Antonio Rocha Cordero sería el puente para dejar atrás al santismo, aunque tuvo su sangriento 68 en San Luis Potosí en los años 71 y 75. Su máxima que mejor lo retrata, es aquella de que bastaba ponerse de acuerdo con cinco familias para gobernar a San Luis. Su ascendente carrera política la terminó como magistrado de la SCJN y siguió siendo decisiva su opinión en la conducción política del estado hasta su muerte en 1982.

Como Procurador de la República, dictó el seis de abril de 1965 una resolución memorable al declarar improcedente una denuncia que interpuso la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en contra del autor de Los Hijos de Sánchez, Oscar Lewis y el Fondo de Cultura Económica, por haber editado "un libro obsceno y denigrante para nuestra patria".

La reputación de excelente abogado que tenía Rocha la pondría en duda años después el historiador Rafael Montejano: "Presumió ser penalista" y dirigió una revista de derecho pero nunca publicó un solo artículo (La Noticia, VIII/2000). Una anécdota cuenta que a su muerte, la biblioteca de Rocha pasaría al acervo de la UASLP pero Montejano la rechazó por considerarla sin valor alguno, y exclamó jocoso que mejor se la mandaran al arquitecto Francisco Cossío Lagarde, director de la Casa de la Cultura, "porque agarraba de todo", como así fue.

Cuando en 1967 el cerritense despachaba aún en la PGR, fue descartado por su edad como posible sucesor de Gustavo Díaz Ordaz que buscaba por todos los medios posibles evitar que la nominación presidencial recayera en Luis Echeverría Alvarez. En La Herencia (Alfaguara, 1999), Jorge G. Castañeda afirma –apoyado en una versión de Fernando Gutiérrez Barrios– que el Presidente "coqueteó con la idea de postular a Antonio Rocha Cordero (…) Era un candidato natural con un impedimento: la edad; tendría cincuenta y ocho años en 1970" (pp.325-326). Rocha resultó demasiado viejo para ser Presidente pero apto y maduro para gobernar al crispado estado potosino.

Con Rocha en la gubernatura vino la calma aparente. Formó un gabinete con buenos resultados. Acorde a la nueva etapa histórica, promovió un relevo generacional en la burocracia política con abogados santistas no tan jóvenes y otros políticos que salían del cascarón (Lastras, Dauajare, Fonseca, Robledo Treviño, Ledesma Zavala, Roberto Oliva, Serna Chávez, Abel Elizondo, Vélez Barrera, Emeterio López, Guadalupe Vega, Puente Ortiz, Teófilo Torres, Fernando Silva, Horacio Sánchez), y los combinó con empresarios y profesionistas (Antonio Acebo, Zamanillo Lavín, Felipe Valle, Odilón Carrillo).

Tuvo visión para formar cuadros que con el tiempo ocuparían su lugar dando continuidad en distintos grados a su modelo político que sería conocido como rochismo: Fonseca, Torres, Silva y Sánchez. Otros se frustrarían en su empeño como Alfonso Lastras, Guillermo Medina de los Santos, Juan Ramiro Robledo, Angel Rubio Huerta…

Rocha llegó al poder con un problema de índole económico que se arrastra sin variación hasta el actual gobierno panista: la dependencia del estado de los ingresos federales en un porcentaje mayor al 90 por ciento. Se quejaba entonces el gobernador de recibir un presupuesto insuficiente de 71 millones pesos; la entidad ocupaba en este rubro en el ámbito nacional el lugar 21, apenas por arriba de minúsculos estados como Tlaxcala y Aguascalientes. Desde el gobierno se exhortaba como ahora al rentista sector privado para que invirtiera en el desarrollo de San Luis; y el 24 de septiembre de 1967, un empresario, accionista minoritario de la cervecería Modelo, recién llegado a esta capital, Miguel Valladares padre, inauguró Aceros San Luis, y fue recibido con desconfianza por las cerradas élites tradicionales.

