Patentes
La apropiación ilícita de la biodiversidad
Marta Caravantes
La
usurpación de la biodiversidad por métodos “legales” se lleva a cabo con la
misma dinámica sofisticada de aquellos desvirtuadores de la realidad que
califican de “humanitarias” las guerras o de “desarrollo” la perpetuación del
bienestar para unos pocos.
Las
multinacionales compiten en una feroz carrera donde todo vale para patentar
cualquier pedazo de vida que sea susceptible de negocio. La moda de la
acumulación de patentes está degenerando en un lucro inmoral y desorbitado de
algunas empresas cuyo mayor mérito es haberse colado en el entresijo legal de
los “derechos de propiedad intelectual” para registrar lo que no es suyo y
despojar de los derechos de uso a sus verdaderos propietarios.
Asistimos en los últimos años a lo que podríamos denominar la “sofisticación del
expolio”, es decir, la creación de sutiles medidas, recursos y legislaciones por
parte de los países ricos para apropiarse de los recursos naturales del Sur. La
usurpación de la biodiversidad por métodos “legales” se lleva a cabo con la
misma dinámica sofisticada de aquellos desvirtuadores de la realidad que
califican de “humanitarias” las guerras o de “desarrollo” la perpetuación del
bienestar para unos pocos. Uno de esos sutiles modos de robo es el actual
sistema de patentes. Los famosos “derechos de propiedad intelectual” se han
convertido en la clave para que unas pocas empresas trasnacionales acaparen los
recursos naturales del mundo. Mientras en los foros internacionales se constata
cómo los mecanismos para acabar con el hambre no prosperan, las empresas
multinacionales compiten en una feroz carrera donde todo vale para patentar
cualquier pedazo de vida que sea susceptible de negocio, ya sean especies de
plantas cultivables, microorganismos, animales, procesos biológicos universales
o segmentos genéticos procedentes de seres humanos.
Una legislación a medida
En su origen, el sistema de patentes trataba de estimular la innovación, premiar
a los inventores industriales e impedir el robo de las nuevas creaciones: nada
más lejos de lo que ahora acontece. Por un lado, la evolución de la ingeniería
genética y de la biotecnología no se ha correspondido con una evolución paralela
de la normativa de patentes; y, por otro, cuando la legislación se ha creado, ha
sido siempre en función de las necesidades de las grandes empresas. El resultado
ha desbordado cualquier previsión catastrofista: desde hace un par de decenios
han ido aprobándose solicitudes de patentes sobre material vivo, algo que no
había ocurrido antes a lo largo de la historia y que ha creado una
jurisprudencia muy peligrosa. Al margen de las cuestiones éticas, esta fiebre
patentadora está generando un descalabro económico en el Sur y pone en riesgo la
supervivencia de la seguridad alimentaria.
El marco legal viene definido por los famosos “Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”, más conocidos como TRIPS
(según sus siglas en inglés), que aseguran que los derechos de las patentes sean
respetados por todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Por si fuera poco, para reforzar los monopolios se crearon a posteriori los
TRIPS-plus, requisitos de protección de los derechos de propiedad intelectual,
que habitualmente se establecen a través de convenios bilaterales y que son más
rigurosos que los TRIPS exigidos por la OMC.
Según la ONG Grain, la Unión Europea ha forzado compromisos TRIPS-plus relativos
a la propiedad intelectual sobre formas de vida en casi 90 países en vías de
desarrollo. Esto exige a los países firmantes, entre otras cosas, entrar a
formar parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV), lo que significa que sus agricultores tendrán que pagar
regalías y afrontar otras restricciones sobre las semillas, mucho más allá de
las prescripciones de la OMC.
El grupo político “Los Verdes” ha pedido a la Comisión Europea que explique la
política de coerción que sobre patentes llevan implícitos los convenios
bilaterales que realiza con los países en desarrollo, por ejemplo los acuerdos
ya firmados con Bangladesh, Líbano y Marruecos.
