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Un NO de la "Justicia" en México

Sobre la matanza de estudiantes en junio de 1971


Lola Sepúlveda

www.rebelion.or

Durante los años 70 y 80, México acogió en su tierra a miles de personas que huían de las dictaduras del Cono Sur, donde las detenciones, torturas y desapariciones formaban parte del terror diario de quienes allí vivían.

Durante los años 70 y 80, México practicó en su tierra la detención, tortura y desaparición de miles de personas cuyas convicciones políticas, o las de familiares cercanos, les alejaban de las prácticas políticas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entonces en el poder.

Puede que el 2 de octubre de 1968 sea una de las fechas más conocidas en la historia de México. Días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la matanza de la plaza de Tlatelolco, donde cientos de jóvenes estudiantes fueron masacrados por el Ejército mexicano. El Presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad por los hechos, dejando así libre de culpa a su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quién le sustituiría en la Presidencia, en las siguientes elecciones, celebradas dos años después, en 1970. Díaz Ordaz falleció en 1979, después de haber tenido el honor de ser el primero embajador de México en España, en abril de 1977, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la muerte de Franco.

El 10 de junio de 1971

El 10 de junio de 1971, era jueves de Corpus. Ese día, se celebraba en la Ciudad de México una manifestación estudiantil, la más grande desde aquel 2 de octubre de 1968. Convocada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la marcha saldría a las cinco de la tarde del Casco de Santo Tomás, en el IPN e iría encabezada por varios de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68 que habían sobrevivido a la matanza y a las detenciones que se practicaron después. Entre sus reivindicaciones estaba la democratización de la enseñanza y la libertad de los presos políticos. En el itinerario que seguían los aproximadamente 10.000 manifestantes, la gente sentía temor: el 68 estaba demasiado cerca.

En una de las calles por las que pasaban, un grupo de granaderos les salió al paso y les advirtió por medio de un megáfono que debían disolver la manifestación porque no estaba autorizada. No se detuvieron. Más adelante, se les interpuso un grupo de policías antimotines que llevaban chalecos antibalas y escudos. Los estudiantes se pararon y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Los policías se dispersaron.

Un poco más adelante, los estudiantes se encontraron con un grupo de personas, en su mayoría jóvenes que bajando de varios camiones grises y de camionetas, llevaban palos, pistolas y hasta rifles automáticos. Ante la sorpresa de los manifestantes, se lanzan contra ellos y les empezaron a golpear y a disparar al tiempo que lo hacían también francotiradores desde edificios cercanos. Eran "Los Halcones". El saldo extraoficial de aquel episodio, fue de 45 muertos y centenares de heridos. La policía no apareció por el lugar.

Hace ya 33 años, desde el gobierno del Distrito Federal, hubo el compromiso de investigar los hechos. No hubo resultados y nadie fue entregado a la justicia. Tan sólo, Luis Echeverría destituyó de su cargo al regente de la Ciudad de México y cerró así ese capítulo de la represión a los estudiantes. O eso creyó él.

A partir del año 2002, se hicieron públicos y accesibles cientos de legajos de documentos oficiales que están depositados en el Archivo General de la Nación, situado en el antiguo penal de Lecumberri, justo donde estuvieron encarcelados los líderes del movimiento estudiantil del 68.

Este hecho permitió que este caso, al igual que otros relacionados con las desapariciones forzadas, pudieran reabrirse y que el Ministerio Público contara con pruebas que involucran a altos funcionarios del gobierno de México y a ex-militares en la matanza del 10 de junio de 1971.

Estos documentos han permitido conocer que "Los Halcones" fue un grupo paramilitar organizado, entrenado y dirigido por el entonces coronel Manuel Díaz Escobar y que inició sus acciones represivas en 1961 en San Luis Potosí. Apoyado y protegido por el general Alfonso Corona del Rosal, quién era regente del Distrito Federal en 1968, se integró el grupo paramilitar con el argumento de que era necesario proteger ciertas instalaciones estratégicas, como el Metro, durante la celebración de los Juegos Olímpicos. "Los Halcones" participaron también, como francotiradores, el 2 de octubre de 1968, junto con el "Batallón Olimpia".