A los opositores derechistas que habían sufrido represión, Rocha los sosegó con notarías, puestos y patronatos. Eran tiempos de reconciliación, no de revanchas. El doctor Salvador Nava y su círculo hicieron explícito su beneplácito por la llegada del exprocurador santista. En la capital se concentraron las obras públicas y acciones de gobierno; un aire de modernidad tallado en cantera rosa se percibía en la ciudad con remozadas plazas y jardines. Le sucedió en la gubernatura el senador Guillermo Fonseca que dio continuidad al relevo de la burocracia e incluyó a empresarios de alcurnia y saldos navistas.

Con Fonseca el rochismo alcanzó su plenitud pero también inició su ocaso al insistir en la represión como instrumento disuasivo. La política de reconciliación se había enfocado a las clases medias y altas, y se ignoró a otros sectores que comenzaron a despertar en movimientos organizados de estudiantes y campesinos, cuyo origen databa precisamente del sexenio rochista con el liderazgo del estudiante de economía José Luis Sandoval desde la FUP que –junto a otros estudiantes– fue desterrado. Nava no hizo suyas las demandas de estos sectores, se mantuvo fiel al gobierno, y en corto pedía prudencia a los disidentes a través de su hija Concepción Guadalupe.

Para sofocar el movimiento estudiantil y justificar la detención de sus dirigentes, Fonseca maquinó o consintió una acción aterradora con un disfraz subversivo: el estallido de tres bombas el 27 de enero de 1975 en el Centro Histórico, con un saldo oficial de cinco muertos y una treintena de heridos. Ahora que a Fonseca se le ha incluido en la lista de aspirantes a presidir el PRI estatal, daría un buen paso si comienza por aclarar dudas y asumir su responsabilidad en estos hechos.

Después de todo el orden rochista se recompuso, fue el aparatoso arribo de Carlos Jonguitud Barrios –una decisión central– lo que hirió de muerte al modelo rochista. El charro-gansteril del SNTE ignoró las reglas políticas, clausuró el relevo generacional, se rodeó de profesores y una temida escolta de pistoleros. Los potosinos lo vieron con temor, no con respeto. Para contrarrestar el desaire de la currada, se encontró a un ávido Valladares por incursionar en la política, lo hizo alcalde capitalino; el empresario acerero no terminaba de ser aceptado por las élites caseras (para congraciarse a la cantina de la Lonja le gestionó un sustancial descuento de la cerveza Corona).

Jonguitud tuvo también su Mano Prieta con el tamaulipeco Waldemar Rodríguez Inurrigarro. La represión, el saqueo del erario y la legión extranjera de corte magisterial, lastimaron los tejidos sociales de la llamada potosinidad, y renació de sus cenizas el amalgamado navismo que ahora sí consideró afectados sus intereses desde el poder estatal. La izquierda y la derecha, otra vez unidas en torno al doctor Nava como alcalde, le dieron una fuerte batalla al neocacique que pudo concluir su sexenio pero no dejar sucesor como era su intención.

Santista de cuna, Florencio Salazar fue elegido gobernador. Desde su campaña se enfrentó al jonguitudismo y al formar su gabinete retomó las enseñanzas rochistas y mandó un mensaje muy claro a la cúpula navista: rescató del desempleo a un promotor del Frente Cívico Potosino, el yerno de Nava, Horacio Sánchez. El pasado de Salazar como bombero priísta en Juchitán era algo menor ante las barbaridades públicas y privadas de Jonguitud, por eso se ganó pronto el apoyo navista y empresarial.

Fue su confrontación con Jonguitud, su alianza con el navismo y distanciamiento con Alfonso Lastras (molesto por el favoritismo que le brindaba a Medina de los Santos a quien impuso con violencia en la Presidencia Municipal), la mezcla letal para decaer como gobernador a la mitad del sexenio. Comenzaba así la "década perdida", calificada de esa manera por sus propios instigadores que tratarían en varios momentos y de diversas maneras lavarse las manos y ostentarse como políticos honrados y modernos.

