El día que el miedo venció al gobernador
La incongruencia entre el decir y hacer del gobernador Marcelo de los Santos es harto evidente. Un día dice estar cerca del pueblo en respuesta a una crítica de su principal rival político Alejandro Zapata, y después condiciona su comparecencia en el Congreso del Estado a puerta cerrada; vemos así que el escrutinio público representa un obstáculo para los fines turbios del gobierno del cambio.
La legitimidad democrática –que proclaman sus aliados e indolentes camioneros– con la que llegó al poder estatal, la ha dilapidado en menos de un año en la misma medida en la que se afana en gastar recursos públicos como si fueran propios para sus recurrentes lances egocéntricos.
Su "informe" en el Teatro de la Paz fue un evento destacado no por su contenido sino por las pacíficas protestas ciudadanas y el dispositivo de seguridad propio de un país invadido o en guerra civil. En ese recinto porfirista De los Santos se construyó para sí una elevada tribuna no para informar a la sociedad del estado que guarda la administración pública estatal, sino para el lucimiento personal, resaltar boberías (como la donación de bicicletas y la apertura de una Mega Chalita) y mostrar el "rostro humano" del gobernante a punto del llanto al final de su embrollado discurso (cómo olvidar cuando Fernando Silva Nieto lloró al cortar el primer racimo de pimientos en Santa Rita para darle color a la crónica periodística).
Pasada la euforia, el gobernador regresó a la pesadilla de la realidad. Las comparecencias de los funcionarios ante el Congreso del Estado que preceden a la suya, han sido calificadas de "madrizas" por la prensa dada la notoria inconsistencia e incapacidad de los miembros del gabinete cuando se trata de hablar con la verdad, y para no exponerse él a una situación similar que lo manche de bochorno, "acordó" con la Gran Comisión comparecer ante los legisladores en privado, en secreto, a espaldas de la sociedad, sin la presencia de reporteros y sin transmitir el acto oficial por la radio y televisión, como sí lo hizo en su "informe" que no tuvo ninguna validez legal.
El miedo que agobia al gobernador es del dominio público. Teme que diputados–del PRD y algunos del PAN– que escapan a su férreo control, desnuden sus mentiras, actos corruptivos y complicidad con el gobierno anterior. Ante estos legisladores no puede comportarse bajo el mismo esquema alevoso del patrón –que manda y no acepta réplicas de sus colaboradores– que lo distingue en su desempeño como titular del Poder Ejecutivo.
Santa Rita, deuda pública, obra carretera y su monetización, Parque Tangamanga, nepotismo y "accidentes" en el DIF, tráfico de influencias, gastos personales y en comunicación, aumento de plazas de mandos medios, renta de autos y aviones principescos, recorte presupuestal a los ayuntamientos, Minera San Xavier, amenazas a los reporteros de la revista Soledad y requisa de La Jornada, secuestros e incapacidad policíaca, son algunos de los temas de interés público que prefiere responder en la oscuridad.
A los periodistas de San Luis Potosí,
a las asociaciones de periodistas y comunicadores,
a los propietarios y directivos de los medios de información,
a profesores y estudiantes de comunicación y derecho,
al público en general:
El ejercicio de las libertades de información ha sufrido una embestida dramática y creciente en nuestro país en los últimos siete meses.
Además de una serie casi interminable de agravios que podríamos considerar típicos en el campo del ejercicio periodístico, este año han sido asesinados cuatro periodistas mexicanos. Roberto Mora fue asesinado a puñaladas el 19 de marzo en Nuevo Laredo; Francisco Javier Ortiz Franco perdió la vida al ser baleado el 22 de junio en Tijuana; Francisco Arratia Saldierna, profesor y periodista, fue torturado brutalmente hasta causarle la muerte el 31 de agosto en Matamoros; y Lodegario Aguilera Lucas fue secuestrado en Guerrero, su cuerpo apareció el 8 de septiembre.
A través del Centro de Periodismo y Ética Pública (http://www.cepet.org)) con sede en San Miguel de Allende, presidido por la periodista Leonarda Reyes, se han conjugado centenares de expresiones de repudio a esos crímenes y de solidaridad hacia los deudos y compañeros de trabajo de los periodistas caídos. Es así, a base de indignación y muchísimo dolor que se está organizando una marcha para el lunes 11 de octubre, a las 11 horas, que partirá del Monumento a la Revolución en la ciudad de México. En varias ciudades del país se realizarán marchas simultáneas encabezadas por periodistas de esas localidades.
Se ha elaborado una Declaración por la plena libertad de expresión en México, que pueden consultar en el sitio web referido, que está siendo firmada no sólo por periodistas sino por comunicadores en general, académicos, investigadores y solidarios varios. La declaración, que se difundirá públicamente durante la marcha, comprende los siguientes puntos:
1. Plena libertad de expresión.
2. Seguridad para el ejercicio periodístico.
3. Delitos contra periodistas: delitos contra la sociedad.
4. Difamación: competencia civil, no penal.
5. Secreto profesional.
6. Censura y autocensura.
7. No a la impunidad de periodistas.
8. Compromiso ético.
9. Derecho a disentir.
10. Dignidad profesional.
San Luis Potosí no ha estado exento de agravios o intimidaciones hacia el libre ejercicio periodístico. Los invitamos a sumarse, en la medida de sus posibilidades, a esta expresión de protesta a título personal o grupal, dando cabida noticiosa a la misma en sus medios de información, asistiendo a la marcha en la capital del país, organizando otra a nivel local, suscribiendo la declaración (reportedit@lists.cc.utexas.edu; reporters-latin-america@undp.org) y difundiendo esta carta.
Gracias por su atención.
Samuel Bonilla Núñez,
Capítulo San Luis Potosí de Libertad de Información México, A. C.
San Luis Potosí, S.L.P. 7 de octubre de 2004.