Historia

Pese a que la entrega del Canal a Panamá por parte de los Estados Unidos estaba pactada, según los Tratados Torrijos-Carter para el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, los actos protocolares se realizaron el 14 de diciembre. Los mismos dieron inicio en el Cementerio de Corozal donde se recordó a los trabajadores muertos durante la construcción de la vía interoceánica. A continuación se firmó el Acta de Transferencia en las esclusas de Miraflores , donde también se develó una placa conmemorativa. Mandatarios extranjeros, entre los que no figuró el Presidente de los Estados Unidos, se hicieron presentes en nuestro país para tan trascendental acontecimiento, al igual que el ex Presidente James Carter bajo cuya administración se firmaron los Tratados canaleros conjuntamente con Sol Linowitz uno de los negociadores norteamericanos. También S.M. el rey de España don Juan Carlos de Borbón y una nieta de Ferdinand de Lesseps participaron de estos actos. Más de 600 periodistas de todas partes del mundo arribaron a Panamá con el fin de darle cobertura a la histórica transferencia. La entrega se selló oficialmente el día 31 con una gran marcha popular hasta la ex Zona del Canal.

De esta manera la República de Panamá puso fin a 96 años de presencia norteamericana en su territorio, entró en posesión de su más preciado bien económico, logró unir “La Tierra Dividida” bajo una sola bandera y ejercer real y plena soberanía sobre todo el territorio nacional.

Las elecciones de 1999 pusieron de manifiesto la insatisfacción popular, así como el esfuerzo realizado por la oposición, sobre todo por los partidos mayoritarios, como el Partido Arnulfista y el Molirena, por alcanzar un acuerdo duradero que les permitiera presentar un candidato único. De esta manera, Mireya Moscoso encabezó la nómina de una coalición de Partidos denominada Unión por Panamá entre los que estaban, además del Molirena y del Arnulfista, Morena y Cambio Democrático.

Por su parte, el PRD postuló a Martín Torrijos, hijo del General Omar Torrijos, para lo cual este colectivo mantuvo algunas de las alianzas políticas de 1994, sobre todo con Solidaridad y el Liberal Auténtico, a los que se unió en último momento el agonizante Papa Egoró de Rubén Blades.

Una tercera fuerza fue la que impulsó la Democracia Cristiana en la figura del banquero disidente del arnulfismo Alberto Vallarino. Esta candidatura provocó la escisión del ya menguado partido, cuando un grupo de copartidarios decidió no apoyar a Vallarino y pasarse a las filas del arnulfismo.

En líneas generales, fue una campaña deslucida por la falta de debates políticos que permitieran medir fuerzas y capacidades entre los contendientes. Las concentraciones realizadas por los tres candidatos, tampoco sirvieron para aquilatar fuerzas, pues en todas la afluencia de público fue masiva. Por su parte, las encuestas de opinión no reflejaron sino hasta la última semana que Moscoso se alzaría con el triunfo, como en efecto ocurrió.

Gracias a un programa populista y a su férrea decisión de ganar al electorado del interior del país y a los desposeidos, para quienes siempre representó la única opción real de cambio, la candidata arnulfista se alzó con la mayoría de los votos.

Pese al temor de la oposición, el gobierno de Pérez Balladares, al igual que su antecesor, respetó a rajatabla el resultado electoral, imponiendo una nueva modalidad en los torneos panameños que ya había iniciado la administración de Endara. Moscoso le ganó a Torrijos por más de cien mil votos e inauguró su gobierno el 1 de septiembre. Era la primera vez que una mujer alcanzaba la primera magistratura del país.

Las primeras acciones del gobierno han puesto de manifiesto el compromiso populista y la decisión de la mandataria de rever las políticas de su antecesor. Asimismo, una nueva modalidad impuesta por Moscoso es la del contacto directo con el pueblo. En los primeros días de su gestión la mandataria apareció reiteradamente barriendo las calles, aseando la ciudad o pintando escuelas en el interior del país, mezclada con el pueblo al que le prometió gobernar para su bienestar.

El reto que tiene por delante es enorme en un país cuyos índices de pobreza alcanzan casi el 50 % de la población y que ostenta el segundo lugar del continente en peor distribución de la riqueza. Con grandes sectores de la población sumidos en la miseria, la ignorancia y el abandono Moscoso se enfrenta a una ciclópea tarea. Por otra parte, la entrega del Canal a Panamá por los Estados Unidos, no significa tan sólo una fecha para festejar la recuperación de la soberanía sobre todo el territorio nacional, sino y sobre todo la posibilidad de que Panamá demuestre su capacidad para administrar la vía interoceánica sin la tutela de los Estados Unidos. Sin olvidar, claro está, el uso de las áreas revertidas de la ex Zona del Canal que constituyen uno de los activos más importantes de la República. Es indudable, que el gobierno tendrá que demostrar un alto grado de eficiencia y honestidad frente a estos desafíos que comprometen el futuro de la patria y su reputación a nivel internacional.