En busca de continuar con su dulce retiro en el que se encontraba como ministro de la Corte antes de ser llamado, el sustituto Leopoldino Ortiz Santos no se complicó la existencia y dejó su gobierno en manos del lastrismo (en su momento culminante), y a punto estuvo de perder la silla con el escándalo de la obra pública. La desestabilización era originada en su propio gabinete y desde el gobierno del Distrito Federal; en el primer caso se pretendía beneficiar con la gubernatura al propio Lastras y en el segundo al delegado de Coyoacán, Fausto Zapata Loredo, a quien Horacio servía de asesor y después de "amuleto" (contra el maleficio navista). Vaya vocación política de estos rochistas de tercera generación.

Descendiente de don Gonzalo, Ortiz Santos no trajo ninguna legión extranjera al gobierno pero sí brotaron corruptelas, actitudes frívolas y algunos hechos relacionados desde entonces con el crimen organizado, en particular tráfico de drogas, sicarios, muertes, impunidad: fue asesinado el director de la Penitenciaria, José Luis Vega por órdenes de un narco michoacano preso que intentó sobornarlo.

Como pudo, Ortiz Santos concluyó el sexenio de Florencio. La lucha presidencial tuvo como nunca antes un efecto determinante en la sucesión local. Carlos Salinas quería de candidato a su antiguo tutor Gonzalo Martínez Corbalá, pero Manuel Camacho Solis impuso a Zapata por su interés en que éste allanara el camino del poder a sus colaboradores Fernando Silva Nieto (su secretario particular) y Enrique Márquez (su asesor ideológico). A manera de compensación por no haberlo elegido, Salinas encomendó a Corbalá el destape de Zapata, quien ya como candidato contrarrestó la fuerza camachista al incorporar a Robledo Ruiz y otros lastristas en su equipo de campaña. La elección fue ganada oficialmente por el PRI, pero el navismo y los viejos agravios a la prensa nacional, echaron abajo esta gubernatura en 13 días, por lo que en sentido estricto Zapata nunca tuvo un gabinete, fue inasible, fugaz.

Perdida la oportunidad camachista, Corbalá se volvió una figura providencial para Salinas. Había que parar a cómo diera lugar la marcha de Nava rumbo al Zócalo –que se suspendió en Querétaro. El ascenso de Corbalá fue una concertacesión de Salinas con el navismo cupular (que ahora se pretende negar con una carta enviada a José Woldenberg por el programa televisivo en el que aludió ese acuerdo político). A Corbalá ya no le estorbó su pasado con Allende y Castro, los navistas y panistas le pusieron una virtual alfombra roja a su paso del Congreso a Palacio investido con un mandato de 17 meses y el compromiso de convocar a elecciones extraordinarias con un Consejo Electoral ciudadanizado, promesas de Salinas y Camacho –vía Silva y Márquez– a Nava.

Sin ligas con el rochismo, Corbalá tuvo entera libertad para formar su gabinete con su círculo personal que venía de fuera (trajo un tentáculo de la mafia política de Morelos de apellido Carrillo Olea), salvo la secretaría de Gobierno que entregó a Gustavo Barrera para garantizarse el apoyo de las élites económicas que se cobraron con el Ejido de Oro. Ese cargo, se sabría después, estaba destinado a Silva por sus servicios en el sacrificio zapatista y como una señal de buena voluntad al navismo. Fue la primera burla de Corbalá, después vendrían otras.

Al principio todo era felicidad. Pero Salinas y Librado Ricavar se disputan el mérito de haber mareado a Corbalá con la idea de lanzarse de candidato al mismo cargo que ostentaba en una suerte de reelección mientras dejó encargado del despacho al rochista Teófilo Torres. Con los navistas en la Plaza de Armas y sus consignas maderistas, el proyecto de Corbalá se hizo añicos con estrépito.

