Lo que les ha crispado (a los afectados) es la manera torpe de aprobar esas leyes. Los políticos aprueban ellos mismos sus propias leyes y cuando no les conviene las modifican".

Lazarte dijo que la intención de regular los precios de la propaganda política revela el deterioro de la relación entre medios de prensa y los políticos que cada vez tienen menos credibilidad. "Ellos son los únicos en el país que tienen la facultad de hacer sus propias leyes".

"SANIDAD MENTAL"

El diputado por el gobernante PDC, Benjamín Miguel dijo sin embargo, que las limitaciones de propaganda política "benefician a la salud mental de la población". "Imagínese lo que sería con seis meses de proselitismo".

Opinó que la Constitución, así como otorga libertades de trabajo y empresa, establece la igualdad de todos ante la ley. "No hay por qué las empresas cobren un monto determinado para una cierto producto y suban ese monto para la propaganda política", dijo.

 

Se espera que esta vez sea cierto

El próximo lunes 10, se inicia asfaltado de vía Oruro-Toledo

* El anuncio fue hecho ayer durante la reunión Comité Cívico y autoridades de gobierno

 

LA PATRIA

Las obras de pavimentación de la carretera Oruro-Toledo se iniciarán el próximo lunes 10 de diciembre luego de retirar la maquinaria que se encuentra embargada en depósitos de la aduana, se anunció ayer oficialmente.

El anuncio fue ponderado por el Comité Cívico, toda vez que ya existe además el desembolso del adelanto que corresponde al Servicio Nacional de Caminos (SNC) en favor de la empresa constructora, el

El ministro de Trabajo, Jorge Pacheco (centro) preside la reunión de ayer en la Prefectura

Consorcio TOLEDO.

Está pendiente el proceso de desembolso de la contraparte de la Prefectura del Departamento de Oruro, el cual será gestionado a la brevedad posible así como la actualización del cronograma de ejecución por parte del SNC con la constructora, copia que será enviada al Comité Cívico.

Entretanto, el tan esperado plan de reactivación económica, fue considerado en la comisión correspondiente, como un tema estructural por lo que se buscarán nuevas alternativas y salidas.

Sin embargo, la discusión giró en torno al tema caminos, referido a los tramos Oruro-Toledo, Toledo-Ancaravi y Ancaravi-Huachacalla, proyectos que en alguna manera, ya tienen  asegurado el financiamiento a través del gobierno italiano y con recursos de la región.

En el tema de gas domiciliario, se acordó una agenda de reunión y metodología de trabajo a discutirse en una próxima reunión entre técnicos y la Unidad de Reordenamiento.

En la comisión laboral fue el propio Ministro de Trabajo, Jorge Pacheco, quien comprometió el respeto al fuero sindical, además de solucionar despidos y temas pendientes de cumplir con los convenios firmados en el tema de la mina Avicaya.

Entre tanto la Comisión de Minería, que estuvo encabezada por el viceministro de Minería, Epifanio Flores, que trató el tema de la remediación ambiental de la mina San José, se reiteró que este trabajo está siendo encarado por la COMIBOL.

Asimismo, se dijo que el gobierno nacional viene trabajando en la implementación de medidas coyunturales para la reactivación de la minería nacional, donde el Departamento de Oruro juega uno de los papeles más importantes.

Por su parte la Comisión Económica, dirigida por el viceministro de Inversión Pública, Bernardo Requena, concluyó que la Brigada Parlamentaria de Oruro debe impulsar la aprobación de un proyecto de ley para la reprogramación de las empresas que tienen pasivos con los bancos en liquidación.

Se anunció asimismo, reuniones entre banqueros acreedores y dueños de empresas privadas, con la finalidad de conocer la posición de los bancos.

Lamentablemente, hasta el cierre de la presente edición todavía los campesinos discutían sus problemas con el viceministro de Desarrollo Rural, Hernando García. La discusión al interior del sector mostraba divergencias y posiciones que no permitían llegar a acuerdos en favor de los campesinos.

Este sector debía ponerse de acuerdo en la distribución de semillas y sobre otros temas de interés, pero la división interna y falta de entendimiento no ha permitido llegar a consensuar planteamientos ante la comisión.

SOLUCIONES

El presidente del Comité Cívico, Niver Montes, al efectuar una evaluación a la intensa actividad realizada en la prefectura con las autoridades de gobierno, reuniones que han durado aproximadamente 5 horas, dijo que el gobierno llegó con una clara posición de “solucionar los temas que atingen al pueblo de Oruro”.

Ponderó la llegada de un equipo casi completo a la cabeza de dos ministros de Desarrollo Económico y de Trabajo, de viceministros de Minería, Inversión Pública y Desarrollo Rural y de directores, asesores y representantes.

Quedaron temas pendientes como el plan de reactivación económica, que en criterio de Montes, podría ser solucionado con la flexibilización de la Ley FERE y los logros que se tenga en Santa Cruz, que es un departamento poderoso económicamente.

El dirigente cívico anunció reuniones en La Paz para la próxima semana, con la finalidad de hacer seguimiento a todo lo comprometido por el gobierno y ver que se cumplan los convenios.