Desde los inicios de su administración pérez Balladares planteó un gobierno de “concertación nacional” y sometió a consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas denominado: Políticas Públicas para el desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Económica”,basado en una economía competitiva y de mercado, orientada hacia afuera, para lograr una inserción racional dentro de la economía mundial y acorde con la globalización. Este programa consignaba las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, contenía la redifinición del papel del sector público, dirigido hacia la privatización de todas las empresas estatales, puesta en marcha por el anterior gobierno; el inicio de la modernización de la educación y de la administración pública. Con estas perspectivas ingresamos a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se hizo realidad en 1997. También se aprobó la Ley para la Universalización de los Incentivos Tributarios a la producción, y la liberación de los precios de la mayoría de los productos que integran la canasta de bienes nacionales. Posteriormente, en septiembre de 1997, se inició una segunda fase de este programa bajo la denominada Estrategia de Desarrollo Social con Eficiencia Económica 1997-1999, con el fin de estabilizar y fortalecer las reformas puestas en marcha durante el período anterior, a la vez que introducir cambios y profundizar los cambios en nuevos sectores.

En el campo de la política exterior se fijaron tres objetivos fundamentales: la transición y la transferencia del Canal; la recuperación de la imagen de Panamá en el extranjero, la promoción de inversiones y el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales. Pero amparándose en la “solidaridad internacional” se otorgó asilo al general haitiano Raoul Cedras y a varios de sus colaboradores; se acordó con el gobierno estadounidense dar refugio temporal a ocho mil balseros cubanos en las riberas del canal bajo la coordinación del Comando Sur. Además, se otorgaron indultos para favorecer a copartidarios y ex militares procesados durante el anterior gobierno.

Si bien el conjunto de reformas económicas se aplicaría “dentro de un marco de mayor equidad social”, destinado, entre otras cosas “a resolver la acumulación de altísimos niveles de pobreza” y la “injusta distribución de los ingresos”, la aplicación del mismo, desde los inicios, implicó una profunda afectación negativa para el pueblo panameño. Así sucedió con el pliego de reformas al Código de Trabajo presentado a la Asamblea Legislativa, que mereció el repudio y movilizaciones por parte de los obreros agrupados en el Sindicato Unico Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), con el trágico saldo de muertos y heridos.

Pero el Presidente, en virtud del control que ejercía dentro del Legislativo, impuso estas reformas. Con ello se ganó la enemistad de los sectores obreros y comenzó a ser acusado de prepotente y soberbio. Lo mismo sucedió con otras medidas aplicadas por el gobierno y que incrementaron su impopularidad, a saber: la Ley reformatoria de las jubilaciones especiales a través de la reestructuración del Fondo Complementario de Seguridad Social; el Decreto de los llamados “días puente”; las reformas económicas impuestas a la mediana y pequeña empresa, e igualmente a los productores agropecuarios, a raíz de la rebaja de los aranceles de importación. En estas protestas también participaron los estudiantes de escuelas secundarias, así como los universitarios, que fueron reprimidos duramente por los antimotines, quienes incluso llegaron a violar la autonomía universitaria, penetrando dentro del campus.

Otro aspecto prominente del gobierno del PRD fueron las privatizaciones y concesiones de varias empresas estatales como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), en 1995; el Hipódromo, a finales de 1997; los Casinos Nacionales, en enero de 1998; el Ferrocarril Transístmico, en febrero de 1998 y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), a ocho compañías de distribución eléctrica a finales de 1998. Estas privatizaciones, como parte de la política social, no arrojaron los efectos deseados, pues como en el caso del INTEL, más bien se produjo un incremento en las tarifas. Además, el servicio desmejoró notablemente.

A mediados de 1998 se inició el proceso de concesión administrativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) que causó violentas protesta callejeras y manifestaciones en señal de rechazo por la privatización de este servicio.

