Violencia criminal por encima del derecho de la mujer

Homicidios de mujeres: auditoría periodística (enero 1993-julio 2003) /1

Presentación:

Pocos fenómenos sociales han sido objeto de tanta atención pública y de un debate tan prolongado como el de los homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez. Desde los primeros casos que empezaron a ser contabilizados a partir de 1993, a instancias de reporteros de la prensa local, el tema está presente de manera significativa y creciente en los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales.
Al amparo de la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez, se crearon numerosas organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos de las mujeres y protestar por la violencia criminal ejercida en contra de ellas.
Dos gobiernos estatales consecutivos, emanados de distintos partidos políticos, han debido enfrentar reiterados cuestionamientos de la sociedad civil sobre la deficiente procuración y administración de la justicia, en lo que hace a la violencia de género, mientras que cuatro gestiones municipales son blanco de críticas por su ineficaz actuación en la prevención de tales ilícitos.
Con el paso del tiempo, las protestas sociales provocaron la intervención de diversas instancias nacionales e internacionales, en acciones dirigidas no sólo a analizar el fenómeno, sino también para exigir a las autoridades estatales emprender acciones efectivas para la prevención y resolución de los homicidios de mujeres.
Luego de que en mayo de 1998 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno estatal para que atendiera el problema, en vista de las deficiencias detectadas por visitadores en la integración de las averiguaciones, distintas instancias tanto del país como del extranjero hicieron acto de presencia en Ciudad Juárez para respaldar las protestas sociales y al mismo tiempo manifestar observaciones y recomendaciones sobre el tema. La última de ellas, Amnistía Internacional, que el pasado 11 de agosto dio a conocer su informe “Muertes intolerables, México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, en el que formula 30 recomendaciones a los tres niveles de gobierno.
Desde 1998, la administración del gobernador Patricio Martínez García reforzó la Fiscalía Especializada para la Investigación de Homicidios de Mujeres, de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, con el propósito de esclarecer los crímenes.
En el pasado reciente, se crearon ex profeso comisiones legislativas en los ámbitos estatal y federal para dar seguimiento a los casos. Coincidentemente, el presidente Vicente Fox y el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, fundaron el Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Chihuahuense de la Mujer, respectivamente, en un esfuerzo por darle seguridad jurídica a los derechos de la mujer y promover en la sociedad la igualdad de géneros. Actualmente están en funcionamiento mesas interinstitucionales dedicadas al seguimiento oficial de los homicidios de mujeres.
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe acerca de los feminicidios en Juárez. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos liberó un reporte preliminar sobre tal problemática. Luego, en abril anterior, la Procuraduría General de la República ejerció el recurso de atracción sobre 14 crímenes considerados como múltiples. Las cifras contenidas en tales reportes no resultan coincidentes.
La cobertura informativa acerca de los así llamados feminicidios de Ciudad Juárez y el activismo de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos nacional e internacional, dio lugar a la creación de sitios de internet, la filmación de documentales y la publicación de diversos libros dedicados al análisis del fenómeno, no necesariamente sustentados en cifras documentadas y verificables.
A partir de ello, han sobrado los calificativos y las certezas han sido infortunadamente pocas, al margen del alto grado de politización que enmarca la discusión pública sobre la muerte de mujeres de Ciudad Juárez, una urbe de 1.3 millones de habitantes que durante la década de los noventa se convirtió en fuente generadora de empleos en la industria maquiladora y en un imán de migraciones debido también a su condición de ciudad que colinda con el territorio de los Estados Unidos, pero dejando un saldo de casi 50 mil nuevos habitantes por año, en promedio. En los dos últimos años Ciudad Juárez resintió la pérdida de casi 100 mil empleos.
En este contexto, un grupo de periodistas agrupados en la consultoría Montañez y Asociados, convino con Victoria Caraveo, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, en realizar una auditoría periodística cuyo propósito esencial es documentar con rigor profesional la cifra real de mujeres víctimas de homicidio a partir de 1993, así como los móviles que produjeron los crímenes y el estado que guardan las averiguaciones prejudiciales y los procesos penales respectivos.
La auditoría periodística se realizó de la última semana de marzo al 23 de julio de 2003 y está sustentada en una revisión pormenorizada de los casos disponibles de las víctimas, el análisis de los criterios utilizados para clasificarlos y la compulsa de las diversas listas de mujeres asesinadas en Juárez, en poder tanto de las instancias oficiales como de los organismos no gubernamentales.
Los resultados de esta investigación cuantitativa y de compulsa se desglosan detalladamente en la exposición y cuadros estadísticos que a continuación se presentan, así como en la base de datos que se construyó a partir de los casos documentados y verificables.

