Eduardo José Alvarado Isunza

Nadie debería sentirse decepcionado por los resultados y desempeño del gobierno panista en SLP, durante su primer año de gestión. Corrupción, mediocridad, censura, represión, derroches, elitización del aparato público, oscuridad administrativa y ascenso de la pobreza, he ahí apenas brevemente enunciados algunos de los signos que han caracterizado al primer gobierno panista que sufre la entidad, y cuya divisa publicitaria expresa un cinismo helado: Hechos para Servir.

Decimos que nadie debería experimentar frustración o engaño por la pésima actuación de un gobierno que sistemáticamente niega información, miente en sus comunicados, obstaculiza procesos de transparentación administrativa, usa el sarcasmo para enmascararse y llega incluso a emplear la fuerza pública o la coacción para impedir a los ciudadanos el ejercicio de derechos elementales, como el de la manifestación de las ideas y la réplica.

Nadie debería sentirse desilusionado o defraudado, porque esa era precisamente la conducta en el desempeño de los puestos públicos que debíamos esperar de quienes jamás fueron formados bajo conceptos democráticos, que crecieron escuchando la tesis arribista de que los cargos eran para enriquecerse, o que consideran los preceptos más elementales de la ética y la solidaridad como estorbos ideológicos para la obtención del éxito.

Sin embargo, para que no crean que nuestra opinión viene estimulada por el resentimiento o por una actitud malsana, veamos algunos casos, aunque sea brevemente, que nos permitirán sostener nuestra tesis de que el panismo gobernante ha venido a caracterizarse por todos aquellos hechos que enunciamos al principio de este artículo.

Una de las primeras acciones que emprendió la actual administración de Marcelo de los Santos Fraga fue el remozamiento de todos los despachos que ocupan sus funcionarios en Palacio, así como de la denominada Casa de Gobierno, ubicada en una de las zonas residenciales más caras de una ciudad, cuya mayoría de habitantes viven condiciones de miseria.

Congruente con su vocación elitista y frívola, los principales actores del régimen por supuesto no iban a considerar como una idea viable y sensata clausurar esa Casa de Gobierno y someterla a remate, porque su sostenimiento cuesta varios millones de pesos que son indispensables para atender el hambre, la educación, la salud y otras muchas carencias que sufren los pobres de la región.

En vez de eso, los administradores del Estado decidieron gastar una millonada de pesos en el menaje de la residencia, que incluyó la adquisición de una caldera a efecto de que sus habitantes no fuesen a sufrir un resfriado por nadar en una alberca de aguas frías.

Cuantiosa fue también la erogación que hicieron para acondicionar cada una de las oficinas del Palacio y convertirlas en espacios adecuados a las necesidades de ejecutivos acostumbrados a lo mejor. Es desconocida la suma de los gastos por remozamiento de ambos inmuebles. Sin embargo, es calculada en una cifra superior a los 20 millones de pesos. Esperemos que el gobernador de cuenta detallada de esa erogación en su primer informe.

Otro gasto excesivo, y por supuesto muy criticado que efectuó esta administración, tan pronto como sus jerarcas tomaron el poder, fue rentar un Little Jet para que el gobernador y sus funcionarios pudiesen trasladarse convenientemente a aquellos lugares en donde sostienen diálogos y negociaciones que habrán de concretarse en importantes beneficios para una de las entidades que más rezagos y carencias sufre en un país de por sí empobrecido.

Por cierto que en la última confrontación entre ese gobierno panista y uno de los sindicatos de burócratas, a causa de una negociación salarial, fue revelado que quienes utilizan dicho Little Jet no son funcionarios públicos ni es empleado para misiones oficiales. Dicho de otra forma, que el millón de dólares que nos cuesta mensualmente rentar el aparato sirve para entretener a particulares. El gobernador De los Santos debe dar a conocer la bitácora de vuelos del avión o permita el acceso a ésta de quienes así lo pidan.

No es todo: la misma dirigente de ese sindicato de burócratas denunció que estos espléndidos y eficientes administradores del aparato estatal han llegado al extremo de emplear en renta más de cien automóviles de lujo. Esto es con el propósito de que los principales funcionarios y ejecutivos no sufran de estrés o mortificación que afecte sus indiscutidos talentos y capacidades intelectuales. De esa forma, toda su genialidad podrá concentrarse en resolver la miseria de la población, principalmente el hambre, la enfermedad, el frío y las condiciones infrahumanas que afectan a miles de niños y mujeres gestantes de la región.

Ese despilfarro de recursos públicos no ha tenido, hasta ahora, más límite que el propio volumen de fondos. Por eso, ahora pretende ampliarse el caudal de dinero con nuevos impuestos, como el que desea aplicarse a quienes cobran honorarios por servicios profesionales, cosa que significaría imponer otro gravamen a esos trabajadores, porque ya pagan tributo por IVA y por ISR.

De la mano han quedado descubiertos tráficos de influencias y asignación de contratos por diversos conceptos (obra, servicios profesionales, consultorías, etcétera) a familiares, amigos y ahijados de los administradores panistas del Estado. El último de estos casos apenas ha trascendido: el despacho contable Díaz de León Mayorga ha recibido jugosos contratos del gobierno, quizás solamente porque uno de sus asociados es Héctor Mayorga Delgado, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas.

Este mismo funcionario ha sido señalado de presionar sutilmente a presidentes municipales para que contraten los servicios de otros contadores, como Cosme Ramírez Medellín. Pero simultáneamente ha quedado expuesto que el mismo despacho de Marcelo de los Santos ha recibido importantes contratos de ayuntamientos, como el de Soledad.

En el colmo del cinismo, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga declaró a propósito de su primer Informe que un signo que habla de la calidad de su régimen es que la sociedad está callada. Más bien diríamos que está reprimida, que han sido reprimidos y censurados aquellos que han intentado hacer uso de sus derechos, como los trabajadores del Conalep que fueron desalojados del Palacio por una fuerza de 150 gendarmes armados con toletes.

De ese abuso de poder fueron víctimas cuatro catedráticas, excelentes profesionistas que sólo demandaban reconocimiento a sus derechos laborales, quienes debieron dormir en el Charco Verde por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, reglamento este que contempla sanciones por encima de los derechos constitucionales.

Igual embestida dio el gobierno panista, que apenas cumple su primer año, en el asunto de la Minera San Xavier y Cerro de San Pedro, capítulo que ha evidenciado cuál es el respeto que el mandatario tiene por la autonomía municipal y cuál es su aprecio por el patrimonio y la salud de los ciudadanos.

Abundan los ejemplos para sostener nuestro juicio de que el gobierno panista de San Luis Potosí ha venido a caracterizarse por su corrupción, mediocridad, excesos, censura y represión. Seguramente usted tendrá los suyos. Pero será una pena no conocerlos, porque precisamente el acceso a la información y a la libertad de expresión no ha sido una de las conquistas que disfrutemos por aquí.