Estas demostraciones obligaron al gobierno a suspender este proceso. Otro episodio candente fue el debate de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno a principios de 1998, ya que incluían la reelección inmediata del Presidente en ejercicio. El referéndum se realizó el 30 de agosto y los resultados demostraron el rechazo masivo de la ciudadanía. En una proporción de dos a uno triunfó el “ No” a las reformas constitucionales. El 63.81% de los votantes rechazaron reelección, en tanto que sólo el 34.30 % votó por el Sí. La victoria del No se consideró no sólo como un rotundo rechazo popular a la aspiración reeleccionista del Presidente Balladares, sino también como de repudio a su gestión gubernamental.

Mención especial merecen las negociaciones bilaterales que, en 1995s, iniciaron los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos, para el establecimiento de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que funcionaría en las instalaciones de las ex bases militares estadounidenses en la Zona del Canal, sobre todo Howard, Rodman y Galeta. El proyecto fue considerado por amplios sectores de la opinión pública nacional como un disfraz para mantener la presencia militar de los Estados Unidos más allá del año 2000. Aunque el gobierno nacional trató de manejar con reserva el contenido y alcance de dichas negociaciones, pronto surgieron voces disidentes, provenientes de las capas medias y organismos, que exigían que se hicieran públicas las conversaciones y acuerdos, petición que el gobierno soslayaba. No obstante, cabe destacar que amplios sectores de la población estaban de acuerdo con el mantenimiento de las bases, a cambio de beneficios económicos.

Cuando el proyecto se dio a conocer a los representantes del grupo de países que podían adherirse al pacto el diario mexicano El Excelsior publicó el texto íntegramente, en febrero de 1998, e inmediatamente fue reproducido por El Siglo de Panamá. Esta publicación, puso de manifiesto la serie de concesiones y violaciones a la soberanía nacional que contenía el proyecto, en abierta oposición a lo dispuesto en los Tratados Torrijos-Carter y a las aspiraciones nacionalistas permanentes del retiro de las tropas norteamericanas del territorio panameño. Miguel Candanedo dirigente del Movimiento Nacional por la defensa de la Soberanía, declaró que el CMA era más lesivo “para la soberanía del Estado panameño que el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903”. En septiembre de 1998, después de la derrota sufrida en el referéndum el gobierno declaró formalmente canceladas las negociaciones. Otra lucha que aún se adelanta, aunque con dudoso éxito, es la limpieza por parte del gobierno de los Estados Unidos, de las áreas revertidas y los polígonos de tiro que se encuentran contaminados en la antigua Zona del Canal y en tierras adyacentes.

Haciendo un balance general de la pasada administración de Pérez Balladares es innegable que durante este período se impulsó el desarrollo de la economía nacional y se obtuvieron significativos logros, gracias a la puesta en ejecución de un ambicioso proyecto de modernización, liberalización, privatización, promoción de empresas internacionales y desarrollo de infraestructura, al igual que se promovieron inversiones en las recuperadas áreas canaleras. La reforma de la administración pública se extendió a varios sectores, con la expedición de la Ley del Ente Regulador de los Servicios Públicos; la Ley de Defensa de la Competencia, que eliminó la Oficina de Regulación de Precios y en su lugar estableció la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, la creación del nuevo Ministerio de la Juventud, la Mujer, el Niño y la Familia, decisión que implicó la modificación de la estructura del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, ya que algunas de sus funciones fueron absorbidas por aquél. La puesta en ejecución de la carrera administrativa y las funciones de manejo de las finanzas y de la hacienda pública han sido consolidadas en el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas.

Pese a la falta de sensibilidad social demostrada por el gobierno, así como al autoritarismo desplegado por el Presidente, que terminaron por agotar la paciencia del pueblo que comenzó a reclamar un cambio radical, lo cierto es que en el campo de la cultura, mucho más que su predecesor, Pérez Balladares adoptó medidas acertadas e inteligentes. Una de ellas fue la organización del Congreso del Canal organizado por Fernando Manfredo y para lo cual se inauguró el Museo del Canal en el antiguo Hotel Central de George Loeb que había servido como sede administrativa de la Compañía Universal de Lesseps en la década del 80 del siglo pasado. Igualmente, el Presidente aprobó la concesión de una partida de siete millones de dólares para rescatar la Biblioteca Nacional y ,ya en las postrimerías de su administración, vio la luz la Biblioteca de la Nacionalidad Panameña, un esfuerzo titánico por dar a conocer las obras más representativas de nuestro quehacer intelectual, coordinado por el entonces canciller Jorge Eduardo Ritter.

Estos logros quedaron opacados, en buena medida, por algunas decisiones impuestas contra viento y marea por el Ejecutivo gracias al dominio que ejerció sobre la Asamblea Legislativa. Así, algunas leyes de último momento crearon la Sala Quinta, que el gobierno presidido por Mireya Moscoso acaba de derogar

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