En Los Pinos se comenzó a cocinar a todo vapor una candidatura emergente para concluir el sexenio faustista. Córdoba Montoya propuso a Carlos Jiménez y Raúl Salinas a Víctor Mabhub. Salinas salió con un sorpresivo gallo al que nadie le apostaba: el diputado federal Horacio Sánchez. El proceso electoral extraordinario que éste ganó sin esfuerzo fue una comedia: compitió contra su suegra postulada por el NPP y PRD, y un candidato panista que se había asustado al atisbar a grupos subversivos de capucha y metralleta en su andar por la Huasteca.

Al integrar su gabinete Sánchez Unzueta llevó al límite la reedición del gobierno de don Antonio. Incorporó a viejos funcionarios rochistas y a los hijos de éstos, a navistas y parientes políticos; regaló notarías a sus amigos y conversos, arregló plazas y barrios; rescató al fallido equipo faustista e introdujo una variable, atribuida a su esposa Conchalupe, que no gustó nada al grupo excluido de los lastristas: trajo del exilio y reivindicó en el servicio público a los exdirigentes estudiantiles que sufrieron el autoritarismo de Rocha y Fonseca. Horacio descabezó el Poder Judicial para someterlo a sus intereses, gobernó con mano dura, intolerancia —encarceló a opositores, dirigentes sociales, periodistas—, y con una retórica cargada de bagatelas literarias y citas de ocasión, quiso pasar como un estadista moderno y honrado.

Al señalamiento del dirigente nacional del PRI, Santiago Oñate, de que el priismo potosino estaba "lastimado" con tanto navista en su gobierno, Sánchez se hizo el muy ofendido y en una carta de respuesta –cuya inserción en el diario Reforma se pagó con el erario– hizo un repaso de la torcida historia política local y le espetó a Oñate, entre otras cosas, que "se dañó al PRI desde el Centro cuando en el caso de la victoria electoral de 1991, el gobierno federal literalmente –y sin eufemismos innecesarios– derribó al gobernador constitucional, dividiendo al priísmo potosino y humillando profundamente a sus militantes".

Resulta difícil asimilar la contradicción del texto horacista, redactado para defender la honestidad y capacidad de los navistas en el gobierno estatal cuando de un plumazo Sánchez Unzueta le resta toda validez a la lucha electoral que libró su suegro contra Zapata.

El secretario particular

Fernando Silva Nieto se distinguió por una carrera política de bajo nivel. Siempre en las sombras, de secretario particular primero de Rocha y luego de Manuel Camacho Solís. Cuando llegó a la gubernatura, bien protegido por Horacio, no faltó quien le echara la sal arguyendo que no tenía capacidad ni sensibilidad para gobernar. En su gobierno formaron parte cuadros políticos de casi todas las corrientes, y su gabinete careció de espíritu de grupo y de servicio, debido en parte a su falta de liderazgo, su poco gusto por el trabajo, a la legión extranjera que trajo y a la injerencia de familiares en negocios públicos.

Por su falta de brillo propio, la primera mitad del sexenio fue eclipsada por la influencia horacista; la segunda mitad se aprovechó para el enriquecimiento súbito. El fin del rochismo se hizo inevitable, la entidad descendió del octavo al sexto lugar nacional de pobreza y marginación, con una deuda creciente y una sospechosa obra pública. Con sus gobiernos Horacio y Fernando abonaron el terreno para el ascenso de la derecha panista, hartaron a la clase empresarial, sobajaron al PRI y la ola foxista le dio el último empujoncito al contador, financiado —entre otros— por los García Navarro y Cerrillo Chowel, que en el 91 perdieron su fuerte inversión con Zapata.

Un viejo periodista ya percibió a De los Santos —por su estilo de gobernar— como una extraña mezcla de varios gobernadores priístas: de Jonguitud tiene el boato ranchero, de Leopoldino su tendencia a la vaciedad y de Horacio sus arrebatos de grandeza. Es obvia su falta de visión política, entró con el pie izquierdo al recurrir a una legión extranjera que no ha dado resultados –en seguridad, justicia, cultura y planeación– y comienza a exacerbar en plena era de la globalización a ese sentimiento regionalista que brota del corazón del barrio de San Miguelito.