Antecedentes del problema, parte I

EN EL INVERNADERO DE SANTA RITA GOBIERNO LES COMPRO A LOS EJIDATARIOS A ¡20 CENTAVOS EL METRO CUADRADO!

Gobierno del Estado es como un pantano. Entre más se le escarba más suciedad aparece, y el caso del Invernadero de Santa Rita S.A. DE C.V. es un ejemplo palpable de esto. Vamos a los hechos.

En uno de sus viajes a Europa, el ejecutivo del Estado Fernando Silva Nieto observó en Almería, España, como a partir de invernaderos que la iniciativa privada levantó en ese lugar, la producción y comercialización de alimentos se incrementó substancialmente. El gobernador se entusiasmó y pensó que él podría hacer lo mismo en San Luis Potosí, entonces se dio a la tarea de encontrar campesinos ignorantes (tarea que no se le dificultó por la marginación que existe en nuestro estado) que aceptaran una ridícula oferta de 552 mil pesos por 275.3 hectáreas de tierra de cultivo.

Deben haberse realizado asambleas con todos los ejidatarios a los que se pretendía comprar sus tierras, avaladas por el comisariado ejidal y algún notario, de los que no se han observado sus rastros, y que firmaron convencidos de la generosidad de la oferta.

Otra irregularidad consiste en que al ejecutivo se le autorizó por parte del congreso la compra de 200 hectáreas, y compró una superficie mayor que consiste en 275.3 hectáreas, es decir que no se ajustó a lo estipulado, violando lo que establece el decreto 358 de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional; ya que las 275.3 hectáreas (dos millones 753 mil metros cuadrados) costaron 552 mil 930 pesos. Un abierto robo a los ejidatarios de Santa Rita disfrazado de operación legal en donde gobierno del estado les compró las tierras sobre la que basaban su vida y la de sus ancestros, ¡a 20 centavos el metro cuadrado! Tierra de cultivo de primera calidad bajo un clima templado vendida a un precio de robo legal por ser Gobierno del Estado quien lo cometía.

De ahí surgió el inicio del sonoro fracaso del Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial Santa Rita, Rioverde, S.L.P.Carretera 70, Rioverde-Valles, Km. 117.5, sitio en el que se adquirieron 275.3 Has. a un precio de $552,930.30.

"En este punto se dio inicio a la obra de construcción e instalación del Proyecto Hortícola, el día 13 de diciembre de 1999, en el cual se desarrollarán en una primera etapa, 41.6 Has., en sistema de invernadero hidropónico y se prevé que la construcción esté lista para las primeras 20 Has. el 30 de septiembre del año 2000 y las siguientes 21.6 para diciembre del mismo año, y se cultivarán tomate bola y saladet y tres variedades de pimiento.

Fernando Silva nieto no es el único responsable por el fracaso del invernadero de Santa Rita, también lo es el Secretario General de Gobierno Juan Carlos Barrón Cerda, el contador público José Luis Ugalde Montes, el coordinador del proyecto el Arq. Antonio Navarro Robles Gil y el Congreso del Estado, concretamente la anterior legislatura en la que firmaron el decreto como diputado presidente Zaida Martínez Venegas, diputado secretario Leticia de León Torres, y diputado secretario Luis Eduardo Ahumada Azuara la que por negligencia y la actual por

hacerse de la vista gorda como una responsabilidad compartida, porque todos acordaron entrarle a lo tonto a un esquema de producción europeo de carácter privado sin que seamos un estado europeo porque carecemos de la cultura, la infraestructura, la posición geográfica, la eficiencia y la honestidad que garanticen el éxito de la operación.

El contrato se ve cargado hacia un sólo lado, (página 2) ¿nadie se dio cuenta de eso?, porque la operación garantiza que el grupo español Tecnor , que de hecho no es español sino que es una firma que formaliza una simple unión temporal de empresas holandesas con sede en España (Tecnor UTE, Ley 18/1982) en donde el gobierno del estado formaliza una alianza estratégica el 14 de diciembre de 1999 con la empresa ARGOS, VC Corporación A.I.E. Ubach Such, a través de la firma del contrato denominado "Llave en mano" "a fin de llevar a cabo todos los trabajos inherentes a su desarrollo desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo la comercialización del producto en los mercados internacionales". Y en la misma fecha señalada firma del contrato de crédito con el grupo financiero Bancomer "hasta por el equivalente en M.N. a 28 MDD a un plazo de 120 meses a una tasa de TIIE + 1.75 puntos; el crédito se amortizará en dos exhibiciones, el 49% de la suma total vence el 3 de junio del 2002 y el 51% restante, el 2 de septiembre del 2003.".conforma un grupo (no se vea afectado en sus intereses y que si alguien pierde seamos los potosinos a partir de la carga de los elevados intereses moratorios y la confiscación de las participaciones federales. No hay manera por donde Tecnor pierda y no se ve por donde el gobierno potosino gane, simplemente porque por ningún lado del contrato se observa la protección que debe tener "El estado" en caso de que falle la productividad o falle la comercialización, que dentro del contrato no deja de ser puro rollo publicitario para los negocios comercializadores.

