PERVERSIONES SEXUALES, ABUSOS Y DISCRIMINACIÓN: SÍNTOMAS DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN SAN LUIS POTOSÍ

Por: Eduardo José Alvarado Isunza.

En el breve tiempo de dos meses, el aparato educativo en San Luis Potosí pasó a convertirse en escándalo nacional, a consecuencia de las perversiones, los abusos y los criterios medievales que prevalecen dentro de las escuelas de la región, principalmente en aquellas que son administradas por órdenes religiosas católicas.

El primero de los temas, que mereció incluso amplia cobertura nacional en los influyentes noticiarios de la empresa Televisa, y en especial del conducido por Joaquín López Doriga en el horario estelar de las 22:30 horas, correspondió a las acusaciones por corrupción de menores que cayeron sobre un monje de la orden marista, corporación encargada de la dirección del tradicional Colegio Potosino, plantel éste en donde han sido educadas las élites gobernantes de la región.

El segundo incidente también fue divulgado por la misma empresa de la comunicación y correspondió a la denuncia hecha por familiares de una pequeña a quien le fue negada su inscripción por ser hija de padres divorciados. Esta vez el centro del escándalo fue el últimamente notable Colegio Real de Lomas, propiedad de la corporación católica Opus Dei y cuyos directivos son el propio Secretario de Educación del Gobierno de San Luis Potosí, Antonio Rubín de Célis Chávez y su esposa Luz María Martínez Benavente de Rubín de Célis. Ésta es, a su vez, hermana del diputado local perredista Eduardo Martínez Benavente; y ambos son hijos de un tristemente célebre viejo cuadro sinarquista de nombre Eduardo Martínez Nareso, quien tuvo entre sus puntadas haber embozado la estatua dedicada al Benemérito de las Américas Benito Juárez García, hecho sucedido en la década de los cuarenta en la ciudad de México.

Ambos casos hicieron volver la mirada hacia la gestión de Antonio Rubín de Célis Chávez, quien prácticamente asumió la defensa de las instituciones educativas involucradas en el escándalo. El funcionario panista prontamente disculpó la decisión de su esposa de negar la inscripción en la sección de primaria a una menor de padres de divorciados, argumentando que fueron otros los motivos que llevaron a la dirección del colegio a tomar esa determinación.

El mismo argumento empleó el propio gobernador Marcelo de los Santos Fraga, quien en la víspera pasó a convertirse en el principal activista y promotor de la empresa extranjera Minera San Xavier, cuyo proyecto de explotación a cielo abierto de un cerro es considerado como una amenaza ecológica sobre la región. Implicado en varios casos de defraudación y corrupción, entre los que destaca la quiebra financiera de una sociedad de inversión de nombre Unicrer, que llevó a la bancarrota a centenares de pequeños ahorradores, De los Santos asumió también el papel de abogado defensor del Colegio Real de Lomas y de su directora, en vez de ofrecer una actuación imparcial.

Afortunadamente la posición de los funcionarios panistas con respecto a los hechos de discriminación y vejación que suceden en las escuelas católicas no es compartida por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por la priísta Magdalena González Vega, quien entregará en marzo entrante la oficina por mandato legal. A decir de un vocero de ese organismo, ambos asuntos deberán seguirse de oficio, porque constituyen una trasgresión al orden constitucional. Hay un punto en que convergen los casos acontecidos en el Colegio Potosino y en el Colegio Real de Lomas: a las niñas abusadas sexualmente también les han negado su inscripción en otras escuelas confesionales.

Concretamente son las escuelas Sagrado Corazón de Jesús y Minerva.

Al respecto, Pablo Aurelio Loredo Oyarvidez, director de orientación y quejas de la CEDH, ha puntualizado que el organismo podría presentar formalmente una queja en la Secretaría de Educación del Gobierno de San Luis Potosí por actos de discriminación en los colegios ya mencionados. En el caso de las cuatro menores que fueron víctimas de hostigamiento y corrupción sexual por un monje marista, las direcciones de los colegios Sagrado Corazón y Minerva les negaron sus inscripciones por haber llevado sus padres sus casos ante un juez penal y denunciar públicamente los abusos que sufrieron.

Curiosamente la masonería ha guardado un discreto papel en este nuevo episodio que hunde en el escándalo al aparato educativo potosino. Su silencio contrasta con la camorrista posición que asumieron apenas en Septiembre pasado, fecha en que el panismo arribó por primera vez al poder gubernamental en la región; y con éste una extensa y notable zona de la administración pública le fue conferida a cuadros destacados del Opus Dei. Entre éstas, la mencionada Secretaría de Educación.

Aquella ocasión, la masonería parapetada en la Gran Logia "El Potosí", perteneciente al Rito Escocés Antiguo y Aceptado, publicó un sendo desplegado en contra de la designación de Rubín de Célis por considerársele una amenaza contra el espíritu de la educación laica, gratuita, pública y de calidad, al identificársele como integrante del señalado Opus Dei.

Sin embargo, a través de concesiones a los sindicatos magisteriales y a cuadros de la misma masonería fue como pudo silenciarse aquella voz belicosa de los así dichos liberales. A casi un año de distancia de aquel episodio y encontrándose ahora sobre el escenario estos casos de perversión, corrupción sexual y discriminación a menores en las escuelas confesionales, por lo menos causa extrañeza el silencio de aquella masonería que asomaba taimadamente la cabeza.