Consideraciones y metodología

La investigación inició a finales de marzo de 2003, una vez que se llegó al acuerdo de realizar la auditoría periodística auspiciada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), con el objetivo de establecer el número de mujeres victimadas y los móviles que provocaron los homicidios.
Desde esta perspectiva eminentemente cuantitativa, la estrategia de investigación se diseñó sobre tres vías simultáneas: De una parte, la revisión de los reportes institucionales divulgadas sobre los homicidios de mujeres ocurridos a partir de enero de 1993; de otro lado, el examen de los casos oficialmente documentados, es decir, los homicidios consignados en los juzgados penales correspondientes, los remitidos al Tribunal de Menores y los casos archivados y en trámite en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y finalmente la obtención de listas elaboradas por organismos de la sociedad civil durante el lapso precitado, a fin de emprender una compulsa, caso por caso.
1.– En marzo de 2003, la relatora especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre Larraondo, divulgó el “Informe sobre la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”. En el documento, aprobado por el organismo internacional en diciembre de 2002, se asienta: “Los informes indican que por lo menos 285 mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez desde el comienzo de 1993 hasta fines de octubre de 2002”. El documento consigna: “Los informes de las entidades no gubernamentales y de la prensa estimaban que el total estaba comprendido entre 285 y 300”. Aclara, sin embargo, que “aunque no existe coincidencia total entre las cifras declaradas por el Estado y por organizaciones no gubernamentales, unas y otras son en gran medida congruentes”.
2.– Los reportes del gobierno mexicano sobre los homicidios de mujeres en los que se basó la recomendación de la CIDH, corresponden al informe público rendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fechado el 14 de marzo de 2002, consignaba que “de enero de 1993 a enero de 2002, 268 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, 177 durante la pasada administración y 91 en la actual”. Del total de los crímenes entonces documentados, 76 fueron considerados como “homicidios múltiples”, y los 192 restantes clasificados como “homicidios situacionales”.
3.– En diciembre de 2002, el Senado de la República giró un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR), en demanda de que la institución ejerciera la facultad de atracción sobre los homicidios de mujeres en Juárez. La respuesta en sentido negativo se produjo el 24 de marzo de este año, mediante el Oficio No. SEL/300/831/03, suscrito por el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, el cual asevera que “a partir del año de 1993 se comenzó a registrar en Ciudad Juárez, Chihuahua, una incidencia delictiva relacionada con la comisión de homicidios en agravio de personas del sexo femenino, que a la fecha, oficialmente, representa un total de 258 homicidios”.
Explica que la cifra, actualizada al 28 de febrero de este año, es resultado de las averiguaciones previas y procesos penales emprendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Posteriormente, durante abril, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR anunció la atracción de 14 de los 258 homicidios a su juicio documentados.
4.– El 7 de abril de 2003, José Luis Soberanes Fernández, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND), rindió un informe preliminar sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, en el que hizo público que desde febrero anterior se había decidido “ejercer su facultad de atracción del expediente de queja 555/2003, relativo al asesinato de aproximadamente 232 mujeres que han sido privadas de la vida, algunas de las cuales tras ser objeto de delitos sexuales”. Dos días después, luego de inaugurar las oficinas locales de la CNDH, el ombudsman mexicano dijo que el número de víctimas era de 233, presumiblemente tras el hallazgo de otro cuerpo durante ese breve lapso.
5.– El 11 de agosto de 2003, Amnistía Internacional divulgó su informe denominado: “Muertes intolerables. México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”. El reporte consigna que “más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan violencia sexual, reflejan una cruda realidad de violencia que, según información recibida por Amnistía Internacional, sufren las mujeres y adolescentes del estado de Chihuahua desde 1993. A estas cifras hay que añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas, según las autoridades, y más de 400 según organizaciones no gubernamentales mexicanas.
6.– Diversos organismos de la sociedad civil y medios de comunicación nacionales e internacionales difundieron en los últimos meses que desde 1993, más de 300 mujeres fueron “desaparecidas, violadas y asesinadas” en Ciudad Juárez. Se llegó incluso a hablar de 500 víctimas.