El ejecutivo envió la iniciativa de endeudamiento al congreso que la autorizó por medio del decreto 358 publicado en el periódico oficial el 9 de agosto de 1999.

No hay duda de las oscuras intenciones del gobernador que buscó reproducir imperfectamente lo que observó en Almería, España en un inicio para impulsar un invernadero que además tendría funciones educativas hacia los productores para que fueran profesionales (los abogados enseñándoles a producir la tierra a los campesinos, que tontería); tampoco hay duda en como se le desplomó un proyecto cuya segunda amortización sobre los 28 millones de dólares iniciales del 51% vencerá el 2 de septiembre del 2003 (el primero por el 49% venció el 3 de junio de este año) con el grupo financiero Bancomer, que no perdona y no tiene por qué hacerlo. Mientras el capital vigente, vencido, intereses ordinarios, moratorios, comisiones y gastos se acumulan criminalmente.

La comercialización se firmó como simple carta de intención en octubre de 1999 por parte del gobierno del Estado con el grupo de empresas Van Dijk Beheer B. V (que es un holding, además) y que opera en un zona cercana entre La Haya y Rotterdam, obviamente, comprando y vendiendo verduras, frutas, flores y plantas ornamentales que comercializa a todos los países de Europa.

Ahora bien, si es cierto lo que afirman los técnicos de Tecnor que el suelo potosino es muy malo para la agricultura por su condición de semidesierto y por la escasez de agua, entonces ¿por qué se instaló el invernadero en un territorio privilegiado en el municipio de Rioverde y no en Guadalcazar o en Salinas por ejemplo? La agarraron fácil.

Y no hay manera por donde soltarse porque el contrato prevé todo, desde le Ley de Instituciones de Crédito hasta la General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Coordinación Fiscal en materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. También prevé por parte de Bancomer un posible cambio de leyes, reglamentos o interpretación en las mismas, y obliga a "El Estado" a entregar a Bancomer toda la información relacionada con el uso y destino del crédito.Existen fuertes irregularidades dentro de la construcción del proyecto del invernadero de Santa Rita, por ejemplo que por ningún lado se encuentran las tres fianzas que debió firmar la empresa española responsable "que garanticen el éxito del proyecto", y que son I).- una fianza que garantice la calidad y funcionalidad de las instalaciones; II).- una fianza que garantice la producción que proponen; y III).- una fianza que garantice la comercialización. En caso de que existan estas fianzas, entonces esto representa la fisura por donde buenos abogados podrían contraatacar, pero insisto, no se ve por donde estén estas fianzas (ni estos buenos abogados) firmadas por la empresa española.

Por lo pronto, la actual 56° legislatura, en el decreto 371 elaborado al vapor, autoriza al ejecutivo a vender la empresa Invernadero Santa Rita S. A. de C. V., sin ningún estudio previo, sin tomar en cuenta ninguna de las especificidades del decreto anterior; ni de las características de la empresa escudada en el anónimato que posee el actual invernadero porque no se sabe quienes son los socios, pero que todo apunta a que es el propio gobernador; ni toma en cuenta las 3 fianzas que la anterior legislatura antepuso como seguridad ante Tecnor, y que los propios diputados y ex-diputados no saben donde quedaron; ni el por qué se vende el invernadero sin su deuda porque esta se transfirió al gobierno del estado. ¡Negocio redondo para el comprador!, que podría no ser otro sino el mismo gobernador y sus cómplices fabricando un proceso de transferencias para lavar la empresa de su origen ilícito y apropiarse de las 275.3 hectáreas.

Firman el decreto Antonio Orta Lara, Ismael Trujillo Martínez y Marco Lucano Vázquez, además de Fernando Silva Nieto, en su calidad de gobernador, y Jorge Daniel Hernández Delgadillo como secretario general de gobierno, el 27 de julio del año 2002.

En concreto: el gobierno le compra la tierra a precio de robo a los campesinos y con dinero que pide prestado a Bancomer a cargo de las transferencias federales de recursos al estado, adquiere sin licitación el equipamiento por parte de varias empresas europeas. Al invernadero se la proporciona una estructura jurídica como negocio particular (Invernadero Santa Rita, Sociedad Anónima de Capital Variable), -con la anuencia del legislativo-, se maneja mal y pierde recursos mientras se acumulan los pagos no hechos a Bancomer, la deuda se transfiere a gobierno del estado y la empresa se vende a socios que permanecerán en el anónimato con la configuración de otra empresa anónima.

Estos operaciones fraudulentas deben investigarse a profundidad y sancionar a los responsables, que no deben de quedar impunes.