|
Portada |
|
Hoy
reunión nacional de medios y organizaciones de prensa en La Paz Defensora demandará inconstitucionalidad de nuevo Código Electoral |
||
|
La
Paz, 05 LA PATRIA La
Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, aceptó ayer la
petición de los representantes de organismos de prensa para presentar
una demanda de inconstitucionalidad del Nuevo Código Electoral ante
el Tribunal Constitucional. Después
de una reunión con representantes de la Asociación Nacional de
Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB), Asociación
Boliviana de Radiodifusión y Canales de Televisión de Bolivia, la
Defensora comprometió su apoyo a la causa de los organismos de
prensa. La
Constitución Política del Estado establece que sólo el Defensor del
Pueblo, el Vice presidente de la República, el Fiscal General o un
parlamentario pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad
contra cualquier norma vigente. Los
artículos 114 y 119 del nuevo Código Electoral, limitan el derecho
de libre expresión y violan los derechos de libre empresa
establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). "Pero
el argumento más fuerte es que no puede ser la Corte Nacional
Electoral. el organismo que limite algo que está en la CPE",
dijo la Defensora. "El
derecho de expresar las ideas a través de cualquier medio de
comunicación no puede ser limitado". La
Asesora Constitucionalista y de Asuntos Jurídicos del Defensor del
Pueblo, Kattia Saucedo, dijo que la demanda debe presentarse una vez
que la ley salga publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Advirtió
que el trámite de ese recurso puede demorar hasta 90 días. Al
término de la reunión con la Defensora del Pueblo, los
representantes de las organizaciones de prensa a nivel nacional
criticaron la actitud de los políticos "que una vez más atentan
contra la libertad de prensa en el país". El
presidente de la ANP y co-director- gerente de
LA PATRIA, Marcelo Miralles, dijo que la promulgación de esa
ley fue "un hecho arbitrario". "No
se que pueda ocurrir en el futuro. La ley no es para hacerse rebajar
precios", dijo. El vice presidente de la ANPB y jefe de redacción
de la agencia de noticias Jatha, Carlos Arze dijo que los "políticos
han demostrado una vez más que tienen una conducta definida al
defender sus propios intereses en desmedro de los demás". "Lo
mismo han hecho al mantener los salarios ilegales de los
parlamentarios suplentes y en otros casos, la ANPB hará conocer esas
cosas al pueblo. Los políticos están exponiendo a la
democracia". Freddy
Morales, secretario ejecutivo de la FTPB, dijo que los
"parlamentarios están conscientes de haber aprobado una ley
inconstitucional, pero presentan argumentos sin base". "Esta
es una más de las varias transgresiones que cometen los políticos en
su propio beneficio", dijo. Miralles anunció que hoy a las 10 a.m. se realizará en el edificio de la Asociación de Periodistas de La Paz una reunión extraordinaria de todos los medios de prensa para analizar los efectos de la aprobación de esa normativa inconstitucional y asumir determinaciones conjuntas.
|
||
|
Analistas
critican "abuso de poder" y "torpeza" de los
"padres de la patria" "A los políticos sólo les falta aprobar leyes para alquilar taxis" |
||
precios
que los medios de prensa deben cobrar a los partidos políticos. Toro,
que asumió el interinato de la Primera Magistratura el domingo, promulgó
ayer la cuestionada ley después de haberla sancionado él mismo, en su
condición de presidente de la Cámara de Senadores, el viernes. Todas
las organizaciones de prensa del país criticaron la actitud
"conculcadora de los derechos fundamentales" y solicitaron a
la Defensora del Pueblo su intervención para demandar la
inconstitucionalidad de esa ley ante el Tribunal Constitucional. Un
analista político y un abogado constitucionalista coincidieron en
calificar esa acción como "un abuso de poder" y una
"torpeza que demuestra que la política se está
privatizando". José
Luis Gutiérrez Sardán, reconocido jurista constitucionalista y ex
parlamentario criticó que los parlamentarios, depositarios de la
soberanía del pueblo, "legislen en su propio beneficio". "Es
un abuso de poder, una absoluta incoherencia y falta al principios que
establece que la función legislativa no puede ser utilizada como
facultad para favorecer los intereses particulares del legislador",
dijo. Los
dos artículos cuestionados son incoherentes en un modelo de libre
mercado impuesto por los propios partidos que aprobaron esa ley, agregó. "No
es que seamos defensores de la norma, pero con esta norma se establece
algo que va en contra del libre mercado que ellos mismos han defendido
de manera ortodoxa". Gutiérrez
Sardán advirtió que esta actitud de los parlamentarios en aprobar
leyes en su beneficio exclusivo puede acarrear mayores aberraciones. "Esa
normativa es absolutamente inconstitucional. Solo les falta aprobar
leyes para alquilar taxis. Si necesitan taxis van a fijar por ley los
precios que quieran pagar". PRIVATIZACION
POLITICA Para
el analista político y ex magistrado de la Corte Nacional Electoral
(CNE), Jorge Lazarte, la aprobación de esa ley es una muestra de que
"la política que debía ser una función pública se está
privatizando". "La
política debía ser un asunto público, pero se está convirtiendo en
un asunto privado", recalcó. Dijo
que los políticos actuaron actuaron de "manera torpe y arbitraria
al aprobar una regulación (que evidentemente existe en otros países)
sin consultar" con los directos afectados. También
lamentó que la nueva CNE no se haya manifestado en "un tema que le
compete". "Lo
que les ha crispado (a los afectados) es la manera torpe de aprobar esas
leyes. Los políticos aprueban ellos mismos sus propias leyes y cuando
no les conviene las modifican". Lazarte
dijo que la intención de regular los precios de la propaganda política
revela el deterioro de la relación entre medios de prensa y los políticos
que cada vez tienen menos credibilidad. "Ellos son los únicos en
el país que tienen la facultad de hacer sus propias leyes". "SANIDAD
MENTAL" El
diputado por el gobernante PDC, Benjamín Miguel dijo sin embargo, que
las limitaciones de propaganda política "benefician a la salud
mental de la población". "Imagínese lo que sería con seis
meses de proselitismo". Opinó que la Constitución, así como otorga libertades de trabajo y empresa, establece la igualdad de todos ante la ley. "No hay por qué las empresas cobren un monto determinado para una cierto producto y suban ese monto para la propaganda política", dijo.
