El 3 de diciembre del 2004 Minera San Xavier a través de su apoderada Alma Rosa Zúñiga Casillas promovió ante el Juzgado Primero de Circuito el Amparo 1332/2004-0 en contra del Gobernador del Estado de San Luís Potosí, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas del Estado de San Luís Potosí, el Secretario de Planeacion de Desarrollo del Estado, en sus carácter de coordinador del Comité de Planeacion del Estado, del Director del Registro Publico de la Propiedad, del ayuntamiento de Cerro de San Pedro y del Secretario del Municipio de Cerro de San Pedro. Del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y administrativa y del Director del Periódico Oficial del Estado.

El objetivo de ese amparo es anular la expedición, promulgación y publicación del Decreto administrativo que aprobó el Plan de Ordenación de la Ciudad de San Luís Potosí y su zona conturbada, publicado en el periódico oficial del Estado el 24 de septiembre del 1993.

Este decreto fue el que sustento la resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia administrativa del primer circuito que ordeno a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nulificarle a MSX sus permisos ambientales.

Es decir ese decreto es el que declaro Cerro de San Pedro una zona de preservación de la vida Silvestre y ordeno la instauración de una política de restauración durante 20 años en la zona. Bajo esta circunstancia fue que la Justicia federal determino que ni aun en forma condicionada se debieron dar los permisos de cambio de uso de suelo y aprobación del estudio de impacto ambiental.

Las causas según por las que según MSX debe anularse dicho decreto es que el mismo no fue aprobado en función de un dictamen de congruencia, que el ayuntamiento no pidió oficialmente su promulgación, por la inaplicación del derogado código ecológico y urbano en cuanto a la elaboración del proyecto de ordenación urbana de San Luís Potosí y los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San pedro, Mexquitic y Villa de Zaragoza. A si mismo cuestiona su registro sin cerciorarse la responsable del cumplimiento de diversos requisitos. Obviamente se trata de una falacia.

Se trata de un plan concertado. El Gobierno del Estado abrió sus archivos y conjuntamente los aparatos jurídicos estatales y de MSX expurgaron los antecedentes del decreto intentando encontrar omisiones o defectos de forma. Pudiese inclusive sustraerse dictámenes y estudios.

De esta forma el Gobierno Estatal y sus dependencias, así como el Ayuntamiento de Cero de San Pedro, en sus informes justificados darían razón a las reclamaciones de MSX, pudiéndose declarar la nulidad de ese decreto.

En ese amparo se señala un hipotético domicilio del Patronato Pro San Luís Ecológico en la Ciudad de México, esto con el fin de que el movimiento no se enterara del juicio y cuando así lo hiciera no pudiera operar.

Establece la Minera que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es entidad ejecutora y que dicho decreto se ejecuto con la sentencia del primero de septiembre del 2004 y sobre la que tuvieron conocimiento apenas el 11 de Noviembre y que del decreto apenas s enteraron ese día.

El objetivo de la Minera es coordinarse con el Gobierno Estatal de tal forma es que anulen este Decreto, para enseguida solicitarle a la SEMARNAT un nuevo permiso que substituya al que anulo la sentencia del 1 de septiembre del 2004. Esto en virtud de que para Cerro de San Pedro ese Decreto se encuentra vigente y seria imposible reponer el procedimiento.

Sin embargo a la Minera se le complico el escenario pues el Juez de Distrito se declaro incompetente y envió el Amparo a la Ciudad de México, con lo que la MSX no pudo obtener la suspensión del acto reclamado.

El Frente Amplio Opositor detecto a principios del mes de enero la maniobra y obtuvo una copia de la promoción, esto mediante el amparo indirecto 630/2004 que promueve el ejidatario Jesús Barbosa Mata. En febrero iniciamos una ofensiva sobre dicho juicio y en Marzo se logro confirmar la negativa de suspender el decreto.

Gracias a esto se podrá atacar con relativa facilidad este amparo. Esto en virtud de que se cuenta con documento oficiales de que la Minera San Xavier sabia del decreto desde el momento mismo que solicito las autorizaciones tanto federales en 1999 y estatales en el 2000. Por ejemplo un acta certificada donde el 27 de enero del 2000 en la que en forma por demás sospechosa se reunió Luís Rodolfo Rodríguez, director normativo de la Secretaria de Gestión Ambiental del Gobierno Estatal, Anacleto Zapata (Subdirector de asuntos jurídicos de Gobierno del Estado) William C. Dodge (entonces gerente General de Minera San Xavier) Sergio López Briones (Gerente de Finanzas de la empresa Canadiense) y Luís Felipe Medina Aguirre (Gerente Ambiental de MSX) para efectos de tomar acuerdo de cómo otorgar permisos estatales de usos de suelo a Minera San Xavier sin modificar ni actualizar el plan de ordenación de San Luís Potosí y su zona conturbada.

De la misma forma el permiso estatal de uso de suelo concedido a MSX por el Gobierno del estado del 5 de mayo del 2000 se sustenta en ese decreto administrativo. Es decir cunado a la Minera le convino, atendiendo a una interpretación deformada e incongruente, lo acepto. Cuando los Tribunales Federales lo interpretaron en sentido contrario y se sirvieron del mismo para anular el permiso del Instituto Nacional de Ecología, la Minera busca extemporánea e infructuosamente anularlo. El Gobierno del Estado puede ser objeto de juicio de responsabilidad y en el caso de Marcelo de los Santos de uno de procedencia en el caso de que se acredite, como seguramente será, de coludirse con la empresa canadiense para nulificar este Decreto rector de la vida urbana de toda la ciudad de San Luís Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y Mexquitic de Carmona.

Todos estos municipios podrían caer en el caos y en limbo legal, al revertirse 20 años las normas de regulación del crecimiento urbano, las zonas de recarga pluvial, de preservación de la vida silvestre, así como el ordenamiento las áreas de carácter industrial y reserva territorial. San Luís Potosí quedaría sin marco aplicable de su vida urbana. Todo ante el beneplácito de su Gobernador Marcelo de los Santos Fraga.

El Frente Amplio Opositor esta conciente de dichas circunstancia y defenderá legalmente sus posiciones sin descartar acciones de carácter político contra Marcelo de los Santos. En los próximos días difundiremos los informes que gobierno del estado presento en dicho juicio y el destino legal que los tribunales otorgaran a dicha maniobra