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Ante
organismos internacionales de prensa Empresarios y periodistas denuncian atentado contra la libertad de expresión |
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citada
norma, ante el Tribunal Constitucional. Desde
las 10:30 a.m. hasta la 1 p.m de ayer representantes de los medios y
de las organizaciones de periodistas, se reunieron con jefes de
bancada en el edificio de la Vicepresidencia de la República sin
conseguir "ningún punto de consenso". Pese
a haber prometido una revisión de la ley, los políticos se negaron
ayer a modificar los artículos 114 y 119 del Nuevo Código Electoral
e insistieron en la aprobación de esa normativa. Los
mencionados artículos fueron aprobados "sin el conocimiento de
la ANP", dijo hace una semana el presidente de ese organismo y
director-gerente de LA PATRIA, Marcelo Miralles. Los
artículos en cuestión limitan el tiempo de propaganda política y
penalizan con la "suspensión de publicaciones" a los medios
que no se ajusten a una escala de precios definida por los propios
legisladores. Se
limita la libre participación ciudadana cuando se establece que sólo
los partidos políticos tienen "el derecho exclusivo" de
hacer proselitismo durante periodo de elecciones. El
artículo 114 (del Nuevo Código Electoral) limita el tiempo de
propaganda política a 90 días antes de las elecciones. La
reforma también manda que todos los medios presenten ante la Corte
Nacional Electoral (CNE) un informe de su programación, horarios y
tarifas para el tiempo electoral. El
viernes 23 de noviembre, después de una reunión, los presidentes de
las cámaras de Senadores y Diputados, Enrique Toro (ADN) y Luis Vásquez
(MIR), correspondientemente, aceptaron la posibilidad de aprobar una
modificación al texto de la mencionada ley. Ayer, los representantes
de partidos se negaron a cambiar el texto de la ley y anunciaron que
existe consenso para su sanción y aprobación. "Lo
único que hicieron (el viernes) fue ganar tiempo", dijo
Miralles, a tiempo de lamentar la insistencia de los políticos en
"conculcar los principios constitucionales". El
proceso de acercamiento entre empresarios de los medios,
organizaciones de periodistas con los congresistas se rompió ayer
cuando los políticos sugirieron que "se empiece a discutir las
tarifas". "No
es cuestión de regateo, es cuestión de principios. Esos artículos
violan la Constitución Política del Estado (CPE) y atentan contra la
vigencia del derecho de la libre expresión", dijo el propietario
de PAT, Carlos D. Mesa, al término de la reunión. Aunque
los políticos insistieron en decir que el "diálogo no se ha
roto", los empresarios adelantaron medidas legales para impedir
la vigencia de la ley. "La
ANP apelará ante otras instancias, enviaremos una carta al Presidente
Quiroga para que vete esta ley y recurriremos a instituciones
internacionales", dijo Meza. La senadora por el MIR, Erika Brockmann dijo que los partidos no pretenden atentar contra la libre expresión, sino evitar que las tarifas cobradas a los partidos sean "más que una mercancía".
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Nuevo Código Electoral debe ser vetado por el Presidente |
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Organizaciones periodísticas de todo el país se reúnen mañana en La
Paz LA
PAZ, 3 (Jatha) - Las organizaciones que agrupan a empresarios de los
medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa
pidieron el lunes que el presidente interino, Enrique Toro Tejada, vete
el nuevo Código Electoral porque, dicen, viola la Constitución Política
y el régimen económico vigente en el país. La
demanda se presentó el lunes en el Palacio de Gobierno luego de que la
Cámara de Senadores aprobara el Código Electoral que, hace tres
semanas pasó, sin ninguna observación, por la Cámara de Diputados. Los
representantes de las organizaciones periodísticas mantienen
permanentes reuniones internas y con los parlamentarios desde hace dos
semanas. El domingo, al no vislumbrarse ningún acuerdo, un encuentro
calificado de decisivo, que se realizaba en un evidente ambiente tenso,
se interrumpió sin explicaciones coherentes de ninguna de las partes. Pero
mientras los representantes políticos hicieron conocer declaraciones
optimistas en sentido de que aún era posible la redacción de nuevos
artículos que atiendan las demandas de los periodistas, los
representantes de éstos se declararon pesimistas desde el mismo momento
que muchos de dirigentes políticos daban por aprobada la nueva
disposición. "Creemos,
señor Presidente, que los parlamentarios no pueden darle la espalda a
nuestra Carta Magna. El artículo 114 limita el derecho de libre expresión
de ideas y opiniones de ciudadanos y organizaciones políticas, al
limitar el tiempo en que estas pueden difundirse por los medios",
dice la nota dirigida al Primer Mandatario. La
segunda objeción, destaca: "El artículo 119 le otorga a la Corte
Nacional Electoral atribuciones que violan derechos elementales de libre
empresa, determinando de forma arbitraria las tarifas que los medios
deben cobrar a los partidos por la emisión de sus campañas y su
propaganda. Un control de precios retroactivo por añadidura, que no se
da en ningún ámbito de la actividad económica en el actual
modelo". La
situación fue calificada como "muy delicada" por los
representantes de las organizaciones periodísticas que anunciaron para
éste miércoles una reunión nacional de empresarios, periodistas y
trabajadores de la prensa con el fin de "definir acciones más
firmes de defensa de la libertad de expresión y de las normas económicas
dictadas por los propios gobernantes". Entre
esas acciones está una demanda de inconstitucionalidad que se canalizará
a través del Defensor del Pueblo. Para este martes está previsto un
encuentro de alto nivel entre la Defensora Ana María de Campero y los
periodistas. Las
organizaciones periodísticas explicaron que durante estas dos semanas,
y a pedido propio, se empeñaron en explicar a los parlamentarios que el
nuevo Código Electoral, en lo que se refiere al trabajo de los medios,
es claramente atentatorio a la Ley. Su empeño, no fue atendido por
senadores ni diputados, para quienes "existen diversas formas
subjetivas de interpretar la Constitución Política". En la nota dirigida al presidente interino los periodistas le advierten que se han aprobado "restricciones muy graves que afectan principios básicos de la convivencia democrática". |