El robo disfrazado
Con el tejido legal bien armado, las trasnacionales ya sólo necesitan crear un
lenguaje a su medida que disimule el delito. Bioprospección es la palabra
elegida para encubrir el robo de los recursos naturales. Con este término, las
multinacionales definen sus actividades de “exploración” de la biodiversidad,
especialmente en las zonas donde viven pueblos indígenas, cuyos conocimientos
milenarios sobre animales y plantas son “recogidos” por estos “investigadores”
como si fueran hallazgos propios. Los ejemplos sobre la apropiación de recursos
del Sur son innumerables. En 1994, la empresa de biotecnología Agracetus obtuvo
una patente que abarcaba todas las variedades transgénicas del frijol de soja,
producto alimentario básico para millones de personas en el mundo. Monsanto, la
omnipotente compañía estadounidense, se opuso con vehemencia a dicha patente,
pues consideraba que “no implicaba ningún proceso creativo”. Tiempo después,
Monsanto compró Agracetus, se hizo con los derechos mundiales de la patente e
impuso un férreo control a su explotación. Entre otras cosas, impide a los
agricultores guardar una sola semilla de su cosecha para sembrarla en la zafra
siguiente, como se hace en la agricultura tradicional. En 1999, Monsanto ya
había denunciado a más de 475 agricultores bajo sospecha de haber replantado las
semillas.
Pero esto es sólo una pequeña muestra. En 1986, la International Plant Medicine
Corporation de EU patentó nada menos que la ayahuasca, planta sagrada de los
pueblos indígenas de la Amazonia. En 1994, dos “investigadores” de la
Universidad de Colorado, patentaron una variedad de la quinua, cereal rico en
proteínas y parte esencial de la dieta de millones de personas en la región
andina de América. En 2001, la empresa francesa Dupont patentó una variedad de
maíz con alto contenido en aceite que ya se cultivaba en México de manera
tradicional. En 1985, el importador de madera estadounidense Robert Larson
patentó algunos usos del árbol Nim, empleado desde hace milenios como planta
medicinal en India. Afortunadamente, todas estas patentes han logrado ser
revocadas tras las denuncias de ONG y organizaciones indígenas. La victoria más
reciente fue el pasado 12 de noviembre, cuando la Oficina de Marcas y Patentes
de EU canceló por fin la patente de la ayahuasca, después de la lucha
perseverante emprendida por organizaciones indígenas de nueve países
sudamericanos.
El extremo de la fiebre de las patentes lo ha protagonizado la compañía japonesa
Asahi Foods que patentó el nombre del “cupuaçu” –popular fruta amazónica de alto
contenido nutritivo– como marca a nivel internacional. Esto impide que Brasil
pueda exportar su fruta autóctona con su verdadero nombre. Es como si alguien
registrara “manzana” o “banana” y se erigiera en el único capaz de comerciar
dichas frutas con sus nombres originarios. El hecho provocaría risa si no fuera
de tal calibre el daño que ocasiona.
El valor del expolio
El alcance de este robo sistemático a los países del Sur es incalculable. Según
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo el valor de las
plantas medicinales del Sur utilizadas por la industria farmacéutica es de unos
32 mmdd al año. La Rural Advancement Foundation International (RAFI) estima que
Estados Unidos debe a los países pobres cerca de 200 mdd de regalías en
agricultura y más de 5 mmdd en productos farmacéuticos. En 2001, la RAFI
presentó su informe “Concentration in Corporate Power: The Unmentioned Agenda”,
donde exponía datos precisos sobre los riesgos que para la alimentación y la
salud humana tiene el actual sistema de comercio y patentes. Sólo 10 empresas
poseen una participación cercana al 84 por ciento del mercado global de
productos agroquímicos, valorado en 30 mmdd; y 10 compañías controlan casi un
tercio del mercado mundial de semillas, estimado en 24 mmdd. Dupont, Monsanto,
Syngenta y Advanta son algunos de estos gigantes que están poniendo en riesgo la
seguridad alimentaria. Entre estas pocas compañías, controlan cerca de las dos
terceras partes del mercado global de pesticidas, la cuarta parte del mercado de
las semillas y prácticamente la totalidad del mercado de semillas manipuladas
genéticamente.
La moda de la acumulación de patentes está degenerando en un lucro inmoral y
desorbitado de algunas empresas cuyo mayor mérito es haberse colado en el
entresijo legal de los “derechos de propiedad intelectual” para registrar lo que
no es suyo y despojar de los derechos de uso a sus verdaderos propietarios. Lo
peor no es que unos pocos se enriquezcan, sino que se condena a la miseria a la
mayoría. Además de la presión política para que los gobiernos protejan los
recursos naturales y se nieguen a firmar acuerdos abusivos sobre derechos de
patentes, los ciudadanos tenemos también una responsabilidad a la hora de
negarnos a consumir los productos de esas trasnacionales. Estar bien informados
sobre lo que comemos y consumimos es una obligación. Desgraciadamente, cada vez
es más fácil convertirse en cómplice de la infamia; pero la ignorancia o la
indiferencia ya no son excusas válidas que rediman de la culpa.
Agencia de Información Solidaria