También es posible que esta complicidad sea promovida, desde los subterráneos, por el ex gobernador priísta Fernando Silva Nieto, identificado igualmente como masón, pues su más importantes funcionarios en el sistema educativo continúan desempeñándose en sus puestos. E incluso su titular en la misma Secretaría de Educación, Ana María Aceves Estrada, mencionada directamente en escándalos de corrupción, ocupa actualmente un importante puesto en la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular es Reyes Tamez. Ni más ni menos ocupa la Dirección de Evaluación de dicha dependencia.

Hay quienes opinan que este maridaje entre la masonería y las órdenes católicas dedicadas a la educación, es asunto viejo. Como anécdota mencionan que el ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios, importante miembro de la masonería y líder moral del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, suscribió una sociedad con un sacerdote de la orden josefina, con el propósito de explotar comercialmente la educación superior. De su tiempo como mandatario data la fundación de la Universidad del Centro de México.

Más tarde, en los días en que el ya mencionado Silva Nieto fue titular de la Secretaría de Educación, cosa que sucedió en el gobierno del supuesto priísta Horacio Sánchez Unzueta, yerno a su vez del derechista y por lo mismo conservador líder civilista Salvador Nava Martínez, al Colegio Otón (que forma la sección de jardín de niños, primaria y secundaria de la Universidad del Centro de México) le fueron disculpadas más de 180 quejas de padres de familia, presentadas en la Procuraduría Federal del Consumidor.

"Eran suficientes y hasta sobraban como para desincorporar a esa institución de la Secretaría de Educación y con ello cerrar el negocio. No sucedió así por la influencia del padre Sierra, copropietario de la Universidad del Centro de México", relató Luis Raúl Munguía Salazar, quien por aquellos días fuese presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que lo mismo agrupa a paterfamilias con hijos en colegios privados que públicos. Y agregó: "Ahora hay más escándalo porque el titular de la educación es del Opus Dei. Pero lo que ha sucedido no es sino la punta del iceberg y lamentablemente eso mismo sucede todos los días y en infinidad de centros educativos, igual del Estado que de la iniciativa privada".

Más o menos en los mismos términos opinó el investigador universitario Pedro Félix Gutiérrez Turrubiartes, presidente de la Asociación Estatal de Organismos No Gubernamentales y de la Unión de Escritores de San Luis Potosí. "Estos casos deberían invitar a los intelectuales y a los científicos sociales a comenzar a preocuparse por estudiar y analizar los pliegues ocultos de la sociedad. Estos hechos atentas contra todas las libertades y muestran que el aparato educativo está quedándose rezagado frente a la evolución social".

Y enfatizó: En vez de que la educación contribuya al desarrollo de hombres y de mujeres en condiciones saludables, tanto desde una física como psicológica, que sean personas críticas, propositivas, actuantes y responsables de sus actos, lo que est á

favoreciéndose es el surgimiento de diferentes patologías, como la delincuencia, el pandillerismo, la neurosis, la drogadicción, el sentimiento de culpa, la frustración y, por supuesto, el suicidio".

Sin embargo, en opinión del actual presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Roberto García López, lo sucedido en los colegios confesionales de la región, y más concretamente en el caso de la discriminación que han hecho a la inscripción de las niñas abusadas y de la hija de un matrimonio fragmentado, es consecuencia de la falta de legislación.

"Los colegios tienen una concesión para ofrecer un negocio particular y los padres de familia aceptan las condiciones que les imponen. Esos colegios pueden regirse por su propia normatividad", argumentó. Al cuestionársele si la forma en que operan está fuera de los márgenes constitucionales, apuntó que esto es debido a la existencia de lagunas jurídicas que deberían resolver los legisladores.

"Elaborar una normatividad que obligue a los dueños de estas escuelas a sujetarse a los preceptos constitucionales debería ser tarea de los legisladores. Como esto no existe, hay muchos márgenes de maniobra y de actuación", agregó.

En su opinión, la Asociación Estatal de Padres de Familia no podría asumir una posición con respecto a los actos discriminatorios y vejatorios de los derechos humanos que sufrieron las menores, "porque estaríamos fuera de toda normatividad".

Aún así, los ojos de la opinión pública comienzan a voltear hacia el sistema educacional potosino y a preguntarse acerca de qué está sucediendo exactamente en los confinamientos escolares. Si esto ha sucedido en los colegios preservados para la formación de las élites gobernantes de la región, ¿qué estará pasando realmente en las escuelas más alejadas, en aquellas que trabajan en las montañas y de las que nadie sabe algo?

Una pregunta semejante es la que formuló públicamente Elvira García de Fernández, abuela de la pequeña a quien le fue negada su inscripción en la primaria del Colegio Real de Lomas, que dirige la esposa del Secretario de Educación del Gobierno de San Luis Potosí: "¿Qué pasará con muchos niños inocentes, ajenos a los problemas de sus padres?".

A partir del desplegado en donde hizo esta denuncia, núcleos de la sociedad potosina comienzan a cuestionarse el servicio educativo. En cambio hay otros que prefieren continuar con el "Complejo del Avestruz": con la cabeza hundida en el agujero.