Otras voces

Florencio López Ojeda

Una historia de usura

Esta es una historia real, está sucediendo en Guanajuato, ocurre también en Celaya:
Un ciudadano cometió un pecado de lesa Patria, un crimen contra el Estado, pues no pagó a tiempo la tenencia y el refrendo de las placas de su automóvil.

Una vez vencido el plazo respectivo para cubrir ese impuesto, el ciudadano sabía que pagaría una multa por este retardo. Posteriormente recibió la notificación respectiva y su sorpresa fue mayúscula, su asombro fue inaudito y su coraje también al enterarse de que su pago original era en números redondos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos nacionales) y ahora por concepto de multas y recargos debía al Estado la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos nacionales). Apenas pasaron cuatro meses, de abril a julio, y ya el gobierno estatal le estaba cobrando un 150 % (ciento cincuenta por ciento) más de 30 por ciento mensuales. El ciudadano pensó que seguramente era una equivocación.

Acudió ante la oficina recaudadora del Estado, en Celaya, y su titular, Miguel Ángel Martínez Sánchez, le indicó que no había tal error y que tenía que pagar. Cuando preguntó si era posible un descuento, el mismo funcionario le expresó que ese trámite se realiza ante las oficinas centrales de la capital del Estado. Como el ciudadano razonó para sí mismo, que sería una inútil gestión, preguntó entonces si sería posible que se le concedieran plazos para pagar tal cantidad, y el propio funcionario estatal le dijo que no se concede ningún plazo, ni opera ningún convenio para que los ciudadanos de Guanajuato reciban una prórroga para efectuar sus pagos y contribuciones.

Es decir, como el ciudadano no pagó a tiempo, el Estado con todo su poder, con toda su fuerza, está castigando a los ciudadanos, y es un castigo despiadado, sin ninguna consideración, sin compasión, sin conceder ningún convenio, ninguna oportunidad para que el ciudadano pueda cumplir con su obligación fiscal.

Lo grave es que el porcentaje de intereses que está cobrando el gobierno de Guanajuato por concepto de: multa, recargos y gastos de honorarios es muy y demasiado elevado, pues ningún banco, caja popular, Monte de Piedad, instituciones de préstamo, están cobrando tales intereses en el país.
Lo grave es que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, están avalando este cobro, estas multas a los ciudadanos. No se escucha ninguna voz de los organismos colegiados de abogados y notarios en defensa de la ciudadanía.

Cómo es posible que en nuestra democracia se puedan presentar estos casos de usura y agio, por parte de funcionarios estatales. En los impuestos de agua y predial, cuando el ciudadano se atrasa en sus pagos y ocurre ante las oficinas respectivas, tramita un convenio y se le conceden plazos para que cubra su adeudo, y el ciudadano puede respirar y puede realizar un esfuerzo razonable para cumplir con sus contribuciones, pero, mientras en el ámbito municipal puede obtener este trato, en el poder estatal no es así.

Esta historia está sucediendo en Guanajuato, en pleno año de 2004, en los inicios de un nuevo siglo, cuando se habla de democracia, derechos humanos, cuando se menciona la equidad, la justicia, y se pregona el bien común, cuando nuestros funcionarios hablan de valores humanos.

Pero resulta que el mayor agiotista es el Estado, pues con sus apremios de cobro, está agraviando a la ciudadanía, la está acosando con el pago de intereses desmesurados, y ante la petición de un convenio, de plazos razonables para poder pagar, se le contesta que no es posible, que el Estado no tiene ninguna consideración hacia sus ciudadanos, y que no puede conceder ningún período o plazo de gracia, ni descuento en multas y recargos.

Esto sucede en Guanajuato.