Manuel Díaz Escobar fue ascendido a general durante el gobierno de Luis Echeverría, y según documentación en poder de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sólo obedecía las ordenes de éste, y fue la protección oficial recibida la que permitió tener ocultos a los miembros del grupo paramilitar entre los miles de empleados del Distrito Federal, como personal de limpieza o jardineros. Entre 1968 y 1971 llegaron a ser casi 1.000 y se dedicaron a reprimir opositores, líderes sindicales y movimientos sociales. A primeros de 1971, 40 hombres, los más capacitados, acudieron, con becas, a cursos de adiestramiento en Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

Hoy, las investigaciones de la Fiscalía Especial han demostrado que, por instrucciones gubernamentales, durante el jueves de Corpus a "Los Halcones" se les dotó de un equipo de radiocomunicación y se les abrió una frecuencia que era utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También está documentado que la Secretaría de Gobernación recibió noticias, minuto a minuto, de lo que ocurría, tanto en la manifestación, como en los distintos hospitales a donde llevaron a los heridos y hasta donde llegaron algunos halcones a rescatar a compañeros lesionados y también a asesinar a manifestantes heridos. Después del 11 de junio, Díaz Escobar entregó 5.000 pesos a cada uno de los integrantes del grupo en concepto de liquidación, y desintegró el grupo.

El jueves 22 de julio de 2004, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), solicitó ordenes detención contra el ex-presidente Luis Echeverría, el ex-secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, los generales Manuel Díaz Escobar, creador y jefe de los halcones, y Raúl Mendiolea Cerecedo, quien fue subjefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal, entre otros. El delito: homicio calificado y lesiones y contra Echeverría y Moya Palencia, la acusación de genocidio, sustentada en el hecho de que ambos participaron en la elaboración y desarrollo de una política gubernamental encaminada a eliminar a militantes de izquierda y grupos estudiantiles opositores al régimen.

Según informa el periódico "La Jornada", fuentes oficiales y otras cercanas a los involucrados en la acusación, revelaron la existencia de "conversaciones extraoficiales", e indicaron que a la petición de no permitir que se llevara ante tribunales a "importantes políticos con peso en la vida nacional", se respondía que "el fiscal [ de la Fiscalía especial] se les había salido de control". Al parecer, el pasado viernes por la noche, se había fortalecido la posibilidad de que la Fiscalía Especial no tuviera una respuesta positiva por parte de la autoridad judicial, pero no había ninguna promesa firme de ello.

También se sabe que han existido reuniones en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la posibilidad de que en las acciones derivadas del expediente, se incluyera a militares en retiro. Según las versiones recogidas por "La Jornada", los jefes militares acordaron una posición común ante los distintos escenarios posibles, aunque por encima de todo, estaría el respaldo a la institución presidencial.


La decisión del juez

Ahora, el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, ha dictaminado que en los hechos del 10 de junio de 1971 no existió genocidio, sino tan sólo "homicidios calificados, lesiones, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad".

Pero ocurre que, mientras el genocidio no ha prescrito, si lo han hecho el resto de las acusaciones, por lo cual, negó las órdenes de detención solicitadas.

Según fuentes judiciales, el juez y sus secretarios de acuerdos no analizaron todo el expediente presentado, 9.382 folios, sino que se limitaron a valorar si el expediente incluía querellas o denuncias penales bien planteadas, si los hechos demostrados correspondían a dichos delitos y si estos estaban vigentes. En ningún momento se estudió la culpabilidad de los presuntos responsables, es decir, no se entró al fondo del caso y tan sólo fue una revisión general del expediente. Respecto al delito de genocidio, no analizó si tiene o no prescripción, sino que revisó que los hechos del 10 de julio fueran constitutivos de dicho tipo de delito, llegando a la conclusión de que no era así, pues la Fiscalía Especial no logró acreditar que esos hechos "tuvieran como propósito destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso".

Determinó, entonces, que los delitos existentes eran abuso de autoridad, homicidio, lesiones y obstrucción de la justicia. Pero esos, ya habían prescrito.

Por tanto, negó las órdenes de detención solicitadas por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría, el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, y por otros delitos contra los generales Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo, y varios entrenadores y miembros del grupo paramilitar conocido como "Los Halcones".

Ahora, la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), además de presentar un recurso de apelación contra esta sentencia, solicitará que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva si en la matanza del 10 de junio de 1971 se cometió el delito de genocidio y si los ilícitos de homicidio calificado, obstrucción de la justicia, lesiones y abuso de autoridad que se cometieron por esos hechos ya prescribieron o no.

Mientras, el ex-presidente Luis Echeverría sigue libre. Nervioso, pero libre.