Eduardo José Alvarado Isunza.

Leer periódicos o exponerse a mensajes noticiosos es una de las más efectivas formas de sufrir úlcera o amargarse la existencia. No tendría que ser así. En realidad, leer debería ser una actividad divertida e interesante. Pero verán ustedes que no es así. Y no lo es principalmente porque leer acerca de cuanto acontece en nuestro alrededor nos aproxima a una realidad cuajada de actos de incompetencia, barbaridad, injusticia, rapacidad y cuantas otras denominaciones tengan para referirse a aquellos actos que nos impiden una existencia feliz.

Investigando por la telaraña electrónica, conocida como triple w, con la intención de conocer cuáles serían las posiciones públicas que asumirían los funcionarios para mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos esta ciudad, cada vez más deteriorada y caótica, encontré una declaración que me provocó acidez inmediatamente y un inconfundible sabor de amargo en la boca. Frente a mi raciocinio encontré un testimonio más de la incompetencia y la irracionalidad puestas al servicio del gobierno de la sociedad; actitudes que muy seguramente irán acompañadas del chayote, embute, cochupo, soborno y cuantas formas tengan ustedes para denominar a esa dañina práctica de dar dinero a un funcionario a cambio de un procedimiento o acción torcida de un ente gubernamental.

Esta información que les comento me golpeó inmediatamente en la boca del estómago fue publicada por un diario de esta ciudad el día 17 de febrero del 2004. Parece una fecha muy lejana, que quizás daría cuenta de un hecho que no tendría por qué afectarnos en el presente. Sin embargo, no lo creo, porque más bien revela una actitud institucional que seguramente tuvo su consecuencia en una posterior vertebración de acciones públicas que estarán perjudicando nuestra de por sí ya precaria existencia en una ciudad que ha venido creciendo anárquicamente y que va volando a su estrangulamiento.

Dicha nota periodística tiene, como es obvio, su respectivo asunto y su consiguiente protagonista. Pasemos entonces a comentarles a ustedes que esta información apareció bajo el siguiente titular: “Delegado de Infonavit advierte riesgo de inversión para casas”. En el cuerpo de la redacción leemos que la fuente informativa es Ignacio Gómez Martínez, quien avisa que en esa fecha estarían en riesgo de ejecución importantes proyectos de vivienda y de generación de empleos, debido a la intransigencia del ayuntamiento, encabezado por el también panista Octavio Pedroza Gaitán.

Veámoslo con más detenimiento para no enredarles con los datos de esta historia. Según aquella nota del 17 de febrero del 2004, Gómez Martínez, delegado del Infonavit, virtualmente alertaba sobre el peligro de no invertirse en que estaban 1,000 millones de pesos y de frustrarse la contratación temporal de 22,000 trabajadores en esta ciudad, a consecuencia de una política municipal que buscaría obtener a cambio de esos proyectos de urbanización la consiguiente donación de extensiones de tierra urbana, mismas que tendrían que destinarse a obras de beneficio comunitario, como jardines, canchas deportivas, escuelas, hospitales, etcétera.

A esta “política municipal” de hacerse de áreas de terreno de los fraccionadores a cambio de autorización de sus obras, Gómez Martínez le llamó “problemas legales”. Dicho de otra forma, para el delegado del Infonavit no existía entonces (y quizás tampoco lo haya ahora) una legislación sobre la materia constructiva cuya observancia debería hacerse (antes como hoy) con toda exactitud y honestidad, porque a partir de ella puede proyectarse un desarrollo urbano que ofrezca condiciones para una vida humana placentera. A esta legislación que fue inspirada por el espíritu de conducir el desarrollo urbano hacia un punto en que podamos vivir convenientemente en el espacio físico que habitamos, Gómez Martínez le redujo con el utilitarista término de “problemas legales”.

Es decir, este funcionario deslizaba sutilmente una advertencia al ayuntamiento de la Capital para que hiciera de lado un mandato judicial que le obliga a exigir de los constructores un pedazo del suelo urbanizado para beneficio de la ciudad, con la muy manoseada amenaza de que no habría de invertirse una suma tan considerable de dinero y que tampoco habrían de tener ingreso miles de familias potosinas.

Quizás en su opinión un “problema legal” pueda arreglarse con una módica cifra de dinero, como si fuese asunto menor y no como lo que verdaderamente es. Como un asunto de la mayor trascendencia para nuestra existencia en esta ciudad, porque a partir del cumplimiento de los fraccionadores para con sus obligaciones con ésta disfrutaríamos, incluso, de un ambiente fresco y respirable, pues hoy podríamos gozar de grandes extensiones arboladas de cumplirse con esas donaciones de terreno. Y eso nomás para referirnos a un punto del gran problema que hoy es el crecimiento desordenado que ha ocasionado el frío e inmoral interés constante y sonante de los llamados “desarrolladores urbanos”.

Este funcionario no desconocía entonces (como seguramente tampoco desconoce hoy) que el ayuntamiento de la Capital está obligado, por mandato legal y no por capricho, a exigir un determinado porcentaje de donaciones de terreno sobre la superficie construida. Entonces esa cifra estaba en el 10 por ciento para terrenos mayores de 5,000 metros cuadrados y otro 10 por ciento sobre áreas vendibles. Debido a que el poder de los grupos de constructores es inconmensurable y puede doblegar a quien sea, es muy posible que hoy ese porcentaje haya sido modificado; principalmente a consecuencia de los chantajes de los agentes de ventas que tienen dichos “desarrolladores”, como parece el caso de Gómez Martínez.

Obedeciendo la voz del amo, este funcionario, incluso, sugirió una salida para que no siguiera limitándose la inversión y su consecuente derrama económica en salarios de hambre para los albañiles. Esta debía ser que los legisladores locales modificaran esa Ley de Desarrollo Urbano que obliga a los constructores a hacer sus donaciones de tierra urbana. De esa forma, sería posible que pudieran hacer más lotes en cada terreno y economizar.

Quizás el delegado del Infonavit desconoce la frase de posicionamiento de la institución que le paga su estupendo salario. Esta es: “Hacemos realidad tu derecho a vivir mejor”. Para Gómez Martínez, a quien vemos como un estupendo agente de ventas de los especuladores del suelo urbano, esa frase quizás solamente significa que nuestro derecho a vivir mejor es hacinados en una pocilga y en un amontonamiento de barrios con viviendas mal hechas, en donde, incluso, la defecación de los perros sucede sobre el cemento, porque no existe siquiera una mínima franja de tierra donde ocultarla.

Con razón Vicente Fox Quesada, el panista presidente que padecemos desde hace cuatro años, aconsejó a un grupo de campesinas que algo reclamaban sobre un asunto publicado en un medio impreso, durante una gira que realizaba por el interior del país: “¿Para qué leen? Leer nomás amarga.” Tiene razón el presidente. Y más nos amargan funcionarios como este delegado del Infonavit en San Luis Potosí, que el propio presidente o alguno de sus allegados tuvo el desafortunado juicio de mandarnos.