|
||
|
Se
espera que esta vez sea cierto El próximo lunes 10, se inicia asfaltado de vía Oruro-Toledo |
||
Consorcio
TOLEDO. Está
pendiente el proceso de desembolso de la contraparte de la Prefectura
del Departamento de Oruro, el cual será gestionado a la brevedad
posible así como la actualización del cronograma de ejecución por
parte del SNC con la constructora, copia que será enviada al Comité Cívico. Entretanto,
el tan esperado plan de reactivación económica, fue considerado en la
comisión correspondiente, como un tema estructural por lo que se buscarán
nuevas alternativas y salidas. Sin
embargo, la discusión giró en torno al tema caminos, referido a los
tramos Oruro-Toledo, Toledo-Ancaravi y Ancaravi-Huachacalla, proyectos
que en alguna manera, ya tienen asegurado
el financiamiento a través del gobierno italiano y con recursos de la
región. En
el tema de gas domiciliario, se acordó una agenda de reunión y
metodología de trabajo a discutirse en una próxima reunión entre técnicos
y la Unidad de Reordenamiento. En
la comisión laboral fue el propio Ministro de Trabajo, Jorge Pacheco,
quien comprometió el respeto al fuero sindical, además de solucionar
despidos y temas pendientes de cumplir con los convenios firmados en el
tema de la mina Avicaya. Entre
tanto la Comisión de Minería, que estuvo encabezada por el
viceministro de Minería, Epifanio Flores, que trató el tema de la
remediación ambiental de la mina San José, se reiteró que este
trabajo está siendo encarado por la COMIBOL. Asimismo,
se dijo que el gobierno nacional viene trabajando en la implementación
de medidas coyunturales para la reactivación de la minería nacional,
donde el Departamento de Oruro juega uno de los papeles más
importantes. Por
su parte la Comisión Económica, dirigida por el viceministro de
Inversión Pública, Bernardo Requena, concluyó que la Brigada
Parlamentaria de Oruro debe impulsar la aprobación de un proyecto de
ley para la reprogramación de las empresas que tienen pasivos con los
bancos en liquidación. Se
anunció asimismo, reuniones entre banqueros acreedores y dueños de
empresas privadas, con la finalidad de conocer la posición de los
bancos. Lamentablemente,
hasta el cierre de la presente edición todavía los campesinos discutían
sus problemas con el viceministro de Desarrollo Rural, Hernando García.
La discusión al interior del sector mostraba divergencias y posiciones
que no permitían llegar a acuerdos en favor de los campesinos. Este
sector debía ponerse de acuerdo en la distribución de semillas y sobre
otros temas de interés, pero la división interna y falta de
entendimiento no ha permitido llegar a consensuar planteamientos ante la
comisión. SOLUCIONES El
presidente del Comité Cívico, Niver Montes, al efectuar una evaluación
a la intensa actividad realizada en la prefectura con las autoridades de
gobierno, reuniones que han durado aproximadamente 5 horas, dijo que el
gobierno llegó con una clara posición de “solucionar los temas que
atingen al pueblo de Oruro”. Ponderó
la llegada de un equipo casi completo a la cabeza de dos ministros de
Desarrollo Económico y de Trabajo, de viceministros de Minería,
Inversión Pública y Desarrollo Rural y de directores, asesores y
representantes. Quedaron
temas pendientes como el plan de reactivación económica, que en
criterio de Montes, podría ser solucionado con la flexibilización de
la Ley FERE y los logros que se tenga en Santa Cruz, que es un
departamento poderoso económicamente. El dirigente cívico anunció reuniones en La Paz para la próxima semana, con la finalidad de hacer seguimiento a todo lo comprometido por el gobierno y ver que se cumplan los convenios. |