7.– Obtenidos los datos preliminares sobre el fenómeno de homicidios de mujeres, se procedió a recurrir ante la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en busca de los reportes oficiales. Fue así como se pudo establecer que el número de 232 víctimas manejado por la CNDH corresponde en realidad a los casos investigados por el Ministerio Público, sin distinguir las averiguaciones acumuladas en que se incluyen varias víctimas. Se esclareció que la cifra de 258 homicidios manejada por la PGR, correspondía al número de averiguaciones, procesos penales y casos archivados que le fueron reportados por la Fiscalía de Mujeres hasta finales de febrero de este año. Las cifras de Amnistía Internacional no se circunscriben a Ciudad Juárez, sino que incluyen también otros casos de homicidio ocurridos en la ciudad de Chihuahua.
8.– Con el auxilio de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Mujeres, se procedió entonces a ubicar las averiguaciones correspondientes a los homicidios de mujeres, tanto en los juzgados penales como el Tribunal de Menores, y a revisar las indagatorias archivadas y las que se encuentran en trámite. Y es que estos crímenes son investigados por dependencias distintas de la Procuraduría de Justicia en atención a los móviles. La Fiscalía atiende los homicidios sexuales; el Grupo Zeus, los casos relacionados con ejecuciones vinculadas al narcotráfico, y el Grupo de Homicidios los crímenes genéricos correspondientes a los móviles no vinculados a motivaciones sexuales o delitos contra la salud. Hubo de concentrarse la información relativa a todos los casos sobre los que el Ministerio Público abrió averiguaciones penales, dejando de lado aquéllos en los que no se configura el homicidio: suicidios, sobredosis de droga, ahogamientos y las así llamadas naturales.
9. – Ubicadas las averiguaciones penales, se procedió a revisar los listados de organismos de la sociedad civil con el propósito de cotejar los casos.
Particularmente se tuvo acceso al seguimiento hemerográfico del Grupo 8 de Marzo facilitado por Esther Chávez Cano, directora de la institución Casa Amiga, que brinda asistencia a mujeres víctimas de violencia. El reporte se basa fundamentalmente en las publicaciones hechas por El Diario y Norte de Ciudad Juárez. Luego, Julia Monárrez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y candidata a doctora en ciencias sociales, especializada en estudios de la mujer, accedió a proporcionar su base de datos, producto de años de una profunda investigación acerca del feminicidio, y quien ha hecho su propio seguimiento del fenómeno, basado inicialmente en las listas de organizaciones de la sociedad civil. Del mismo modo, se procedió a revisar el reporte oficial divulgado en 1998 por el entonces procurador de Justicia del Estado, Arturo Chávez, acerca de los homicidios de mujeres documentados a partir de 1993.
10.– Una vez hecha la compulsa y detectados los casos no considerados en los reportes oficiales, la Fiscalía de Mujeres emprendió un seguimiento minucioso de tales homicidios no incluidos en las estadísticas entonces disponibles. Merced a la colaboración de los tres grupos que investigan homicidios en la Policía Judicial del Estado, fue posible ubicar tales averiguaciones. Quedaron excluidas, no obstante, las muertes en que no se configura el ilícito de homicidio en apego a las disposiciones penales vigentes en Chihuahua y aquéllas en que no fue posible documentar su veracidad y procedencia. Así, quedaron fuera del conteo cuatro suicidios, cuatro por muerte natural, seis por sobredosis de droga, dos ahogamientos, cuatro homicidios registrados en otros municipios, dos muertes atribuidas a un cortocircuito, el homicidio de un hombre vestido de mujer, el hallazgo de restos correspondientes a ganado bovino y nueve casos no sustentados en averiguaciones previas. La auditoría periodística permitió documentar numerosos casos no considerados en los listados de las organizaciones civiles.
11.– Simultáneamente a los trabajos de la auditoría periodística, en colaboración con los investigadores, la Fiscalía Especial de Mujeres construyó una base de datos confiable basada en reportes documentados, que contiene los siguientes elementos: fecha de inicio del caso, número de averiguación previa, nombre de la víctima, presunto responsable, caso penal, juzgado que lleva el caso, estado actual del proceso, sentenciados, fecha aproximada del fallecimiento, cronotanato, fecha de consignación, fecha de sentencia, ocupación de la víctima, su edad y lugar de origen, así como el móvil y el grupo de la Policía Judicial del Estado encargado de las indagatorias. Se incluyen únicamente los reportes confirmados. En los trabajos de investigación, seguimiento de los casos y elaboración de la base de datos participaron la titular de la Fiscalía de Mujeres, Ángela Talavera Lozoya; el coordinador de agentes del Ministerio Público, Manuel Adolfo Esparza Navarrete, y los agentes del Ministerio Público, Rodolfo Gómez Sandino, César Octavio Rivas Ávila, Adrián López Hernández, Sandra Domínguez Carrillo, José Servín Luna, Miguel Ángel Luna López y Luis Antonio Morales González.